El Escaramujo 114: ¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

¿QUÉ PASA EN CHIAPAS?
La violencia que niega AMLO

Gustavo Castro
Otros Mundos Chiapas/
Lunes 17 de Julio 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

Fuera de Chiapas y de país se preguntan sobre lo que actualmente sucede en el estado de Chiapas. Aquí trataremos de ofrecer una serie de hechos en los últimos tres años que, lejos de ser exhaustiva, da una idea de la magnitud de la violencia en el estado. No son todos los hechos, ni están en orden cronológico ni de importancia por su impacto. Son hechos recopilados por testimonios o ampliamente difundidos por las redes sociales y otros medios de comunicación por lo que pueden ser verificados.

Los hechos violentos en la entidad reflejan el grave error del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el sentido de negar la violencia terrible en el estado de Chiapas.
Por otro lado, es cierto que la violencia en el estado todavía está lejos de los indicadores de violencia que se viven en otros estados del país desde hace años y que no reciben el mismo eco de gravedad.

Sin embargo, también son inadecuados los análisis que han esgrimido ciertos grupos en el sentido de que existe una “guerra civil”, o el uso de conceptos anacrónicos o generalizados para elaborar el diagnóstico del estado como “grupos paramilitares”, “guerra de contra insurgencia”, o que toda la violencia desatada se explica en función de una estrategia del gobierno contra las comunidades zapatistas. Más adelante diremos por qué.

La pandemia del COVID-19 en el 2020 marcó una línea que devela sorpresivamente lo que ya se fermentaba desde muchos años atrás y que marca un antes y un después. Evidencia el olvido de las instituciones de gobierno, la impunidad por décadas acumulada, la pobreza, los estragos de los Tratados de Libre Comercio en la región y la corrupción, entre otros muchos factores que son necesarios integrar en un análisis complejo.

LOS INDICADORES CHIAPANECOS

Algunos indicadores de la presencia del narco en los territorios, su influencia, poder y consecuencias a todos los niveles que se presentaron en el resto del país desde hace mucho tiempo, se veía lejos que se dieran en Chiapas. Y si se daban algunos de estos indicadores en la entidad se analizaban de manera aislada a inicios de la década del 2010, o al menos se pensaba que los acontecimientos fundamentales de la coyuntura no las marcaba en última instancia la lógica del narco. Sin embargo, diez años después revienta repentinamente a los ojos de la sociedad chiapaneca y de la opinión pública nacional e internacional una violencia vinculada al narco. Es hasta el 2020 pospandémico que la realidad cae como un balde de agua fría. Se hace mucho eco porque es “Chiapas” y lo que ha representado políticamente años atrás. Pero, lamentablemente, hechos peores ya se registraban en el resto del país como decapitados, ahorcados en los puentes, enfrentamientos con tanques o bombas con drones que ya usaban los cárteles, por mencionar algunos ejemplos.

Favorecidos por el enclaustramiento de la sociedad como política gubernamental a partir del 2020, provocado por el COVID-19, la presencia del narco se hace más patente y enraizada en los territorios de la entidad al salir de casa y abrir los espacios e instituciones públicas. En tan solo tres años, los indicadores de la violencia y presencia del narco en Chiapas son ahora más que evidentes, y avanzan a ritmos muy acelerados acercándose cada vez más a otros estados.

Actualmente en Chiapas, en casi todos los municipios del estado, existe tráfico, consumo y siembra de droga. Cada vez se observa más a niños y adolescentes ebrios y drogados. Los conflictos entre comercializadores de droga por ganar clientela y control territorial llega hasta los enfrentamientos armados y asesinatos. Las organizaciones que antaño lograron recuperar tierras, ahora divididas se confrontan armados por repartirse los territorios con saldos de muertos y desplazados, situación que los grupos criminales capitalizan. Pululan las armas y los depósitos de alto calibre en diversos puntos de la entidad. Hay miles de desaparecidos y otros tanto que no se ha informado por el miedo a las amenazas de los cárteles. La reciente irrupción de los desplazados y desaparecidos, así como la violencia desatada, no permite calcular adecuadamente su magnitud, sin embargo, podemos asegurar que son miles y miles. Ya inicia de igual manera la conformación de los colectivos de víctimas en búsqueda de sus familiares desaparecidos. Los negocios que se niegan a pagar el cobro de piso son asaltados con violencia o quemados.

Se han visibilizado más o han aparecido nuevos grupos armados en la entidad, y se han registrado fuertes enfrentamientos entre ellos, pero también contra el Ejército y la Guardia Nacional, en municipios como Ocosingo, Altamirano, Aldama, Chenalhó. Pantelhó. Chilón, Palenque, Las Margaritas, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Tuxtla, Tapachula, Venustiano Carranza, Teopisca, Tenejapa, San Andrés Larráinzar, Benemérito de las Américas, Tonalá, Pijijiapan, Tila, Sabanilla, Chapultenango, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Oxchuc, Huixtán, Motozintla, Siltepec, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Cintalapa, La Concordia, Tonalá, Tzimol, entre otros.

A nivel nacional, de 2006 a 2023 fueron detectadas 5,455 fosas clandestinas (de éstas, 2,710 fueron registradas de 2018 a mayo de este año). La mayoría en entidades como Veracruz (324), Tamaulipas (402) y Guerrero (260). Y aunque Chiapas no aparece en los primeros lugares con la mayor cantidad de fosas clandestinas, de 2018 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) reveló que se han detectado al menos 10; tres de éstas en Comitán, una de las ciudades del llamado “triángulo de la muerte”. En Tuxtla Gutiérrez se han encontrado tres, y una en los municipios de Chiapa de Corzo, Mezcalapa, Tapachula y Tuxtla Chico. Esto es lo que oficialmente se reconoce y se ha encontrado, pero seguro hay muchas más.

Se han encontrado también cuerpos desmembrados en bolsas como en el municipio de Ocozocoautla, granadas en el ayuntamiento de Berriozábal, enfrentamientos armados entre cárteles en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comalapa y La Trinitaria. Mientras, las Madres en Resistencia en Chiapas siguen marchando en la capital de Tuxtla Gutiérrez exigiendo la aparición con vida de sus hijos. Se denuncian reclutamientos de varones por parte del narco, desaparición de mujeres y más feminicidios. Tráfico de niños, etnoprostitución, robo de autos, lavado de dinero, cobro de pisos en muchos municipios como Tuxtla, San Cristóbal, Comitán, Tapachula, etc. Los principales lugares de desaparición son Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán y Palenque. También se registran levantones, secuestros y extorsiones.

En regiones como en el sur de la entidad los maestros abandonan las plazas y las escuelas por el miedo a la violencia desatada por la disputa del territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación /CJNG) y el Cartel de Sinaloa (CS). Muchas comunidades donde los cárteles se disputan los territorios están ya vacías o sus pobladores van migrando a otros municipios de manera goteada. En otros lugares los pobladores venden sus tierras ante la imposibilidad de enfrentar la violencia y el cobro de piso.

En el municipio de Las Margaritas se enfrentaron los cárteles durante horas lo que provocó el éxodo de muchos pobladores a la montaña y a otros municipios. En el municipio de Bochil, decenas de estudiantes de nivel medio fueron hospitalizados de urgencia al presentar graves síntomas que ponían en peligro su vida causado presuntamente por el envenenamiento del agua con fentanilo. En Cancuc un indígena se ahorcó al no encontrar droga que paliara su ansiedad luego de regresar del norte donde muchos migrantes consumen drogas, entra ellas el cristal, para aguantar más las jornadas laborales y poder enviar así más dinero a sus familias. En el mes de mayo del presente año, la población indígenas ch’ol del municipio de Sabanilla estableció un toque de queda y, armados, expulsaron al narco del municipio donde ya operaban los narcomenudistas. Sin embargo, solicitaron la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército ya que consideran que no podrán solos contra el cártel. Del otro lado de la entidad, se registran balaceras y la quema de la comandancia policíaca en el municipio de Pichucalco.

En 2001, casi 60 inmigrantes murieron y 105 resultaron heridos al volcarse un trailer cerca de Tuxtla Gutiérrez que los transportaba hacinados. Pero en mayo del 2023 las autoridades volvieron a interceptar y rescatar a 175 personas migrantes, incluyendo 30 menores no acompañados, que viajaban del mismo modo en otro trailer. Y es que el negocio del tráfico de indocumentados implica ya unas ganancias estratosféricas por lo que el control de esta actividad también es disputada por los cárteles. Recordemos que desde el 2018 que inicia la oleada masiva de migrantes de Centroamérica y otros países por el territorio Chiapaneco, se convierten en un botín para el crimen organizado.

Por ello, Chiapas es la entidad con mayor crecimiento de ingresos por remesas que ha pasado de 222 millones 772 mil dólares en el primer trimestre de 2019, a 958 millones 111 mil dólares en el mismo periodo de 2023. En 2019 Chiapas ocupaba el lugar 14 de mayor movimiento de remesas, y en los últimos cuatro años pasó al cuarto lugar, detrás de los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, quienes encabezaron la mayor migración entre 1990 y 2010. Por otro lado, se registran en algunos municipios el cobro a las familias receptoras de remesas por parte del narco, o su condicionamiento para la compra de armas y municiones. En otras palabras, las remesas también financian al narco.

Las Abejas de Acteal conmemoran el 2do aniversario del asesinato de Simon Pedro y condenan la violencia en Chiapas

Compartimos el siguiente comunicado de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal en e 2do Aniversario del asesinato de nuestro compañero y amigo Simón Pedro – A 5 de julio del 2023

Manifestamos nuestra preocupación por la violencia gravemente en Chiapas, porque vemos a las personas que pueden quedar muertos en donde quiera como si fueran animales, mientras el gobierno federal, hace declaraciones públicas afirmando que no está pasando nada en el estado de Chiapas;

Hermanas y hermanos: 

La memoria de nuestro hermano Simón Pedro nos ha reunido en este día, aquí estamos para honrarla. No olvidamos el crimen vergonzoso que le quitó la vida a nuestro hermano y, sobre todo estamos aquí para seguir exigiendo justicia verdadera y hasta encontrarla.

Estamos aquí en donde fuera la casa y comunidad de Simón Pedro para decirle a su familia, a su pareja, a sus hijas e hijos; a sus papás, a su hermano y hermana, que no están solas y solos, que nunca los abandonaremos en estos tiempos difíciles, de oscuridad y violencia en Chiapas.

Hoy 5 de julio de 2023, se cumplen dos años del asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, hace dos años que se oscureció el día, porque un hombre cegado por el odio, contratado por criminales y con la permisión del mal gobierno de Chiapas y de México, fue muerto a balazos un compañero pacifista, defensor de derechos humanos y de la vida, al igual como lo hicieron un grupo de paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó bajo la orden directa del mal gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León en el marco de la guerra de contrainsurgencia de Chiapas inscrito en el Plan de Campaña Chiapas 94, la de masacrar a 45 hombres, mujeres, niñas y niños, ancianos y ancianas y más 4 bebés que fueron sacados con machetes del vientre de sus madres en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Han pasado ya dos años de que nos hayan quitado la vida de nuestro compañero Simón Pedro, y durante 730 días, tanto la familia de Simón Pedro como nuestra Organización Las Abejas de Acteal y el Frayba tuvimos que pasar burlas y desgastes de parte del mal gobierno de Chiapas a través de su Fiscalía General del Estado (FGE), la de posponer una y otra vez las audiencias que en respectivos momentos los denunciamos públicamente.

Aunque con tantas trabas y engaños se pudo condenar al autor material del asesinato de nuestro compañero Simón Pedro, sin embargo, no es la justicia verdadera que queremos, sino una justicia a medias porque en el juicio no se tomó en cuenta la labor de nuestro compañero Simón Pedro en la defensa de derechos humanos y de la vida, además de que pertenecía a una organización pacifista, misma a la que pertenecían los 45 mártires de Acteal más los 4 bebés no nacidos. Y lo peor es que nunca se tomó en cuenta en el juicio la investigación de los autores intelectuales del asesinato de nuestro hermano; con este tipo de justicia no garantiza mínimamente la no repetición de hechos tan lamentables como el caso de Simón Pedro.

En el marco de la conmemoración de los dos años del asesinato de nuestro compañero Simón Pedro, manifestamos nuestra preocupación por la violencia gravemente en Chiapas, porque vemos a las personas que pueden quedar muertos en donde quiera como si fueran animales, mientras el gobierno federal, hace declaraciones públicas afirmando que no está pasando nada en el estado de Chiapas; en específico el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su conferencia en el palacio nacional cuando se refirió a las agresiones de los paramilitares contra las bases de apoyo del EZLN en la comunidad Moisés Gandhi, que “no hay una agresión como tal”. Estos tipos de declaraciones nos confirman que sea quien sea el gobierno en el poder, nunca dicen la verdad, o no les preocupa la vida de la gente de la que dicen “gobernar y servir”. No sabemos si se acuerdan, pero a nosotros nunca se nos va a olvidar, cuando estaba sucediendo la masacre de Acteal, el Padre Gonzalo Ituarte quien fuera secretario de la desaparecida Comisión Nacional de Intermediación, se comunicó directamente con el entonces secretario de gobierno de Chiapas Homero Tovilla Cristiani, y este funcionario estatal, respondió, “no está pasando nada, está todo bajo control, hubo unos disparos, pero nada de qué preocuparse”.

Y por si fuera poco, justo unos días antes de esta conmemoración de los dos años del asesinato de Simón Pedro, ahora en Pantelhó como en el municipio de Chenalhó, de la misma violencia que arrebató la vida de nuestro compañero, ahora se ha vuelto, más bien dicho, nunca se ha calmado, porque como ya lo dijimos, los gobiernos estatal y federal no les interesa la paz, porque ahora están ocupados en preparar sus campañas políticas para mantenerse en el poder a costa de la sangre del pueblo mexicano.

Ante la incertidumbre, ante la ingobernabilidad, ante la violencia generalizada y ante la infamia que se está viviendo actualmente en Chiapas y en la región en la que vivía nuestro compañero Simón Pedro; nosotros como Organización Las Abejas de Acteal, invitamos a toda la gente que también no quieren la guerra y la violencia y que también luchan contra las injusticias y las violaciones graves de derechos humanos a que organicen acciones pacíficas para denunciar a nivel mundial la destrucción y el exterminio que estamos viviendo en Chiapas en estos momentos; porque los que dicen ser gobiernos, estarán tranquilos viéndonos desde sus curules, sentados desde su silla presidencial, desde el balcón de sus palacios de cómo se derraman sangre inocentes como lo ocurrido con Simón Pedro y de muchas y muchos defensores de derechos humanos y de la vida en todo México.

Ante todo lo anterior, les pedimos no nos dejen solos en nuestra exigencia de justicia verdadera del asesinato de Simón Pedro; queremos su valioso apoyo y palabra para que juntos exijamos al gobierno estatal y federal:

Primero: A que el Poder Judicial y el Estado, no dejen libre al autor material del asesinato de Simón Pedro, ya que sus abogados interpusieron una apelación de la sentencia condenatoria de los 25 años que actualmente purga en el penal de El Amate, Chiapas.

Segundo: Que inicien una investigación verdadera hacia los autores intelectuales de dicho crimen.

Tercero: Que no permitan más asesinatos en contra de defensores de derechos humanos y de la vida, tanto en Chiapas como en el resto del país.

Hermanas y hermanos; que la sangre de nuestro compañero Simón Pedro, no haya sido en vano, que sea siempre la semilla de la paz, de la memoria, de la verdad y de la justicia que tanto anhelamos. Y que sus hijas e hijos vivan, trabajen y jueguen en paz en su casa, en su comunidad y adonde quiera que vayan, tengan seguridad de su integridad física y psicológica; y nunca más vuelvan a sufrir un hecho lamentable como lo padeció Simón Pedro.

Aunque haya dolor en nuestro corazón, confiamos en Dios Padre-Madre que ellos siempre nos guiarán a buscar la justicia y la paz verdaderas. Y que hoy la memoria de Simón Pedro nos ayuda a recordar que nuestra misión de trabajar por la paz y la vida no se termina, sino que sigue hasta donde sea necesario.

Queremos terminar nuestra palabra, agradeciendo a las personas que hoy nos acompañan, ya sean periodistas, fotógrafos, reporteros, medios libres y medios convencionales, así también a las y los defensores de derechos humanos en especial al Frayba que siempre han caminado con nosotros y ha llevado el proceso jurídico del asesinato de Simón Pedro; también agradecemos al acompañamiento del Obispo Rodrigo de nuestra Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, nos da mucho gusto que nos haya venido a acompañar hasta la comunidad de Simón Pedro, en donde viven su esposa, hijas e hijos. Así mismo agradecemos a las autoridades del ejido Israelita que nos hayan recibido en esta comunidad.

Y gracias infinitos a la memoria de Simón Pedro, que nos reunió en este día y dar motivo de decir la verdad y, que su alma y espíritu lleve toda nuestra plegaria, palabra, exigencia de justicia verdadera y nuestro anhelo de paz para nuestras comunidades hasta la presencia de Dios Padre-Madre, hasta el Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra quienes nos abrazan en estos momentos.

Desde el ejido Israelita, municipio de Simojovel, Chiapas, lugar donde ha iniciado a crecer la semilla de la paz y memoria de Simón Pedro Pérez López; a 5 de julio de 2023.

Atentamente.

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 

Imagen: Área de Comunicación Las Abejas de Acteal

La familia de Mariano Abarca y la REMA presenta petición en contra de la diplomacia económica de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de junio del 2023

Esta semana, representantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y la familia del defensor chiapaneco Mariano Abarca estuvimos en Canadá para anunciar que hemos interpuesto una denuncia en contra de Canadá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia, interpuesta con la colaboración de dos organizaciones canadienses, el Proyecto para la Justicia y la Responsabilidad Empresarial y Alerta Minera Canadá, señala las acciones y las omisiones realizadas por la embajada canadiense en México y que incrementaron el peligro que corría Mariano Abarca antes de su asesinato, el 27 de noviembre de 2009.

Esta es la primera petición ante la CIDH que cuestiona la práctica de “diplomacia económica” de Canadá, una estrategia mediante la cual este país dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para “atender las necesidades” de sus empresas en el extranjero y que, en la práctica, se realiza sin considerar los grandísimos daños que generan estas mismas inversiones en los países receptores, ni la violencia que gira en torno a éstas. La “diplomacia económica” es un mecanismo de presión corporativa que se hace utilizando los instrumentos del Estado canadiense. El caso de Mariano Abarca presentado en la denuncia ante la CIDH, así como en la petición presentada en contra de México por el mismo caso en 2017, resulta clave para entender la gravedad de esta estrategia corporativa, más aún considerando la terrible escalada de violencia en Chiapas y otros territorios del país, situación que profundiza los riesgos que enfrentan los pueblos que buscan defender sus territorios del extractivismo minero.

Mariano Abarca fue fundador de la REMA y padre de dos hijas y dos hijos. Desde 2008, inició una lucha junto con la organización Otros Mundos Chiapas, así como con otros defensores y defensoras del territorio y de la vida en el pueblo de Chicomuselo, en el estado de Chiapas, para evitar que la empresa minera canadiense Blackfire Exploration siguiera contaminando el agua y la tierra de su comunidad por la explotación de barita que se llevaba a cabo.

Desde antes de que Blackfirepusiera su mina en operación, la embajada tuvo conocimiento del descontento que había entre la población local frente a la empresa, y también tuvo información sobre Mariano y los riesgos que él enfrentaba al oponerse a este proyecto. En julio de 2009 Mariano viajó a la ciudad de México junto con compañeros de Chicomuselo y otros aliados para manifestarse frente a la embajada canadiense por lo que estaba pasando en torno a la mina de Blackfire. Ahí expusieron los impactos negativos ambientales y sociales, además de las amenazas que había recibido en su contra por su movilización. En documentos que nuestros aliados canadienses lograron obtener tras solicitudes bajo la ley de acceso a la información, pudimos percatarnos que la información que tuvo la embajada fue muy detallada. También, pudimos darnos cuenta de que la empresa consideraba esencialel apoyo de la embajada, primero, para arrancar su mina, y luego, para seguir operando pese a la oposición social del pueblo.

Antes de que lleváramos nuestra petición ante la CIDH en contra de Canadá, presentamos una denuncia ante el Comisionado por la Integridad de la Administración Pública en Canadá. Sin embargo, ahí nos encontramos con una gran falta de voluntad y de seriedad para investigar el caso, misma con que nos hemos topado en México, en donde vivimos en un contexto de impunidad para las empresas y quienes las apoyan. Por ello, queremos denunciar que, contrario al discurso del gobierno canadiense en torno a los derechos humanos y la responsabilidad social empresarial, el proceso que hemos recorrido en Canadá demuestra el singular interés del gobierno canadiense en promover y proteger el capital canadiense, no a las personas. En el curso de la revisión del caso que se ha hecho en las cortes federales, el gobierno canadiense “se defendió” argumentando que no son vinculantes sus compromisos con la vida de las y los defensores de los derechos humanos. La poca seriedad y poca profundidad con lo cual se ha tratado este proceso revela, además, un desprecio colonialista y una gran falta de respeto hacia quienes sufren los daños de la industria minera, dando prioridad al enriquecimiento de unos pocos empresarios a costa de la vida y la naturaleza.

Vale recordar que unos pocos meses después de presentar nuestra denuncia original, en febrero de 2018, el Comisionado negó una investigación, diciendo que las políticas de Responsabilidad Social Empresarial de Canadá, las declaraciones de representantes del gobierno, y los compromisos ante la ONU hechos por Canadá sobre la protección de las y los defensores de los derechos humanos «no son políticas oficiales del Gobierno de Canadá” y “no parecen dictar acciones específicas que la Embajada debería haber tomado o no en el momento pertinente, por lo que la Embajada no estaba obligada a seguirlas y, en consecuencia, no se justificaba ninguna investigación.

La corte federal y, posteriormente, la corte federal de apelaciones sostuvieron esta decisión. Para ello, hicieron casi nulo el análisis de toda la información que habíamos proporcionado. Sin embargo, el Juez Federal Boswell admitió: Sin duda, a los solicitantes les hubiera gustado quela Embajada hubiera actuado de cierta manera, y [de haber sido así] tal vez el Sr. Abarca no habría sido asesinado«.

Ante la Corte Federal de Apelaciones, intervinieron tres grupos: Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson. Éstos argumentaron la obligación de Canadá de cumplir con el derecho internacional, de investigar y garantizar un remedio efectivo, y señalaron también que la ausencia de una investigación podría socavar la confianza que el público tiene en la administración pública. Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta.

Al final, la Suprema Corte de Canadá no admitió nuestra solicitud de revisión del caso, a pesar de su importancia para las comunidades y las organizaciones de defensoras y defensores de la vida ante el despojo y la destrucción social y ambiental, y pese a haber cientos de empresas mineras canadienses operando alrededor del mundo, lo que representa un peligro cada vez mayor para las organizaciones que se oponen a estos proyectos.

Hoy, después de agotar los pocos e inadecuados mecanismos disponibles en Canadá, recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir una respuesta que abra un camino hacia la justicia, la remediación y, sobre todo, hacia cambios de fondo dentro del modelo extractivo que exporta Canadá al mundo.

Considerando las condiciones actuales de tanta violencia en el país y frente a los daños a perpetuidad que siempre acompañan la minería, Canadá debe dejar de proporcionar cualquier apoyo diplomático a la codicia empresarial, misma que nos sigue despojando y matando en México y otras partes del mundo. Queremos que nuestra denuncia contra el Estado canadiense, interpuesta en la CIDH nos ayude a demostrar y argumentar la gravedad de esta estrategia corporativa, para establecer así un precedente sobre la responsabilidad que tienen los Estados, como Canadá, en la promoción, cobijo y complicidad que les brindan a sus empresas. Canadá está lejos de ser el único caso. Por ello hacemos un llamado al gobierno de México para que se de paso a la reparación de daños y la justicia en este caso, tal como planteamos en nuestra petición en contra de México ante la misma Comisión en el 2017, y actualizada en el 2020.

¡Basta de la impunidad por los crímenes de las empresas mineras en Canadá y México!

 ¡Detengan la diplomacia económica colonialista del gobierno canadiense!

 ¡Justicia para Mariano Abarca y todxs que han perdido la vida defendiendo su territorio!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

El resumen de nuestra petición a la CIDH que se puede ubicar en: https://miningwatch.ca/sites/default/files/resumen_cidh_esp.pdf 

Más información:

En la prensa:

El Escaramujo en la Radio martes 13 de junio 6 pm – Pancitas llenas, corazones contestos- Charla con Ofelia Medina y Begoña Lecumberri de Fideo

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando con Ofelia Media y Begoña Lecumberri sobre el trabajo del FIDEO en Chiapas. Acompáñanos este martes 12 de junio a las 6 pm.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 13 de junio a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Violencia incontrolable en la zona fronteriza de Chiapas

Compartimos la siguiente petición e información sobre el constante aumento de la violencia en la zona de Frontera Comalapa por la disputa del territorio entre el crimen organizado en Chiapas

Petición: Detengamos la barbarie en Chiapas

El estado de Chiapas lleva años, envuelto en una espiral de violencia creciente que se ha recrudecido de manera alarmante en los últimos días. Las causas no pueden atribuirse únicamente a la pobreza, la exclusión, la desigualdad y la injusticia endémicas que han caracterizado a la entidad a lo largo de toda su historia. 

Lamentablemente, por su ubicación geográfica y por el aislamiento en el que Chiapas vivió por años, la presencia del crimen organizado en el estado no es nueva. Desde hace décadas, se trafica de todo, desde personas hasta armas y drogas. Por años, estos fenómenos operaron sin mayores daños para la población local aunque ciertamente las consecuencias de los delitos han ido penetrando lentamente el tejido social comunitario. Sin embargo, en los años recientes la disputa territorial entre diferentes grupos delincuenciales ha derivado en una escalada alarmante de la violencia y la inseguridad que hoy tiene su escenario más dramático en los municipios de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera, entre otros ubicados en la región.

La falta de respuesta institucional tiene que ver con la ambición desenfrenada y la corrupción de muchas autoridades que, concentradas en mantener su poder político o incluso acrecentarlo, han dejado abandonada a su suerte a una población que se debate entre los fuegos de los grupos delicitivos rivales. Esta situación, aunada al alarmante aumento del tráfico de armas en todo el estado, con la consecuente proliferación de grupos armados de todo tipo, ha convertido a nuestra entidad en tierra de nadie, donde el diálogo y la negociación han sido cruelmente desplazados por la fuerza de las balas.

La zona fronteriza con Guatemala es hoy la manifestación más aguda de la situación de violencia e inseguridad que se padece en Chiapas pero desgraciadamente no es la única. En toda la entidad ha crecido aceleradamente el tráfico ilegal de todo tipo. En los últimos años, diversos grupos, presumiblemente células del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, se han apoderado de territorios completos a los que dominan a través del terror, las amenazas, las extorsiones, las desapariciones, la muerte.  Existen otros grupos armados que se mueven desde la frontera y en regiones como Teopisca, San Cristóbal, San Juan Chamula, hacia los Altos y Norte de la entidad. Ante la total inacción de las autoridades, todos estos grupos han ido ganando poder y territorio, en medio de una violencia nunca antes vista en nuestro estado.  Aunque la crisis se concentra en tres regiones de la entidad (Frontera, Sierra y Centro), las repercusiones se padecen en todo el estado. 

Una muestra de la violencia generalizada en otras regiones del estado ocurrió apenas la noche del viernes 2 de junio, cuando un grupo armado presumiblemente proveniente desde Santa Martha, Chenalhó, atacó a balazos a desplazados de dicha comunidad que se encuentran refugiados desde octubre de 2022 en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio, con un saldo, hasta ahora, de 7 muertos y 3 heridos. Al momento de redactar el presente pronunciamiento, no se tenía mayor información.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la situación más alarmante está ubicada en la Zona Fronteriza. Desde el 25 de mayo pasado, la violencia se ha desbordado particularmente en el municipio de Frontera Comalapa,  a raíz de los enfrentamientos entre grupos antagónicos presumiblemente del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa, principalmente en las proximidades de las comunidades Nueva Independencia (conocida como Lajerío) y Candelaria. Aunque no se tienen cifras precisas, se habla de entre 3,500 y 4 mil personas desplazadas, con un número indeterminado de heridos, desaparecidos y muertos. Durante varios días, no se hizo presente autoridad alguna por lo que la población se defendió como pudo. Finalmente, el 31 de mayo el Ejército Mexicano logró ingresar al municipio, después de enfrentar la resistencia de pobladores del ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, mejor conocido como Quespala. A cuenta gotas, algunos pobladores han iniciado el retorno a sus hogares. La situación es de gran incertidumbre y miedo.

Ante este panorama, exigimos:

1. La presencia de las instituciones encargadas de la seguridad de la población: Ejército, Marina, Guardia Nacional, Fiscalías estatal y federal, para restablecer el orden y realizar las investigaciones de rigor que determinen la magnitud de los daños causados y su reparación. 

2. La atención integral a la población en situación de desplazamiento forzado, que debe incluir garantías para un retorno seguro. La gente merce vivir sin temor a perder a sus seres queridos y a ver arrebatado el patrimonio de toda una vida.

3.  La implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de la paz permanente en toda la región fronteriza, para lo cual es indispensable proceder, en la forma que se requiera, contra los grupos delincuenciales que han afectado gravemente la vida de la población. Sin embargo, el esfuerzo será inútil  si el resto del estado sigue atrapado en una espiral de violencia sin fin. Exigimos que el restablecimiento de la paz se haga extensivo a todo Chiapas.

4. El reconocimiento de parte de las autoridades estatales y federales de la grave situación que se vive en la entidad. Seguir con el discurso negacionista que pretende aparentar que todo está bien y que los innegables hechos de violencia son brotes aislados, no sólo es profundamente irresponsable sino una falta de respeto a las y los chiapanecos que día con día constatamos la violencia y la descomposición social acelerada. Pero además, la insistencia en negar la gravedad de la situación pone en altísimo riesgo a la población, como lo demuestran los hechos ocurridos en Chenalhó y en la Zona Fronteriza, que se vienen denunciando desde hace meses y ante los cuales, las autoridades han sido absolutamente omisas.

5. La aplicación irrestricta de la ley, que significa, entre otras cosas, poner fin definitivo a la complicidad de muchos políticos con el crimen organizado. Es un verdadero insulto para las y los chiapanecos que conocidos miembros de la clase política chiapaneca, ampliamiente sabidos sus lazos con la delincuencia o ellos mismos delincuentes, aspiren a cargos de elección popular como la gubernatura o la presidencia de la República.

Nos negamos a ser testigos mudos de la destrucción social, económica, política, ambiental y cultural de nuestro estado. Ya se dejó crecer la pudredumbre por demasiado tiempo. 

¡BASTA DE BARBARIE! ¡BASTA DE LA INACCIÓN DEL ESTADO MEXICANO! ¡QUEREMOS UN CHIAPAS CON PAZ DURADERA Y CON JUSTICIA VERDADERA!

Con tortura y homicidios, CJNG y El Maíz controlan Frontera Comalapa

El cártel de Sinaloa disputa territorio

Pobladores aseguran que los obligan a cerrar carreteras

De La Redacción

Periódico La Jornada
Lunes 29 de mayo de 2023, p. 30

Junto con el cártel Jalisco Nueva generación (CJNG), la agrupación criminal El Maíz tiene sometidos a los pobladores del municipio de Frontera Comalapa, donde suman unos 3 mil desplazados por la violencia; a quienes se niegan a participar en los bloqueos, los matan, desaparecen, secuestran, multan o golpean con tablas, denunciaron habitantes de esa población, situada a 25 kilómetros de la frontera con Guatemala.

Algunos de los que están cerrando caminos son transportistas, vendedores de chicles, boleros, comerciantes; toda la gente que busca ganarse el pan de cada día con el trabajo más sencillo está sujeta a esta agrupación, acusaron.

Bajo amenazas, miedo y temor, todos están así, presionados. Así está Comalapa. Son contados los que están por conciencia; la mayoría del pueblo de Comalapa no participa por voluntad propia, puntualizaron algunos lugareños consultados bajo la condición del anonimato.

Si a los locatarios del mercado les dicen que tienen que cerrar para ir a bloquear deben obedecer; de lo contrario, los multan, los encierran tres días y hasta les quitan los puestos, detallaron.

Contaron que la situación en Comalapa se descompuso hace más de dos años, cuando se escindió un grupo del cártel de Sinaloa y se integró al CJNG.

Luego conformaron El Maíz, ahora temida agrupación, para formar su base social mediante amenazas y presión.

Los enfrentamientos que comenzaron hace dos años son resultado de que el cártel de Sinaloa pretende recuperar el territorio.

Tienen sometidos a los sindicatos de pozoleros, boleros, chicleros, tablajeros, tortilleros, estibadores, etcétera (sólo los maestros y los trabajadores de salud no han sido obligados a sumarse); desde el más chico al más grande están sometidos a esta organización, respaldadas por las cuatro letras, reveló un poblador.

Desde el martes pasado, cuando se iniciaron los más recientes enfrentamientos, en los que según algunos vecinos se usaron hasta drones, la amenaza constante, sobre todo a través de mensajes de WhatsApp, es que ingresarán a la cabecera para capturar a los dirigentes o que habrá reclutamientos forzados.

En respuesta, El Maíz obliga a los ciudadanos a bloquear diferentes puntos y a enfrentar a algún grupo contrario que se acerque por Lajerío o alguna otra comunidad.

Lo menos que le puede pasar a quien se resista a participar es que lo tableen: les bajan los pantalones y con un pedazo de tabla los golpean en las nalgas y hasta que defecan por el dolor, narró un lugareño.

Economía paralizada

Comalapa, gobernado por un concejo municipal presidido por Alejandro Mérida, está tomado por hombres del CJNG-El Maíz, que sin presencia de fuerzas de seguridad pública se mueven a toda velocidad por las calles, en camionetas y con armas de alto poder.

Cuando participan en enfrentamientos utilizan los llamados monstruos, vehículos blindados con gruesas placas de metal.

Los pobladores de Frontera Comalapa aseveraron que las refriegas ocurridas en días recientes han dejado un número indeterminado de muertos y heridos de los dos bandos; se han registrado además cuantiosas pérdidas económicas debido a que los comercios están cerrados, el transporte paralizado y los ciudadanos no pueden trabajar.

Imagen: Agencia EFE

Alto a las agresiones contra la población desplazada de Chilón, Chiapas

Compartimos este comunicado de la Clínica de Litigio y Formación en Derechos Humanos CLIFODH – A 30 de mayo del 2023

El pasado domingo 28 de mayo fue herido de bala MIGUEL MEJÍA GÓMEZ, originario de la comunidad San Antonio Patbaxil, municipio de Chilón, Chiapas. El joven de 27 años, padre de seis hijos, se encuentra desplazado junto con su familia y otros miembros de su comunidad en la Ranchería San Ramón, a causa de la violencia ejercida por personas armadas contra las familias y autoridades del Gobierno Comunitario del citado municipio.

El día de los hechos, Miguel salió de su domicilio para ir a trabajar en su parcela alrededor de las 5:00 hrs., cuando fue atacado por hombres armados quienes le dispararon directamente a la cara. El joven logró sobrevivir al ataque y fue trasladado, en un primer momento, al Centro de Salud de Chilón, donde no pudieron ayudarlo. En seguida se le llevó al Hospital General de Yajalón “Dr. José Manuel Velasco Siles”, donde se encuentra internado actualmente. Su estado de salud es delicado ya que la bala no ha podido ser removida de su cavidad bucal, donde se alojó. Se está valorando si se puede hacer la intervención para removerla en dicho nosocomio o si será necesario trasladarlo al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de Las Casas. No sobra decir que la familia de la víctima vive en situación de pobreza extrema, agravada por su condición de desplazamiento forzado desde hace casi siete años. Hasta el momento se ignora la identidad de los agresores.

Este hecho se inserta en el contexto de violencia extrema que impera en el municipio de Chilón y en muchos otros del estado de Chiapas, donde grupos armados operan para cometer delitos de todo tipo en la más absoluta impunidad. Es pertinente agregar que Miguel es cercano al Gobierno Comunitario autónomo de Chilón, cuyos miembros han sufrido acoso y persecución desde hace varios años.Por lo anterior, desde la Clínica de Litigo y Formación en Derechos Humanos exigimos que:

1. Las autoridades responsables cumplan con lo estipulado en el Artículo 4º Párrafo 3 de la Constitución General de la Republica, el Artículo 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y realicen las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y que la agresión, que pudo costar la vida al joven Mejía Gómez, no quede impune.

2. En este sentido, que el Ministerio Público tome declaración a la víctima de manera inmediata y que lleve a cabo todas las diligencias necesarias en este sentido.

3. La víctima reciba la atención adecuada y oportuna a la que tiene derecho, incluyendo su traslado al Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, en caso de ser necesario. Es responsabilidad del personal médico del Hospital General de Yajalón “Dr. José Manuel Velasco Siles” brindar el debido tratamiento a la víctima, quien por casi tres días ha estado a la espera de que le sea retirada la bala. De prolongarse, esta situación podría ser considerada como negligencia médica y ameritaría las sanciones que marca la ley.

4. Desarme, desarticulación y aplicación estricta del estado de derecho a los grupos armados que, al amparo del anonimato y la impunidad, han instalado el terror en muchas regiones del estado de Chiapas.

No podemos permitir la normalización de la violencia y la perpetuación de la impunidad. Hechos como la agresión sufrida por Miguel Mejía Gómez son inaceptables. Recordamos a las autoridades su responsabilidad primordial para con la sociedad: garantizar la seguridad de los ciudadanos en sus personas y en sus bienes. El incumplimiento de este compromiso fundamental trastoca gravemente la convivencia social armónica y echa por tierra el ejercicio pleno de los derechos humanos.


CLÍNICA DE LITIGIO Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

Abejas de Acteal denuncian continuación de contrainsurgencia en comunidades de Chiapas

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el contaste hostigamiento y violencia que vive las compañeros y los compañeros de Las Abejas de Acteal – A 3 de mayo 2023

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunció que el pasado jueves (27), habitantes de la comunidad Quextic Centro, perteneciente al municipio de Chenalhó, junto a integrantes del grupo “Consejo Pacifista Sembradores de Paz” (Consejo Pacifista), destruyeron un potrero de su organización, en el contexto de la construcción de una carretera que pasa por terrenos de la organización tzotzil.

“La gente de la citada comunidad, llegaron con machetes, barretas de fierro, martillos y una motosierra para destruir nuestro alambrado y posteriormente se robaron todo los postes y los alambres de púas en una camioneta nissan doble cabina, color blanca”, detalla un comunicado emitido después de la agresión.

Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal

Las Abejas de Acteal alertan que el más reciente hostigamiento forma parte de un conflicto social y político mayor. “Confirmamos que este gobierno que se pregona así mismo de ‘4ª Transformación’, está dando continuidad a las políticas de contrainsurgencia, de desgaste y de divisionismo en nuestras comunidades”, sostuvo la organización de los Altos de Chiapas.

En comunicado, reiteraron el llamado a las autoridades federales, a quienes se dirigieron en marzo de este año, para que interceda a través de las dependencias de derechos humanos, “ya que la carretera de la comunidad Quextic Centro es parte de los acuerdos de ‘solución amistosa’ que suscribió un pequeño grupo de sobrevivientes de la Masacre de Acteal el llamado ‘Consejo Pacifista’, en el año de 2020”. Señalan que también se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la “solución amistosa” del gobierno federal, “está causando problemas, violencias en las comunidades de Chenalhó y sobre todo en donde existe presencia de Las Abejas de Acteal”.

La organización contextualiza que, en el año de 2019, las autoridades comunitarias de Quextic Centro solicitaron derecho de vía para construir una carretera que atravesaría parte de un predio de Las Abejas de Acteal, a lo cual brindaron su permiso. No obstante, señalan que para 2021, cuando comenzaron los trabajos, las autoridades comunitarias tomaron más espacio de lo acordado, “violando así las actas de acuerdo en las cuales hemos dado nuestro consentimiento”.

Ante esta situación, integrantes de Las Abejas han realizado tareas para reforzar el alambrado del predio y el potrero de su organización. Un día antes de la agresión, señalan haber notificado a las autoridades de Chenalhó sobre la realización de trabajos en dicho lugar “para evitar agresiones hacia nuestra integridad física y psicológica”. Pese a ello, aconteció la destrucción del espacio y el robo a la propiedad colectiva de la organización tzotzil, sin intervención de ninguna autoridad.

“Invitamos en dos ocasiones a las autoridades de Quextic Centro y su patronato de camino a una plática para resolver dicho problema, pero hicieron caso omiso a nuestra invitación”, detallan Las Abejas de Acteal. También señalan que, dentro del predio propiedad de la organización, existe un manantial de agua, por lo que las autoridades de Quextic Centro “construyeron una captación para llevar este vital líquido a su comunidad sin pedirnos permiso, consideramos esto como abuso de confianza ya que, en el acta de acuerdo de derecho de vía del camino, jamás se habla del manantial de agua”, denuncian.

Antecedentes

A la más reciente agresión se suma que, a principios de este año, el grupo “Consejo Pacifista” construyó su oficina junto a la entrada de la sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. “Su objetivo es el de confundir a la sociedad y reafirmar su usurpación hacia nuestra lucha y organización. Y tenemos conocimiento que sus líderes o como se hagan llamar, son los que aconsejan al agente rural y patronato de camino de la comunidad Quextic Centro, violar los acuerdos plasmados en las actas de acuerdo sobre el derecho de vía de la carretera”, sostiene la organización tzotzil.

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Las Abejas denuncian que estas acciones son posibles debido a la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal sucedida en 1997. “La contrainsurgencia y agresiones hacia los pueblos organizados y apartidistas, la grave crisis de derechos humanos y un Estado que se ha convertido en un Narco-Estado, toda esta podredumbre es el tipo de gobiernos en México que va desde los tres niveles de responsabilidad y, es lo que ha venido a rematar las heridas del tejido social y comunitario de las comunidades de Chenalhó, y como es evidente, en nuestra organización Las Abejas de Acteal”, refieren en comunicado.             

Por último, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, con más de 30 años de lucha, señala que “entienda el mal gobierno que no caeremos en sus provocaciones a través de nuestros propios hermanos que tristemente su corazón y pensamiento han sido cegados y envenenados por el dinero y poder”. Ante ello, exigieron respeto a su propiedad colectiva “de lo contrario, recurriremos a otras acciones, hasta que se respeten los acuerdos firmados entre nuestra Organización Las Abejas de Acteal y la comunidad Quextic Centro”.

Imagen: Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal

Organizaciones de Derechos Humanos expresan su preocupación sobre el contexto de riesgo para personas defensoras indígenas en Chiapas

Compartimos este pronunciamiento de Front Line Defenders y Indigenous Peoples Rights International sobre el contexto de violencia para defensoras y defensores de la vida en Chiapas – A 12 de abril del 2023

Ciudad de México y Dublín, 12 de abril de 2023

MÉXICO: TRAS VISITA CONJUNTA A CHIAPAS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS MANIFIESTAN SU PREOCUPACIÓN SOBRE EL CONTEXTO DE RIESGO PARA PERSONAS DEFENSORAS INDÍGENAS EN EL ESTADO

En la semana del 27 al 31 de marzo de 2023 las organizaciones internacionales Indigenous Peoples Rights International (IPRI) y Front Line Defenders realizamos una visita conjunta a Chiapas con el objetivo de documentar la situación de riesgo y violencia que viven personas defensoras, organizaciones y comunidades indígenas en el estado. Nos reunimos con 30 personas defensoras y autoridades indígenas de 12 casos de personas defensora o procesos comunitarios que enfrentan riesgos por su labor de defensa, de los pueblos tseltal, tsotsil y ch’ol de los municipios de Palenque, Tila, Chilón, Chenalhó, Ocosingo, Simojovel, San Cristóbal, San Juan Cancuc, Aldama y Chicomuselo. En estas reuniones recibimos información sobre una nueva ola de violencia en contra de personas defensoras y comunidades indígenas ch’oles, tsotsiles y tseltales, además de diversas preocupaciones respecto a la impunidad que ha acompañado este contexto.

Además de reuniones y entrevistas con organizaciones de sociedad civil locales, nacionales e internacionales basadas en Chiapas, se sostuvieron dos reuniones con autoridades del gobierno estatal: Una con la directora de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, Marisol Gómez Hernández, y una segunda con la Fiscalía, representada por el Dr. Manuel de Jesus Corado de Paz, Director de Atención a Víctimas, y el Dr. Pedro Sergio Becerra Toledo, Director para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Estas son las principales observaciones de ambas organizaciones, resultado del trabajo
de documentación y recopilación de testimonios de esa visita:

  • Identificamos un claro patrón de criminalización en contra de personas defensoras indígenas que defienden los derechos ambientales, al territorio, a la autonomía y a la libre determinación de sus comunidades. Este patrón se evidencia en el creciente número de casos en la fabricación de crímenes y en violaciones al debido proceso con un fuerte impacto en la organización comunitaria y en la lucha por los derechos colectivos. Esto lo observamos en casos como el de Cristóbal Santiz de Aldama y el del Padre Marcelo Pérez Pérez de San Cristóbal.
  • Resaltamos que en el contexto actual de uso del sistema penal en contra de las personas defensoras y comunidades, existe un patrón de criminalización en contra de quienes se han opuesto a la militarización de sus comunidades y como parte de su lucha en defensa de sus derechos colectivos. Esto puede ser observado en los casos de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc, de César Hernández y José Luis Gutiérrez del ejido de San Sebastián Bachajón en Chilón (quienes están a la espera de la próxima audiencia el 24 de abril), de Cristóbal Santiz de Aldama y en el caso de las recientes investigaciones en contra de personas defensoras en la comunidad de Taniperla en Ocosingo.
  • Observamos la falta de soluciones duraderas a los conflictos agrarios y territoriales en las comunidades, lo que sigue representando un riesgo alto para las personas defensoras y continúa perpetuando la descomposición del tejido social de las comunidades. Esto se ha visto agravado con la situación actual de despojo de tierras en el contexto de militarización de la región y por la disputa por el control territorial y la imposición de las actividades económicas por parte de grupos del crimen organizado.
  • Hay una delicada situación provocada por la falta de intervenciones oportunas por parte de las autoridades del Estado ante las amenazas y el riesgo al que se enfrentan las personas defensoras de las comunidades indígenas en Chiapas. A pesar de que las personas defensoras en riesgo han reportado y/o denunciado graves amenazas y ataques, las autoridades no han logrado intervenir antes de que muchas de estas deriven en casos de graves violaciones de derechos humanos. Esto ha sido el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez expresidente de la mesa directiva de Las Abejas de Acteal; la situación que se vive con las 5 familias desplazadas de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo como consecuencia de una cadena de graves violaciones de derechos humanos incluyendo: desaparición, tentativa de homicidio, tortura sexual, lesiones, quema y destrucción de sus propiedades, lo que llevó al desplazamiento de 25 personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes; así como la violencia física, hostigamiento amenazas de muerte en contra de la defensora tsotsil Pascuala López López del ejido Pinar Cuxtitalli, en San Cristóbal de Las Casas.
  • Con preocupación reconocemos que las personas defensoras y sus comunidades llevan a cabo su labor de defensa de derechos humanos en un contexto de proliferación y diversificación de grupos armados, lo que ha empeorado una compleja situación heredada del contexto del paramilitarismo de los años 90 y la continua impunidad conectada a dicho fenómeno.
  • Recogimos importantes testimonios que dan cuenta de la existencia de vínculos entre autoridades estatales y municipales con el crimen organizado, lo que genera condiciones favorables para que prevalezca la impunidad. A esta crisis se suma lo que identificamos como un patrón en el retraso y postergación de las audiencias de casos vinculados a personas defensoras de derechos humanos, tanto de procesos de búsqueda de justicia, como es el caso del asesinato del defensor Simón Pedro Pérez López, o en el proceso de criminalización de personas defensoras, como es el caso de Manuel Santiz Cruz de la comunidad de San Juan Cancuc.
  • Finalmente, identificamos dentro de las instituciones de gobierno del estado una falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos dentro de las que realizan personas defensoras y comunidades indígenas. Esto es particularmente evidente en la sentencia dictada el 31 de marzo sobre el asesinato del defensor de derechos humanos Simón Pedro, en donde nunca fue incorporada a la investigación ni en la resolución su labor de defensa de derechos humanos como parte del móvil del homicidio. La falta de reconocimiento de la labor de defensa de derechos humanos y el riesgo que resulta de ésta suma al contexto de estigmatización y a las campañas de desprestigio en contra de las personas defensoras de derechos humanos, como ha sido el caso del defensor Padre Marcelo Pérez Pérez.

A t e n t a m e n t e

Front Line Defenders

Indigenous Peoples Rights- International- IPRI

Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la UNACH realizan visita a Alter Natos

Visita de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas UNACH a las instalaciones de ALTER NATOS, Otros Mundos Chiapas, para conocer, aprender y compartir sobre la bioconstrucción de nuestro centro ecologíco y las diversas ecotecnologías que implementamos.

Estudiantes de la IBERO CMDX realizan el conversatorio «Violencia y Construcción de paz» en el centro Alter Natos

10 de marzo del 2023

Visita de Estudiantes de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México a las instalaciones de ALTER NATOS, Otros Mundos Chiapas, para compartir reflexiones en el marco del conversatorio “Violencia y construcción de paz». Con la presencia de Ofelia Medida del Fideicomiso para la Salud de los Niños y Niñas Indígenas de México (FISAMIN) compartimos información sobre la defensa del los derechos humanos en los altos de Chiapas, así mismo visitamos la sede de Las Abejas de Acteal donde también charlamos sobre su arduo caminar en estos 30 años de lucha.

Martes 21 de marzo, 6 pm, Cine-debate: Sembradoras de vida

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

SEMBRADORAS DE VIDA

Martes 21 de marzo de 20223 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

Sinopsis: SEMBRADORAS DE VIDA acompaña a cinco mujeres de los Andes peruanos en su lucha diaria por mantener una forma tradicional y orgánica de trabajar la tierra.

En la cosmovisión andina, las mujeres y la tierra están fuertemente interrelacionadas. Tanto el cuerpo de la mujer como la tierra son capaces de dar vida.

En un contexto actual de industrialización de la agricultura, el uso de pesticidas químicos y semillas genéticamente modificadas, son las mujeres quienes, conectadas a la tierra en sororidad, asumen el papel de protectoras.

Suspenden nuevamente inicio de juicio por asesinato del defensor Simón Pedro

Compartimos esta nota de Educa Oaxaca sobre la busqueda de #JusticiaParaSimónPedro ante su asesinato en el año 2021 – A 10 de marzo del 2023

“La continuación de la audiencia de juicio oral por el asesinato de Simón Pedro ha sido nuevamente suspendida debido a que el acusado no fue trasladado y tampoco se encontraba su abogada defensora”, acusala la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

En su pronunciamiento de hoy, Las Abejas denuncian el cinismo y la corrupción del sistema de justicia que debería procurar justicia para Simón Pedro Pérez López, maya tsotsil, integrante de la Organización Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y Catequista de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, asesinado en 2020.

“Es una vergüenza que ya van dos veces las mentiras de los que se dicen ser jueces, la de suspender a su antojo las audiencias. (…) Nos hacen perder tiempo, nos desgastan porque saben que no tenemos dinero”, sentencian.

Al respecto, la Organización Civil las Abejas de Acteal, en un escrito denunció que el pasado 10 de marzo se presentaron en el penal de la ciudad de Pichucalco, para continuar con la audiencia de juicio oral por el asesinato de Simón Pedro, sin embargo fue suspendida siendo postergada para el jueves 16 de marzo a las 12:30 horas.

Sin embargo, reiteran que no desistirán porque “nuestra Organización y el país entero merecen Verdad y Justicia en cada caso de asesinato de un Defensor de la Vida y los Derechos Humanos como fue nuestro compañero y hermano Simón Pedro”.

Simón Pedro Pérez López fue asesinado el 5 de julio de 2021 en el mercado de Simojovel, Chiapas. Un hombre le disparó a la cabeza desde una motocicleta. El expresidente de Las Abejas invitaba a denunciar la violencia que afecta la región de Los Altos de Chiapas.

“Les pedimos a todas las organizaciones de derechos humanos que se sumen a nuestras exigencias, se mantengan pendientes de este juicio, repliquen nuestra palabra, no permitamos que nos sigan tratando como objetos, no nos dejen solas y solos, no dejemos solos a la familia de Simón Pedro”, concluyeron.

Imagen: Abejas de Acteal

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