Compartimos esta nota de Educa Oaxaca sobre el asesinado del defensor Miguel Vázquez – A 15 de febrero de 2021
Después de 100 días sin conocer su paradero, los restos de Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, fueron localizados en una fosa clandestina. Personas cercanas a la familia confirmaron que la ubicación del cuerpo de Vázquez Martínez fue posible por la detención de tres personas relacionadas con el secuestro del activista, cuyos testimonios llevaron a las autoridades a una casa de seguridad, en la localidad La Otra Banda, de Tlapacoyan, donde fueron localizados los restos.
Organizaciones ambientalistas denunciaron “retraso injustificado” en las investigaciones del secuestro de férreo opositor a la instalación de proyectos extractivos como las mini-hidroeléctricas en Tlapacoyan. Durante las protestas ciudadanas para luchar por su pronta aparición, diversas organizaciones ambientales señalaron que en la región se han registrado asesinatos, feminicidios, desapariciones, secuestros y localización de fosas clandestinas.
Ante este “clima de violencia extrema”, las organizaciones manifiestan que “no puede haber transformación posible ni construcción de paz en el Estado cuando los cimientos son la sangre de nuestros familiares”, advierte La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y organizaciones aliadas. Y la Alianza Mexicana contra el Fracking escribe en su cuenta de Twitter: “Nos llena de rabia que el compañero defensor ambiental Miguel Vázquez Martínez fue encontrado sin vida después de semanas de su desaparición. Acompañamos las demandas de justicia y alto a los proyectos que dañan el ambiente. Nuestro pésame para su familia”.
Compartimos este comunicado de Salva La Selva sobre un proceso de demando en su contra por defender la vida – A 29 de enero de 2021
Comenzó el juicio contra „Rettet den Regenwald“ Ante el juzgado distrital de Hamburgo, comenzó el 22-1-2021 el proceso contra la asociación Rettet den Regenwald (Salva la Selva). La empresa indonesia Kenertec denunció a la organización después de que esta la señalara por la destrucción de selva tropical en Papua, en una carta dirigida a Siemens y Nordex. En concreto, se trataba de la quema de restos de madera después de la tala de la selva para establecer nuevas plantaciones de palma.
El demandante en Hamburgo es la empresa Kenertec, una productora de aerogeneradores. Sin embargo, los ecologistas no están culpando a dicha empresa de destruir la selva, sino a un socio comercial: el grupo Korindo. En el informe Burning Paradise, de la organización Migthy Earth y muchos otros estudios e informes, se critica a Korindo por la destrucción de la selva y la violación de los derechos de los pueblos indígenas en la provincia indonesia de Papua y en las Molucas septentrionales. Recientemente, la británica BBC también informó sobre el caso.
„Ya el primer día de juicio se reveló que la estrategia de Kenertec y Korindo no funciona – las empresas imaginaron que sería muy fácil arrastrar a los ecologistas ante los tribunales“ declaró Bettina Behrend, co-directora de Rettet den Regenwald e.V.
Kenertec denunció también al Center for International Policy CIP (Centro para Política Internacional) de los Estados Unidos, una de las organizaciones que apoya con fondos a Mighty Earth. Señaló además a los abogados de Kenertec, que no pueden denunciar a CIP sólo por la financiación. El tribunal llegó a cuestionar incluso si Kenertec está legitimada para hacer la demanda.
„El tribunal hizo saber Kenertec, que en vista de la cantidad de vídeos, fotos, imágenes de satélite, estudios y declaraciones de testigos que han presentado Rettet den Regenwald e.V. y CIP, no basta simplemente con negar los incendios provocados“, dice el abogado experto en medios de comunicación, el Dr. Roger Mann, que representa a los ecologistas.
Como se esperaba, el tribunal sugirió un acuerdo extrajudicial entre los ecologistas y Kenertec. „Lo vamos a analizar muy exhaustivamente. En definitiva, Korindo determina los hechos en Papua – sin tener en cuenta a las personas ni al medio ambiente“, continúa Bettina Behrend.
En la reanudación del juicio se tratará de llevar al Juzgado de Hamburgo la realidad de Papua. „Aprovecharemos la vista judicial para despertar a la opinión pública y exponer todavía más a la luz la destrucción de la selva tropical“, explica Mariane Klute, co-directora y experta en Indonesia de Rettet den Regenwald e.V. (Salva la Selva).
Se espera que el tribunal decida sobre el caso en los próximos dos meses.
Compartimos esta nota publicada en Servicios de Comunicación Intercultural Servindi sobre la vulneravilidad de los drechos humanos ante mega proyectos energéticos – A 29 de enero de 2021
Al menos 105comunidades locales e indígenas de México resultaron afectadas por el impacto que causa en sus territorios la industria energética y otros proyectos, según revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.
Servindi, 14 de enero, 2021.- La industria energética ejerce la mayor cantidad de conflictos en México, afectando masivamente al 96 % de las comunidades registradas para el país.
De acuerdo con la plataforma, se mapeó 14 proyectos extractivos y de infraestructura, que afectaron al menos a 105 comunidades mexicanas. Del total de proyectos, 9 son del sector energía: solar, térmica, eólica e hidroenergía.
Esta cifra fue influenciada por la reforma energética mexicana, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto del 2014, donde se amplió la oportunidad de participación privada.
En ese entonces también se ofrecieron incentivos para alentar la inversión en el desarrollo de sistemas de energía renovable.
Además, la agroindustria, la extracción de madera y la minería son las otras industrias que vulneran los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Derechos violados
De acuerdo con la plataforma, el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente saludable fueron violados en el 64.3 % de los casos.
Asimismo, el consentimiento libre previo e informado fue violado en el 57 % de los registros.
En el 85.7 % de los casos, el impacto social registrado es la perturbación de sitios culturales; mientras que el impacto ambiental es más heterogéneo, siendo la de mayor registro la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la deforestación.
Ahora bien, la perturbación de los sitios culturales y sagrados –en el 71.4 % de los casos– y la invasión del territorio colectivo –en el 64.3 % de los casos– fueron los ataques más frecuentes en los casos registrados.
Por los 14 proyectos, 30 personas –pertenecientes entre las 105 comunidades afectadas– fueron atacadas por el desarrollo de estas actividades foráneas.
También se reportaron asesinatos y criminalización contra defensores ambientales. Un ejemplo de ello fue el asesinato del indígena comunicador Samir Flores, sucedido en febrero del 2019, quien se opuso a la termoeléctrica de Huexca.
Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre la situación de defensoras y defensores – A 12 de enero de 2021
El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales.
OAXACA, Oax. (apro).- Por motivos políticos, 14 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas de manera extrajudicial en 2020, segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior se desprende de un informe del Comité Cerezo México, donde resalta que Oaxaca encabeza la lista de defensores ejecutados de manera extrajudicial, con seis casos, seguido de Guerrero y Baja California, con dos cada uno, y Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz, con un caso en cada entidad.
Según el informe, de las 14 ejecuciones extrajudiciales, cuatro activistas defendían el derecho a un medio ambiente sano; dos, respectivamente, el derecho al territorio, a la vida digna y a los derechos humanos, y con un caso están los defensores del derecho a la protesta, derechos laborales, a la libertad de expresión y a la justicia.
Las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia.
El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con el listado de personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente en 2020, en Oaxaca se encuentran los casos de Esteban Martínez Pérez (9 de abril), Pablo Guzmán Solano (9 de abril), Tomás José Martínez Pinacho (24 de agosto), Rodolfo Díaz Jiménez (2 de noviembre), Gabino Ávila Martínez (20 de noviembre) y Maurilio Hernández Martínez (25 de noviembre).
En el caso de Guerrero se encuentran el menor de edad R. R. J. (18 de febrero) y Óscar Ontiveros Martínez (12 de mayo), mientras que de Baja California destacan Óscar Eyraud Adams (24 de septiembre) y Daniel Sotelo, un día después.
A ellos se suman los casos de Issac Medardo Herrera Avilés (23 de marzo), en Morelos; María Elena Ferral Hernández (30 de marzo), Veracruz; Umber Gómez González (1 de junio), Chiapas, y Antonio Montes Enríquez (16 de junio), de Chihuahua.
Estas ejecuciones fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras realizaban, y los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.
El informe subraya que los estados de Chiapas, Baja California y Veracruz tienen gobiernos encabezados por Morena, mientras que en Oaxaca y Guerrero gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Chihuahua Acción Nacional (PAN) y en Morelos el Partido Encuentro Social (PES).
De los casos, 65% de las víctimas (ocho) de ejecución extrajudicial eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, 36% mestizas (cinco casos) y en un caso no lograron determinar su pertenencia o no a un pueblo indígena.
En conclusión, el Comité Cerezo resaltó: “la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto, y presenta una leve baja de dos casos respecto al primer año de gobierno de AMLO”.
Añadió: “Es mucho más claro que los beneficiarios son tanto gobiernos priistas como grandes empresas privadas. En los territorios donde gobierna Morena también se sigue la misma lógica que en estados priistas, es decir, la lógica de la ejecución extrajudicial sigue los mismos patrones: los defensores son ejecutados por grupos paramilitares (cinco casos), y aunque no se pudo identificar al resto de autores materiales, es claro que los beneficiarios son gobiernos y grandes empresas privadas, sin que esto último quiera decir que es un caso entre particulares, ya que por contexto se estableció que los perpetradores fueron agentes de Estado”.
Compartimos esta información de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – 15 de diciembre de 2020
Amigos de la Tierra Internacional expresa su solidaridad internacionalista con el pueblo colombiano y exige el cese de la violencia sistemática contra los movimientos, organizaciones y procesos populares, y contra todos aquellos sujetos políticos que defienden los derechos de los pueblos, sus derechos humanos y los territorios. Así mismo, manifestamos nuestra profunda preocupación y repudio a los diferentes tipos de violencia y asesinatos selectivos que han convertido al país suramericano en un escenario en el que se impone y perpetúa una arquitectura de la impunidad.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha sido testigo de la brutalidad que han soportado las organizaciones y movimientos populares en Colombia. No obstante en repetidas ocasiones hemos denunciado nacional e internacionalmente la violencia sistemática, una vez más debemos dejar nuestra constancia ética e histórica frente a las atrocidades que se están perpetrando en este país andino, y hacemos un llamado urgente para redoblar esfuerzos de articulación y organización internacionalista en apoyo al pueblo colombiano.
Hasta noviembre de 2020 hemos sido alertados/as del asesinato de más de 280 personas en 73 masacres en Colombia. Esta lamentable escalada de violencia se ha exacerbado durante el modelo de confinamiento y las formas de control y represión declaradas por el gobierno de derecha de Iván Duque durante la crisis global de la salud, producto de la pandemia de Covid 19. Es de amplia preocupación que estos hechos de violencia evidencian sistematicidad contra organizaciones y comunidades de base campesinas, indígenas, afrodescendientes, de mujeres, jóvenes, niños y niñas.
El 29 de abril la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo lanzó un llamamiento a la comunidad internacional que fue respaldado y suscrito por más de 200 organizaciones de Colombia y de diversas partes del mundo. La Jornada Continental denunció el asesinato, hasta esa fecha, de 95 líderes y lideresas y de más de un centenar de desmovilizados de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), y exigió garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos de los pueblos y sus derechos humanos por parte de los líderes y las lideresas de las organizaciones campesinas, indígenas y comunidades negras. Infortunadamente, no se obtuvo respuesta efectiva por parte del gobierno colombiano, y, como se desprende de los hechos que nuevamente denunciamos, tampoco se generó ningún tipo de prevención ni estrategia de seguridad que salvaguardara la vida de las personas que posteriormente fueron asesinadas.
Durante el presente año, Colombia ha retornado a uno de los peores momentos de su historia con la perpetración de masacres en territorios que históricamente han sido afectados por el conflicto armado. Territorios con poca presencia estatal, y que comparten características como cultivos de uso ilícito, control de grupos armados paramilitares, desarrollo de actividades extractivas ilegales, y existencia de procesos de organización social y popular para enfrentar la ausencia estatal y la violencia. A partir de agosto hubo asesinatos de más de 24 jóvenes de 15 a 26 años en diversos lugares del país, tanto urbanos como rurales. Adicionalmente, organizaciones y medios de comunicación en el transcurso del año han denunciado la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en varios casos de violencia física y sexual contra niñas y mujeres.
Por si fuera poco, como consecuencia del asesinato de un ciudadano en Bogotá en probado abuso de la fuerza por parte de la Policía Nacional, se llevaron a cabo numerosas movilizaciones el 9 de septiembre, en las que se registró la masacre de 13 personas más, y un sinnúmero de acciones represivas y violentas por parte de la misma institución. Varias organizaciones han denunciado que estos asesinatos fueron el resultado de las acciones de la Policía y de civiles armados por la misma fuerza pública. Actualmente esos hechos están bajo investigación.
La violencia atroz se ha agudizado mes a mes, sin que el gobierno reconozca la sistematicidad del fenómeno e implemente medidas urgentes para evitarlo, como correspondería cabalmente en el Estado Social de Derecho, en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, y por el respeto a la memoria de las víctimas. En el mismo sentido, se observa una casi nula voluntad por parte del gobierno Duque para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos firmados con la otrora insurgencia de las FARC-EP, lo que amenaza con hacer trizas el mandato de construir la paz y la justicia social tan anheladas por el pueblo colombiano.
Como organizaciones en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, denunciamos vehementemente la violencia sistemática que en Colombia cada día cobra la vida de más hombres y mujeres dignos/as que trabajan por la defensa de los derechos y territorios. Nos sumamos al llamado de las organizaciones nacionales colombianas e invitamos a los movimientos y organizaciones populares de todo el mundo a reforzar la solidaridad internacionalista y las exigencias de:
Investigar y esclarecer estos hechos de violencia, bajo la estricta vigilancia de organismos internacionales con independencia del gobierno de Iván Duque.
Prevenir la continuidad de estos hechos con la participación efectiva de las víctimas y afectados/as y con la veeduría de organizaciones internacionales de derechos humanos, para definir estrategias concertadas de protección territorial, y de acuerdo a realidades locales de la población en riesgo y vulnerabilidades existentes.
Implementar de manera total e íntegra los acuerdos de paz firmados en 2016 entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC-EP.
Cumplir el deber constitucional de proteger niñas, niños y jóvenes, buscando su desarrollo armónico e integral y el pleno ejercicio de sus derechos, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. De igual manera, cumplir el Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, Derechos del Niño y Derechos de las Mujeres.
Garantizar el cese inmediato de las acciones violentas contra los pueblos, sus organizaciones y movimientos por parte de miembros de instituciones del Estado y el paramilitarismo.
Finalmente, hacemos una vez más un llamado urgente a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos. Nos solidarizamos con todas las organizaciones y movimientos sociales y populares colombianos, y seguiremos en solidaridad internacionalista hasta la consolidación de la paz y la vida digna.
Compartimos este comunicado de diferentes organización sobre las amenazadas y hostigamiento a integrantes del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa – A 27 de noviembre de 2020
Tenemos conocimiento de la campaña de difamación que se está en derezando en contra del trabajo del defensor de derechos humanos Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, frente al palacio municipal de Tonalá Chiapas. Estos actos se suman a las amenazas de muerte manifestadas en su contra el pasado 20 de noviembre en la Colonia Arenero Nueva Esperanza, en la que se señala como responsables a Rosalinda Quevedo Sandoval y Fernando Arreola.
Las organizaciones firmantes, rechazamos la utilización de la violencia como forma para atenderlos conflictos sociales y la demanda de las comunidad es en el ejercicio de sus derechos. Condenamos las amenazas de muerte y la campaña de hostigamiento, desacreditación y desprestigio que se están realizando en contra del Defensor de Derechos Humanos Nataniel Hernández. Estos actos ponen en riesgo su vida, integridad física y su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
De igual forma, condenamos la represión, el hostigamiento, el desprestigio, la violencia e intimidación que se está dando de manera generalizada a los y las defensoras de derechos humanos, a los pueblos, comunidades indígenas y movimientos sociales.
Reconocemos el trabajo de Nathaniel en la defensa de los derechos humanos y lo respaldamos. En este sentido exigimos a las autoridades municipales de Tonalá Chiapas, al gobierno del Estado y al Gobierno Federal:
1.Alto inmediato a la campaña de desprestigio en contra del defensor de derechos humanos Nathaniel Hernández.
2.Garantizar su integridad física, la integridad de su familia y demás integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.
3.Garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos como una vía para resolver los problemas.
Firmantes
Tequio Jurídico A.C.Organización Familia Pasta de Conchos.Red Solidaria de Derechos Humanos.Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.Colectivo de mujeres por los derechos humanos «Yolpakilis».Red de Formadoras Kualunemilis, A.C.Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria OP, AC.Colectivo Xa’aybej, por la defensa del territorio.Alianza Sierra Madre A.CComité de Defensa Integral de Derechos Humanos GobixhaCentro de derechos humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C.Aluna Acompañamiento Psicosocial.Colectivo contra la tortura y la Impunidad A.C.Comité Cerezo MéxicoAsociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos IndígenasGestión Justicia y Medio Ambiente S.C.Luna del Sur A.CComité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada AC.Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las CasasLa 72, Hogar-Refugio para personas migrantes.Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.Uno de Siete Migrando A. C.Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C.Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.
Grupo invasor y violento provoca agresiones recurrentes y actos de provocación en contra de habitantes de la Colonia Arenero Nueva Esperanza en Tonalá, Chiapas
Áreas verdes invadidas.- Arenero Nueva Esperanza
El 01 de Noviembre un grupo de alrededor 30 personas liderado por Fernando Arreola y Rosalinda Quevedo Sandoval invadió la zona asignada para Áreas Verdes en la Colonia Arenero Nueva Esperanza, que desato una ola de agresiones y amenazas constantes en contra de colonos, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de mujeres, niños, jóvenes y hombres.
El día 20 de Noviembre alrededor de las 20:00 horas, el defensor de los Derechos Humanos Nataniel Hernández había ido a documentar la situación en la colonia, y llevar a cabo una reunión informativa sobre la problemática, cuando un grupo de personas que portaban palos, arma de fuego, y arma blanca lo emboscaron sobre la calle Belisario Domínguez y Callejón 10 de mayo al interior de la Colonia Arenero Nueva Esperanza, provocando daños al vehículo en el que se transportaba con su familia, amaneándolo de muerte, bajo el argumento que tienen el poder y apoyo de las autoridades para actuar de forma violenta y evitar que los saquen de las áreas verdes invadidas en donde se pretende construir un parque recreativo, escuela, cancha deportiva y jardín.
Ante el clima de violencia y despojo provocado por este grupo se han solicitado medidas precautorias y buscar una solución de fondo al conflicto ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Mecanismo de Protección de Defensores, Delegación de Gobierno, y Ayuntamiento Municipal de Tonalá, sin embargo dichas medidas no se han implementado y esto ha originado una ola de actos de confrontación, amenazas, desprestigio, difamaciones, calumnias, y agresiones físicas.
De estos hechos se han iniciado las denuncias penales correspondientes y notificado por escrito a las autoridades federales, estatales y municipales.
Por lo que urgimos al Estado mexicano a:
Se emitan las medidas de protección y se implemente de forma efectiva a favor de los y las defensores de este centro de Derechos Humanos y de los habitantes de la Colonia Arenero Nueva Esperanza del municipio de Tonalá. Chiapas.
Se garantice la vida, la integridad física de los y las defensores de derechos humanos y de los habitantes de la colonia.
Se resuelva de forma urgente el conflicto de despojo e invasión en las Áreas Verdes, así mismo se investigue y castigue a los responsables de estos actos de violencia.
Antecedentes:
Los integrantes del Centro de Derechos Humanos somos parte del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas de la Secretaria de Gobernación, y cuentan con medidas de protección.
Desde el 2019 hemos acompañado el proceso de la colonia para solicitar al Estado el reconocimiento de los comités, dotar de servicios básicos y certidumbre jurídica de sus tierras que mantienen en posesión.
La problemática de invasión de tierras en las Áreas asignadas para la construcción de un parque recreativo, cancha deportiva, y jardines aún no se resuelve, esto ha generado graves agresiones, amenazas y confrontaciones, las personas que habitan la colonia viven de forma permanente con miedo, temor y preocupación.
Se ha notificado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaria de Gobierno del Estado de Chiapas para pedir intervención, y hasta ahora no hemos obtenido respuesta.
Grupo civil armado de corte paramilitar hiere de bala de alto calibre a la religiosa María Isabel Hernández Rea.
Esta mañana, una brigada de ayuda humanitaria de Cáritas San Cristóbal de Las Casas1 y del Fideicomiso por la Salud de Niños Indígenas de México,2 (FISANIM) que entregaba alimentos a familias desplazadas forzadas, en la comunidad de Tabak, Aldama, Chiapas, México, fue atacada por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente del Sector Santa Martha, Chenalhó. De mencionada agresión, con armas de alto calibre, fue herida en la pierna derecha la religiosa María Isabel Hernández Rea, a las 12:39 hrs., aproximadamente.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba), recibió información urgente y grave, por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama: «de ataques armados a la comunidad de Tabak, desde las 8:34 hrs, del día de hoy, 18 de noviembre de 2020,procedentes de los puntos de Tojtik, Telesecundaria y Telemax, en Chenalhó.«
De acuerdo a testimonio de Fisanim:
«Esta es una acción criminal, no habíamos podido acercarnos a llevarles tan necesitado alimento, la gente está en una situación de emergencia alimentaria porque los balazos son diarios en esta comunidad y en todos los de Aldama. Debemos unir fuerzas e indignaciones para que esta situación se detenga ya.»
Escuchar testimonio completo en voz de Ofelia Medina, directora de FISANIM: https://archive.org/embed/201118-ofelia-medina-fisanim
María Isabel, tiene 52 años de edad, pertenece a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario y colabora en la Parroquia de San Andrés Larráinzar, integrante de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Su trabajo pastoral con las comunidades de Pueblos Originarios se ha caracterizado por su labor social y profética, construyendo puentes de diálogo y de paz, pero también denunciando las injusticias que viven las familias tsotsiles desplazadas forzadas de Aldama.
Cabe señalar que los gobiernos estatal de Rutilio Escandón Cadenas y el federal de Andrés Manuel López Obrador han sido omisos ante los constantes llamamientos para cesar las agresiones armadas a comunidades del Pueblo Maya Tsotsil de Aldama,3 las cuales sobreviven al asedio que incrementa la crisis de derechos humanos, especialmente la alimentaria y de salud.
El Frayba condena este ataque y responsabiliza de estos hechos al Estado mexicano por no garantizar la seguridad e integridad de las y los agentes de pastoral, de las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas que ingresan, documentan, visibilizan la violencia y acompañan a las comunidades en desplazamiento forzado.
Exigimos al Estado mexicano desarmar y desarticular a los grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, responsables directos de los ataques armados que han provocado desplazamientos forzados en la región Altos de Chiapas y que ponen en riesgo la vida de quienes proporcionan ayuda humanitaria a la población.
Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional firmen la siguiente acción urgente: >>Firma aquí<<
Asociación civil fundada en junio de 1994 por iniciativa del obispo Don Samuel Ruiz García, como respuesta a la emergencia que imperaba en Chiapas, por el estallido del conflicto armado. http://www.caritasancristobal.org/
2 Fisanim trabaja desde 1990 por el derecho a la salud y alimentación en comunidades de pueblos indígenas en desplazamiento forzado en México. https://www.fisanim.org/
En Chiapas se resiste contra el despojo de los territorios, por los derechos colectivos, de los pueblos indígenas, por el derecho al medio ambiente y por los derechos de la naturaleza. Es una lucha tenaz y valiente de los pueblos indígenas y campesinos, de los pueblos rurales y urbanos. Mientras el gran capital pretende avanzar disputando los territorios y depredándolos, los pueblos defensores, con hombres y mujeres valientes, dan la vida para defendernos de los proyectos de muerte como son las grandes represas, los proyectos mineros, la extracción de gas y petróleo, los gasoductos, el fracking, los corredores comerciales trasnacionales, los proyectos de biopiratería y de despojo de los bienes comunes naturales, los monocultivos de palma de aceite o de transgénicos y otros proyectos de infraestructura que amenazan la biodiversidad, la soberanía alimentaria, los derechos humanos y colectivos de los pueblos. Sin embargo, pese a todo ello, también los pueblos, colectivos y organizaciones luchan por crear y sembrar alternativas, Alter Natos, esas nuevas formas de construcción de la vida local frente al capitalismo depredador.
En este contexto los Convocantes conmemoramos en el marco del Onceavo Aniversario luctuoso de Mariano Abarca el Segundo Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas 2020 “Mariano Abarca”, con el propósito de agradecer, reconocer y visibilizar otras luchas colectivas y organizadas de quienes, con el espíritu sembrado por Mariano en los corazones de las resistencias, no cesan en su ímpetu por defender la vida, el medio ambiente y los derechos colectivos que son, a fin de cuentas, en beneficio de la Humanidad.
La entrega del Segundo Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas será el viernes 27 de noviembre a las 10 de la mañana en Cafe Urbano, 2da Oriente Norta #447 Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas México.
El 27 de Noviembre 2020, en el 11 Aniversario del asesinato de Mariano Abarca Roblero, se llevará a cabo la Conferencia de Prensa donde se entregará el II PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 a la organización del FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS).
El “PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL ‘MARIANO ABARCA”, reconocerá año con año a la comunidad, colectivo u organización del Estado de Chiapas, México, que con su lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza defienden a su pueblos, y nos defienden a todas y todos, que dignifican la vida, que hacen que no perdamos la esperanza de que Otros Mundos son posibles.
>>Versión en Ingles<<
Chiapas resists against the dispossession of the territories, for the collective rights of indigenous peoples, for the right to the environment and the rights of nature. It is a tenacious and courageous struggle of the indigenous and peasant peoples in rural and urban peoples. While big capital tries to advance by disputing the territories and predating them, the people, with braves men and women, give their lives to defend us from death projects such as large dams, mining projects, oil and gas extraction, gas pipelines, fracking, transnational trade corridors, projects for biopiracy and dispossession of natural commons, monocultures of oil palm or transgenic crops and other infrastructure projects that threaten biodiversity, food sovereignty, human rights and peoples collectives. However, despite all this, also the peoples, collectives and organizations struggle to create and sow alternatives, Alter Natos, those new forms of construction of local life in the face of predatory capitalism.
In this context, the Convocants commemorate the Second Recognition for Environmental Defense in Chiapas 2020 “Mariano Abarca”as part of the Tenth Anniversary ofmourningMariano Abarca, with the purpose of thanking, recognizing and making visible other collective and organized struggles of those who, donot cease to defend life, the environment and collective rights that are, after all, for the benefit of Humanity. Mariano sowed this spirit in the hearts of the resistance
The delivery of the Second Recognition for Environmental Defense in Chiapas will be on Friday, November 27 at 10 in the morning at Cafe Urbano, 2da Oriente Norta # 447 Centro, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Mexico.
A press conference will be held on November 27, 2020, the day of the 11th Anniversary of the assassination of Mariano Abarca Roblero to showcase the awarding of the 2nd PRIZE FOR ENVIRONMENTAL DEFENSE IN CHIAPAS «MARIANO ABARCA» 2020 to the organization of FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO JUNE 20 (FPDS).
The “MARIANO ABARCA ‘ENVIRONMENTAL DEFENSE AWARD” will recognize year after year the community, collective or organization of the State of Chiapas, Mexico, that with their fight for the defense of the rights of nature defend their peoples, and they defend us all, that dignify life, that make us not lose hope that Otros mundos are possible.
Con mucha alegría les compartimos el último capítulo de esta serie de videos sobre defensoras y defensores del territorio y la vida.
NOSOTRAS
Defensores y defensoras de la Tierra y el Territorio
Durante el año 2019 desde la organización Otros Mundos A.C caminamos un Proceso de Acompañamiento Psicosocial con defensoras y defensores de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y Oaxaca.
Estos videos pretenden compartir algunas de las realidades de las defensoras y defensores de la vida y del Territorio y afirmar que otras formas de vida son posibles.
Esperamos que sirva para fortalecer y dar visibilidad a las defensoras y defensores, tanto en las defensas que ejercen, las amenazas que enfrentan, así como el poder colectivo que aportan para la creación de un mundo más justo y construir mayor solidaridad.
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de Asociación Solidaritat Periféries del Món
Con mucha alegría les compartimos esta serie de videos sobre defensoras y defensores del territorio y la vida.
NOSOTRAS
Defensores y defensoras de la Tierra y el Territorio
Durante el año 2019 desde la organización Otros Mundos A.C caminamos un Proceso de Acompañamiento Psicosocial con defensoras y defensores de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y Oaxaca.
Estos videos pretenden compartir algunas de las realidades de las defensoras y defensores de la vida y del Territorio y afirmar que otras formas de vida son posibles.
Esperamos que sirva para fortalecer y dar visibilidad a las defensoras y defensores, tanto en las defensas que ejercen, las amenazas que enfrentan, así como el poder colectivo que aportan para la creación de un mundo más justo y construir mayor solidaridad.
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de Asociación Solidaritat Periféries del Món
La Escuela Popular Ejidal y Comunal, reunida en el Centro Ecológico Alter Natos los días 20 al 23 de octubre de 2020, los ejidatarios y ejidatarias, comuneros y comuneras de diversas regiones de Chiapas, analizamos la situación de nuestros núcleos agrarios que pretenden ser disputados por muchos megaproyectos que amenazan nuestros Ejidos y Bienes Comunales. Los proyectos mineros, las represas, las súper carreteras, los pozos petroleros, el fracking, los gasoductos, las plantaciones de palma de aceite, los aeropuertos, los puertos marítimos, el Tren Maya, en Canal Interoceánico, las refinerías, entre otros, se abalanzan como buitres tras nuestros territorios de vida.
Ya que el 65% del territorio chiapaneco es propiedad colectiva, ejidal y comunal, seguimos siendo un estorbo para los intereses y megaproyectos neoliberales que durante la pandemia pretendieron avanzar aprovechando el confinamiento de la resistencia. Sin embargo, estamos aquí de nuevo, resistiendo y construyendo futuro para nuestros pueblos. La unidad y la fuerza de los núcleos agrarios serán un ingrediente fundamental para la defensa de nuestros territorios.
Por ello, frente a la amenazas que vivimos los ejidatarios, ejidatarias, comuneros y comuneras, manifestamos que
Nos solidarizamos con los ejidatarios y ejidatarias del Ejido Carrizalillo, Guerrero, por su resistencia en la defensa de su territorio ante los abusos e incumplimientos de la empresa minera canadiense que contamina sus aguas, viola el contrato firmado y que de no cumplirlos, nos sumamos a las demandas del Ejido de que abandonen sus tierras y exigimos todavía más, que abandonen el país.
A las autoridades agrarias exigimos que en el Municipio de Oxchuc, Chiapas, aceleren el proceso de cambio de nuestras autoridades de los bienes comunales a través de la “mano alzada” de las 132 Comunidades respetando nuestros usos y costumbres, y no por medio de urnas violentando nuestros derechos como comuneros. Denunciamos que hemos agotado todas las instancias como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional sin respuesta.
Exigimos la liberación de los compañeros ejidatarios César Hernández Feliciano y José luis Gutiérrez Hernández detenidos arbitrariamente durante una manifestación pacífica en el Crucero Temó, Chilón.
Exigimos al Presidente Municipal de Chilón que respete los derechos y la autonomía de la Asamblea General de los ejidatarios.
Exigimos la cancelación inmediata de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional en el Ejido San Sebastián, Bachajón, Chilón.
Exigimos a las autoridades competentes el reconocimiento del comisariado Vicente Silvano Gutiérrez del Ejido San Jerónimo, Bachajón.
La Voz del Pueblo de la Región Costa, Llanura y Sierra de Chiapas rechazamos la construcción de presas y minas en la región. Y exigimos el respeto a los territorios de los núcleos agrarios de la región.
Exigimos la anulación de la supercarretera que atravesará territorios de los núcleos agrarios del municipio San Juan Cancuc, entre otros.
¡BASTA DEL DESPOJO A LOS TERRITORIOS EJIDALES Y COMUNALES! ¡POR EL RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS! ¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS NEOLIBERALES!
