Compartimos esta carta de solidaridad con el COPINH a la cual nos sumamos y pedimos alto a las amenazas y hostigamiento a su dirigencia- A 28 de julio de 2020
La organización hermana COPINH, desde hace ya casi tres décadas ha estado presente en las luchas más importantes del movimiento indígena y popular de Honduras en contra del neoliberalismo, el militarismo golpista, el racismo, la lucha anti patriarcal, entre otros, pero también ha sido una organización fundamental en la lucha por la defensa de la soberanía nacional, de los bienes naturales, los derechos históricos y ancestrales de los pueblos indígenas o la lucha por la refundación del estado hondureño. Luchas trascendentales que han dado impulsos y ejemplos importantes a la resistencia popular contra la narco-dictadura oligárquica.
Las luchas pasadas y presentes le han significado al COPINH, la persecución y muerte de muchas y muchos de sus líderes, incluyendo el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Pero la estigmatización y el racismo, también han sido herramientas de los grupos de poder para perseguir, criminalizar y reprimir al COPINH y las comunidades lencas. Desafortunadamente, hay quienes, desde las redes sociales y desde una pseudo fachada de la intelectualidad, se han sumado de manera rabiosa, misógina y racista, a las campañas de persecución y odio en contra de nuestras hermanas y hermanos lencas.
De esta manera, las organizaciones abajo firmantes, queremos manifestar nuestro absoluto respaldo y solidaridad a COPINH y su dirigencia, ante las agresiones racistas y misóginas que personas externas a la organización y con fines claramente políticos, difunden a través de las redes sociales, haciéndose parte de una campaña de terror y persecución que solo busca destruir la organización.
Queremos suscribir nuestro irrestricto apoyo a COPINH y su dirigencia, ante las sistemáticas amenazas que atentan en contra de la vida, la dignidad y la integridad de las compañeras y compañeros, al ser señalados como colaboradores de los órganos represivos del estado e incluso como cómplices de la impunidad que favorece a los responsables de la muerte de nuestra compañera Berta Cáceres. Sabemos de la incansable lucha del COPINH, de toda su dirigencia, y muchas colaboradoras y colaboradores que, a riesgo de su propia vida, han enfrentado con entereza las mafias empresariales, militares y paramilitares que protegen a los autores intelectuales y materiales del asesinato de nuestra hermana Berta.
Rechazamos con firmeza, la absurda y mal intencionada acusación de que COPINH, su dirigencia y sus redes de apoyo, forman parte del llamado Plan Colombia, que ha llenado de luto y sufrimiento a millones de personas en Colombia y otras partes de la América Latina. COPINH, como víctima de dicho plan imperialista y oligárquico, hoy sufre la muerte y criminalización de sus liderazgos, además de un constante acoso, persecución y estigmatización mediática, financiado por quienes quieren enriquecerse a costa de convertir el territorio lenca en cementerios, desiertos o campos de concentración.
Así mismo, queremos denunciar que estas constantes amenazas, acoso político y campaña mediática por las redes sociales, no busca más que intervenir el COPINH para dividirlo y debilitarlo, y de esta manera, facilitar la apropiación de los bienes de la organización por parte de personas ajenas o expulsadas, ya sea por corrupción o abuso sexual, para finalmente, frenar la lucha por la defensa de los bienes naturales del Pueblo Lenca, así como la búsqueda de justica por el asesinato de Berta Cáceres.
Reiteramos que COPINH y su dirigencia no están solas ni solos, que ha llegado el momento de decir basta al acoso, la manipulación, la mentira, el racismo y la agresión misógina en contra de las y los integrantes del COPINH.
Cada una de las organizaciones y personas que hoy se hacen parte de esta carta de solidaridad, llamamos al pueblo y sus organizaciones a solidarizarse con el COPINH y acompañar cualquier denuncia o acusación pública o legal que nuestras hermanas y hermanos lencas decidan emprender contra las personas responsables del hostigamiento y amenazas denunciadas por el COPINH.
Organizaciones que suscriben solidariamente la presente carta:
Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras
Central Nacional de Trabajadores del Campo El Progreso, CNTC.
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP)
Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia, MADJ
Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA.
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC.
Centro de Derechos de Mujeres, CDM
Centro de Estudios de la Mujer – Honduras, CEM-H
Foro de Mujeres por la Vida
Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras FM
Luchemos
INHESCO
Fundación San Alonso Rodríguez
Código Sur
Colectivo Josefa Lastiri
Otros Mundos Chiapas
Personas que suscriben la nota:
Padre Fausto Milla
Denia Mejía
Gilda Rivera
Gustavo Zelaya Herrera
Noemí Dubón
Laura Zúniga Cáceres Hija de Berta Cáceres
Suscríbase: Si desea firmar esta carta, agregue el nombre de su organización o persona que suscribe y publique en los medios sociales que considere oportuno.
El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades.
Cada día, las comunidades, los movimientos sociales, los/las periodistas y otras personas cumplen una labor fundamental al proteger sus tierras y recursos de la destrucción, luchar por la igualdad de acceso a la vivienda o la educación, denunciar la corrupción y el abuso de poder y abogar por inversiones que beneficien a las personas pobres.
Sin embargo, en la actualidad cada vez más, las personas defensoras de los derechos humanos son objeto de amenazas y ataques por las actividades que realizan incluidos el acoso, la violencia física, la criminalización, la detención arbitraria y la muerte. Las amenazas y los ataques son cada vez más frecuentes en el contexto de las actividades emprendidas en nombre del desarrollo.
A través de 25 estudios de caso, Riesgos no calculados explora la naturaleza de las amenazas y de los ataques en contra de las personas defensoras en el desarrollo y examina el papel de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) en su mitigación o exacerbación.
Hallazgos:
Las amenazas y los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de las actividades de desarrollo son generalizadas.
Aunque las amenazas y los ataques adoptan muchas formas diferentes, a menudo comienzan cuando se etiqueta de “opositores al desarrollo” a comunidades, grupos e individuos.
La imposición de actividades de desarrollo sin el consentimiento o la consulta adecuada de las comunidades locales y los grupos marginados es una de las causas fundamentales de las amenazas contra las personas defensoras en el desarrollo.
Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y de garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas.
Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras, porque no se presta la debida atención a los derechos e intereses de las comunidades locales y de las poblaciones marginadas, ni tampoco a los riesgos contextuales y a los desequilibrios de poder que pueden llevar a que estas comunidades y poblaciones paguen los impactos negativos o se vuelvan vulnerables.
A menudo, las señales de alerta temprana que indican la existencia de posibles amenazas para las personas defensoras se ignoran y se pasan por alto.
Las IFD disponen de una amplia gama de recursos e influencia que pueden usar para cambiar la ecuación de riesgo de las personas defensoras en peligro, pero con frequencia dejan pasar oportunidades para crear proactivamente momentos que potencien el apoyo a los derechos de las comunidades y las personas defensoras, y se resisten a utilizar de manera efectiva sus herramientas y su influencia.
Desafortunadamente, con frecuencia las IFD guardan silencio ante las amenazas y los ataques, o sus respuestas son insuficientes o tardías, y las personas defensoras y las comunidades quedan desprotegidas y los daños no se reparan.
Varias IFD están empezando a abordar las amenazas en contra de las personas defensoras en el desarrollo, pero hace falta mucho más.
Para abordar con eficacia la reducción del espacio para la participación en los procesos de desarrollo y las crecientes amenazas contra las personas defensoras se necesita no solo un cambio en las políticas y las prácticas, sino también un giro fundamental que ubique a los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo se concibe y se implementa el desarrollo.
Casos:
Caso 1: Honduras – Asesinatos de personas campesinas y defensoras de la tierra >>Lee aquí<<
Caso 2: México – Criminalización, amenazas y ataques contra integrantes de movimientos de pueblos indígenas >>Lee aquí<<
Caso 3: Guatemala – Encendiendo el conflicto en las comunidades indígenas >>Lee aquí<<
Caso 4: Guatemala – Criminalización de comunidades indígenas >>Lee aquí <<
Caso 5: Honduras – Asesinatos de Berta Cáceres y Tomás García, y ataques contra el COPINH y la comunidad de Río Blanco >>Lee aquí <<
Caso 6: Perú – Agresión contra Máxima Acuña-Atalaya de Chaupe y represión violenta de la protesta >>Lee aquí <<
Caso 7: Perú – Uso de decretos de emergencia y militarización para silenciar comunidades indígenas >>Lee aquí<<
Caso 8: Brasil – Intimidación y corrupción para silenciar comunidades indígenas, activistas ambientales y funcionarios del gobierno >>Lee aquí<<
Caso 9: Brasil – Asesinato de Nilce de Souza Magalhães y amenazas a activistas >>Lee aquí<<
Caso 10: Colombia – Ataques, criminalización y asesinatos de activistas de base >>Lee aquí<<
Les compartimos con mucha alegría el primer capítulo de nuestra serie de videos: Voces en resistencia.
Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas. En este primer capítulo, participantes de la Primer Escuela Ejidal nos cuentan porque es importante defender el territorio.
Les compartimos el comunicado de la Red Nacional d Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT) – A 14 de mayo de 2020
Según la documentación de la Red TDT suman 30 las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio de AMLO.
Debido a su labor en defensa de los derechos humanos, por lo menos 4 personas han sido asesinadas en las últimas siete semanas, lo que coincide con el inicio de la contingencia sanitaria.
Personas defensoras de la tierra y el territorio siguen siendo quienes enfrentan el mayor número de agresiones.
14 de mayo de 2020.- Las organizaciones firmantes llamamos la atención de la sociedad mexicana ante el hecho grave de que, en las siete semanas anteriores a la emisión de este comunicado, han sido asesinadas al menos 4 personas defensoras de derechos humanos. Esto con el agravante de que 2 de estos asesinatos fueron en el propio domicilio de las personas defensoras, lo que evidencia el aumento en la vulnerabilidad ante la crisis sanitaria por el Covid-19.
En el marco de la contingencia sanitaria, es claro que la labor de defensa de derechos humanos no se detiene, sino que cobra una especial relevancia en un momento en que las ausencias institucionales se convierten en múltiples ventanas de oportunidad para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos. Por ello, las personas, organizaciones y comunidades que defienden la vida, la dignidad y los derechos humanos, continúan dando la batalla en entornos mucho más complejizados, lo que les coloca en una mayor situación de riesgo.
Frente a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un llamado a los Estados de la región a “proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19”[1]. Llamado que complementa la declaración previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que destaca la necesidad de la protección particular de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, así como el acceso a la justicia y mecanismos de denuncia[2].
La necesidad diferenciada de protección señalada por el Sistema interamericano se confirma al consultar los datos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que señalan que desde el 15 de marzo se han registrado 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Nombrar a las personas defensoras asesinadas es, al mismo tiempo, una exigencia de justicia y un llamado a no olvidarles, a continuar sus luchas y continuar trabajando colectivamente en la construcción de un país y un mundo mejor donde los derechos para todas y todos sean una realidad.
A partir de la documentación de la Red TDT, señalamos que estas 4 personas defensoras no fueron asesinadas en hechos fortuitos, sino como represalia por la defensa de derechos humanos que realizaban. Resaltamos que la labor de 3 de estas personas estaba ligada a la defensa de tierra y territorio, lo que es consecuente con la tendencia que se ha señalado desde la Red TDT y otras organizaciones. Con estos 4 asesinatos, serían ya 30 personas defensoras asesinadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Reiteramos como un hecho de grave preocupación que 2 defensores fueron asesinados en su propia casa, el entorno donde la población debe encontrarse bajo resguardo durante la contingencia sanitaria.
Frente a estos hechos, resulta importante insistir también en la grave situación de violencia que impera en la Sierra Tarahumara y que mantiene en riesgo a las comunidades, colectividades y personas defensoras en la región. El 1 de abril, en San Juanito, Bocoyna, fue asesinado Juan Zamarrón, activista en defensa del bosque y quien denunciara de forma reiterada la tala clandestina en la zona. En los hechos, fueron asesinados dos familiares del defensor, lo que sigue poniendo en entredicho la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, a sus familias y organizaciones, así como garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
En ese sentido, retomamos lo dicho por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración en su comunicado del 27 de abril de 2020: el Estado mexicano tiene la obligación de colocar los derechos en el centro de la política y, por tanto, las autoridades federales, estatales y municipales deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas, frenando todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población.
Así pues, es mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y demás autoridades obligadas, que se deben coordinar esfuerzos para garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en condiciones óptimas de seguridad.
Finalmente, reiteramos el llamado que desde diversas organizaciones de la sociedad civil se ha hecho en relación con las acciones inmediatas que debe tomar el Estado mexicano para proteger adecuadamente a las personas, organizaciones y colectividades defensoras de derechos humanos.[3]
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Imagen: Protesta contra la criminalización de defensores y defensoras ambientales. | Crédito: Km 169, Prensa Comunitaria Guatemala.
Compartimos la serie de vídeos #NosotrasDefensoras producido por PBI México
Capítulo 6: El enfoque feminista en la protección
El enfoque feminista es una herramienta clave para entender, identificar y atender los riesgos y violencias específicas que enfrentan las mujeres defensoras. Además, incorpora al análisis crítico de estas realidades el ámbito de los derechos que defienden y los actores con quienes interactúan con el objetivo de definir medidas de protección integral para las mujeres defensoras. El feminismo posiciona la creación de redes, el autocuidado y el empoderamiento como la base del proceso de protección, aportando a la construcción de espacios seguros y de confianza para afrontar el aislamiento; para aprovechar recursos, herramientas y saberes colectivos; y fortalecer hacer más sostenibles los movimientos y organizaciones desde la sororidad.
Capítulo 5: Diferentes aspectos de la protección
Ya no podemos hablar de la protección de manera individual ni fragmentada. Es necesario avanzar hacia una visión colectiva de la protección con estrategias que vayan más allá de la seguridad hacia un enfoque integral, que ponga el autocuidado, el cuidado colectivo, la sanación en el centro, que recupere la memoria histórica, que posicione a las defensoras como sujetas activas en materia de seguridad, incorporando las prácticas para el manejo de los riesgos en la cotidianidad y a lo interno de las organizaciones, movimientos y comunidades.
Capítulo 4: Los impactos de la violencia (tercera parte)
Las defensoras de derechos humanos corren mayor riesgo que los defensores de sufrir violencia sexual y otras formas de violencia basadas en el género. También es más frecuente que sus hijos e hijas reciban amenazas y agresiones en represalia por el trabajo que ellas realizan. Los ataques específicos de género incluyen acoso y amenazas con insultos sexistas, violencia sexual en el contexto de actos represivos, estereotipos de género en los procesos judiciales y campañas de difamación y ataques contra quienes defienden los derechos de las mujeres.
Capítulo 3: Los impactos de la violencia (segunda parte)
El impacto psicosocial y afectaciones de la violencia diferenciada sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres defensoras es un tema que no se aborda fácilmente: la culpa o los miedos no se viven de igual manera que los defensores, la intimidación y amenazas no solo recaen sobre sus cuerpos y vidas, sino en el de sus familias, dependientes y redes afectivas cercanas. Ello se une a otros factores como la falta de reconocimiento al interior de las organizaciones o la normalización de la violencia contra las mujeres, entre otra formas de discriminación cuya combinación pone en riesgo la vida y la salud de las activistas.
Capítulo 2: Los impactos de la violencia (primera parte)
Las mujeres defensoras enfrentan modalidades de violencia específicas respecto a sus homólogos hombres. Entre las agresiones más frecuentes de que son objeto las Defensoras de DH en Mesoamérica encontramos el hostigamiento psicológico, calumnias, señalamientos, campañas de desprestigio, amenazas; criminalización, violencia sexual o asesinato. Todas estas formas de violencia contra las defensoras tienen un componente de género muy fuerte al utilizar el cuerpo y la identidad de las mujeres como fuente para sembrar el miedo, la intimidación y la explotación. Esta violencia específica impacta de una manera diferente sobre las vidas de las defensoras y su entorno cercano.
Capítulo 1: Nosotras, defensoras ¿Qué significa ser defensora?
Ser defensora es un compromiso de vida. Implica romper los estereotipos marcados por la sociedad patriarcal en un contexto de desigualdades estructurales, impunidad, corrupción, crimen organizado, misoginia, lgbtffobia, discurso de odio, extractivismo, políticas neoliberales y cierre de espacios democráticos. Ser defensora es enfrentar una doble violencia desde lo cotidiano, hasta nuestra acción pública, por el hecho de ser defensoras de derechos humanos y por el hecho de ser mujeres.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República
Olga Sánchez Cordero, Secretariade Gobernación
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de DH, población y Migración de la Secretaría de Gobernación
Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas
Gregorio Macías Zúñiga, Presidente del Municipio de Zacatecas
Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del AltoComisionado de la ONU
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos de su conocimiento y solicitamos atención e intervención urgente sobre la siguiente situación:
Hostigamiento y Posible Detención Arbitraria en contra del C.Roberto de la Rosa Dávila, defensor dela Vida y el Territorio en la localidad de Salaverna, del municipio de Mazapil,estado de Zacatecas, México.
El pasado 25 de abril, aproximadamente a las 15:00 horas, un hombre de apellido Hernández, jefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecas, acompañado de otro hombre, acudieron a la localidad de Salaverna del Mpio de Mazapil, buscando al ciudadano Roberto de la Rosa Dávila. Llegaron en una camioneta tipo pick up blanca y al no encontrarlo, los vigilantes de la empresa minera Ocampo Mining Tayahua-filial de Grupo Frisco, dela cual es dueño Carlos Slim Helú, dijeron que se encontraba en su parcela, al mismo tiempo que les indicaron el lugar. Cabe mencionar que la seguridad privada de dicha empresa vigila a Roberto de la Rosa las 24 horas del día,por ser el principal referente de una larga lucha, de más de 10 años,emprendida contra el saqueo que dicho empresario ha realizado contra toda la población de Salaverna (https://especiales.piedepagina.mx/resistencias/dos-campesinos-contra-carlos-slim.php)
Al llegar a la puerta de su parcela lo comenzaron a cuestionar sobre; su situación conyugal, su edad, cuántos integrantes de familia tiene, ocupación y si tiene antecedentes penales, si consume alcohol, si fuma o consume alguna droga, todas preguntas a las que respondió el C. Roberto. Después de increparlo con ese absurdo interrogatorio, el cual implementaron sin ninguna orden u oficio al respecto, le dijeron que él debe presentarse a “declarar”en la oficina de investigación, a lo que Don Roberto atinadamente respondió que no lo haría, a menos que le llegue un citatorio oficial firmado y sellado por la dependencia que lo requiere, al mismo tiempo que, los hombres amenazantes, le dijeron que regresarían pronto con el citatorio.
No es la primera vez que el Sr. Carlos Slimutiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en total ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua, la cual extrae cobre, plata, zinc y oro de forma subterránea pero que, desde hace algunos años, inicio un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo ahora a la modalidad de tajo a cielo abierto en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del “potencial tajo” se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna, muchas de las cuales ha sido literalmente destruidas por el penosa y recientemente nombrado “Ingeniero del año 2019 Carlos Slim” (https://www.researchgate.net/publication/316363393_Salaverna_cronica_de_un_despojo).
No es menor que, en plena contingencia contra el Covid-19, este empresario además de no quedarse en casa, como tanto pregonan por radio, prensa y televisión lo deben hacer aquellas actividades no esenciales, tal cual sucede con la minería, aproveche la inmovilidad social y política para avanzar en sus absurdos e inadmisibles procesos de saqueo y desplazamiento forzado, dejando de manifiesto que al parecer NUNCA habrá un gobierno capaz de detenerlo mientras proteja los intereses capitalistas, menos aun de llevarlo a la rendición de cuentas,a este magnate que ha hecho su fortuna no de trabajar, sino de, en cada sexenio recibir canonjías que son patrimonio social y natural de México.
Esta nueva amenaza al compañero Roberto, no ha venido sola, ya que el 13 de abril de este año, en el camino a Salaverna tuvo un altercado con el C. Jaime Alberto Contreras Barrientos, trabajador de la empresa minera,quien le dijo ser el encargado de los trabajos para “cercar a la comunidad y también para electrificar el perímetro de Salaverna”,lo que supone sería un incremento en las acciones para iniciar la explotación del tajo a cielo abierto, a pesar que en esas tierras hay un juicio que se encuentra en tribunales contra la empresa y el cual lleva años sin resolverse,lo que evidentemente hace que cualquier acto y acción sobre las mismas sean ilegales. En este contexto, Don Roberto actuó para evitar que la cuadrilla de aproximadamente 20 trabajadores, entre ellos cuatro personas de seguridad privada, continuaran obstruyendo el camino que conduce a la comunidad.
Después de este altercado, el 21 de abrilDon Roberto encontró en la puerta de su casa un papel, a modo de recado, que decía: “debe presentarse en casa de justicia en Concepción del Oro lo antes posible enla oficina de Policía de Investigación”, misma a la que no acudió, lo cual dio pie a que ahora,de forma directa pero ilegal, eljefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecasse presentará tanto en su casa como en su parcela para hostigarlo e intimidarlo sin ninguna orden al respecto.
Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos las siguientes precisionesy exigencias:
Desde antes de tomar el poder en sus manos, este Gobierno ha manifestado una y otra vez que la corrupción y el neoliberalismo han concluido en este país, pero nosotros como REMA,y cientos de otros grupos organizados en defensa por la vida, no vemos ni remotamente que ese cambio llegue más allá de lo que se cita todos los días DENTRO DE PALACIO NACIONAL. Diversos actores federales, estatales y municipales continúan operando en contubernio con empresarios a favor del despojoy si se les denuncia, son la intimidación, la desaparición o la muerte la única respuesta que tenemos.
Exigimos quede forma inmediata cese el hostigamiento, las amenazas y la represión en contra del compañero C.Roberto de la Rosa Dávila, ejercida por parte del gobierno mexicano y del Sr.Carlos Slim, quien actúa escondido a través de los operadores de su empresa Ocampo Mining Tayahua.
Que el Estado mexicano garanticen la seguridad de Roberto de la Rosa Dávila y demás personas que continúan habitando en las tierras de Salaverna luchando por una vida digna como campesinos y pastores.
Que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos, apegada al marco internacional de Derechos Humanos y se castigue a los/as culpables.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales afines en la defensa de la vida, para que de forma solidaria se sumen a esta exigencia que derive en la defensa de los derechos humanosy colectivos de la población de Salaverna y por supuesto, del compañero Roberto de la Rosa Dávila DEFENSOR DE LA VIDA Y EL TERRITORIO.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de abril de 2020
Mujer fuerte, mujer de mil batallas que llevaste a través de la educación para la autonomía junto a tus hermanas indígenas de Oaxaca, la esperanza de libertad, que peleaste con rabia por los derechos humanos para la justicia y la dignidad de los pueblos, sobretodo los derechos de las mujeres; que peleaste buscando un sistema que protegiera la soberanía alimentaria y defendiste con coraje a la madre tierra del extractivismo.
Han pasado ya 10 años desde aquel 27 de abril de 2010 en que la noticia de tu asesinato nos dejó sin aliento, en el que nuestros corazones se detuvieron por un instante y se llenaron de tristeza. El día en el que tus cobardes asesinos (materiales e intelectuales) te castigaron porque con gran determinación decidiste tender la mano a tus hermanas y hermanos triquis que estaban sufriendo de acoso y hostigamiento por fuerzas paramilitares. En esa caravana en la que llevaban medicinas y alimento, se encontraba el compañero Jiry Jaakkola a quien también como a ti le fue arrebatada la vida.
Años antes, en 2008 habías alzado la voz con rabia para exigir justicia por el asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínes. Tere y Feli como tú las llamabas, eran locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, que tú ayudaste a conformar. Las compañeras eran parte esencial del proceso de autonomía en la región. En ese mismo año fuiste pilar para la conformación de nuestra Red, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) que hasta la fecha sigue caminando con tu ejemplo; seguimos apostando por la vida.
Esos cobardes asesinos pensaron que pronto serías olvidada, que en unos meses nadie se acordaría de ti, pero se equivocaron, pues tus hermanas y hermanos con el mismo anhelo de justicia que tú abanderabas, seguimos aquí caminando contigo, honrando esa fuerza, ese encono, ese espíritu de cambio: Seguimos “sembrando sueños para cosechar esperanzas”.
¡JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JIRY JAAKKOLA!
¡NI PERDÓN NI OLVIDO!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos este articulo de opinión publicado en La Jornada sobre el activismo en México y los riesgos de defender la vida – A 13 de abril de 2020
Asesinados, 147 ecologistas en 24 años, En lo que va del sexenio de AMLO han matado a 18 protectores de la naturaleza
Por Angélica Enciso L.
Entre 1995 y 2019, el periodo de cinco mandatos presidenciales, 147 defensores de la naturaleza han sido asesinados. Los estados que concentran el mayor número son Guerrero con 44, Oaxaca 23 y Michoacán 18. De ellos, 134 han sido hombres y 13 mujeres, indica Lucía Velázquez.
En el reporte La defensa del ambiente en México ¿cuestión de vida o muerte?, divulgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indica que se contabilizaron 17 asesinatos de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur en 1995, que pese a que no era ambientalista, entre sus demandas incluía el cese a la tala inmoderada, la protección de los recursos y la demanda de mejores condiciones de vida.
Indica que en el sexenio de Ernesto Zedillo 23 defensores ambientales fueron asesinados, cifra que bajó a seis con el panista Vicente Fox, para crecer casi seis veces con Felipe Calderón, cuando ascendieron a 35 los casos, y esta cifra casi se duplicó en la gestión de Enrique Peña Nieto, con 65. En la administración de Andrés Manuel López Obrador sumaban 18 hasta 2019.
El documento refiere que, de acuerdo con el Global Witness 2019, el año en que más defensores ambientales fueron privados de la vida fue en 2017, con 207 homicidios. Brasil presentó la mayor cantidad con 57. En 2018, el número se redujo, aunque aún fue alarmante: 165. Más de 50 por ciento de los crímenes ocurrieron en América Latina, indica.
Agrega que en México hay alrededor de 500 conflictos socioambientales, y en los que se han registrado asesinatos son: en el rubro forestal, 53 casos; despojo del territorio 37; minería, 24; proyectos energéticos relacionados con obras como gasoductos, eólicas e hidroeléctricas, 18; proyectos hidráulicos y políticas públicas de privatización del agua, siete; denuncias, tres; protección ambiental, proyectos turísticos y proyectos minero-forestales, uno en cada rubro.
Precisa que el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por su contradicción entre la política ecológica y los proyectos destructivos de gran escala, además del combate al crimen organizado, lo cual produjo un ambiente de violencia generalizado. Con Peña Nieto siguió la inercia, de gobernar verde, pero mantener megaproyectos y privatización. La actual admi-nistración puede ser el parteaguas entre una línea ambiental seria que erradique las prácticas de los anteriores presidentes y la continuación de proyectos de muerte que sólo benefician a unos cuantos.
En ocho años se documentaron 499
agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que
se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la
minería.
El homicidio es la agresión más recurrente; en
2019 se documentaron 15 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la
situación de las personas defensoras de los derechos humanos
ambientales.
Los asesinos llegaron a su casa la
mañana del 20 de febrero de 2019. Dijeron que llevaban un mensaje para
que se difundiera en la radio, pero en cuanto Samir Flores Soberanes
salió, le dispararon. El campesino náhuatl, fundador y locutor de Radio
Comunitaria Amiltzinko y uno de los principales opositores a la
termoeléctrica en Huexca, fue asesinado días antes de que el gobierno
mexicano realizara la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral
Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica y que contempla la
construcción de un gasoducto y un acueducto.
Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del ambiente y el
territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se
documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos
naturales.
El más reciente Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales,
realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra
que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de
defensores ambientales.
Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas
organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness: México es
uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa
del ambiente y el territorio.
En ese mismo período de 2012 a 2019, en México se registraron 499
ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y
territorio. “Esta cifra no es absoluta, ya que un gran número de
agresiones ni siquiera son denunciadas”, resalta Alejandra Leyva
Hernández, abogada de CEMDA y coordinadora del informe.
Ataques contra defensores de ambiente y territorio en México. Gráfico: CEMDA.
Homicidios e impunidad
Las agresiones que sufren los defensores del ambiente y el territorio
en México son diversas: homicidio, amenazas, intimidación, agresiones
físicas, criminalización, hostigamiento, difamación, desalojo, privación
ilegal de la libertad, allanamiento, robo, secuestro y desaparición
forzada.
Los datos recabados en el Informe realizado por CEMDA muestran que si
bien en 2019 disminuyó el número general de agresiones contra
defensores, el homicidio continúa teniendo los mismos números que 2017 y
2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años);
además, se coloca como una de las agresiones más recurrentes en contra
de los defensores en México.
En 2019, además del asesinato de Samir Flores, se documentaron 14
casos más. Entre ellos el de Luis Álvarez Flores, quien fue asesinado el
10 de junio de 2019. “Tío Guato”,
como también se le conocía, era defensor del santuario del mono
saraguato y del río Usumacinta, en Chiapas; en varias ocasiones denunció
la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río.
Los casos ocurridos en 2019 también muestran que varios de los
defensores que han sido asesinados, vivieron diferentes tipos de
agresiones antes de su homicidio.
Samir Flores Soberanes, por ejemplo, fue criminalizado y
estigmatizado. En 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo
acusó por “obstrucción de obra”. Y días antes de su asesinato, el
presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “radicales de
izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir.
Luis
Álvarez Flores fue asesinado el 10 de junio de 2019. Sus colegas
señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que
extraía ilegalmente arena de su propiedad. Foto: UMA Saraguatos.
Otros casos ilustran las consecuencias de la impunidad que cobija a los autores de las agresiones contra defensores.
Por ejemplo, en mayo de 2019, fueron asesinados los indígenas
rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en
Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en donde
persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. La mayoría de la
población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas
agresiones que viven desde hace ya varios años.
Otilia era sobrina de Julián Carrillo,
defensor de ambiente y territorio que denunció a quienes están detrás
de la tala ilegal de su comunidad. Julián fue asesinado en octubre de
2018, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado por el Estado
mexicano en 2012.
Ricardo Neves, representante de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México, señala que el mecanismo ha
demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de los
defensores.
Tania Reneaum Paszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional
México, remarca que en el país “persiste la impunidad. El Estado no
actúa cuando se denuncia alguna agresión”.
Los
habitantes de Coloradas de la Virgen llevan años padeciendo diversas
agresiones. De esta comunidad era Julián Carrillo, quien denunció la
tala ilegal en su territorio y fue asesinado en octubre de 2019. Foto:
Cortesía Alianza Sierra Madre.
Proyectos energéticos, minería y agresiones
En 2012 se registraron 24 agresiones contra defensores de ambiente y
territorio. Ese número creció en forma significativa conforme avanzó el
sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los años más violentos fueron 2015 y 2016, cuando se registraron 107 y 85 ataques, respectivamente,
resalta Manuel Llano Vázquez, fundador de CartoCrítica, organización
que analizó los datos sobre ataques contra defensores documentados por
CEMDA desde 2012.
El informe de CEMDA resalta que el alza en las agresiones se presentó
después de entrar en vigor la llamada “reforma energética”, la cual
tenía entre sus objetivos impulsar la participación privada en la
producción y refinación de hidrocarburos, así como en la generación de
la energía eléctrica.
Esta reforma trajo consigo un incremento de megaproyectos en todo el
país, desde gasoductos, explotaciones petroleras, así como parques para
la producción de energía eólica y solar.
Infografía: CartoCrítica.
El análisis realizado por CartoCrítica también permite observar que
durante el periodo de 2012 al 2019, la mayoría de las agresiones (141)
fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos
relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y
parques eólicos.
Las agresiones contra defensores que se oponen a proyectos mineros e
hidráulicos también están entre las que más se registraron durante ese
periodo.
Las entidades con el mayor número de agresiones son Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz.
En el caso de Oaxaca, resalta el municipio de Juchitán de Zaragoza,
donde los ataques se han producido contra defensores que se han opuesto a
la construcción de proyectos para la generación de energía eólica.
Actualmente, en la zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, en
Oaxaca, hay 28 parques eólicos que suministran energía a grandes
empresas e industrias.
Los defensores de ambiente y territorio
—resalta Alejandra Leyva— se enfrentan a intereses económicos basados en
un modelo y una visión de desarrollo que no toma en cuenta a las
comunidades y la diversidad cultural. “Existe una presión sobre los
territorios y la biodiversidad, que se beneficia de legislaciones
flexibles (como la Ley Minera) y la falta de cumplimiento de derechos
básicos, entre ellos la consulta libre e informada”, resalta la abogada
de CEMDA.
Comunidades
indígenas de la Sierra Norte de Puebla se oponen a la construcción de
una hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Foto: Cortesía Fundar.
Evolución y persistencia de las agresiones
Manuel Llano, de CartoCrítica, resalta que se identificaron 140
ataques, registrados entre 2012 y 2018, que tuvieron como agresores a
las fuerzas de seguridad. “Los tres órdenes de policía (federal, estatal
y municipal) generaron agresiones de manera constante. Ante una
disminución de las agresiones de la policía federal al final del
periodo, hay un aumento en el uso de la Marina. El ejército aparece
intermitente, pero constante”.
Entre los probables agresores también se señala a personal de las
empresas, grupos paramilitares, narcotráfico y personas de las mismas
comunidades.
Al analizar las agresiones también es posible observar que durante
los primeros años de gobierno de Peña Nieto (2013-2014), los ataques más
recurrentes fueron amenazas, agresiones físicas y uso indebido de la
fuerza. Esto se modificó a la mitad del sexenio, cuando aumentó la
difamación y el hostigamiento en contra de los defensores. Y al final
del periodo, se incrementaron —a más del doble— el homicidio y la
privación ilegal de la libertad. Una constante fueron la criminalización
y la intimidación.
Infografía: Cartocrítica.
La legislación de México —destaca Tania Reneaum— permite que se
criminalice a quienes están en contra de proyectos públicos. Amnistía
Internacional ha acompañado casos de defensores del Estado de México,
Puebla y Chiapas a quienes se les ha procesado, encarcelado y condenado a
pagar reparaciones millonarias.
Con el gobierno de Andrés López Obrador (el cual comenzó en diciembre
de 2018), la situación para los defensores de ambiente y territorio no
ha cambiado mucho.
En el actual sexenio, además de los 15 asesinatos registrados en
2019, se suman amenazas que han recibido defensores —entre ellos Pedro
Uc Be— que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.
Después del asesinato de Samir, durante 2019 se registraron cuatro
agresiones —criminalización y hostigamiento— contra otros miembros del
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y
Tlaxcala.
Los datos de 2019 también muestran que 40.5 % de las agresiones
tienen como presunto responsable al gobierno en sus distintos niveles.
“No hay un cambio estructural que permita disminuir las agresiones
contra los defensores, continúa el impulso de megaproyectos y la
política energética sin cambios”, resalta Alejandra Leyva, de CEMDA.
Mongabay Latam solicitó al subsecretario de derechos humanos de la
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, su postura sobre el
informe, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), pero no se tuvo respuesta.
Mujeres
que por las amenazas y ataques contra sus familiares fueron forzadas a
salir de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara,
Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019. Foto: Ginnette Riquelme
Urge que México ratifique Acuerdo de Escazú
Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, destaca
que en aún “no se entiende que los defensores ambientales y de
territorio son víctimas directas de un modelo económico extractivista; víctimas de la omisión del Estado”.
Los defensores ambientales y de territorio, insiste, “no solo
defienden agua, aire, tierra, árboles. Defienden la vida, la identidad
cultural de una comunidad”.
Ante la crítica situación que viven los defensores de ambiente y
territorio en México, la directora de Amnistía Internacional, el
representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en México y CEMDA llamaron al gobierno mexicano a
ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina, conocido como el Acuerdo de Escazú.
Este es el primer tratado en el mundo y la región que plantea la
obligación, por parte de los Estados, de proteger la labor de las
personas defensoras ambientales. Entre otras cosas, obliga a los
gobiernos a contar con mecanismos claros de consulta a las comunidades.
Hasta ahora este acuerdo solo ha sido ratificado por siete países y
hay dos más que están en proceso de hacerlo. Para que el tratado entre
en vigor se requiere que, por lo menos, once países lo ratifiquen.
El Acuerdo de Escazú otorgaría mayores herramientas de lucha —les
permitiría llevar sus casos a tribunales internacionales— a defensores y
las comunidades que no están dispuestos a bajar la guardia y que exigen
justicia para sus compañeros asesinados.
Este es el caso de los integrantes de la Asamblea de la Resistencia
de Amilcingo, Morelos, a la que pertenecía Samir Flores Soberanes, y que
es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua,
Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone al Proyecto Integral Morelos.
Para Jorge Velázquez, miembro de la Asamblea, la mejor forma de
hacerle justicia a su compañero Samir es “seguir firmes en la lucha.
Seguir en la defensa de nuestros recursos naturales”.
*Imagen principal: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos, después del asesinato de Samir Flores en febrero de 2019.
Compartimos el pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras – A 20 de marzo de 2020
Mesoamérica, 20 de marzo de 2020 – Desde hace unos días, nuestros abrazos se han convertido en palabras de aliento que se diluyen en la distancia. La
incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en
situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo
de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades.
La crisis provocada por la irrupción a escala global del COVID-19 llega a un mundo que ya enfrenta serias crisis
(de cuidados, de cambio climático, de violencia, desigualdad, derechos
humanos, entre otras) y expresa la insostenibilidad del modelo
político, social y económico imperante en el planeta, reproducido por
los Estados cada vez más controlados por intereses privados. Por ello esta situación está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre nosotras, nuestras comunidades y nuestras luchas.
Este
modelo, basado en la depredación “capitalista, racista y patriarcal”, en
palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, durante décadas se ha
centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las
estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado
colectivo, dejando a la mayoría de personas sin acceso a una vida digna.
Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos
dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de derechos
humanos y justicia social.
Nos preocupa que los Gobiernos se
aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión
pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo manifestaron recientemente un grupo de Relatores y Relatoras independientes de Naciones Unidas.
En
Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia
basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o
toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las
formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las
condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta
crisis son patentes. En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su
responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el
acceso a información de salud.
La aplicación de estos planes de emergencia afecta profundamente el trabajo de las defensoras.
Limita su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de
sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por
actores estatales (a la fecha hemos registrado agresiones contra
defensoras en Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco de esta crisis) y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares.
Desde nuestra apuesta política por el
cuidado colectivo y la protección integral feminista contemplamos el
panorama abierto por la crisis del COVID-19 con mucha preocupación, pero
también vemos en el horizonte la posibilidad de cambiar colectivamente
las estructuras sobre las que organizamos nuestras sociedades.
Las
mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra región,
como advirtió la lideresa afroindígena garífuna Miriam Miranda, además
de ser los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, son
también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y
superar esta crisis: el saber del cuidado mutuo y la reproducción de la
vida, la construcción de autonomías, el cuidado y cultivo de la tierra y
el agua que nos alimenta o sistemas de salud alternativa y
espiritualidades emancipadoras.
Desde la IM-Defensoras exigimos a los Estados:
Que
afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado
colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria,
social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de
clase, etnia, edad, orientación sexual y género.
Que se
abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en
funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los
derechos humanos.
Que no
aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para
agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y
personas defensoras de derechos humanos.
Que
reconozcan y establezcan una interlocución abierta con las mujeres, las
defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para
construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el
mantenimiento de la sociedad y de la vida.
Que
implementen políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de
riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad,
poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de
corporaciones, empresas y élites económicas.
Que
garanticen mecanismos efectivos de prevención, protección y atención
urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que
potencialmente pueden generar las situaciones de confinamiento.
Que
garanticen el flujo de información transparente, objetiva y contrastada
hacia el conjunto de la población, con el fin de contrarrestar fake-news (noticias falsas) y otras informaciones que contribuyen a exacerbar el miedo y la confusión.
Que dejen
de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y
estigmatización de las personas con COVID-19 y que la atención de
pacientes se maneje de forma responsable, científica y laica.
Asimismo, hacemos un llamado a
organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general a
cuidarnos y acuerparnos colectivamente, a promover la
solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios,
creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas,
vigilantes y activas en la construcción de alternativas de vida que, tal
y como pone de relieve la crisis actual, cada vez son más urgentes y
necesarias.
¡Transformemos el miedo en abono de libertades y derechos para el presente y el futuro!
¡Viralicemos la solidaridad!
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica) Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador Consorcio Oaxaca Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IN-Defensoras) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
Comunicado de Otros Mundos Chiapas en el marco de acciones de la Jornada de la Defensa del Territorio y de la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos” – A 20 de febrero de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<
20 de febrero de 2020, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Otros Mundos Chiapas nos unimos a las exigencias de justicia para el compañero Samir Flores Soberanes, a un año de su asesinato. Samir era habitante de Amilcingo Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo un defensor de la vida.
En el marco de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”, recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminción de los pueblos. Denunciamos la grave imposición de megaproyectos en todo México. Mientras esto siga continuará la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.
Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. Durante el 2019 fueron asesinados 32 defensores y en lo que van de este año se suman dos muertes que, junto con Samir Flores, exigimos justicia para Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de las Mariposas Monarcas en Michoacán, y justicia para todas y todos que pierdan la vida en esta lucha. Nadie que defienda la vida tiene que morir, pero su partida son semillas que se siembran para seguir defendiéndola.
¡Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida!
¡Alto a la devastación ambiental y cancelación de megaproyectos!
Imágenes: Brigada de arte comunitario “Talimakalsinan nanu” y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre – A 13 de febrero de 2020
Los defensores del medio ambiente sufren la mayor cantidad de agresiones, según Front Line Defender, una organización internacional de Derechos Humanos. En México el impulso a megaproyectos de desarrollo desde el gobierno federal aumenta su vulnerabilidad
Texto: Arturo Contreras Camero
Los guardianes del medio ambiente son los más amenazados del mundo. 40 por ciento de los defensores de derechos humanos asesinados el año pasado estuvieron vinculados con este tipo de temas según el informe Análisis Global 2019 de la organización internacional Front Line Defenders.
En el caso mexicano la situación es peor. El 75 % de los defensores
asesinados trabajaban temas ambientales, defensa de la tierra y pueblos
indígenas. El año pasado 304 personas que defienden derechos humanos
fueron asesinadas en el mundo.
América Latina es la peor región del mundo para ser defensor de
Derechos Humanos, pues concentra el 90 por ciento de los asesinatos, y
de los 5 países con más defensores asesinados, 4 son de este continente.
En primer lugar está Colombia con 106 asesinatos, seguido por
Filipinas, 43; Honduras, 31; México con 24, y Brasil con 23.
Los casos en México podrían aumentar, pues la organización sigue
documentando casos. En el país, en lo que va de este año, han sido
asesinados tres defensores. A este contexto hay que añadir la impunidad,
pues de las 24 muertes de 2019, 11 cuentan con carpetas de
investigación, pero en ninguno hay indicios de justicia.
Así como en el caso de la violencia contra periodistas, las
agresiones en contra de defensores de Derechos Humanos son perpetradas o
facilitados por personas en el poder, ya sean funcionarios del
gobierno, policías o miembros del ejército. Entre ellos destaca el papel
de los poderes municipales, quienes se ven involucrados en lso casos
por omisión, acción o aquiescencia, es decir, que se hayan beneficiado
de alguna manera por las agresiones
Destruir el medio ambiente para combatir la pobreza
Desde la entrada de la nueva administración federal se implementó una
política de combate a la pobreza a través de la creación de
megaproyectos ambientales que buscan desarrollar zonas rurales del país.
Con ello, según dice el informe, aumentó la criminalización en contra
de estos actores, que son los menos visibilizados y quienes mayor acceso
tienen a estas comunidades.
“El continente fue testigo de la creciente privatización de los
servicios públicos básicos, la flexibilización de la legislación
ambiental y laboral, la creación de nuevas leyes para debilitar el
activismo de derechos humanos y el desmantelamiento de las políticas
diseñadas para hacer frente a la desigualdad” señala el informe.
Ángeles Hernández, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos
señaló que es importante identificar y reconocer la diversidad de
personas defensoras. “Son los que están allá afuera luchando por
construir un mejor panorama y por cambiar el mundo que vivimos, que
están luchando porque la dignidad de todos sea respetada”.
Al respecto, Jesús Peña, representante del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos de la ONU, dijo: “La mitad de las persona defensoras
tenían un vínculo con la defensa del medio ambiente por el contexto en
el que viven. Don escritoras, maestras o comunicadoras que decidieron no
quedarse calladas. Estas personas son los agentes fundamentales para
asegurar un futuro sostenible. Sus asesinatos y desaparición es el
culmen de la agresión, resultado de una criminalización que señala que
quienes protegen el medio ambiente se oponen al desarrollo”.
La deuda con las mujeres
En este esquema de agresiones, hay un subregistro de las mujeres,
aseguró Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de
Front Line Defenders.
“Las defensoras jugaron un gran papel importante liderando esfuerzos
por defender a personas defensoras de derechos Humanos, impulsando
estos proyectos a nivel nacional. Son ellas quienes, mientras más
levanta la voz, mientras más ocupan espacios, encuentran imposiciones de
grupos locales. Las señalan, usan contra ellas lenguaje que
estigmatiza, que es misógino, y buscan exponer su vida privada. Lo hemos
visto con mujeres periodistas y defensores de derechos reproductivos.
Esto obliga a que las defensoras muchas veces opten por tener menos
visibilidad en sus casos. Por ello, en este tipo de agresiones es muy
probable que exista un subregistro, pues el número de casos que son
públicos no empatan con los niveles de violencia de género que existen
en el país.
Los defensores migrantes, la otra alerta
A la par de la invisibilización de las mujeres, en el país hubo una
crecida en las agresiones contra defensores de la población migrante.
Desde el cambio en la política migratoria del Gobierno de México, a raíz
de las presiones comerciales de Estados Unidos, hay una mayor
criminalización en contra de la migración, y por tanto una restricción a
los que los defienden.
Desde la primera caravana de migrantes a finales de 2018 a la fecha
hay 64 hechos de agresiones a defensores de migrantes, entres ellas
destacan los ataques a albergues, entre los que hay intentos de
allanamiento de la Guardia Nacional, revisiones migratorias afuera de
los albergues y criminalización de defensores, como el caso de Irineo
Mújica y Cristóbal Sánchez, quienes enfrentaron cargos de trata de
personas y fueron detenidos sin pruebas.
“En este panorama encontramos un discurso estigmatizante a partir de
acciones criminales. Se habló de que los albergues podrían estar
inmiscuidos en trata de personas. Incidentes como el incendio al
albergue de La Sagrada Familia en Tlaxcala, o la desaparición del
defensor Aarón Méndez. Incluso, en esta situación hay otras personas que
ni siquiera pueden dar sus nombres, pues pueden ser deportados”,
aseguró Ángeles Hernández, de la red TDT.
El ejemplo de Nahuatzen
Durante la presentación del informe Efraín Avilés, del Consejo
Ciudadano Indígena Nahuatzen compartió su testimonio sobre las
agresiones que enfrentan en su comunidad. Desde hace unos años el
poblado de Nahuatzen, en la meseta purépecha de Michoacán lucha por un
proceso de autonomía y autodeterminación. “En 2015 nuestra comunidad
decide tomar ese camino por la inseguridad y por los problemas de Tala
Clandestina que tenemos. Ese año tuvimos muertes por luchar en contra
del rezago histórico que tenemos en atención a servicios básicos”.
De acuerdo con el último informe de Coneval, este municipio es el más
pobre de Michoacán. Actualmente hay tres personas detenidas ilegalmente
por defender el ambiente.
“Enfrentamos una situación difícil. No recibimos atención por parte
de las instituciones de defensa del medio ambiente, por lo que el
proceso de reforestación que queremos llevar a cabo parece imposible.
Pedimos que nos apoyen en algo, en lo que sea. Esperemos se logre en
este año”, dijo el representante de la comunidad.
“Lo que buscamos es que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que se reconozca nuestra autonomía. Estamos convencidos que con hace falta un proceso de reconocimiento por parte del gobierno federal; que reconozca que nuestra cultura ha sido poco menos que forzada a desaparecer”.
