Con mucha alegría les compartimos esta serie de videos sobre defensoras y defensores del territorio y la vida.
NOSOTRAS
Defensores y defensoras de la Tierra y el Territorio
Durante el año 2019 desde la organización Otros Mundos A.C caminamos un Proceso de Acompañamiento Psicosocial con defensoras y defensores de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y Oaxaca.
Estos videos pretenden compartir algunas de las realidades de las defensoras y defensores de la vida y del Territorio y afirmar que otras formas de vida son posibles.
Esperamos que sirva para fortalecer y dar visibilidad a las defensoras y defensores, tanto en las defensas que ejercen, las amenazas que enfrentan, así como el poder colectivo que aportan para la creación de un mundo más justo y construir mayor solidaridad.
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de Asociación Solidaritat Periféries del Món
Compartimos este vídeo sobre la Escuela Popular Ejidal y Comunal, una alternativa para la defensa del territorio.
Otros Mundos AC ha impulsado la Escuela Popular Ejidal y Comunal con el fin de encontrarnos con ejidatarias y ejidatarios, comuneros y comuneras, así como con otros actores que apoyan los procesos de resistencia de los núcleos agrarios para aprender más del instrumento legal que se tiene en las manos: El Ejido y los Bienes Comunales.
Los ejidatarios y ejidatarias, comuneras y comuneros, han vivido la explotación, el engaño, las divisiones comunitarias, las intimidaciones e incluso sobornos y chantajes para obligarlos a aceptar muchos megaproyectos en detrimento de sus territorios y de su calidad de vida. La resistencia y la lucha por sus derechos han recibido como respuesta la criminalización, la cárcel e incluso muchas defensoras y defensores de los derechos colectivos de los pueblos y de la naturaleza han sido asesinados en total impunidad.
Las artimañas gubernamentales y de las corporaciones que impulsan este modelo extractivo impactan negativamente en las comunidades y en las familias. Las diversas dependencias gubernamentales están alineadas a las políticas desarrollistas de los gobiernos en turno. Las consultas se manipulan, las manifestaciones se reprimen y las denuncias caen en el vacío.
Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre lo acontencido recientemente en Honduras con las comunidades garífunas – A 16 de agosto de 2020
Amigos de la Tierra Internacional expresa su preocupación, indignación y repudio ante el secuestro en Honduras de Alberth Snaider Centeno Tomas -presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz-, Milton Joel Martínez Alvarez, Suami Aparicio Mejía y Albert Sentana Thomas.
Los compañeros, de la comunidad de Triunfo de la Cruz, ciudad de Tela, e integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), fueron sustraídos de sus hogares el 18 de julio por parte de hombres fuertemente armados que vestían prendas de la policía nacional y chalecos con la insignia del Departamento de la Policía de Investigación (DPI).
Desde ese entonces y pese a las reiteradas denuncias que han elevado organizaciones y movimientos nacionales e internacionales, las autoridades hondureñas no han entregado ninguna respuesta efectiva acerca de las investigaciones que se adelantan para dar con el paradero de las cuatro personas secuestradas.
Como es conocido al interior y afuera del país mesoamericano, la comunidad indígena garífuna de Honduras sufre agresiones sistemáticas desde hace varios años, ejercidas por compañías bananeras y de cultivo de palma aceitera, entre otras, y más recientemente por los usurpadores de tierras para emprendimientos habitacionales y turísticos. El ejercicio democrático y legítimo de defensa del territorio realizado por OFRANEH y su permanente denuncia de las violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos, ha convertido a los integrantes de la organización en blanco de diversos ataques. Han sido reiteradas las situaciones en las que han sufrido amenazas, persecuciones, asesinatos, y acciones repudiables como la que hoy denunciamos, el secuestro de quienes se oponen al modelo neoliberal de privatización y mercantilización de los territorios y de los bienes naturales, que permiten la subsistencia comunitaria.
De acuerdo a las informaciones que hemos recopilado y analizado en las últimas semanas, con el apoyo de los pueblos en resistencia y las organizaciones que hacen seguimiento a los derechos humanos en Honduras, el complejo hotelero INDURA, ubicado en la costa norte hondureña, y el parque nacional PUNTA IZOPO, en el municipio de Tela, han sido denunciados por habitantes de la zona por usurpar tierras y expulsar pobladores locales. Asimismo, se ha advertido sobre posesión ilegal de tierras por parte de las empresas desarrolladoras inmobiliarias MACERICA e IDETRISA.
En ninguno de los proyectos que estas empresas desarrollan fueron consultados los pueblos garífunas, lo que es obligatorio para cumplir con el Derecho a Consentimiento libre, previo e informado que tienen los pueblos indígenas en el mundo, establecido por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y ratificado por Honduras en 1995.
Las agresiones se incrementaron notablemente desde 2015, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó la devolución de tierras y reparación de daños a la comunidad de Triunfo de la Cruz. La demanda ante la Corte IDH fue presentada en 2003, admitida el 14 de marzo de 2006, y el 8 de octubre de 2015 la Corte IDH emitió una sentencia condenatoria en contra del Estado de Honduras por todos estos actos de violación de los derechos territoriales y colectivos de la comunidad de Triunfo de la Cruz. En esa sentencia se establecen las responsabilidades del Estado y su obligación de garantizar los derechos a la comunidad, reparar los daños ocasionados y asegurar los mecanismos adecuados para evitar la repetición de esos hechos. Sin embargo, a la fecha, casi cinco años después, la sentencia no se cumple, la comunidad es aún violentada, y el año pasado fueron asesinadas 17 personas, 11 hombres y 6 mujeres.
Desde hace varios años y en el pasado reciente, nuestra red regional de organizaciones ambientalistas Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha denunciado la brutal violencia que soportan las organizaciones, movimientos y comunidades del hermano país mesoamericano. ATALC ha recopilado información, documentado denuncias, y dejado constancia ética e histórica de la nefasta situación a la que se ha llevado al pueblo garífuna, sin que haya acciones contundentes de parte del Estado hondureño y los gobiernos de turno para atender ese contexto. Ante la agudización de la criminalización contra ese pueblo originario y la combinación de todas las estrategias de despojo comunitario y violación de sus derechos, Amigos de la Tierra Internacional reitera el repudio y la denuncia del secuestro de los luchadores de la comunidad Garífuna. Asimismo, denunciamos todos los crímenes de lesa humanidad contra las/os lideresas/líderes comunitarias/os, sujetos políticos en resistencia al modelo de exterminio y en defensa de sus territorios ancestrales, hombres y mujeres fundamentales en la dignificación de la vida de la clase popular.
Como organización en lucha por la justicia ambiental, social, económica y de género, denunciamos vehementemente la violencia sistemática que se ejerce contra el pueblo hondureño y que cada día arroja más víctimas, más mujeres y hombres asesinadas/os y más familias que no pueden satisfacer sus necesidades básicas. Mientras, el neoliberalismo despoja territorios para favorecer a las corporaciones transnacionales que, en estos momentos, lucran de la pandemia que sus acciones irresponsables y criminales contribuyen a agudizar.
Adicionalmente, ante la impunidad reinante en Honduras que a través de esta declaración estamos denunciando, nos sumamos a las organizaciones sociales de ese país para hacer un llamado a la solidaridad internacionalista y exigir al gobierno nacional:
La inmediata aparición con vida de los cuatro Garifunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz secuestrados, entre ellos el Presidente del Patronato de la comunidad e integrante de la OFRANEH.
La detención inmediata de la violencia sistemática y ocasional contra el pueblo garífuna.
El cumplimiento urgente de la sentencia de la Corte IDH en la que se ordenó al Estado, entre otros actores, a sanear, titular y demarcar 2840 hectáreas que corresponden al territorio ancestral, y además devolver a la comunidad de Triunfo de la Cruz, ya que es la dueña legítima, 22 hectáreas de tierras en manos del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Tela, así como 98 hectáreas que se encuentran ilegalmente en posesión de las empresas MACERICA e IDETRISA, que ejecutan los proyectos habitacionales Marbella y Playa Escondida.
Convocamos a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos. Nos solidarizamos con OFRANEH y con todas las organizaciones y movimientos sociales y populares hondureños, y seguiremos en solidaridad internacionalista hasta la aparición con vida de los compañeros secuestrados y hasta que cese la violencia sistemática y cualquier ataque contra nuestros pueblos.
Enviaremos estas demandas en una carta al Gobierno de Honduras. Necesitamos su apoyo y solidaridad para que nuestras voces sean escuchadas. Por favor, firmen la carta antes del viernes 21 de agosto de 2020. Reuniremos firmas para enviar la carta antes del 24 de agosto.
Les compartimos el informe de Global Witness sobre la situación de lasdefensoras y defensores de la vida durante el 2019 – A 29 de julio 2020
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático.
La crisis climática es posiblemente la mayor amenaza global a nuestra existencia. A medida que aumenta, muchos de los otros serios problemas en el mundo actual, empeoran – desde la desigualdad económica hasta la injusticia racial y la propagación de enfermedades zoonóticas.
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático. Una y otra vez, han desafiado a industrias irresponsables que arrasan descontroladamente bosques, cielos, humedales, océanos y zonas de biodiversidad en riesgo.
Sin embargo, a pesar de la evidencia contundente sobre la importancia de su rol y los incesantes peligros que enfrentan, numerosas empresas, financiadoras y gobiernos, fallan en proteger su importante y pacífica labor.
Nuestro informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana.
Hallazgos relevantes
Asombrosamente, más de la mitad de los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas.
Ambos países han registrado un aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018. En 2019 los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas – el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Informes muestran un aumento drástico de asesinatos a líderes comunitarios y sociales en dicho país en los últimos años.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado varias razones por las que la ola de violencia ha incrementado, entre ellas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo la reforma agraria y los programas para incentivar el cambio de cultivos ilegales a cosechas legales. Los movimientos resultantes de las dinámicas de poder interno están impulsando una mayor violencia.
Desde el 2018, Filipinas se ha vuelto cada vez más mortal para los activistas, y ha sido constantemente señalado como uno de los peores lugares en Asia por sus ataques a defensores.
Pero las cosas empeoraron aún más en 2019 con el incremento de asesinatos a 43. El implacable desprestigio de las personas defensoras por parte del gobierno, así como la impunidad generalizada de sus atacantes, podrían estar impulsando dicho aumento.
Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, clasificada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. En 2019 solo en la región amazónica ocurrieron 33 muertes. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil fueron en la Amazonía. En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018, a 14 el año pasado, convirtiéndose en el país per cápita más peligroso de 2019.
La minería fue el sector más letal, con 50 defensores asesinados en 2019. Las agro-empresas continúan causando destrucción, con 34 defensores asesinados, 85% de los cuales fueron registrados en Asia. La tala fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con un 85% más de ataques registrados contra defensores que se oponen a dicha industria y 24 personas defensoras asesinadas en 2019.
Europa sigue siendo la región menos afectada, con dos personas asesinadas en 2019 – ambas trabajaban para detener la tala ilegal en Rumania. Los pueblos indígenas siguen estando en mayor riesgo de represalias, con un 40% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales fueron contra pueblos indígenas – a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial. Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. A menudo, éstas son la columna vertebral de su comunidad, y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas. Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en objetivos.
Debemos seguir a los líderes en primera línea contra la crisis climática
En promedio, cuatro defensores han sido asesinados semanalmente desde diciembre de 2015 – el mes en que se firmó el acuerdo climático de París, rodeado de esperanzas por una nueva era de progreso climático. Muchos más son silenciados con ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o demandas judiciales.
Las agro-empresas y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales de este conflicto – y, a medida que talan nuestros bosques e inyectan dióxido de carbono a nuestra atmósfera, son también los sectores que nos empujan cada vez más hacia el implacable cambio climático.
Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente juegan un papel vital en la protección de estos bosques y ecosistemas en riesgo climático crítico.
Investigaciones recientes muestran que comunidades indígenas y locales en todo el mundo están a cargo de bosques que contienen el carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales. Incluso si esta cifra es impactante, probablemente sea una subestimación.
Al mismo tiempo, investigaciones indican con claridad que las tierras a cargo de pueblos indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores niveles de conservación que zonas de protección que los excluyen.
El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas también sufren un número desproporcionado de ataques contra defensores. La desprotección en su tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas a costa de los derechos humanos, están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras.
El abordaje de estas problemáticas debería encabezar los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático. Pero tal como están las cosas, corremos el riesgo de perder una gran oportunidad. La pregunta para todos nosotros es si queremos construir un futuro mejor y más verde, para nuestro planeta y las personas. La respuesta está en las campañas y soluciones que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han ido mejorando generación tras generación.
Recomendaciones
Debemos escuchar las demandas de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y amplificarlas.
Inspirados en su valentía y liderazgo, debemos presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado.
Tú también puedes ayudar.
La agricultura a gran escala, la minería y la tala continúan ocasionando la mayoría de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.
Pero no tiene por qué ser así – estamos exponiendo a las empresas con prácticas irresponsables y a aquellas que las financian, instándolas a que tomen medidas para garantizar que sus operaciones no dañen nuestro medio ambiente ni a quienes se levantan para protegerlo.
Únete a nuestra campaña, defiende a las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, amplifica sus causas y sus voces mientras nosotras trabajamos para el desarrollo de mejores normativas que regulen la actividad destructiva y devastadora del medio ambiente que ocasionan dichas empresas.
Banner image credit: Benjamin Wachenje / Global Witness
Compartimos esta información publicada en EducaOaxaca sobre la situación de defensoras y defensores en México – A 30 de junio de 2020
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) externó su preocupación porque “la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad y socavan la lucha contra la violencia de género, a la vez que se alimenta la continuación de la violencia contra las personas defensoras en el país”. La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, resaltó que “el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante”. Y exigió garantías para Consorcio Oaxaca y castigo a los responsables de la amenaza en su contra. Mary Lawlor emitió un comunicado en conjunto con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Mary Lawlor enfatizó que “el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante”. Pero “es aún más preocupante observar los extraordinarios riesgos a los que se enfrentan las defensoras de derechos humanos y aquellas personas que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres así como la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad”. Las expertas y el experto están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades mexicanas.
Les compartimos este reportaje publicado en Sin Embargo sobre periodistas asesinados en México – A 19 de julio de 2020
Los siguientes son los 133 obituarios de los periodistas asesinados en México en la línea de tiempo entre 2000 y 2020. Diferentes en sus condiciones, estas son las biografías de seres comprometidos con el periodismo en una época en que este país se convirtió en un campo de batalla. Los callaron, pero no lograron acabar con su legado. Este memorial pretende honrarlos para siempre.
Este reportaje forma parte de un proyecto de investigación colaborativo entre SinEmbargo.MX y DemocraciaAbierta. Cuenta con el apoyo de Justice for Journalists Foundation.
POR LINALOE R. FLORES, con la participación de Efrén Flores.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo/DemocraciaAbierta).– Distintas, brillantes en sus causas, reinas de sus propias letras, las siguientes vidas son las de 133 periodistas asesinados en México de 2000 a 2020.
Sus muertes son incomparables pues cada una ocurrió con los signos de enemigos diferentes, en zonas diferentes y en años diferentes. Pero son similares porque las protagonizaron seres que tomaron las riendas de nobles metas reporteriles. La precariedad de sus condiciones jamás impidió sus viajes a la marginada sierra o a los bajos mundos de la mafia. Muchas veces se convirtieron en emprendedores con tal de tener un medio para publicar o presentar noticias ante un micrófono. Otras, combinaron el periodismo con otros oficios para reunir un ingreso digno. Al irse, dejaron pendientes coberturas de política, narcotráfico, robo de dinero público, pobreza, despojo de la tierra de pueblos originarios, así como la ruina de playas, bosques y selvas.
En diciembre de 2006, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) concentró su Gobierno en una política de seguridad nacional. En menos de diez días, con indicadores presurosos y endebles, logró justificar que era necesaria una guerra en contra de los grupos delincuenciales. Pronto, pasó de los papeles al terreno. Después, negó que lo suyo fuera “una guerra”. Pero para entonces, era demasiado tarde. México se había convertido en un campo de batalla. La violencia -terca en los años anteriores- arreció con un carácter obstinado y se mantuvo hasta la siguiente administración, la de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Las vidas eran añicos. Los anhelos estaban perdidos. El negocio del narcotráfico se ramificó con un crecimiento sin precedentes. Y reportear -ir a tocar el alma de los protagonistas para abrevar su experiencia y contarla- se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Así fue como los asesinatos de los comunicadores se multiplicaron al infinito. Las historias propias de reporteros, fotoperiodistas y camarógrafos se integraron al monstruo de mil caras de la contabilidad de víctimas mortales. Pero algunos se diluyeron en el tiempo. Buscar los rastros de un periodista muerto hace dos décadas lleva a sepulcros cubiertos de misterios. A los asesinatos, las autoridades no les dieron seguimiento, las familias se mudaron y los compañeros no desean hablar de algunos casos en particular.
En la República mexicana, 11 entidades cuentan con leyes que crearon mecanismos de protección; dos tienen vínculos con el Mecanismo Federal de Protección generado en la Secretaría de Gobernación. Mientras, 11 estados tienen iniciativas sin aprobar y las restantes siete entidades no tienen propuestas de legislación. A siete periodistas de nada les sirvió. Lo mismo cayeron.
Con todo, estos son los relatos de sus vidas y la forma en la que dejaron este mundo. Ninguno de estos textos reproduce escenas post mortem porque el objetivo al abordar sus biografías fue armar su memoria. Su bella memoria concluida con injusticia.
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Luis Roberto Cruz Martínez 1 de febrero de 2000 Letras truncas: Cobertura del narcotráfico
Con su nombre se inician todos los registros de periodistas asesinados en México en el siglo XXI. Era reportero en Reynosa, Tamaulipas; trabajaba para la revista Multicosas y su presunto asesino, Óscar Jiménez González, huyó de la prisión donde estaba detenido. Esa muerte, impune 20 años después, fue el primer eslabón de una cadena trágica que parece interminable.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe 2016, en el capítulo Zonas Silenciadas: Regiones de Alta Peligrosidad para Ejercer la Libertad de Expresión identifica a 2000 -el año en que Luis Roberto fue agredido mortalmente- como “la raíz del miedo”. De ese entonces datan los primeros registros de ataques en contra de periodistas y medios de información.
Con el tiempo, la biografía de Luis Roberto se ha desdibujado. Poco se sabe de su historia de vida. El móvil o los responsables intelectuales no han sido identificados. De esa forma, su nombre se convirtió en emblema de la invisibilidad del fenómeno de violencia desatado en todo el país. Además de la especie de pacto de silencio que hasta hoy predomina en Tamaulipas.
A finales de 2017, el Congreso de Tamaulipas aprobó una Ley para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, y la creación de una Coordinación Estatal en la materia. Dos años después, Tamaulipas seguía en el primer sitio en los indicadores de agresiones a periodistas.
Ese año, en el Senado de la República, el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Jan Jarab, invitó a hacer un análisis sobre el incumplimiento de las leyes y resaltó que no era necesario cambiar la legislación.
Pablo Pineda Gaucín 9 de abril de 2000 Letras truncas: Cobertura de narcotráfico en la frontera norte
Luces y sombras llenan el obituario de este periodista. Originario de Torreón, Coahuila, se convirtió en fotógrafo-reportero en Matamoros, Tamaulipas, cuando fue invitado a trabajar al periódico El Imparcial. En esa frontera también se desempeñó muchos años como gestor de las oficinas gubernamentales y como “coyote” en la legalización de los autos importados de manera ilegal.
Cuando fue asesinado, trabajaba para el diario La Opinión y tenía 39 años de edad.
Sus restos fueron descubiertos por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca del puente Los Indios, al poniente de Brownsville, Texas. Fue visto por última vez la noche del sábado anterior en la redacción del periódico. Sus compañeros lo escucharon responder una llamada. “¿Sí, jefe?” -dijo. Y luego: “Ahorita regreso”.
Las luces las aporta su trabajo. Publicaba imágenes crudas, reales, sin recato en lo sangriento. Eran fotos de atropellados, suicidas, vendedores de droga, violadores o funcionarios a los que señalaba de corruptos. Defendía a los detenidos y buscaba sacarlos de prisión. Cada semana ayudaba a la familia de un preso.
Las sombras las puso su modo de vida que dejaba entrever que tenía vínculos con los grupos delincuenciales de la frontera. La historia de Matamoros-Brownsvile -su campo reporteril- siempre estuvo ligada al tráfico ilegal. Fue paso de alcohol durante la prohibición en Estados Unidos, de armas durante la Revolución Mexicana y desde este siglo, de drogas o de humanos.
Pineda Gaucín trabajó siempre entre marañas de dudas de cómo con un salario de periodista podía vivir en la zona residencial Valle Alto y conducir automóviles de lujo.
Cuando los entrevistaron, varios de sus colegas coincidieron en que su asesinato no fue a causa de su trabajo de periodista. La hemeroteca arroja que su última publicación fue una serie sobre el linchamiento y muerte de un policía municipal, cometido por un grupo de estudiantes en el Tecnológico de Matamoros. El periodista se metió a defenderlo. Luego, publicó: “Sólo esperamos que la justicia divina aplique la ley, pues de la justicia terrenal, nada se espera”.
Hugo Sánchez Eustaquio 19 de julio de 2000 Letras truncas: Información general
Su historia se diluye, se pierde en el tiempo. Los rastros de la vida de Hugo se han perdido entre los otros 132 obituarios de periodistas asesinados desde 2000 hasta 2020. Su nombre integra todas las listas de informadores sacrificados en México, pero nunca arrojan en qué paró la investigación de su muerte. Ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Procuraduría General de Justicia del Estado de México brindan luces sobre las pesquisas. Sus familiares tampoco son localizables. No se sabe qué trabajo realizaba.
La Verdad, el periódico en Atizapán de Zaragoza, donde Hugo fue editor, ya no existe. Así, el tiempo ha jugado a favor para sepultar en el olvido la extinción de uno de los primeros periodistas asesinados en México en los últimos veinte años.
Hugo fue secuestrado y le arrancaron la vida. Su cuerpo fue encontrado en Hacienda de Atizapán, en el Estado de México. Tenía un balazo en el cuello y estaba al lado de su auto. Reproducir la escena es difícil porque ya todo cambió. Hoy, la avenida es de doble sentido y cuando su cuerpo fue abandonado, era sólo un camino.
Habían pasado dos semanas del triunfo electoral de Vicente Fox Quesada para la Presidencia de la República y aún faltaban cinco años para que desde el Gobierno se reconociera que a los periodistas mexicanos los mataban. Pero su nombre se convirtió en una de las carpetas de los mil 713 homicidios cometidos en México que ese año quedaron empolvadas.
La muerte de Hugo Sánchez Eustaquio contribuyó a que México fuera considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el Periodismo, una característica similar a países como Turquía, Afganistán o Siria, donde hay guerra.
José Luis Ortega Mata 19 de febrero de 2001 Letras truncas: Financiación de campañas políticas por capos del narcotráfico
Fue director del semanario Ojinaga en la ciudad del mismo nombre en Chihuahua. Cuando ocurrió su tragedia, presidía la Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos de ese municipio. Su último trabajo publicado fue que en Aldama -un municipio cercano a la capital del estado- había casas bodegas de droga. Bajo el brazo traía una investigación sobre el financiamiento de campañas políticas por barones del narco.
Tenía 37 años de edad y estaba casado con Alicia Cortés con quien procreó tres hijos.
Sus asesinos lo obligaron a bajarse de su coche. Uno de ellos le descargó balas a placer. Cuando estos hechos sucedieron, Vicente Fox Quesada cumplía 81 días de Gobierno, el primero no priista. En campaña, había prometido que la libertad de expresión sería reivindicada. Pero el homicidio de José Luis sería el primero de una cadena trágica en los siguientes seis años, mucho más dramática que los sexenios del priismo.
La mañana del 20 de febrero de 2000, en el noticiario Radio Prensa, el conductor Homero García, recibió al aire la noticia de un radioescucha: “Maestro, mataron a José Luis Ortega.
Desde entonces, en Ojinaga y en todo el país se pidió justicia. La presión pública obligó a una respuesta de las autoridades. El 29 de abril de 2001, fue detenido Jesús Herrera, “Juny Herrera”, propietario de un supermercado en Presidio, Texas. Pero sus abogados demostraron que el testigo que lo culpó se encontraba en la cárcel el día del crimen. Tres meses después, quedó en libertad.
Ojinaga es una ciudad de 28 mil habitantes, en la frontera con Texas, a orillas del río Bravo. El nombre se lo puso Benito Juárez en honor de Manuel Ojinaga, que luchó cuando los franceses invadieron México por segunda ocasión entre 1865 y 1869. En 1910, el general Toribio Ortega, en el cercano Coyame, convocó una insurrección contra la dictadura de Porfirio Díaz a la que había convocado para seis días después Francisco I. Madero. José Luis Ortega Mata era bisnieto del militar revolucionario.
José Barbosa Bejarano 9 de marzo de 2001 Letras truncas: Información general
Muerto en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un aparente accidente automovilístico, su biografía se convirtió en un sepulcro sobre el cual, no hay datos. Un familiar que no desea ser identificado refiere que incluso sus parientes han decidido no dar cuenta de su tragedia porque quieren “dejar en el pasado lo sucedido”. El olvido, podría ser el título del final que tuvo este corresponsal de la revista Alarma en la frontera norte de México.
A manera de réquiem, su nombre es de los primeros en los listados de periodistas asesinados en México. Así, acaso sin saberlo, ha contribuido en las demandas de justicia junto a otros 132 nombres de periodistas asesinados desde 2000 a 2020. Aun así, el silencio sobre quién fue este periodista, estremece.
En la redacción de la revista no se encuentra a ningún contemporáneo que refiera de sus días. Imágenes de su rostro no hay. Notas bajo su firma tampoco. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no abrió ninguna carpeta por su historia. La Fiscalía de Chihuahua, tampoco.
Un estudio especial sobre asesinato de periodistas en América Latina, de la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaborado en 2008, indicó: “La carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera en relación con los asesinatos de periodistas motivados por su labor periodística, pueden tener el efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual restringe la libertad de expresión”. El caso de José Barbosa está en este párrafo cargado de premoniciones.
El hecho de que lo mataran, el hecho de que lo aventaran a una vía pública y el hecho de que hoy sólo sea un nombre en una base de datos brindó el mensaje de las múltiples posibilidades para acribillar periodistas sin que después nada ocurra. Tras su muerte, más de cien informadores cayeron en otros sitios de México sin que sus procesos llegaran a sentencias condenatorias. Se fueron en el silencio, el mismo que ahora cubre este nombre.
Saúl Antonio Martínez Gutiérrez 24 de marzo de 2001 Letras truncas: Narcopolítica
Fue uno de los cuatro hijos que procreó el periodista Gonzalo Martínez Silva, fundador del periódico El Imparcial en Tamaulipas, en 1993. Saúl ayudó con la construcción de la redacción. Como editor impulsó la cobertura de la delincuencia organizada, el tráfico de migrantes en esa frontera, además de los actos de corrupción del Gobierno de Tomás Yarrington Rubalcava.
Los tres temas pudieron ser causa de su secuestro y asesinato; pero la sospecha de que el agravio provino del Gobierno se fortificó cuando Yarrington Rubalcava fue detenido en Florencia, Italia, por delitos vinculados con “lavado de dinero”, el 23 de mayo de 2012. Habían pasado 11 años y un mes de la partida de Saúl Antonio.
Tomás Yarrington Rubalcava encarna la llamada “narcopolítica”, un término que se insertó en el vocabulario de los mexicanos desde aquellos años. Fue el Primer Mandatario del estado entre 1999 y 2005, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional; en 2017, fue detenido en Italia y en 2018, fue extraditado a Texas, Estados Unidos. Narcotráfico y extorsión cometidos desde la Administración son algunos de los cargos que enfrenta. Mientras, el Gobierno del estado intenta expropiarle una propiedad de 1.2 millones de dólares, ubicada en Brownsville, Taxas, reflejo de la riqueza que acumuló.
A Saúl Antonio se le vio por última vez, el 23 de marzo de 2001. Del periódico, se fue a las 11 de la noche, poco después de darle una orden de información por teléfono a uno de los reporteros. A las 4:30 de la tarde del día siguiente ya había noticias. Su camioneta marca Explorer modelo 98, roja, placas WYE5095, estaba en la brecha 28, cerca del ejido El Ebanito, en el municipio de Río Bravo, frontera con Texas. Estaba acostado en el asiento trasero y presentaba cuatro impactos en el rostro.
El testimonio de su padre en la Policía Ministerial aún arroja que hubo amenazas previas de muerte. Una ocurrió en 1997 de parte de un hermano de uno de los precandidatos del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal. Ese año, el edificio de El Imparcial recibió varios impactos de bala.
La memoria de Saúl hoy no es tan invisible como los son las de Luis Roberto Cruz Martínez o Pablo Pineda Gaucín. Pero pocos desean hablar de él para este obituario. Su asesinato fue uno de los primeros de la cadena trágica que empezó a formarse en el Gobierno de Vicente Fox Quesada. Fue también de los primeros de una serie de crímenes que volvió a Tamaulipas uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Tanto que veinte años después no es posible encontrar una foto suya, ni a quién desee hablar de cuál fue el motivo preciso para arrancarlo de esa tierra.
Felix Alonso Fernández García 17 de enero de 2002 Letras truncas: Cobertura de narcotráfico
Fue editor de la revista Nueva Opción, fundada por su padre, Félix Fernández Reyna.
Sujetos a bordo de un automóvil lo asesinaron en ciudad Miguel Alemán. La policía detuvo en la escena del crimen a Marín Beldar y Carlos Domínguez, supuestos guardaespaldas del periodista. En sus declaraciones, revelaron que fueron contratados porque el comunicador había sido amenazado de muerte por Raúl Rodríguez Barrera, exalcalde , excomandante de la Policía Judicial Federal y supuesto compadre del narcotraficante, Gilberto García Mena, “El June”.
De hecho, Félix Alonso trabajó en El Heraldo de Alemán, propiedad del exmunícipe.
Un año antes de su muerte, en abril, el entonces titular de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Salud (FEADS), José Luis Santiago Vasconcelos, estableció que había elementos suficientes para detener al ex alcalde por supuestos nexos con el narcotráfico.
Saúl Félix es uno de esos periodistas cuyo nombre se cubrió con la leyenda de la sospecha. La suya es una tragedia doble. Primero lo acribillaron unas cobardes Ak 47 y luego, le negaron una investigación desprovista de la creencia de que “andaba mal” (uso coloquial en el norte de México para indicar que alguien está vinculado con el narco). En Tamaulipas, su tierra, gobernaba Tomás Yarrington Rubalcava.
El periodista Jesús Blancornelas escribió de Félix en 2002, en La Crónica de Hoy: “Lamentablemente descuidó sus pasos. Hizo lo elementalmente indebido. La noche del viernes, acompañado de sus custodios se fue de parranda. Entró al bar El Señorial y se tomó las últimas copas de su vida”.
Es inevitable ubicar los últimos días de Félix Alonso en la narcopolítica de Tamaulipas. Blancornelas, en el mismo artículo: “ … Un compañero periodista de ese estado me informó de cierta asquerosa práctica. Los mafiosos acostumbran financiar publicaciones pequeñas. Les anima tener así una defensa y a la vez, trinchera para atacar. Esto empuja algunas ocasiones a los periodistas. Sin querer o queriendo se mezclan con las mafias. En este caso particular es triste una noticia oficial. En el auto de Félix, la policía descubrió droga”.
Con todo, hoy, se desconoce quién lo mató. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no atrajo el caso.
José Miranda Virgen 19 de octubre de 2002 Letras truncas: Narcopolítica, incursión de la DEA en Veracruz
La suya fue una de las plumas más influyentes de Veracruz y de México. Empezó su formación en El Sol de México de la Ciudad de México, mientras transcurría el convulso 1968. Su afán de contar historias lo combinó con sus dotes de bailarín. En el Teatro Iris fue campeón de rock & roll. Cuando volvió a Veracruz, trabajó en varios rotativos y laboró en las áreas de comunicación social de algunos políticos. Fue jefe de prensa del Gobernador Rafael Hernández Ochoa (1974-1980) y de Miguel Alemán Velasco (1998-2004). Además, siempre dio clases de periodismo.
Fundó una cooperativa. En La Crónica de Veracruz, los sueños fueron posibles. Los periodistas eran dueños de su lugar de trabajo y tenían salarios que inhibían la corrupción de la época. Incómodo para el Gobierno del estado de Patricio Chirinos, se le negó publicidad oficial y no subsistió.
Tras esa derrota, José se convirtió en subdirector editorial y vicepresidente de El Sur de Veracruz.
Su columna se llamó El Espejo del Poder. Poco antes de su muerte, la información que divulgó constituyó una gran crónica de cómo grupos de narcotraficantes y familias de abolengo se habían coludido en Veracruz.
En 2002, el periodista tenía 60 años de edad. Un estruendo rompió los cristales de las ventanas de su departamento en Boca del Río, Veracruz. El ruidajo se confundió con las risas en la noche de esa ciudad que suele amanecerse y con las olas del mar. Al informador se lo llevó una ambulancia. Llevaba el cuerpo quemado en todas sus partes. Miranda fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México. Fue internado en el Hospital ABC donde cinco días después de la explosión tuvo el último suspiro. En esos días, su computadora laptop desapareció del departamento.
El expediente 851/2002/II indica que la explosión se debió a una fuga de gas. En 2002, así lo informó el entonces Procurador de Justicia del Estado, Pericles Namorado Urrutia.
Pero los colegas agrupados en la Asociación de Periodistas de Veracruz, lo dudaron. ¿Cómo no iba a detectar olor a gas el fino olfato de Pepe Miranda? Su última columna llevó el título “Drogas de Veracruz, las mejores familias …”. Aún no se sabe quién tumbó a su pluma.
Rafael Villafuerte Aguilar 13 de diciembre de 2003 Letras truncas: Cobertura policiaca
Con su nombre se inició un listado de periodistas asesinados en Guerrero. En dos décadas, fueron asesinados 13 periodistas en esa entidad en la que en 2014 se viviría la desaparición de 43 estudiantes de Normal Rural de Ayotzinapa, tragedia intrincada hasta nuestros días porque se desconoce quiénes la perpetraron.
Pero en 2003, a Rafael Villafuerte Aguilar lo mataron frente a muchos testigos. Y hasta la fecha, no hay detenidos. El periodista circulaba a las dos de la tarde por la avenida Nicolás Bravo de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, cuando le dispararon desde otro vehículo. El crimen lo presenciaron un transeúnte, un chofer de combi y un policía preventivo. El caso lo siguió la Policía Judicial, adscrita a la Procuraduría Estatal. Un mes después del crimen, los testigos dieron cuenta de la escena del crimen y de hecho, se generaron órdenes de aprehensión, pero fueron giradas un año después. Para entonces, nadie, pero nadie, fue localizado.
La vida de Villafuerte Aguilar se pierde en la maraña del tiempo. Dirigió el diario La Razón, en Altamirano, una ciudad cercana a Coyuca de Catalán. Cuando perdió la vida, el diario se quedó en manos de su padre. El periódico fue cerrado en 2006 y la familia dejó el estado.
Un rastro de esta biografía es la queja que en 2007 puso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su viuda, Sonia Gama García. El organismo emitió la recomendación 11/2009 en la que indica que en el caso faltaron documentos y que la Procuraduría dejó pasar años sin continuar las diligencias correspondientes. Un error fue no practicar la autopsia.
El documento asienta algo más: en septiembre de 2003, una persona le pidió a Rafael que “bajara la crítica” en su periódico. Le dijo que así lo pedía el entonces presidente municipal de Altamirano, Guerrero. También que quien fungió en ese año como director de Comunicación Social del municipio de Pungarabato, Guerrero, lo demandó porque “utilizaba su nombre”. Nada ha hecho que el crimen de Rafael se esclarezca.
Roberto Mora García 19 de marzo de 2004 Letras truncas: Asuntos políticos de la frontera
A las 2:00 horas del el 19 de marzo, el cuerpo del periodista Roberto Mora García fue encontrado a las puertas de su domicilio. Presentaba por lo menos 30 puñaladas. Regresaba de su jornada como editor editorial en el periódico El Mañana de Nuevo Laredo.
Sólo seis horas después, el entonces Procurador de Justicia de Tamaulipas, Francisco Cayuela, dio a conocer una línea de investigación: crimen pasional.
Una semana después, la policía detuvo al presunto asesino material, Mario Medina Vázquez, un joven estadounidense de 23 años, y a su presunto cómplice, Hiram Oliveros Ortiz, de 28 años, su pareja sentimental. Se declararon culpables. El 13 de mayo, a las 18:20 horas, Mario Medina fue asesinado en el Cereso II. Su cuerpo presentaba 88 lesiones de arma punzocortante y señas de abuso sexual.
En mayo del mismo año, en un informe de 35 páginas, la Comisión en Memoria (integrada por el Pen Club México, el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, Periodistas Frente a la Corrupción, el Centro de Periodismo y Ética Pública y Libertad de Información) documentó que la confesión fue arrancada mediante tortura. El caso provocó un extrañamiento del consulado de Estados Unidos.
El periodista Roberto Mora García tenía 43 años de edad cuando fue asesinado. Su vida adulta la dedicó al periodismo. Estudió Ciencias de la Comunicación en Monterrey, Nuevo León, y al graduarse en 1983, ya trabajaba como reportero de Cultura en El Norte. Se le recuerda como un gran lector y un asiduo a los pasteles. Cada quincena compraba uno y lo repartía en la redacción.
En Monterrey vivió hasta 1999, cuando se mudó a Nuevo Laredo para dirigir El Mañana. Su esposa, Aracely, y su hijo Sebastián, se quedaron en Nuevo León pues aquel año, los indicadores de inseguridad crecían como la espuma en Tamaulipas.
Desvanecida aquella línea de investigación del crimen pasional, esta historia se ha quedado impune.
Compartimos esta carta de solidaridad con el COPINH a la cual nos sumamos y pedimos alto a las amenazas y hostigamiento a su dirigencia- A 28 de julio de 2020
La organización hermana COPINH, desde hace ya casi tres décadas ha estado presente en las luchas más importantes del movimiento indígena y popular de Honduras en contra del neoliberalismo, el militarismo golpista, el racismo, la lucha anti patriarcal, entre otros, pero también ha sido una organización fundamental en la lucha por la defensa de la soberanía nacional, de los bienes naturales, los derechos históricos y ancestrales de los pueblos indígenas o la lucha por la refundación del estado hondureño. Luchas trascendentales que han dado impulsos y ejemplos importantes a la resistencia popular contra la narco-dictadura oligárquica.
Las luchas pasadas y presentes le han significado al COPINH, la persecución y muerte de muchas y muchos de sus líderes, incluyendo el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Pero la estigmatización y el racismo, también han sido herramientas de los grupos de poder para perseguir, criminalizar y reprimir al COPINH y las comunidades lencas. Desafortunadamente, hay quienes, desde las redes sociales y desde una pseudo fachada de la intelectualidad, se han sumado de manera rabiosa, misógina y racista, a las campañas de persecución y odio en contra de nuestras hermanas y hermanos lencas.
De esta manera, las organizaciones abajo firmantes, queremos manifestar nuestro absoluto respaldo y solidaridad a COPINH y su dirigencia, ante las agresiones racistas y misóginas que personas externas a la organización y con fines claramente políticos, difunden a través de las redes sociales, haciéndose parte de una campaña de terror y persecución que solo busca destruir la organización.
Queremos suscribir nuestro irrestricto apoyo a COPINH y su dirigencia, ante las sistemáticas amenazas que atentan en contra de la vida, la dignidad y la integridad de las compañeras y compañeros, al ser señalados como colaboradores de los órganos represivos del estado e incluso como cómplices de la impunidad que favorece a los responsables de la muerte de nuestra compañera Berta Cáceres. Sabemos de la incansable lucha del COPINH, de toda su dirigencia, y muchas colaboradoras y colaboradores que, a riesgo de su propia vida, han enfrentado con entereza las mafias empresariales, militares y paramilitares que protegen a los autores intelectuales y materiales del asesinato de nuestra hermana Berta.
Rechazamos con firmeza, la absurda y mal intencionada acusación de que COPINH, su dirigencia y sus redes de apoyo, forman parte del llamado Plan Colombia, que ha llenado de luto y sufrimiento a millones de personas en Colombia y otras partes de la América Latina. COPINH, como víctima de dicho plan imperialista y oligárquico, hoy sufre la muerte y criminalización de sus liderazgos, además de un constante acoso, persecución y estigmatización mediática, financiado por quienes quieren enriquecerse a costa de convertir el territorio lenca en cementerios, desiertos o campos de concentración.
Así mismo, queremos denunciar que estas constantes amenazas, acoso político y campaña mediática por las redes sociales, no busca más que intervenir el COPINH para dividirlo y debilitarlo, y de esta manera, facilitar la apropiación de los bienes de la organización por parte de personas ajenas o expulsadas, ya sea por corrupción o abuso sexual, para finalmente, frenar la lucha por la defensa de los bienes naturales del Pueblo Lenca, así como la búsqueda de justica por el asesinato de Berta Cáceres.
Reiteramos que COPINH y su dirigencia no están solas ni solos, que ha llegado el momento de decir basta al acoso, la manipulación, la mentira, el racismo y la agresión misógina en contra de las y los integrantes del COPINH.
Cada una de las organizaciones y personas que hoy se hacen parte de esta carta de solidaridad, llamamos al pueblo y sus organizaciones a solidarizarse con el COPINH y acompañar cualquier denuncia o acusación pública o legal que nuestras hermanas y hermanos lencas decidan emprender contra las personas responsables del hostigamiento y amenazas denunciadas por el COPINH.
Organizaciones que suscriben solidariamente la presente carta:
Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras
Central Nacional de Trabajadores del Campo El Progreso, CNTC.
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP)
Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia, MADJ
Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA.
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC.
Centro de Derechos de Mujeres, CDM
Centro de Estudios de la Mujer – Honduras, CEM-H
Foro de Mujeres por la Vida
Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras FM
Luchemos
INHESCO
Fundación San Alonso Rodríguez
Código Sur
Colectivo Josefa Lastiri
Otros Mundos Chiapas
Personas que suscriben la nota:
Padre Fausto Milla
Denia Mejía
Gilda Rivera
Gustavo Zelaya Herrera
Noemí Dubón
Laura Zúniga Cáceres Hija de Berta Cáceres
Suscríbase: Si desea firmar esta carta, agregue el nombre de su organización o persona que suscribe y publique en los medios sociales que considere oportuno.
El desarrollo inclusivo y sostenible requiere un entorno en el que todas las personas tengan la libertad de expresar sus opiniones, ejercer sus derechos y participar plenamente en las decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades.
Cada día, las comunidades, los movimientos sociales, los/las periodistas y otras personas cumplen una labor fundamental al proteger sus tierras y recursos de la destrucción, luchar por la igualdad de acceso a la vivienda o la educación, denunciar la corrupción y el abuso de poder y abogar por inversiones que beneficien a las personas pobres.
Sin embargo, en la actualidad cada vez más, las personas defensoras de los derechos humanos son objeto de amenazas y ataques por las actividades que realizan incluidos el acoso, la violencia física, la criminalización, la detención arbitraria y la muerte. Las amenazas y los ataques son cada vez más frecuentes en el contexto de las actividades emprendidas en nombre del desarrollo.
A través de 25 estudios de caso, Riesgos no calculados explora la naturaleza de las amenazas y de los ataques en contra de las personas defensoras en el desarrollo y examina el papel de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) en su mitigación o exacerbación.
Hallazgos:
Las amenazas y los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de las actividades de desarrollo son generalizadas.
Aunque las amenazas y los ataques adoptan muchas formas diferentes, a menudo comienzan cuando se etiqueta de “opositores al desarrollo” a comunidades, grupos e individuos.
La imposición de actividades de desarrollo sin el consentimiento o la consulta adecuada de las comunidades locales y los grupos marginados es una de las causas fundamentales de las amenazas contra las personas defensoras en el desarrollo.
Las IFD tienen el deber de respetar los derechos humanos y de garantizar que sus inversiones no pongan en peligro a las personas.
Sin embargo, frecuentemente las intervenciones para el desarrollo agudizan los riesgos que corren las personas defensoras, porque no se presta la debida atención a los derechos e intereses de las comunidades locales y de las poblaciones marginadas, ni tampoco a los riesgos contextuales y a los desequilibrios de poder que pueden llevar a que estas comunidades y poblaciones paguen los impactos negativos o se vuelvan vulnerables.
A menudo, las señales de alerta temprana que indican la existencia de posibles amenazas para las personas defensoras se ignoran y se pasan por alto.
Las IFD disponen de una amplia gama de recursos e influencia que pueden usar para cambiar la ecuación de riesgo de las personas defensoras en peligro, pero con frequencia dejan pasar oportunidades para crear proactivamente momentos que potencien el apoyo a los derechos de las comunidades y las personas defensoras, y se resisten a utilizar de manera efectiva sus herramientas y su influencia.
Desafortunadamente, con frecuencia las IFD guardan silencio ante las amenazas y los ataques, o sus respuestas son insuficientes o tardías, y las personas defensoras y las comunidades quedan desprotegidas y los daños no se reparan.
Varias IFD están empezando a abordar las amenazas en contra de las personas defensoras en el desarrollo, pero hace falta mucho más.
Para abordar con eficacia la reducción del espacio para la participación en los procesos de desarrollo y las crecientes amenazas contra las personas defensoras se necesita no solo un cambio en las políticas y las prácticas, sino también un giro fundamental que ubique a los derechos humanos y a las comunidades locales en el centro de cómo se concibe y se implementa el desarrollo.
Casos:
Caso 1: Honduras – Asesinatos de personas campesinas y defensoras de la tierra >>Lee aquí<<
Caso 2: México – Criminalización, amenazas y ataques contra integrantes de movimientos de pueblos indígenas >>Lee aquí<<
Caso 3: Guatemala – Encendiendo el conflicto en las comunidades indígenas >>Lee aquí<<
Caso 4: Guatemala – Criminalización de comunidades indígenas >>Lee aquí <<
Caso 5: Honduras – Asesinatos de Berta Cáceres y Tomás García, y ataques contra el COPINH y la comunidad de Río Blanco >>Lee aquí <<
Caso 6: Perú – Agresión contra Máxima Acuña-Atalaya de Chaupe y represión violenta de la protesta >>Lee aquí <<
Caso 7: Perú – Uso de decretos de emergencia y militarización para silenciar comunidades indígenas >>Lee aquí<<
Caso 8: Brasil – Intimidación y corrupción para silenciar comunidades indígenas, activistas ambientales y funcionarios del gobierno >>Lee aquí<<
Caso 9: Brasil – Asesinato de Nilce de Souza Magalhães y amenazas a activistas >>Lee aquí<<
Caso 10: Colombia – Ataques, criminalización y asesinatos de activistas de base >>Lee aquí<<
Les compartimos con mucha alegría el primer capítulo de nuestra serie de videos: Voces en resistencia.
Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas. En este primer capítulo, participantes de la Primer Escuela Ejidal nos cuentan porque es importante defender el territorio.
Les compartimos el comunicado de la Red Nacional d Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT) – A 14 de mayo de 2020
Según la documentación de la Red TDT suman 30 las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio de AMLO.
Debido a su labor en defensa de los derechos humanos, por lo menos 4 personas han sido asesinadas en las últimas siete semanas, lo que coincide con el inicio de la contingencia sanitaria.
Personas defensoras de la tierra y el territorio siguen siendo quienes enfrentan el mayor número de agresiones.
14 de mayo de 2020.- Las organizaciones firmantes llamamos la atención de la sociedad mexicana ante el hecho grave de que, en las siete semanas anteriores a la emisión de este comunicado, han sido asesinadas al menos 4 personas defensoras de derechos humanos. Esto con el agravante de que 2 de estos asesinatos fueron en el propio domicilio de las personas defensoras, lo que evidencia el aumento en la vulnerabilidad ante la crisis sanitaria por el Covid-19.
En el marco de la contingencia sanitaria, es claro que la labor de defensa de derechos humanos no se detiene, sino que cobra una especial relevancia en un momento en que las ausencias institucionales se convierten en múltiples ventanas de oportunidad para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos. Por ello, las personas, organizaciones y comunidades que defienden la vida, la dignidad y los derechos humanos, continúan dando la batalla en entornos mucho más complejizados, lo que les coloca en una mayor situación de riesgo.
Frente a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un llamado a los Estados de la región a “proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19”[1]. Llamado que complementa la declaración previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que destaca la necesidad de la protección particular de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, así como el acceso a la justicia y mecanismos de denuncia[2].
La necesidad diferenciada de protección señalada por el Sistema interamericano se confirma al consultar los datos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que señalan que desde el 15 de marzo se han registrado 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
Nombrar a las personas defensoras asesinadas es, al mismo tiempo, una exigencia de justicia y un llamado a no olvidarles, a continuar sus luchas y continuar trabajando colectivamente en la construcción de un país y un mundo mejor donde los derechos para todas y todos sean una realidad.
A partir de la documentación de la Red TDT, señalamos que estas 4 personas defensoras no fueron asesinadas en hechos fortuitos, sino como represalia por la defensa de derechos humanos que realizaban. Resaltamos que la labor de 3 de estas personas estaba ligada a la defensa de tierra y territorio, lo que es consecuente con la tendencia que se ha señalado desde la Red TDT y otras organizaciones. Con estos 4 asesinatos, serían ya 30 personas defensoras asesinadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Reiteramos como un hecho de grave preocupación que 2 defensores fueron asesinados en su propia casa, el entorno donde la población debe encontrarse bajo resguardo durante la contingencia sanitaria.
Frente a estos hechos, resulta importante insistir también en la grave situación de violencia que impera en la Sierra Tarahumara y que mantiene en riesgo a las comunidades, colectividades y personas defensoras en la región. El 1 de abril, en San Juanito, Bocoyna, fue asesinado Juan Zamarrón, activista en defensa del bosque y quien denunciara de forma reiterada la tala clandestina en la zona. En los hechos, fueron asesinados dos familiares del defensor, lo que sigue poniendo en entredicho la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, a sus familias y organizaciones, así como garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.
En ese sentido, retomamos lo dicho por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración en su comunicado del 27 de abril de 2020: el Estado mexicano tiene la obligación de colocar los derechos en el centro de la política y, por tanto, las autoridades federales, estatales y municipales deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas, frenando todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población.
Así pues, es mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y demás autoridades obligadas, que se deben coordinar esfuerzos para garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en condiciones óptimas de seguridad.
Finalmente, reiteramos el llamado que desde diversas organizaciones de la sociedad civil se ha hecho en relación con las acciones inmediatas que debe tomar el Estado mexicano para proteger adecuadamente a las personas, organizaciones y colectividades defensoras de derechos humanos.[3]
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México
Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana)
Imagen: Protesta contra la criminalización de defensores y defensoras ambientales. | Crédito: Km 169, Prensa Comunitaria Guatemala.
Compartimos la serie de vídeos #NosotrasDefensoras producido por PBI México
Capítulo 6: El enfoque feminista en la protección
El enfoque feminista es una herramienta clave para entender, identificar y atender los riesgos y violencias específicas que enfrentan las mujeres defensoras. Además, incorpora al análisis crítico de estas realidades el ámbito de los derechos que defienden y los actores con quienes interactúan con el objetivo de definir medidas de protección integral para las mujeres defensoras. El feminismo posiciona la creación de redes, el autocuidado y el empoderamiento como la base del proceso de protección, aportando a la construcción de espacios seguros y de confianza para afrontar el aislamiento; para aprovechar recursos, herramientas y saberes colectivos; y fortalecer hacer más sostenibles los movimientos y organizaciones desde la sororidad.
Capítulo 5: Diferentes aspectos de la protección
Ya no podemos hablar de la protección de manera individual ni fragmentada. Es necesario avanzar hacia una visión colectiva de la protección con estrategias que vayan más allá de la seguridad hacia un enfoque integral, que ponga el autocuidado, el cuidado colectivo, la sanación en el centro, que recupere la memoria histórica, que posicione a las defensoras como sujetas activas en materia de seguridad, incorporando las prácticas para el manejo de los riesgos en la cotidianidad y a lo interno de las organizaciones, movimientos y comunidades.
Capítulo 4: Los impactos de la violencia (tercera parte)
Las defensoras de derechos humanos corren mayor riesgo que los defensores de sufrir violencia sexual y otras formas de violencia basadas en el género. También es más frecuente que sus hijos e hijas reciban amenazas y agresiones en represalia por el trabajo que ellas realizan. Los ataques específicos de género incluyen acoso y amenazas con insultos sexistas, violencia sexual en el contexto de actos represivos, estereotipos de género en los procesos judiciales y campañas de difamación y ataques contra quienes defienden los derechos de las mujeres.
Capítulo 3: Los impactos de la violencia (segunda parte)
El impacto psicosocial y afectaciones de la violencia diferenciada sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres defensoras es un tema que no se aborda fácilmente: la culpa o los miedos no se viven de igual manera que los defensores, la intimidación y amenazas no solo recaen sobre sus cuerpos y vidas, sino en el de sus familias, dependientes y redes afectivas cercanas. Ello se une a otros factores como la falta de reconocimiento al interior de las organizaciones o la normalización de la violencia contra las mujeres, entre otra formas de discriminación cuya combinación pone en riesgo la vida y la salud de las activistas.
Capítulo 2: Los impactos de la violencia (primera parte)
Las mujeres defensoras enfrentan modalidades de violencia específicas respecto a sus homólogos hombres. Entre las agresiones más frecuentes de que son objeto las Defensoras de DH en Mesoamérica encontramos el hostigamiento psicológico, calumnias, señalamientos, campañas de desprestigio, amenazas; criminalización, violencia sexual o asesinato. Todas estas formas de violencia contra las defensoras tienen un componente de género muy fuerte al utilizar el cuerpo y la identidad de las mujeres como fuente para sembrar el miedo, la intimidación y la explotación. Esta violencia específica impacta de una manera diferente sobre las vidas de las defensoras y su entorno cercano.
Capítulo 1: Nosotras, defensoras ¿Qué significa ser defensora?
Ser defensora es un compromiso de vida. Implica romper los estereotipos marcados por la sociedad patriarcal en un contexto de desigualdades estructurales, impunidad, corrupción, crimen organizado, misoginia, lgbtffobia, discurso de odio, extractivismo, políticas neoliberales y cierre de espacios democráticos. Ser defensora es enfrentar una doble violencia desde lo cotidiano, hasta nuestra acción pública, por el hecho de ser defensoras de derechos humanos y por el hecho de ser mujeres.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República
Olga Sánchez Cordero, Secretariade Gobernación
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de DH, población y Migración de la Secretaría de Gobernación
Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas
Gregorio Macías Zúñiga, Presidente del Municipio de Zacatecas
Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del AltoComisionado de la ONU
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos de su conocimiento y solicitamos atención e intervención urgente sobre la siguiente situación:
Hostigamiento y Posible Detención Arbitraria en contra del C.Roberto de la Rosa Dávila, defensor dela Vida y el Territorio en la localidad de Salaverna, del municipio de Mazapil,estado de Zacatecas, México.
El pasado 25 de abril, aproximadamente a las 15:00 horas, un hombre de apellido Hernández, jefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecas, acompañado de otro hombre, acudieron a la localidad de Salaverna del Mpio de Mazapil, buscando al ciudadano Roberto de la Rosa Dávila. Llegaron en una camioneta tipo pick up blanca y al no encontrarlo, los vigilantes de la empresa minera Ocampo Mining Tayahua-filial de Grupo Frisco, dela cual es dueño Carlos Slim Helú, dijeron que se encontraba en su parcela, al mismo tiempo que les indicaron el lugar. Cabe mencionar que la seguridad privada de dicha empresa vigila a Roberto de la Rosa las 24 horas del día,por ser el principal referente de una larga lucha, de más de 10 años,emprendida contra el saqueo que dicho empresario ha realizado contra toda la población de Salaverna (https://especiales.piedepagina.mx/resistencias/dos-campesinos-contra-carlos-slim.php)
Al llegar a la puerta de su parcela lo comenzaron a cuestionar sobre; su situación conyugal, su edad, cuántos integrantes de familia tiene, ocupación y si tiene antecedentes penales, si consume alcohol, si fuma o consume alguna droga, todas preguntas a las que respondió el C. Roberto. Después de increparlo con ese absurdo interrogatorio, el cual implementaron sin ninguna orden u oficio al respecto, le dijeron que él debe presentarse a “declarar”en la oficina de investigación, a lo que Don Roberto atinadamente respondió que no lo haría, a menos que le llegue un citatorio oficial firmado y sellado por la dependencia que lo requiere, al mismo tiempo que, los hombres amenazantes, le dijeron que regresarían pronto con el citatorio.
No es la primera vez que el Sr. Carlos Slimutiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en total ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua, la cual extrae cobre, plata, zinc y oro de forma subterránea pero que, desde hace algunos años, inicio un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo ahora a la modalidad de tajo a cielo abierto en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del “potencial tajo” se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna, muchas de las cuales ha sido literalmente destruidas por el penosa y recientemente nombrado “Ingeniero del año 2019 Carlos Slim” (https://www.researchgate.net/publication/316363393_Salaverna_cronica_de_un_despojo).
No es menor que, en plena contingencia contra el Covid-19, este empresario además de no quedarse en casa, como tanto pregonan por radio, prensa y televisión lo deben hacer aquellas actividades no esenciales, tal cual sucede con la minería, aproveche la inmovilidad social y política para avanzar en sus absurdos e inadmisibles procesos de saqueo y desplazamiento forzado, dejando de manifiesto que al parecer NUNCA habrá un gobierno capaz de detenerlo mientras proteja los intereses capitalistas, menos aun de llevarlo a la rendición de cuentas,a este magnate que ha hecho su fortuna no de trabajar, sino de, en cada sexenio recibir canonjías que son patrimonio social y natural de México.
Esta nueva amenaza al compañero Roberto, no ha venido sola, ya que el 13 de abril de este año, en el camino a Salaverna tuvo un altercado con el C. Jaime Alberto Contreras Barrientos, trabajador de la empresa minera,quien le dijo ser el encargado de los trabajos para “cercar a la comunidad y también para electrificar el perímetro de Salaverna”,lo que supone sería un incremento en las acciones para iniciar la explotación del tajo a cielo abierto, a pesar que en esas tierras hay un juicio que se encuentra en tribunales contra la empresa y el cual lleva años sin resolverse,lo que evidentemente hace que cualquier acto y acción sobre las mismas sean ilegales. En este contexto, Don Roberto actuó para evitar que la cuadrilla de aproximadamente 20 trabajadores, entre ellos cuatro personas de seguridad privada, continuaran obstruyendo el camino que conduce a la comunidad.
Después de este altercado, el 21 de abrilDon Roberto encontró en la puerta de su casa un papel, a modo de recado, que decía: “debe presentarse en casa de justicia en Concepción del Oro lo antes posible enla oficina de Policía de Investigación”, misma a la que no acudió, lo cual dio pie a que ahora,de forma directa pero ilegal, eljefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecasse presentará tanto en su casa como en su parcela para hostigarlo e intimidarlo sin ninguna orden al respecto.
Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos las siguientes precisionesy exigencias:
Desde antes de tomar el poder en sus manos, este Gobierno ha manifestado una y otra vez que la corrupción y el neoliberalismo han concluido en este país, pero nosotros como REMA,y cientos de otros grupos organizados en defensa por la vida, no vemos ni remotamente que ese cambio llegue más allá de lo que se cita todos los días DENTRO DE PALACIO NACIONAL. Diversos actores federales, estatales y municipales continúan operando en contubernio con empresarios a favor del despojoy si se les denuncia, son la intimidación, la desaparición o la muerte la única respuesta que tenemos.
Exigimos quede forma inmediata cese el hostigamiento, las amenazas y la represión en contra del compañero C.Roberto de la Rosa Dávila, ejercida por parte del gobierno mexicano y del Sr.Carlos Slim, quien actúa escondido a través de los operadores de su empresa Ocampo Mining Tayahua.
Que el Estado mexicano garanticen la seguridad de Roberto de la Rosa Dávila y demás personas que continúan habitando en las tierras de Salaverna luchando por una vida digna como campesinos y pastores.
Que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos, apegada al marco internacional de Derechos Humanos y se castigue a los/as culpables.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales afines en la defensa de la vida, para que de forma solidaria se sumen a esta exigencia que derive en la defensa de los derechos humanosy colectivos de la población de Salaverna y por supuesto, del compañero Roberto de la Rosa Dávila DEFENSOR DE LA VIDA Y EL TERRITORIO.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
