Compartimos este articulo de opinión publicado en La Jornada sobre el activismo en México y los riesgos de defender la vida – A 13 de abril de 2020
Asesinados, 147 ecologistas en 24 años, En lo que va del sexenio de AMLO han matado a 18 protectores de la naturaleza
Por Angélica Enciso L.
Entre 1995 y 2019, el periodo de cinco mandatos presidenciales, 147 defensores de la naturaleza han sido asesinados. Los estados que concentran el mayor número son Guerrero con 44, Oaxaca 23 y Michoacán 18. De ellos, 134 han sido hombres y 13 mujeres, indica Lucía Velázquez.
En el reporte La defensa del ambiente en México ¿cuestión de vida o muerte?, divulgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indica que se contabilizaron 17 asesinatos de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur en 1995, que pese a que no era ambientalista, entre sus demandas incluía el cese a la tala inmoderada, la protección de los recursos y la demanda de mejores condiciones de vida.
Indica que en el sexenio de Ernesto Zedillo 23 defensores ambientales fueron asesinados, cifra que bajó a seis con el panista Vicente Fox, para crecer casi seis veces con Felipe Calderón, cuando ascendieron a 35 los casos, y esta cifra casi se duplicó en la gestión de Enrique Peña Nieto, con 65. En la administración de Andrés Manuel López Obrador sumaban 18 hasta 2019.
El documento refiere que, de acuerdo con el Global Witness 2019, el año en que más defensores ambientales fueron privados de la vida fue en 2017, con 207 homicidios. Brasil presentó la mayor cantidad con 57. En 2018, el número se redujo, aunque aún fue alarmante: 165. Más de 50 por ciento de los crímenes ocurrieron en América Latina, indica.
Agrega que en México hay alrededor de 500 conflictos socioambientales, y en los que se han registrado asesinatos son: en el rubro forestal, 53 casos; despojo del territorio 37; minería, 24; proyectos energéticos relacionados con obras como gasoductos, eólicas e hidroeléctricas, 18; proyectos hidráulicos y políticas públicas de privatización del agua, siete; denuncias, tres; protección ambiental, proyectos turísticos y proyectos minero-forestales, uno en cada rubro.
Precisa que el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por su contradicción entre la política ecológica y los proyectos destructivos de gran escala, además del combate al crimen organizado, lo cual produjo un ambiente de violencia generalizado. Con Peña Nieto siguió la inercia, de gobernar verde, pero mantener megaproyectos y privatización. La actual admi-nistración puede ser el parteaguas entre una línea ambiental seria que erradique las prácticas de los anteriores presidentes y la continuación de proyectos de muerte que sólo benefician a unos cuantos.
En ocho años se documentaron 499
agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que
se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la
minería.
El homicidio es la agresión más recurrente; en
2019 se documentaron 15 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la
situación de las personas defensoras de los derechos humanos
ambientales.
Los asesinos llegaron a su casa la
mañana del 20 de febrero de 2019. Dijeron que llevaban un mensaje para
que se difundiera en la radio, pero en cuanto Samir Flores Soberanes
salió, le dispararon. El campesino náhuatl, fundador y locutor de Radio
Comunitaria Amiltzinko y uno de los principales opositores a la
termoeléctrica en Huexca, fue asesinado días antes de que el gobierno
mexicano realizara la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral
Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica y que contempla la
construcción de un gasoducto y un acueducto.
Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del ambiente y el
territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se
documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos
naturales.
El más reciente Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales,
realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra
que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de
defensores ambientales.
Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas
organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness: México es
uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa
del ambiente y el territorio.
En ese mismo período de 2012 a 2019, en México se registraron 499
ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y
territorio. “Esta cifra no es absoluta, ya que un gran número de
agresiones ni siquiera son denunciadas”, resalta Alejandra Leyva
Hernández, abogada de CEMDA y coordinadora del informe.
Ataques contra defensores de ambiente y territorio en México. Gráfico: CEMDA.
Homicidios e impunidad
Las agresiones que sufren los defensores del ambiente y el territorio
en México son diversas: homicidio, amenazas, intimidación, agresiones
físicas, criminalización, hostigamiento, difamación, desalojo, privación
ilegal de la libertad, allanamiento, robo, secuestro y desaparición
forzada.
Los datos recabados en el Informe realizado por CEMDA muestran que si
bien en 2019 disminuyó el número general de agresiones contra
defensores, el homicidio continúa teniendo los mismos números que 2017 y
2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años);
además, se coloca como una de las agresiones más recurrentes en contra
de los defensores en México.
En 2019, además del asesinato de Samir Flores, se documentaron 14
casos más. Entre ellos el de Luis Álvarez Flores, quien fue asesinado el
10 de junio de 2019. “Tío Guato”,
como también se le conocía, era defensor del santuario del mono
saraguato y del río Usumacinta, en Chiapas; en varias ocasiones denunció
la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río.
Los casos ocurridos en 2019 también muestran que varios de los
defensores que han sido asesinados, vivieron diferentes tipos de
agresiones antes de su homicidio.
Samir Flores Soberanes, por ejemplo, fue criminalizado y
estigmatizado. En 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo
acusó por “obstrucción de obra”. Y días antes de su asesinato, el
presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “radicales de
izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir.
Luis
Álvarez Flores fue asesinado el 10 de junio de 2019. Sus colegas
señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que
extraía ilegalmente arena de su propiedad. Foto: UMA Saraguatos.
Otros casos ilustran las consecuencias de la impunidad que cobija a los autores de las agresiones contra defensores.
Por ejemplo, en mayo de 2019, fueron asesinados los indígenas
rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en
Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en donde
persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. La mayoría de la
población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas
agresiones que viven desde hace ya varios años.
Otilia era sobrina de Julián Carrillo,
defensor de ambiente y territorio que denunció a quienes están detrás
de la tala ilegal de su comunidad. Julián fue asesinado en octubre de
2018, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado por el Estado
mexicano en 2012.
Ricardo Neves, representante de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México, señala que el mecanismo ha
demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de los
defensores.
Tania Reneaum Paszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional
México, remarca que en el país “persiste la impunidad. El Estado no
actúa cuando se denuncia alguna agresión”.
Los
habitantes de Coloradas de la Virgen llevan años padeciendo diversas
agresiones. De esta comunidad era Julián Carrillo, quien denunció la
tala ilegal en su territorio y fue asesinado en octubre de 2019. Foto:
Cortesía Alianza Sierra Madre.
Proyectos energéticos, minería y agresiones
En 2012 se registraron 24 agresiones contra defensores de ambiente y
territorio. Ese número creció en forma significativa conforme avanzó el
sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los años más violentos fueron 2015 y 2016, cuando se registraron 107 y 85 ataques, respectivamente,
resalta Manuel Llano Vázquez, fundador de CartoCrítica, organización
que analizó los datos sobre ataques contra defensores documentados por
CEMDA desde 2012.
El informe de CEMDA resalta que el alza en las agresiones se presentó
después de entrar en vigor la llamada “reforma energética”, la cual
tenía entre sus objetivos impulsar la participación privada en la
producción y refinación de hidrocarburos, así como en la generación de
la energía eléctrica.
Esta reforma trajo consigo un incremento de megaproyectos en todo el
país, desde gasoductos, explotaciones petroleras, así como parques para
la producción de energía eólica y solar.
Infografía: CartoCrítica.
El análisis realizado por CartoCrítica también permite observar que
durante el periodo de 2012 al 2019, la mayoría de las agresiones (141)
fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos
relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y
parques eólicos.
Las agresiones contra defensores que se oponen a proyectos mineros e
hidráulicos también están entre las que más se registraron durante ese
periodo.
Las entidades con el mayor número de agresiones son Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz.
En el caso de Oaxaca, resalta el municipio de Juchitán de Zaragoza,
donde los ataques se han producido contra defensores que se han opuesto a
la construcción de proyectos para la generación de energía eólica.
Actualmente, en la zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, en
Oaxaca, hay 28 parques eólicos que suministran energía a grandes
empresas e industrias.
Los defensores de ambiente y territorio
—resalta Alejandra Leyva— se enfrentan a intereses económicos basados en
un modelo y una visión de desarrollo que no toma en cuenta a las
comunidades y la diversidad cultural. “Existe una presión sobre los
territorios y la biodiversidad, que se beneficia de legislaciones
flexibles (como la Ley Minera) y la falta de cumplimiento de derechos
básicos, entre ellos la consulta libre e informada”, resalta la abogada
de CEMDA.
Comunidades
indígenas de la Sierra Norte de Puebla se oponen a la construcción de
una hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Foto: Cortesía Fundar.
Evolución y persistencia de las agresiones
Manuel Llano, de CartoCrítica, resalta que se identificaron 140
ataques, registrados entre 2012 y 2018, que tuvieron como agresores a
las fuerzas de seguridad. “Los tres órdenes de policía (federal, estatal
y municipal) generaron agresiones de manera constante. Ante una
disminución de las agresiones de la policía federal al final del
periodo, hay un aumento en el uso de la Marina. El ejército aparece
intermitente, pero constante”.
Entre los probables agresores también se señala a personal de las
empresas, grupos paramilitares, narcotráfico y personas de las mismas
comunidades.
Al analizar las agresiones también es posible observar que durante
los primeros años de gobierno de Peña Nieto (2013-2014), los ataques más
recurrentes fueron amenazas, agresiones físicas y uso indebido de la
fuerza. Esto se modificó a la mitad del sexenio, cuando aumentó la
difamación y el hostigamiento en contra de los defensores. Y al final
del periodo, se incrementaron —a más del doble— el homicidio y la
privación ilegal de la libertad. Una constante fueron la criminalización
y la intimidación.
Infografía: Cartocrítica.
La legislación de México —destaca Tania Reneaum— permite que se
criminalice a quienes están en contra de proyectos públicos. Amnistía
Internacional ha acompañado casos de defensores del Estado de México,
Puebla y Chiapas a quienes se les ha procesado, encarcelado y condenado a
pagar reparaciones millonarias.
Con el gobierno de Andrés López Obrador (el cual comenzó en diciembre
de 2018), la situación para los defensores de ambiente y territorio no
ha cambiado mucho.
En el actual sexenio, además de los 15 asesinatos registrados en
2019, se suman amenazas que han recibido defensores —entre ellos Pedro
Uc Be— que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.
Después del asesinato de Samir, durante 2019 se registraron cuatro
agresiones —criminalización y hostigamiento— contra otros miembros del
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y
Tlaxcala.
Los datos de 2019 también muestran que 40.5 % de las agresiones
tienen como presunto responsable al gobierno en sus distintos niveles.
“No hay un cambio estructural que permita disminuir las agresiones
contra los defensores, continúa el impulso de megaproyectos y la
política energética sin cambios”, resalta Alejandra Leyva, de CEMDA.
Mongabay Latam solicitó al subsecretario de derechos humanos de la
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, su postura sobre el
informe, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), pero no se tuvo respuesta.
Mujeres
que por las amenazas y ataques contra sus familiares fueron forzadas a
salir de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara,
Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019. Foto: Ginnette Riquelme
Urge que México ratifique Acuerdo de Escazú
Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, destaca
que en aún “no se entiende que los defensores ambientales y de
territorio son víctimas directas de un modelo económico extractivista; víctimas de la omisión del Estado”.
Los defensores ambientales y de territorio, insiste, “no solo
defienden agua, aire, tierra, árboles. Defienden la vida, la identidad
cultural de una comunidad”.
Ante la crítica situación que viven los defensores de ambiente y
territorio en México, la directora de Amnistía Internacional, el
representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en México y CEMDA llamaron al gobierno mexicano a
ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina, conocido como el Acuerdo de Escazú.
Este es el primer tratado en el mundo y la región que plantea la
obligación, por parte de los Estados, de proteger la labor de las
personas defensoras ambientales. Entre otras cosas, obliga a los
gobiernos a contar con mecanismos claros de consulta a las comunidades.
Hasta ahora este acuerdo solo ha sido ratificado por siete países y
hay dos más que están en proceso de hacerlo. Para que el tratado entre
en vigor se requiere que, por lo menos, once países lo ratifiquen.
El Acuerdo de Escazú otorgaría mayores herramientas de lucha —les
permitiría llevar sus casos a tribunales internacionales— a defensores y
las comunidades que no están dispuestos a bajar la guardia y que exigen
justicia para sus compañeros asesinados.
Este es el caso de los integrantes de la Asamblea de la Resistencia
de Amilcingo, Morelos, a la que pertenecía Samir Flores Soberanes, y que
es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua,
Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone al Proyecto Integral Morelos.
Para Jorge Velázquez, miembro de la Asamblea, la mejor forma de
hacerle justicia a su compañero Samir es “seguir firmes en la lucha.
Seguir en la defensa de nuestros recursos naturales”.
*Imagen principal: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos, después del asesinato de Samir Flores en febrero de 2019.
Compartimos el pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras – A 20 de marzo de 2020
Mesoamérica, 20 de marzo de 2020 – Desde hace unos días, nuestros abrazos se han convertido en palabras de aliento que se diluyen en la distancia. La
incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en
situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo
de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades.
La crisis provocada por la irrupción a escala global del COVID-19 llega a un mundo que ya enfrenta serias crisis
(de cuidados, de cambio climático, de violencia, desigualdad, derechos
humanos, entre otras) y expresa la insostenibilidad del modelo
político, social y económico imperante en el planeta, reproducido por
los Estados cada vez más controlados por intereses privados. Por ello esta situación está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre nosotras, nuestras comunidades y nuestras luchas.
Este
modelo, basado en la depredación “capitalista, racista y patriarcal”, en
palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, durante décadas se ha
centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las
estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado
colectivo, dejando a la mayoría de personas sin acceso a una vida digna.
Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos
dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de derechos
humanos y justicia social.
Nos preocupa que los Gobiernos se
aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión
pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo manifestaron recientemente un grupo de Relatores y Relatoras independientes de Naciones Unidas.
En
Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia
basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o
toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las
formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las
condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta
crisis son patentes. En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su
responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el
acceso a información de salud.
La aplicación de estos planes de emergencia afecta profundamente el trabajo de las defensoras.
Limita su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de
sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por
actores estatales (a la fecha hemos registrado agresiones contra
defensoras en Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco de esta crisis) y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares.
Desde nuestra apuesta política por el
cuidado colectivo y la protección integral feminista contemplamos el
panorama abierto por la crisis del COVID-19 con mucha preocupación, pero
también vemos en el horizonte la posibilidad de cambiar colectivamente
las estructuras sobre las que organizamos nuestras sociedades.
Las
mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra región,
como advirtió la lideresa afroindígena garífuna Miriam Miranda, además
de ser los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, son
también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y
superar esta crisis: el saber del cuidado mutuo y la reproducción de la
vida, la construcción de autonomías, el cuidado y cultivo de la tierra y
el agua que nos alimenta o sistemas de salud alternativa y
espiritualidades emancipadoras.
Desde la IM-Defensoras exigimos a los Estados:
Que
afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado
colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria,
social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de
clase, etnia, edad, orientación sexual y género.
Que se
abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en
funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los
derechos humanos.
Que no
aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para
agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y
personas defensoras de derechos humanos.
Que
reconozcan y establezcan una interlocución abierta con las mujeres, las
defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para
construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el
mantenimiento de la sociedad y de la vida.
Que
implementen políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de
riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad,
poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de
corporaciones, empresas y élites económicas.
Que
garanticen mecanismos efectivos de prevención, protección y atención
urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que
potencialmente pueden generar las situaciones de confinamiento.
Que
garanticen el flujo de información transparente, objetiva y contrastada
hacia el conjunto de la población, con el fin de contrarrestar fake-news (noticias falsas) y otras informaciones que contribuyen a exacerbar el miedo y la confusión.
Que dejen
de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y
estigmatización de las personas con COVID-19 y que la atención de
pacientes se maneje de forma responsable, científica y laica.
Asimismo, hacemos un llamado a
organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general a
cuidarnos y acuerparnos colectivamente, a promover la
solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios,
creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas,
vigilantes y activas en la construcción de alternativas de vida que, tal
y como pone de relieve la crisis actual, cada vez son más urgentes y
necesarias.
¡Transformemos el miedo en abono de libertades y derechos para el presente y el futuro!
¡Viralicemos la solidaridad!
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica) Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador Consorcio Oaxaca Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IN-Defensoras) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
Comunicado de Otros Mundos Chiapas en el marco de acciones de la Jornada de la Defensa del Territorio y de la Madre Tierra «Samir Somos Todas y Todos» – A 20 de febrero de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<
20 de febrero de 2020, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Otros Mundos Chiapas nos unimos a las exigencias de justicia para el compañero Samir Flores Soberanes, a un año de su asesinato. Samir era habitante de Amilcingo Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo un defensor de la vida.
En el marco de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”, recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminción de los pueblos. Denunciamos la grave imposición de megaproyectos en todo México. Mientras esto siga continuará la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.
Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. Durante el 2019 fueron asesinados 32 defensores y en lo que van de este año se suman dos muertes que, junto con Samir Flores, exigimos justicia para Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de las Mariposas Monarcas en Michoacán, y justicia para todas y todos que pierdan la vida en esta lucha. Nadie que defienda la vida tiene que morir, pero su partida son semillas que se siembran para seguir defendiéndola.
¡Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida!
¡Alto a la devastación ambiental y cancelación de megaproyectos!
Imágenes: Brigada de arte comunitario «Talimakalsinan nanu» y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre – A 13 de febrero de 2020
Los defensores del medio ambiente sufren la mayor cantidad de agresiones, según Front Line Defender, una organización internacional de Derechos Humanos. En México el impulso a megaproyectos de desarrollo desde el gobierno federal aumenta su vulnerabilidad
Texto: Arturo Contreras Camero
Los guardianes del medio ambiente son los más amenazados del mundo. 40 por ciento de los defensores de derechos humanos asesinados el año pasado estuvieron vinculados con este tipo de temas según el informe Análisis Global 2019 de la organización internacional Front Line Defenders.
En el caso mexicano la situación es peor. El 75 % de los defensores
asesinados trabajaban temas ambientales, defensa de la tierra y pueblos
indígenas. El año pasado 304 personas que defienden derechos humanos
fueron asesinadas en el mundo.
América Latina es la peor región del mundo para ser defensor de
Derechos Humanos, pues concentra el 90 por ciento de los asesinatos, y
de los 5 países con más defensores asesinados, 4 son de este continente.
En primer lugar está Colombia con 106 asesinatos, seguido por
Filipinas, 43; Honduras, 31; México con 24, y Brasil con 23.
Los casos en México podrían aumentar, pues la organización sigue
documentando casos. En el país, en lo que va de este año, han sido
asesinados tres defensores. A este contexto hay que añadir la impunidad,
pues de las 24 muertes de 2019, 11 cuentan con carpetas de
investigación, pero en ninguno hay indicios de justicia.
Así como en el caso de la violencia contra periodistas, las
agresiones en contra de defensores de Derechos Humanos son perpetradas o
facilitados por personas en el poder, ya sean funcionarios del
gobierno, policías o miembros del ejército. Entre ellos destaca el papel
de los poderes municipales, quienes se ven involucrados en lso casos
por omisión, acción o aquiescencia, es decir, que se hayan beneficiado
de alguna manera por las agresiones
Destruir el medio ambiente para combatir la pobreza
Desde la entrada de la nueva administración federal se implementó una
política de combate a la pobreza a través de la creación de
megaproyectos ambientales que buscan desarrollar zonas rurales del país.
Con ello, según dice el informe, aumentó la criminalización en contra
de estos actores, que son los menos visibilizados y quienes mayor acceso
tienen a estas comunidades.
“El continente fue testigo de la creciente privatización de los
servicios públicos básicos, la flexibilización de la legislación
ambiental y laboral, la creación de nuevas leyes para debilitar el
activismo de derechos humanos y el desmantelamiento de las políticas
diseñadas para hacer frente a la desigualdad” señala el informe.
Ángeles Hernández, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos
señaló que es importante identificar y reconocer la diversidad de
personas defensoras. “Son los que están allá afuera luchando por
construir un mejor panorama y por cambiar el mundo que vivimos, que
están luchando porque la dignidad de todos sea respetada”.
Al respecto, Jesús Peña, representante del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos de la ONU, dijo: “La mitad de las persona defensoras
tenían un vínculo con la defensa del medio ambiente por el contexto en
el que viven. Don escritoras, maestras o comunicadoras que decidieron no
quedarse calladas. Estas personas son los agentes fundamentales para
asegurar un futuro sostenible. Sus asesinatos y desaparición es el
culmen de la agresión, resultado de una criminalización que señala que
quienes protegen el medio ambiente se oponen al desarrollo”.
La deuda con las mujeres
En este esquema de agresiones, hay un subregistro de las mujeres,
aseguró Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de
Front Line Defenders.
“Las defensoras jugaron un gran papel importante liderando esfuerzos
por defender a personas defensoras de derechos Humanos, impulsando
estos proyectos a nivel nacional. Son ellas quienes, mientras más
levanta la voz, mientras más ocupan espacios, encuentran imposiciones de
grupos locales. Las señalan, usan contra ellas lenguaje que
estigmatiza, que es misógino, y buscan exponer su vida privada. Lo hemos
visto con mujeres periodistas y defensores de derechos reproductivos.
Esto obliga a que las defensoras muchas veces opten por tener menos
visibilidad en sus casos. Por ello, en este tipo de agresiones es muy
probable que exista un subregistro, pues el número de casos que son
públicos no empatan con los niveles de violencia de género que existen
en el país.
Los defensores migrantes, la otra alerta
A la par de la invisibilización de las mujeres, en el país hubo una
crecida en las agresiones contra defensores de la población migrante.
Desde el cambio en la política migratoria del Gobierno de México, a raíz
de las presiones comerciales de Estados Unidos, hay una mayor
criminalización en contra de la migración, y por tanto una restricción a
los que los defienden.
Desde la primera caravana de migrantes a finales de 2018 a la fecha
hay 64 hechos de agresiones a defensores de migrantes, entres ellas
destacan los ataques a albergues, entre los que hay intentos de
allanamiento de la Guardia Nacional, revisiones migratorias afuera de
los albergues y criminalización de defensores, como el caso de Irineo
Mújica y Cristóbal Sánchez, quienes enfrentaron cargos de trata de
personas y fueron detenidos sin pruebas.
“En este panorama encontramos un discurso estigmatizante a partir de
acciones criminales. Se habló de que los albergues podrían estar
inmiscuidos en trata de personas. Incidentes como el incendio al
albergue de La Sagrada Familia en Tlaxcala, o la desaparición del
defensor Aarón Méndez. Incluso, en esta situación hay otras personas que
ni siquiera pueden dar sus nombres, pues pueden ser deportados”,
aseguró Ángeles Hernández, de la red TDT.
El ejemplo de Nahuatzen
Durante la presentación del informe Efraín Avilés, del Consejo
Ciudadano Indígena Nahuatzen compartió su testimonio sobre las
agresiones que enfrentan en su comunidad. Desde hace unos años el
poblado de Nahuatzen, en la meseta purépecha de Michoacán lucha por un
proceso de autonomía y autodeterminación. “En 2015 nuestra comunidad
decide tomar ese camino por la inseguridad y por los problemas de Tala
Clandestina que tenemos. Ese año tuvimos muertes por luchar en contra
del rezago histórico que tenemos en atención a servicios básicos”.
De acuerdo con el último informe de Coneval, este municipio es el más
pobre de Michoacán. Actualmente hay tres personas detenidas ilegalmente
por defender el ambiente.
“Enfrentamos una situación difícil. No recibimos atención por parte
de las instituciones de defensa del medio ambiente, por lo que el
proceso de reforestación que queremos llevar a cabo parece imposible.
Pedimos que nos apoyen en algo, en lo que sea. Esperemos se logre en
este año”, dijo el representante de la comunidad.
“Lo que buscamos es que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que se reconozca nuestra autonomía. Estamos convencidos que con hace falta un proceso de reconocimiento por parte del gobierno federal; que reconozca que nuestra cultura ha sido poco menos que forzada a desaparecer”.
Compartimos la siguiente nota publicada en Avispa Midia sobre el hostigamiento y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en México – A 8 de enero de 2020
Por Eugenia López
El
año que acabamos de despedir fue particularmente violento para
defensores de derechos humanos y activistas: a lo largo del año 2019 se
registraron más de 30 asesinatos, principalmente en el sureste del país.
Enero sangriento
El
primer asesinato fue registrado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas.
Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los
Derechos Humanos fue atacado cerca de su domicilio después de haber
participado en protestas en demanda de agua potable.
Pocos
días después, el 18 de enero, en la misma entidad fueron asesinados Noé
Jiménez Pablo y José Santiago Gómez en Amatán, Chiapas. Jimenez Pablo
era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento
Nacional y Gómez era parte del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el
Bien Común. En ese entonces, los dos estaban involucrados en un plantón
que exigía la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga,
quien fue destituido dos semanas después.
El
día 20 de enero, Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de
los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su
vivienda después de haber manifestado su oposición a la instalación de
una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca.
Al
día siguiente, Bernardino García Hernández fue asesinado en Zimatlán,
Oaxaca. Él era el enlace de su comunidad para la resolución del
conflicto por la delimitación de tierras que mantienen con la localidad
de San Sebastián Nopalera.
Defensores del territorio y comunicadores
El
mes de febrero fue marcado por el asesinato de Samir Flores Soberanes,
indígena náhuatl, originario de Amilcingo, Morelos. Él era fundador de
la radio comunitaria Amilzinko 100.7, miembro del Frente Pueblos en
Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala y
era conicido por oponerse férreamente al Proyecto Integral Morelos
(PIM).
El
2 de mayo, el director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM
“La Voz Zapoteca”, Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado en el
municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. El también
integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su
comunidad.
Durante
el último mes del año, Josué Bernardo Marcial Santos conocido como
“TíoBad” fue asesinado y su cuerpo abandonado en el acceso a San Juan
Evangelista, en el sur de Veracruz. Originario de Sayula de Alemán,
luchaba con rap para preservar la lengua mixe-popoluca, y denunciaba el
despojo en su territorio por el fracking, el narco estado y los
asesinatos a periodistas. También fue delegado de su pueblo en el
Congreso Nacional Indígena (CNI).
En el estado de Guerrero fueron asesinadas al menos 5 personas.
El
5 de mayo, fueron encontrados los cuerpos de José Lucio Bartolo
Faustino, miembro del Concejo Indigena de Gobierno (CIG), y Modesto
Verales Sebastián, delegado del CNI, después de varios días de haber
desaparecido tras asistir a una reunión en la ciudad de Chilpancingo.
Un
mes después, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de
José Joaquín de Herrera. Máximo Hilario fue comandante regional de la
Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro
del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata
(Cipog-EZ).
El
11 de octubre, un grupo armado atacó a Isaías Cantú Carrasco,
comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e
integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del
Territorio (Craadt), quien luchó contra la explotación minera y la
imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá. Ese mismo
día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña,
en Tlapa de Comonfort.
La Sierra Tarahumara de Chihuahua también fue el escenario de varios asesinatos de defensores del territorio a lo largo del año.
El
1 de mayo, un grupo armado mató a Otilia Martínez Cruz y su hijo
Gregorio Chaparro Cruzv en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En 2018, un
familiar de las víctimas, Julián Carrillo Martínez, también había sido
asesinado. Él indígena rarámuri era defensor del bosque de Coloradas de
la Virgen.
El
domingo 13 de octubre, fue secuestrado y asesinado el activista Cruz
Soto Caraveo en la comunidad Los Llanos, Chihuaha. Él había recibido
amenazas previas por parte de civiles armados y desde hace un par de
años se encontraba desplazado, luego que un grupo delictivo lo despojó
de sus tierras y las convirtió en un sembradío de marihuana y amapola.
Represión de la comunidad LGBTQI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual y más)
El sábado 9 de febrero, murió asesinado el activista muxe Óscar Cazorla,
defensor de los derechos LGBT en Juchitán, Oaxaca. El activista fue
fundador de “Las Auténticas intrépidas buscadoras del peligro”, una de
las mayores festividades de la diversidad sexual.
En
Veracruz, el joven activista Miguel Ángel Medina fue asesinado a golpes
de piedras. Localizaron su cuerpo en el cementerio Gregorio Vidal Alor,
en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como
desaparecido.
Buscadores de personas desaparecidas
El activista Abiram Hernández Fernández,
quien era conocido por su acompañamiento a familias de personas
desaparecidas, fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de
marzo.
El 19 de julio de 2019 Zenaida Pulido Lombera murió asesinada después de un ataque a balazos mientras circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la desaparición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.
Compartimos este artículo publicado en Pie de Página sobre la represión a defensoras y defensores de derechos humanos durante el 2019 – A 29 de diciembre de 2019
El año que termina destacó por los ataques en México contra defensores de derechos humanos y activistas. Las víctimas fueron ambientalistas, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros. En tres estados se concentraron las agresiones.
Texto: Redacción Pie de Página
El 2019 quedó marcado por los ataques y asesinatos contra activistas y
defensores del territorio en todo el territorio mexicano. Al menos una
treintena de activistas fueron asesinados, principalmente en el sureste
del país.
En el actual sexenio de López Obrador, particulares y autoridades han
matado a 33 activistas. Y 32 de los casos ocurrieron en 2019. Los
estados con más asesinatos contra defensores son Oaxaca (7), Chiapas (6)
y Guerrero (cinco).
Los ataques han sido hacia defensores del territorio, ambientalistas,
activistas que demandan mejores servicios, defensores de la comunidad
LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y
policías comunitarios, entre otros.
Los ataques evidenciaron la poca efectividad de las medidas
cautelares aplicadas por el gobierno mexicano. Algunas de las víctimas
eran beneficiarias del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos
Humanos y Periodistas.
Chiapas: la más peligrosa
El primer asesinato registrado, el 3 de enero, es el de Sinar Corzo
Esquinca, en Arriaga, Chiapas. El integrante del Comité Ciudadano de
Defensa de los Derechos Humanos había acompañado a pescadores la región
en protestas y a vecinos que demandaban agua potable. Lo mataron cerca
de su domicilio, en la cabecera municipal de ese municipio.
El 18 de enero asesinaron a Noé Jiménez Pablo, miembro de la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, y José Santiago
Gómez, del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común en
Amatán, Chiapas. Los activistas se mantenían en un plantón frente a la
alcaldía de ese municipio para exigir la renuncia del regidor morenista
Manuel Carpio Mayorga, destituido dos semanas después.
Los homicidios de Noé Jiménez y José Santiago evidenciaron la poca
eficacia de las medidas de cuidado de activistas por parte del gobierno
mexicano, ya que ambos eran beneficiarios del Mecanismo de protección
para personas defensoras de derechos humanos.
En los límites de Tabasco y Chiapas, el 10 de junio, mataron a José Luis Álvarez Flores,
defensor de la preservación del mono Saraguato y del Río Usumacinta. El
ambientalista había recibido amenazas de muerte tras denunciar la
extracción ilegal de arena del río.
El 18 de junio, a Mario Moreno López, de 64 años de edad, lo mataron
en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Era miembro del Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
Marcha fúnebre por Noé Jiménez y José Santiago. Foto: Francisco López Velázquez
Oaxaca: conflictos territoriales y medio ambiente
Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de
Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda el 20
de enero. El activista había manifestado días antes su oposición a la
instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago
Jocotepec, Oaxaca, por la escasez del líquido.
Al día siguiente, en la misma entidad, el activista Bernardino García
Hernández fue asesinado. Estaba en un estanque alimentando peces. El
activista era representante de su comunidad en las comisiones para
lograr la paz entre los poblados de Zimatlán y San Sebastián Nopalera,
en conflictos por la delimitación de las tierras.
La presencia paramilitar
El 23 de enero, en Amatenango, Chiapas, un comando asesinó a la
activista Estelina Gómez López. Se identifica como un ataque
paramilitar. La defensora era integrante de la Organización Popular
Ricardo Flores Magón.
El activista denunció amenazas en varias ocasiones, tanto por
autoridades locales y de la Comisión Federal de Electricidad, en medio
de su oposición a las altas tarifas eléctricas.
Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del
Territorio de la Zona Oriente del Istmo, del Comité Regional Istmo de
Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de
derechos laborales.
El 30 de noviembre, en un ataque armado, murió el defensor indígena
Catalino Barradas Santiago. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a
Pueblos Indígenas denunció que se trató de una ejecución extrajudicial a
manos de la policía municipal de Santos Reyes Nopala, Oaxaca. Eran las
vísperas de las elecciones de esa comunidad. En el ataque resultaron
heridas otras dos personas, observadores de que los comicios ocurrieran
con legalidad.
Activistas y comunicadores
El periodista y defensor de derechos humanos Rafael Manríquez Murúa
fue asesinado en Mulegé, Baja California Sur, el 21 de enero.
Supuestamente, el gobierno mexicano lo protegía por medio del Mecanismo
de protección de defensores de derechos humanos.
El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez,
asesinaron al director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM
“La Voz Zapoteca”. El también integrante de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) cayó en una emboscada, en el
municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. Santiago
Enríquez promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su
comunidad.
El homicidio de Samir Flores ocurrió el 20 de febrero, tres días
antes de que el gobierno federal realizara una consulta pública para
decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto
Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un
foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado
federal en en la entidad.
El 7 de noviembre, la historiadora, antropóloga y activista Raquel Padilla fue
asesinada dentro de su vivienda en Ures, Sonora. Las investigaciones de
la Fiscalía estatal apuntan a que Juan Armando Rodríguez Castro, su
pareja sentimental, la atacó con un arma blanca. Las autoridades
investigan el crimen como feminicidio.
El 25 de marzo, un hombre mató a tiros a Eulodia Lilia Díaz Ortiz,
integrante del Consejo Indígena del Trueque, en Santiago Tianguistengo,
Estado de México. El crimen ocurrió en medio de una pugna por monetizar
uno de los pocos tianguis de trueque prehispánicos que perviven. El
agresor es cercano al anterior presidente municipal, Antonio Barrera.
Raquel Padilla. Foto: Daliri Oropeza/Archivo.
Contra buscadores de personas desaparecidas
El activista Abiram Hernández Fernández
fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo. Destacó
en la comunidad por su acompañamiento a familias de personas
desaparecidas. De acuerdo con la información de las autoridades locales,
el sociólogo murió a golpes.
Zenaida Pulido Lonbera murió asesinada después de un ataque a balazos
el 19 de julio de 2019. La activista circulaba en compañía de su esposo
en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila,
Michoacán. La activista había denunciado la despaarición de personas en
la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas
clandestinas en la entidad.
Artistas urbanos
El asesinato del muralista Héctor Armando Domínguez ocurrió el 19 de
abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Con él murieron también su
padre Aureliano y su hermano Juan Manuel. En 2018, Héctor Armando ya
había sufrido un atentado afuera del colegio donde daba clases de artes
plásticas.
Cinco días antes, un grupo armado mató al DJ Héctor Mauricio Rosas
Hernández, alias “Mub Times”, de la Asociación Mundo Ritual, AC.
Mauricio era un Dj que promovía la paz en Guanajuato, y el rescate de
los jóvenes de la colonia Obrera de esa entidad.
Otro músico y activista fue asesinado en el último mes del año. El
jaranero “TíoBad” sufrió un secuestro, y tras, varios días
desaparecido, lo hallaron muerto. El activista luchó por la lengua
mixe-popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, Veracruz, y
denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking, los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua.
Protesta por asesinato de TíoBad. Foto: Ehécatl Ríos/Archivo.
Guerrero: contra indígenas y policías comunitarias
El 5 de mayo, activistas y autoridades hallaron los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, concejal nahual, y Modesto Verales Sebastián,
delegado del Congreso Nacional Indígena. Los activistas desaparecieron
tras una emboscada un día antes, cuando regresaban de una reunión en la
ciudad de Chilpancingo.
Un mes después, también en Guerrero, asesinaron a Eugenio Máximo
Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. El crimen ocurrió
en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.
Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos
Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del Concejo Indígena y
Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
El 11 de octubre, en Guerrero, grupos armados atacaron a dos
activistas en distintos hechos. El primer caso se trata de Isaías Cantú
Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en
Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias
en Defensa del Territorio (Craadt). Cantú luchó contra la explotación
minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región
me´pháá.
Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfot.
Compañeros de su organización y autoridades hallaron su cuerpo 40 días
después en una fosa clandestina. Los compañeros del también líder de
vendedores de Tlapa responsabilizaron de la desaparición de Arnulfo al
alcalde de ese municipio, Dionisio Merced Pichardo.
Arnulfo Cerón. Foto: Lenin Mosso/Archivo.
Ataque a activista en CDMX
El asesinato de activistas ocurrió también en la capital del país,
contra una vecina que se oponía al desarrollo inmobiliario irregular. El
1 de julio, en su departamento de la colonia Condesa, sus vecinos
hallaron muerta a María Cristina Vázquez Chavarría. La mujer era
integrante de un movimiento vecinal en contra de construcciones que
violan las leyes de planeación en la capital.
A través de videos, los vecinos constataron que un hombre desconocido ingreso al edificio de la víctima, el día de su asesinato.
Chihuahua: ataques en la sierra Tarahumara
El 1 de mayo, un grupo armado mató a una madre y su hijo ecologistas. Las víctimas fueron Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz.
El crimen ocurrió en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Testigos señalan que
los autores pertenecen al grupo delincuencial “Los Chorohuis”. Madre e
hijo eran defensores del territorio. En 2018, un familiar de las
víctimas, también ecologista, murió asesinado. Se trata de Julián
Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas
de la Virgen.
Cruz Soto era integrante de un colectivo de familias que el crimen organizado desplazó de Guazapares, Chihuahua. Tuvo que salir de su comunidad desde 2014.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) a propósito del día internacional de los Derechos Humanos – A 18 de diciembre de 2019
Hace unos días, en el marco de la conmemoración de los 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) otorgó a Epitacia Zamora Teodoro, la Condecoración “Eleanor Roosevelt”, por su destacada labor en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Es fundamental honrar y hacer reconocimiento de aquellas valerosas personas que se han dedicado a defender la vida poniendo en riesgo la suya. Sin embargo, es lamentable que instituciones de derechos humanos, o cualquier otra, utilicen de mala fe y se apropien de las historias de mujeres y hombres honorables para cumplir con el mandato de aparentar preocupación por los derechos humanos, mientras en este país se asesina impunemente a cientos de defensoras y defensores sin que estas instituciones hayan hecho algo para impedirlo.
La CDHEC difícilmente, junto a esta condecoración, va a contar y reconocer la historia real de Epitacia Zamora Teodoro; ¿Por qué fue que esta defensora murió hace casi 5 años? ¿Qué fue lo que realmente provocó su muerte y cómo fue que la propia CDHEC (siendo Roberto Chapula de la Mora su titular)propició y abonó a la irreversible fractura comunitaria que hasta el momento perdura en la comunidad indígena de Zacualpan.
Pita como todas y todos la conocíamos fue una mujer indígena sólida,venerable, valiente, tenaz, osada que a lo largo de su vida se enfrentó al poder del estado represor que le propinó muchos golpes. Es imprescindible no olvidarlas batallas que esta gran mujer, su familia y su pueblo han vivido, luchado,ganado y también perdido por defender su territorio contra toda la fuerza del aparato Estatal y sus instituciones estatales y federales que imponen su modelo extractivo.
Pita nació en la comunidad indígena nahua de Zacualpan, Municipio de Comala, en el estado de Colima; tuvo 4 hijas y dos hijos, “en 1995 sufrió la muerte de uno de sus hijos tras ser golpeado por agentes policíacos del municipio de Villa de Álvarez, aunque después las autoridades argumentaron que se había suicidado en la cárcel” como lo documentó la Revista Proceso en Febrero de 2015.
Pita trabajó por 8 años como jornalera en una empresa agrícola ubicada en la comunidad Loma de Fátima, cuyo propietario era quien fue diputado local priísta José Verduzco Moreno y cuyo administrador era Mario Anguiano Moreno, quien era gobernador el año en que ella murió (2015). Precisamente por el contacto que Pita tuvo con los agroquímicos que se utilizaban en esa empresa, se le diagnosticó anemia mielodisplásica lo que provocaba que las plaquetas bajaran de manera drástica y la llevaba a pasar a veces hasta 7 meses en el hospital.
En el año 2013 la Comunidad Indígena de Zacualpan (con Pita al frente)emprendió una lucha contra la empresa minera Gabfer S.A. de C.V. que pretendía extraer oro, plata, cobre y manganeso a 800 metros del nacimiento de agua que abastece a la comunidad y a casi 300 mil personas de Colima y Villa de Álvarez. En ese mismo año se constituyó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) y unos meses más tarde fue destituido el Comisariado de Bienes Comunales que apoyaba el proyecto minero. Pita y su planilla fue electa, quedando ella como Secretaria del Comisariado, y Olivia Teodoro como Tesorera. Esta era la primera vez que dos mujeres formaban parte del Comisariado en Zacualpan.
El gobierno del Estado enfurecido por esta situación desató una campaña de odio contra el CIDTZ y mandó a la policía a reprimir a la comunidad. La CDHEC por su parte actuaba como alfil del gobierno del estado y con mala fe llevaba información falsa y confundía a algunas personas de la comunidad para que se enfrentaran entre ellas, inclusive entre familiares, lo que hasta la fecha no se ha podido revertir.
La presión por parte del gobierno y la policía, las amenazas de muerte y la intimidación le provocaron a Pita una diabetes que antes no tenía y que en el momento de mayor represión en Zacualpan la llevó a un derrame cerebral que aunado a la enfermedad causada por los agroquímicos a los que fue expuesta y la pésima atención en el Hospital Regional Universitario la llevó finalmente ala muerte.
¿Qué sentido tiene hoy entregar un papel reconociendo su labor de defensora de derechos humanos cuando la misma CDHEC cierra los ojos ante la violación a los propios derechos de Epitacia Zamora Teodoro? Violentados sus derechos como indígena, como mujer, como trabajadora, como defensora, como madre,como paciente. ¿Por qué no se abre una investigación sobre el tipo de agroquímicos que usan las empresas agrícolas, que enferman a la población en Colima y que llevaron a Pita a la muerte? ¿Por qué no se busca dar seguimiento a las múltiples denuncias ante la CNDH y hasta la CIDH por el acoso y el uso excesivo de las fuerzas públicas en la Comunidad indígena de Zacualpan por el gobierno del Estado de Colima?
En 2015 el CIDTZ se integró a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería(REMA) y hoy desde aquí le decimos a Sabino Hermilo Flores Arias, titular de la CDHEC, que un papel de reconocimiento enmarcado NO BASTA, que no es suficiente para sanar y cerrar las heridas que siguen sangrando en la tierra de Epitacia Zamora Teodoro… Zacualpan.
¡PITA VIVE, LA LUCHA DE ZACUALPAN SIGUE!
RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTAD/OS POR LA MINERÍA
