Minera derrama casi 6 millones de litros de desechos tóxicos en Durango

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 6 mayo de 2020

En días pasados, diversos medios de comunicación informaron que la empresa Exportaciones de Minerales de Topia derramó desechos tóxicos en las inmediaciones del río Humaya que fluye por los Estados de Durango y Sinaloa, poniendo en riesgo la salud de la población de las comunidades cercanas, situación que se agrava ante la imposibilidad de contar con agua suficiente y limpia durante el resto de la contigencia por el COVID-19.

Mediante un comunicado oficial publicado el lunes pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), señaló que el derrame supone un total aproximado de 6 mil metros cúbicos de jales por lo que clausuró de manera “temporal total” la operación de la empresa que se dedica al beneficio de minerales metálicos (plomo y zinc) en el municipio de Canelas, Durango.

Aunque en su comunicado no se específica el tipo de jales que se derramaron, en términos generales se trata de los desechos integrados por una mezcla pastosa y acuosa que contienen altas concentraciones de metales pesados tóxicos que son potencialmente peligrosos para la salud y el ambiente, los cuales son el resultado de los procesos de la molienda de las rocas, y en algunos casos derivados de los procesos de lixiviación, una vez que han sido extraídos los minerales de interés.

De acuerdo con el comunicado, fue la propia empresa quien informó sobre el derrame de 5 mil litros de jales en sus instalaciones; sin embargo, luego de una visita de inspección, la PROFEPA concluyó que en realidad se trataba de un derrame de aproximadamente 5 millones 780 mil litros de jales líquidos, por lo que luego de recorrer las zonas afectadas y recabar información sobre los daños ambientales causados, entre otros, se observó que el jale se había impregnado sobre el cauce del Arroyo San Bernabé en una longitud de 2 km sobre su margen y que la contaminación se extendió hasta la localidad de San Bernabé, lo que permitió determinar la “clausura total temporal de la operación de la empresa”.

PROFEPA informó que el derrame se debió a la ruptura de una presa de jales tóxicos, la cual fue sobrecargada más allá de los límites de su capacidad, lo cual demuestra una vez más la irresponsabilidad en la que operan estas empresas, al no respetar sus procesos de control internos.
Además de la clausura total temporal de sus operaciones, la PROFEPA impuso, como medidas hacia la empresa, la contención del derrame proveniente de la ruptura de la presa y la limpieza de los jales en las zonas afectadas, así mismo, la PROFEPA presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por la comisión de delitos contra el ambiente.

Desde la REMA hemos advertido el deber de cuidado que las empresas del modelo extractivo minero no suelen incorporar en sus operaciones diarias ni en el manejo de insumos y residuos tóxicos. Desde este punto de vista, la ruptura de una presa de jales por sobresaturación implica negligencia y una gestión deficiente e irresponsable por parte de la empresa y de las autoridades responsables quienes deberían de supervisarles de forma preventiva.

Desde la REMA exigimos una investigación seria, a fondo y ejemplar, que concluya con resoluciones y sentencias condenatorias, así como con la clausura total definitiva de la empresa Exportaciones de Minerales de Topia. Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento de la ley.

¡BASTA DE IMPUNIDAD!

!FUERA MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Derrame de presa de jales en Canelas, Durango. (Especial), Milenio

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La caridad insultante y el oportunismo de las empresas mineras

LA DESFACHATEZ DE SUS MANIOBRAS

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería en medio de una emergencia sanitaria por COVID 19 – A 30 de abril de 2020

Desde el inicio de las medidas de restricción generadas para controlar el nivel del contagio por la Covid-19, uno de los sectores que han estado muy activos es el minero. Aunque no hay un diagnóstico concreto por parte del Estado mexicano, aquellas empresas, que como REMA hemos logrado investigar, siguen operando bajo la argumentación de la aplicación de medidas propuestas en la “Guía de mejores prácticas de operación minerometalúrgica”: Contingencia sanitaria 2020 SARS-CoV2 (COVID-19), https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545863/Protocolo_de_contingencia_COVID19_REV1.0._07042020.pdf, la cual, por cierto, se escribió mucho más rápido que la controvertida “Guía bioética”, burlando de facto el que no fueron consideradas como actividad esencial, y por tanto debieron cerrar totalmente.

Al margen de no obedecer el requerimiento del Estado y de aprovechar la incapacidad de éste para supervisar su cierre -muy diferente por cierto a lo que hace con comercios establecidos en toda la ciudad-, las empresas han salido a mostrar su supuesta cara “amable y responsable en “total solidaridad para apoyar las acciones para que la población se mantenga sana”, a partir de impulsar una serie de iniciativas, mismas que, para quienes conocemos de primera mano su proceder, no podemos dejar de señalar como ofensivas.

La Covid-19 no es para ellos un problema de salud pública, sino una oportunidad más para medrar. Les permite simular lo que no son y disimular lo que son en realidad. Y esto es así, porque estas empresas, en su proceder generando como lo hacen daño ambiental, sanitario y social, constituyen un verdadero problema de salud pública. Así, por ejemplo, el día de ayer se anunció que la Minera Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Bailléres González donará un hospital para atender casos de Covid-19 en Fresnillo, Zacatecas, aunque no precisó si dicha obra la edificará dentro de los 2 millones 260,193 hectáreas que tiene concesionadas para la minería. En este torneo del oportunismo extractivista, por su parte, el 20 de abril, la empresa Esperanza Silver “de México” entregó mascarillas, guantes y despensas en hospitales y algunas comunidades circundantes a donde, desde hace varios años, pretende extraer minerales en el estado de Morelos a costa de comprar voluntades y medios de comunicación ocultando su potencial de daño múltiple. Lo mismo sucedió con la empresa minera Media Luna, filial de Torex Gold que opera en Guerrero, entregando, en un gesto de generosidad ejemplar a los pobladores de Nuevo Balsas, nada menos que “kits sanitizantes con jabón, gel antibacterial y mascarillas”, cuando el mejor kit sanitizante debe ser, en realidad, aquel que, en aras de la sensatez más básica, sanitice con eficacia a los territorios, expulsando a quienes pretenden maquillar, en el marco de la pandemia, la grave contaminación que ha ocasionado en el río Balsas dejando, que entre otros efectos, a los pescadores sin sustento para sus familia.

Así, todos los días nos vamos enterando por su publicidad de acciones de parte de este sector, que con esta comedia de la caridad sólo muestran el impresionante cinismo con el que estas empresas se desempeñan. Ya varios siglos han pasado desde la llegada de los extractivistas europeos que repartían cuentas de vidrio y espejitos, y éstos extractivistas de ahora, nacionales y extranjeros, siguen suponiendo que en este país hay muchos minerales, pero no dignidad ni ciudadanía. Y se equivocan, pretendiendo hacer creer a la opinión pública que se preocupan por la salud de la población. Mentira. Como es bien sabido, la actividad minera es una de las que más daños a la salud y al ambiente ha generado en este país. El impacto a la salud por contaminación en todas las fases de la minería, así como la violencia que esta actividad genera, van matando lentamente a miles de personas en las comunidades donde se instalan y dejando arrasados los territorios.

Con sus despensas de miseria utilizan la pandemia, al igual que la usa el crimen organizado, para incrementar el control sobre el territorio, pero en el fondo, sabemos que tarde o temprano regresarán a cobrar ese “apoyo” que hoy ofrecen de forma “incondicional”.

Habrá que investigar qué sucede al interior de cada empresa con el tema del empleo, los casos de Covid-19 que han aparecido, los despidos injustificados y otra serie de acciones que violentan los derechos, mismas que son bastante conocidas en las regiones en donde operan.

Es importante recordar que garantizar la salud en este país es competencia y responsabilidad del Estado. La pregunta no es qué hacen las empresas para evitar el Covid-19, sino qué hará el Estado para que finalmente se les aplique un marco para la rendición de cuentas a cada empresa minera por la contaminación al suelo, aire, los ríos y daños graves a la salud de la población, además del despojo y el desplazamiento forzado, generado en cientos de comunidades. Los daños e impactos acumulativos y sin fecha de caducidad, no serán borrados ni lavados con mascarillas, gel antibacterial o instalaciones hospitalarias. Estamos siendo testigos de una clara política de omisión por parte del Estado.

Las dependencias públicas encargadas de proteger la integridad de la salud de la población y del medio ambiente, carecen de una política proactiva que responda al Principio Precautorio y se adelante verdaderamente y no en el discurso a la generación de daños. La megaminería tóxica constituye un problema de salud pública y de salud ambiental ampliamente documentado. Pasar por alto este hecho incontrovertible por parte del Estado al adoptar conductas meramente expectantes, fragmentarias y parciales, lo convierte en cómplice de este modelo extractivo delictuoso.

LA OMISIÓN DEL ESTADO ES COMPLICIDAD

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Foto: Medio ambiente. Foto: Héctor Boix Cisneros

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Con Covid-19: Tren Maya va

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el tren maya – a 18 de abril de 2020

Millones de personas queremos un cambio radical (de raíz), como lo expresó Andrés Manuel López Obrador (2018) al ganar la Presidencia, que modifique la situación indignante de pobreza y marginación que vive una inmensa mayoría de mujeres y hombres en este país, sobre todo los pueblos campesinos e indígenas. Pero no sabemos si dentro del gobierno actual, tan diverso y de múltiples orígenes, todos quieren esta transformación.

Esto lo digo porque estamos a unos días de que inicie la fase de construcción del primer tramo del Tren Maya y las autoridades responsables nunca presentaron una manifestación de impacto ambiental (MIA), mucho menos una social, cultural y arqueológica. Su argumento es que ya están las vías y que, por tanto, el impacto ambiental ya está hecho. Sin embargo, este es un proyecto nuevo que implica la edificación de nuevas vías y 30 estaciones. No obstante, el tren comenzará sin una MIA del proyecto en su conjunto, que sin lugar a dudas tendrá múltiples impactos. ¿Esto es parte de la transformación? Sólo conocemos la versión pública del Análisis costo-beneficios ACB (2020), como si sólo se tratara de un negocio empresarial. En donde por cierto, se señalaron riesgos (de liberación de derecho de vía, geológicos, arqueológicos, de interfase y de demanda, entre otros) que hasta la fecha no conocemos cómo se van a solventar. Algunos de ellos, con la gran recesión que se avecina, producto del Covid-19, se podrían intensificar.

Aunado a esto, especialistas que trabajan con el instrumento bursátil propuesto para financiar parte del Tren Maya, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibra), insisten que en este momento no le ven viabilidad (H. Calzada, Rankia LATAM –2020– y Jorge Castañares, Xpertha Capital –2020–), no sólo por la crisis económica que viviremos (ya empiezan a colapsar los Fibra), sino porque hay una gran incertidumbre sobre la propiedad social. Todavía existe la gran duda de si la Ley Agraria, permite que los ejidatarios aporten sus tierras a los Fibra, para ser socios. Desde la perspectiva del procurador agrario de la nación, Luis Hernández Palacios (2020), esto no es posible, porque la ley sólo prevé asociaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Pero parece que esto no ha sido escuchado por la autoridad responsable del Tren Maya. Claro que, como me lo manifestó Castañares (2020), podrían cambiar la ley para que dicha asociación sea posible, una práctica que ya vivimos durante los diversos gobiernos neoliberales.

Se argumenta que no hay dinero, y que por eso tiene que arribar la inversión privada, que no está demás decir que el fondo del problema no es si hay inversión privada o no, sino el tipo de instrumento financiero, que sostengo implica la financiarización de la tierra ejidal. La pregunta es si nada dice y significa la propiedad social. Recordemos que ésta fue producto de una revolución, que transformó la estructura agraria (1 por ciento de la población, poseía 97 por ciento del territorio –Stavenhagen, 1982–). Sé que dirán que el ejido está en crisis. Sí, porque deliberadamente los gobiernos neoliberales lo intentaron matar y desaparecer. No lo lograron, 50 por ciento de la propiedad de la nación sigue perteneciendo a ejidos y comunidades agrarias (RAN, 2019). En este sentido, la gran preocupación, que también se manifestó en el proceso de consulta (ver actas de asambleas), es qué pasará y cuál será el destino de las tierras ejidales, aunado a los impactos ambientales, arqueológicos, culturales que inevitablemente se vivirán por la llegada e incremento de millones de turistas como se proyecta (según el documento de ACB –2020–, se habla hasta de 50 millones de turistas).

Qué hacer ante esto. Los pueblos del sur lo decidirán, pero es urgente apropiarse, no sólo del proyecto (porque se les prometió que sería su tren), sino más que nunca, de sus territorios a fin de quelos especuladores inmobiliarios no se apropien en un futuro de sus tierras, que insisto, los analistas financieros expresan que esto ocurrirá. Además, para los empresarios será extraordinario el Fibra, ya que tiene un beneficio fiscal, la exención de impuesto sobre la renta (Ley del ISR). ¿Este será el cambio?

El sur tiene que transformarse. La pregunta es si es aceptable, con una visión colonial, que se les debe llevar el desarrollo. De esto ya se sabe mucho. Es al sur, a donde el Estado mexicano dirigió más recursos para el supuesto combate a la pobreza (Chiapas es emblemático –ver Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 1990–). También en el sur, a lo largo de la historia, se desarrollaron grandes proyectos (madereros, chicleros, caucheros, henequeneros, turísticos), avalados o impulsados por el propio Estado y por las empresas, sobre todo vinculadas al mercado mundial. Así que el sur no es que sea pobre porque ha estado abandonado, sino más bien es el resultado de un proceso continuo de explotación de sus recursos naturales y de la mano de obra (desde la Colonia), que esperamos no continúe.

*Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI

Imagen: Noticias Veracruz

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Samir vive y la R-existencia sigue!!!

Les compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre la presentación del libro «Samir sin reserva» , un video y el archivo para descargar en pdf – A 10 de abril de 2020

Este 10 de abril, a 101 años del asesinato a traición del revolucionario Emiliano Zapata en la Hacienda de Chinameca, Morelos, Desinformémonos presenta el libro «Samir sin reversa» y el video «Samir», materiales que reúnen los testimonios de familiares, anécdotas de amigos e historias de compañeros sobre el defensor nahua Samir Flores Soberanes, sus primeros pasos en la resistencia, su vida en comunidad y el asesinato que detonó la indignación de los pueblos, quienes, a más de un año de su muerte, lo consideran una referencia inalcanzable de lucha para las comunidades indígenas de México y el mundo.

Samir sin Reversa

Gloria Muñoz Ramírez

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«Mi nombre es Samir Flores Soberanes, esta es la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Soy campesino orgullosamente. ¿Qué es lo que me gusta de mi pueblo? De mi pueblo me gusta todo, sus barrancas, el ejido, el campo donde cultivamos, la gente con la que me topo a diario, mis vecinos, la comida de la región, me gusta todo».

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Samir no conocía el miedo, dice su padre Cirino Nabor Flores, a quien le hubiera gustado que lo conociera, pues así, piensa, a lo mejor estaría vivo. Sentado en el patio de su casa, habla por vez primera de su primogénito, el luchador social, organizador de pueblos y defensor del territorio asesinado el 20 de febrero de 2019. No es fácil. La voz se corta, los silencios se alargan, la vista se nubla. Una luz aparece en su rostro cuando lo recuerda de pequeño: parlanchín, preguntón, sociable, juguetón y bueno para la calle, tanto que a los cinco años ya se regresaba solo del kinder “Siervos de la Nación”, a donde sólo permitió que su mamá lo acompañara los primeros días.

Samir

Producción y dirección 
Gloria Muñoz Ramírez 

Realización y edición 
Gerardo Magallón 

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«Hoy, cuando los pueblos tienen un momento de victoria o coraje, gritan “¡Samir vive!”, y “ahí está la justicia. El día en que no haya justicia para Samir será porque estaremos muertos. Hay muchos Samires y Samiras en el Frente de Pueblos y en el país, y cada quien tendrá a su compañera o compañero al cual ama y al cual admira. Para nosotros es Samir»

Defensa del ambiente, actividad letal en México

Compartimos este articulo de opinión publicado en La Jornada sobre el activismo en México y los riesgos de defender la vida – A 13 de abril de 2020

Asesinados, 147 ecologistas en 24 años, En lo que va del sexenio de AMLO han matado a 18 protectores de la naturaleza

Por Angélica Enciso L.

Entre 1995 y 2019, el periodo de cinco mandatos presidenciales, 147 defensores de la naturaleza han sido asesinados. Los estados que concentran el mayor número son Guerrero con 44, Oaxaca 23 y Michoacán 18. De ellos, 134 han sido hombres y 13 mujeres, indica Lucía Velázquez.

En el reporte La defensa del ambiente en México ¿cuestión de vida o muerte?, divulgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indica que se contabilizaron 17 asesinatos de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur en 1995, que pese a que no era ambientalista, entre sus demandas incluía el cese a la tala inmoderada, la protección de los recursos y la demanda de mejores condiciones de vida.

Indica que en el sexenio de Ernesto Zedillo 23 defensores ambientales fueron asesinados, cifra que bajó a seis con el panista Vicente Fox, para crecer casi seis veces con Felipe Calderón, cuando ascendieron a 35 los casos, y esta cifra casi se duplicó en la gestión de Enrique Peña Nieto, con 65. En la administración de Andrés Manuel López Obrador sumaban 18 hasta 2019.

El documento refiere que, de acuerdo con el Global Witness 2019, el año en que más defensores ambientales fueron privados de la vida fue en 2017, con 207 homicidios. Brasil presentó la mayor cantidad con 57. En 2018, el número se redujo, aunque aún fue alarmante: 165. Más de 50 por ciento de los crímenes ocurrieron en América Latina, indica.

Agrega que en México hay alrededor de 500 conflictos socioambientales, y en los que se han registrado asesinatos son: en el rubro forestal, 53 casos; despojo del territorio 37; minería, 24; proyectos energéticos relacionados con obras como gasoductos, eólicas e hidroeléctricas, 18; proyectos hidráulicos y políticas públicas de privatización del agua, siete; denuncias, tres; protección ambiental, proyectos turísticos y proyectos minero-forestales, uno en cada rubro.

Precisa que el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por su contradicción entre la política ecológica y los proyectos destructivos de gran escala, además del combate al crimen organizado, lo cual produjo un ambiente de violencia generalizado. Con Peña Nieto siguió la inercia, de gobernar verde, pero mantener megaproyectos y privatización. La actual admi-nistración puede ser el parteaguas entre una línea ambiental seria que erradique las prácticas de los anteriores presidentes y la continuación de proyectos de muerte que sólo benefician a unos cuantos.

Imagen: Agua.org.mx

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Víctor Toledo; Entre la utopía y la realidad

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 11 de abril de 2020

El martes 7 del presente mes, Víctor Manuel Toledo, funcionario federal responsable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) escribe un artículo de opinión en el diario La Jornada nombrado “El último llamado de la naturaleza” en el cual, dentro del marco de la crisis del Covid-19, hace un atinado llamado para llevar a cabo “una profunda transformación civilizatoria”, compartiendo varias recomendaciones de las cuales sin duda algunas son totalmente obligadas, por ejemplo; el fin de los monopolios, economías solidarias, energías renovables, sistemas agroecológicos, democracia participativa… entre otras. Evidentemente todas ellas -necesarias y urgentes-, incluso podrían ser aún mucho más eficientes si también, al mismo tiempo, iniciáramos el desmantelamiento de la matriz energética, la recuperación de la soberanía alimentaria y dejar de una vez por todas de mirar a la biodiversidad y los bienes naturales como mercancía. 

No obstante, no es la primera vez que el Sr. Toledo pareciera no acabar de asentarse en la nueva silla que ocupa, en donde los hechos y posturas científicas, antropológicas y sociales que recurrentemente plantea en los medios, no encuentran ni espacio, ni eco, ni fuerza dentro del aparato político, menos aun se acercan a las decisiones totalmente contradictorias impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en la silla que hoy ocupa, es evidente no tiene espacio para hacer realidad sus declaraciones científicas, menos las filosóficas de construcción con escenarios deseables entre otras cosas porque su alrededor está lleno de personajes y personeros de una añeja tradición política que tampoco están dispuestos a dejar las “costumbres” de los rumbos económicos actuales y principales causales de los daños hoy explícitos en un pequeño pero devastador virus, ese mismo microorganismo que sólo sobrevive y se reproducen cuando se alimentan de un ser vivo, capas de poner contra la pared la forma en la que el modelo del progreso y desarrollo impuesto a toda la humanidad ahora presenta una de sus grietas más contundentes.

En ese contexto, nos gustaría ver a un Secretario de Medio Ambiente con planteamientos de tipo político -no mediáticos, ni científicos-, con posiciones y posturas fuertes, claras y sin ambigüedades, que provoquen, reten y desafíen el pensamiento y la acción del Ejecutivo Federal, simplemente porque se encuentra en crisis y en consecuencia, no sabe para dónde caminar construyendo un nuevo sendero. Hoy al mundo entero se nos presenta una gran oportunidad para empezar a cambiar el modelo político mundial –o por lo menos el mexicano-, en el cual por supuesto, está inmerso el proyecto denominado 4T, y para quien no lo cree, basta ver al presidente cómo es que enaltece a sus piezas financieras consentidas; Slim, Larrea y Bailléres, tres poderosos empresarios que han hecho su riqueza gracias al saqueo inmisericorde en nuestro país.

Por ello vemos que el Sr. Toledo pareciera que aun no sabe que hacer desde la silla que ocupa, ni tampoco se ha dado cuenta que desde ahí ya no puede hacer ciencia, ni tampoco le funciona que, bajo la retórica del uso del conocimiento científico, tenga en sus manos la forma adecuada para calificar la viabilidad de megaproyectos neoliberales como el Tren Maya y el Corredor Transístmico asegurando no habrá impactos ambientales ni sociales. Hoy el Covid-19 nos desnuda totalmente, porque si al pasar la pandemia regresamos a la misma forma de actuar antes de entrar en refugio, esa que se acompaña de; la velocidad cibernética que no necesariamente se traduce en buena información, el uso de petróleo como la principal fuente energética, el modelo de producción y de consumo con transgénicos acompañado del uso indiscriminado de agrotóxicos, el despojo simulado con procesos de participación instrumental, pero no efectiva, menos aun representativa, entre las otras barbaridades del modelo económico que todas y todos conocemos, entonces vayámonos acostumbrando a trabajar desde casa, porque parece que, ante este presente hoy obligado, parece puede transformase en un futuro económicamente muy eficiente. ¿Será que estamos en la antesala de ser los próximos insumos de confinamiento controlado por los servicios y la economía, tal cual sucede en una granja de cerdos o de pollos, en donde tendremos al alcance de la mano agua, alimento y un cuidador desde fuera…..todo resuelto con un dedo al hacer clic?

Medir los impactos o peor aún, paliar los impactos después de ser ocasionados tanto a la naturaleza como a la sociedad, no puede seguir siendo una ruta “avalada científicamente” para que tengamos un mundo culturalmente más biodiverso o más armónico, o ponerle la etiqueta de sustentable cuando el mundo en tiempo real se nos cae a pedazos. Tampoco le podemos apostar al progreso y desarrollo a partir de preguntarle a la gente, cuando ya sabemos que los megaproyectos tienen una serie de efectos adversos, irreversibles y con daños acumulativos inimaginables, porque no se trata de darle viabilidad al establecimiento de procesos participativos, sino de detener condiciones antiéticas que atentan contra la vida, en donde la permisibilidad de la destrucción a través de, por ejemplo, una consulta, rompen de facto con la construcción de un mundo diferente, menos aun si los “procesos, las consultas o la democracia participativa” se realizan en condiciones de una gigantesca asimetría, porque claramente son un engranaje que permiten la continuidad de la economía de mercado y del sistema capitalista y patriarcal que, como mencionamos, el Sr. Toledo cuestiona en su artículo, pero en su praxis como político es totalmente antípoda.

Igual de contradictorio sucedió cuando el Sr Toledo, anunció muy emocionado la nueva era de la energía renovable con el “nuevo petróleo de México: el litio”. Un insumo capital de gran relevancia y central para la mal llamada transición hacia la energía renovable. Es por ello que no entendemos su discurso de preocupación por “la madre tierra”; cuando un sólo insumo, como el litio, adscrito a una gran cadena de valor de otros componentes derivados de la minería a cielo abierto o de tumbe y relleno, es justo darle continuidad a la barbarie, esa que en la comunidad de Bacadéhuachi, Sonora, en donde opera la empresa canadiense Bacanora Minerals y la china Gangfeng Lithium, está gobernada por los carteles de Juárez, de Sinaloa y del Pacífico, en franca guerra abierta por la disputa el territorio a costa de asesinar a opositores o a quienes se atreven a realizar denuncias. Al igual como sucede en el emblemático “cinturón del oro” en el estado de Guerrero, donde los daños a la salud y al ambiente son descomunales ocasionados también por megaproyectos extractivos. ¿Será que al Sr. Toledo no tiene claro que cada proyecto mega-extractivo que se valide desde Semarnat, es potencialmente la repetición del infierno que ya viven muchos pueblos?, ¿conocerá alguno de esos infiernos de forma directa?, porque entonces no sabemos a qué se refiere cuando habla de “Proteger a la Madre Tierra”.

Ejemplos sobran en los que el responsable de la SEMARNAT ha mostrado sus incongruencias como sucede por ejemplo con las presas de el Zapotillo en Jalisco o Paso de la Reina en Oaxaca. Igual sucede cuando menciona que el Río Coatzacoalcos, el Río Atoyac y El Salto son verdaderos infiernos (que lo son), al mismo tiempo sale en defensa del proyecto más neoliberal de este sexenio El Corredor Transístmico, ese mismo que integra parques industriales, entre muchos otros componentes que verterán sus desechos tal cual sucede en los ríos de Coatzacoalcos, de Atoyac o El Salto. Parece que según sople el viento el Sr. Toledo un día está del lado de la ciencia, otro de la madre naturaleza y otro de crecimiento industrial.

Sr. Toledo, hoy más que nunca está a tiempo de clarificar su verdadero valor y peso especifico en la silla que ocupa. Lo invitamos a plantear la construcción de una postura política fuerte a favor de la madre tierra porque es urgente y necesaria, pero no en la prensa, sino en los actos que desde su envergadura le competen. No deje su prestigio en manos de un ejecutivo que va en sentido contrario.

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Vértigo político

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Adán Vez Lira, Otra víctima del modelo extractivo

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 9 de abril 2020

Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el asesinato del ambientalista y defensor del territorio Adán Vez Lira, ocurrido el día de ayer en el Estado de Veracruz.

Este asesinato se suma a la lamentable ola de violencia, desapariciones forzadas y asesinatos en contra de hombres y mujeres que han dedicado su vida al cuidado del ambiente y defensa de los territorios en nuestro país, lo que claramente muestra la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en contubernio con las empresas extractivas que siguen empeñadas en seguir saqueando los bienes comunes naturales de nuestra nación, sin que veamos voluntad de los gobiernos por investigar todos los casos que se vienen denunciando y van quedando en la impunidad y el olvido.

El compañero Adán era un gran defensor de los humedales costeros y los manglares, año con año organizaba el “Festival de las Aves y los Humedales”, así mismo había estado involucrado en la lucha por impedir que empresas mineras se instalen en la región del Alto Lucero y Actopan en las montañas del Golfo de México.

Lamentamos también lo insensible que ha sido este gobierno, a tal grado que es inevitable compararlo con los gobiernos anteriores, porque están decididos a continuar la política de oídos sordos ante tantos gritos de ¡YA BASTA! ¡NO MAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL TERRITORIO ASESINADOS!

Hacemos llegar nuestro más sentido pésame y un abrazo solidario a familiares y amigos/as cercanos del compañero Adán Vez Lira, en especial a nuestros compañeras y compañeros de La Vida quienes mantenían una relación muy cercana con Adán, uniéndonos a la exigencia de que se esclarezca este crimen y se castigue a los responsables.

Adán tu nombre quedará tatuado en los humedales costeros y manglares de México y las aves no pararán de cantar agradecidas por tu lucha.

 ¡JUSTICIA PARA ADÁN VEZ LIRA!

¡JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO ASESINADXS!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Agua para todxs

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Lo que el Coronavirus devela, Reflexiones desde la REMA

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 8 de abril de 2020 >>Descargar en pdf<<

“Despertemos Humanidad, ya no hay tiempo” Berta Cáceres

Independientemente de las teorías no concluyentes sobre el origen del COVID-19 incluyendo las conspiraciones o su comparación con otros virus y males que han causado más muertes en el mundo, creemos fundamental señalar, visibilizar y hacer consciente qué se devela con esta pandemia, cuál es su tendencia y quién o quiénes se benefician de este fenómeno de graves consecuencias en lo sanitario, político, social y mediático.

Desde hace tiempo varios analistas insisten que el capitalismo entró en una crisis sistémica terminal en todos sus componentes; social, política, financiera, alimentaria, energética y, sobre todo ambiental. Sin embargo, por lo visto no será necesario esperar a que el descongelamiento del planeta por el Cambio Climático libere otros virus para darnos cuenta de lo que sucederá. El COVID-19 y algunos de sus antecesores, son una “pequeña” prueba de lo que pasará nuevamente en un futuro, quizás no muy lejano, sobre todo si tomamos en cuenta no sólo la frecuencia en la cual aparecen otras pandemias, sino el poco tiempo transcurrido entre, por ejemplo, la influenza y este nuevo brote planetario.

Es contundentemente claro que no existen hoy por hoy estructuras multilaterales que respondan a esta crisis de emergencia sanitaria, menos aún cada nación estaba lista para enfrentarla, sea por sus insuficiencias, por su infuncionalidad o simplemente porque están colapsadas. Tampoco las Naciones Unidas con todo su andamiaje es suficiente y en cada una hay un común denominador; son estructuras que han sido corroídas por la corrupción y la apropiación corporativa. Por su parte, las alianzas multilaterales regionales tampoco han reaccionado ni mostrado estar a la altura de las circunstancias. Los gobiernos asiáticos -al parecer con un menor daño social-, hasta el día de hoy han logrado controlar de forma “más exitosa” el contagio comunitario con el uso del autoritarismo y el control digital sobre los ciber-usuarios de una sociedad la cual, a pesar de estar digitalizada al extremo, todavía experimentará mucho más control en ese sentido en el mediano plazo.

Al otro lado, en occidente, los muertos se contabilizan por miles al día a quienes simplemente se les abandona. La población de los países “supuestamente desarrollados” viven una vulnerabilidad que los atormenta, y que de alguna manera les “es extraña” porque al parecer han olvidado que las pandemias, las guerras, las crisis y la violencia estructural global ha surgido desde su seno. Quizás creyeron que eran inmunes a los efectos y defectos del “progreso capitalista”. Así, la crisis sistémica iniciada hace décadas desde la periferia hacia el centro del capitalismo, ahora como boomerang, regresa desde el centro hacia la periferia del capital.

Al final de la II Guerra Mundial la economía de guerra reactivó a los Estados Unidos luego de la Gran Depresión de 1929, y luego lanzó la iniciativa conocida como “El Plan Marshall” (European Recovery Program -ERP-), inyectando recursos financieros para que los países devastados levantaran sus economías, sustituyeran las importaciones y generaran sus propios medios de subsistencia con deuda externa, generando así la base del condicionamiento acreedor-deudor. Por su lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) endeudaron a naciones enteras que los llevó a la crisis de la Deuda Externa del Modelo Estado de Bienestar. De esa forma, con un claro incremento durante la década de los 70´s, las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) impuestas por ambas instituciones financieras, paulatinamente desmantelaron este Modelo que terminó por avasallar los raquíticos logros que garantizaban mínimos estándares de derechos humanos.

Así fue que el Modelo Neoliberal cumplió con su objetivo: se desmanteló el sistema de salud y su red de suministros a partir de entregarlo a manos privadas; se demolieron los sistemas alimentarios locales que abonó a la concentración de la producción alimentaria en pocas empresas semilleras en el mundo, creando una gran dependencia alimentaria; se rompieron los eslabones de las cadenas de producción nacional y se debilitaron los derechos de los trabajadores que aspiraban a empleos permanentes para cambiarlos por temporales y hasta por horas; se desincorporaron medios de comunicación y bancos, se fortalecieron las patentes de medicamentos y alimentos como control del capital, al mismo tiempo que igual sucedió con desmontar la educación pública, entre otras áreas de oportunidad dispuestas al capital. En esta lógica, el desarrollo medido por un mayor nivel de población inserta en el sector industrial y de servicios, hoy muestra su desastre. Estos y muchos más elementos de las políticas neoliberales dieron pie a lo que denominamos el Modelo Corporación. Y, efectivamente, todo se ha entregado a la lógica del mercado, con precio y dueño siempre relacionado con las grandes corporaciones. Esto es parte de lo que el COVID-19 ha hecho tan evidente por medio de un mensaje contundente: el capitalismo es insustentable e integral. Bastaron unas semanas para ponerlo en evidencia y en jaque.

El COVID-19 se acompaña de otras plagas: el terror mediático que se retroalimenta del pavor e histeria, implantando como norma “el miedo colectivo”, lo cual deja a la intemperie la aparición de crisis nerviosas vinculadas al “nuevo” ciber-control político y social. Así, estas otras plagas han provocado la caída del Producto Interno Bruto (PIB) que, sumado a la actual guerra comercial que ha derrumbado los precios del petróleo, están ya afectando otros componentes económicos como la devaluación de las monedas y la siempre “siniestra e incomprensible” caída de la Bolsa de Valores. Se aceleró el crecimiento del desempleo, aumentó la población en pobreza en medio de un incremento descontrolado de los precios de productos básicos que, en conjunto colapsa el nivel de consumo y el consumismo, y por supuesto favorece la generación de brotes de violencia y desfalcos comerciales. Un caso emblemático develado por el COVID-19 como ejemplo, sin duda alguna es el sector turístico, ese mismo que se promueve como una de las principales fuentes de desarrollo y empleo del mundo, y que hoy esta actividad extractiva “tan dependiente”, ha quedado totalmente colapsada.

El virus ha hecho evidente que el sistema capitalista no se sustenta a sí mismo, al mismo tiempo que demuestra su fragilidad sistémica. Se pregona una recesión más fuerte que la de 1929 o la de la década de los 90’s o inicios del presente siglo, sin embargo, no hay forma de compararlas porque esta nueva debacle nunca había paralizado en tal magnitud al mismo tiempo. En ese contexto, pareciera que Kondrátiev tuviera razón. En medio de todo, Estados Unidos, a quien parece es al que menos le interesa los efectos que sufre, pretende reactivar su economía y su crisis pretextando guerras, narcotráfico o terrorismo para que la economía de guerra, tal cual lo hizo después de la II Guerra Mundial, nuevamente lo levante y ayude a sostener su hegemonía sobre el capitalismo, intentando revertir su actual crisis, la cual en REMA consideramos es terminal, frente al gigante asiático.

Por otra parte, Europa presume tener la esperanza de vida más prolongada y lleva años discutiendo el dilema de la sobrevivencia del sistema de salud pública para la atención médica a los adultos mayores, quienes por mucho rebasan a la población joven económicamente activa que no cotiza en el sistema de salud lo suficiente ni con salarios ni con atención de calidad para poder sostenerlos. Esa presunción ha quedado desgarrada ahora que los ancianos están muriendo y sus esfuerzos por salvarlos son inermes. El capitalismo los ha desechado y con ello agudiza la crisis de los cuidados que los ancianos otorgan a la población trabajadora. El panorama es peor en los países donde el sistema de salud se ha privatizado, siendo Estados Unidos quizás el caso más emblemático de la catástrofe sanitaria que ha provocado el COVID-19. Frente a todo este panorama, nuevamente la población clama por una salud pública de calidad, clama también por alimentos de calidad y a precios accesibles, y clama por un salario justo que por supuesto el capitalismo corporativo no pretende otorgar fácilmente.

Frente a la crisis del Modelo Corporativo cuyas empresas sucumben y otras se fortalecen, pero que no están dispuestas a sacrificar ni ganancias ni garantizar la vida digna de la población, ni sus espacios de control del sector; las grandes empresas exigen al Estado que salve la situación, utilizando la ya conocida fórmula del endeudamiento externo, el cual sabemos pagaremos con fondos de todas y todos los mexicanos. De la misma manera, se exige que, al conjunto de la economía, incluyendo un gran sector de pequeños y medianos empresarios que cerrarán sus negocios, se les otorguen apoyos y estrategias para amortiguar y paliar esta nueva crisis que facilitará la acumulación de los más grandes.

Sin embargo, y a pesar de lo que nos devela el COVID-19, las fórmulas para el rescate son iguales, las mismas, de los mismos hacia los mismos, y no hay una sola reacción política que se dirija a la implementación de acciones de fondo desde, por ejemplo, romper la matriz energética que tenemos en el mundo, hasta romper totalmente el modelo corporativo impuesto. Sin ello, el actual Modelo Corporativo suplanta totalmente al estado y en ese contexto, es ingenuo pensar que el Estado debe tener un sistema de salud efectivo que salve vidas, justo porque se encuentra a merced de las farmacéuticas y de la intervención del control expandido en la atención de la salud privada. El actual sistema de salud en México y en el mundo, no es más que la historia del desmantelamiento del Estado de Bienestar, para dar paso al Estado Corporativo, ese Estado que siempre apunta en favorecer la acumulación, a veces interviniendo, a veces alejándose, pero siempre sin poner en riesgo total ni su proceso ni su permanencia.

Sin duda el capitalismo está en su fase terminal. Pero no nos referimos con ello a una mutación estructural del sistema-mundo de un día para otro. Esta etapa del Modelo Corporativo muestra ya su período de transición sistémica que durará otros años y quizás décadas -si es que la naturaleza o una nueva pandemia nos lo permite-, porque no hay duda, este sistema capitalista muestra su insustentabilidad cada vez con más fuerza. Irremediablemente estamos instalados en la era de la transición capitalista post pandémica cuya acumulación y concentración mostrará, como el virus, su pico más alto a partir del final de la contingencia mundial, sin que ello signifique que no habrá ganadores desde ahora, como ya sucede con grandes corporativos comerciales de abarrotes.

Esta fase de acumulación acelerada afectará a muchos que integran el sector empresarial pequeño, medio e incluso grande, por varias razones, entre las que destacan algunas de tipo estructural. El COVID-19 no acabará para siempre, aunque sí pone en jaque, el control de los medios de producción, tampoco tocará el “mercado” de las patentes, menos aun terminará con el despojo y el desplazamiento forzado vinculado al modelo extractivo en búsqueda de bienes naturales, ni menos alterará el tipo y la forma en la cual ha impuesto el consumo y el consumismo. Luego entonces continuará la especulación, la corrupción y la siempre bien vista estrategia económica de los rescates privados con fondos públicos. Dicho de otra forma, en esta pandemia el capitalismo gestiona “otros tipos de virus” que están en consonancia con las necesidades y prioridades de su fórmula de acumulación. Esta geo-bio-política gestiona para sí la vida y selecciona lo desechable. Así, el virus no vencerá al capitalismo, sino que lo fortalecerá hacia su etapa final de transición sistémica, misma en la cual habrá nuevos perdedores, pero prácticamente los mismos ganadores.

En este contexto, no tenemos dudas que hoy vivimos un período más en el aceleramiento de la concentración del capital cuyo proceso no se entiende sin el mecanismo de la deuda externa e interna que pondrá las bases para otros y más profundos condicionamientos estructurales. Nuevamente los gobiernos tendrán la tentación de caer o ya están cayendo, en las garras del FMI, del BM y otras Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), como los bancos multilaterales de desarrollo regionales e incluso de la banca privada, con el propósito de contraer más deuda y reactivar la macro economía con otros acuerdos financieros tipo “Plan Marshall” tal como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y por ello, preocupa que varias naciones hayan implementado posturas y políticas de guerra contra virus, o aletargar deudas, con su consecuente pago de intereses, sin precisamente condonarlas.

Otros países, los menos, usarán sus reservas creyendo que serán suficientes para contener la crisis y crear crecimiento posteriormente. Ambas son las mismas fórmulas de siempre, y ninguna toca el modelo económico ni la matriz energética.

Nuevamente los Estados se obligan a salir y “salvar” la economía que está en manos de las trasnacionales y de los grupos financieros y de poder más fuertes, mismas que en estos momentos ya están al frente de la fila para beneficiarse de esta pandemia: farmacéuticas, militares, semilleras, minería, bancos, sectores energéticos, incluyendo petroleros y “sustentables”, entre otros. Mientras, nos mantienen sojuzgados por la mala e incompleta información en una condición de miedo, esperando que el “quédate en casa” pase de ser voluntario, a empezar con avisos estrictos, toques de queda o la amenaza de la fuerza y represión, tratando de convencernos que “nosotros seremos los culpables o los héroes” para la humanidad si controlamos o expandimos el contagio.

El mismo sistema atenta contra lo que en esencia somos: la colectividad, la solidaridad, la diversidad, sin una sola línea que desnude, con fuerza y claridad, la real incapacidad que tienen actualmente los sistemas de salud públicos y privados, esos mismos que las y los políticos de antes y de ahora han aceptado como viables. No obstante, es también la antesala que podría reproducirse cuando los poderes quieran imponer un “Nuevo Orden Mundial” y necesariamente aparezcan los primeros brotes de la rebelión sistémica, esa que se encuentra vigente pero apagada frente al desorden mundial, y veremos entonces si estamos listos para encauzarlo hacia la lucha por diversidad de los pueblos, donde otros mundos sean posibles y donde quepamos todas y todos.

En México, al igual que muchos ya lo observan, NO VEMOS ALENTADOR el transitar durante y después de la pandemia: a) Los bancos no condonarán deudas de la población, pero sin duda florecerá su ya conocida cara de responsabilidad social para, en todo caso, aletargar las deudas; b) La canasta básica quedará desbordada para su adquisición, a causa de la depreciación del peso, pero sobre todo porque simplemente este gobierno, al igual que los anteriores, tampoco apuesta a la producción nacional de manera robusta, porque los programas actuales dirigidos al campo son más enunciativos que efectivos, carecen de capital suficiente y no hay en la mira un verdadero rescate de la soberanía alimentaria; c) Cede de manera alarmante más y más presupuesto y control a las fuerzas armadas, a las que no se contempla adelgazarlas financieramente, a pesar de su cada vez más ineficiente actuación en, por ejemplo, el rubro de seguridad; d) El presidente se niega al diálogo colectivo, sobre todo si este lo increpa, le hace observaciones o le propone alternativas diferentes a las suyas, por lo tanto, una sola cabeza “dirigiendo” este país tan diverso es no sólo insuficiente, sino terriblemente ineficiente. Ya estamos en la antesala de negocios cerrados, desempleo galopante, incremento de la pobreza, mayor cantidad de pobres, al mismo tiempo que, vemos noticias en donde impera la toma de decisiones con visos desesperados de los pueblos por obtener dinero que los hará más propensos -a lo que ya eran-, para ser presas más accesibles de proyectos extractivos o de procesos para la implementación de economías de “enclave”, a cambio de recibir las que denominamos “las migajas del despojo”. No es casual que ya en otras regiones del país estemos observando la intención de aprovechar “la actual desmovilización social por pandemia” para que las empresas y los políticos intenten hacerse de minerales, petróleo y otros bienes naturales que insistentemente buscan los proyectos extractivos. En una palabra, “El Tren Maya Va porque Va”.

Sin embargo, mientras la élite privilegiada -esa integrada por los grandes ricos y sus empresas, los gobiernos de derecha y de supuestas izquierdas-, va olvidando en las calles a los muertos, por otro lado, los pueblos se solidarizan y, como siempre, LA HUMANIDAD RESISTE. Salen al encuentro del otro. Gestos de solidaridad son un oasis en medio de la tragedia humana. Se hace evidente la importancia de hacer énfasis sobre la importancia plena, integral, de calidad, oportuna, suficiente y total del acceso a la salud pública, se habla de la producción nacional, la soberanía alimentaria, la sustitución de las importaciones y de la dependencia, la descentralización contra la centralización de la producción, la eliminación de las patentes que usuran en contra de la vida, entre otros muchos aspectos.

A nivel local, familiar y comunitario se revalora la producción local y se esfuerzan por rescatar más y más la vinculación con la tierra; se piensa en la importancia de las pequeñas unidades de producción y del comercio vecinal que asume en la diversidad a su principal componente; se asume la importancia de la salud comunitaria a partir de la alimentación sana y de la medicina tradicional; los sistemas alimentarios regionales se plantean y cobran fuerza, así como la participación equitativa de los ciudadanos pero, sobre todo, pensar qué mecanismos colectivos son los que finalmente darán perpetuidad a la libre determinación y a la autonomía que integre a la diversidad. Eso mismo que desde la sobrevivencia histórica han logrado los pueblos para estar listos, para apoyar a todas y todos, cuando esto vuelva a suceder. Diversificar y descentralizar se convierten en ejes rectores de las alternativas.

El COVID-19 desvela la actual “fuerza” que por años tuvo el discurso neoliberal impuesto de boca en boca por políticos, académicos, científicos, economistas, empresarios, multifinancieras, banqueros, medios de comunicación, entre otros. Un virus les muestra y lanza globalmente a la pobreza y desesperanza al mundo entero, pero “extrañamente”, por lo menos hasta ahora, sus mayores impactos están presentándose en aquellas ciudades que fueron partícipes directas del progreso y desarrollo capitalista. En ese contexto, son otra vez las comunidades indígenas y campesinas, sobre todo aquellas que todavía mantienen mecanismos mínimos de producción local quienes, al parecer tendrán, como ya sucede en las provincias agrícolas de países como España, mejores posibilidades no sólo para sobrevivir, sino para ser la puerta para escapar de éste falaz sistema que nos han impuesto durante la fase neoliberal. Ahí mismo donde la tierra, el agua, los árboles frutales, las gallinas, el huevo, el maíz, el agua, los bienes naturales vistos dentro de la “unidad” territorio, es donde prevalece la lucha por la vida, la misma que con tanta furia hoy se defienden de la apropiación extractivista.

Pensar en las alternativas, creer que somos capaces de poder activar la descolonización -personal, patriarcal, digital, territorial, política y de políticos alineados- y, sobre todo, darnos tiempo para distanciarnos y apagar un rato lo digital para nuevamente escucharnos, vernos, pensarnos diferentes pero, sobre todo, fortalecer la desobediencia civil contra un sistema develado en la profundidad de su fracaso total, aunque aún muy poderoso en términos económicos y políticos.

COVID-19 también por contradictorio que parezca, devela cosas positivas que ponemos también a la reflexión. Han bastado sólo unos días sin la gran locura de la continua actividad humana para que el planeta respire un poco y descanse de nuestra especie y… ella se congratula y nuevamente nos regala un cielo azul.

“¡Es el tiempo de nosotros los Pueblos!” Bety Cariño

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Shuttterstock

Más información:

México: 83 defensores del ambiente y el territorio asesinados entre 2012 y 2019

Compartimos este reportaje publicado en Mongabay sobre en panorama de las defensoras y defensores en México – A 18 de marzo de 2020

por Thelma Gómez Durán en 18 marzo 2020

  • En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería.
  • El homicidio es la agresión más recurrente; en 2019 se documentaron 15 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Los asesinos llegaron a su casa la mañana del 20 de febrero de 2019. Dijeron que llevaban un mensaje para que se difundiera en la radio, pero en cuanto Samir Flores Soberanes salió, le dispararon. El campesino náhuatl, fundador y locutor de Radio Comunitaria Amiltzinko y uno de los principales opositores a la termoeléctrica en Huexca, fue asesinado días antes de que el gobierno mexicano realizara la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica y que contempla la construcción de un gasoducto y un acueducto.

Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del ambiente y el territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos naturales.

El más reciente Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de defensores ambientales.

Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness: México es uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa del ambiente y el territorio.

En ese mismo período de 2012 a 2019, en México se registraron 499 ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y territorio. “Esta cifra no es absoluta, ya que un gran número de agresiones ni siquiera son denunciadas”, resalta Alejandra Leyva Hernández, abogada de CEMDA y coordinadora del informe.

Agresiones a defensores México 2012-2019
Ataques contra defensores de ambiente y territorio en México. Gráfico: CEMDA.

Homicidios e impunidad

Las agresiones que sufren los defensores del ambiente y el territorio en México son diversas: homicidio, amenazas, intimidación, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento, difamación, desalojo, privación ilegal de la libertad, allanamiento, robo, secuestro y desaparición forzada.

Los datos recabados en el Informe realizado por CEMDA muestran que si bien en 2019 disminuyó el número general de agresiones contra defensores, el homicidio continúa teniendo los mismos números que 2017 y 2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años); además, se coloca como una de las agresiones más recurrentes en contra de los defensores en México.

En 2019, además del asesinato de Samir Flores, se documentaron 14 casos más. Entre ellos el de Luis Álvarez Flores, quien fue asesinado el 10 de junio de 2019. “Tío Guato”, como también se le conocía, era defensor del santuario del mono saraguato y del río Usumacinta, en Chiapas; en varias ocasiones denunció la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río.

Los casos ocurridos en 2019 también muestran que varios de los defensores que han sido asesinados, vivieron diferentes tipos de agresiones antes de su homicidio.

Samir Flores Soberanes, por ejemplo, fue criminalizado y estigmatizado. En 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo acusó por “obstrucción de obra”. Y días antes de su asesinato, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “radicales de izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir.

Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Y que a pesar de que le pidió protección al estado, este nunca atendió sus pedidos. Foto: UMA Saraguatos.
Luis Álvarez Flores fue asesinado el 10 de junio de 2019. Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Foto: UMA Saraguatos.

Otros casos ilustran las consecuencias de la impunidad que cobija a los autores de las agresiones contra defensores.

Por ejemplo, en mayo de 2019, fueron asesinados los indígenas rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en donde persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. La mayoría de la población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas agresiones que viven desde hace ya varios años.

Otilia era sobrina de Julián Carrillo, defensor de ambiente y territorio que denunció a quienes están detrás de la tala ilegal de su comunidad. Julián fue asesinado en octubre de 2018, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado por el Estado mexicano en 2012.

Ricardo Neves, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señala que el mecanismo ha demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de los defensores.

Tania Reneaum Paszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, remarca que en el país “persiste la impunidad. El Estado no actúa cuando se denuncia alguna agresión”.

Defensores ambientales México. Los habitantes de Coloradas de la Virgen se oponen al aprovechamiento forestal a gran escala en su territorio. Foto: Alianza Sierra Madre.
Los habitantes de Coloradas de la Virgen llevan años padeciendo diversas agresiones. De esta comunidad era Julián Carrillo, quien denunció la tala ilegal en su territorio y fue asesinado en octubre de 2019. Foto: Cortesía Alianza Sierra Madre.

Proyectos energéticos, minería y agresiones

En 2012 se registraron 24 agresiones contra defensores de ambiente y territorio. Ese número creció en forma significativa conforme avanzó el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los años más violentos fueron 2015 y 2016, cuando se registraron 107 y 85 ataques, respectivamente, resalta Manuel Llano Vázquez, fundador de CartoCrítica, organización que analizó los datos sobre ataques contra defensores documentados por CEMDA desde 2012.

El informe de CEMDA resalta que el alza en las agresiones se presentó después de entrar en vigor la llamada “reforma energética”, la cual tenía entre sus objetivos impulsar la participación privada en la producción y refinación de hidrocarburos, así como en la generación de la energía eléctrica.

Esta reforma trajo consigo un incremento de megaproyectos en todo el país, desde gasoductos, explotaciones petroleras, así como parques para la producción de energía eólica y solar.

Infografía: CartoCrítica.

El análisis realizado por CartoCrítica también permite observar que durante el periodo de 2012 al 2019, la mayoría de las agresiones (141) fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y parques eólicos.

Las agresiones contra defensores que se oponen a proyectos mineros e hidráulicos también están entre las que más se registraron durante ese periodo.

Las entidades con el mayor número de agresiones son Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz. En el caso de Oaxaca, resalta el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde los ataques se han producido contra defensores que se han opuesto a la construcción de proyectos para la generación de energía eólica.

Actualmente, en la zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hay 28 parques eólicos que suministran energía a grandes empresas e industrias.

Los defensores de ambiente y territorio —resalta Alejandra Leyva— se enfrentan a intereses económicos basados en un modelo y una visión de desarrollo que no toma en cuenta a las comunidades y la diversidad cultural. “Existe una presión sobre los territorios y la biodiversidad, que se beneficia de legislaciones flexibles (como la Ley Minera) y la falta de cumplimiento de derechos básicos, entre ellos la consulta libre e informada”, resalta la abogada de CEMDA.

Oposición Hidroeléctrica-Puebla
Comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla se oponen a la construcción de una hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Foto: Cortesía Fundar.

Evolución y persistencia de las agresiones

Manuel Llano, de CartoCrítica, resalta que se identificaron 140 ataques, registrados entre 2012 y 2018, que tuvieron como agresores a las fuerzas de seguridad. “Los tres órdenes de policía (federal, estatal y municipal) generaron agresiones de manera constante. Ante una disminución de las agresiones de la policía federal al final del periodo, hay un aumento en el uso de la Marina. El ejército aparece intermitente, pero constante”.

Entre los probables agresores también se señala a personal de las empresas, grupos paramilitares, narcotráfico y personas de las mismas comunidades.

Al analizar las agresiones también es posible observar que durante los primeros años de gobierno de Peña Nieto (2013-2014), los ataques más recurrentes fueron amenazas, agresiones físicas y uso indebido de la fuerza. Esto se modificó a la mitad del sexenio, cuando aumentó la difamación y el hostigamiento en contra de los defensores. Y al final del periodo, se incrementaron —a más del doble— el homicidio y la privación ilegal de la libertad. Una constante fueron la criminalización y la intimidación.

Infografía: Cartocrítica.

La legislación de México —destaca Tania Reneaum— permite que se criminalice a quienes están en contra de proyectos públicos. Amnistía Internacional ha acompañado casos de defensores del Estado de México, Puebla y Chiapas a quienes se les ha procesado, encarcelado y condenado a pagar reparaciones millonarias.

Con el gobierno de Andrés López Obrador (el cual comenzó en diciembre de 2018), la situación para los defensores de ambiente y territorio no ha cambiado mucho.

En el actual sexenio, además de los 15 asesinatos registrados en 2019, se suman amenazas que han recibido defensores —entre ellos Pedro Uc Be— que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.

Después del asesinato de Samir, durante 2019 se registraron cuatro agresiones —criminalización y hostigamiento— contra otros miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Los datos de 2019 también muestran que 40.5 % de las agresiones tienen como presunto responsable al gobierno en sus distintos niveles.

“No hay un cambio estructural que permita disminuir las agresiones contra los defensores, continúa el impulso de megaproyectos y la política energética sin cambios”, resalta Alejandra Leyva, de CEMDA.

Mongabay Latam solicitó al subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, su postura sobre el informe, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero no se tuvo respuesta.

Mujeres que por las amenazas y ataques contra sus familiares fueron forzadas a salir de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019.  Foto: Ginnette Riquelme

Urge que México ratifique Acuerdo de Escazú

Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, destaca que en aún “no se entiende que los defensores ambientales y de territorio son víctimas directas de un modelo económico extractivista; víctimas de la omisión del Estado”.

Los defensores ambientales y de territorio, insiste, “no solo defienden agua, aire, tierra, árboles. Defienden la vida, la identidad cultural de una comunidad”.

Ante la crítica situación que viven los defensores de ambiente y territorio en México, la directora de Amnistía Internacional, el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y CEMDA llamaron al gobierno mexicano a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Este es el primer tratado en el mundo y la región que plantea la obligación, por parte de los Estados, de proteger la labor de las personas defensoras ambientales. Entre otras cosas, obliga a los gobiernos a contar con mecanismos claros de consulta a las comunidades.

Hasta ahora este acuerdo solo ha sido ratificado por siete países y hay dos más que están en proceso de hacerlo. Para que el tratado entre en vigor se requiere que, por lo menos, once países lo ratifiquen.

El Acuerdo de Escazú otorgaría mayores herramientas de lucha —les permitiría llevar sus casos a tribunales internacionales— a defensores y las comunidades que no están dispuestos a bajar la guardia y que exigen justicia para sus compañeros asesinados.

Este es el caso de los integrantes de la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo, Morelos, a la que pertenecía Samir Flores Soberanes, y que es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone al Proyecto Integral Morelos.

Para Jorge Velázquez, miembro de la Asamblea, la mejor forma de hacerle justicia a su compañero Samir es “seguir firmes en la lucha. Seguir en la defensa de nuestros recursos naturales”.

*Imagen principal: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos, después del asesinato de Samir Flores en febrero de 2019.

Más información:

¿Cómo sobrevivir al #Covid_19? Propuestas desde los derechos humanos

Compartimos esta información publicada en Comité Cerezo México – Organización de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el COVID 19 – A 19 de marzo de 2020

Desde el 5 de enero de 2020, en el mundo comenzó el debate y las acciones ante el Coronavirus o Covid-19, ante una emergencia sanitaria los Estados deben cumplir con su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. Los pueblos del mundo, en medio de estas condiciones, tienen el derecho de defenderlos.

¿Cuáles son los ejes fundamentales para lograr que la vida digna no se vea más afectada en esta pandemia?

La obligación del Estado es la de lograr el grado máximo de salud posible , para lo cual debe contar con políticas y programas que permitan contar, mínimamente con los siguientes derechos humanos:

  • Servicios de salud disponibles
  • Condiciones de trabajo que sean seguras
  • Vivienda adecuada (incluye acceso a agua)
  • Alimentación adecuada

Las acciones del Estado para garantizarlo, deben ser una política integral que trasciende a la Secretaría de Salud, pues debe ser capaz de responder a la situación actual, de sentar las bases para fortalecer su capacidad de prevención para el futuro e incluso, de desmantelar medidas del pasado, como las políticas neoliberales, que merman la capacidad de reacción del Estado.

El pueblo de México se encuentra en pésimas condiciones debido al arrebato sistemático de derechos humanos y al despojo que se han vivido en los últimos años. La epidemia ocurre en condiciones en las que la mayoría de la población no cuenta con un trabajo formal, con seguro médico, con un salario suficiente para vivir dignamente, con jornadas máximas de 8 horas. En medio de ello tanto el impacto en términos de salud como en términos económicos golpeará con fuerza a quienes menos tienen como resultado de la profundización del modelo capitalista y su sistemático arrebato de derechos humanos.

A eso se suma el hecho de que las medidas implementadas por el nuevo gobierno, como parte de su programa y como parte del programa de sana distancia ante la epidemia, no han sido suficientes ni han sido claras en el desmantelamiento del neoliberalismo, lo que sólo agrava los hechos pues enfrentaremos la pandemia no sólo con todos los daños que ya nos han hecho mella por los años anteriores, sino con la deuda por eliminar todas las reformas neoliberales.

Si bien el Gobierno Federal adelantó el apoyo para adultos mayores, éste debería ser un apoyo duplicado y no sólo adelantado, para realmente ser suficiente.

Si el Estado actual quiere verdaderamente demostrar su compromiso anti neoliberal debe de desplegar una serie de medidas, que no sólo eviten que el arrebato de derechos afecten con más fuerza al pueblo trabajador, sino que lo protejan ante las empresas y los especuladores.

Como Comité Cerezo consideramos que estas medidas deben incluir, al menos:

Decálogo para garantizar la salud y la vida digna ante la pandemia del #Covid_19:

  1. Proteger las condiciones laborales para toda persona trabajadora, especialmente para quienes están más expuestos al riesgo. Exigir a patrones el cumplimiento de espacios seguros (distancia y limpieza) o la suspensión de actividades, manteniendo un salario digno para quien debe cuidar a alguien en casa o cuando la fase de reacción a la emergencia lo requiera. Sancionar despidos injustificados o suspensión de pago de cuotas a la seguridad social. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que no cumplan estos lineamientos, dichas empresas seguirán operando como cooperativa de todas las personas trabajadoras, con un administrador nombrado por el Estado.
  2. Garantizar el abasto de agua para la población. Esto implica, garantizar suministro en zonas de tandeo, levantar las restricciones donde previamente se han colocado y suspender el pago del servicio dos bimestres, el actual y el siguiente. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que cobran el agua si no cumplen estas medidas.
  3. Aprobar un paquete de protección social que suspenda el pago de rentas, y de todos los servicios públicos, agua, luz, predial o insumos de necesidad básica como gas natural y LP y alimentos contenidos en la canasta básica. Suspender los cortes de luz por falta de pago y reconectar la luz en las viviendas en dónde el servicio ha sido cortado durante esta epidemia. De esta manera, se da una efectiva protección al trabajador, especialmente a más de 50% de la fuerza laboral que vive al día, cuyos ingresos se verán fuertemente afectados.
  4. Provisión de una despensa gratuita semanal o mensual para toda la población que percibe menos de tres salarios al día, aquella que se sostiene del comercio informal y vive del día a día (con alimentos no perecederos, arroz, frijol, aceite, sal, azúcar, carne envasada al vacío y verduras en salmuera), parecido al apoyo que se da a las escuelas.
  5. Aplicar la Ley de Expropiación a las grandes empresas que eleven precios, especulen y oculten los insumos de limpieza y los necesarios para la salud, así como alimentos. (Por ejemplo: Industrias Bachoco, Productos Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agropecuaria, Proteína Animal, Avícola y Porcícola de los Altos; Buhler, OMG International, Del Campo Productos; Grupo Industrial Maseca; del sector melaza: Beta San Miguel, Zucarmex, Promotora Industrial Azucarera, Almacenadora México; Alcoholera de Zapopan, Ingenio La Gloria, Ingenio Constancia; Cargill de México, Bayer de México, Bartlett de México.)
  6. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que restrinjan o condicionen la distribución o lucren de forma alguna con la venta de medicamentos o material requerido para la atención de personas en el grupo de mayor vulnerabilidad y de las personas afectadas por el Covid-19.
  7. Atender de forma expedita las denuncias sobre abusos de empresas, ya sea en cuestiones laborales, [Por ejemplo: La empresa Alsea de los hermanos TORRADO cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips entre otras empresas, quienes han decidido en contra de la Ley mandar a casa a miles de trabajadores sin salario durante 30 días, esta empresa es candidata a la la aplicación de la Ley de expropiación] venta de servicios (incluidos los de salud), aplicación de pruebas para Covid-19 a un precio mayor al costo de producción o todas las anteriormente señaladas, para la aplicación de la Ley de Expropiación.
  8. Crear un impuesto progresivo a la ganancia de las empresas que venden los insumos de mayor demanda y necesidad en estos momentos. La recaudación correspondiente debe ser utilizada para la atención de las necesidades esenciales de la población durante este periodo. Por la misma razón las grandes empresas deben pagar una prima de contingencia a sus trabajadores.
  9. Como ha venido sucediendo, mantener el derecho a la información y la transparencia por parte de la Secretaría de Salud.
  10. Derogación de las reformas estructurales que han mermado la capacidad de respuesta del Estado en la prevención, atención y aprendizaje de emergencias como la actual, si bien se sientan las bases para la universalidad de la salud, debe ser este momento el idóneo para eliminar el outsourcing que vulnera entre otros el derecho a la seguridad social. Eliminar las concesiones a farmacias y laboratorios que desde antes de esta pandemia no han cumplido con el objetivo de tener los medicamentos para la población o que han lucrado a costa de la salud del pueblo. Por lo cual el estado debe renacionalizar los servicios estratégicos nacionales, eliminar a las empresas que por convenios con los gobiernos siguen lucrando con el derecho a la salud y otros servicios públicos.

Como pueblo ¿Qué podemos hacer?

Necesitamos enfatizar que poder quedarse en casa no es un “privilegio”, si comenzamos a nombrar a los derechos humanos como “privilegios”, estaríamos replicando un pensamiento neoliberal que históricamente ha avalado el despojo de la vida digna para todo el Pueblo. Nuestra exigencia debe enfocarse en que el Estado genere las condiciones para que toda la población pueda resguardarse en casa, como una medida de protección comunitaria ante una pandemia como la actual. Ningún derecho humano es un privilegio, pues existen gracias a las conquistas del pueblo que decide organizarse y luchar ¿Estaremos a la altura?

Si en estos 30 días, o después de ellos, alguna autoridad comete una violación a nuestros derechos humanos, podemos documentarlas como el inicio de la lucha por la justicia y sanción a los responsables, incluso si éstas implican la omisión de los funcionarios públicos ante el actuar rapaz de las empresas que, ante la emergencia, buscan mayores ganancias, a costa del bienestar general.

Si logramos organizarnos para exigir el presente decálogo, las posibilidades para sobrevivir esta pandemia aumentan, e incluso, estaríamos logrando fortalecer las condiciones materiales para una vida más digna, más allá de la emergencia.

Una vez que pase la emergencia, sigue los eventos, talleres y actividades que el Comité Cerezo México lleva a cabo, de forma solidaria, para aumentar la claridad sobre nuestros derechos y cómo exigirlos para que logremos, de forma organizada, una vida digna para el pueblo.

¡La vida digna del pueblo, debe ser primero!

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Comité Cerezo México

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Paulina Gómez Palacios Escudero; OTRA Defensora del Territorio Asesinada

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de abril de 2020

Paulina Gómez Palacios Escudero, mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí, se une a las/los más de 35 activistas defensoras y defensores de los derechos humanos y el territorio asesinados a lo largo y ancho del país desde enero de 2019 a la fecha https://avispa.org/mexico-mas-de-30-defensores-dederechos-humanos-y-activistas-asesinados-en-2019/. “En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería (Mongo Bay https://es.mongabay.com/2020/03/mexico-defensores-de-ambiente-yterritorio-asesinados/).

Paulina Gómez Palacios fue reportada como desaparecida en su lugar de origen el 19 de marzo del presente y encontrada asesinada el 22 del mismo mes en el municipio de El Salvador, Zacatecas.

Paulina era “una guardiana del territorio sagrado de Wirikuta y amiga del pueblo Wixárika. Una guerrera, maestra y hermana del camino sagrado”, como lo reconocen las organizaciones Salvemos Wirikuta y Los Últimos Guardianes del Peyote.

El territorio que la vio nacer, y por el cual Paulina luchaba desde hacía años, es la tierra sagrada donde se encuentran “las esencias de la vida, y donde nace el sol” de acuerdo a la cosmogonía del pueblo Wixárika. En este territorio, el Consejo Regional Wixárika, desde 2009 ha librado una gran batalla por impedir actividades mineras y la cancelación de 38 concesiones mineras (6,327 has) de la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., además de 40 concesiones de la empresa Resources Corporation “Proyecto Universo”, sumando 78 concesiones mineras que abarcan el 70% del ANP en la zona.

La disputa por el territorio como consecuencia de un modelo extractivo voraz, ha acelerado la organización de los pueblos para evitar ser despojados de sus bienes comunes naturales y culturales; y esto a su vez, ha desatado una cacería contra las y los defensores por parte de empresas, gobiernos y crimen organizado. En ese contexto, la 4T ya actúa como los gobiernos anteriores en sus tres niveles, porque simplemente continúa el mismo patrón de impunidad y falta de procuración de justicia en cada uno de los asesinatos ocurridos durante el actual gobierno, además de seguir siendo defensores de las empresas transnacionales y sus operadores, incluyendo sus grupos armados, y siguen siendo omisos, y por ende actúan en contubernio, evitando lo que ya es una antigua aspiración; una aplicación efectiva de la justicia, dejen de permitir que las empresas continúen operando en total impunidad.

Desde la REMA, le exigimos a este gobierno de la 4T, que ya dejé de lado la impunidad hecha sistema, exigimos castigo a los culpables de cada uno de las y los asesinados, y dejen para después su discurso de seguirle echando la culpa a los gobiernos anteriores. Los números no mienten; la impunidad en este gobierno, no sólo continúa, sino que se está agravando.

Nos solidarizamos y abrazamos a la familia y amigas/os de Paulina Gómez Palacios, a quien despedimos con mucho dolor, pero agradecidos de su pasión, su lucha, su tenacidad y su amor por la vida.

¡YA BASTA DE IMPUNIDAD!
¡BASTA DE ASESINAR A LAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO!

Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: OCMAL

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Aprueba Senado ley para el fomento y protección del maíz nativo

Compartimos esta nota publicada en La Jornada y de la Campaña Sin Maíz No Hay Pais sobre la inictativa #MAÍZYA para la defensa del maíz nativo – A 25 de marzo de 2020

El Senado aprobó anoche la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, con las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados y remitió la minuta al Ejecutivo federal, para su promulgación entre expresiones de júbilo de Jesusa Rodríguez y Ana Lilia Rivera, autoras de esa iniciativa encaminada a preservar ese alimento, “que es también la esencia de nuestra cultura”, frente a los intereses de poderosas corporaciones trasnacionales.

Es la segunda ocasión en que esa reforma pasó por el Senado, la primera en septiembre del año pasado, cuando se aprobó la iniciativa y anoche, al allanarse esa cámara a las modificaciones realizadas por la colegisladora, las que, a juicio de las comisiones dictaminadoras “no modifican la naturaleza” ni el espíritu de la propuesta original que es establecer mecanismos institucionales para la protección y fomento del maíz nativo y en diversificación constante y declarar a esta actividad como mecanismo cultural.

Casi al final de la sesión con la que cerró actividades el Senado -para cumplir con las medidas gubernamentales de prevención del Covid-19, la senadora Jesusa Rodríguez subió a tribuna para expresar su jubilo ante la aprobación de es nueva ley. Citó el poema “Patria y superficie del maíz”, de López Velarde y resalto que el maíz es más que un alimento, “es también la esencia nuestra cultura”. 

«¿Qué sería de los pueblos si maíz?”. Como amanecer sin sol, como paisaje sin distancia, como árbol sin raíz… como dormir sin descansar, como viajar sin asombro, Así estaríamos, como como muñecos de lodo, de paja, de madera, sin sangre sin carne”

En igual tono poético, la senadora Jesusa Rodríguez resaltó: “Sin maíz qué fuera de nosotros, qué fuera de las esperanzas, qué fuera de fuera de la vida sin la gracia primera. sin la dulce sonrisa de mazorca, qué fuera de los campos sin rastrojo, de la noche sin el día que fuera de la gente sin sus huesos, qué fuera de un un país, que es el nuestro que vive del maíz y en él se inventa”

«¿Qué fuera del pasado y del futuro, qué fuera del presente si no fuera el maíz nuestro sustento, nuestro amor. Nada seríamos ya porque somos maíz no somos otra cosa”.

La senadora, actriz y activista resaltó que “triunfó la causa y México”, porque el país es esa planta, crece en ella y se levanta porque “México y el maíz son uno solo”.

Por su parte, la senadora Rivera señaló: “festejamos, estamos orgullosas de lo que hemos trabajado durante toda nuestra vida en defensa de nuestro país, porque le arrebatamos a intereses perversos la posibilidad de poder crear propiedad intelectual sobre las variedades vegetales del maíz “

Detalló que son más de 2 millones de 64 razas y de más de 1000 años de evolución y domesticación del maíz.

Mostró “uno de los morales más maravillosos de Cacaxtla, en Tlaxcala, “donde vemos una milpa qué lugar de mazorcas da de esos, porque es la simbología de nuestro pueblo. Es la esencia del pueblo de México”.

La senadora de Morena resaltó que no son un grupo de locos poetas, sino un grupo que lucha por el maíz “contra monopolios agroalimentarios poderosos, ambiciosos calumniadores, a quienes hoy se les acabó la posibilidad de hacerse del maíz.

“¡¡Sin maíz no hay país y milpa tampoco!!”, concluyó. 

Unánime aprobación del Senado para crear Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo

Senado de la República Boletines 24 Marzo 2020 22:48

  • Se protege a la producción, comercialización y consumo de este alimento como una obligación del Estado.

Por unanimidad, con 79 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó, en lo general y lo particular la minuta devuelta por la Cámara de Senadores que expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo, con el objetivo de garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Con este ordenamiento se declara a la producción, comercialización y consumo del Maíz Nativo y en Diversificación Constante, como manifestación cultural, de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Se establece su protección y la obligación del Estado para garantizar el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, como lo indica el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución Mexicana.

También, se establecen mecanismos institucionales para la protección y fomento del Maíz Nativo y en Diversificación Constante.

Se incluye la creación del Consejo Nacional del Maíz Nativo, como un órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal para brindar su opinión en la materia, y se disponen procedimientos y mecanismos para la identificación de áreas geográficas en las que se practiquen sistemas tradicionales de producción, a fin de establecer las medidas necesarias para garantizar y fomentar su subsistencia.

“Logramos crear una ley de salvaguarda que reconoce al maíz como un derecho humano a la cultura y un derecho humano a extensión del derecho a la salud de este país”, dijo la senadora, Ana Lilia Rivera Rivera, de Morena, una de las promotoras de la legislación.

Destacó el orgullo de quienes han trabajado en la defensa del maíz, al arrebatar de “intereses mezquinos y perversos” la posibilidad de crear propiedad intelectual sobre las más de 64 razas, resultado de más de siete mil años de evolución y domesticación del alimento.

En tribuna, la senadora de Morena y también promotora de la Ley, Jesusa Rodríguez Ramírez, manifestó que el maíz es el alimento y base de la salud de la población. La mayoría de las enfermedades, indicó, son causa de la mala alimentación. “Representa el fundamento de una buena alimentación y la esencia de nuestra cultura”.

Después de haber sido devuelta con cambios por la Cámara de Diputados, la Ley fue aprobada en reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.

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