«El violador eres tú» desde Tuxtla Gutiérrez. Foto: Roberto Ortiz
*Durante 2019, organizaciones registraron 199 feminicidios en Chiapas. En contraste, la autoridad solo confirmó 20.
*El reconocimiento del feminicidio como delito en la
normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha
sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia
extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y
riesgo en la que se encuentran las mujeres en México: CNDH.
Carmen Villa, Directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH),
afirmó que la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) en
reclasificar como delito de alto impacto al feminicidio a una agravante
del homicidio, significaría una salida errónea.
La Fiscalía General de la República ha justificado esta acción como
una opción para que las investigaciones se hagan de forma más expedita y
con mayores fundamentos legales, sin embargo, Villa afirmó que hay
señalamiento de organizaciones y colectivas feministas que lo denominan
como un retroceso.
No obstante, Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República,
aseguró ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados, que la
institución no tiene tal intención.
A su vez, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional
Ciudadano, comentó que esta decisión no coadyuva con el trabajo en favor
de las mujeres, por lo que se deben de tener mayores capacidades para
atender la violencia feminicida y no ajustar las leyes.
“Hay una serie de retos, capacitar a los primeros
respondientes, analizar a detalle los elementos de prueba e integrar de
mejor forma las carpetas, ahí esta los puntos de oportunidad en mejorar
las capacidades” añadió Villa.
La Directora del OCCH comentó que el delito de feminicidio se
encuentra marcado en Tratados Internacionales, en las cuales México es
firmante.
“Quitar esta conceptualización, significa hacer un retroceso a la
lucha, ante las limitantes que se tienen para atender eficazmente los
delitos (…) Es una propuesta que no está basada en evidencia, en un
diagnóstico de la realidad para atender el feminicidio desde lo
justicial. Además, este delito no puede ser atraído por la FGR” afirmó
Villa.
Panorama
Colocan cruces rosas en la sede del congreso del Estado (1) Foto: Roberto Ortiz
Villa comentó que 2019 fue el año con más feminicidios según datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
por lo que es un acontecimiento que sigue en crecimiento y en la que las
autoridades deben implementar e incursionar para resolverlas.
En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las
Mujeres contabilizó al menos 199 muertes violentas de mujeres. No
obstante, la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo
registró 20.
En específico, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en
su Balance Anual 2019, informó que de enero 2015 y julio de 2019, Estado
de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, las entidades más
letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes, con
55, 33, 23, y 21 víctimas de este delito, de manera respectiva.
Ante este panorama, Villa agregó que el Observatorio Ciudadano de
Chiapas prepara un informe detallado desde el decreto de Alerta de
Violencia de Género, sucedido el 18 de noviembre de 2016, a la fecha, en
la cual detallarán diversos aspectos que se ven inmersos de la
violencia feminicida dentro de los 7 municipios bajo la declaratoria.
Llamado
En 2019, van 163 muertes violentas en Chiapas. Foto: Francisco López Velásquez (16)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a
la Fiscalía General de la República para no persistir en la intención
de modificar el tipo penal del feminicidio y pone de manifiesto la
obligación del Estado mexicano de prevenir, erradicar, investigar y
repara la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio.
“Es inadmisible el aumento de los feminicidios en nuestro
país, constituyendo ya una gravísima crisis en materia del respeto y
garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” CNDH.
Además, el Organismo Nacional comentó que la tipificación del
feminicidio en el Código Penal Federal es el resultado del cumplimiento
de México respecto de las obligaciones contraídas para el pleno respeto y
garantía de los derechos humanos de las mujeres, de un serio y experto
trabajo de legisladoras y legisladores.
“La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio
agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad
del contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza
el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a
través de él se busca perpetuar los patrones culturales de
subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres, niega de iure y
de facto el acceso a la justicia de las mujeres” Comisión Nacional.
¿Qué es un feminicidio?
Protestas contra Velasco opacan toma de posesión de Escandón Cadenas – Fotos Francisco López Velázquez (24)
De acuerdo con la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, se deberá entender por violencia, “…cualquier
acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en
el ámbito privado como en el público.”
Asimismo, determina que la violencia feminicida, es la forma extrema
de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de
mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los
albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad
de género y las consecuencias extremas de la misma, en la vida de las
mujeres.
Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la
promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia
feminicida”, que de acuerdo con esta “…es la forma extrema de
violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta de mujeres…”
Por ello, para contribuir a garantizar que las instituciones
reconozcan y castiguen los asesinatos de mujeres, en 2012 se aprobó una
Reforma al Código Penal Federal, en el que se establece el Delito de
feminicidio y se definen los criterios para investigar y determinar si
tal homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, si al menos
cumple con uno de dichos criterios. Desde entonces, las entidades
federativas han incorporado en sus propios Códigos Penales ese tipo
penal, no sin tropiezos y limitaciones para su aprobación, adoptando o
adaptando el ya reconocido a nivel federal.
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a
una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de
género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
– A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
Enero de 2020, el mes más violento para las mujeres durante los últimos 4 años en Chiapas
Desde el 18 de noviembre de 2016 se encuentra vigente la Alerta de Violencia de Género, es decir, ya pasaron 4 años y 3 meses para que el estado conjuntara esfuerzos para reducir la violencia feminicida
El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de
Chiapas consideró en el reporte estadístico del mes de enero como el
inició con un mayor nivel de gravedad y agudización de violencia
feminicida durante los últimos 4 años.
El Observatorio contabilizó 18 muertes violentas de mujeres: 5
homicidios, 11 feminicidios, 1 suicidio sin carta póstuma y 1 muerte por
caso fortuito.
Además, contabilizaron 52 denuncias de mujeres desaparecidas, de las
cuales 25 aún continúan bajo este perfil y 27 ya fueron localizadas.
Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Así como 3 feminicidios en grado de tentativa.
La cifra más alarmante es que en los registros de violencia sexual
hacia mujeres ubicados en los municipios de Mapastepec, San Cristóbal de
las Casas, Suchiate, Tapachula, Tecpatán y Villa Comaltitlán, el 43 por
ciento son niñas de entre a 17 años, el 29 mujeres de 18 en adelante y
el 28 por ciento niñas de entre 0 a 12 años.
Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Imágenes: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Comunicado de Otros Mundos Chiapas en el marco de acciones de la Jornada de la Defensa del Territorio y de la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos” – A 20 de febrero de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<
20 de febrero de 2020, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Otros Mundos Chiapas nos unimos a las exigencias de justicia para el compañero Samir Flores Soberanes, a un año de su asesinato. Samir era habitante de Amilcingo Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo un defensor de la vida.
En el marco de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”, recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminción de los pueblos. Denunciamos la grave imposición de megaproyectos en todo México. Mientras esto siga continuará la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.
Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. Durante el 2019 fueron asesinados 32 defensores y en lo que van de este año se suman dos muertes que, junto con Samir Flores, exigimos justicia para Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de las Mariposas Monarcas en Michoacán, y justicia para todas y todos que pierdan la vida en esta lucha. Nadie que defienda la vida tiene que morir, pero su partida son semillas que se siembran para seguir defendiéndola.
¡Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida!
¡Alto a la devastación ambiental y cancelación de megaproyectos!
Imágenes: Brigada de arte comunitario “Talimakalsinan nanu” y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre – A 13 de febrero de 2020
Los defensores del medio ambiente sufren la mayor cantidad de agresiones, según Front Line Defender, una organización internacional de Derechos Humanos. En México el impulso a megaproyectos de desarrollo desde el gobierno federal aumenta su vulnerabilidad
Texto: Arturo Contreras Camero
Los guardianes del medio ambiente son los más amenazados del mundo. 40 por ciento de los defensores de derechos humanos asesinados el año pasado estuvieron vinculados con este tipo de temas según el informe Análisis Global 2019 de la organización internacional Front Line Defenders.
En el caso mexicano la situación es peor. El 75 % de los defensores
asesinados trabajaban temas ambientales, defensa de la tierra y pueblos
indígenas. El año pasado 304 personas que defienden derechos humanos
fueron asesinadas en el mundo.
América Latina es la peor región del mundo para ser defensor de
Derechos Humanos, pues concentra el 90 por ciento de los asesinatos, y
de los 5 países con más defensores asesinados, 4 son de este continente.
En primer lugar está Colombia con 106 asesinatos, seguido por
Filipinas, 43; Honduras, 31; México con 24, y Brasil con 23.
Los casos en México podrían aumentar, pues la organización sigue
documentando casos. En el país, en lo que va de este año, han sido
asesinados tres defensores. A este contexto hay que añadir la impunidad,
pues de las 24 muertes de 2019, 11 cuentan con carpetas de
investigación, pero en ninguno hay indicios de justicia.
Así como en el caso de la violencia contra periodistas, las
agresiones en contra de defensores de Derechos Humanos son perpetradas o
facilitados por personas en el poder, ya sean funcionarios del
gobierno, policías o miembros del ejército. Entre ellos destaca el papel
de los poderes municipales, quienes se ven involucrados en lso casos
por omisión, acción o aquiescencia, es decir, que se hayan beneficiado
de alguna manera por las agresiones
Destruir el medio ambiente para combatir la pobreza
Desde la entrada de la nueva administración federal se implementó una
política de combate a la pobreza a través de la creación de
megaproyectos ambientales que buscan desarrollar zonas rurales del país.
Con ello, según dice el informe, aumentó la criminalización en contra
de estos actores, que son los menos visibilizados y quienes mayor acceso
tienen a estas comunidades.
“El continente fue testigo de la creciente privatización de los
servicios públicos básicos, la flexibilización de la legislación
ambiental y laboral, la creación de nuevas leyes para debilitar el
activismo de derechos humanos y el desmantelamiento de las políticas
diseñadas para hacer frente a la desigualdad” señala el informe.
Ángeles Hernández, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos
señaló que es importante identificar y reconocer la diversidad de
personas defensoras. “Son los que están allá afuera luchando por
construir un mejor panorama y por cambiar el mundo que vivimos, que
están luchando porque la dignidad de todos sea respetada”.
Al respecto, Jesús Peña, representante del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos de la ONU, dijo: “La mitad de las persona defensoras
tenían un vínculo con la defensa del medio ambiente por el contexto en
el que viven. Don escritoras, maestras o comunicadoras que decidieron no
quedarse calladas. Estas personas son los agentes fundamentales para
asegurar un futuro sostenible. Sus asesinatos y desaparición es el
culmen de la agresión, resultado de una criminalización que señala que
quienes protegen el medio ambiente se oponen al desarrollo”.
La deuda con las mujeres
En este esquema de agresiones, hay un subregistro de las mujeres,
aseguró Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de
Front Line Defenders.
“Las defensoras jugaron un gran papel importante liderando esfuerzos
por defender a personas defensoras de derechos Humanos, impulsando
estos proyectos a nivel nacional. Son ellas quienes, mientras más
levanta la voz, mientras más ocupan espacios, encuentran imposiciones de
grupos locales. Las señalan, usan contra ellas lenguaje que
estigmatiza, que es misógino, y buscan exponer su vida privada. Lo hemos
visto con mujeres periodistas y defensores de derechos reproductivos.
Esto obliga a que las defensoras muchas veces opten por tener menos
visibilidad en sus casos. Por ello, en este tipo de agresiones es muy
probable que exista un subregistro, pues el número de casos que son
públicos no empatan con los niveles de violencia de género que existen
en el país.
Los defensores migrantes, la otra alerta
A la par de la invisibilización de las mujeres, en el país hubo una
crecida en las agresiones contra defensores de la población migrante.
Desde el cambio en la política migratoria del Gobierno de México, a raíz
de las presiones comerciales de Estados Unidos, hay una mayor
criminalización en contra de la migración, y por tanto una restricción a
los que los defienden.
Desde la primera caravana de migrantes a finales de 2018 a la fecha
hay 64 hechos de agresiones a defensores de migrantes, entres ellas
destacan los ataques a albergues, entre los que hay intentos de
allanamiento de la Guardia Nacional, revisiones migratorias afuera de
los albergues y criminalización de defensores, como el caso de Irineo
Mújica y Cristóbal Sánchez, quienes enfrentaron cargos de trata de
personas y fueron detenidos sin pruebas.
“En este panorama encontramos un discurso estigmatizante a partir de
acciones criminales. Se habló de que los albergues podrían estar
inmiscuidos en trata de personas. Incidentes como el incendio al
albergue de La Sagrada Familia en Tlaxcala, o la desaparición del
defensor Aarón Méndez. Incluso, en esta situación hay otras personas que
ni siquiera pueden dar sus nombres, pues pueden ser deportados”,
aseguró Ángeles Hernández, de la red TDT.
El ejemplo de Nahuatzen
Durante la presentación del informe Efraín Avilés, del Consejo
Ciudadano Indígena Nahuatzen compartió su testimonio sobre las
agresiones que enfrentan en su comunidad. Desde hace unos años el
poblado de Nahuatzen, en la meseta purépecha de Michoacán lucha por un
proceso de autonomía y autodeterminación. “En 2015 nuestra comunidad
decide tomar ese camino por la inseguridad y por los problemas de Tala
Clandestina que tenemos. Ese año tuvimos muertes por luchar en contra
del rezago histórico que tenemos en atención a servicios básicos”.
De acuerdo con el último informe de Coneval, este municipio es el más
pobre de Michoacán. Actualmente hay tres personas detenidas ilegalmente
por defender el ambiente.
“Enfrentamos una situación difícil. No recibimos atención por parte
de las instituciones de defensa del medio ambiente, por lo que el
proceso de reforestación que queremos llevar a cabo parece imposible.
Pedimos que nos apoyen en algo, en lo que sea. Esperemos se logre en
este año”, dijo el representante de la comunidad.
“Lo que buscamos es que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que se reconozca nuestra autonomía. Estamos convencidos que con hace falta un proceso de reconocimiento por parte del gobierno federal; que reconozca que nuestra cultura ha sido poco menos que forzada a desaparecer”.
Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)
Este pueblo zapoteco que se rige por sistema normativo de usos y costumbres ganó un amparo contra la minería en su territorio. Sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan dicho mandato judicial federal
Por Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese
a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el
Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su
territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía
Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este
mandato judicial federal.
Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de
la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se
amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una
incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés
Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce,
hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.
En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam
de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado
de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente
del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la
decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la
minería”.
Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la
comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda
de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la
autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.
Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera
canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y
otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la
Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y
otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero
dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la
ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su
propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época
prehispánica.
La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de
Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano
y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal
como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.
En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las
concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el
territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa
Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.
Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de
Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le
reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad
indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los
intereses de particulares.
Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y
pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido
discriminación y racismo en la impartición de justicia.
Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.
“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la
empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia
la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia
se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando
contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha
de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora
sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.
El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen
30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la
OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y
América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.
Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples
razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han
llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta
sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.
Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado
siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés
Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de
las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario
porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de
la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las
concesiones”.
“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de
Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos
está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad
indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción
en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a
seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.
Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el
dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido
brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca
del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la
cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna
institución han hecho absolutamente nada”.
Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.
Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF
Compartimos la siguiente nota publicada en el diario El economista sobre el Tren Maya y sus proyectos subsecuentes – A 31 octubre de 2019
El Fonatur pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.
Por Jesús Vázquez
Cancún, QR. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.
Luis
Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, aseguró que desde la última
reunión con Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, hace más de un
mes, las negociaciones están estancadas, pues la asamblea ejidal no
autorizará incorporar una superficie tan grande al proyecto sin tener la
certeza de que habrá un beneficio económico para los ejidatarios.
“Ellos quieren hacer negocio con nuestras tierras, pero no tenemos
claro de qué manera nos beneficiaremos nosotros. Nos hablan de ser
socios, pero no nos han mostrado una propuesta concreta”, explicó.
El líder ejidal agregó que no hay acuerdo tampoco en la superficie que están dispuestos a incorporar al Tren Maya.
“Lo
último fue que la asamblea le solicitó a Rogelio Jiménez que se muestre
dónde va a estar la estación, dónde son los terrenos que necesitan.
Nosotros les mostramos tres lugares, uno le gustó y dijo que se iban a
hacer los estudios para después presentárselos a la asamblea, pero
después dijo que quieren 1,000 hectáreas al lado, pero lo que está
autorizado por la asamblea son solamente los terrenos a los que va a
llegar el tren”, detalló.
Desde entonces, no ha habido más
acercamientos, porque la postura de la asamblea en ese sentido es
inamovible, es decir, sólo permitir estudios en una superficie de 6
hectáreas para la estación, y esperar a que el Fonatur les presente una propuesta económica para las 1,000 hectáreas adicionales que les ha solicitado en torno a la estación, detalló.
“Rogelio Jiménez vino dos veces conmigo para decirme que tienen planeado un centro poblacional a lado de la estación; pero mi gente también necesita recursos. Le pedimos el cambio de uso de suelo a favor del ejido para después negociar las 1,000 hectáreas”, expuso Chimal Balam.
En entrevista aparte, Jiménez Pons confirmó que hay una propuesta de incorporar 1,000 hectáreas del ejido de Bacalar al Tren Maya,
pero no se trata de expropiaciones, sino de asociación con los
ejidatarios para que ellos renten sus tierras a eventuales
inversionistas de proyectos inmobiliarios que se planean detonar en
torno a la estación ferroviaria, aseguró.
El esquema de
incorporación que el Fonatur propone a los ejidatarios es el fideicomiso
de inversión y bienes raíces, figura empleada para fomentar la
inversión en bienes raíces al colocar Certificados Bursátiles
Fiduciarios Inmobiliarios en la Bolsa Mexicana de Valores, aseveró.
Este
modelo busca aprovechar el expertise del Fonatur en la generación de
proyectos, los cuales se pondrán a consideración de las calificadoras
para que acrediten su rentabilidad, “y en ese momento lanzarlos al
mercado para adquirir el capital para desarrollar las propuestas”,
considerando incluso emplear fondos de retiro, que también ya han alzado
la mano para participar, refirió.
Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos – A 21 de enero de 2020
Ciudad de México | Desinformémonos.
A once meses del asesinato del defensor nahua Samir Flores Soberanes en Amilcinco, Morelos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala aseguró que «la cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas», sino que «los quiere anular para que no se paren los megaproyectos en México», tales como el Proyecto Integral Morelos (PIM).
A través de una carta pública dirigida a Samir Flores, quien se
oponía al PIM y fue asesinado el 20 de febrero de 2018, el Frente
denunció el aumento de amenazas contra los defensores del territorio y
de las «historias de despojo» en el país por la imposición de proyectos
extractivos y turísticos.
Sin embargo, los integrantes del Frente aseguraron que continuarán en
la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos indígenas en
México, y explicaron que «por eso este 20 de febrero de 2020 se
emprenderán por varios días acciones en todos los espacios donde Samir
sembró rebeldía y conciencia y donde se defiende la vida como Samir la
defendió».
Se trata de «una jornada de acciones en México y el mundo para
denunciar la impunidad de tu asesinato y la grave imposición de
megaproyectos en todo México y el mundo», indicaron.
A continuación la carta completa:
Hoy caminan los pueblos del volcán, con su guardian Popocatépetl
observando, respaldando, hoy sigue caminando Samir con nostr@s. Más que
nunca presente.
Samir,
Estamos a once meses de que nos hayan arrebatado tu presencia física
de estas tierras y el ataque no cesa. Hoy y cada vez más, la presencia
del crimen organizado, como brazo armado del Proyecto Integral Morelos,
asedia en Amilcingo y Huexca. Mientras que en Puebla se siguen
recibiendo las amenazas de volver a encarcelar o asesinar y desaparecer a
compañeras o “tirarles los dientes”, utilizar la fuerza pública o la
guardia nacional.
Todo
por defender nuestro territorio de los proyectos de muerte, del
despojo disfrazado de progreso.
Te
agradecemos que no nos haya abandonado en la lucha y te pedimos que
sigas con nosotros, que nunca te nos despegues.
En
este mes más que te tenemos aquí con nosotros, festejamos el sexto
aniversario de la Radio Comunitaria Amiltzinko que fundaste con tus
amigas y amigos de la comunidad. En este mes también se celebró el
día de ayer la asamblea para nombrar autoridades por usos y
costumbre en Santa María Zacatepec, siguiendo el ejemplo que
empezaste a impulsar en Amilcingo, como el viejo tonto y loco que
eras, ¿te acuerdas de la fábula? Aquel viejo tonto y loco que, en
lugar de gastar su tiempo en ganar dinero y fama, se pasó toda su
vida sembrando un bosque para que el día de mañana los demás
tuvieran donde sobrevivir al desastre que ellos mismos se iban
creando.
Así
hoy, mi querido Samir, en muchas partes de México y el planeta están
gritando como nosotros gritamos y a ese grito conjunto le decidieron
llamar Samir, somos todas y todos, resultado del acuerdo del Foro en
Defensa del Territorio y la Madre Tierra, convocado por el EZLN y el
CNI.
Y es
que las historias de despojo en todo nuestro territorio nacional e
internacional están creciendo en todos los rincones de México y el
mundo se sufre: de la minería a cielo abierto, al histórico despojo
o falta de reconocimiento de territorios ancestrales, pasando por los
megaproyectos energéticos de termoeléctricas, gasoductos, parques
eólicos, fotovoltaicos, hidroeléctricas, así como las franjas de
la muerte moderna de los trenes maya y transísmico, el ataque a las
autonomías de las comunidades por el Estado y/o el crimen
organizado.
Y
todo eso lo llaman progreso o que nos oponemos al progreso, y ahora,
dice Monreal, nos oponemos al interés social. Su posición solo nos
confirma que la cuarta transformación no quiere reconocer los
derechos de los pueblos indígenas, los quiere anular para que no se
paren los megaproyectos en México.
Samir,
los dolores y la uniones van creciendo en el territorio nacional e
internacional, eso estamos haciendo abajo todas y todos. Pero arriba,
a once meses de tu asesinato, la justicia que debería llegar por
parte del Estado no avanza, no avanzan las líneas de investigación
sobre tu labor como defensor de derechos humanos, comunicador y
principal opositor al PIM en Morelos. Y mientras tanto, el asesinato
a defensoras y defensores de derechos humanos se va incrementando de
manera preocupante, sin que ningún caso se esclarezca o se haga
justicia. La impunidad en todos los casos, permite el aumento de
riesgos a la perdida de la vida de personas defensoras de derechos
humanos en México, siendo la omisión de la justicia, una causa
estructural de la condición de continuidad de ataques y asesinatos a
personas defensoras de derechos humanos.
Por
eso este 20 de febrero de 2020 se emprenderá por varios días
acciones en todos los espacios donde Samir sembró rebeldía y
conciencia y donde se defiende la vida como Samir la defendió , una
jornada de acciones en México y el mundo para denunciar la impunidad
de tu asesinato y la grave imposición de megaproyectos en todo
México y el mundo. Buscando mas voces y oídos que nos escuchen y a
los cuales escuchar, denunciando la grave amenaza de los
megaproyectos para la vida y la madre tierra.
Este
20 de febrero Samir, te esperamos en Amilcingo, en tu casa, y en todo
el mundo en sus corazones y latitudes, trae a toda la banda que ya
conoces por allá, porque se va poner bueno.
Samir
Flores Vive y vive, la lucha sigue y sigue
Alto
a la devastación ambiental, cancelación de megaproyectos
Cancelación
del PIM, No a la termoeléctrica, gasoducto y acueducto
Ni
una gota a la termoeléctrica
T´neki tlalle uan atl para tenochti, amo timiiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero
Firma:
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala
Compartimos el comunicado del Movimiento Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de enero de 2020
Las comunidades afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo, junto a las organizaciones integrantes de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), tenemos la alegría de comunicar a la población de los municipios del territorio de la Cuenca de la Independencia que, después de un largo proceso informativo y de organización, de manifestaciones públicas, así como de múltiples gestiones ante las autoridades competentes -federales y municipales-, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT ha tenido a bien resolver -el pasado 17 de diciembre del 2019- el Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, modalidad BRegional solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V -filial mexicana de la minera canadiense Argonaut Gold- para el proyecto de “EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS CERRO DEL GALLO” a ubicarse en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en sentido negativo.
La denegación de la autorización solicitada se basa, por un lado, en una serie de inconsistencias, irregularidades y omisiones detectadas por la autoridad en el DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO presentado por la empresa y por otro, en que el proyecto minero en cuestión se ubica en un territorio actualmente considerado para uso forestal y agropecuario de temporal por lo que no es congruente con la vocación natural de la región, ni con los objetivos establecidos en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET).
Es importante resaltar la Política Ecológica establecida en el programa mencionado – PEDUOET– para las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT’s) número 239 y 257, en las que se ubicaría este proyecto minero.
El PEDUOET señala entre otras cosas que, la política ecológica y los lineamientos para estas dos Unidades, son: ”restauración y mejoramiento, recuperación de la cobertura vegetal original y las funciones ecológicas de los ecosistemas, promoción e impulso de actividades alternativas para un aprovechamiento sustentable” de los recursos, que evite la disminución de capital natural, por lo que las actividades compatibles serían: acuacultura, agricultura de temporal, ganadería extensiva, forestal maderable y no maderable, turismo alternativo, entre otras. Y que las actividades no compatibles son: agricultura de riego y de humedad, agroindustria, ganadería intensiva, turismo convencional, asentamientos humanos urbanos, industrias ligera, mediana y pesada y minería, entre otras.
Nos congratulamos de que el gobierno federal haya concluido que es un proyecto inconsistente, incompatible e incongruente con la vocación de la región. Reconocemos también que el C. Miguel Ángel Rayas Ortíz, presidente municipal de Dolores Hidalgo haya honrado su palabra dada a las poblaciones afectadas por el proyecto y no haya otorgado ningun tipo de permiso para la operación del mismo, así como por sus gestiones ante las autoridades federales a favor del territorio y de las comiunidades que lo habitan.
No omitimos señalar que el total de las autoridades a quienes la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT les solicitó una opinión técnica sobre el proyecto, concluyeron que este no era viable. Pese a este triunfo de las comunidades que habitan los territorios de extracción, sabemos que la minera canadiense difícilmente cesará en sus intentos por explotar el Cerro del Gallo. En este sentido, queremos anunciar que continuaremos con el proceso informativo y organizativo con las comuidades para que, en su oportunidad, esten en posición de combatir legalmente un nuevo intento de aprobación.
Finalmente, dado el deterioro ecológico de la región debido en gran medida al abandono del campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, esperamos que las instituciones de los tres niveles de gobierno se sensibilicen con la situación y favorezcan la participación de la población organizada de las comunidades campesinas en el diseño y aplicación de proyectos de restauración de los ecosistemas, de aprovechamiento sustentable de los bienes naturales -en especial del agua- en concordancia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET) para reactivar la economía rural en la región y recuperar las capacidades de gestión de sus habitantes.
Dolores Hidalgo, Guanajuato
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
COMUNIDADES AFECTADAS HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Rueda de prensa Dolores Hidalgo, Gto, México. 22 de enero de 2020
Compartimos comunicado del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano – a 18 de enero de 2020
LLEGA CARAVANA DEL ÉXODO CENTROAMERICANO A FRONTERA SUR, LA FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS GENERAN TENSIÓN E INCERTIDUMBRE ENTRE LA POBLACIÓN MIGRANTE.
No hay claridad sobre los procedimientos migratorios que están realizando y detectamos casos de separación familiar; •
Preocupa la falta de información sobre el derecho a la protección internacional al momento de ingresar al país; •
Las personas integrantes de las caravanas tienen necesidades humanitarias que no se están atendiendo.
Chiapas, 18 de enero de 2020
Las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano reactivamos el monitoreo de Derechos Humanos frente a la llegada de la Caravana del Éxodo Centroamericano. Desde el viernes 17 de enero y durante el sábado 18 de enero cubrimos la frontera entre Ciudad Hidalgo y Tecun Umán desde diferentes puntos. Asimismo, se mantiene contacto permanente con organizaciones aliadas de Guatemala y Honduras que realizan acciones de monitoreo en el recorrido de los grupos.
Identificamos la presencia de un fuerte dispositivo de Guardia Nacional (GN), Policía Militar, Marina y Policía Federal; todos con equipos antidisturbios. Sumándose agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Grupo Beta y personal de Bienestar Social, Protección Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas personas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) vestidos de civiles. Asimismo, se observó la presencia de Organismos Internacionales como OIM y ACNUR. También alertamos de la presencia de personal de seguridad privada. Finalmente, es importante señalar que elementos de la GN y Policía Federal vestida de civil estuvieron fotografiando y grabando a las personas que integramos la misión de monitoreo durante el día sábado.
Desde tempranas horas del día, un grupo de aproximadamente 500 personas intentó cruzar por el puente internacional Rodolfo Robles y se dieron momentos de forcejeo con elementos antidisturbios de la GN, quienes cerraron la reja de acceso al puesto fronterizo y se confirmó el lanzamiento de algunos gases lacrimógenos. Desde las 9:40 horas, las autoridades encargadas permitieron el ingreso de grupos de 20 a 30 personas, y el propio colectivo decidió que primero ingresaran mujeres, niños, niñas y adolescentes. Durante las horas de espera las personas no recibieron ningún tipo de atención humanitaria y solo hasta las 13:00 horas les repartieron agua, a quienes ya estaban esperando del lado mexicano. Las personas que estuvieron esperando del lado guatemalteco no recibieron ningún tipo de atención humanitaria. Previo y durante el acceso de los grupos a las instalaciones fronterizas, el portavoz institucional fue el General de la GN en frontera sur, Vicente Antonio Hernández. El mensaje del oficial se centró en la existencia de oportunidades para todas las personas, la comprensión de los motivos de salida y la petición de orden para el registro; no se explicaron las vías de regularización y el tipo de oportunidades que se ofrecían.
Ante la ausencia de información sobre el registro y sobre su destino al subirse en los autobuses privados que fueron dispuestos por el INM, un grupo de personas especialmente hombres jóvenes intentaron cruzar por el río. Sin embargo, fueron disuadidos por elementos de la GN presentes en los distintos pasos informales ribereños. Las personas que accedieron a ingresar en grupos, la gran mayoría, se enfrentaron a una larga espera sin claridad sobre el procedimiento migratorio que empezaron, por lo que no sabían si serían regresados a sus países y tampoco hacia donde serían trasladados. Incluso, se documentaron varios casos de separación familiar por la división aleatoria de los grupos de ingreso. Algunas personas que fueron separadas señalaron que sus familiares adentro de las instalaciones se comunicaron con ellas para decirles que las iban a deportar.
En el transcurso del día, ante las reiteradas peticiones por parte de organizaciones, instituciones de derechos humanos y las mismas personas, el INM informó que serían trasladadas a la Estación Migratoria para continuar con sus procedimientos migratorios. Hasta el momento no se conoce a cuál o cuáles estaciones fueron llevadas todas las personas. Por otro lado, durante la espera del ingreso a los autobuses las personas recibieron información de personal de la SRE sobre posibilidades de acceder a los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en sus países de origen. Hacia las 16:00 horas ya no había presencia de personas en el puente fronterizo, por lo que fueron reabiertas las puertas.
Ante la situación observada en el día, las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano nos preocupan:
La ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional;
La falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria que han derivado en casos de separación familiar;
La ausencia de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas. Los cuales son derechos de las personas privadas de su libertad y que hacen parte de los estándares y normas bajo las que se rige el INM; •
El protagonismo de la GN en durante todo el dispositivo de contención, que evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, en condición de discapacidad.
El aumento de presencia militar y de distintas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo los 600 elementos de la GN desplegados en el punto fronterizo de El Ceibo en el estado de Tabasco. •
Las acciones de vigilancia y hostigamiento que sufrimos las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Preocupa el estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la presencia de la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar al territorio mexicano por las vías ofrecidas por el Estado.
Firmamos:
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes.
Organizaciones colaboradoras: Dignidad y justicia en el camino A.C “Fm4 paso libre” Apostólicas del Corazón de Jesús
Compartimos la siguiente nota publicada en Avispa Midia sobre el hostigamiento y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en México – A 8 de enero de 2020
Por Eugenia López
El
año que acabamos de despedir fue particularmente violento para
defensores de derechos humanos y activistas: a lo largo del año 2019 se
registraron más de 30 asesinatos, principalmente en el sureste del país.
Enero sangriento
El
primer asesinato fue registrado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas.
Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los
Derechos Humanos fue atacado cerca de su domicilio después de haber
participado en protestas en demanda de agua potable.
Pocos
días después, el 18 de enero, en la misma entidad fueron asesinados Noé
Jiménez Pablo y José Santiago Gómez en Amatán, Chiapas. Jimenez Pablo
era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento
Nacional y Gómez era parte del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el
Bien Común. En ese entonces, los dos estaban involucrados en un plantón
que exigía la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga,
quien fue destituido dos semanas después.
El
día 20 de enero, Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de
los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su
vivienda después de haber manifestado su oposición a la instalación de
una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca.
Al
día siguiente, Bernardino García Hernández fue asesinado en Zimatlán,
Oaxaca. Él era el enlace de su comunidad para la resolución del
conflicto por la delimitación de tierras que mantienen con la localidad
de San Sebastián Nopalera.
Defensores del territorio y comunicadores
El
mes de febrero fue marcado por el asesinato de Samir Flores Soberanes,
indígena náhuatl, originario de Amilcingo, Morelos. Él era fundador de
la radio comunitaria Amilzinko 100.7, miembro del Frente Pueblos en
Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala y
era conicido por oponerse férreamente al Proyecto Integral Morelos
(PIM).
El
2 de mayo, el director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM
“La Voz Zapoteca”, Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado en el
municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. El también
integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su
comunidad.
Durante
el último mes del año, Josué Bernardo Marcial Santos conocido como
“TíoBad” fue asesinado y su cuerpo abandonado en el acceso a San Juan
Evangelista, en el sur de Veracruz. Originario de Sayula de Alemán,
luchaba con rap para preservar la lengua mixe-popoluca, y denunciaba el
despojo en su territorio por el fracking, el narco estado y los
asesinatos a periodistas. También fue delegado de su pueblo en el
Congreso Nacional Indígena (CNI).
En el estado de Guerrero fueron asesinadas al menos 5 personas.
El
5 de mayo, fueron encontrados los cuerpos de José Lucio Bartolo
Faustino, miembro del Concejo Indigena de Gobierno (CIG), y Modesto
Verales Sebastián, delegado del CNI, después de varios días de haber
desaparecido tras asistir a una reunión en la ciudad de Chilpancingo.
Un
mes después, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de
José Joaquín de Herrera. Máximo Hilario fue comandante regional de la
Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro
del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata
(Cipog-EZ).
El
11 de octubre, un grupo armado atacó a Isaías Cantú Carrasco,
comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e
integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del
Territorio (Craadt), quien luchó contra la explotación minera y la
imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá. Ese mismo
día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña,
en Tlapa de Comonfort.
La Sierra Tarahumara de Chihuahua también fue el escenario de varios asesinatos de defensores del territorio a lo largo del año.
El
1 de mayo, un grupo armado mató a Otilia Martínez Cruz y su hijo
Gregorio Chaparro Cruzv en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En 2018, un
familiar de las víctimas, Julián Carrillo Martínez, también había sido
asesinado. Él indígena rarámuri era defensor del bosque de Coloradas de
la Virgen.
El
domingo 13 de octubre, fue secuestrado y asesinado el activista Cruz
Soto Caraveo en la comunidad Los Llanos, Chihuaha. Él había recibido
amenazas previas por parte de civiles armados y desde hace un par de
años se encontraba desplazado, luego que un grupo delictivo lo despojó
de sus tierras y las convirtió en un sembradío de marihuana y amapola.
Represión de la comunidad LGBTQI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual y más)
El sábado 9 de febrero, murió asesinado el activista muxe Óscar Cazorla,
defensor de los derechos LGBT en Juchitán, Oaxaca. El activista fue
fundador de “Las Auténticas intrépidas buscadoras del peligro”, una de
las mayores festividades de la diversidad sexual.
En
Veracruz, el joven activista Miguel Ángel Medina fue asesinado a golpes
de piedras. Localizaron su cuerpo en el cementerio Gregorio Vidal Alor,
en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como
desaparecido.
Buscadores de personas desaparecidas
El activista Abiram Hernández Fernández,
quien era conocido por su acompañamiento a familias de personas
desaparecidas, fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de
marzo.
El 19 de julio de 2019 Zenaida Pulido Lombera murió asesinada después de un ataque a balazos mientras circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la desaparición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.
Compartimos este reportaje especial sobre el acceso y la explotación del agua en México publicado en Contralínea a través de EducaOaxaca – A 6 de enero 2020
Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE encabezan la lista de acaparadores de agua en el país; a éstas se suman mineras y agroempresas. Autoridades han otorgado 536 mil concesiones de aguas superficiales, subterráneas y zonas vedadas. Por sobreexplotación, hay 16 estados en riesgo de llegar al “Día Cero”: al agotamiento total de sus fuentes hídricas
Grandes empresas nacionales y
extranjeras acaparan las reservas hídricas de México. Industrias
Bachoco, Cementos de México (Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras
Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada,
Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo Femsa
Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de
Electricidad encabezan la lista de personas morales que, cada año,
explotan más de 5 millones de metros cúbicos (es decir, más de 5 mil
millones de litros).
A éstas se suman mineras y grandes
terratenientes agrícolas, beneficiados con centenas de títulos y
permisos para extraer indiscriminadamente el vital líquido: de 1992 a la
fecha, las autoridades mexicanas han otorgado 536 mil concesiones.
Las embotelladoras de agua figuran entre
las más beneficiadas, revela el Registro Público de Derechos de Agua
(Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esa base de datos da
cuenta de más de 300 concesiones en manos de esa industria. Coca-Cola,
por medio de Ciel, Dasan, Compañía Topo Chico, Smart-Water; Pepsi Cola
con E-pura, Santorini, Gatorade; Danone con Bonofant, Evian, Voltic; y
Nestlé con Santa María, Perrier, Pellegrino.
En el caso de Coca Cola, ésta posee
títulos de explotación para la producción de refrescos de diversas
marcas, como Sprite, Fanta y Mundet. A través de Femsa y Arca
Continental, la empresa de origen estadunidense tiene más de 100
concesiones en el país.
Las transnacionales del ramo no sólo se
benefician por el acaparamiento de las reservas del país, sino también
por el aumento en las ventas de agua embotellada: México es el tercer
país en el mundo con mayor consumo, lo que genera un desecho diario de
21 millones de envases PET.
En esa lista también figuran las
nacionales Envasadoras de Agua de México y Embotelladora Aga, que
cuentan con 30 y 24 títulos de explotación, respectivamente. Además está
el caso de la Compañía Maya de Agua Purificada, con 69; y el Grupo
Modelo, con 11.
Las cerveceras son también grandes
privilegiadas en este sistema de concesiones. Nada más en el Estado de
México, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma posee 22 títulos de
explotación para agua superficial y subterránea. De esa veintena de
títulos, la compañía que distribuye la cerveza Heineken, tiene dos
concesiones para explotación de agua subterránea por 2 y 1 millón de
metros cúbicos al año.
Al revisar la base de datos del Repda
–de Conagua– la empresa no aparece en los registros de permisos
descargas industriales en el Estado de México. Por el contrario, sólo
registra un permiso de descarga bajo el concepto de “diferentes usos”
–título “08MEX100666/12IMDL12”.
Oficialmente la empresa reporta un
volumen de descarga al año de 1 millón 164 mil metros cúbicos. Sin
embargo este título no aparece en el registro de permisos para
explotación de agua para “diferentes usos”.
Como el de esta cervecera, los casos de
multinacionales y grandes empresas mexicanas con situaciones de
privilegio se repiten a lo largo y ancho del país. Con información del
Repda, la organización Agua para Todos señala que existen 5 mil 964
pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso
industrial que no cuentan con permisos para descargas. “Así evitan
inspecciones y cobro de derechos”, asegura.
Además del caso de las embotelladoras y
cerveceras, cuyos negocios dependen totalmente de la explotación del
vital líquido, el registro de la Comisión Nacional del Agua refiere que
Pemex es la empresa con más concesiones en México, al sumar 989.
Otras industrias con un consumo
indiscriminado del recurso son: Bachoco, con 375 concesiones; la
Comisión Federal de Electricidad, con 69; Cementos de México, con 50;
Grupo Nestlé, 43; y Grupo Bimbo, 29;
El riesgo de llegar al Día Cero
Aguas superficiales, subterráneas e
incluso acuíferos ubicados en zonas vedadas han sido concesionados a
intereses privados, denuncian organizaciones civiles de defensa del
vital líquido. Mientras las grandes empresas se adueñan de este bien
nacional, más de 44 millones de mexicanos carecen de dotación diaria de
agua en sus hogares, refiere el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
Aunado a ello, el Instituto de Recursos
Mundiales ha alertado que México se acerca al temido Día Cero, como se
le conoce al riesgo inminente de escasez de agua. En su más reciente
informe, el organismo internacional apuntó que son cinco las entidades
que se encuentran en una situación de “estrés hídrico extremadamente
alto” –Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes
y el Estado de México– y otras 11, en “estrés hídrico”, debido a la
sobreexplotación de las distintas fuentes y a que consumen un nivel
superior de agua del que tienen disponible. Y es que cada año se extraen
87 mil millones de metros cúbicos en todo el país.
A pesar de tan inminente riesgo, las
autoridades omiten sistemáticamente proteger este recurso. La
organización Agua Para Todos alerta que el sistema de concesiones de la
Conagua ofrece nuevos permisos para extraer reservas en dichos estados.
Además, acusa su falta de precaución, el favorecimiento a privados y la
violación de los derechos humanos –principalmente el del acceso
equitativo al agua.
Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, asegura en entrevista con Contralínea que
el sistema de “compra y venta” de agua en el país inició a raíz del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en 1992. Éste, explica,
impuso al país un “paquetazo de leyes” entre las cuales destaca la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.
“Esta ley nos impone un sistema único de
concesiones donde la concesión es un objeto de compra y venta muy
diferente a la concepción del agua como un bien nacional. En Estados
Unidos no hay ni siquiera un sistema único de concesiones, pero se le
impuso a México”, asegura la activista ambiental.
Aunando en lo anterior, Burns detalla
cómo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la legislación paralela al
tratado comercial– se habían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de
entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando hablamos de la
privatización del agua es en serio”, asegura.
Los datos de la Conagua revelan que el
sector que más concesiones posee es el agrícola, con 233 mil 126;
seguido por el público urbano, con 129 mil 583; uno denominado como
“diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 mil 429; servicios, 24
mil 977; doméstico, 16 mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 1
mil 575; otros, 289; y generación de energía eléctrica, 159.
En su mayoría, se trata de concesiones
por 30 años con renovación automática incluso por el mismo plazo de
tiempo. Así, a pesar que la Constitución Política de México establece
que el agua es un bien nacional, en la práctica se favorece el interés
de privados, observan defensores de los derechos humanos.
Más aún, en el sector agrícola existen
permisos para extraer hasta 149 millones de metros cúbicos. Tal es el
caso de la Unidad de Riego de la Candelaria en el municipio de El
Carmen, Campeche. El gran volumen concesionado pasa por encima de los
derechos de las comunidades indígenas, de los ejidos y de las 44
millones de personas que no tienen acceso a agua potable.
La Ley de Aguas Nacionales
Vigente desde 1992, la Ley de Aguas
Nacionales es señalada como la principal responsable de haber abierto la
puerta al acaparamiento del líquido vital, pues en su artículo 24
establece que el tiempo para una concesión no será menor de 5 años ni
mayor de 30; además plantea la renovación automática del plazo de
extracción por un tiempo igual al solicitado, por lo que en los hechos
acaba siendo de 60 años.
“La Ley de Aguas Nacionales se
constituye en la antítesis del acceso equitativo y del uso sustentable
del agua, porque permite que en unas cuantas manos, en unas cuántas
empresas se concentren grandes volúmenes de agua. Y premia de algún modo
el uso inmoderado e irracional del agua”, afirma en entrevista Miguel
Montoya, consultor legislativo y experto en derecho humano al agua.
Por la flexibilidad de esta legislación,
empresas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pepsi Cola, Cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma y Bachoco han avanzado a pasos gigantescos en la
adquisición de concesiones de agua, consta en las bases de datos de la
autoridades federales.
Al uso agrícola le corresponde el 76 por
ciento del volumen concesionado del país, según el informe de
Estadística del Agua de Conagua. En Chiapas, por ejemplo, en el
municipio de Suchiate, existe una concesión para uso agrícola de 141
millones de metros cúbicos al año a nombre de los Usuarios del
Departamento de Riego de Suchiate. La situación, evidentemente desigual,
se refleja en los permisos de concesiones de productores que no superan
los 1 mil metros cúbicos anuales frente a un productor gigante.
Por ello, Elena Burns asegura que la Ley
de Aguas Nacionales además de buscar la compra y venta de agua también
tenía como objetivo la creación de diferentes distritos de riego. “Estos
bajo la ley fueron puestos en manos de los usuarios y se crearon
entidades enormes, con concesiones enormes lo que generó una élite en el
campo que a lo largo de estos años ha ido desplazando ejidos,
comunidades, adquiriendo más y más derechos dentro de los distritos del
riego”.
Para Miguel Montoya, “el actual régimen
de concesiones, bajo la Ley de Aguas Nacionales, es muy permisivo y
permite el acaparamiento de agua. Eso bajo las reglas de juego de la
propia legislación implica una privatización”.
Asimismo, el investigador asegura que la
ley es tan flexible que hay pocos, casi nulos, antecedentes de
revocación de concesiones. Ni siquiera en el caso de contaminación del
Río Sonora, por parte del Grupo México, se echó para atrás el permiso,
observa.
Montoya explica que de acuerdo con el
artículo 29 bis, y 3 y 4 de la Ley, podía haberse revocado la concesión,
pero no fue así. Este caso es el reflejo de la permisividad del país a
los grupos privados para permitir adueñarse del agua.
Aunado a lo anterior, la ruta de
acaparamiento del líquido se profundizó con el decreto del expresidente
Enrique Peña Nieto, donde se establecieron reservas en 245 cuencas y se
levantaron 108 vedas. Con éste se otorgaron 362 nuevas concesiones,
principalmente para uso agrícola.
Y aunque ahora se vive supuestamente una
“cuarta transformación”, los entrevistados coinciden en que, hasta hoy,
la situación no parece ser diferente. Y es que con la entrada en vigor
de “Conagua Digital” –la plataforma que otorga concesiones en línea–,
las organizaciones y los investigadores temen que se beneficie de nuevo a
los privados por encima de las comunidades.
Sin embargo, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea
que si en épocas anteriores se vulneraron los derechos de comunidades
indígenas, en esta administración no se hará. Al ser cuestionado
–durante el Congreso Latinoamericano de Cuencas realizado en Ciudad de
México–, el funcionario asegura que para ello existe una serie de reglas
para las concesiones.
“Conagua Digital”, el peligro
En agosto de 2019, la Comisión Nacional
del Agua inauguró la plataforma “Conagua Digital”, con la cual busca
agilizar el proceso de solicitud de concesiones y que más personas
tengan acceso a las mismas. Para la Coordinadora Nacional Agua Para
Todos, es una forma de poner en “venta” las aguas de la nación hasta
agotar su existencia, lo que pone en riesgo los derechos de ejidos,
comunidades y pueblos indígenas e incluso podría otorgar concesiones en
los lugares con riesgo de llegar al Día Cero.
No obstante, el consultor legislativo
Miguel Montoya considera que el nuevo sistema de concesiones no
privatiza el agua en el sentido estricto de la palabra, debido a que la
nación nunca pierde la jurisdicción sobre el recurso. Pero enfatiza que
no se puede negar los intereses de ciertos grupos políticos y económicos
que desde 2012 han frenado una reforma de la Ley de Aguas Nacionales
que favorezca el acceso equitativo al agua y el derecho humano al mismo.
Tanto para Miguel Montoya como para
Elena Burns, antes de abrir un nuevo proceso de concesiones debió
haberse reformado la Ley, una promesa por cumplir desde la reforma
constitucional de 2011, debido a que esta ley es la que debe sentar las
bases para lograr un acceso equitativo y de uso sustentable del agua.
Los entrevistados coinciden en que la
reforma en la materia debe prohibir las “transmisiones de agua”, es
decir la compra y venta de las concesiones. Y es que, observan, la ley
actual permite que quien posee una concesión venda parte de la misma a
un tercero si así lo desea. Elena Burns, asegura que estas transmisiones
son permitidas incluso para usos diferentes a los cuales fue adquirida
la concesión: “esto lo hacen gratuitamente, pagando sólo el derecho del
trámite”.
Por su parte, el consultor en gestión
integral del agua Miguel Montoya alerta sobre otro riesgo en cuanto a
las transmisiones de agua: además de que este nuevo sistema permite
renovar con mayor facilidad las concesiones, las condiciones sociales
están hechas para que ese pequeño productor termine abandonado su
aprovechamiento de agua y migre en algún momento a Estados Unidos, por
cuestiones de pobreza o violencia.
“Siempre hay una serie de coyotes muy
conectados con la autoridad de agua que toman esa concesión. Luego
llega la minera, la empresa petrolera, la industria o el gran agricultor
y le transmite ese volumen, porque la ley lo permite entre un acuerdo
entre particulares”, detalla.
Para el consultor Miguel Montoya, estas
transmisiones de agua es de lo más “lascivo” de la ley porque sólo basta
un contrato entre particulares que posteriormente se registra en la
Conagua para esa compra y venta de concesiones. “Esto puede llegar a
costar hasta 30 millones de pesos y se lleva incluso un porcentaje el
propio funcionario de la Conagua que está conectado con el coyote”.
Al respecto, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea
que estas transmisiones “se pueden dar siempre y cuando sea [para] el
mismo uso, en la misma zona y no modifique las condiciones de ese
título”.
Agrega que los distintos decretos
pusieron reglas para ciertas transmisiones; “por ejemplo, el agua que se
otorgue para consumo humano no se va a poder transmitir, ésa ya es una
restricción. Pero si yo tengo mi agua para uso industrial y llega otro
industrial a pedirla, la regla dice que sí la puede transmitir”.
Observa como urgente que la próxima ley
prohíba de manera clara y contundente las transferencias de derechos de
agua: “solamente permitirlo a tu familiar inmediato por un caso
testimonial”. Ello porque el sistema de transferencias ha favorecido
tanto el acaparamiento como el despojo de las personas.
Miguel Montoya asegura que para entender
el nivel de acaparamiento de agua en el país es necesario conocer quién
es Eugenio Barrios, el actual subdirector de Administración de la
Conagua: “fue el padre de los decretos privatizadores, aunque con
honestidad intelectual en el sentido estricto de la palabra no son
privatizadores. Pero el sistema de la Ley de Aguas Nacionales hace que
en esencia se vuelvan privatizadores”. Barrios asesoró la tan
controversial LeyKorenfeld (llamada así por el
exdirector de la Conagua, David Korenfel), conocida como la puerta a la
privatización. Por ello, dice, “la Conagua sigue siendo la misma
institución neoliberal”.
El especialista en derecho humano al
agua alerta sobre el mal uso del concepto “afirmativa ficta” por parte
de los privados que solicitan una concesión y de las mismas autoridades:
este concepto significa que si la autoridad no atiende en un plazo
máximo de 60 días la petición de solicitud de concesión, el solicitante
tiene derecho automáticamente a ella. A pesar de que la Ley de Aguas
Nacionales no permite esta situación, en la práctica es diferente.
“Ellos [los grupos económicos] siempre van a ir por concesiones
sempiternas que se renuevan de manera automática”.
Panorama general del agua concesionada en México
México se ubica como el séptimo país del
mundo con mayor extracción de agua, al extraer anualmente un estimado
de 87 mil millones de metros cúbicos, de acuerdo con la Estadística del agua 2017, elaborada por la Comisión Nacional del Agua.
El documento detalla que el sector
agrícola obtiene el 76 por ciento de ese volumen, seguido por el
abastecimiento público, con el 14.9 por ciento; y las industrias que
controlan el 9.6 por ciento.
El mismo informe de la Conagua asegura
que para 2017 se tenían concesionado el 61 por ciento del agua
superficial del país (ríos, arroyos, lagos) para uso consultivo, es
decir para la extracción del agua para llevar a cabo una actividad.
Asimismo detalla que, de las concesiones
del país, el 39 por ciento se encuentra en agua subterránea. Para el
consultor Miguel Montoya, esto es un problema porque la Ley de Aguas
Nacionales regula únicamente la aguas nacionales y estas no entran no
entran en dicha clasificación.
A pesar de que la federación las puede
regular, no les da un carácter de propiedad de la nación, por ello,
explica, el debate en torno a las aguas subterráneas es que muchas
personas creen que le pertenece al privado, al dueño del predio donde se
encuentran estos yacimientos de agua.
Para el especialista, esto se resolvería
con una buena ley general de aguas, que le otorgaría a determinadas
autoridades jurisdicción sobre las reservas. “La LAN no genera las
condiciones para el derecho humano al agua ni para el saneamiento”,
afirma Miguel Montoya. Así, México oscila entre la escasez, la
contaminación y la falta de políticas que garanticen el derecho humano
al preciado líquido.
Algunas empresas con mayor número de concesiones en México
Compartimos esta nota de Notimex a través del Diario Rotativo sobre otro caso más de resisencia a proyectos mineros de muerte en México – A 2 de enero de 2020
Samalayuca, Chih., 2 Ene (Notimex).- Los agricultores de la región
conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y
Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están
dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las
empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.
Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa
su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice,
eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.
“Hacer un paro a mi ver, a mi ver, definitivo, que no pasara ninguna
persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la
maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene
de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías también cercanas
están de acuerdo con nosotros; y con el apoyo de todas esas personas me
imagino yo –confía-, vamos a salir triunfadores”.
Valtierra dijo que están decididos a evitar que las mineras
Samalayuca Cobre y VVC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a
demoler la sierra.
“A estas alturas se trata de no nada más de proteger el beneficio
mío, se trata de defender a la comunidad entera. Creo que hasta allá
llegaremos a hacer el paro definitivo, bloquear, obstruir las entradas a
la mina, donde sea posible llegar y hacerlo”, reafirmó.
Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ), integrante del Frente Eco-social Paso del Norte, indicó que los
agricultores cuentan con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad
académica.
“Estamos haciendo conciencia del impacto que significa un
emprendimiento de estas características. Hemos hecho foros en la UACJ,
en el Tecnológico Ciudad Juárez, secundarias y primarias de la ciudad.
Se han llevado a cabo asambleas informativas”, expuso.
En el desfile del 16 de septiembre se manifestaron y han instalado
brigadas informativas en distintos puntos de Ciudad Juárez donde
reparten trípticos con toda la información relativa a los efectos
negativos del proyecto.
En tanto, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la
tierra, su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto,
proporciona 48 empleos en temporada de cosecha.
“Le pediría a las autoridades federales que hicieran un poco más de
conciencia, que se pongan en nuestro lugar, que nosotros como
pobladores, somos de muchísimos años aquí en Samalayuca para que llegue
una cosa de esa magnitud, de la contaminación que va a provocar y nos
destruya nuestras vidas”, advirtió.
Por ello insiste en pedir a las dependencias federales que “se pongan
en nuestro lugar y nos echaran la mano con esto, que la mina no se
llevar a cabo”.
Manuel Belmontes Rea, asegura que “van a meter un amparo en contra de la mina”.
Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará mil
200 empleos no es argumento porque aquí lo que sobra es el trabajo.
“Alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha de hortalizas en las
800 hectáreas de cultivo. Con decirle que aquí viene gente a trabajar de
Durango, Puebla, Oaxaca, de la sierra de Chihuahua, en los tiempos que
hay cosecha. Empieza desde mayo hasta octubre, hasta que cae la primera
helada y luego sigue la cosecha de la nuez, como ahorita que está la
cosecha de la nuez”, explicó.
“Por el lado del comercio, a lo mejor nos convendría que pusieran la
mina. Y luego, ¿qué ganamos si como comerciantes nos vamos a llenar de
billetes y al rato nos los vamos a acabar en el hospital porque vamos a
estar enfermos por lo que respiramos, el agua que tomemos, todo eso de
qué sirve?”, cuestionó Belmontes Rea.
Intentan pasar a “la mañanera”
La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de
México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López
Obrador en la Conferencia Matutina del pasado dos de diciembre, a quien
no pudieron ver.
Jesús Ernesto Pedroza Pineda, uno de los agricultores que acudió a la
capital del país, explicó que se entrevistaron con una diputada federal
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien les
dijo que los apoyará en su petición.
El poblado de Samalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto,
algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en
las bardas y cercas de las casas, han hecho manifestaciones y acciones
para la concientización de la población afectada.
“Hemos estado manifestándonos aquí en el pueblo y en Juárez, fuimos
hasta México, fuimos ahí con el presidente, fuimos al Mañanero (sic), y
no nos dejaron entrar. Y fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos ahí y
ya nos regresamos para acá”, explicó.
No queremos ese monstruo
“Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae
mucho dinero, las ganancias se las van a llevar los canadienses nada
más, aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan
ese monstruo aquí en el poblado de Samalayuca. Nosotros estamos
peleando por nuestra vida”, añadió Pedroza Pineda.
Dijo que la preocupación al concretarse el proyecto minero son los efectos en la salud de la población.
Porque como es una mina a cielo abierto trae muchos gases y todo,
aquí pues sembramos y dicen que da cáncer y es un peligro para aquí para
el pueblo”.
Añadió que los trabajos mineros se realizarán muy cerca tanto de la
zona de siembra y cultivo de hortalizas como de la población que radica
en los cuatro ejidos mencionados.
“De aquí para allá empiezan las hortalizas, las calabacitas, ahí
tenemos la Comisión (la termoeléctrica de la Comisión Federal de
Electricidad, CFE), ahorita está jalando, está echando mucho vapor”,
explica Pedroza Pineda mientras va señalando la serie de cultivos que
tienen en esta región donde también producen nueces.
Y añade cada uno de los aspectos que hacen fuerte económicamente esta
parte de Chihuahua, que a su juicio no requiere más oferta de trabajos
que dañarán el medio ambiente.
“Es que aquí es un pueblo turístico, viene mucha gente a visitarnos
de Estados Unidos y de Juárez. Están las albercas, tenemos las dunas, el
Ojo de la Casa, los petrograbados, ahí donde está la mina. Es piedra
laja, con las vibraciones de la mina se van a destrozar los
petrograbados y es lo que no queremos”, reitera.
“Aparte –agrega Ramiro Herrera Alvarado-, aquí hay venado, hay
jabalí, coyote, puma, gato montés, víbora de cascabel, tortuga del
desierto, que casi se extinguieron con otra mina”, alertó.
Por ello solicitó la intervención presidencial: “Que no se haga la mina, aquí hay mucho trabajo, aquí no trabaja y no se supera el que no quiere. Queremos que le llegue la información al presidente López Obrador para que nos ayude, queremos dejar de herencia este ecosistema a nuestros hijos y nuestros nietos”, finalizó.
Imagen: Agricultores de la región conformada por los ejidos Samalayuca, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso. FOTO: NOTIMEX.
Compartimos el comunicado del Movimiento Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y una nota publicada en Zona Franca a través de Sin Embargo sobre la lucha que se realiza en contra de una minera canadiense en Dolores Hidalgo – A 15 de enero de 2020
El Proyecto Minero Cerro del Gallo no va. Comunidades de Dolores Hidalgo en defensa de su territorio contra el despojo minero
Ante la pretensión de la empresa canadiense Argonaut Gold de explotar una mina a tajo abierto en el Cerro del Gallo en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato y luego de una lucha continuada de las y los pobladores de las comunidades que habrían sido afectadas por la defensa de su territorio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) resolvió negar la autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo solicitados por la empresa.
Apenas en noviembre del 2019, a invitación del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, integrantes de las comunidades afectables visitaron el Cerro San Pedro en San Luis Potosí para constatar, de primera mano, las afectaciones concretas al territorio, a la salud y al medio ambiente que produce la minería en su paso por los territorios de extracción.
Mediante un proceso de información, que concitó la participación de mujeres y hombres de las comunidades del municipio de Dolores Hidalgo en oposición al proyecto minero (Santa Bárbara, Cerrito de Guadalupe, La Colmena, El Durazno, Palacio de Abajo, El Potrero de Guadalupe, San José de la Campana, San José de la Palma, El Llanito, La Ventilla, San Isidro el Sisote, San Marcos, Purísima de Cebolletas, Cabaña de San Jerónimo, La Tinaja, Cerrito de Santa Cecilia, San Vicente, Silleros, San Francisco de la ERRE y El Capulín) las y los potenciales afectados cobraron concienca de la capacidad criminal de la megaminería tóxica.
No olvidamos que apenas en julio del año pasado, en la ciudad de Guanajuato, durante el acto de inauguración de la “Expo México Minero”, Salvador García Ledesma, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, calificó como “ridícula” la preocupación de las comunidades por los daños a la salud y al medio ambiente que genera la actividad minera. Se refería a la preocupación de las comunidades por las posibles afectaciones del Proyecto Cerro del Gallo. Desde la REMA, advertimos entonces, cómo esa declaración revelaba justamente la actitud con la que la actual industria minera en México se relaciona con las comunidades que habitan los territorios que pretenden explotar: desprecio a sus intereses y preocupaciones, desprecio por su vida, su salud y su territorio.
Pues bien, aquí siguen de pie estas comunidades y las organizaciones que las acompañan, dispuestas a la “ridícula” idea de defender su territorio, su vida y su futuro.
Durante este proceso de defensa, las comunidades han contado con el apoyo sostenido de las organizaciones que conforman la Hermandad de la Cuenca de la Independencia (nombre del acuífero que sería afectado por la minera), del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Para combatir la estrategia de desinformación utilizada por las empresas del Modelo Extractivo Minero, la cual implica el ocultamiento de las consecuencias nocivas de sus proyectos y la oferta de beneficios ficticios, nuestro trabajo consiste en acercar información objetiva y real sobre las diversas afectaciones que produce la minería: contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación del territorio y afecciones a la salud; pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje así como altísimas contribuciones al cambio climático; empleos precarios, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, debilitamiento del tejido social, división de comunidades; atentados contra la integridad física y emocional de opositores así como su criminalización, son algunos de ellos cuando las mineras aparecen.
Pese al estado de necesidad que impera en las comunidades que habitan los territorios donde la minera canadiense Argonaut Gold y su filial mexicana San Antón de las Minas, S.A. de C.V. pretenden explotar el Cerro del Gallo, las y los pobladores han expresado su rechazo demostrando dignidad y capacidad de organización. Ello refrenda que desde la organización, la información técnica y la movilización, los pueblos tienen la autoridad y legitimidad necesaria para hacer valer el respeto a la vida y el respeto a su futuro.
Felicitamos a las comunidades que se han movilizado en esta lucha dando un ejemplo de unidad y de capacidad de respuesta en la Cuna de la Independencia de México. Nos congratulamos y felicitamos a las organizaciones que han apoyado este proceso y a nuestros compañeros de REMA implicados en esta batalla por la integridad de los territorios. La confluencia de capacidades y de dignidad prevalece y nos da bríos para continuar esta lucha contra el despojo y por la vida.
¡NO AL DESPOJO DE NUESTROS TERRITORIOS! ¡ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN Y MOVILIZACIÓN POR LA VIDA Y CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO! ¡EL DESPOJO NO ES DE UTILIDAD PÚBLICA!
2020 será año clave en la lucha contra mina en el Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo
Por Roberto Gutiérrez Torres, 1 de enero de 2020
Cientos de comuneros, campesinos, y habitantes de alrededor de 20 comunidades, han dado la batalla en este 2019, para que no se instale la empresa Canadiense Argonaut Gold, señalando el caos ambiental y los daños inherentes daño a la salud , que esto provocaría si llega a explotarse la mina en el Cerro del Gallo.
Dolores Hidalgo, Gto. En 2019 la población
dolorense y en específico quienes habitan en alrededor de 20 comunidades
aledañas a San Antón de las Minas, a unos 15 kilómetros de la cabecera,
han iniciado una lucha ciudadana, pacifica cuyo objetivo es buscar la
concientización entre los habitantes de la región que incluye a otros
municipios, y hacer saber al gobierno municipal, estatal y federal que
no quieren la explotación de la mina ubicada dentro de su territorio.
Foto: Roberto Gutiérrez.
Dentro de su página oficial la compañía canadiense
Argonaut Gold precisa que: “Argonaut adquirió el proyecto Cerro del
Gallo por 15 millones de dólares en noviembre de 2017. Es el tipo de
proyecto que históricamente hemos operado bastante bien y se sitúa justo
dentro del nivel de habilidades de nuestro equipo. Los recursos y
reservas conocidos de mineral solo representan una porción muy pequeña
de la tenencia minera controlada a través de varios objetivos de
exploración en San Antón”, se señala en palabras de Bob Rose,
vicepresidente de Servicios Técnicos.
El Proyecto
La empresa canadiense Argonaut Gold pretende desarrollar su etapa de
explotación en el Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la
Independencia, misma que ya se encuentra operando en nuestro país, entre
ellos en el complejo El Castillo en el Estado de Durango y en la mina
La Colorada en Sonora.
Entre sus proyectos de exploración avanzada está trabajando en la
mina de San Antonio, en Baja California Sur y en la del Cerro del Gallo;
es en este último proyecto donde la compañía canadiense se ha
encontrado con el rechazo frontal de pobladores, activistas y
ambientalistas .
De realizarse su proyecto abarcaría un área total de más de 20 mil
hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de
sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir
graves afectaciones a la salud de las poblaciones aledañas.
Así como el uso y contaminación de grandes cantidades de agua han
señalado ambientalistas y activistas de la Cuenca de la Independencia.
En el contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del
“Acuífero Cuenca de la Independencia”, el acaparamiento de grandes
volúmenes de concesiones de agua subterránea por empresas y la aguda
escasez para los habitantes de las comunidades rurales, donde hace años
se señalado la crisis hídrica.
Organizaciones civiles, comunales, campesinas y pobladores en lucha
Son diversas organizaciones las que se han estado sumando de manera
activa en conjunto con los pobladores en el diseño y ejecución de
acciones de concientización sobre lo negativo que traería la explotación
de la mina.
Foto: Roberto Gutiérrez.
Las comunidades vecinas de San Antón de las Minas y ella misma tienen
organizaciones campesinas y comunales que han estado trabajando en
métodos alternativos de producción comunitaria entre ellas se encuentra
el Centro de Desarrollo Agropecuario y Social CEDESA, quien tiene ya más
de 50 años en coadyuvancia con los campesinos y pobladores de esa
región.
Otras organizaciones que han encabezado la lucha de “No a la Mina “
es la Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia CODECIN y
junto a ellos un colectivo de jóvenes denominados “Guardianes de la
Cuenca de la Independencia”, todas ellas con trabajo continuo municipal y
regional con una gran base activa de miembros.
En otra vertiente otras organizaciones con presencia estatal,
nacional e internacional como la Red de afectados por la Minería Rema,
Acción Colectiva Socio-ambiental, A.C. y la Hermandad de la Cuenca han
estado trabajando sobre el mismo objetivo.
En estos momentos el proyecto minero dependería de que se den en
conjunto tres factores: los permisos correspondientes del gobierno
municipal y federal y la permisibilidad de los propietarios de la tierra
para que la empresa pueda usar sus terrenos y explotar la mina de
acuerdo a declaraciones del activista y abogado Gustavo Lozano, miembro
de Acción Colectiva Socio-ambiental.
Gustavo Lozano precisa que actualmente la empresa está en el proceso
de exploración de la zona para posteriormente, si obtiene los permisos
necesarios por parte de la SEMARNAT, pasar a a la etapa de la
explotación de la mina.
En septiembre pasado SEMARNAT le anuncio a la empresa que en ese
momento no podría determinar los permisos para explotar la mina,
iniciados a principios de este año por la minera y la institución dio un
plazo más largo para analizar el permiso solicitado.
En términos municipales, el edil Miguel Angel Rayas Ortiz, se ha
solidarizado con las organizaciones civiles locales, a las cuales le
manifestado su apoyo en contra la minera, y hasta el momento el gobierno
no ha otorgado ningún permiso de cambio de uso de suelo, ni de
construcción.
Los pobladores con propiedades de tierras en la zona de
la mina, explica el activista que una gran mayoría aun ha no han
accedido a vender sus terrenos. En conclusión señala, Gustavo Lozano ”
al cierre del año 2019 tenemos un tramite en SEMARNAT mismo que
esperemos que sea negado a la brevedad, y de acuerdo a lo declarado por
el gobierno de Dolores Hidalgo, quien ha manifestado que no ha otorgado
ni un permiso de cambio de suelo, ni de construcción así como los
pobladores de San Anton de las Minas un mayoría de ellos no han
negociado sus tierras para que la minera pueda realizar sus actividades ”
