Protección y seguridad, un trato especial para las mineras

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de junio de 2020

En días pasados, el gobierno federal, a través de Francisco Quiroga Fernández, Subsecretario de Minería, de la Secretaría de Economía del gobierno de México, expuso que debido a la grave situación de inseguridad por violencia que enfrenta el sector minero, el pasado 14 de mayo instaló la “Mesa de Trabajo sobre Seguridad en la Industria Minera”, con el objetivo de “fortalecer esquemas en las zonas de las minas y la investigación en los delitos cometidos al sector”, con la intención de implementar una estrategia nacional para problemas regionales y acciones preventivas, así como protocolos y coordinación para intervenciones focalizadas.

Para el gobierno federal, la minería es una de las actividades más expuestas a la inseguridad debido a la aislada ubicación de sus zonas de trabajo, por lo que se producen toda una serie de delitos, como: robo, homicidio doloso y extorsión.

El Subsecretario Quiroga afirmó también que “se ha trabajado con los gobiernos de los estados y con las dependencias de la Federación, para combatir los problemas de seguridad de una manera inteligente” y que “se atienden causas primeras, se otorgan oportunidades y alternativas en las comunidades que son azotadas por este problema y se recurre a trabajos de inteligencia para prevenir, disuadir y desarticular las cadenas de delincuencia, así como su modus operandi”.

No se entiende que el Presidente López Obrador afirme, por un lado, que en su gobierno son “primero los pobres” y, por otro, ese mismo gobierno continúe priorizando los intereses de las grandes corporaciones (la Mafia del Poder). Además, resulta verdaderamente sorprendente la miopía con la que se conduce el gobierno federal en relación al fenómeno de la violencia en los territorios de extracción pues hay cientos de evidencias en donde las propias empresas mineras son quienes fomentan, generan e incluso alimentan financieramente la violencia e inseguridad, esa misma a la que ahora en conjunto con el gobierno federal pretende atender.

Nada ha hecho el gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal para proteger la grave inseguridad de las personas que ahí habitan, pero ahora al chasquido de las empresas se planea su protección personalizada. Nos preocupa que ahora ante está nueva acción de protección para el sector minero, se use también como pretexto para exacerbar e intimidar y criminalizar más a las y los defensores del territorio.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

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Apoyo a la negativa de la importación de Glifosato y prohibición de su uso, junto con alternativas agroecologías y ampliación de derechos piden Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Compartimos el boletín de prensa de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) sobre la iniciativa de prohibición del uso de glifosato y otros agrotóxicos en México – A 2 de Junio de 2020

Más de 180 organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y académicos  de distintas universidades enviaron una carta dirigida a las autoridades  federales competentes  para que se mantenga la negativa a la importación de glifosato  por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se prohíba de manera creciente en todos los usos, además de medidas para garantizar la protección de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente, y producir y consumir alimentos  sanos con una transformación agroecológica del sistema alimentario, más necesario que nunca en tiempos del COVID-19.

La Semarnat ha negado la importación del glifosato desde diciembre de 2019 y ha reiterado recientemente “la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, ya que hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud de la población y a la biodiversidad”[1]. Para eliminar el uso del glifosato se requiere un acuerdo de las autoridades federales involucradas. En primer lugar, de la Comision Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quien otorga o puede cancelar de manera definitiva las autorizaciones de plaguicidas; también del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA  de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Semarnat. Sin embargo, la decisión de negar la importación de glifosato ha sido duramente criticada por las empresas transnacionales  de plaguicidas y asociaciones del Consejo Nacional Agropecuario que buscan echar abajo esta decisión.

El glifosato es un  plaguicida de alta peligrosidad autorizado por COFEPRIS para empresas transnacionales como Monsanto, propiedad ahora de Bayer, y para empresas comercializadoras de plaguicidas genéricos, en 167 registros de productos comerciales para plantas formuladoras y usos  agrícola, urbano y jardinería. 

El glifosato es un herbicida clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en la literatura científica y compilados por CIBIOGEM en una base de datos de acceso público[2]; y por organizaciones de la sociedad civil en América Latina[3]. En ellos, se detallan los informes de la literatura científica donde se ha asociado la exposición al glifosato con la encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del  COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otros. Además de su toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La carta pide que se de prioridad al glifosato en el cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la COFEPRIS, Semarnat y  SADER. de que el Plan  Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 cuente con  programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables. “Para cumplir con estas metas es necesario que se establezca en la legislación el derecho público a conocer, la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplican plaguicidas de alta peligrosidad como el glifosato,  como lo hacen ya  otros países incluso en California, Estados Unidos”, declaró  Fernando Bejarano, Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

“La carta demanda que se incluyan metas de eliminación del uso de glifosato y de otros plaguicidas dentro de una política y programa nacional de escalamiento y transición agroecológica del sistema alimentario para que sea sano, justo y sostenible” declaró Rocío Romero del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) en México. 

“El uso de glifosato ha perjudicado ya la producción y exportación orgánica de  café y otros cultivos” declaró  Luis Martínez Villanueva de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, quien añadió “es por eso que numerosas sociedades cooperativas productoras de café, miel y otras organizaciones que impulsamos el comercio justo y la agricultura orgánica nos sumamos a esta carta.”

“Se han encontrado residuos de glifosato en harinas de maíz industrial por lo que en la carta pedimos se informe a los consumidores de manera regular y accesible, el monitoreo de residuos de glifosato y de otros plaguicidas de alta peligrosidad en los alimentos del mercado nacional” afirmó Mercedes López, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos de México y de Vía Orgánica, A.C, que ha realizado investigaciones al respecto.[4]

“Otra de las demandas de la carta es  que se detenga la siembra ilegal de soya transgénica, y las fumigaciones aéreas del glifosato y otros agrotóxicos, en el municipio de Hopelchén en Campeche”  afirmó Leydi Pech Martín del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, “pues ya se ha encontrado glifosato en la orina de hombres y mujeres  y en el agua subterránea y potable” añadió.

La carta colectiva es respaldada por numerosos expertos en toxicología y  agroecología en varias universidades de México como la Universidad Autónoma Chapingo y sus diversos centros regionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Nayarit. 

También  cuenta también con el apoyo de organizaciones internacionales y de América Latina, entre ellas la Red Internacional de Eiminacion de Contaminantes (IPEN), la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International) y de la Red de Plaguicidas y Alternativas en América Latina (RAPAL) y sus miembros en Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, del colectivo Naturaleza de Derechos de Argentina, y la Asociacion Brasileña de Agroecología y los Grupos de Trabajo de Salud y Ambiente de la Asociacion Brasileña de Salud Colectva (ABRASCO), el Grupo de Trabajo de FIOCRUZ y el Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil y Womens Engage for a Common Future (WECF), entre otros.

Leer la carta AQUÍ

Para mayor información comunicarse con  Fernando Bejarano, cordinacion@rapam.org.mx

Imagen: REdBioética

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La violencia contra las mujeres crece en abril: 335 son asesinadas y suben 44% las llamadas al 911

Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre el preocupante incremento dela violencia hacia las mujeres en México durante la pandemia por Covid-19 – A 25 de mayo de 2020

En el primer mes de la cuarentena se perpetraron 335 asesinatos de mujeres, de los cuales, sólo 68 fueron clasificados por las autoridades como feminicidios. Las llamadas al 911 relacionadas a violencia contra la mujer registraron en abril un descenso mensual, pero aún así, las cifras se mantienen muy por encima en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Al menos 335 mujeres fueron asesinadas en México durante el mes de abril –267 homicidios dolosos y 68 feminicidios–, lo que representa un alza de 1.57 por ciento con respecto a marzo pasado que tuvo 330 asesinatos en total, de acuerdo a las cifras que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras que en el periodo de enero a abril se contabilizaron 1 mil 295 asesinatos de mujeres: 987 homicidios dolosos y 308 feminicidios. El número de asesinatos es 8.91 por ciento superior al del mismo periodo de 2019, que reporta en total 1 mil 189 asesinatos, de los cuales solo 305 fueron clasificados como feminicidios y 884 homicidios dolosos.

Los estados con el mayor número de asesinatos perpetrados en abril son: Guanajuato con 180 (172 homicidios dolosos y 8 feminicidios); Estado de México, 133 (95 homicidios dolosos y 35 feminicidios); Chihuahua, 91 (84 homicidios dolosos y 7 feminicidios); Michoacán, 88 (82 homicidios dolosos y 6 feminicidios), y Baja California, 81 (70 homicidios dolosos y 11 feminicidios).

Con un total de 11 casos, el secuestro de mujeres disminuyó en abril; uno menos que en marzo pasado (13)  y 23 secuestros menos que abril de 2019 (35).

De enero a abril se contabilizaron 1 mil 295 asesinatos de mujeres, el número es 8.91% superior al del mismo periodo de 2019.  Mujeres se han manifestado, constantemente por el alza de feminicidios. Foto: Sugeyry Romina Gándara, SinEmbargo.

Las denuncias interpuestas por violencia familiar –incluye tanto mujeres y hombres– registraron una caída mensual de 27.9 por ciento, pues de 20 mil 232 denuncias presentadas en marzo, en abril se registraron 14 mil 591.

En relación al delito de violación, en abril se registraron 304 llamadas al 911, lo que representa un descenso de 23 por ciento contra marzo, que registró 395 reportes telefónicos.

En los primeros cuatro meses de 2020 se realizaron al menos 1 mil 291 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación, cifra superior en 8.39 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019.

VIOLENCIA GÉNERO

Las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra la mujer presentaron una reducción mensual en abril, al registrarse 21 mil 722 avisos telefónicos contra las 26 mil 171 de marzo; sin embargo, la cifra de abril aún es superior (44 por ciento) en comparación con el mismo periodo del año pasado que registró 15 mil 84 llamadas de auxilio.

Este tipo de reportes telefónicos – aunque no son denuncias penales, también dan cuenta de la violencia contra las mujeres en el país– se dispararon desde inicios de año y se han mantenido por encima.

En enero las denuncias al 911 crecieron 52.50 por ciento, si se comparan con el mismo mes del año anterior, pues pasaron de 12 mil 579 en 2019, a 19 mil 183 en el primer mes de 2020, de acuerdo a cifras oficiales.

Y por cuatrimestre (enero-abril) se contabilizan al menos 88 mil 803 llamadas de violencia contra la mujer, es decir, 53.16 por ciento más que en el mismo periodo de 2019, que registra 57 mil 980 alertas.

Los estados con la mayor tasa de número de avisos telefónicos sobre violencia contra la mujer: Chihuahua, 735.3 llamadas por cada cien mil mujeres; Ciudad de México, 282; Coahuila, 215; Hidalgo, 201.4 y Querétaro con 197.2.

Activistas y expertas en el tema han señalado previamente que el incremento registrado desde inicios de año, en comparación con las llamadas realizadas en 2019, puede ser por diversos factores, desde el mayor conocimiento de las líneas de emergencia, así como las protestas y manifestaciones que se gestaron desde el año anterior.

Elena Azaola Garrido, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consideró en una entrevista previa con SinEmbargo que hay que tomar en cuenta que los reportes al 911 pueden haber aumentado, sí por violencia, pero también porque el 911 es un número relativamente reciente, “puede ser que apenas se difunde y por eso se incrementa los reportes”.

La experta comentó que si bien, para analizar el aumento de denuncias hay varios aspectos a cotejar, sí coincidió en que podría haber una relación con las protestas: “yo creo que sí, que indudablemente todo este hablar del tema y todas estas protestas ciertamente han colocado este tema en un primer orden y debate público y hay más conciencia. Sí creo que las protestas han contribuido a que haya más atención sobre el tema, y a que se denuncie más”.

El pasado 15 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “el 90 por ciento” de las llamadas sobre maltrato eran falsas. “La mayor parte son falsas”, dijo en conferencia matutina. Las declaraciones del mandatario estatal generaron críticas y reproche por parte de colectivas feminista y organizaciones especializadas en la violencia de género.

Protestas contra la violencia hacia las mujeres. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo.

PETICIONES DE REFUGIO CRECEN

El número de solicitudes para refugio temporal de mujeres violentadas se disparó 50 por ciento durante el confinamiento por la COVID-19; en tanto que las llamadas para pedir asesoría, atención y los acompañamientos personales por casos de violencia crecieron 77 por ciento, reportó la Red Nacional de Refugio A.C (RNR)

Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, explicó que tan sólo del 17 de marzo al 17 de mayo, la organización ha atendido a 11 mil 131 mujeres, niñas y niños (desde la vía telefónica, redes sociales, y de forma personal en los 69 espacios de atención, protección y prevención a nivel nacional). Esta cifra representa un incremento del 70 por ciento, en comparación al mismo periodo del año 2019.

Del total, 6 mil 978 víctimas –el 65.16 por ciento mujeres y 34.88 por ciento niñas y niños– recibieron acompañamiento personal en los Refugios y sus Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y de Transición integrantes de la Red Nacional de Refugios.

Imagen: Galo Cañas, Cuartoscuro.

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El fracking sigue avanzando en México

Comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking – A 19 de mayo de 2020

Pese a compromiso presidencial, el gobierno sigue dando permisos y destinando presupuesto público a fracking en formaciones no convencionales.

– En Pantepec, donde se perforó y fracturó un pozo, no se informó a la población, la cual sufrió daños a la salud y al medio ambiente inherentes a esta práctica.

– Los compromisos deben traducirse en hechos, se urge al gobierno y al legislativo a detener el fracking y prohibirlo legalmente para proteger los derechos humanos, el ambiente y el clima.

A través de una investigación realizada por la Alianza Mexicana contra el Fracking, en la cual se accedió a información oficial, se constató que, pese a los compromisos del actual gobierno expresados por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, la explotación de gas y petróleo en formaciones no convencionales a través de fracking sigue vigente y avanzando en territorio mexicano. Este compromiso quedó establecido en el Punto 75 del Plan de Gobierno de la 4T, el cual señala “no se usarán métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”. Desde entonces, en varias sesiones de “Las Mañaneras”, el presidente ha reiterado su compromiso para detener esta práctica.

Desde que comenzó el gobierno de la 4T, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha aprobado seis Planes de Exploración en yacimientos no convencionales, los cuales permiten la perforación y fracturación de pozos para extraer gas y petróleo. Cinco de estos planes le fueron aprobados a Pemex Exploración y Producción (PEP) y uno más a Operadora de Campos DWF entre febrero y noviembre de 2019. Además, se le autorizó a PEP un séptimo Plan de Exploración, esta vez en yacimientos convencionales, que permite actividad no convencional. Cabe señalar que, pese a que el presidente anunció el 26 de junio de 2019 que el Plan correspondiente a la Asignación de PEP “AE-0387-2M Humapa” quedaría cancelado como una muestra del compromiso de su gobierno de no avanzar con esta práctica, a noviembre de 2019 este Plan seguía vigente, lo que supone que Pemex cuenta con los requisitos pertinentes para seguir avanzando con las actividades contempladas en él.

En total, en estos planes se contempla la perforación y fracturación de entre seis y diez pozos (en el escenario base y el escenario incremental, respectivamente) entre 2019 y 2021. Estos pozos se suman a los tres pozos que, si bien fueron autorizados durante el sexenio anterior, han sido operados durante el gobierno actual. En concreto, uno de ellos fue perforado y terminado en 2019 y dos más fueron terminados ese mismo año −Chaxán-EXP1, Pankiwi-EXP1 y Semillal EXP1−, lo que indica que la actividad de fracturación hidráulica ha sido realizada durante la 4T, a través de PEP, empresa productiva del Estado. Asimismo, al menos había tres pozos −Maxochitl-EXP1, Kaneni-EXP1 y Pankiwi-EXP1− que se encontraban produciendo gas y petróleo no convencional en 2019.

Ese mismo año, en el la comunidad del Tablón del municipio de Pantepec en Puebla, donde se sitúa el pozo Pankiwi-EXP-1, hubo diversos daños a la salud de la población derivados de la actividad del mismo, como constantes dolores de cabeza y náuseas debidos a los fuertes olores y vapores que emanaban del pozo. Además, en la zona  también ha habido daños a parcelas donde, repentinamente y sin explicación alguna, ocurrieron fisuras en la tierra y vertidos de petróleo. La población nunca fue informada sobre el uso de fracking en dicho pozo y solo lo pudieron corroborar que así fue una vez que se obtuvo la información vía transparencia en el marco de la investigación señalada.

Por otro lado, el gobierno ha seguido asignando y ejerciendo presupuesto público en proyectos de inversión de Pemex Exploración y Producción que requieren el uso de fracking para explotar hidrocarburos en formaciones no convencionales. Aunque estos proyectos −”Aceite y Gas en Lutitas” y “Aceite Terciario del Golfo” − fueron creados en sexenios anteriores, ha habido una continuidad en los mismos durante la presente administración. De esta manera, en 2019 se asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un total de 6,603,959,696 pesos a los mismos, mientras que en 2020 este presupuesto se aumentó a 10,837,382,324 pesos, lo que, en términos reales, significó un incremento de 58.4%. En cuanto al presupuesto efectivamente gastado en 2019, asciende a 5,318,771,761 pesos según la Cuenta Pública de ese año, mientras que a primer trimestre de 2020 ya se han erogado 1,196,761,113 pesos, lo cual es una muestra irrefutable de que esta actividad sigue siendo impulsada por el gobierno actual.

Por último, cabe señalar que toda la normatividad para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales creada en el marco de la Reforma Energética del sexenio anterior sigue vigente y operativa en la actualidad. Esto incluye los “Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de hidrocarburos” y los “Lineamientos de perforación de pozos”, ambos de la CNH, los cuales incluyen disposiciones para no convencionales y fracking. Asimismo, los “Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra” de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA). Finalmente, los “Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Lo cual implica que las empresas y las entidades públicas implicadas en esta actividad siguen contando con un marco normativo que les permite realizarla.

Todo lo señalado muestra que es necesario que el gobierno y el Poder Legislativo tomen medidas inmediatas para concretar los compromisos de la 4T en hechos que eviten que el fracking siga siendo utilizado y, consecuentemente, proteger a la población, el ambiente y el clima de esta dañina técnica cuyos daños no pueden ser evitados al ser inherentes a la misma, como se ha demostrado por su uso en otros lugares. Por ello, urgimos a que se tomen medidas administrativas y legislativas que prohíban el fracking en México, como lo demandan ya 88 mil personas a través de su firma, y como lo han hecho responsablemente otros países y territorios del mundo, entre ellos: Francia, Bulgaria, Luxemburgo, Italia, Alemania, Irlanda, Uruguay, la provincia de Entre Ríos en Argentina, el estado de Victoria en Australia, la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en España, el Estado de Paraná en Brasil, y varios estados y localidades dentro de Estados Unidos (Vermont, Nueva York, Maryland, ciudad de Pittsburgh, condado de Monterey y territorios Chippewa y Cherokee).

Contacto de prensa: Alejandra Jiménez, nofrackingmx@gmail.com, Cel. 784 117 6209

La investigación está disponible aquí.

Imagen: Protesta en contra de la práctica del ‘fracking’, en imagen de archivo de La Jornada. Foto Alfredo Valadez

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El feminicidio y la violencia contra las mujeres; ambas pandemias ignoradas por la 4T

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 14 de mayo de 2020

Hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya un aumento de la violencia hacia las mujeres debido al confinamiento forzado por el Covid-19, agregando además que “la familia mexicana es una unidad fraterna”, dejando de manifiesto que tenemos un Presidente que desdeña e ignora las investigaciones y estadísticas y, en consecuencia, gobierna con un sentido común ralo y falso que lo lleva a una toma decisiones equivocadas o hace declaraciones sin sustento alguno, peor aún, usa su ya célebre frase “yo tengo otros datos” enviando un claro mensaje para deslegitimar las luchas y resistencias que desde hace décadas se han consolidado en el acompañamiento de mujeres que sufren de violencia de género.

En uno de los tantos estudios que existen sobre la temática, destacamos que el Estudio Mundial sobre el Homicidio, Asesinatos de Mujeres y Niñas por motivos de Género; realizado por la oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes, determinó que alrededor de 87,000 mujeres habían sido asesinadas en solamente un año en todo el mundo, de las cuales 50,000 habían sido a manos de compañeros íntimos o familiares. Por lo que esa institución internacional alertó que el lugar más peligroso para una mujer es su hogar. https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

En México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de este año ha sido el más violento desde 2015. De enero a marzo del presente año han sido asesinadas 964 mujeres. Asimismo, se han registrado 26,695 casos de violencia contra las mujeres, datos por demás contundentes, pero que el Presidente de la República desdeña, porque evidencian su equivocada y atropellada política de atención al tema.

Por su parte el Observatorio de Feminicidios “Adriana Marisel Zambrano” informa que desde el 20 de marzo al 7 de mayo hubo 21 feminicidios, de los cuales en 12 de los casos existía vínculo de pareja con el asesino, es decir, un feminicidio cometido por un esposo o enamorado actual o anterior, a lo que se le conoce como feminicidio íntimo o asesinato por la pareja.

Tal parece que el presidente también ignora las 115,614 denuncias que las mujeres han hecho al #911 tan solo en el mes de marzo de este año, para reportar incidentes de violencia intrafamiliar, de pareja, violación, acoso sexual y abuso, lo cual es un reflejo del contexto violento que viven mujeres y niñas en casa. Esto es 155 mujeres violentadas cada hora https://www.semmexico.mx/?p=20411 .

Si bien el llamado a “quedarse en casa” y el cierre de actividades económicas son medidas necesarias para evitar los contagios de COVID-19, es también un hecho que dicha estrategia se aplica de forma homogénea y desdibuja o no reconoce o desconoce las particularidades para que ese encierro trascienda de forma segura para todas las personas en situación de violencia familiar. Mientras el estado mexicano no brinde las condiciones materiales necesarias para “quedarse en casa” y/o se queden en sus hogares con precariedades, seguramente seguirá presentándose violencia doméstica, sexual, psicológica, económica y laboral e institucional en contra de las mujeres.

Como REMA-Mujeres nos unimos a la exigencia para que se tomen las medidas necesarias para proteger la vida de las mujeres, niñas y niños al interior de sus hogares y para quienes tienen que seguir saliendo a trabajar, muchas veces en condiciones de precariedad. Es urgente que el gobierno reconozca las condiciones de desigualdad de las mujeres en el país, así como la violación a los derechos humanos y laborales. Reivindicamos que, en momentos de crisis, son preponderantes la voz, el pensamiento y las actividades de las mujeres para afrontar y reconstruir la vida tanto en el campo como en la ciudad. Así mismo reconocemos que la economía no está parada en gran medida porque las mujeres seguimos trabajando en casa en actividades reproductivas como los cuidados de la familia, lo que hoy más que nunca debería ser reconocido en el universo de la economía y también seguimos en las calles con actividades productivas.

Cuando decimos que el machismo mata y que el patriarcado mata no es sólo una consigna de denuncia, sino una práctica que nos lastima y/o acaba con la vida de nosotras. Las cifras de denuncias oficiales y datos periodísticos, como los mencionados, nos muestran la desigualdad más atroz a las que nos estamos enfrentando las mujeres y las niñas durante la pandemia. En tiempos de COVID-19, la guerra contra las mujeres y las niñas se manifiesta en los hogares y en los espacios laborales, por lo tanto, es urgente que se reconozca para poder frenarla con la atención necesaria, tanto del estado mexicano como de las y los ciudadanos para no permitir más violencia contra las mujeres y niñas, lo cual también debe reconocerse y actuar en consecuencia como un problema grave de salud pública.

Por otra parte, el cierre de actividades económicas ha visibilizado las desigualdades laborales en las que vivimos las mujeres, empeorando las condiciones con trabajos pesados y poco salario, sin medidas de seguridad, como por ejemplo; los casos de las trabajadoras domésticas que están siendo forzadas a cuidar de otras familias sin medidas de protección, las jornaleras o trabajadoras en las maquilas que han sido despedidas sin liquidación o son amenazadas de perder el trabajo y tienen que seguir laborando a riesgo de enfermarse y hasta morir.

Además, las mujeres que se encuentran en el sector informal: pequeñas comerciantes y vendedoras de comida, cuyo ingreso es parte medular de la economía familiar, se han visto radicalmente afectadas a partir de imponer medidas de aislamiento y de alternativas de acciones y trabajo inexistentes para ese como el trabajo en línea o desde casa, además de que no cuentan con las condiciones mínimas como un espacio adecuado para realizarlo, también se ha incrementado la carga laboral, incluyendo el tema educativo de hijas e hijos y quienes al margen del cuidado y atención que de forma preferente realizan las mujeres, la mayoría de las familias carecen de internet, computadora o Tablet que sólo viene a acrecentar las desigualdades en un país que nos dicta reglas homogéneas para una población heterogénea, lo que ratifica que este gobierno no atiende ni la desigualdad ni la pobreza, por lo tanto, se hace más notorio observar otras desigualdades; de clase, género y etnia y, por si todo lo anterior fuera poco, las mujeres somos también las que contenemos las crisis emocionales, conductuales y cognoscitivas de sus familiares.

No podemos dejar de señalar a todas las mujeres que han sido o están siendo afectadas por proyectos extractivos, porque además de los anteriores problemas de violencia, nos encontramos en mayor riesgo al vivir en lugares contaminados, con violencia generada por fuerzas armadas legales e ilegales, y atendiendo los daños a la salud de la familia en general. ¿Cómo lavarse las manos, en estos tiempos de pandemia si el agua está contaminada con metales pesados o las empresas han desecado las fuentes de agua? ¿Cómo seguir manteniendo la sana distancia en nuestros hogares y comunidades ahora que se da luz verde para la reapertura de la minería y se reintegran miles de trabajadores de diferentes partes del país sin tener claridad del potencial contagio que se puede generar? ¿De verdad creen que el gel y la sana distancia serán suficiente para este tipo de retornos masivos y sin control alguno?

Reprobamos enérgicamente que AMLO argumente como ejemplares “los valores familiares de México” en este país que ha negado y sigue negando la violencia machista, patriarcal y estructural que vivimos, empezando por el desdeño a tratar de forma integral “las violencias” de género por parte del propio Presidente de la República.

Resaltamos nuestra importante aportación al sostenimiento de la vida durante esta crisis sociosanitaria, política y económica que se entrelaza a la ambiental que el despiadado modelo de consumo ya venía generando. Resaltamos nuestro relevante papel en la reconstrucción de nuestro pensamiento y acción, la sororidad y el saber hacer comunidad que sin duda alguna nos apoya a rescatar nuestra sociedad.

Agradecemos a todas las mujeres defensoras quienes se atreven a denunciar las violencias de género y alzan la voz para posicionar políticamente otras formas de vida. Nos unimos al compromiso de denunciar y actuar frente a las violencias de género que vivimos en los hogares. Agradecemos a las enfermeras, doctoras, recolectoras de basura, entre muchas otras mujeres que están haciendo que este caos sea menor.

Desde la REMA Mujeres exigimos una estrategia en la que se busque la forma de terminar con este horror de pandemia de feminicidios y violencia de género, misma que podría empezar por realizar un mapeo, al igual que sucede con el COVID-19, que nos vaya informando minuto a minuto la cantidad y tipo de agresiones que sufrimos a lo largo de nuestro país, y no solo aparezcamos en notas periodísticas, sino dentro de una estrategia y solución nacional.

Fimra

REMA MUJERES

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Una manifestante sostiene un globo en una marcha contra los feminicidios en Monterrey, México, 17 de septiembre de 2017.Daniel Becerril / Reuters

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¿LA CORTE CONTRA LOS PUEBLOS?

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la Ley Minera en México próxima a discutirse – A 11 de mayo de 2020

En las próximas horas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá un proyecto de resolución elaborado por el ministro Javier Laynez respecto de la constitucionalidad de la Ley Minera en el Amparo en Revisión 928/2019; se trata de un asunto fundamental ante la creciente oleada de proyectos que despojan y atentan contra la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas en nuestro país.

En septiembre del 2014, la asamblea indígena del pueblo Maseual en la comunidad de Zacapitan, municipio de Cuetzalan del Progreso en Puebla, instruyó -en ejercicio de su autonomía- al Consejo Maseual Altepetajpianij a llevar a cabo las acciones legales necesarias para combatir la decisión de la Secretaría de Economía de entregar sus territorios en concesión para la explotación minera sin contar con su consentimiento y sin haber sido convocados a participar en un proceso de toma de decisiones que directamente les involucraba.

En una primera resolución en septiembre del 2018, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios; sin embargo, al tiempo que concedía el amparo, el Juzgado Quinto de Distrito con sede en Puebla, evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera en la que la Secretaría de Economía se apoya para otorgar dichos títulos de concesión. Frente a la omisión del juzgado las comunidades indígenas afectadas presentaron un recurso de revisión que en breve será resuelto por la Suprema Corte.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hemos denunciado insistentemente que la Ley Minera forma parte de un entramado jurídico, político y económico diseñado para facilitar y hacer posible que el Modelo Extractivo Minero prospere a costa de los pueblos, sus territorios, su salud y su medio ambiente. Entre otras cuestiones, hemos advertido que la Ley Minera considera las actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales como de “utilidad pública” y como “preferentes” sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio, además de que en el procedimiento de toma de decisiones para el otorgamiento de las concesiones mineras no se considera la participación de los pueblos indígenas vulnerando con ello su autonomía y su derecho a decidir; cuestiones sobre las que debería pronunciarse la Segunda Sala de la Corte.

En días pasados, sin embargo, se dio a conocer la versión pública de la resolución que el ministro Javier Laynez propone para su discusión, la cual deja intocado ese entramado jurídico al considerar que “el contenido de la Ley Minera no se vincula directamente con los intereses y derechos de los grupos indígenas involucrados.»

No omitimos señalar que, bajo las actuales disposiciones de la Ley Minera, la Secretaría de Economía ha entregado más de 25,000 concesiones que están generando graves conflictos sociales en todo el territorio nacional.

Por ello, desde las comunidades, pueblos, organizaciones y colectivos que somos la REMA, en solidaridad con la lucha del pueblo Maseual y haciendo nuestras sus exigencias, llamamos, respetuosa pero enérgicamente a la ministra Yasmín Esquivel Mossa y a sus homólogos Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y Franco González Salas a no atender el proyecto del ministro Laynez y a discutir sobre las diversas disposiciones de la Ley Minera que resultan violatorias de los derechos humanos de los pueblos indígenas para ajustarla a nuestra Constitución y los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de los que México es Estado Parte.

¡JUSTICIA y LEGALIDAD! ¡ACABAR CON LA IMPUNIDAD EN LA OPERA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

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Imagen: Forbes. Crédito: Grupo México

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Minera derrama casi 6 millones de litros de desechos tóxicos en Durango

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 6 mayo de 2020

En días pasados, diversos medios de comunicación informaron que la empresa Exportaciones de Minerales de Topia derramó desechos tóxicos en las inmediaciones del río Humaya que fluye por los Estados de Durango y Sinaloa, poniendo en riesgo la salud de la población de las comunidades cercanas, situación que se agrava ante la imposibilidad de contar con agua suficiente y limpia durante el resto de la contigencia por el COVID-19.

Mediante un comunicado oficial publicado el lunes pasado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), señaló que el derrame supone un total aproximado de 6 mil metros cúbicos de jales por lo que clausuró de manera “temporal total” la operación de la empresa que se dedica al beneficio de minerales metálicos (plomo y zinc) en el municipio de Canelas, Durango.

Aunque en su comunicado no se específica el tipo de jales que se derramaron, en términos generales se trata de los desechos integrados por una mezcla pastosa y acuosa que contienen altas concentraciones de metales pesados tóxicos que son potencialmente peligrosos para la salud y el ambiente, los cuales son el resultado de los procesos de la molienda de las rocas, y en algunos casos derivados de los procesos de lixiviación, una vez que han sido extraídos los minerales de interés.

De acuerdo con el comunicado, fue la propia empresa quien informó sobre el derrame de 5 mil litros de jales en sus instalaciones; sin embargo, luego de una visita de inspección, la PROFEPA concluyó que en realidad se trataba de un derrame de aproximadamente 5 millones 780 mil litros de jales líquidos, por lo que luego de recorrer las zonas afectadas y recabar información sobre los daños ambientales causados, entre otros, se observó que el jale se había impregnado sobre el cauce del Arroyo San Bernabé en una longitud de 2 km sobre su margen y que la contaminación se extendió hasta la localidad de San Bernabé, lo que permitió determinar la “clausura total temporal de la operación de la empresa”.

PROFEPA informó que el derrame se debió a la ruptura de una presa de jales tóxicos, la cual fue sobrecargada más allá de los límites de su capacidad, lo cual demuestra una vez más la irresponsabilidad en la que operan estas empresas, al no respetar sus procesos de control internos.
Además de la clausura total temporal de sus operaciones, la PROFEPA impuso, como medidas hacia la empresa, la contención del derrame proveniente de la ruptura de la presa y la limpieza de los jales en las zonas afectadas, así mismo, la PROFEPA presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra quien resulte responsable por la comisión de delitos contra el ambiente.

Desde la REMA hemos advertido el deber de cuidado que las empresas del modelo extractivo minero no suelen incorporar en sus operaciones diarias ni en el manejo de insumos y residuos tóxicos. Desde este punto de vista, la ruptura de una presa de jales por sobresaturación implica negligencia y una gestión deficiente e irresponsable por parte de la empresa y de las autoridades responsables quienes deberían de supervisarles de forma preventiva.

Desde la REMA exigimos una investigación seria, a fondo y ejemplar, que concluya con resoluciones y sentencias condenatorias, así como con la clausura total definitiva de la empresa Exportaciones de Minerales de Topia. Nos mantendremos atentos y vigilantes al cumplimiento de la ley.

¡BASTA DE IMPUNIDAD!

!FUERA MINERAS DE NUESTROS TERRITORIOS!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Derrame de presa de jales en Canelas, Durango. (Especial), Milenio

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La caridad insultante y el oportunismo de las empresas mineras

LA DESFACHATEZ DE SUS MANIOBRAS

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería en medio de una emergencia sanitaria por COVID 19 – A 30 de abril de 2020

Desde el inicio de las medidas de restricción generadas para controlar el nivel del contagio por la Covid-19, uno de los sectores que han estado muy activos es el minero. Aunque no hay un diagnóstico concreto por parte del Estado mexicano, aquellas empresas, que como REMA hemos logrado investigar, siguen operando bajo la argumentación de la aplicación de medidas propuestas en la “Guía de mejores prácticas de operación minerometalúrgica”: Contingencia sanitaria 2020 SARS-CoV2 (COVID-19), https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545863/Protocolo_de_contingencia_COVID19_REV1.0._07042020.pdf, la cual, por cierto, se escribió mucho más rápido que la controvertida “Guía bioética”, burlando de facto el que no fueron consideradas como actividad esencial, y por tanto debieron cerrar totalmente.

Al margen de no obedecer el requerimiento del Estado y de aprovechar la incapacidad de éste para supervisar su cierre -muy diferente por cierto a lo que hace con comercios establecidos en toda la ciudad-, las empresas han salido a mostrar su supuesta cara “amable y responsable en “total solidaridad para apoyar las acciones para que la población se mantenga sana”, a partir de impulsar una serie de iniciativas, mismas que, para quienes conocemos de primera mano su proceder, no podemos dejar de señalar como ofensivas.

La Covid-19 no es para ellos un problema de salud pública, sino una oportunidad más para medrar. Les permite simular lo que no son y disimular lo que son en realidad. Y esto es así, porque estas empresas, en su proceder generando como lo hacen daño ambiental, sanitario y social, constituyen un verdadero problema de salud pública. Así, por ejemplo, el día de ayer se anunció que la Minera Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Bailléres González donará un hospital para atender casos de Covid-19 en Fresnillo, Zacatecas, aunque no precisó si dicha obra la edificará dentro de los 2 millones 260,193 hectáreas que tiene concesionadas para la minería. En este torneo del oportunismo extractivista, por su parte, el 20 de abril, la empresa Esperanza Silver “de México” entregó mascarillas, guantes y despensas en hospitales y algunas comunidades circundantes a donde, desde hace varios años, pretende extraer minerales en el estado de Morelos a costa de comprar voluntades y medios de comunicación ocultando su potencial de daño múltiple. Lo mismo sucedió con la empresa minera Media Luna, filial de Torex Gold que opera en Guerrero, entregando, en un gesto de generosidad ejemplar a los pobladores de Nuevo Balsas, nada menos que “kits sanitizantes con jabón, gel antibacterial y mascarillas”, cuando el mejor kit sanitizante debe ser, en realidad, aquel que, en aras de la sensatez más básica, sanitice con eficacia a los territorios, expulsando a quienes pretenden maquillar, en el marco de la pandemia, la grave contaminación que ha ocasionado en el río Balsas dejando, que entre otros efectos, a los pescadores sin sustento para sus familia.

Así, todos los días nos vamos enterando por su publicidad de acciones de parte de este sector, que con esta comedia de la caridad sólo muestran el impresionante cinismo con el que estas empresas se desempeñan. Ya varios siglos han pasado desde la llegada de los extractivistas europeos que repartían cuentas de vidrio y espejitos, y éstos extractivistas de ahora, nacionales y extranjeros, siguen suponiendo que en este país hay muchos minerales, pero no dignidad ni ciudadanía. Y se equivocan, pretendiendo hacer creer a la opinión pública que se preocupan por la salud de la población. Mentira. Como es bien sabido, la actividad minera es una de las que más daños a la salud y al ambiente ha generado en este país. El impacto a la salud por contaminación en todas las fases de la minería, así como la violencia que esta actividad genera, van matando lentamente a miles de personas en las comunidades donde se instalan y dejando arrasados los territorios.

Con sus despensas de miseria utilizan la pandemia, al igual que la usa el crimen organizado, para incrementar el control sobre el territorio, pero en el fondo, sabemos que tarde o temprano regresarán a cobrar ese “apoyo” que hoy ofrecen de forma “incondicional”.

Habrá que investigar qué sucede al interior de cada empresa con el tema del empleo, los casos de Covid-19 que han aparecido, los despidos injustificados y otra serie de acciones que violentan los derechos, mismas que son bastante conocidas en las regiones en donde operan.

Es importante recordar que garantizar la salud en este país es competencia y responsabilidad del Estado. La pregunta no es qué hacen las empresas para evitar el Covid-19, sino qué hará el Estado para que finalmente se les aplique un marco para la rendición de cuentas a cada empresa minera por la contaminación al suelo, aire, los ríos y daños graves a la salud de la población, además del despojo y el desplazamiento forzado, generado en cientos de comunidades. Los daños e impactos acumulativos y sin fecha de caducidad, no serán borrados ni lavados con mascarillas, gel antibacterial o instalaciones hospitalarias. Estamos siendo testigos de una clara política de omisión por parte del Estado.

Las dependencias públicas encargadas de proteger la integridad de la salud de la población y del medio ambiente, carecen de una política proactiva que responda al Principio Precautorio y se adelante verdaderamente y no en el discurso a la generación de daños. La megaminería tóxica constituye un problema de salud pública y de salud ambiental ampliamente documentado. Pasar por alto este hecho incontrovertible por parte del Estado al adoptar conductas meramente expectantes, fragmentarias y parciales, lo convierte en cómplice de este modelo extractivo delictuoso.

LA OMISIÓN DEL ESTADO ES COMPLICIDAD

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Foto: Medio ambiente. Foto: Héctor Boix Cisneros

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Con Covid-19: Tren Maya va

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el tren maya – a 18 de abril de 2020

Millones de personas queremos un cambio radical (de raíz), como lo expresó Andrés Manuel López Obrador (2018) al ganar la Presidencia, que modifique la situación indignante de pobreza y marginación que vive una inmensa mayoría de mujeres y hombres en este país, sobre todo los pueblos campesinos e indígenas. Pero no sabemos si dentro del gobierno actual, tan diverso y de múltiples orígenes, todos quieren esta transformación.

Esto lo digo porque estamos a unos días de que inicie la fase de construcción del primer tramo del Tren Maya y las autoridades responsables nunca presentaron una manifestación de impacto ambiental (MIA), mucho menos una social, cultural y arqueológica. Su argumento es que ya están las vías y que, por tanto, el impacto ambiental ya está hecho. Sin embargo, este es un proyecto nuevo que implica la edificación de nuevas vías y 30 estaciones. No obstante, el tren comenzará sin una MIA del proyecto en su conjunto, que sin lugar a dudas tendrá múltiples impactos. ¿Esto es parte de la transformación? Sólo conocemos la versión pública del Análisis costo-beneficios ACB (2020), como si sólo se tratara de un negocio empresarial. En donde por cierto, se señalaron riesgos (de liberación de derecho de vía, geológicos, arqueológicos, de interfase y de demanda, entre otros) que hasta la fecha no conocemos cómo se van a solventar. Algunos de ellos, con la gran recesión que se avecina, producto del Covid-19, se podrían intensificar.

Aunado a esto, especialistas que trabajan con el instrumento bursátil propuesto para financiar parte del Tren Maya, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibra), insisten que en este momento no le ven viabilidad (H. Calzada, Rankia LATAM –2020– y Jorge Castañares, Xpertha Capital –2020–), no sólo por la crisis económica que viviremos (ya empiezan a colapsar los Fibra), sino porque hay una gran incertidumbre sobre la propiedad social. Todavía existe la gran duda de si la Ley Agraria, permite que los ejidatarios aporten sus tierras a los Fibra, para ser socios. Desde la perspectiva del procurador agrario de la nación, Luis Hernández Palacios (2020), esto no es posible, porque la ley sólo prevé asociaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Pero parece que esto no ha sido escuchado por la autoridad responsable del Tren Maya. Claro que, como me lo manifestó Castañares (2020), podrían cambiar la ley para que dicha asociación sea posible, una práctica que ya vivimos durante los diversos gobiernos neoliberales.

Se argumenta que no hay dinero, y que por eso tiene que arribar la inversión privada, que no está demás decir que el fondo del problema no es si hay inversión privada o no, sino el tipo de instrumento financiero, que sostengo implica la financiarización de la tierra ejidal. La pregunta es si nada dice y significa la propiedad social. Recordemos que ésta fue producto de una revolución, que transformó la estructura agraria (1 por ciento de la población, poseía 97 por ciento del territorio –Stavenhagen, 1982–). Sé que dirán que el ejido está en crisis. Sí, porque deliberadamente los gobiernos neoliberales lo intentaron matar y desaparecer. No lo lograron, 50 por ciento de la propiedad de la nación sigue perteneciendo a ejidos y comunidades agrarias (RAN, 2019). En este sentido, la gran preocupación, que también se manifestó en el proceso de consulta (ver actas de asambleas), es qué pasará y cuál será el destino de las tierras ejidales, aunado a los impactos ambientales, arqueológicos, culturales que inevitablemente se vivirán por la llegada e incremento de millones de turistas como se proyecta (según el documento de ACB –2020–, se habla hasta de 50 millones de turistas).

Qué hacer ante esto. Los pueblos del sur lo decidirán, pero es urgente apropiarse, no sólo del proyecto (porque se les prometió que sería su tren), sino más que nunca, de sus territorios a fin de quelos especuladores inmobiliarios no se apropien en un futuro de sus tierras, que insisto, los analistas financieros expresan que esto ocurrirá. Además, para los empresarios será extraordinario el Fibra, ya que tiene un beneficio fiscal, la exención de impuesto sobre la renta (Ley del ISR). ¿Este será el cambio?

El sur tiene que transformarse. La pregunta es si es aceptable, con una visión colonial, que se les debe llevar el desarrollo. De esto ya se sabe mucho. Es al sur, a donde el Estado mexicano dirigió más recursos para el supuesto combate a la pobreza (Chiapas es emblemático –ver Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 1990–). También en el sur, a lo largo de la historia, se desarrollaron grandes proyectos (madereros, chicleros, caucheros, henequeneros, turísticos), avalados o impulsados por el propio Estado y por las empresas, sobre todo vinculadas al mercado mundial. Así que el sur no es que sea pobre porque ha estado abandonado, sino más bien es el resultado de un proceso continuo de explotación de sus recursos naturales y de la mano de obra (desde la Colonia), que esperamos no continúe.

*Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI

Imagen: Noticias Veracruz

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Samir vive y la R-existencia sigue!!!

Les compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre la presentación del libro «Samir sin reserva» , un video y el archivo para descargar en pdf – A 10 de abril de 2020

Este 10 de abril, a 101 años del asesinato a traición del revolucionario Emiliano Zapata en la Hacienda de Chinameca, Morelos, Desinformémonos presenta el libro «Samir sin reversa» y el video «Samir», materiales que reúnen los testimonios de familiares, anécdotas de amigos e historias de compañeros sobre el defensor nahua Samir Flores Soberanes, sus primeros pasos en la resistencia, su vida en comunidad y el asesinato que detonó la indignación de los pueblos, quienes, a más de un año de su muerte, lo consideran una referencia inalcanzable de lucha para las comunidades indígenas de México y el mundo.

Samir sin Reversa

Gloria Muñoz Ramírez

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«Mi nombre es Samir Flores Soberanes, esta es la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Soy campesino orgullosamente. ¿Qué es lo que me gusta de mi pueblo? De mi pueblo me gusta todo, sus barrancas, el ejido, el campo donde cultivamos, la gente con la que me topo a diario, mis vecinos, la comida de la región, me gusta todo».

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Samir no conocía el miedo, dice su padre Cirino Nabor Flores, a quien le hubiera gustado que lo conociera, pues así, piensa, a lo mejor estaría vivo. Sentado en el patio de su casa, habla por vez primera de su primogénito, el luchador social, organizador de pueblos y defensor del territorio asesinado el 20 de febrero de 2019. No es fácil. La voz se corta, los silencios se alargan, la vista se nubla. Una luz aparece en su rostro cuando lo recuerda de pequeño: parlanchín, preguntón, sociable, juguetón y bueno para la calle, tanto que a los cinco años ya se regresaba solo del kinder “Siervos de la Nación”, a donde sólo permitió que su mamá lo acompañara los primeros días.

Samir

Producción y dirección 
Gloria Muñoz Ramírez 

Realización y edición 
Gerardo Magallón 

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«Hoy, cuando los pueblos tienen un momento de victoria o coraje, gritan “¡Samir vive!”, y “ahí está la justicia. El día en que no haya justicia para Samir será porque estaremos muertos. Hay muchos Samires y Samiras en el Frente de Pueblos y en el país, y cada quien tendrá a su compañera o compañero al cual ama y al cual admira. Para nosotros es Samir»

Defensa del ambiente, actividad letal en México

Compartimos este articulo de opinión publicado en La Jornada sobre el activismo en México y los riesgos de defender la vida – A 13 de abril de 2020

Asesinados, 147 ecologistas en 24 años, En lo que va del sexenio de AMLO han matado a 18 protectores de la naturaleza

Por Angélica Enciso L.

Entre 1995 y 2019, el periodo de cinco mandatos presidenciales, 147 defensores de la naturaleza han sido asesinados. Los estados que concentran el mayor número son Guerrero con 44, Oaxaca 23 y Michoacán 18. De ellos, 134 han sido hombres y 13 mujeres, indica Lucía Velázquez.

En el reporte La defensa del ambiente en México ¿cuestión de vida o muerte?, divulgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indica que se contabilizaron 17 asesinatos de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur en 1995, que pese a que no era ambientalista, entre sus demandas incluía el cese a la tala inmoderada, la protección de los recursos y la demanda de mejores condiciones de vida.

Indica que en el sexenio de Ernesto Zedillo 23 defensores ambientales fueron asesinados, cifra que bajó a seis con el panista Vicente Fox, para crecer casi seis veces con Felipe Calderón, cuando ascendieron a 35 los casos, y esta cifra casi se duplicó en la gestión de Enrique Peña Nieto, con 65. En la administración de Andrés Manuel López Obrador sumaban 18 hasta 2019.

El documento refiere que, de acuerdo con el Global Witness 2019, el año en que más defensores ambientales fueron privados de la vida fue en 2017, con 207 homicidios. Brasil presentó la mayor cantidad con 57. En 2018, el número se redujo, aunque aún fue alarmante: 165. Más de 50 por ciento de los crímenes ocurrieron en América Latina, indica.

Agrega que en México hay alrededor de 500 conflictos socioambientales, y en los que se han registrado asesinatos son: en el rubro forestal, 53 casos; despojo del territorio 37; minería, 24; proyectos energéticos relacionados con obras como gasoductos, eólicas e hidroeléctricas, 18; proyectos hidráulicos y políticas públicas de privatización del agua, siete; denuncias, tres; protección ambiental, proyectos turísticos y proyectos minero-forestales, uno en cada rubro.

Precisa que el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por su contradicción entre la política ecológica y los proyectos destructivos de gran escala, además del combate al crimen organizado, lo cual produjo un ambiente de violencia generalizado. Con Peña Nieto siguió la inercia, de gobernar verde, pero mantener megaproyectos y privatización. La actual admi-nistración puede ser el parteaguas entre una línea ambiental seria que erradique las prácticas de los anteriores presidentes y la continuación de proyectos de muerte que sólo benefician a unos cuantos.

Imagen: Agua.org.mx

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Víctor Toledo; Entre la utopía y la realidad

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 11 de abril de 2020

El martes 7 del presente mes, Víctor Manuel Toledo, funcionario federal responsable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) escribe un artículo de opinión en el diario La Jornada nombrado “El último llamado de la naturaleza” en el cual, dentro del marco de la crisis del Covid-19, hace un atinado llamado para llevar a cabo “una profunda transformación civilizatoria”, compartiendo varias recomendaciones de las cuales sin duda algunas son totalmente obligadas, por ejemplo; el fin de los monopolios, economías solidarias, energías renovables, sistemas agroecológicos, democracia participativa… entre otras. Evidentemente todas ellas -necesarias y urgentes-, incluso podrían ser aún mucho más eficientes si también, al mismo tiempo, iniciáramos el desmantelamiento de la matriz energética, la recuperación de la soberanía alimentaria y dejar de una vez por todas de mirar a la biodiversidad y los bienes naturales como mercancía. 

No obstante, no es la primera vez que el Sr. Toledo pareciera no acabar de asentarse en la nueva silla que ocupa, en donde los hechos y posturas científicas, antropológicas y sociales que recurrentemente plantea en los medios, no encuentran ni espacio, ni eco, ni fuerza dentro del aparato político, menos aun se acercan a las decisiones totalmente contradictorias impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en la silla que hoy ocupa, es evidente no tiene espacio para hacer realidad sus declaraciones científicas, menos las filosóficas de construcción con escenarios deseables entre otras cosas porque su alrededor está lleno de personajes y personeros de una añeja tradición política que tampoco están dispuestos a dejar las “costumbres” de los rumbos económicos actuales y principales causales de los daños hoy explícitos en un pequeño pero devastador virus, ese mismo microorganismo que sólo sobrevive y se reproducen cuando se alimentan de un ser vivo, capas de poner contra la pared la forma en la que el modelo del progreso y desarrollo impuesto a toda la humanidad ahora presenta una de sus grietas más contundentes.

En ese contexto, nos gustaría ver a un Secretario de Medio Ambiente con planteamientos de tipo político -no mediáticos, ni científicos-, con posiciones y posturas fuertes, claras y sin ambigüedades, que provoquen, reten y desafíen el pensamiento y la acción del Ejecutivo Federal, simplemente porque se encuentra en crisis y en consecuencia, no sabe para dónde caminar construyendo un nuevo sendero. Hoy al mundo entero se nos presenta una gran oportunidad para empezar a cambiar el modelo político mundial –o por lo menos el mexicano-, en el cual por supuesto, está inmerso el proyecto denominado 4T, y para quien no lo cree, basta ver al presidente cómo es que enaltece a sus piezas financieras consentidas; Slim, Larrea y Bailléres, tres poderosos empresarios que han hecho su riqueza gracias al saqueo inmisericorde en nuestro país.

Por ello vemos que el Sr. Toledo pareciera que aun no sabe que hacer desde la silla que ocupa, ni tampoco se ha dado cuenta que desde ahí ya no puede hacer ciencia, ni tampoco le funciona que, bajo la retórica del uso del conocimiento científico, tenga en sus manos la forma adecuada para calificar la viabilidad de megaproyectos neoliberales como el Tren Maya y el Corredor Transístmico asegurando no habrá impactos ambientales ni sociales. Hoy el Covid-19 nos desnuda totalmente, porque si al pasar la pandemia regresamos a la misma forma de actuar antes de entrar en refugio, esa que se acompaña de; la velocidad cibernética que no necesariamente se traduce en buena información, el uso de petróleo como la principal fuente energética, el modelo de producción y de consumo con transgénicos acompañado del uso indiscriminado de agrotóxicos, el despojo simulado con procesos de participación instrumental, pero no efectiva, menos aun representativa, entre las otras barbaridades del modelo económico que todas y todos conocemos, entonces vayámonos acostumbrando a trabajar desde casa, porque parece que, ante este presente hoy obligado, parece puede transformase en un futuro económicamente muy eficiente. ¿Será que estamos en la antesala de ser los próximos insumos de confinamiento controlado por los servicios y la economía, tal cual sucede en una granja de cerdos o de pollos, en donde tendremos al alcance de la mano agua, alimento y un cuidador desde fuera…..todo resuelto con un dedo al hacer clic?

Medir los impactos o peor aún, paliar los impactos después de ser ocasionados tanto a la naturaleza como a la sociedad, no puede seguir siendo una ruta “avalada científicamente” para que tengamos un mundo culturalmente más biodiverso o más armónico, o ponerle la etiqueta de sustentable cuando el mundo en tiempo real se nos cae a pedazos. Tampoco le podemos apostar al progreso y desarrollo a partir de preguntarle a la gente, cuando ya sabemos que los megaproyectos tienen una serie de efectos adversos, irreversibles y con daños acumulativos inimaginables, porque no se trata de darle viabilidad al establecimiento de procesos participativos, sino de detener condiciones antiéticas que atentan contra la vida, en donde la permisibilidad de la destrucción a través de, por ejemplo, una consulta, rompen de facto con la construcción de un mundo diferente, menos aun si los “procesos, las consultas o la democracia participativa” se realizan en condiciones de una gigantesca asimetría, porque claramente son un engranaje que permiten la continuidad de la economía de mercado y del sistema capitalista y patriarcal que, como mencionamos, el Sr. Toledo cuestiona en su artículo, pero en su praxis como político es totalmente antípoda.

Igual de contradictorio sucedió cuando el Sr Toledo, anunció muy emocionado la nueva era de la energía renovable con el “nuevo petróleo de México: el litio”. Un insumo capital de gran relevancia y central para la mal llamada transición hacia la energía renovable. Es por ello que no entendemos su discurso de preocupación por “la madre tierra”; cuando un sólo insumo, como el litio, adscrito a una gran cadena de valor de otros componentes derivados de la minería a cielo abierto o de tumbe y relleno, es justo darle continuidad a la barbarie, esa que en la comunidad de Bacadéhuachi, Sonora, en donde opera la empresa canadiense Bacanora Minerals y la china Gangfeng Lithium, está gobernada por los carteles de Juárez, de Sinaloa y del Pacífico, en franca guerra abierta por la disputa el territorio a costa de asesinar a opositores o a quienes se atreven a realizar denuncias. Al igual como sucede en el emblemático “cinturón del oro” en el estado de Guerrero, donde los daños a la salud y al ambiente son descomunales ocasionados también por megaproyectos extractivos. ¿Será que al Sr. Toledo no tiene claro que cada proyecto mega-extractivo que se valide desde Semarnat, es potencialmente la repetición del infierno que ya viven muchos pueblos?, ¿conocerá alguno de esos infiernos de forma directa?, porque entonces no sabemos a qué se refiere cuando habla de “Proteger a la Madre Tierra”.

Ejemplos sobran en los que el responsable de la SEMARNAT ha mostrado sus incongruencias como sucede por ejemplo con las presas de el Zapotillo en Jalisco o Paso de la Reina en Oaxaca. Igual sucede cuando menciona que el Río Coatzacoalcos, el Río Atoyac y El Salto son verdaderos infiernos (que lo son), al mismo tiempo sale en defensa del proyecto más neoliberal de este sexenio El Corredor Transístmico, ese mismo que integra parques industriales, entre muchos otros componentes que verterán sus desechos tal cual sucede en los ríos de Coatzacoalcos, de Atoyac o El Salto. Parece que según sople el viento el Sr. Toledo un día está del lado de la ciencia, otro de la madre naturaleza y otro de crecimiento industrial.

Sr. Toledo, hoy más que nunca está a tiempo de clarificar su verdadero valor y peso especifico en la silla que ocupa. Lo invitamos a plantear la construcción de una postura política fuerte a favor de la madre tierra porque es urgente y necesaria, pero no en la prensa, sino en los actos que desde su envergadura le competen. No deje su prestigio en manos de un ejecutivo que va en sentido contrario.

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Vértigo político

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