Compartimos el comunicado del Movimiento Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de enero de 2020
Las comunidades afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo, junto a las organizaciones integrantes de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), tenemos la alegría de comunicar a la población de los municipios del territorio de la Cuenca de la Independencia que, después de un largo proceso informativo y de organización, de manifestaciones públicas, así como de múltiples gestiones ante las autoridades competentes -federales y municipales-, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT ha tenido a bien resolver -el pasado 17 de diciembre del 2019- el Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, modalidad BRegional solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V -filial mexicana de la minera canadiense Argonaut Gold- para el proyecto de “EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS CERRO DEL GALLO” a ubicarse en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en sentido negativo.
La denegación de la autorización solicitada se basa, por un lado, en una serie de inconsistencias, irregularidades y omisiones detectadas por la autoridad en el DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO presentado por la empresa y por otro, en que el proyecto minero en cuestión se ubica en un territorio actualmente considerado para uso forestal y agropecuario de temporal por lo que no es congruente con la vocación natural de la región, ni con los objetivos establecidos en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET).
Es importante resaltar la Política Ecológica establecida en el programa mencionado – PEDUOET– para las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT’s) número 239 y 257, en las que se ubicaría este proyecto minero.
El PEDUOET señala entre otras cosas que, la política ecológica y los lineamientos para estas dos Unidades, son: ”restauración y mejoramiento, recuperación de la cobertura vegetal original y las funciones ecológicas de los ecosistemas, promoción e impulso de actividades alternativas para un aprovechamiento sustentable” de los recursos, que evite la disminución de capital natural, por lo que las actividades compatibles serían: acuacultura, agricultura de temporal, ganadería extensiva, forestal maderable y no maderable, turismo alternativo, entre otras. Y que las actividades no compatibles son: agricultura de riego y de humedad, agroindustria, ganadería intensiva, turismo convencional, asentamientos humanos urbanos, industrias ligera, mediana y pesada y minería, entre otras.
Nos congratulamos de que el gobierno federal haya concluido que es un proyecto inconsistente, incompatible e incongruente con la vocación de la región. Reconocemos también que el C. Miguel Ángel Rayas Ortíz, presidente municipal de Dolores Hidalgo haya honrado su palabra dada a las poblaciones afectadas por el proyecto y no haya otorgado ningun tipo de permiso para la operación del mismo, así como por sus gestiones ante las autoridades federales a favor del territorio y de las comiunidades que lo habitan.
No omitimos señalar que el total de las autoridades a quienes la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT les solicitó una opinión técnica sobre el proyecto, concluyeron que este no era viable. Pese a este triunfo de las comunidades que habitan los territorios de extracción, sabemos que la minera canadiense difícilmente cesará en sus intentos por explotar el Cerro del Gallo. En este sentido, queremos anunciar que continuaremos con el proceso informativo y organizativo con las comuidades para que, en su oportunidad, esten en posición de combatir legalmente un nuevo intento de aprobación.
Finalmente, dado el deterioro ecológico de la región debido en gran medida al abandono del campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, esperamos que las instituciones de los tres niveles de gobierno se sensibilicen con la situación y favorezcan la participación de la población organizada de las comunidades campesinas en el diseño y aplicación de proyectos de restauración de los ecosistemas, de aprovechamiento sustentable de los bienes naturales -en especial del agua- en concordancia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET) para reactivar la economía rural en la región y recuperar las capacidades de gestión de sus habitantes.
Dolores Hidalgo, Guanajuato
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
COMUNIDADES AFECTADAS HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Rueda de prensa Dolores Hidalgo, Gto, México. 22 de enero de 2020
Compartimos comunicado del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano – a 18 de enero de 2020
LLEGA CARAVANA DEL ÉXODO CENTROAMERICANO A FRONTERA SUR, LA FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS GENERAN TENSIÓN E INCERTIDUMBRE ENTRE LA POBLACIÓN MIGRANTE.
No hay claridad sobre los procedimientos migratorios que están realizando y detectamos casos de separación familiar; •
Preocupa la falta de información sobre el derecho a la protección internacional al momento de ingresar al país; •
Las personas integrantes de las caravanas tienen necesidades humanitarias que no se están atendiendo.
Chiapas, 18 de enero de 2020
Las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano reactivamos el monitoreo de Derechos Humanos frente a la llegada de la Caravana del Éxodo Centroamericano. Desde el viernes 17 de enero y durante el sábado 18 de enero cubrimos la frontera entre Ciudad Hidalgo y Tecun Umán desde diferentes puntos. Asimismo, se mantiene contacto permanente con organizaciones aliadas de Guatemala y Honduras que realizan acciones de monitoreo en el recorrido de los grupos.
Identificamos la presencia de un fuerte dispositivo de Guardia Nacional (GN), Policía Militar, Marina y Policía Federal; todos con equipos antidisturbios. Sumándose agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Grupo Beta y personal de Bienestar Social, Protección Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas personas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) vestidos de civiles. Asimismo, se observó la presencia de Organismos Internacionales como OIM y ACNUR. También alertamos de la presencia de personal de seguridad privada. Finalmente, es importante señalar que elementos de la GN y Policía Federal vestida de civil estuvieron fotografiando y grabando a las personas que integramos la misión de monitoreo durante el día sábado.
Desde tempranas horas del día, un grupo de aproximadamente 500 personas intentó cruzar por el puente internacional Rodolfo Robles y se dieron momentos de forcejeo con elementos antidisturbios de la GN, quienes cerraron la reja de acceso al puesto fronterizo y se confirmó el lanzamiento de algunos gases lacrimógenos. Desde las 9:40 horas, las autoridades encargadas permitieron el ingreso de grupos de 20 a 30 personas, y el propio colectivo decidió que primero ingresaran mujeres, niños, niñas y adolescentes. Durante las horas de espera las personas no recibieron ningún tipo de atención humanitaria y solo hasta las 13:00 horas les repartieron agua, a quienes ya estaban esperando del lado mexicano. Las personas que estuvieron esperando del lado guatemalteco no recibieron ningún tipo de atención humanitaria. Previo y durante el acceso de los grupos a las instalaciones fronterizas, el portavoz institucional fue el General de la GN en frontera sur, Vicente Antonio Hernández. El mensaje del oficial se centró en la existencia de oportunidades para todas las personas, la comprensión de los motivos de salida y la petición de orden para el registro; no se explicaron las vías de regularización y el tipo de oportunidades que se ofrecían.
Ante la ausencia de información sobre el registro y sobre su destino al subirse en los autobuses privados que fueron dispuestos por el INM, un grupo de personas especialmente hombres jóvenes intentaron cruzar por el río. Sin embargo, fueron disuadidos por elementos de la GN presentes en los distintos pasos informales ribereños. Las personas que accedieron a ingresar en grupos, la gran mayoría, se enfrentaron a una larga espera sin claridad sobre el procedimiento migratorio que empezaron, por lo que no sabían si serían regresados a sus países y tampoco hacia donde serían trasladados. Incluso, se documentaron varios casos de separación familiar por la división aleatoria de los grupos de ingreso. Algunas personas que fueron separadas señalaron que sus familiares adentro de las instalaciones se comunicaron con ellas para decirles que las iban a deportar.
En el transcurso del día, ante las reiteradas peticiones por parte de organizaciones, instituciones de derechos humanos y las mismas personas, el INM informó que serían trasladadas a la Estación Migratoria para continuar con sus procedimientos migratorios. Hasta el momento no se conoce a cuál o cuáles estaciones fueron llevadas todas las personas. Por otro lado, durante la espera del ingreso a los autobuses las personas recibieron información de personal de la SRE sobre posibilidades de acceder a los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en sus países de origen. Hacia las 16:00 horas ya no había presencia de personas en el puente fronterizo, por lo que fueron reabiertas las puertas.
Ante la situación observada en el día, las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano nos preocupan:
La ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional;
La falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria que han derivado en casos de separación familiar;
La ausencia de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas. Los cuales son derechos de las personas privadas de su libertad y que hacen parte de los estándares y normas bajo las que se rige el INM; •
El protagonismo de la GN en durante todo el dispositivo de contención, que evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, en condición de discapacidad.
El aumento de presencia militar y de distintas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo los 600 elementos de la GN desplegados en el punto fronterizo de El Ceibo en el estado de Tabasco. •
Las acciones de vigilancia y hostigamiento que sufrimos las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Preocupa el estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la presencia de la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar al territorio mexicano por las vías ofrecidas por el Estado.
Firmamos:
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes.
Organizaciones colaboradoras: Dignidad y justicia en el camino A.C “Fm4 paso libre” Apostólicas del Corazón de Jesús
Compartimos la siguiente nota publicada en Avispa Midia sobre el hostigamiento y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en México – A 8 de enero de 2020
Por Eugenia López
El
año que acabamos de despedir fue particularmente violento para
defensores de derechos humanos y activistas: a lo largo del año 2019 se
registraron más de 30 asesinatos, principalmente en el sureste del país.
Enero sangriento
El
primer asesinato fue registrado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas.
Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los
Derechos Humanos fue atacado cerca de su domicilio después de haber
participado en protestas en demanda de agua potable.
Pocos
días después, el 18 de enero, en la misma entidad fueron asesinados Noé
Jiménez Pablo y José Santiago Gómez en Amatán, Chiapas. Jimenez Pablo
era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento
Nacional y Gómez era parte del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el
Bien Común. En ese entonces, los dos estaban involucrados en un plantón
que exigía la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga,
quien fue destituido dos semanas después.
El
día 20 de enero, Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de
los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su
vivienda después de haber manifestado su oposición a la instalación de
una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca.
Al
día siguiente, Bernardino García Hernández fue asesinado en Zimatlán,
Oaxaca. Él era el enlace de su comunidad para la resolución del
conflicto por la delimitación de tierras que mantienen con la localidad
de San Sebastián Nopalera.
Defensores del territorio y comunicadores
El
mes de febrero fue marcado por el asesinato de Samir Flores Soberanes,
indígena náhuatl, originario de Amilcingo, Morelos. Él era fundador de
la radio comunitaria Amilzinko 100.7, miembro del Frente Pueblos en
Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala y
era conicido por oponerse férreamente al Proyecto Integral Morelos
(PIM).
El
2 de mayo, el director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM
“La Voz Zapoteca”, Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado en el
municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. El también
integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su
comunidad.
Durante
el último mes del año, Josué Bernardo Marcial Santos conocido como
“TíoBad” fue asesinado y su cuerpo abandonado en el acceso a San Juan
Evangelista, en el sur de Veracruz. Originario de Sayula de Alemán,
luchaba con rap para preservar la lengua mixe-popoluca, y denunciaba el
despojo en su territorio por el fracking, el narco estado y los
asesinatos a periodistas. También fue delegado de su pueblo en el
Congreso Nacional Indígena (CNI).
En el estado de Guerrero fueron asesinadas al menos 5 personas.
El
5 de mayo, fueron encontrados los cuerpos de José Lucio Bartolo
Faustino, miembro del Concejo Indigena de Gobierno (CIG), y Modesto
Verales Sebastián, delegado del CNI, después de varios días de haber
desaparecido tras asistir a una reunión en la ciudad de Chilpancingo.
Un
mes después, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de
José Joaquín de Herrera. Máximo Hilario fue comandante regional de la
Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro
del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata
(Cipog-EZ).
El
11 de octubre, un grupo armado atacó a Isaías Cantú Carrasco,
comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e
integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del
Territorio (Craadt), quien luchó contra la explotación minera y la
imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá. Ese mismo
día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña,
en Tlapa de Comonfort.
La Sierra Tarahumara de Chihuahua también fue el escenario de varios asesinatos de defensores del territorio a lo largo del año.
El
1 de mayo, un grupo armado mató a Otilia Martínez Cruz y su hijo
Gregorio Chaparro Cruzv en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En 2018, un
familiar de las víctimas, Julián Carrillo Martínez, también había sido
asesinado. Él indígena rarámuri era defensor del bosque de Coloradas de
la Virgen.
El
domingo 13 de octubre, fue secuestrado y asesinado el activista Cruz
Soto Caraveo en la comunidad Los Llanos, Chihuaha. Él había recibido
amenazas previas por parte de civiles armados y desde hace un par de
años se encontraba desplazado, luego que un grupo delictivo lo despojó
de sus tierras y las convirtió en un sembradío de marihuana y amapola.
Represión de la comunidad LGBTQI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual y más)
El sábado 9 de febrero, murió asesinado el activista muxe Óscar Cazorla,
defensor de los derechos LGBT en Juchitán, Oaxaca. El activista fue
fundador de “Las Auténticas intrépidas buscadoras del peligro”, una de
las mayores festividades de la diversidad sexual.
En
Veracruz, el joven activista Miguel Ángel Medina fue asesinado a golpes
de piedras. Localizaron su cuerpo en el cementerio Gregorio Vidal Alor,
en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como
desaparecido.
Buscadores de personas desaparecidas
El activista Abiram Hernández Fernández,
quien era conocido por su acompañamiento a familias de personas
desaparecidas, fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de
marzo.
El 19 de julio de 2019 Zenaida Pulido Lombera murió asesinada después de un ataque a balazos mientras circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la desaparición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.
Compartimos este reportaje especial sobre el acceso y la explotación del agua en México publicado en Contralínea a través de EducaOaxaca – A 6 de enero 2020
Bachoco, Cemex, Nestlé, Bimbo, cerveceras Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada, Envasadoras de Aguas de México, Aga, Femsa Coca-Cola, Pemex y CFE encabezan la lista de acaparadores de agua en el país; a éstas se suman mineras y agroempresas. Autoridades han otorgado 536 mil concesiones de aguas superficiales, subterráneas y zonas vedadas. Por sobreexplotación, hay 16 estados en riesgo de llegar al “Día Cero”: al agotamiento total de sus fuentes hídricas
Grandes empresas nacionales y
extranjeras acaparan las reservas hídricas de México. Industrias
Bachoco, Cementos de México (Cemex), Nestlé, Grupo Bimbo, las cerveceras
Cuauhtémoc Moctezuma y Modelo, Compañía Maya de Agua Purificada,
Envasadoras de Aguas de México, Embotelladora Aga, Grupo Femsa
Coca-Cola, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de
Electricidad encabezan la lista de personas morales que, cada año,
explotan más de 5 millones de metros cúbicos (es decir, más de 5 mil
millones de litros).
A éstas se suman mineras y grandes
terratenientes agrícolas, beneficiados con centenas de títulos y
permisos para extraer indiscriminadamente el vital líquido: de 1992 a la
fecha, las autoridades mexicanas han otorgado 536 mil concesiones.
Las embotelladoras de agua figuran entre
las más beneficiadas, revela el Registro Público de Derechos de Agua
(Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esa base de datos da
cuenta de más de 300 concesiones en manos de esa industria. Coca-Cola,
por medio de Ciel, Dasan, Compañía Topo Chico, Smart-Water; Pepsi Cola
con E-pura, Santorini, Gatorade; Danone con Bonofant, Evian, Voltic; y
Nestlé con Santa María, Perrier, Pellegrino.
En el caso de Coca Cola, ésta posee
títulos de explotación para la producción de refrescos de diversas
marcas, como Sprite, Fanta y Mundet. A través de Femsa y Arca
Continental, la empresa de origen estadunidense tiene más de 100
concesiones en el país.
Las transnacionales del ramo no sólo se
benefician por el acaparamiento de las reservas del país, sino también
por el aumento en las ventas de agua embotellada: México es el tercer
país en el mundo con mayor consumo, lo que genera un desecho diario de
21 millones de envases PET.
En esa lista también figuran las
nacionales Envasadoras de Agua de México y Embotelladora Aga, que
cuentan con 30 y 24 títulos de explotación, respectivamente. Además está
el caso de la Compañía Maya de Agua Purificada, con 69; y el Grupo
Modelo, con 11.
Las cerveceras son también grandes
privilegiadas en este sistema de concesiones. Nada más en el Estado de
México, la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma posee 22 títulos de
explotación para agua superficial y subterránea. De esa veintena de
títulos, la compañía que distribuye la cerveza Heineken, tiene dos
concesiones para explotación de agua subterránea por 2 y 1 millón de
metros cúbicos al año.
Al revisar la base de datos del Repda
–de Conagua– la empresa no aparece en los registros de permisos
descargas industriales en el Estado de México. Por el contrario, sólo
registra un permiso de descarga bajo el concepto de “diferentes usos”
–título “08MEX100666/12IMDL12”.
Oficialmente la empresa reporta un
volumen de descarga al año de 1 millón 164 mil metros cúbicos. Sin
embargo este título no aparece en el registro de permisos para
explotación de agua para “diferentes usos”.
Como el de esta cervecera, los casos de
multinacionales y grandes empresas mexicanas con situaciones de
privilegio se repiten a lo largo y ancho del país. Con información del
Repda, la organización Agua para Todos señala que existen 5 mil 964
pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso
industrial que no cuentan con permisos para descargas. “Así evitan
inspecciones y cobro de derechos”, asegura.
Además del caso de las embotelladoras y
cerveceras, cuyos negocios dependen totalmente de la explotación del
vital líquido, el registro de la Comisión Nacional del Agua refiere que
Pemex es la empresa con más concesiones en México, al sumar 989.
Otras industrias con un consumo
indiscriminado del recurso son: Bachoco, con 375 concesiones; la
Comisión Federal de Electricidad, con 69; Cementos de México, con 50;
Grupo Nestlé, 43; y Grupo Bimbo, 29;
El riesgo de llegar al Día Cero
Aguas superficiales, subterráneas e
incluso acuíferos ubicados en zonas vedadas han sido concesionados a
intereses privados, denuncian organizaciones civiles de defensa del
vital líquido. Mientras las grandes empresas se adueñan de este bien
nacional, más de 44 millones de mexicanos carecen de dotación diaria de
agua en sus hogares, refiere el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía.
Aunado a ello, el Instituto de Recursos
Mundiales ha alertado que México se acerca al temido Día Cero, como se
le conoce al riesgo inminente de escasez de agua. En su más reciente
informe, el organismo internacional apuntó que son cinco las entidades
que se encuentran en una situación de “estrés hídrico extremadamente
alto” –Baja California Sur, Guanajuato, Ciudad de México, Aguascalientes
y el Estado de México– y otras 11, en “estrés hídrico”, debido a la
sobreexplotación de las distintas fuentes y a que consumen un nivel
superior de agua del que tienen disponible. Y es que cada año se extraen
87 mil millones de metros cúbicos en todo el país.
A pesar de tan inminente riesgo, las
autoridades omiten sistemáticamente proteger este recurso. La
organización Agua Para Todos alerta que el sistema de concesiones de la
Conagua ofrece nuevos permisos para extraer reservas en dichos estados.
Además, acusa su falta de precaución, el favorecimiento a privados y la
violación de los derechos humanos –principalmente el del acceso
equitativo al agua.
Elena Burns, integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, asegura en entrevista con Contralínea que
el sistema de “compra y venta” de agua en el país inició a raíz del
Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en 1992. Éste, explica,
impuso al país un “paquetazo de leyes” entre las cuales destaca la tan cuestionada Ley de Aguas Nacionales.
“Esta ley nos impone un sistema único de
concesiones donde la concesión es un objeto de compra y venta muy
diferente a la concepción del agua como un bien nacional. En Estados
Unidos no hay ni siquiera un sistema único de concesiones, pero se le
impuso a México”, asegura la activista ambiental.
Aunando en lo anterior, Burns detalla
cómo de 1917 a 1992 –cuando entró en vigor la legislación paralela al
tratado comercial– se habían otorgado sólo 2 mil concesiones; pero, de
entonces a la fecha, existen 538 mil. “Cuando hablamos de la
privatización del agua es en serio”, asegura.
Los datos de la Conagua revelan que el
sector que más concesiones posee es el agrícola, con 233 mil 126;
seguido por el público urbano, con 129 mil 583; uno denominado como
“diferentes usos”, con 50 mil 720; pecuario, 47 mil 429; servicios, 24
mil 977; doméstico, 16 mil 595; industrial, 8 mil 573; de acuacultura, 1
mil 575; otros, 289; y generación de energía eléctrica, 159.
En su mayoría, se trata de concesiones
por 30 años con renovación automática incluso por el mismo plazo de
tiempo. Así, a pesar que la Constitución Política de México establece
que el agua es un bien nacional, en la práctica se favorece el interés
de privados, observan defensores de los derechos humanos.
Más aún, en el sector agrícola existen
permisos para extraer hasta 149 millones de metros cúbicos. Tal es el
caso de la Unidad de Riego de la Candelaria en el municipio de El
Carmen, Campeche. El gran volumen concesionado pasa por encima de los
derechos de las comunidades indígenas, de los ejidos y de las 44
millones de personas que no tienen acceso a agua potable.
La Ley de Aguas Nacionales
Vigente desde 1992, la Ley de Aguas
Nacionales es señalada como la principal responsable de haber abierto la
puerta al acaparamiento del líquido vital, pues en su artículo 24
establece que el tiempo para una concesión no será menor de 5 años ni
mayor de 30; además plantea la renovación automática del plazo de
extracción por un tiempo igual al solicitado, por lo que en los hechos
acaba siendo de 60 años.
“La Ley de Aguas Nacionales se
constituye en la antítesis del acceso equitativo y del uso sustentable
del agua, porque permite que en unas cuantas manos, en unas cuántas
empresas se concentren grandes volúmenes de agua. Y premia de algún modo
el uso inmoderado e irracional del agua”, afirma en entrevista Miguel
Montoya, consultor legislativo y experto en derecho humano al agua.
Por la flexibilidad de esta legislación,
empresas como Coca Cola, Danone, Nestlé, Pepsi Cola, Cervecería
Cuauhtémoc Moctezuma y Bachoco han avanzado a pasos gigantescos en la
adquisición de concesiones de agua, consta en las bases de datos de la
autoridades federales.
Al uso agrícola le corresponde el 76 por
ciento del volumen concesionado del país, según el informe de
Estadística del Agua de Conagua. En Chiapas, por ejemplo, en el
municipio de Suchiate, existe una concesión para uso agrícola de 141
millones de metros cúbicos al año a nombre de los Usuarios del
Departamento de Riego de Suchiate. La situación, evidentemente desigual,
se refleja en los permisos de concesiones de productores que no superan
los 1 mil metros cúbicos anuales frente a un productor gigante.
Por ello, Elena Burns asegura que la Ley
de Aguas Nacionales además de buscar la compra y venta de agua también
tenía como objetivo la creación de diferentes distritos de riego. “Estos
bajo la ley fueron puestos en manos de los usuarios y se crearon
entidades enormes, con concesiones enormes lo que generó una élite en el
campo que a lo largo de estos años ha ido desplazando ejidos,
comunidades, adquiriendo más y más derechos dentro de los distritos del
riego”.
Para Miguel Montoya, “el actual régimen
de concesiones, bajo la Ley de Aguas Nacionales, es muy permisivo y
permite el acaparamiento de agua. Eso bajo las reglas de juego de la
propia legislación implica una privatización”.
Asimismo, el investigador asegura que la
ley es tan flexible que hay pocos, casi nulos, antecedentes de
revocación de concesiones. Ni siquiera en el caso de contaminación del
Río Sonora, por parte del Grupo México, se echó para atrás el permiso,
observa.
Montoya explica que de acuerdo con el
artículo 29 bis, y 3 y 4 de la Ley, podía haberse revocado la concesión,
pero no fue así. Este caso es el reflejo de la permisividad del país a
los grupos privados para permitir adueñarse del agua.
Aunado a lo anterior, la ruta de
acaparamiento del líquido se profundizó con el decreto del expresidente
Enrique Peña Nieto, donde se establecieron reservas en 245 cuencas y se
levantaron 108 vedas. Con éste se otorgaron 362 nuevas concesiones,
principalmente para uso agrícola.
Y aunque ahora se vive supuestamente una
“cuarta transformación”, los entrevistados coinciden en que, hasta hoy,
la situación no parece ser diferente. Y es que con la entrada en vigor
de “Conagua Digital” –la plataforma que otorga concesiones en línea–,
las organizaciones y los investigadores temen que se beneficie de nuevo a
los privados por encima de las comunidades.
Sin embargo, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea
que si en épocas anteriores se vulneraron los derechos de comunidades
indígenas, en esta administración no se hará. Al ser cuestionado
–durante el Congreso Latinoamericano de Cuencas realizado en Ciudad de
México–, el funcionario asegura que para ello existe una serie de reglas
para las concesiones.
“Conagua Digital”, el peligro
En agosto de 2019, la Comisión Nacional
del Agua inauguró la plataforma “Conagua Digital”, con la cual busca
agilizar el proceso de solicitud de concesiones y que más personas
tengan acceso a las mismas. Para la Coordinadora Nacional Agua Para
Todos, es una forma de poner en “venta” las aguas de la nación hasta
agotar su existencia, lo que pone en riesgo los derechos de ejidos,
comunidades y pueblos indígenas e incluso podría otorgar concesiones en
los lugares con riesgo de llegar al Día Cero.
No obstante, el consultor legislativo
Miguel Montoya considera que el nuevo sistema de concesiones no
privatiza el agua en el sentido estricto de la palabra, debido a que la
nación nunca pierde la jurisdicción sobre el recurso. Pero enfatiza que
no se puede negar los intereses de ciertos grupos políticos y económicos
que desde 2012 han frenado una reforma de la Ley de Aguas Nacionales
que favorezca el acceso equitativo al agua y el derecho humano al mismo.
Tanto para Miguel Montoya como para
Elena Burns, antes de abrir un nuevo proceso de concesiones debió
haberse reformado la Ley, una promesa por cumplir desde la reforma
constitucional de 2011, debido a que esta ley es la que debe sentar las
bases para lograr un acceso equitativo y de uso sustentable del agua.
Los entrevistados coinciden en que la
reforma en la materia debe prohibir las “transmisiones de agua”, es
decir la compra y venta de las concesiones. Y es que, observan, la ley
actual permite que quien posee una concesión venda parte de la misma a
un tercero si así lo desea. Elena Burns, asegura que estas transmisiones
son permitidas incluso para usos diferentes a los cuales fue adquirida
la concesión: “esto lo hacen gratuitamente, pagando sólo el derecho del
trámite”.
Por su parte, el consultor en gestión
integral del agua Miguel Montoya alerta sobre otro riesgo en cuanto a
las transmisiones de agua: además de que este nuevo sistema permite
renovar con mayor facilidad las concesiones, las condiciones sociales
están hechas para que ese pequeño productor termine abandonado su
aprovechamiento de agua y migre en algún momento a Estados Unidos, por
cuestiones de pobreza o violencia.
“Siempre hay una serie de coyotes muy
conectados con la autoridad de agua que toman esa concesión. Luego
llega la minera, la empresa petrolera, la industria o el gran agricultor
y le transmite ese volumen, porque la ley lo permite entre un acuerdo
entre particulares”, detalla.
Para el consultor Miguel Montoya, estas
transmisiones de agua es de lo más “lascivo” de la ley porque sólo basta
un contrato entre particulares que posteriormente se registra en la
Conagua para esa compra y venta de concesiones. “Esto puede llegar a
costar hasta 30 millones de pesos y se lleva incluso un porcentaje el
propio funcionario de la Conagua que está conectado con el coyote”.
Al respecto, el subdirector de administración de la Conagua, Eugenio Barrios, asegura a Contralínea
que estas transmisiones “se pueden dar siempre y cuando sea [para] el
mismo uso, en la misma zona y no modifique las condiciones de ese
título”.
Agrega que los distintos decretos
pusieron reglas para ciertas transmisiones; “por ejemplo, el agua que se
otorgue para consumo humano no se va a poder transmitir, ésa ya es una
restricción. Pero si yo tengo mi agua para uso industrial y llega otro
industrial a pedirla, la regla dice que sí la puede transmitir”.
Observa como urgente que la próxima ley
prohíba de manera clara y contundente las transferencias de derechos de
agua: “solamente permitirlo a tu familiar inmediato por un caso
testimonial”. Ello porque el sistema de transferencias ha favorecido
tanto el acaparamiento como el despojo de las personas.
Miguel Montoya asegura que para entender
el nivel de acaparamiento de agua en el país es necesario conocer quién
es Eugenio Barrios, el actual subdirector de Administración de la
Conagua: “fue el padre de los decretos privatizadores, aunque con
honestidad intelectual en el sentido estricto de la palabra no son
privatizadores. Pero el sistema de la Ley de Aguas Nacionales hace que
en esencia se vuelvan privatizadores”. Barrios asesoró la tan
controversial LeyKorenfeld (llamada así por el
exdirector de la Conagua, David Korenfel), conocida como la puerta a la
privatización. Por ello, dice, “la Conagua sigue siendo la misma
institución neoliberal”.
El especialista en derecho humano al
agua alerta sobre el mal uso del concepto “afirmativa ficta” por parte
de los privados que solicitan una concesión y de las mismas autoridades:
este concepto significa que si la autoridad no atiende en un plazo
máximo de 60 días la petición de solicitud de concesión, el solicitante
tiene derecho automáticamente a ella. A pesar de que la Ley de Aguas
Nacionales no permite esta situación, en la práctica es diferente.
“Ellos [los grupos económicos] siempre van a ir por concesiones
sempiternas que se renuevan de manera automática”.
Panorama general del agua concesionada en México
México se ubica como el séptimo país del
mundo con mayor extracción de agua, al extraer anualmente un estimado
de 87 mil millones de metros cúbicos, de acuerdo con la Estadística del agua 2017, elaborada por la Comisión Nacional del Agua.
El documento detalla que el sector
agrícola obtiene el 76 por ciento de ese volumen, seguido por el
abastecimiento público, con el 14.9 por ciento; y las industrias que
controlan el 9.6 por ciento.
El mismo informe de la Conagua asegura
que para 2017 se tenían concesionado el 61 por ciento del agua
superficial del país (ríos, arroyos, lagos) para uso consultivo, es
decir para la extracción del agua para llevar a cabo una actividad.
Asimismo detalla que, de las concesiones
del país, el 39 por ciento se encuentra en agua subterránea. Para el
consultor Miguel Montoya, esto es un problema porque la Ley de Aguas
Nacionales regula únicamente la aguas nacionales y estas no entran no
entran en dicha clasificación.
A pesar de que la federación las puede
regular, no les da un carácter de propiedad de la nación, por ello,
explica, el debate en torno a las aguas subterráneas es que muchas
personas creen que le pertenece al privado, al dueño del predio donde se
encuentran estos yacimientos de agua.
Para el especialista, esto se resolvería
con una buena ley general de aguas, que le otorgaría a determinadas
autoridades jurisdicción sobre las reservas. “La LAN no genera las
condiciones para el derecho humano al agua ni para el saneamiento”,
afirma Miguel Montoya. Así, México oscila entre la escasez, la
contaminación y la falta de políticas que garanticen el derecho humano
al preciado líquido.
Algunas empresas con mayor número de concesiones en México
Compartimos esta nota de Notimex a través del Diario Rotativo sobre otro caso más de resisencia a proyectos mineros de muerte en México – A 2 de enero de 2020
Samalayuca, Chih., 2 Ene (Notimex).- Los agricultores de la región
conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y
Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están
dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las
empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.
Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa
su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice,
eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.
“Hacer un paro a mi ver, a mi ver, definitivo, que no pasara ninguna
persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la
maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene
de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías también cercanas
están de acuerdo con nosotros; y con el apoyo de todas esas personas me
imagino yo –confía-, vamos a salir triunfadores”.
Valtierra dijo que están decididos a evitar que las mineras
Samalayuca Cobre y VVC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a
demoler la sierra.
“A estas alturas se trata de no nada más de proteger el beneficio
mío, se trata de defender a la comunidad entera. Creo que hasta allá
llegaremos a hacer el paro definitivo, bloquear, obstruir las entradas a
la mina, donde sea posible llegar y hacerlo”, reafirmó.
Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
(UACJ), integrante del Frente Eco-social Paso del Norte, indicó que los
agricultores cuentan con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad
académica.
“Estamos haciendo conciencia del impacto que significa un
emprendimiento de estas características. Hemos hecho foros en la UACJ,
en el Tecnológico Ciudad Juárez, secundarias y primarias de la ciudad.
Se han llevado a cabo asambleas informativas”, expuso.
En el desfile del 16 de septiembre se manifestaron y han instalado
brigadas informativas en distintos puntos de Ciudad Juárez donde
reparten trípticos con toda la información relativa a los efectos
negativos del proyecto.
En tanto, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la
tierra, su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto,
proporciona 48 empleos en temporada de cosecha.
“Le pediría a las autoridades federales que hicieran un poco más de
conciencia, que se pongan en nuestro lugar, que nosotros como
pobladores, somos de muchísimos años aquí en Samalayuca para que llegue
una cosa de esa magnitud, de la contaminación que va a provocar y nos
destruya nuestras vidas”, advirtió.
Por ello insiste en pedir a las dependencias federales que “se pongan
en nuestro lugar y nos echaran la mano con esto, que la mina no se
llevar a cabo”.
Manuel Belmontes Rea, asegura que “van a meter un amparo en contra de la mina”.
Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará mil
200 empleos no es argumento porque aquí lo que sobra es el trabajo.
“Alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha de hortalizas en las
800 hectáreas de cultivo. Con decirle que aquí viene gente a trabajar de
Durango, Puebla, Oaxaca, de la sierra de Chihuahua, en los tiempos que
hay cosecha. Empieza desde mayo hasta octubre, hasta que cae la primera
helada y luego sigue la cosecha de la nuez, como ahorita que está la
cosecha de la nuez”, explicó.
“Por el lado del comercio, a lo mejor nos convendría que pusieran la
mina. Y luego, ¿qué ganamos si como comerciantes nos vamos a llenar de
billetes y al rato nos los vamos a acabar en el hospital porque vamos a
estar enfermos por lo que respiramos, el agua que tomemos, todo eso de
qué sirve?”, cuestionó Belmontes Rea.
Intentan pasar a “la mañanera”
La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de
México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López
Obrador en la Conferencia Matutina del pasado dos de diciembre, a quien
no pudieron ver.
Jesús Ernesto Pedroza Pineda, uno de los agricultores que acudió a la
capital del país, explicó que se entrevistaron con una diputada federal
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien les
dijo que los apoyará en su petición.
El poblado de Samalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto,
algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en
las bardas y cercas de las casas, han hecho manifestaciones y acciones
para la concientización de la población afectada.
“Hemos estado manifestándonos aquí en el pueblo y en Juárez, fuimos
hasta México, fuimos ahí con el presidente, fuimos al Mañanero (sic), y
no nos dejaron entrar. Y fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos ahí y
ya nos regresamos para acá”, explicó.
No queremos ese monstruo
“Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae
mucho dinero, las ganancias se las van a llevar los canadienses nada
más, aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan
ese monstruo aquí en el poblado de Samalayuca. Nosotros estamos
peleando por nuestra vida”, añadió Pedroza Pineda.
Dijo que la preocupación al concretarse el proyecto minero son los efectos en la salud de la población.
Porque como es una mina a cielo abierto trae muchos gases y todo,
aquí pues sembramos y dicen que da cáncer y es un peligro para aquí para
el pueblo”.
Añadió que los trabajos mineros se realizarán muy cerca tanto de la
zona de siembra y cultivo de hortalizas como de la población que radica
en los cuatro ejidos mencionados.
“De aquí para allá empiezan las hortalizas, las calabacitas, ahí
tenemos la Comisión (la termoeléctrica de la Comisión Federal de
Electricidad, CFE), ahorita está jalando, está echando mucho vapor”,
explica Pedroza Pineda mientras va señalando la serie de cultivos que
tienen en esta región donde también producen nueces.
Y añade cada uno de los aspectos que hacen fuerte económicamente esta
parte de Chihuahua, que a su juicio no requiere más oferta de trabajos
que dañarán el medio ambiente.
“Es que aquí es un pueblo turístico, viene mucha gente a visitarnos
de Estados Unidos y de Juárez. Están las albercas, tenemos las dunas, el
Ojo de la Casa, los petrograbados, ahí donde está la mina. Es piedra
laja, con las vibraciones de la mina se van a destrozar los
petrograbados y es lo que no queremos”, reitera.
“Aparte –agrega Ramiro Herrera Alvarado-, aquí hay venado, hay
jabalí, coyote, puma, gato montés, víbora de cascabel, tortuga del
desierto, que casi se extinguieron con otra mina”, alertó.
Por ello solicitó la intervención presidencial: “Que no se haga la mina, aquí hay mucho trabajo, aquí no trabaja y no se supera el que no quiere. Queremos que le llegue la información al presidente López Obrador para que nos ayude, queremos dejar de herencia este ecosistema a nuestros hijos y nuestros nietos”, finalizó.
Imagen: Agricultores de la región conformada por los ejidos Samalayuca, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso. FOTO: NOTIMEX.
Compartimos el comunicado del Movimiento Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y una nota publicada en Zona Franca a través de Sin Embargo sobre la lucha que se realiza en contra de una minera canadiense en Dolores Hidalgo – A 15 de enero de 2020
El Proyecto Minero Cerro del Gallo no va. Comunidades de Dolores Hidalgo en defensa de su territorio contra el despojo minero
Ante la pretensión de la empresa canadiense Argonaut Gold de explotar una mina a tajo abierto en el Cerro del Gallo en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato y luego de una lucha continuada de las y los pobladores de las comunidades que habrían sido afectadas por la defensa de su territorio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) resolvió negar la autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo solicitados por la empresa.
Apenas en noviembre del 2019, a invitación del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, integrantes de las comunidades afectables visitaron el Cerro San Pedro en San Luis Potosí para constatar, de primera mano, las afectaciones concretas al territorio, a la salud y al medio ambiente que produce la minería en su paso por los territorios de extracción.
Mediante un proceso de información, que concitó la participación de mujeres y hombres de las comunidades del municipio de Dolores Hidalgo en oposición al proyecto minero (Santa Bárbara, Cerrito de Guadalupe, La Colmena, El Durazno, Palacio de Abajo, El Potrero de Guadalupe, San José de la Campana, San José de la Palma, El Llanito, La Ventilla, San Isidro el Sisote, San Marcos, Purísima de Cebolletas, Cabaña de San Jerónimo, La Tinaja, Cerrito de Santa Cecilia, San Vicente, Silleros, San Francisco de la ERRE y El Capulín) las y los potenciales afectados cobraron concienca de la capacidad criminal de la megaminería tóxica.
No olvidamos que apenas en julio del año pasado, en la ciudad de Guanajuato, durante el acto de inauguración de la “Expo México Minero”, Salvador García Ledesma, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, calificó como “ridícula” la preocupación de las comunidades por los daños a la salud y al medio ambiente que genera la actividad minera. Se refería a la preocupación de las comunidades por las posibles afectaciones del Proyecto Cerro del Gallo. Desde la REMA, advertimos entonces, cómo esa declaración revelaba justamente la actitud con la que la actual industria minera en México se relaciona con las comunidades que habitan los territorios que pretenden explotar: desprecio a sus intereses y preocupaciones, desprecio por su vida, su salud y su territorio.
Pues bien, aquí siguen de pie estas comunidades y las organizaciones que las acompañan, dispuestas a la “ridícula” idea de defender su territorio, su vida y su futuro.
Durante este proceso de defensa, las comunidades han contado con el apoyo sostenido de las organizaciones que conforman la Hermandad de la Cuenca de la Independencia (nombre del acuífero que sería afectado por la minera), del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Para combatir la estrategia de desinformación utilizada por las empresas del Modelo Extractivo Minero, la cual implica el ocultamiento de las consecuencias nocivas de sus proyectos y la oferta de beneficios ficticios, nuestro trabajo consiste en acercar información objetiva y real sobre las diversas afectaciones que produce la minería: contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación del territorio y afecciones a la salud; pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje así como altísimas contribuciones al cambio climático; empleos precarios, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, debilitamiento del tejido social, división de comunidades; atentados contra la integridad física y emocional de opositores así como su criminalización, son algunos de ellos cuando las mineras aparecen.
Pese al estado de necesidad que impera en las comunidades que habitan los territorios donde la minera canadiense Argonaut Gold y su filial mexicana San Antón de las Minas, S.A. de C.V. pretenden explotar el Cerro del Gallo, las y los pobladores han expresado su rechazo demostrando dignidad y capacidad de organización. Ello refrenda que desde la organización, la información técnica y la movilización, los pueblos tienen la autoridad y legitimidad necesaria para hacer valer el respeto a la vida y el respeto a su futuro.
Felicitamos a las comunidades que se han movilizado en esta lucha dando un ejemplo de unidad y de capacidad de respuesta en la Cuna de la Independencia de México. Nos congratulamos y felicitamos a las organizaciones que han apoyado este proceso y a nuestros compañeros de REMA implicados en esta batalla por la integridad de los territorios. La confluencia de capacidades y de dignidad prevalece y nos da bríos para continuar esta lucha contra el despojo y por la vida.
¡NO AL DESPOJO DE NUESTROS TERRITORIOS! ¡ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN Y MOVILIZACIÓN POR LA VIDA Y CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO! ¡EL DESPOJO NO ES DE UTILIDAD PÚBLICA!
2020 será año clave en la lucha contra mina en el Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo
Por Roberto Gutiérrez Torres, 1 de enero de 2020
Cientos de comuneros, campesinos, y habitantes de alrededor de 20 comunidades, han dado la batalla en este 2019, para que no se instale la empresa Canadiense Argonaut Gold, señalando el caos ambiental y los daños inherentes daño a la salud , que esto provocaría si llega a explotarse la mina en el Cerro del Gallo.
Dolores Hidalgo, Gto. En 2019 la población
dolorense y en específico quienes habitan en alrededor de 20 comunidades
aledañas a San Antón de las Minas, a unos 15 kilómetros de la cabecera,
han iniciado una lucha ciudadana, pacifica cuyo objetivo es buscar la
concientización entre los habitantes de la región que incluye a otros
municipios, y hacer saber al gobierno municipal, estatal y federal que
no quieren la explotación de la mina ubicada dentro de su territorio.
Foto: Roberto Gutiérrez.
Dentro de su página oficial la compañía canadiense
Argonaut Gold precisa que: “Argonaut adquirió el proyecto Cerro del
Gallo por 15 millones de dólares en noviembre de 2017. Es el tipo de
proyecto que históricamente hemos operado bastante bien y se sitúa justo
dentro del nivel de habilidades de nuestro equipo. Los recursos y
reservas conocidos de mineral solo representan una porción muy pequeña
de la tenencia minera controlada a través de varios objetivos de
exploración en San Antón”, se señala en palabras de Bob Rose,
vicepresidente de Servicios Técnicos.
El Proyecto
La empresa canadiense Argonaut Gold pretende desarrollar su etapa de
explotación en el Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la
Independencia, misma que ya se encuentra operando en nuestro país, entre
ellos en el complejo El Castillo en el Estado de Durango y en la mina
La Colorada en Sonora.
Entre sus proyectos de exploración avanzada está trabajando en la
mina de San Antonio, en Baja California Sur y en la del Cerro del Gallo;
es en este último proyecto donde la compañía canadiense se ha
encontrado con el rechazo frontal de pobladores, activistas y
ambientalistas .
De realizarse su proyecto abarcaría un área total de más de 20 mil
hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de
sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir
graves afectaciones a la salud de las poblaciones aledañas.
Así como el uso y contaminación de grandes cantidades de agua han
señalado ambientalistas y activistas de la Cuenca de la Independencia.
En el contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del
“Acuífero Cuenca de la Independencia”, el acaparamiento de grandes
volúmenes de concesiones de agua subterránea por empresas y la aguda
escasez para los habitantes de las comunidades rurales, donde hace años
se señalado la crisis hídrica.
Organizaciones civiles, comunales, campesinas y pobladores en lucha
Son diversas organizaciones las que se han estado sumando de manera
activa en conjunto con los pobladores en el diseño y ejecución de
acciones de concientización sobre lo negativo que traería la explotación
de la mina.
Foto: Roberto Gutiérrez.
Las comunidades vecinas de San Antón de las Minas y ella misma tienen
organizaciones campesinas y comunales que han estado trabajando en
métodos alternativos de producción comunitaria entre ellas se encuentra
el Centro de Desarrollo Agropecuario y Social CEDESA, quien tiene ya más
de 50 años en coadyuvancia con los campesinos y pobladores de esa
región.
Otras organizaciones que han encabezado la lucha de “No a la Mina “
es la Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia CODECIN y
junto a ellos un colectivo de jóvenes denominados “Guardianes de la
Cuenca de la Independencia”, todas ellas con trabajo continuo municipal y
regional con una gran base activa de miembros.
En otra vertiente otras organizaciones con presencia estatal,
nacional e internacional como la Red de afectados por la Minería Rema,
Acción Colectiva Socio-ambiental, A.C. y la Hermandad de la Cuenca han
estado trabajando sobre el mismo objetivo.
En estos momentos el proyecto minero dependería de que se den en
conjunto tres factores: los permisos correspondientes del gobierno
municipal y federal y la permisibilidad de los propietarios de la tierra
para que la empresa pueda usar sus terrenos y explotar la mina de
acuerdo a declaraciones del activista y abogado Gustavo Lozano, miembro
de Acción Colectiva Socio-ambiental.
Gustavo Lozano precisa que actualmente la empresa está en el proceso
de exploración de la zona para posteriormente, si obtiene los permisos
necesarios por parte de la SEMARNAT, pasar a a la etapa de la
explotación de la mina.
En septiembre pasado SEMARNAT le anuncio a la empresa que en ese
momento no podría determinar los permisos para explotar la mina,
iniciados a principios de este año por la minera y la institución dio un
plazo más largo para analizar el permiso solicitado.
En términos municipales, el edil Miguel Angel Rayas Ortiz, se ha
solidarizado con las organizaciones civiles locales, a las cuales le
manifestado su apoyo en contra la minera, y hasta el momento el gobierno
no ha otorgado ningún permiso de cambio de uso de suelo, ni de
construcción.
Los pobladores con propiedades de tierras en la zona de
la mina, explica el activista que una gran mayoría aun ha no han
accedido a vender sus terrenos. En conclusión señala, Gustavo Lozano ”
al cierre del año 2019 tenemos un tramite en SEMARNAT mismo que
esperemos que sea negado a la brevedad, y de acuerdo a lo declarado por
el gobierno de Dolores Hidalgo, quien ha manifestado que no ha otorgado
ni un permiso de cambio de suelo, ni de construcción así como los
pobladores de San Anton de las Minas un mayoría de ellos no han
negociado sus tierras para que la minera pueda realizar sus actividades ”
Samuel, de 58 años, originario del Ejido El Venado,
municipio de Madero, en la región del arsénico, vive con diabetes y una
malformación congénita en su pierna derecha, que lo mantienen atado a
una silla de ruedas en el portal de su casa de Salvador.
Los estudios más recientes realizados por la la Universidad
Juárez del Estado de Durango, en coordinación con la Universidad
Autónoma de Coahuila, revelan que la ingesta de agua con elevadas
concentraciones de arsénico, puede ocasionar infertilidad e incluso
trastornos como la obesidad.
Por Jesús Peña
Coahuila, 5 de enero (Vanguardia).– A las 3:00 de una tarde húmeda en
“La Manada”, el pequeño rancho jaspeado de espesos pinabetes y
nopaleras frondosas, un enjambre de moscas gordas, atraído por el hedor a
muerto, a carne podrida, revolotea ávido en derredor de la mano
gangrenada, destrozada, de don Santos Martínez.
La mano izquierda de don Santos: apenas un amasijo de carne sanguinolento, pestilente, donde no hace mucho hubo una mano.
La mano de don Santos.
De vez en vez Santos se espanta las moscas, tercas, hambrientas, con
su otra mano regordeta y tostada por el sol, que de un tiempo a la fecha
ha empezado también a picarse.
“Mire lo que tengo ái. Mire, esto, esto… Me resultaron todos estos cuerillos en las dos manos. Es por el agua, por el arsénico del agua…”, masculla Santos.
Se lo dijo un doctor de Madero: que es por el agua que desde crío tomó Santos de los pozos contaminados con arsénico en el Ejido 18 de Marzo, municipio de Francisco I. Madero, en la Comarca Lagunera de Coahuila.
De Francisco I. Madero, conocido como “el corazón de la Laguna”, un corazón cuyas arterias están corroídas por el arsénico.
Los
procesos de saneamiento del agua son rebasados por las cantidades de
arsénico. En la imagen, una bomba de agua en Francisco I. Madero. Foto:
Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Santos había migrado de su natal San Luis Potosí, con una hermana
suya, a esta feroz región de soles y tolvaneras, hace unos 60 años,
cuando él tenía 13.
Desde entonces, como el resto de los pobladores del 18 y de toda esta ruta, la ruta del arsénico, bebió y bebió el agua de los pozos infestados con veneno.
Cuenta Santos, 73 años, bajito, menudo, el rostro morocho y curtido por el trabajo en las pizcas de algodón.
Mientras, el parloteo de una radio hiere el silencio de la finca, con
sus cuartos de tierra y sus cercos de espinos, que es la casa de don
Santos Martínez, enclavada en los límites de la estepa, a orillas de una
angosta y larga carretera que lleva y trae a otras rancherías por cuyos
veneros corren historias con sabor a arsénico, como la de Santos.
Santos había entregado el alma en el riego y las pizcas, en las tierras de los ranchos y pequeñas propiedades de la región.
Hoy vive pobre y enfermo.
Y casi, se mantiene con la ayuda de dos mil pesos que cada dos meses le pasa el Gobierno.
En el 18 de Marzo, la gente habla del anciano que vive solo en la
última casucha que hay a unos 100 metros de la salida, en los márgenes
de la vereda, y que está “malo” de las manos.
Santos machetea con una mano, su mano buena y sana, una rama de
mezquite, y el golpeteo seco del machete que cercena, destaza, corta,
mutila, el palo, hace eco, como un grito, al otro lado de la leprosa, y a
ratos desolada, autovía: el camino del arsénico y acaso de la muerte.
“Me dicen que aquí murieron dos, de esto… Había otro señor que también estaba ansina. Tiene poquito que murió…”, dice Santos.
Aquí, en los pueblos de la Laguna, cuyos bajos fondos son la morada del demonio del arsénico, ha habido muertos.
No hay números.
Jesús Burciaga, médico general, especializado en hidroarsenicismo. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Nadie sabe cuántos.
Pero aquí, en los solares de estas rancherías se cuentan en voz alta
las historias de personas que han fallecido por tomar agua con arsénico;
y de otras que viven con cáncer de piel o mutilaciones de manos o piernas por haber bebido y bebido de las norias contaminadas con este metaloide.
Lo de don Santos empezó hace 10 años.
“Yo estaba sano, nomás de buenas a primeras me resultó esta enfermedad. Yo andaba bien, bien”, cuenta.
Primero fue ese extraño adormecimiento en las manos, luego las llagas
y después la infección que le carcomió, como un ácido letal, el pulgar
de la mano izquierda y de a poco la mano completa.
“El arsénico se aloja en las extremidades: en los dedos
de las manos, en los dedos de los pies, en las piernas…”, dice Jesús
Burciaga, médico general que por más de 30 años ha estudiado el impacto
del hidroarsenicismo en la salud humana.
Santos se espanta las moscas que vuelan, que se le pegan obstinadas a
la herida en carne viva, de la que mana a distancia un penetrante y
viscoso olor a cadáver.
Aquí ya huele a muerto.
“Hicimos unas entrevistas allá para Tlahualilo, Durango, a
mucha gente amputada, con pie negro… Había un señor abandonado con 100
millones de moscas a su alrededor… Son casos patéticos que se conocen y
nadie hace nada. No hay un programa de salud para atender a toda esa
gente. Hay un abandono total…”, dice Jesús Burciaga.
Sólo ver la mano de don Santos desgarrada, descarnada, por el arsénico, es inevitable el vahído, la náusea.
“Fui con el doctor y me recetó medicina, pero no me hizo”, platica Santos.
El médico le dijo que para lo de él, para su enfermedad, ya no hay tratamiento.
Matilde Suárez Rivera es la auxiliar de salud del Ejido Finisterre. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
“Le dije ‘mire doctor, deme un medicamento que sea güeno pa la infección’, dice ‘no señor, no hay, ya no hay…’”.
El único remedio que puede salvarle la vida, le advirtió el galeno,
es que le amputen la mano izquierda, que a Santos le mochen la mano.
Pero Santos, tiene miedo y no lo disimula.
“Pos yo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo que me la mochen”.
Repite Santos y sus palabras, como torbellinos, se pierden en la inmensidad del páramo.
Santos camina despacio por su finca solitaria, dice que cada día que pasa le cuesta más trabajo mover sus manos, su cuerpo.
“Toy todo inválido…”, dice sin gota de resignación.
• • •
“Las personas que ustedes conocieron, que salieron en sus
portadas, en sus entrevistas, ya no están, ya fallecieron…”, dice
Matilde Suárez Rivera, la auxiliar de salud del Ejido Finisterre, en
Madero.
Ya están muertos, dice Matilde, y sus casas en ruinas.
Matilde evoca el caso de don J. Manuel Donato Mejía, un anciano con
el cuerpo lacerado por las llagas negras del cáncer de piel, el mismo
que en 2010 documentó SEMANARIO.
“Ya falleció”, dice Matilde.
Jorge
Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en medicina
molecular y catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Es la 1:00 de la tarde en el solar de la casa con portal amarillo de
Matilde poblado de tupidos árboles, pero ni eso ahuyenta los más de 40
grados de calor que a esta hora castigan a la sombra.
“Dicen que (el hidroarsenicismo)ya no es tanto, pero yo
no creo…”, suelta Matilde, se vuelve de espalda, se alza la blusa
celeste y muestra las manchas parduzcas que hace no mucho le aparecieron
a la altura de los omóplatos.
“Me dice la doctora que puede ser a raíz del agua que consumíamos”.
Y como si fuera un obituario Matilde recita uno por uno los nombres
de los lugareños de Finisterre que ya se han ido de este mundo por culpa
del hidroarsenicismo:
María Sandoval Casillas, “en paz descanse”, Julia Rodríguez Nery, Telésforo López y Manuel Donato.
Eran los tiempos en que todavía los ojos del orbe estaban puestos en Finisterre.
“El doctor Luis Maeda Villalobos, un oncólogo muy
importante en esta región, fue el que determinó, por primera vez, la
incidencia de hidroarsenicismo en problemas de deformaciones y de
cánceres, allá en el municipio de Francisco I. Madero, por la zona de
Finisterre. Él hizo los primeros estudios”, comenta Fernando Ulises
Adame de León, doctor en biología molecular.
Jesús Burciaga, médico general que por más de 30 años ha estudiado el
impacto del hidroarsenicismo en la salud humana, dice que en la Laguna
existen antecedentes, desde 1958, sobre los efectos del consumo de
metales como el arsénico, el plomo y el cadnio, en el hombre.
“Ya desde 1958 hay antecedentes de cáncer de vejiga, de
pulmón, de hígado, de colón; píe negro, de la frecuencia con la que se
presenta el cáncer. Para 1960 se dieron 260 casos clínicos de enfermos
que se quejaban del crecimiento del hígado…”.
De Japón vinieron a Finisterre médicos y periodistas para ver lo qué pasaba con el arsénico.
“Anduvieron buscando a esas personas que le acabo de
mencionar que ya fallecieron. Yo los llevé con ellas, así como a
ustedes”, dice Matilde.
Matilde llegó de Tamaulipas, a este pueblo de chozas de adobe y calles sin asfaltar, en 1982.
Eusebio
dice que desde hace algunos años viene de Madero, dos veces por la
semana, un camión que surte a la gente de garrafones con 20 litros de
agua purificada, a cambio de 15 pesos. Foto: Marco Medina y Jesús Peña,
Vanguardia
“Nomas hágale…”, suelta.
37 años ya de aplacarse la sed, bañarse, lavar la ropa, con el agua
arsenicada que rezuma bajo la piel, por las venas abiertas de la Comarca
Lagunera.
“En aquellos años hubo una persona, un vecino, joven, él
murió de 42 años, todo su problema vino por el hidroarsenicismo. Tenía
cáncer en la vejiga… Usted sabe que en estas comunidades rurales a veces
no contamos con los recursos necesarios para ir a un doctor…”, dice
Matilde.
Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, explica
cómo es que el arsénico, una vez alojado en el cuerpo, desencadena el
cáncer y otros males:
“Los metales pesados interactúan directamente con el DNA y
el DNA es el motor que controla todos los procesos celulares. A nivel
molecular hay una interacción de los metales eh. Hay activación de
algunos mecanismos que generan enfermedades serias. El problema está en
la interacción a nivel molecular y el metal pesado llega hasta el centro
de las moléculas que controlan la vida. El cáncer es uno de los
problemas más frecuentes porque el arsénico activa y multiplica los
oncogenes”.
Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en
medicina molecular y catedrático de la Universidad Juárez del Estado de
Durango, explica así el daño que el arsénico puede causar en el ADN:
“Genera radicales de oxígeno, que esas son moléculas que
oxidan otras moléculas, en este caso el DNA. Cuando se oxida el DNA
puede degenerar en muerte celular o cáncer, que ésta es una de las
principales preocupaciones…”.
Matilde cuenta que en aquella época pasó vista, notificó, de todos
esos casos a las autoridades sanitarias de Madero, pero nada ocurrió.
Ahora está preocupada porque, dice, a últimas fechas en Finisterre se
han presentado casos nuevos de lesiones causadas por el consumo
prolongado de agua con altas concentraciones de arsénico.
Itzel Tapia Pérez, es la doctora en la clínica del IMSS Salvador. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
“Sí, puede ser, pero se tendrían que valorar las lesiones
porque no son exclusivas del arsénico. De hecho, la exposición al sol
provoca algunas de esas lesiones o muy parecidas. Se pueden asociar al
arsénico, si la persona está expuesta al arsénico o vivido en una región
con arsénico…”, dice Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y
maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez
del Estado de Durango.
Uno de esos casos es el de don Eusebio López Bernal, oriundo de
Sombrerete, Zacatecas, 72 años, 30 de vivir en este pueblo, 30 años de
tomar agua con arsénico
Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en
medicina molecular, asegura que el problema del hodroarcenismo ya se ha
incrementado por la cada vez mayor sobreexplotación de los mantos
acuíferos en la Laguna.
“Estamos haciendo pozos más profundos, situación que
provoca que ese arsénico, que siempre ha estado ahí, ahora lo estemos
consumiendo en mayores concentraciones y eso genera más problemas en la
población”.
Ya
va para cinco años que en este pueblo no tienen clínica, farmacia ni
médico de planta. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
“En aquellos años, – dice don Eusebio-, la gente tomaba agua de esa y
de ái se nos acumuló el arsénico. Yo tengo mucha mancha. Wache bien…”,
Eusebio deja ver debajo de su camiseta unos lunares cafés que motean
sobre su espalda, cuello, pecho y el nacimiento de sus axilas.
“El arsénico es malo, el arsénico es malo y ni modo, Mire wáchele estas manchas…Eso es del arsénico”, repite Eusebio.
“Y el Gobierno dice que el agua ya está limpia…”, lo secunda Matilde.
“No, no cuál limpia. Esto viene del cabrón arsénico que trae el agua.
Esa agua del arsénico, la de las norias, es como la que nos echan de la
tubería. Trae arsénico toda esa agua. Que nos alivianen mejor con un
medicamento pa eso de las manchas”, revira don Eusebio.
Eusebio dice que desde hace algunos años viene de Madero, dos veces
por la semana, un camión que surte a la gente de garrafones con 20
litros de agua purificada, a cambio de 15 pesos.
Pero son más los años que Eusebio, Matilde y los pobladores de esta comunidad, han tomado agua mezclada con veneno.
Matilde dice que extraña aquella época en la que cada 15 días venía a Finisterre una unidad móvil de salud.
Ya va para cinco años que en este pueblo no tienen clínica, farmacia ni médico de planta.
“Los habitantes de esta comunidad que es Finisterre, con
una pastillita que a lo mejor nos calmará un poco, pero… sabiendo que
tal vez podemos tener un problema ya de años atrás, relacionado con el
hidroarsenicismo… Tenemos grande necesidad de una clínica rural”.
Paradójicamente en la mayoría de las comunidades de la región del
arsénico en Madero, Coahuila, escasea el agua de la red municipal y los
naturales tienen que ir hasta las norias contaminadas y acarrear el
líquido hasta sus casas para bañarse y realiza sus labores domésticas.
Luz
es originaria de Salvador y bebió agua de arsénico desde que estaba en
el vientre de su madre, que también nació aquí. Foto: Marco Medina y
Jesús Peña, Vanguardia
“Lo que está sucediendo es que en los poblados no hay
suficiente presión de agua. Sus norias tienen 400, 500, 600 microgramos
de arsénico por litro. El agua que les llega de la red tiene alrededor
de 50. Pero a veces tienen agua, a veces no tiene agua, cuando no tienen
agua deben que ir a las norias cercanas, que esas tienen 400
microgramos de arsénico por litro, entonces siguen exponiéndose”, dice
Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de
la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango
“Ahorita, – dice Matilde-, la necesidad más grande es el vital
líquido, limpio y sano, que no nos acarree enfermedades, que no nos deje
secuelas ni al final… la muerte…”.
• • •
Lo primero es el tanque elevado amarrillo chillante, con unas letras
redondas y azules que dicen “Bienvenidos al Ejido El Salvador”.
Es la noria con arsénico de la que por mucho tiempo, unos dicen que
20, otros que 30 años, se abastecieron los nativos de esta ranchería
perdida en el horizonte de Madero, justo donde acaba la ruta del
arsénico.
Mediodía bajo del cobertizo de la casa de María de la Luz Herrera Rodríguez, en el pueblo de San Salvador de Arriba, Madero.
Luz está sentada en una silla de ruedas viendo girar el mundo por las
calles del pueblo con sus casas pastel, su gritería de chiquillos y sus
perros echados al sol.
Las calles que un día Luz caminó, hasta que tuvieron que amputarle su pierna derecha, a consecuencia de la diabetes que padece.
“Pos, ¿qué quiere que le platique?, nada más que me amputaron el pie por la diabetes”, dice Luz.
Que era hereditaria, le dijo el médico a Luz, el día que le anunció que tenía diabetes.
Lo que el doctor omitió decirle es que, según las investigaciones que
durante años ha realizado la Universidad Juárez del Estado de Durango,
en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, el arsénico es
precursor de la diabetes porque bloquea la producción de insulina y con
ello aumenta el riesgo de padecer azúcar en la sangre.
A la sazón Luz era una muchacha de 20 años.
Gonzalo
García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la
Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango.
Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Hoy tiene 46 y es paciente de hemodiálisis.
“Tengo insuficiencia renal”, dice con pesar.
Luz es originaria de Salvador y bebió agua de arsénico desde que estaba en el vientre de su madre, que también nació aquí.
Luz dice que el recuerdo más vívido que guarda de su abuelita, son
esas manchas, como lunares rojos en la piel, que se le abrían…
“Decían que era por el arsénico. Ella ya tiene 29 años que murió de eso, de cáncer en la piel”.
“El problema ya no es tanto como antes del 86, pero sigue
habiendo exposición al arsénico y entonces sigue habiendo problemas de
cáncer, problemas vasculares, pulmonares. Las lesiones cutáneas sí
aparecen en aquellos lugares, pero ya no son tan frecuentes ni tan
aparatosas como las que había antes que sí, algunas eran monstruosas”,
dice Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador
de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de
Durango.
Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, dice que
la Laguna es un referente mundial de la presencia de cáncer y otras
enfermedades, asociadas con el consumo de metales pesados.
“No solamente es el arsénico, son otros metales: cadmio,
flúor, boro; y no solamente es cáncer, es otro tipo de enfermedades:
problemas de deformaciones óseas, que son muy frecuentes en esas
regiones, problemas de dientes…”.
Hace ya siete meses que a don Samuel Maciel le cortaron uno de los dedos de su pie izquierdo y la herida no cierra.
Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Samuel, 58 años, originario del Ejido El Venado, municipio de Madero,
en la región del arsénico, vive con diabetes y una malformación
congénita en su pierna derecha, que lo mantienen atado a una silla de
ruedas en el portal de su casa de Salvador.
“Yo le voy a hablar la verdad: donde quiera tomé agua.
Ayudaba a los vaqueros que ‘cuídame las vacas’, me daba sed por allá en
el monte y allá tomaba agua, donde fuera”.
-¿De las norias?
-Sí, de las norias, del tajo y de donde fuera. Ái donde estaban las vacas miándose, donde tomaban los burros y las chivas…
La
bomba del ejido Cantabro, una noria contaminada en el ejido Salvador y
el cerrado Centro de Salud de La Pinta, tienen un mismo denominador: el
abandono y la indiferencia ante pueblos pequeños donde la gente muere
por la contaminación. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Desde nene Samuel escuchaba a los viejos del pueblo averiguar de una cosa que tenía el agua.
Cuando se hizo mayor y supo de lo que hablaban sintió miedo.
Sí, se oía del arsénico, que por eso estábamos todos… y teníamos esto
y lo otro. Antes donde más se oía era en Finisterre, que estaban todos
cancerosos porque había mucho arsénico y que sabe qué”.
-¿Y qué piensa?
-Que antes, Dios lo ayudó a uno. Tanto mugrero que uno toma…
Durante los 20 años que lleva de enfermera en Salvador, Santa Rocha
ha visto desfilar rumbo a la muerte a muchos pacientes con manchas en la
piel y otros tipos de cáncer, como el pulmonar.
“Ellos ya fallecieron”, dice Santa.
Nunca se supo con certeza si esos males habían tenido que ver con la ingesta de agua envenenada de los pozos.
“Puede ser que sí, pero no se hizo un estudio muy claro que dijéramos, ‘sí, es por el arsénico…’, que se fueran más a fondo”.
Santa dice que en los últimos años los casos de hidroarsenicismo han
bajado debido a que la gente dejó de beber el líquido de la noria y
ahora compra botellones de agua purificada.
“¿Ahorita?, ¿gente machada?, no. Aquí ahorita… la diabetes, la hipertensión…”, dice Santa.
Don
Felipe Cárdenas Aguilar, es uno de los vecinos más antiguos de Salvador
y ha presenciado la muerte y el dolor de familiares y seres queridos.
Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
“Yo tengo manchas, sí. Ái me empezaron a salir, sabe de qué serán”,
dice María del Carmen Morales. Y, se remanga la sudadera hasta los codos
para descubrir sus brazos salpicados de lunares cafés.
-¿Ya le dieron medicamento?
-Pos no me dan nada, sí les he dicho, pero no me dan nada.
Habla Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro
investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del
Estado de Durango:
“No hay guías clínicas ni protocolos clínicos para
atender a la gente que tiene problemas por arsénico. Hay guías para
manejar la diabetes, para manejar la obesidad, el HIV. Hay guías para
eso, pero en lo del arsénico no ¿Qué se tiene que hacer? La prevención
primaria es disminuir el arsénico en el agua, pero hay gente que ya se
expuso por muchos años. Hay que detectar a la gente que tiene lesiones
tempranas por arsénico, tanto en pie, como en pulmón, como a nivel de
sus vasos; y una detección temprana de condiciones que pueden generar
cáncer. Ya tuvieron las lesiones, ya están avanzando… Hay que hacer una
prevención. Se hace la prevención secundaria. La prevención terciaria es
evitar las complicaciones, trabajar para que a la gente no le vayan a
amputar una pierna, no vaya a llegar a un cáncer que sea incurable, que
llegué a tener una mayor complicación por diabetes…”.
A lo largo de sus 64 años Carmen, natural de Salvador, ha vivido ya un rosario de enfermedades.
Es diabética, tuvo cáncer de mama, herpes, recién fue diagnosticada con presión alta y ahora… esto de las manchas…
“Tengo como un año que me empezaron a salir”, dice.
-¿Que oía decir de niña en Salvador sobre el arsénico?
-Nada más decían que el agua tenía algo, pero no sabían qué. Hasta que ya investigaron y todo.
Itzel Tapia Pérez, es la pasante de medicina asignada a la clínica del IMSS en Salvador, desde hace cuatro meses.
“Tengo pacientes de control, adultos de más de 40, 50
años, que padecen de manchas en los dientes y manchas en la piel…
Obviamente es el arsénico, más el trabajo que… ”.
Se
ha visto que los niños expuestos al arsénico, durante el periodo
intrauterino o en la infancia, en la edad adulta son más propensos a
desarrollar cáncer. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia
Itzel dice que la mayoría de los hombres de esta ranchería labora en
la pizca de algodón, de sorgo, de pepino, de cebolla, de melón, bajo el
sol quemador de la Laguna.
“Presentan heridas en la piel, pero es complicado poder
hablar… Hacer bien el diagnóstico… Falta… para saber bien cómo
diferenciarlo… Pero que yo tenga una estadística de alguna enfermedad
por metal pesado; arsénico, plomo y esas cosas, no”.
“Hay muchas muertes, – advierte Fernando Ulises Adame de León, doctor
en biología molecular, – que se dan en las comunidades, en los ejidos
donde solamente se murió y lo enterraron. Hay poca, muy poca información
al respecto”.
“Las instituciones de salud, – afirme el médico Jesús
Burciaga -, no te dicen, ‘este cáncer es por arsénico’, están fallando y
los médicos contaminan el diagnóstico. En los setentas, ochentas, se
dio la incidencia de cáncer de piel y de pie negro, amputaciones, y se
concluyó que era el arsénico”.
Además, dice Itzel, el IMSS no cuenta con los reactivos, la prueba, para medir el arsénico en sangre.
Y mandar la muestra a un laboratorio particular sería costoso, platica Itzel en su consultorio – farmacia de Salvador.
Las dos pacientes que esperan turno detrás de la puerta, auguran una tarde tranquila.
Itzel dice que en Salvador hay gente de la tercera edad que todavía,
por razones de economía o de cultura, consume agua de la llave, el agua
de la red que manda el ayuntamiento de Madero y que, se sabe, contiene
arsénico.
“El del agua nada más viene una vez a la semana. Si
tienen para comprarla se compra, si no, así, de la llave. Yo tengo una
cisterna, con esa agua me baño y me traigo mi bote de agua purificada de
mi casa para los días que aquí me quedo…”.
Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, sostiene
que casi todos los pozos de la Laguna, casi todos, están en problemas.
“El nivel de toxicidad permitido, el nivel de concentración permitida por la Norma Mexicana es de .025 partes por millón.
Los expertos en la salud señalan que arriba de .017 hay problemas en la salud y nosotros tenemos arriba de .025”.
“Hay pozos, – dice Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico
cirujano con doctorado en medicina molecular -, que rebasan la norma
como al triple, al cuádruple del nivel aceptado”.
“Lo que estamos demostrando, – dice Gonzalo García Vargas, doctor en
toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la
Universidad Juárez del Estado de Durango -, es que aun en
concentraciones bajas, como las que hay en la ciudad, el arsénico está
provocando alteraciones que pueden desencadenar, aumentar el riesgo de
cáncer”.
Itzel comenta que la mayoría de sus pacientes, arriba de los 40 años,
en Salvador, son diabéticos o hipertensos, sufren dislipidemias,
colesterol, triglicéridos altos… y lógicamente sus consecuencias.
“Hay personas que ya han tenido infartos recurrentes…”.
Los estudios más recientes realizados por la la Universidad Juárez
del Estado de Durango, en coordinación con la Universidad Autónoma de
Coahuila, revelan que la ingesta de agua con elevadas concentraciones de
arsénico, puede ocasionar infertilidad e incluso trastornos como la
obesidad.
“Altera, aparentemente, el metabolismo de los lípidos y
favorece la aparición de obesidad o aumenta el riesgo de ser obeso y de
ser diabético porque se modifica el metabolismo de los lípidos y los
carbohidratos”, expone Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano
con doctorado en medicina molecular y catedrático de la Universidad
Juárez del Estado de Durango.
Así mismo, las últimas investigaciones han arrojado que el consumo de
agua con arsénico en mujeres embarazadas puede derivar en deficiencias
del desarrollo o afecciones neurológicas en el bebé.
Se ha visto que los niños expuestos al arsénico, durante el periodo
intrauterino o en la infancia, en la edad adulta son más propensos a
desarrollar cáncer.
“Es un efecto que puede ser a largo plazo. El niño puede
nacer completamente bien, pero a la larga aumenta el riesgo de padecer
ciertas enfermedades”, dice Espinosa Fematt.
Los trabajos han mostrado también que la presencia de arsénico en el
organismo incrementa el riesgo de asma y de padecer problemas crónicos
en pulmón.
Don Felipe Cárdenas Aguilar, es uno de los vecinos más antiguos de Salvador.
Ha visto pasar por aquí a cantidad de médicos de todas partes que
vinieron para tomar muestras pelo y de sangre, pero que jamás volvieron
con los resultados.
“Se llevaron todos esos datos, se fueron y ya no supimos”, cuenta Felipe.
-¿Usted tiene manchas?
-Sí, sí tengo una, en la espalda. Se me cae, pero no me supura…
Dice Felipe, se para de la mecedora donde suele contemplar los
atardeceres en Salvador y se levanta el suéter para develar una úlcera
parduzca como cráter de volcán en el espinazo que parece a punto de
hacer erupción.
“¿Se fija?, es ésta. Se me cae y me vuelve a salir…”
A Felipe le tocó sufrir los peores años de pobreza en Salvador, los
años en que los algunos críos todavía andaban con huaraches y los más
descalzos.
Entonces en Salvador no había luz eléctrica, no había carretera, no había plaza, no había nada.
“Ora se las están comiendo todas maduras”, dice Felipe.
-¿Usted es de aquí?
-Soy nacido aquí, criado aquí y aquí me voy a quedar.
• • •
Amanece en el Ejido Covadonga, municipio de Madero.
Elvira Gallegos Hernández, la asistente de salud, recorre los senderos polvorientos por donde pasaron sus ancestros.
“Poco a poco se nos van acabando”, dice.
-¿Por qué?
-Pos yo digo que más que nada es por… el arsénico.
Elvira, 59 años, platica que uno de los lastres que en el presente
fustiga a los pobladores de esta aldea lagunera, es el llamado pie
negro, causado por la mala circulación, causada por la diabetes, causada
por el consumo prolongado de agua con altas concentraciones de
arsénico.
“Yo también tengo esa mala circulación, mire…”, dice
Ramona Chavarría López. 88 años, y se baja la calceta de un tirón para
mostrar su tobillo izquierdo roído por el arsénico.
“Dicen que el arsénico y que el arsénico, pero pos no, solamente Dios uno no sabe esas cosas”, dice Ramona.
Y dice que en Covadonga conoció a personas que tenían manchas en la piel o el pie negro, pero ya murieron…
El arsénico se las llevó…
¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE EL CÁNCER Y EL ARSÉNICO?
A nivel molecular hay una interacción de los metales. Hay activación
de algunos mecanismos que generan enfermedades serias. El problema está
en la interacción a nivel molecular y el metal pesado llega hasta el
centro de las moléculas que controlan la vida. El cáncer es uno de los
problemas más frecuentes. porque el arsénico activa y multiplica los
oncogenes.
Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas – A 13 de enero de 2020
Mientras el gobierno del estado de Zacatecas, encabezado por el Gobernador Alejandro Tello, desde hace más de año y siete meses se esforzó en crear todas las condiciones posibles para generar confusión, división comunitaria y familiar, además de fomentar la confrontación mediante el uso desproporcionado de actos de autoridad –como recurrir a la policía municipal y estatal para intervenir en la vida interna de los ejidos– en las comunidades que serían afectadas de forma directa por la Presa Milpillas, la población apostó y avanzó en disponer de un mejor proceso informativo y organizativo, el pasado 4 y 9 de enero del 2020, demostrando que en los ejidos Atotonilco y El Potrero, respectivamente, uno de sus mejores momentos de consolidación social y comunitaria, ya que en ambas asambleas agrarias, DE MANERA UNÁNIME RATIFICARON, de forma legal, tal cual se señala en la Ley Agraria, su posición de RECHAZO A LA AUTORIZACIÓN para construir la “Presa Milpillas” en las tierras de propiedad social que les corresponden.
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, felicitan a las mujeres y hombres de ambos ejidos, quienes finalmente lograron sortear de manera positiva una férrea confrontación interna promovida por diversos actores relacionados con la estructura del gobierno estatal.
Nos da gusto que ambas asambleas hayan logrado, por unanimidad, un acuerdo de enorme trascendencia para su vida, no sólo porque ratifican la fuerza e importancia de los procesos basados en la libre determinación de las comunidades y la determinación de que los gobiernos dejen de tratar como menores de edad a sus habitantes, sino porque en ambos ejidos fueron capaces de superarla división y la confrontación para, finalmente, asumir de forma colectiva –tal cual les compete como propietarios sociales– una posición unitaria sobre un proyecto que pretendía poner en riesgo sus formas y medios de vida. Tanto en REMA como en el OCMZac, somos totalmente conscientes sobre lo complicado que resulta restituir procesos de vida comunitaria fragmentados a causa de este tipo de megaproyectos, y por ello enviamos a toda la población de ambos ejidos un gran abrazo solidario y fraterno.
Estos acuerdos basados en la unanimidad de la decisión de ambos ejidos, ponen nuevamente en evidencia que el gobierno de Zacatecas mintió al decir que las y los ejidatarios estaban especulando sobre la tierra para poder venderla a mayor costo. Hoy se desmonta otra de las varias falsedades que ha promovido irresponsablemente en los medios, tanto el gobernador Alejandro Tello, como el resto las/os promotores de la Presa Milpillas.
Recordemos que en el mundo existen 55 mil presas (Castro, 2019), de las cuales a México le corresponden 4 mil 462 (INEGI, 2016) y en Zacatecas se han construido 356 a lo largo de su historia (Castro, 2019). De acuerdo al Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, está comprobado que éstas generan más pobreza, accidentes y rupturas, acarreando inundaciones mortíferas y también desplazamiento de poblaciones y desarraigo. Así, el mismo informe reconoce que son 80 millones los desplazados en el mundo por represas, las cuales además generan altos índices de gases efecto invernadero, todo lo cual deriva en el reconocimiento de que las represas no son iniciativas sustentables, a tal grado que no en pocos países se ha iniciado la deconstrucción de las mismas para liberar a sus ríos. Son muchos los motivos sociales, ambientales, económicos y productivos en juego, y represar que el agua genera más condiciones de asimetría y desigualdad. Es por ello que año con año el movimiento anti represas en el mundo se va incrementando y creando alternativas contra el interés capitalista que se encuentra detrás de la represa de ríos, impulsando, en cambio iniciativas de verdadera sustentabilidad que son indispensables para la vida y no para la muerte.
Es cierto que Zacatecas enfrenta estrés hídrico y esa condición pone en riesgo la distribución equitativa del bien Agua; sin embargo, esa problemática ha sido generada y acrecentada por falta de planificación, tomando de decisiones a favor de grupos privados, como sucede con la minería, en un sinsentido político de priorizar un negocio particular a costo de lo que sea, ocasionando ya que de los 34 acuíferos del estado, 20 están sobreexplotados y los 14 restantes está sin disponibilidad, y justamente uno de estos últimos se encuentra en el ejido Corrales. Es obvio que el gobierno y las empresas no sólo están detrás del agua del río Atenco, sino que pretenden acceder a éste acuífero con el pretexto de instalar la planta de bombeo para la Presa Milpillas y continuar sus procesos criminales de privatización del agua.
Cabe destacar que en Zacatecas existen alrededor de 230 concesiones mineras, y de ellas, una la posee una de las minas más grandes del continente que se encuentra en Mazapil, que todas y todos conocemos como la mina de Peñasquito, la cual, de acuerdo con una investigación publicada en el diario La Jornada (2019), consume 55 millones de metros cúbicos al año, dejando al municipio con sed, enfermedades y muerte. Este consumo desmedido de líquido vital en una región del país donde éste es escaso y para una actividad que genera despojo y muerte, es sumamente contradictorio con el Estudio de Factibilidad denominado “Construcción de la Presa Milpillas en Jiménez del Teul y línea de conducción para abastecer de agua potable al corredor FresnilloZacatecas-Guadalupe” (2015), donde se menciona la pretensión de, a través de la Presa Milpillas, trasladar 59 millones de metros cúbicos de agua, es decir, literalmente la cantidad de agua que consume la mina Peñasquito.
La disponibilidad de agua es vida y significa a su vez la oportunidad de trabajo y de producción agropecuaria. La lucha emprendida y los logros alcanzados por las mujeres y hombres de Atotonilco, El Potrero y el resto de los ejidos vinculados al proyecto de la Presa Milpillas, nos demuestra que, como lo decía la querida Bety Cariño, es momento de los pueblos, y basta de políticos incapaces y corruptos, así como de políticas que se construyen desde taburetes y sin ninguna relación con los bienes naturales y las necesidades de las comunidades. También nos demuestra que la organización social en Zacatecas, en México y en el mundo es posible y que “ni el gobierno manda, ni las empresas mandan”.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas hacemos expresa y extensa nuestra felicitación y enviamos nuestro máximo reconocimiento y solidaridad a todos y todas las integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Especialmente a los ejidos de Atotonilco y Potrero por blindar su territorio.
N.
del Editor: esta nota fue actualizada el miércoles 15 de noviembre con
una carta de FEMSA y Bio Pappel, con la respectiva aclaración de la
reportera.
Un mapa realizado por la Coordinadora Agua para Todos con datos del
Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestra un enjambre de
descargas de aguas residuales sin permiso de norte a sur de México en 5
mil pozos y 455 tomas, por parte de empresas de bebidas, alimentos,
higiene, construcción, minería, textiles y otros sectores.
Ante la falta de supervisores suficientes de la Conagua, sin datos
fiscales de los concesionarios para rastrearlos, y la “debilidad” de la
Ley de Aguas Nacionales, “están envenenando” los ríos, lagos y acuíferos
del país, dijo a este diario digital la investigadora Elena Burns.
Ciudad de México, 14 noviembre (SinEmbargo).– En el pueblo náhua Santa Cruz Huitziltepec, del municipio de Molcaxac al sur de Puebla,
cerca del río Balsas, están preocupados porque no alcanzan a pagar la
tarifa industrial por derecho al uso de un pozo, cobrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano que por otro lado ha permitido a las industrias la descarga de aguas residualessin permisos ni cobro de derecho, documenta la Coordinadora de Agua para Todos.
“En Santa Cruz, un pueblo de 1,608 personas, la Conagua
les está exigiendo que paguen el derecho a usar el pozo cuando no
deberían por ser una población rural con menos de 2 mil 500 habitantes”,
expuso Elena Burns, integrante de esta coordinadora conformada por
pueblos originarios, investigadores, organizaciones y sistemas. “Después
de sufrir discriminación, para muchas comunidades el control sobre su
propio sistema de agua es de un valor profundo”.
En una carta enviada a SinEmbargo y firmada por el
Alcalde de Molcaxac, Félix Huerta Medel, se expone que es un asunto de
más de seis años del ámbito federal, entre la Asociación Pro Perforación
de Pozo Santa Cruz y la Conagua. Esta asociación civil y un Comité de
Administración obtuvo la concesión con número de permiso 21000513.
El Comité de Mantenimiento y Operaciones de la comunidad cobra 20
pesos mensuales por el acceso al agua, instala tomas y realiza los
cortes a deudores. Pero también debe cobrar a los habitantes 150 pesos
trimestrales, para pagar las deudas que se tienen con la Conagua por el
derecho al pozo.
La Conagua, de acuerdo con la Coordinadora Agua para Todos, les negó
registrar su pozo como uso público-urbano bajo el argumento de que la
Ley Nacional de Aguas solo lo permite a nivel municipal, y Santa Cruz
Huitziltepec es poblado y se le cobra como uso industrial.
“Existen multas de la Conagua por ‘la mala administración
del pozo de agua potable’. Se desconocen cifras ya que, a pesar de que
el Ayuntamiento de Molcaxac solicitó esa información, a través de la
Sindicatura Municipal, la Conagua no nos pudo proporcionar esos datos,
bajo el argumento de que ‘pertenecen a una Asociación Civil’”, dice la
misiva del Alcalde.
Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de Administración del
Agua de Conagua, comentó a Agua para Todos que aunque lo están
trabajando, “el obstáculo legal” es que la modificación de la Ley de
Aguas Nacionales estableció las asignaciones para uso público-urbano
exclusivamente para los municipios.
En octubre, Barrios destacó en entrevista con SinEmbargo
que por el decreto presidencial publicado el 1 de julio en el Diario
Oficial de la Federación (DOF) “se protege el agua para consumo humano,
en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios”.
Pero Elena Burns, de Agua para Todos, afirmó que no
ocurre con pueblos indígenas como el del sur de Puebla. “No puedo más
que explicarlo por el racismo. Y lo sabe Eugenio”, comentó.
Antes de la Ley de Aguas Nacionales, solo se otorgaron 2 mil
concesiones en todo el país de 1917 hasta 1992, documentó. De 1992 a la
fecha, van más de 500 mil concesiones para diferentes usos.
“El desastre que estamos viviendo con el agua en el país
tiene que ver con las tremendas debilidades que existen en la Ley de
Aguas Nacionales (1992). Su función fue poner las aguas nacionales a la
disposición de particulares a través del sistema de concesiones, y son
objeto de compra y venta. A esto se ha dedicado la Conagua, que no ha
tenido ninguna voluntad política para proteger las aguas de la nación y
los bienes nacionales inherentes”, consideró Burns.
DESCARGAS SIN PERMISO
Del norte al sur del país, de Tijuana a Tapachula, en 5 mil 964 pozos
industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no
se cuentan con permisos de descarga a pesar de que lo obliga la Ley
Federal de Derechos, de acuerdo con los datos de Agua para Todos y el
Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de Conagua. Con ello se
evitan inspecciones y el cobro de derechos a diferencia del caso del
poblado náhua Santa Cruz Huitziltepec de menos de 2 mil habitantes.
Las concesiones sin permisos de descarga de aguas subterráneas para
uso industrial están registradas de enero de 1994 a abril de 2019, y las
de aguas superficiales de noviembre de 1993 a enero de 2019.
“He hablado con funcionarios de la Conagua y esto es en
parte porque no se exige la información fiscal al dar la concesión,
entonces no tienen manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los
derechos de agua y vigilar los permisos de descarga”, dijo Elena Burns,
de la Coordinadora Agua para Todos.
Como muestra la tabla por estados, entre las empresas locales y
globales que descargan sin permiso aguas residuales en ríos, lagos y
acuíferos de las diferentes regiones del país, figuran la Cervecería
Cuauhtémoc, Cervecería Modelo, Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez,
Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter
& Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de FEMSA-CocaCola
(su carta se publica al final de esta nota), Jugos del Valle
(Coca-Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.
Al respecto, Nestlé de México aclaró a SinEmbargo que “no tiene operaciones en Tlaxcala”, como se indica en la tabla de datos oficiales.
También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación, producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, de acuerdo con Agua para Todos.
“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los
ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el
colapso por el manejo de las aguas superficiales y las
subterráneas”, alertó Elena Burns de Agua Para Todos. “La propia Conagua
admite que el 60 por ciento de las aguas superficiales están seriamente
contaminadas”.
La Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de descarga,
si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al
suelo. Pero el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos expone que las
personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos,
cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de
agua están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de
bienes del dominio público de la Nación.
“No solo no exigen que tengan permisos de descarga, sino
que menos del 5 por ciento de los concesionados obligados a pagar
derechos por usar aguas nacionales, pagan”, expuso Burns de acuerdo con
datos de la Auditoría Superior de la Federación.
“La única excepción sería que estén descargando en los sistemas de
drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las
descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la
Conagua, no hay control en los municipios ni en las grandes ciudades.
Las industrias están descargando sus aguas sin permisos, sin
tratamiento”, aseguró Burns.
“Hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y
las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque
están infiltrando sus aguas muy contaminadas de presas de jale”,
reiteró.
En Sonora, la minera María, unidad de Frisco propiedad del empresario
más rico del país, Carlos Slim Helú; la minera Buenavista del Cobre, de
Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco, así como
las mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères,
la Penmont (de Fresnillo) y Peñoles, no cuentan con permisos de descarga
luego de “lavar” los minerales en agua, muestran los datos de Agua para
Todos y Conagua.
Burns explicó que también parte de la “impunidad” se debe a que solo
hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 500 mil
concesiones de agua otorgadas de 1992 a mayo de 2019 para los diversos
usos, incluyendo el industrial.
“Actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de
aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el
punto de toma o del pozo”, dijo Burns.
CARTA DE FEMSA A SINEMBARGO
Coca-Cola FEMSA informa
En relación a la nota publicada por la periodista Dulce Olvera
titulada “De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso
de la CONAGUA: FEMSA, LALA, Nestlé…”, la empresa expresa:
Que sus plantas de producción cumplen con los requisitos vigentes
necesarios para descargar de forma legal y en cumplimiento con los
permisos, licencias y concesiones vigentes emitidos por CONAGUA para
realizar esta actividad.
Que el uso y tratamiento del recurso se realiza en apego a los
estándares y normas establecidos por autoridades ambientales,
municipales, estatales, federales e internacionales.
Que las unidades operativas han sido certificadas por la Procuraduría
Federal del Medio Ambiente con los distintivos Industria Limpia y
Excelencia Ambiental, por el cumplimiento y superación de políticas y
compromisos de conservación y preservación ambiental.
Que cumple con el pago de cuotas y tarifas establecidas por la
CONAGUA, así como por la Ley Federal de Derechos Art. 276, para el uso,
tratamiento y descarga del recurso nacional.
Que es una empresa 100% mexicana comprometida y colaborativa con la sostenibilidad del medio ambiente del país.
Coca-Cola FEMSA reitera su apertura y disposición de aclarar los
cuestionamientos que se le imputan en un marco veracidad, transparencia y
colaboración, para un entendimiento mutuo.
CARTA DE BIO PAPPEL A SINEMBARGO
RESPUESTA DE LA PERIODISTA DULCE OLVERA
Cualquier concesión otorgada por la Comisión Nacional de Agua
(Conagua) que no sea para uso agrícola debe de obtener un permiso de
descarga de agua residual, incluyendo el uso industrial. La única
excepción es si descargan en un sistema municipal.
Después de que la Coordinadora Agua para Todos rastreó todas las
concesiones dadas a personas físicas y morales para uso industrial halló
los sitios donde no hubo permiso de descarga en nombre de esta persona
física o moral, lo cual se representa en el mapa.
En el caso de FEMSA, un título de concesión es a través de “Servicios
Refresqueros del Golfo y Bajío” en Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y
Guanajuato. En el caso de Bio Pappel, mencionan su título de concesión
sin el número de permiso que dicen tener.
La Conagua, resalta Agua para Todos, no tiene un sistema para verificar y para vincular la concesión con el permiso de descarga.
“Puede haber empresas que estén cumpliendo con el permiso de
descarga, pero no se detecta en el rastreo porque tiene su título de
concesión registrado bajo una persona moral y su trámite de descarga
bajo otro nombre de otra persona física o moral. Pero lo que se busca
demostrar con el mapa es que la Conagua no tiene control frente a la
contaminación masiva e impune de las aguas nacionales”, dijo Elena
Burns, investigadora de Agua para Todos.
Compartimos este artículo publicado en Pie de Página sobre la represión a defensoras y defensores de derechos humanos durante el 2019 – A 29 de diciembre de 2019
El año que termina destacó por los ataques en México contra defensores de derechos humanos y activistas. Las víctimas fueron ambientalistas, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y policías comunitarios, entre otros. En tres estados se concentraron las agresiones.
Texto: Redacción Pie de Página
El 2019 quedó marcado por los ataques y asesinatos contra activistas y
defensores del territorio en todo el territorio mexicano. Al menos una
treintena de activistas fueron asesinados, principalmente en el sureste
del país.
En el actual sexenio de López Obrador, particulares y autoridades han
matado a 33 activistas. Y 32 de los casos ocurrieron en 2019. Los
estados con más asesinatos contra defensores son Oaxaca (7), Chiapas (6)
y Guerrero (cinco).
Los ataques han sido hacia defensores del territorio, ambientalistas,
activistas que demandan mejores servicios, defensores de la comunidad
LGBT, integrantes del Congreso Nacional Indígena, comunicadores y
policías comunitarios, entre otros.
Los ataques evidenciaron la poca efectividad de las medidas
cautelares aplicadas por el gobierno mexicano. Algunas de las víctimas
eran beneficiarias del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos
Humanos y Periodistas.
Chiapas: la más peligrosa
El primer asesinato registrado, el 3 de enero, es el de Sinar Corzo
Esquinca, en Arriaga, Chiapas. El integrante del Comité Ciudadano de
Defensa de los Derechos Humanos había acompañado a pescadores la región
en protestas y a vecinos que demandaban agua potable. Lo mataron cerca
de su domicilio, en la cabecera municipal de ese municipio.
El 18 de enero asesinaron a Noé Jiménez Pablo, miembro de la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, y José Santiago
Gómez, del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común en
Amatán, Chiapas. Los activistas se mantenían en un plantón frente a la
alcaldía de ese municipio para exigir la renuncia del regidor morenista
Manuel Carpio Mayorga, destituido dos semanas después.
Los homicidios de Noé Jiménez y José Santiago evidenciaron la poca
eficacia de las medidas de cuidado de activistas por parte del gobierno
mexicano, ya que ambos eran beneficiarios del Mecanismo de protección
para personas defensoras de derechos humanos.
En los límites de Tabasco y Chiapas, el 10 de junio, mataron a José Luis Álvarez Flores,
defensor de la preservación del mono Saraguato y del Río Usumacinta. El
ambientalista había recibido amenazas de muerte tras denunciar la
extracción ilegal de arena del río.
El 18 de junio, a Mario Moreno López, de 64 años de edad, lo mataron
en el municipio de Venustiano Carranza, Chiapas. Era miembro del Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
Marcha fúnebre por Noé Jiménez y José Santiago. Foto: Francisco López Velázquez
Oaxaca: conflictos territoriales y medio ambiente
Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de
Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda el 20
de enero. El activista había manifestado días antes su oposición a la
instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago
Jocotepec, Oaxaca, por la escasez del líquido.
Al día siguiente, en la misma entidad, el activista Bernardino García
Hernández fue asesinado. Estaba en un estanque alimentando peces. El
activista era representante de su comunidad en las comisiones para
lograr la paz entre los poblados de Zimatlán y San Sebastián Nopalera,
en conflictos por la delimitación de las tierras.
La presencia paramilitar
El 23 de enero, en Amatenango, Chiapas, un comando asesinó a la
activista Estelina Gómez López. Se identifica como un ataque
paramilitar. La defensora era integrante de la Organización Popular
Ricardo Flores Magón.
El activista denunció amenazas en varias ocasiones, tanto por
autoridades locales y de la Comisión Federal de Electricidad, en medio
de su oposición a las altas tarifas eléctricas.
Fuentes era integrante de la Comisión en Defensa de la Tierra y del
Territorio de la Zona Oriente del Istmo, del Comité Regional Istmo de
Sol Rojo, y del Corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización de
derechos laborales.
El 30 de noviembre, en un ataque armado, murió el defensor indígena
Catalino Barradas Santiago. El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a
Pueblos Indígenas denunció que se trató de una ejecución extrajudicial a
manos de la policía municipal de Santos Reyes Nopala, Oaxaca. Eran las
vísperas de las elecciones de esa comunidad. En el ataque resultaron
heridas otras dos personas, observadores de que los comicios ocurrieran
con legalidad.
Activistas y comunicadores
El periodista y defensor de derechos humanos Rafael Manríquez Murúa
fue asesinado en Mulegé, Baja California Sur, el 21 de enero.
Supuestamente, el gobierno mexicano lo protegía por medio del Mecanismo
de protección de defensores de derechos humanos.
El 2 de mayo, Telésforo Santiago Enríquez,
asesinaron al director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM
“La Voz Zapoteca”. El también integrante de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE) cayó en una emboscada, en el
municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. Santiago
Enríquez promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su
comunidad.
El homicidio de Samir Flores ocurrió el 20 de febrero, tres días
antes de que el gobierno federal realizara una consulta pública para
decidir si opera o no la termoeléctrica de Huexca, parte del Proyecto
Integral Morelos (PIM), y un día después de que se manifestara en un
foro conducido en Jonacatepec por Hugo Eric Flores Cervantes, delegado
federal en en la entidad.
El 7 de noviembre, la historiadora, antropóloga y activista Raquel Padilla fue
asesinada dentro de su vivienda en Ures, Sonora. Las investigaciones de
la Fiscalía estatal apuntan a que Juan Armando Rodríguez Castro, su
pareja sentimental, la atacó con un arma blanca. Las autoridades
investigan el crimen como feminicidio.
El 25 de marzo, un hombre mató a tiros a Eulodia Lilia Díaz Ortiz,
integrante del Consejo Indígena del Trueque, en Santiago Tianguistengo,
Estado de México. El crimen ocurrió en medio de una pugna por monetizar
uno de los pocos tianguis de trueque prehispánicos que perviven. El
agresor es cercano al anterior presidente municipal, Antonio Barrera.
Raquel Padilla. Foto: Daliri Oropeza/Archivo.
Contra buscadores de personas desaparecidas
El activista Abiram Hernández Fernández
fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo. Destacó
en la comunidad por su acompañamiento a familias de personas
desaparecidas. De acuerdo con la información de las autoridades locales,
el sociólogo murió a golpes.
Zenaida Pulido Lonbera murió asesinada después de un ataque a balazos
el 19 de julio de 2019. La activista circulaba en compañía de su esposo
en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila,
Michoacán. La activista había denunciado la despaarición de personas en
la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas
clandestinas en la entidad.
Artistas urbanos
El asesinato del muralista Héctor Armando Domínguez ocurrió el 19 de
abril en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Con él murieron también su
padre Aureliano y su hermano Juan Manuel. En 2018, Héctor Armando ya
había sufrido un atentado afuera del colegio donde daba clases de artes
plásticas.
Cinco días antes, un grupo armado mató al DJ Héctor Mauricio Rosas
Hernández, alias “Mub Times”, de la Asociación Mundo Ritual, AC.
Mauricio era un Dj que promovía la paz en Guanajuato, y el rescate de
los jóvenes de la colonia Obrera de esa entidad.
Otro músico y activista fue asesinado en el último mes del año. El
jaranero “TíoBad” sufrió un secuestro, y tras, varios días
desaparecido, lo hallaron muerto. El activista luchó por la lengua
mixe-popoluca, propia de su pueblo Sayula de Alemán, Veracruz, y
denunció a través del arte el despojo en su territorio por el fracking, los asesinatos a periodistas y el desplazamiento de su lengua.
Protesta por asesinato de TíoBad. Foto: Ehécatl Ríos/Archivo.
Guerrero: contra indígenas y policías comunitarias
El 5 de mayo, activistas y autoridades hallaron los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, concejal nahual, y Modesto Verales Sebastián,
delegado del Congreso Nacional Indígena. Los activistas desaparecieron
tras una emboscada un día antes, cuando regresaban de una reunión en la
ciudad de Chilpancingo.
Un mes después, también en Guerrero, asesinaron a Eugenio Máximo
Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. El crimen ocurrió
en Hueycantenango, cabecera municipal de José Joaquín de Herrera.
Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de
la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos
Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del Concejo Indígena y
Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
El 11 de octubre, en Guerrero, grupos armados atacaron a dos
activistas en distintos hechos. El primer caso se trata de Isaías Cantú
Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en
Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias
en Defensa del Territorio (Craadt). Cantú luchó contra la explotación
minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región
me´pháá.
Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfot.
Compañeros de su organización y autoridades hallaron su cuerpo 40 días
después en una fosa clandestina. Los compañeros del también líder de
vendedores de Tlapa responsabilizaron de la desaparición de Arnulfo al
alcalde de ese municipio, Dionisio Merced Pichardo.
Arnulfo Cerón. Foto: Lenin Mosso/Archivo.
Ataque a activista en CDMX
El asesinato de activistas ocurrió también en la capital del país,
contra una vecina que se oponía al desarrollo inmobiliario irregular. El
1 de julio, en su departamento de la colonia Condesa, sus vecinos
hallaron muerta a María Cristina Vázquez Chavarría. La mujer era
integrante de un movimiento vecinal en contra de construcciones que
violan las leyes de planeación en la capital.
A través de videos, los vecinos constataron que un hombre desconocido ingreso al edificio de la víctima, el día de su asesinato.
Chihuahua: ataques en la sierra Tarahumara
El 1 de mayo, un grupo armado mató a una madre y su hijo ecologistas. Las víctimas fueron Otilia Martínez Cruz y Gregorio Chaparro Cruz.
El crimen ocurrió en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Testigos señalan que
los autores pertenecen al grupo delincuencial “Los Chorohuis”. Madre e
hijo eran defensores del territorio. En 2018, un familiar de las
víctimas, también ecologista, murió asesinado. Se trata de Julián
Carrillo Martínez, indígena rarámuri y defensor del bosque de Coloradas
de la Virgen.
Cruz Soto era integrante de un colectivo de familias que el crimen organizado desplazó de Guazapares, Chihuahua. Tuvo que salir de su comunidad desde 2014.
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada – A 4 de enero de 2020
Por Silvia Ribeiro
Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente han encontrado repetidamente que niñas, niños y adolescentes en varias comunidades rurales de Jalisco tienen residuos en orina de dos o más (¡hasta 12!) agroquímicos altamente peligrosos. Esto se refleja en diversos problemas de salud, que van de dolores de cabeza, vómitos y náuseas a problemas graves, como insuficiencia renal y, potencialmente, cáncer.
El gobierno de Jalisco presenta la entidad como gigante agroalimentario,
pero nada menciona sobre esto. Con casi 12 millones de hectáreas
dedicadas a la agricultura, principalmente industrial, la entidad es
terreno asiduo de las mayores trasnacionales de agroquímicos y semillas,
que son cobijadas por gobiernos locales, estatales y federal. Esta
relación, que no tiene que ver con alimentar a la gente y sí con
aumentar las ganancias empresariales vendiendo veneno, trata de ocultar
una grave realidad: la extendida contaminación con agrotóxicos de suelo,
agua y aire que ha provocado este modelo de producción, que envenena a
los pobladores, especialmente los más vulnerables: niños y niñas.
A principios de 2019 un estudio de Erick Sierra-Díaz, de la UDG;
Humberto González-Chávez, de Ciesas Occidente, y otros investigadores,
publicado en la revista científica international Journal of Environmental Research and Public Health (https://tinyurl.com/rda57tj)
mostró que de 281 muestras de orina tomada a niñas, niños y
adolescentes en las comunidades de Agua Caliente, cerca del lago
Chapala, y Ahuacán, próxima a Autlán, todas tenían residuos de dos o más
plaguicidas.
Seis agrotóxicos fueron recurrentes en 70 por ciento de los casos:
malatión, metoxuron, glifosato, dimetoato, uniconazole y acetoclor. Los
investigadores explican que en ambas comunidades hay exposición a
siembras industriales, pero además, en el caso de la comunidad de Agua
Caliente, el riego y consumo de agua contaminada con químicos del lago
Chapala aumentó el nivel de ciertos tóxicos. La mayor prevalencia fue de
herbicidas, seguida de funguicidas e insecticidas. En Ahuacán, todas
las muestras contenían residuos de glifosato.
El equipo de investigadores de la UDG y del Ciesas Occidente continuó
tomando muestras de orina en niñas y niños escolares y prescolares en
otras zonas de Jalisco en 2019. Una de las áreas seleccionadas, por la
alta frecuencia de enfermedades que allí ocurren, fue El Mentidero,
próxima a Autlán, Jalisco.
Allí, las madres de los alumnos de secundaria les solicitaron que incluyeran en los análisis de orina de sus hijos, explicando que, desde que comienzan los cursos, los jóvenes se sienten mal y sufren constantes dolores de cabeza, vómitos y náuseas. La secundaria está al lado de un campo de siembra, donde fumigan varias veces a la semana, incluso cuando están los alumnos en clase o en el patio. El equipo de investigadores tomó 146 muestras a adolescentes, escolares y prescolares. El 100 por ciento de las muestras arrojó residuos de dos a seis agrotóxicos. Los principales fueron el glifosato y el 2-4 D, ambos inventados por Monsanto y declarados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud.
Debido al estudio y a la movilización de las madres para detener el
uso de agrotóxicos, o como mínimo que no se aplique cerca de secundarias
y escuelas, las empresas de venta de venenos están en campaña para
desprestigiar los estudios y poder seguir contaminando. La asociación civil
Proccyt, en realidad fachada de la industria trasnacional de
agrotóxicos (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC,
Basf y otras), ofreció al gobierno de Jalisco y a autoridades de Autlán
dar talleres de capacitación, especialmente en las áreas donde se
han realizado los estudios que muestran la presencia de agrotóxicos en
la orina de los niños. Las autoridades lo aceptaron e incluso
patrocinaron su estadía. La reportera Mayra Vargas documentó cómo el capacitador
de Proccyt aseguró en esos talleres que solamente si le hubieran dado a
beber Faena (nombre comercial del glifosato) antes de tomar la muestra a
los niños, podrían aparecer residuos en la orina. (11/11/19, Letra Fría, https://tinyurl.com/wn6xlgc).
Los estudios muestran que el Proccyt miente, pero además hay casi 43
mil juicios contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por haber causado
cáncer con glifosato a sabiendas de su peligrosidad. Tres juicios le han
otorgando razón y millones de dólares en indemnización a los
demandantes. Pero en México, las secretarías de Agricultura (estatales y
federal) le abren espacio y pagan gastos a esta burda fachada de las
empresas para atacar con mentiras los estudios científicos de
investigadores de universidades públicas de México y así engañar a los
agricultores y pobladores sobre su inocuidad.
No necesitamos echar veneno a nuestra comida. Hay muchas alternativas
buenas y sanas en la producción local, campesina y agroecológica.
Relata Humberto González que son las madres las que insisten en la
denuncia y están empujando un cambio, las que no tienen miedo y no se
van a dar por vencidas, como no la han hecho en muchos otros temas.
Defienden a sus hijos e hijas y el derecho a la salud de todos. Hay que
apoyarlas.
Compartimos el siguiente informe del Comité Cerezo México a través de Voces Mesoamericanas – A 13 de diciembre 2019
“El total de ejecuciones
extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va
del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17
defensores de derechos humanos, dichas ejecuciones extrajudiciales
fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma
de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho
humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban
realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la
modalidad de Comisión o Aquiescencia.”
Una ejecución extrajudicial ocurre
cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando
mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida;
por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o
consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera
mediata o inmediata, en las potestades del Estado” (ONU, 2005).
Este informe es el resultado de la documentación de ejecuciones
extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos en
México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo
México durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
primer año que inició el 01 de diciembre de 2018 y terminó el 30 de
noviembre de 2019.
Desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO),
actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el lenguaje
cambió, dijo que la estrategia de guerra era equivocada, que la
nueva política sería de “abrazos y no balazos”, que su gobierno
estaría basado en atender a la población más pobre del país, en
disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres, en atacar la
corrupción como fuente de todo mal e incluso producto de la política
neoliberal implementada hacía 35 años atrás[…]
Cabe
recalcar como en todos nuestros informes que las cifras expuestas son
sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los
derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de
comisión o aquiescencia. Por nuestro mandato como organización de
derechos humanos no documentamos los homicidios cometidos por
particulares y sólo incluimos las ejecuciones extrajudiciales cometidas
en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido
esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su
trabajo de defensa de derechos humanos[…]
DATOS DUROS DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN EL PRIMER AÑO DE AMLO
El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de
gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre
de 2019 es de 17 personas defensoras de derechos humanos.
La cifra anterior corresponde a los casos que cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial:
Fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y
Los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia[…]
CONCLUSIÓN
La práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto (EPN) incluso, la cifra es menor desde el año 2011, aunque supera la cifra de los cuatro primeros años del periodo presidencial de Felipe Calderón que fueron 3 casos en 2007; 6 casos en 2008; 4 casos en 2009; y 11 casos en 2010.
