Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de abril de 2020
Paulina Gómez Palacios Escudero, mujer campesina originaria de Matehuala, San Luis Potosí, se une a las/los más de 35 activistas defensoras y defensores de los derechos humanos y el territorio asesinados a lo largo y ancho del país desde enero de 2019 a la fecha https://avispa.org/mexico-mas-de-30-defensores-dederechos-humanos-y-activistas-asesinados-en-2019/. “En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería (Mongo Bay https://es.mongabay.com/2020/03/mexico-defensores-de-ambiente-yterritorio-asesinados/).
Paulina Gómez Palacios fue reportada como desaparecida en su lugar de origen el 19 de marzo del presente y encontrada asesinada el 22 del mismo mes en el municipio de El Salvador, Zacatecas.
Paulina era “una guardiana del territorio sagrado de Wirikuta y amiga del pueblo Wixárika. Una guerrera, maestra y hermana del camino sagrado”, como lo reconocen las organizaciones Salvemos Wirikuta y Los Últimos Guardianes del Peyote.
El territorio que la vio nacer, y por el cual Paulina luchaba desde hacía años, es la tierra sagrada donde se encuentran “las esencias de la vida, y donde nace el sol” de acuerdo a la cosmogonía del pueblo Wixárika. En este territorio, el Consejo Regional Wixárika, desde 2009 ha librado una gran batalla por impedir actividades mineras y la cancelación de 38 concesiones mineras (6,327 has) de la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp., además de 40 concesiones de la empresa Resources Corporation “Proyecto Universo”, sumando 78 concesiones mineras que abarcan el 70% del ANP en la zona.
La disputa por el territorio como consecuencia de un modelo extractivo voraz, ha acelerado la organización de los pueblos para evitar ser despojados de sus bienes comunes naturales y culturales; y esto a su vez, ha desatado una cacería contra las y los defensores por parte de empresas, gobiernos y crimen organizado. En ese contexto, la 4T ya actúa como los gobiernos anteriores en sus tres niveles, porque simplemente continúa el mismo patrón de impunidad y falta de procuración de justicia en cada uno de los asesinatos ocurridos durante el actual gobierno, además de seguir siendo defensores de las empresas transnacionales y sus operadores, incluyendo sus grupos armados, y siguen siendo omisos, y por ende actúan en contubernio, evitando lo que ya es una antigua aspiración; una aplicación efectiva de la justicia, dejen de permitir que las empresas continúen operando en total impunidad.
Desde la REMA, le exigimos a este gobierno de la 4T, que ya dejé de lado la impunidad hecha sistema, exigimos castigo a los culpables de cada uno de las y los asesinados, y dejen para después su discurso de seguirle echando la culpa a los gobiernos anteriores. Los números no mienten; la impunidad en este gobierno, no sólo continúa, sino que se está agravando.
Nos solidarizamos y abrazamos a la familia y amigas/os de Paulina Gómez Palacios, a quien despedimos con mucho dolor, pero agradecidos de su pasión, su lucha, su tenacidad y su amor por la vida.
¡YA BASTA DE IMPUNIDAD! ¡BASTA DE ASESINAR ALAS Y LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO!
Firma RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota publicada en La Jornada y de la Campaña Sin Maíz No Hay Pais sobre la inictativa #MAÍZYA para la defensa del maíz nativo – A 25 de marzo de 2020
El Senado aprobó anoche la Ley Federal para el
Fomento y Protección del Maíz Nativo, con las modificaciones que realizó
la Cámara de Diputados y remitió la minuta al Ejecutivo federal, para
su promulgación entre expresiones de júbilo de Jesusa Rodríguez y Ana
Lilia Rivera, autoras de esa iniciativa encaminada a preservar ese
alimento, “que es también la esencia de nuestra cultura”, frente a los
intereses de poderosas corporaciones trasnacionales.
Es la segunda ocasión en que esa reforma pasó por el
Senado, la primera en septiembre del año pasado, cuando se aprobó la
iniciativa y anoche, al allanarse esa cámara a las modificaciones
realizadas por la colegisladora, las que, a juicio de las comisiones
dictaminadoras “no modifican la naturaleza” ni el espíritu de la
propuesta original que es establecer mecanismos institucionales para la
protección y fomento del maíz nativo y en diversificación constante y
declarar a esta actividad como mecanismo cultural.
Casi al final de la sesión con la que cerró
actividades el Senado -para cumplir con las medidas gubernamentales de
prevención del Covid-19, la senadora Jesusa Rodríguez subió a tribuna
para expresar su jubilo ante la aprobación de es nueva ley. Citó el
poema “Patria y superficie del maíz”, de López Velarde y resalto que el
maíz es más que un alimento, “es también la esencia nuestra cultura”.
«¿Qué sería de los pueblos si maíz?”. Como amanecer
sin sol, como paisaje sin distancia, como árbol sin raíz… como dormir
sin descansar, como viajar sin asombro, Así estaríamos, como como
muñecos de lodo, de paja, de madera, sin sangre sin carne”
En igual tono poético, la senadora Jesusa Rodríguez
resaltó: “Sin maíz qué fuera de nosotros, qué fuera de las esperanzas,
qué fuera de fuera de la vida sin la gracia primera. sin la dulce
sonrisa de mazorca, qué fuera de los campos sin rastrojo, de la noche
sin el día que fuera de la gente sin sus huesos, qué fuera de un un
país, que es el nuestro que vive del maíz y en él se inventa”
«¿Qué fuera del pasado y del futuro, qué fuera del
presente si no fuera el maíz nuestro sustento, nuestro amor. Nada
seríamos ya porque somos maíz no somos otra cosa”.
La senadora, actriz y activista resaltó que “triunfó
la causa y México”, porque el país es esa planta, crece en ella y se
levanta porque “México y el maíz son uno solo”.
Por su parte, la senadora Rivera señaló: “festejamos,
estamos orgullosas de lo que hemos trabajado durante toda nuestra vida
en defensa de nuestro país, porque le arrebatamos a intereses perversos
la posibilidad de poder crear propiedad intelectual sobre las variedades
vegetales del maíz “
Detalló que son más de 2 millones de 64 razas y de más de 1000 años de evolución y domesticación del maíz.
Mostró “uno de los morales más maravillosos de
Cacaxtla, en Tlaxcala, “donde vemos una milpa qué lugar de mazorcas da
de esos, porque es la simbología de nuestro pueblo. Es la esencia del
pueblo de México”.
La senadora de Morena resaltó que no son un grupo de
locos poetas, sino un grupo que lucha por el maíz “contra monopolios
agroalimentarios poderosos, ambiciosos calumniadores, a quienes hoy se
les acabó la posibilidad de hacerse del maíz.
“¡¡Sin maíz no hay país y milpa tampoco!!”, concluyó.
Unánime aprobación del Senado para crear Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo
Senado de la República Boletines 24 Marzo 2020 22:48
Se protege a la producción, comercialización y consumo de este alimento como una obligación del Estado.
Por unanimidad, con 79 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó, en
lo general y lo particular la minuta devuelta por la Cámara de Senadores
que expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo,
con el objetivo de garantizar el derecho humano a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad.
Con este ordenamiento se declara a la producción, comercialización y
consumo del Maíz Nativo y en Diversificación Constante, como
manifestación cultural, de conformidad con el artículo 3 de la Ley
General de Cultura y Derechos Culturales.
Se establece su protección y la obligación del Estado para garantizar
el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad,
como lo indica el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución
Mexicana.
También, se establecen mecanismos institucionales para la protección y fomento del Maíz Nativo y en Diversificación Constante.
Se incluye la creación del Consejo Nacional del Maíz Nativo, como un
órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal para brindar su opinión
en la materia, y se disponen procedimientos y mecanismos para la
identificación de áreas geográficas en las que se practiquen sistemas
tradicionales de producción, a fin de establecer las medidas necesarias
para garantizar y fomentar su subsistencia.
“Logramos crear una ley de salvaguarda que reconoce al maíz como un
derecho humano a la cultura y un derecho humano a extensión del derecho a
la salud de este país”, dijo la senadora, Ana Lilia Rivera Rivera, de
Morena, una de las promotoras de la legislación.
Destacó el orgullo de quienes han trabajado en la defensa del maíz,
al arrebatar de “intereses mezquinos y perversos” la posibilidad de
crear propiedad intelectual sobre las más de 64 razas, resultado de más
de siete mil años de evolución y domesticación del alimento.
En tribuna, la senadora de Morena y también promotora de la Ley,
Jesusa Rodríguez Ramírez, manifestó que el maíz es el alimento y base de
la salud de la población. La mayoría de las enfermedades, indicó, son
causa de la mala alimentación. “Representa el fundamento de una buena
alimentación y la esencia de nuestra cultura”.
Después de haber sido devuelta con cambios por la Cámara de Diputados, la Ley fue aprobada en reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Compartimos este pronunciamiento del grupo de trabajo de mujeres de la Red DESC
Las organizaciones feministas y sus aliados en todo el mundo hacemos un llamado al Paro Internacional de Mujeres el 9 de marzo de 2020. Pedimos que las feministas y sus aliados suspendan su trabajo en este día para reconocer las raíces de los derechos laborales del Día Internacional de la Mujer y mostrar al mundo que cuando las mujeres se detienen, el mundo se detiene.
¿Por qué necesitamos hacer esto?
Porque la desigualdad ha crecido al mismo tiempo que la riqueza [1].
Porque esa riqueza ha sido en gran parte creada por mujeres que no
llegan a compartirla. Vivimos dentro de un orden económico que explota a
las mujeres y se beneficia del trabajo de cuidado gratuito o mal pagado
que realizamos, y de los bajos salarios y la flexibilización de las
condiciones de trabajo.
Porque la codicia de las empresas de combustibles fósiles ha
destruido el medio ambiente y los efectos del cambio climático también
se sienten más profundamente en las mujeres. Es más probable que nos
veamos desplazadas [2],
que tengamos que viajar más lejos para buscar agua y que suframos los
efectos sobre la salud del aumento de la salinidad causado por el
aumento del nivel del mar [3].
Porque en todo el mundo, las mujeres y niñas continúan realizando más
de tres cuartos del total de trabajo de cuidado no remunerado. Este
trabajo continúa siendo subvalorado y no se incluye en el cálculo de los
PIB nacionales, a pesar de que la economía no funcionaría sin él. Las
mujeres dedican más tiempo al cuidado no remunerado que los hombres en
todas las regiones, lo que va de 1,7 veces en América Latina a 3,4 veces
en Africa, 4 veces en Asia y 4,7 veces en los países árabes [4]. Asimismo, el trabajo doméstico remunerado suele realizarse en condiciones precarias y con muy bajos salarios.
Porque las diferencias salariales entre hombres y mujeres están
estancadas en muchos países, y en algunos están aumentando. La brecha
salarial mundial podría tardar hasta 202 años en cerrarse [5].
En 2020, cuando se cumplan 25 años desde que se contrajeron los
compromisos en favor de los derechos de la mujer en la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, conocida como la Plataforma
de Acción de Beijing [6],
es el momento de unirnos intergeneracionalmente, a través de los
diferentes movimientos, para solidarizarnos unas con otras y paralizar
el mundo.
Creemos
que nuestras demandas son comunes en todo el mundo:
Trabajo decente y salarios dignos para todas
Poner fin a la violencia de género
Acceso justo a los recursos
Soberanía alimentaria para todas
A lo largo de la historia, las huelgas han sido una táctica efectiva para aprovechar el poder de los movimientos para influir en el cambio. El Día Internacional de la Mujer no es una campaña de marketing para hacer que las mujeres se sientan bellas: es un día en que las mujeres se han levantado y protestado, un día en que exigieron sus derechos y pusieron sus vidas en peligro por ellos. Honremos esa historia, reivindiquemos este día y revivamos el poder colectivo de las mujeres para exigir nuestros derechos humanos.
[3] “Se está invirtiendo mucho dinero en
intervenciones relacionadas con el cambio climático, […] pero casi nada de ello
se destina a la investigación, al menos no en cuanto al efecto sobre la salud
pública. Todo el mundo está pensando en los desastres medioambientales. Nadie
está pensando en la salud pública”. BBC (2018) Cómo el cambio climático podría estar causando abortos espontáneos en
Bangladeshhttps://www.bbc.com/news/world-asia-45715550
[4] International Labour Organization, ILO (2018). Care work and care jobs for the future of decent work. Ginebra: OIT
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 27 de febrero de 2020
Durante la segunda mitad del 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (SEMARNATH) dirigida por el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, inició el proceso de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo (POETH) y hasta el momento se tiene información de que ha concluido con las etapas de Diagnóstico y Pronóstico. Dicho ordenamiento debería ser el principal instrumento de la política ambiental para regular el uso del suelo y para promover el desarrollo sustentable del estado, sin embargo, el Ing. Rico Moreno está utilizando el POETH para facilitar, mediante la desregulación, la entrega del territorio del Estado de Hidalgo a las Compañías Mineras (nacionales y extranjeras) para que éstas puedan saquearlo y devastarlo a placer.
Esto ya que durante las etapas del proceso de actualización del POETH, con el fin de determinar la aptitud del uso del suelo para la minería, la SEMARNATH utilizó mañosamente-, una metodología que consiste en ponderar atributos exclusivamente geográficos y geológicos tales como: concesiones, minas, geología, vías de comunicación y pendiente del terreno; de tal modo que toda aquella área del suelo hidalguense donde existe alguna concesión minera sea considerada por el Gobierno del Estado de Hidalgo como un “ÁREA CON MUY ALTA APTITUD PARA LA MINERÍA”, es decir, un área a disposición de las compañías mineras para su rapiña y destrucción.
Esto es alarmante para los hidalguenses, principalmente, porque; 1) Hasta diciembre de 2017 la superficie concesionada para la minería en el Estado de Hidalgo equivalía a 779,336.38 hectáreas, y 2) La gran mayoría de esa superficie se encuentra sobre comunidades indígenas, comunidades agrarias, ejidos, pueblos, zonas urbanas, parques nacionales y reservas ecológicas, todas susceptibles de ser despojadas y contaminadas por las actividades mineras.
La minería “moderna” es la actividad más depredadora del medio ambiente que existe, debido al empleo de tecnologías y técnicas que se expanden por el mundo a partir de procesos de explotación bajo procedimientos a cielo abierto, tumbe y relleno, al uso de grandes cantidades de sustancias peligrosas como el Cianuro de Sodio y el Ácido Sulfúrico, al elevadísimo consumo de agua que se asocia también a su contaminación y desaparición de mantos freáticos, a la generación de millones de toneladas de desechos, escombreras y jales repletos de metales pesados que literalmente quedan como pasivos ambientales. Es sumamente decepcionante que sea la SEMARNATH, quien defina como preferente a la actividad minera, en un Estado como el de Hidalgo que está tipificado como uno de los peores ejemplos de la contaminación y del saqueo del extractivismo minero.
Basta señalar que, después de poco más de 400 años de minería:
Del Distrito Minero Real del Monte y Pachuca las compañías mineras extrajeron el 16 % de la plata que circuló a nivel nacional y el 6 % de la plata que circuló a nivel mundial hasta finales del siglo XX, dejando a cambio: 120 millones de toneladas de jales (desechos mineros) repletos de elementos altamente tóxicos como Sílice, Arsénico, Plomo, Cadmio y Mercurio que contaminaron la tierra, el agua y el aire de la zona metropolitana de la Ciudad de Pachuca; miles de mineros enfermos de silicosis quienes murieron lenta y dolorosamente sufriendo una incesante tos que les hizo escupir sus pulmones a pedazos; y, decenas de barrios mineros miserables e insalubres.
Del Distrito Minero de Zimapán las compañías mineras nacionales y extranjeras han extraído millones de toneladas de Plomo, Zinc y Plata, dejando a cambio: 20 millones de metros cúbicos de jales mineros que han contaminado el aire, el suelo y especialmente los mantos acuíferos de la zona, a tal grado que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Zimapán después de Bangladesh es el sitio QUE MÁS REBASA LOS LÍMITES DE CONCENTRACIÓN de Arsénico en el agua a nivel mundial; y, miles de personas enfermas de arsenicismo, leucemia y cáncer de mama.
Del Distrito Minero de Molango, la compañía Minera Autlán ha extraído la mayor parte del Manganeso presente en el segundo yacimiento más grande del mundo, dejando a cambio: miles de hectáreas de selva baja deforestadas; un 50 % de la población local con altas concentraciones de Manganeso en sangre que rebasan ampliamente los límites establecidos, lo cual ha causado manganosis que es un padecimiento que daña al cerebro y al sistema nervioso central, genera problemas de movilidad, de comportamiento y retraso cognitivo; y, cientos de mineros enfermos de neumonitis mangánica.
Es perverso que el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, Secretario de Medio Ambiente de Hidalgo, privilegie los intereses de la industria extractiva sobre la salud de la población y sobre el cuidado de la naturaleza, sin embargo, el designado por el Gobernador Omar Fayad Meneses para el cuidado del medio ambiente, ha dado numerosas muestras de sometimiento y servilismo con las empresas extractivas, por ejemplo, estando al frente de la SEMARNATH Rico Moreno ha presionado una y otra vez para que el Parque Nacional Los Mármoles y el Parque Nacional El Chico sean recategorizados y pierdan su carácter de Área Natural Protegida, con la finalidad de que las compañías mineras puedan explotar las vetas metalíferas existentes en el subsuelo de esos sitios; él mismo, desde finales del 2019, implementó el programa denominado “Confiando en tu palabra” o “3 de 3” el cual consiste en que la SEMARNATH debe entregar a las empresas la autorización de impacto ambiental en tan sólo 3 días si éstas prometen no dañar el medio ambiente y si presentan 3 simples requisitos administrativos, es decir, dispensa a las empresas, que elijan instalarse en Hidalgo, de cumplir con el más mínimo cuidado del medio ambiente.
Además, es preciso señalar que durante las etapas de la actualización del POETH, Rico Moreno organizó una serie de foros evidentemente manipulados y sesgados en los que convocó a diversos sectores para que supuestamente participaran, todo esto con la finalidad de legalizar y legitimar la intervención, el despojo y la destrucción del territorio por las mineras.
Dado que estamos ciertos de que la aprobación y la ratificación de la Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo elaborada por Rico Moreno, validaría el despojo y la destrucción de los territorios de los pueblos indígenas, de la propiedad social (Ejidos), de la propiedad privada, de las zonas urbanas e incluso de los espacios naturales considerados claves y esenciales, tanto para la provisión de servicios ambientales, como para la conservación de la flora y la fauna, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA):
Nos pronunciamos en contra del POETH elaborado por Rico Moreno y de cualquier farsa montada por el gobierno federal, estatal o municipal para que las empresas implementen el saqueo y la destrucción de los territorios del Estado de Hidalgo.
Llamamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses para hacer frente a este tipo de manipulaciones, sin miedo y con la convicción de que este tipo de funcionarios deben ser desterrados de la función pública y con la garantía de que si estamos organizados y ejercemos nuestros derechos no hay forma de que el saqueo se implemente.
Convocamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses a retomar sus propios procesos de libre determinación con relación al destino y al uso de sus territorios, así como a emprender la construcción colectiva del buen vivir que nos permita encontrar caminos armoniosos con lo que somos y queremos seguir siendo.
¡Territorios Libres de Minería Ya!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Minera Autlán en Hidalgo. Crédito: La silla rota Hildago
«El violador eres tú» desde Tuxtla Gutiérrez. Foto: Roberto Ortiz
*Durante 2019, organizaciones registraron 199 feminicidios en Chiapas. En contraste, la autoridad solo confirmó 20.
*El reconocimiento del feminicidio como delito en la
normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha
sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia
extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y
riesgo en la que se encuentran las mujeres en México: CNDH.
Carmen Villa, Directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH),
afirmó que la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) en
reclasificar como delito de alto impacto al feminicidio a una agravante
del homicidio, significaría una salida errónea.
La Fiscalía General de la República ha justificado esta acción como
una opción para que las investigaciones se hagan de forma más expedita y
con mayores fundamentos legales, sin embargo, Villa afirmó que hay
señalamiento de organizaciones y colectivas feministas que lo denominan
como un retroceso.
No obstante, Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República,
aseguró ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados, que la
institución no tiene tal intención.
A su vez, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional
Ciudadano, comentó que esta decisión no coadyuva con el trabajo en favor
de las mujeres, por lo que se deben de tener mayores capacidades para
atender la violencia feminicida y no ajustar las leyes.
“Hay una serie de retos, capacitar a los primeros
respondientes, analizar a detalle los elementos de prueba e integrar de
mejor forma las carpetas, ahí esta los puntos de oportunidad en mejorar
las capacidades” añadió Villa.
La Directora del OCCH comentó que el delito de feminicidio se
encuentra marcado en Tratados Internacionales, en las cuales México es
firmante.
“Quitar esta conceptualización, significa hacer un retroceso a la
lucha, ante las limitantes que se tienen para atender eficazmente los
delitos (…) Es una propuesta que no está basada en evidencia, en un
diagnóstico de la realidad para atender el feminicidio desde lo
justicial. Además, este delito no puede ser atraído por la FGR” afirmó
Villa.
Panorama
Colocan cruces rosas en la sede del congreso del Estado (1) Foto: Roberto Ortiz
Villa comentó que 2019 fue el año con más feminicidios según datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
por lo que es un acontecimiento que sigue en crecimiento y en la que las
autoridades deben implementar e incursionar para resolverlas.
En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las
Mujeres contabilizó al menos 199 muertes violentas de mujeres. No
obstante, la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo
registró 20.
En específico, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en
su Balance Anual 2019, informó que de enero 2015 y julio de 2019, Estado
de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, las entidades más
letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes, con
55, 33, 23, y 21 víctimas de este delito, de manera respectiva.
Ante este panorama, Villa agregó que el Observatorio Ciudadano de
Chiapas prepara un informe detallado desde el decreto de Alerta de
Violencia de Género, sucedido el 18 de noviembre de 2016, a la fecha, en
la cual detallarán diversos aspectos que se ven inmersos de la
violencia feminicida dentro de los 7 municipios bajo la declaratoria.
Llamado
En 2019, van 163 muertes violentas en Chiapas. Foto: Francisco López Velásquez (16)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a
la Fiscalía General de la República para no persistir en la intención
de modificar el tipo penal del feminicidio y pone de manifiesto la
obligación del Estado mexicano de prevenir, erradicar, investigar y
repara la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio.
“Es inadmisible el aumento de los feminicidios en nuestro
país, constituyendo ya una gravísima crisis en materia del respeto y
garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” CNDH.
Además, el Organismo Nacional comentó que la tipificación del
feminicidio en el Código Penal Federal es el resultado del cumplimiento
de México respecto de las obligaciones contraídas para el pleno respeto y
garantía de los derechos humanos de las mujeres, de un serio y experto
trabajo de legisladoras y legisladores.
“La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio
agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad
del contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza
el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a
través de él se busca perpetuar los patrones culturales de
subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres, niega de iure y
de facto el acceso a la justicia de las mujeres” Comisión Nacional.
¿Qué es un feminicidio?
Protestas contra Velasco opacan toma de posesión de Escandón Cadenas – Fotos Francisco López Velázquez (24)
De acuerdo con la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, se deberá entender por violencia, “…cualquier
acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en
el ámbito privado como en el público.”
Asimismo, determina que la violencia feminicida, es la forma extrema
de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de
mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los
albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad
de género y las consecuencias extremas de la misma, en la vida de las
mujeres.
Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la
promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia
feminicida”, que de acuerdo con esta “…es la forma extrema de
violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta de mujeres…”
Por ello, para contribuir a garantizar que las instituciones
reconozcan y castiguen los asesinatos de mujeres, en 2012 se aprobó una
Reforma al Código Penal Federal, en el que se establece el Delito de
feminicidio y se definen los criterios para investigar y determinar si
tal homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, si al menos
cumple con uno de dichos criterios. Desde entonces, las entidades
federativas han incorporado en sus propios Códigos Penales ese tipo
penal, no sin tropiezos y limitaciones para su aprobación, adoptando o
adaptando el ya reconocido a nivel federal.
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a
una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de
género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
– A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
Enero de 2020, el mes más violento para las mujeres durante los últimos 4 años en Chiapas
Desde el 18 de noviembre de 2016 se encuentra vigente la Alerta de Violencia de Género, es decir, ya pasaron 4 años y 3 meses para que el estado conjuntara esfuerzos para reducir la violencia feminicida
El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de
Chiapas consideró en el reporte estadístico del mes de enero como el
inició con un mayor nivel de gravedad y agudización de violencia
feminicida durante los últimos 4 años.
El Observatorio contabilizó 18 muertes violentas de mujeres: 5
homicidios, 11 feminicidios, 1 suicidio sin carta póstuma y 1 muerte por
caso fortuito.
Además, contabilizaron 52 denuncias de mujeres desaparecidas, de las
cuales 25 aún continúan bajo este perfil y 27 ya fueron localizadas.
Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Así como 3 feminicidios en grado de tentativa.
La cifra más alarmante es que en los registros de violencia sexual
hacia mujeres ubicados en los municipios de Mapastepec, San Cristóbal de
las Casas, Suchiate, Tapachula, Tecpatán y Villa Comaltitlán, el 43 por
ciento son niñas de entre a 17 años, el 29 mujeres de 18 en adelante y
el 28 por ciento niñas de entre 0 a 12 años.
Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Imágenes: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Comunicado de Otros Mundos Chiapas en el marco de acciones de la Jornada de la Defensa del Territorio y de la Madre Tierra «Samir Somos Todas y Todos» – A 20 de febrero de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<
20 de febrero de 2020, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Otros Mundos Chiapas nos unimos a las exigencias de justicia para el compañero Samir Flores Soberanes, a un año de su asesinato. Samir era habitante de Amilcingo Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo un defensor de la vida.
En el marco de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”, recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminción de los pueblos. Denunciamos la grave imposición de megaproyectos en todo México. Mientras esto siga continuará la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.
Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. Durante el 2019 fueron asesinados 32 defensores y en lo que van de este año se suman dos muertes que, junto con Samir Flores, exigimos justicia para Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de las Mariposas Monarcas en Michoacán, y justicia para todas y todos que pierdan la vida en esta lucha. Nadie que defienda la vida tiene que morir, pero su partida son semillas que se siembran para seguir defendiéndola.
¡Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida!
¡Alto a la devastación ambiental y cancelación de megaproyectos!
Imágenes: Brigada de arte comunitario «Talimakalsinan nanu» y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre – A 13 de febrero de 2020
Los defensores del medio ambiente sufren la mayor cantidad de agresiones, según Front Line Defender, una organización internacional de Derechos Humanos. En México el impulso a megaproyectos de desarrollo desde el gobierno federal aumenta su vulnerabilidad
Texto: Arturo Contreras Camero
Los guardianes del medio ambiente son los más amenazados del mundo. 40 por ciento de los defensores de derechos humanos asesinados el año pasado estuvieron vinculados con este tipo de temas según el informe Análisis Global 2019 de la organización internacional Front Line Defenders.
En el caso mexicano la situación es peor. El 75 % de los defensores
asesinados trabajaban temas ambientales, defensa de la tierra y pueblos
indígenas. El año pasado 304 personas que defienden derechos humanos
fueron asesinadas en el mundo.
América Latina es la peor región del mundo para ser defensor de
Derechos Humanos, pues concentra el 90 por ciento de los asesinatos, y
de los 5 países con más defensores asesinados, 4 son de este continente.
En primer lugar está Colombia con 106 asesinatos, seguido por
Filipinas, 43; Honduras, 31; México con 24, y Brasil con 23.
Los casos en México podrían aumentar, pues la organización sigue
documentando casos. En el país, en lo que va de este año, han sido
asesinados tres defensores. A este contexto hay que añadir la impunidad,
pues de las 24 muertes de 2019, 11 cuentan con carpetas de
investigación, pero en ninguno hay indicios de justicia.
Así como en el caso de la violencia contra periodistas, las
agresiones en contra de defensores de Derechos Humanos son perpetradas o
facilitados por personas en el poder, ya sean funcionarios del
gobierno, policías o miembros del ejército. Entre ellos destaca el papel
de los poderes municipales, quienes se ven involucrados en lso casos
por omisión, acción o aquiescencia, es decir, que se hayan beneficiado
de alguna manera por las agresiones
Destruir el medio ambiente para combatir la pobreza
Desde la entrada de la nueva administración federal se implementó una
política de combate a la pobreza a través de la creación de
megaproyectos ambientales que buscan desarrollar zonas rurales del país.
Con ello, según dice el informe, aumentó la criminalización en contra
de estos actores, que son los menos visibilizados y quienes mayor acceso
tienen a estas comunidades.
“El continente fue testigo de la creciente privatización de los
servicios públicos básicos, la flexibilización de la legislación
ambiental y laboral, la creación de nuevas leyes para debilitar el
activismo de derechos humanos y el desmantelamiento de las políticas
diseñadas para hacer frente a la desigualdad” señala el informe.
Ángeles Hernández, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos
señaló que es importante identificar y reconocer la diversidad de
personas defensoras. “Son los que están allá afuera luchando por
construir un mejor panorama y por cambiar el mundo que vivimos, que
están luchando porque la dignidad de todos sea respetada”.
Al respecto, Jesús Peña, representante del Alto Comisionado de los
Derechos Humanos de la ONU, dijo: “La mitad de las persona defensoras
tenían un vínculo con la defensa del medio ambiente por el contexto en
el que viven. Don escritoras, maestras o comunicadoras que decidieron no
quedarse calladas. Estas personas son los agentes fundamentales para
asegurar un futuro sostenible. Sus asesinatos y desaparición es el
culmen de la agresión, resultado de una criminalización que señala que
quienes protegen el medio ambiente se oponen al desarrollo”.
La deuda con las mujeres
En este esquema de agresiones, hay un subregistro de las mujeres,
aseguró Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de
Front Line Defenders.
“Las defensoras jugaron un gran papel importante liderando esfuerzos
por defender a personas defensoras de derechos Humanos, impulsando
estos proyectos a nivel nacional. Son ellas quienes, mientras más
levanta la voz, mientras más ocupan espacios, encuentran imposiciones de
grupos locales. Las señalan, usan contra ellas lenguaje que
estigmatiza, que es misógino, y buscan exponer su vida privada. Lo hemos
visto con mujeres periodistas y defensores de derechos reproductivos.
Esto obliga a que las defensoras muchas veces opten por tener menos
visibilidad en sus casos. Por ello, en este tipo de agresiones es muy
probable que exista un subregistro, pues el número de casos que son
públicos no empatan con los niveles de violencia de género que existen
en el país.
Los defensores migrantes, la otra alerta
A la par de la invisibilización de las mujeres, en el país hubo una
crecida en las agresiones contra defensores de la población migrante.
Desde el cambio en la política migratoria del Gobierno de México, a raíz
de las presiones comerciales de Estados Unidos, hay una mayor
criminalización en contra de la migración, y por tanto una restricción a
los que los defienden.
Desde la primera caravana de migrantes a finales de 2018 a la fecha
hay 64 hechos de agresiones a defensores de migrantes, entres ellas
destacan los ataques a albergues, entre los que hay intentos de
allanamiento de la Guardia Nacional, revisiones migratorias afuera de
los albergues y criminalización de defensores, como el caso de Irineo
Mújica y Cristóbal Sánchez, quienes enfrentaron cargos de trata de
personas y fueron detenidos sin pruebas.
“En este panorama encontramos un discurso estigmatizante a partir de
acciones criminales. Se habló de que los albergues podrían estar
inmiscuidos en trata de personas. Incidentes como el incendio al
albergue de La Sagrada Familia en Tlaxcala, o la desaparición del
defensor Aarón Méndez. Incluso, en esta situación hay otras personas que
ni siquiera pueden dar sus nombres, pues pueden ser deportados”,
aseguró Ángeles Hernández, de la red TDT.
El ejemplo de Nahuatzen
Durante la presentación del informe Efraín Avilés, del Consejo
Ciudadano Indígena Nahuatzen compartió su testimonio sobre las
agresiones que enfrentan en su comunidad. Desde hace unos años el
poblado de Nahuatzen, en la meseta purépecha de Michoacán lucha por un
proceso de autonomía y autodeterminación. “En 2015 nuestra comunidad
decide tomar ese camino por la inseguridad y por los problemas de Tala
Clandestina que tenemos. Ese año tuvimos muertes por luchar en contra
del rezago histórico que tenemos en atención a servicios básicos”.
De acuerdo con el último informe de Coneval, este municipio es el más
pobre de Michoacán. Actualmente hay tres personas detenidas ilegalmente
por defender el ambiente.
“Enfrentamos una situación difícil. No recibimos atención por parte
de las instituciones de defensa del medio ambiente, por lo que el
proceso de reforestación que queremos llevar a cabo parece imposible.
Pedimos que nos apoyen en algo, en lo que sea. Esperemos se logre en
este año”, dijo el representante de la comunidad.
“Lo que buscamos es que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que se reconozca nuestra autonomía. Estamos convencidos que con hace falta un proceso de reconocimiento por parte del gobierno federal; que reconozca que nuestra cultura ha sido poco menos que forzada a desaparecer”.
Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)
Este pueblo zapoteco que se rige por sistema normativo de usos y costumbres ganó un amparo contra la minería en su territorio. Sin embargo, las empresas Continuum Resources LTD y Minera la Natividad desacatan dicho mandato judicial federal
Por Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese
a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el
Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su
territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía
Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este
mandato judicial federal.
Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de
la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se
amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una
incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés
Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce,
hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.
En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam
de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado
de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente
del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la
decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la
minería”.
Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la
comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda
de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la
autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.
Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera
canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y
otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la
Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y
otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero
dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la
ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su
propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época
prehispánica.
La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de
Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano
y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal
como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.
En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las
concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el
territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa
Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.
Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de
Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le
reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad
indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los
intereses de particulares.
Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y
pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido
discriminación y racismo en la impartición de justicia.
Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.
“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la
empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia
la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia
se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando
contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha
de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora
sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.
El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen
30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la
OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y
América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.
Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples
razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han
llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta
sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.
Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado
siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés
Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de
las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario
porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de
la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las
concesiones”.
“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de
Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos
está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad
indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción
en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a
seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.
Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el
dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido
brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca
del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la
cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna
institución han hecho absolutamente nada”.
Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.
Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF
Compartimos la siguiente nota publicada en el diario El economista sobre el Tren Maya y sus proyectos subsecuentes – A 31 octubre de 2019
El Fonatur pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.
Por Jesús Vázquez
Cancún, QR. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pidió al ejido de Bacalar la incorporación de 1,000 hectáreas al proyecto urbano inmobiliario que acompaña al Tren Maya, además de otras 6 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.
Luis
Chimal Balam, comisario ejidal de Bacalar, aseguró que desde la última
reunión con Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, hace más de un
mes, las negociaciones están estancadas, pues la asamblea ejidal no
autorizará incorporar una superficie tan grande al proyecto sin tener la
certeza de que habrá un beneficio económico para los ejidatarios.
“Ellos quieren hacer negocio con nuestras tierras, pero no tenemos
claro de qué manera nos beneficiaremos nosotros. Nos hablan de ser
socios, pero no nos han mostrado una propuesta concreta”, explicó.
El líder ejidal agregó que no hay acuerdo tampoco en la superficie que están dispuestos a incorporar al Tren Maya.
“Lo
último fue que la asamblea le solicitó a Rogelio Jiménez que se muestre
dónde va a estar la estación, dónde son los terrenos que necesitan.
Nosotros les mostramos tres lugares, uno le gustó y dijo que se iban a
hacer los estudios para después presentárselos a la asamblea, pero
después dijo que quieren 1,000 hectáreas al lado, pero lo que está
autorizado por la asamblea son solamente los terrenos a los que va a
llegar el tren”, detalló.
Desde entonces, no ha habido más
acercamientos, porque la postura de la asamblea en ese sentido es
inamovible, es decir, sólo permitir estudios en una superficie de 6
hectáreas para la estación, y esperar a que el Fonatur les presente una propuesta económica para las 1,000 hectáreas adicionales que les ha solicitado en torno a la estación, detalló.
“Rogelio Jiménez vino dos veces conmigo para decirme que tienen planeado un centro poblacional a lado de la estación; pero mi gente también necesita recursos. Le pedimos el cambio de uso de suelo a favor del ejido para después negociar las 1,000 hectáreas”, expuso Chimal Balam.
En entrevista aparte, Jiménez Pons confirmó que hay una propuesta de incorporar 1,000 hectáreas del ejido de Bacalar al Tren Maya,
pero no se trata de expropiaciones, sino de asociación con los
ejidatarios para que ellos renten sus tierras a eventuales
inversionistas de proyectos inmobiliarios que se planean detonar en
torno a la estación ferroviaria, aseguró.
El esquema de
incorporación que el Fonatur propone a los ejidatarios es el fideicomiso
de inversión y bienes raíces, figura empleada para fomentar la
inversión en bienes raíces al colocar Certificados Bursátiles
Fiduciarios Inmobiliarios en la Bolsa Mexicana de Valores, aseveró.
Este
modelo busca aprovechar el expertise del Fonatur en la generación de
proyectos, los cuales se pondrán a consideración de las calificadoras
para que acrediten su rentabilidad, “y en ese momento lanzarlos al
mercado para adquirir el capital para desarrollar las propuestas”,
considerando incluso emplear fondos de retiro, que también ya han alzado
la mano para participar, refirió.
Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos – A 21 de enero de 2020
Ciudad de México | Desinformémonos.
A once meses del asesinato del defensor nahua Samir Flores Soberanes en Amilcinco, Morelos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla y Tlaxcala aseguró que «la cuarta transformación no quiere reconocer los derechos de los pueblos indígenas», sino que «los quiere anular para que no se paren los megaproyectos en México», tales como el Proyecto Integral Morelos (PIM).
A través de una carta pública dirigida a Samir Flores, quien se
oponía al PIM y fue asesinado el 20 de febrero de 2018, el Frente
denunció el aumento de amenazas contra los defensores del territorio y
de las «historias de despojo» en el país por la imposición de proyectos
extractivos y turísticos.
Sin embargo, los integrantes del Frente aseguraron que continuarán en
la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos indígenas en
México, y explicaron que «por eso este 20 de febrero de 2020 se
emprenderán por varios días acciones en todos los espacios donde Samir
sembró rebeldía y conciencia y donde se defiende la vida como Samir la
defendió».
Se trata de «una jornada de acciones en México y el mundo para
denunciar la impunidad de tu asesinato y la grave imposición de
megaproyectos en todo México y el mundo», indicaron.
A continuación la carta completa:
Hoy caminan los pueblos del volcán, con su guardian Popocatépetl
observando, respaldando, hoy sigue caminando Samir con nostr@s. Más que
nunca presente.
Samir,
Estamos a once meses de que nos hayan arrebatado tu presencia física
de estas tierras y el ataque no cesa. Hoy y cada vez más, la presencia
del crimen organizado, como brazo armado del Proyecto Integral Morelos,
asedia en Amilcingo y Huexca. Mientras que en Puebla se siguen
recibiendo las amenazas de volver a encarcelar o asesinar y desaparecer a
compañeras o “tirarles los dientes”, utilizar la fuerza pública o la
guardia nacional.
Todo
por defender nuestro territorio de los proyectos de muerte, del
despojo disfrazado de progreso.
Te
agradecemos que no nos haya abandonado en la lucha y te pedimos que
sigas con nosotros, que nunca te nos despegues.
En
este mes más que te tenemos aquí con nosotros, festejamos el sexto
aniversario de la Radio Comunitaria Amiltzinko que fundaste con tus
amigas y amigos de la comunidad. En este mes también se celebró el
día de ayer la asamblea para nombrar autoridades por usos y
costumbre en Santa María Zacatepec, siguiendo el ejemplo que
empezaste a impulsar en Amilcingo, como el viejo tonto y loco que
eras, ¿te acuerdas de la fábula? Aquel viejo tonto y loco que, en
lugar de gastar su tiempo en ganar dinero y fama, se pasó toda su
vida sembrando un bosque para que el día de mañana los demás
tuvieran donde sobrevivir al desastre que ellos mismos se iban
creando.
Así
hoy, mi querido Samir, en muchas partes de México y el planeta están
gritando como nosotros gritamos y a ese grito conjunto le decidieron
llamar Samir, somos todas y todos, resultado del acuerdo del Foro en
Defensa del Territorio y la Madre Tierra, convocado por el EZLN y el
CNI.
Y es
que las historias de despojo en todo nuestro territorio nacional e
internacional están creciendo en todos los rincones de México y el
mundo se sufre: de la minería a cielo abierto, al histórico despojo
o falta de reconocimiento de territorios ancestrales, pasando por los
megaproyectos energéticos de termoeléctricas, gasoductos, parques
eólicos, fotovoltaicos, hidroeléctricas, así como las franjas de
la muerte moderna de los trenes maya y transísmico, el ataque a las
autonomías de las comunidades por el Estado y/o el crimen
organizado.
Y
todo eso lo llaman progreso o que nos oponemos al progreso, y ahora,
dice Monreal, nos oponemos al interés social. Su posición solo nos
confirma que la cuarta transformación no quiere reconocer los
derechos de los pueblos indígenas, los quiere anular para que no se
paren los megaproyectos en México.
Samir,
los dolores y la uniones van creciendo en el territorio nacional e
internacional, eso estamos haciendo abajo todas y todos. Pero arriba,
a once meses de tu asesinato, la justicia que debería llegar por
parte del Estado no avanza, no avanzan las líneas de investigación
sobre tu labor como defensor de derechos humanos, comunicador y
principal opositor al PIM en Morelos. Y mientras tanto, el asesinato
a defensoras y defensores de derechos humanos se va incrementando de
manera preocupante, sin que ningún caso se esclarezca o se haga
justicia. La impunidad en todos los casos, permite el aumento de
riesgos a la perdida de la vida de personas defensoras de derechos
humanos en México, siendo la omisión de la justicia, una causa
estructural de la condición de continuidad de ataques y asesinatos a
personas defensoras de derechos humanos.
Por
eso este 20 de febrero de 2020 se emprenderá por varios días
acciones en todos los espacios donde Samir sembró rebeldía y
conciencia y donde se defiende la vida como Samir la defendió , una
jornada de acciones en México y el mundo para denunciar la impunidad
de tu asesinato y la grave imposición de megaproyectos en todo
México y el mundo. Buscando mas voces y oídos que nos escuchen y a
los cuales escuchar, denunciando la grave amenaza de los
megaproyectos para la vida y la madre tierra.
Este
20 de febrero Samir, te esperamos en Amilcingo, en tu casa, y en todo
el mundo en sus corazones y latitudes, trae a toda la banda que ya
conoces por allá, porque se va poner bueno.
Samir
Flores Vive y vive, la lucha sigue y sigue
Alto
a la devastación ambiental, cancelación de megaproyectos
Cancelación
del PIM, No a la termoeléctrica, gasoducto y acueducto
Ni
una gota a la termoeléctrica
T´neki tlalle uan atl para tenochti, amo timiiske por tumi – Queremos tierra y agua para todos, no morir por dinero
Firma:
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala
Compartimos el comunicado del Movimiento Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de enero de 2020
Las comunidades afectadas por el Proyecto Minero Cerro del Gallo, junto a las organizaciones integrantes de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), tenemos la alegría de comunicar a la población de los municipios del territorio de la Cuenca de la Independencia que, después de un largo proceso informativo y de organización, de manifestaciones públicas, así como de múltiples gestiones ante las autoridades competentes -federales y municipales-, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental de la SEMARNAT ha tenido a bien resolver -el pasado 17 de diciembre del 2019- el Trámite Unificado de Cambio de Uso de Suelo Forestal, modalidad BRegional solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V -filial mexicana de la minera canadiense Argonaut Gold- para el proyecto de “EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE MINERALES METÁLICOS CERRO DEL GALLO” a ubicarse en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, en sentido negativo.
La denegación de la autorización solicitada se basa, por un lado, en una serie de inconsistencias, irregularidades y omisiones detectadas por la autoridad en el DOCUMENTO TÉCNICO UNIFICADO presentado por la empresa y por otro, en que el proyecto minero en cuestión se ubica en un territorio actualmente considerado para uso forestal y agropecuario de temporal por lo que no es congruente con la vocación natural de la región, ni con los objetivos establecidos en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET).
Es importante resaltar la Política Ecológica establecida en el programa mencionado – PEDUOET– para las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT’s) número 239 y 257, en las que se ubicaría este proyecto minero.
El PEDUOET señala entre otras cosas que, la política ecológica y los lineamientos para estas dos Unidades, son: ”restauración y mejoramiento, recuperación de la cobertura vegetal original y las funciones ecológicas de los ecosistemas, promoción e impulso de actividades alternativas para un aprovechamiento sustentable” de los recursos, que evite la disminución de capital natural, por lo que las actividades compatibles serían: acuacultura, agricultura de temporal, ganadería extensiva, forestal maderable y no maderable, turismo alternativo, entre otras. Y que las actividades no compatibles son: agricultura de riego y de humedad, agroindustria, ganadería intensiva, turismo convencional, asentamientos humanos urbanos, industrias ligera, mediana y pesada y minería, entre otras.
Nos congratulamos de que el gobierno federal haya concluido que es un proyecto inconsistente, incompatible e incongruente con la vocación de la región. Reconocemos también que el C. Miguel Ángel Rayas Ortíz, presidente municipal de Dolores Hidalgo haya honrado su palabra dada a las poblaciones afectadas por el proyecto y no haya otorgado ningun tipo de permiso para la operación del mismo, así como por sus gestiones ante las autoridades federales a favor del territorio y de las comiunidades que lo habitan.
No omitimos señalar que el total de las autoridades a quienes la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT les solicitó una opinión técnica sobre el proyecto, concluyeron que este no era viable. Pese a este triunfo de las comunidades que habitan los territorios de extracción, sabemos que la minera canadiense difícilmente cesará en sus intentos por explotar el Cerro del Gallo. En este sentido, queremos anunciar que continuaremos con el proceso informativo y organizativo con las comuidades para que, en su oportunidad, esten en posición de combatir legalmente un nuevo intento de aprobación.
Finalmente, dado el deterioro ecológico de la región debido en gran medida al abandono del campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, esperamos que las instituciones de los tres niveles de gobierno se sensibilicen con la situación y favorezcan la participación de la población organizada de las comunidades campesinas en el diseño y aplicación de proyectos de restauración de los ecosistemas, de aprovechamiento sustentable de los bienes naturales -en especial del agua- en concordancia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Guanajuato (PEDUOET) para reactivar la economía rural en la región y recuperar las capacidades de gestión de sus habitantes.
Dolores Hidalgo, Guanajuato
CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO
COMUNIDADES AFECTADAS HERMANDAD DE LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA ACCIÓN COLECTIVA SOCIOAMBIENTAL, A.C. RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Rueda de prensa Dolores Hidalgo, Gto, México. 22 de enero de 2020
Compartimos comunicado del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos del Sureste Mexicano – a 18 de enero de 2020
LLEGA CARAVANA DEL ÉXODO CENTROAMERICANO A FRONTERA SUR, LA FALTA DE CLARIDAD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS GENERAN TENSIÓN E INCERTIDUMBRE ENTRE LA POBLACIÓN MIGRANTE.
No hay claridad sobre los procedimientos migratorios que están realizando y detectamos casos de separación familiar; •
Preocupa la falta de información sobre el derecho a la protección internacional al momento de ingresar al país; •
Las personas integrantes de las caravanas tienen necesidades humanitarias que no se están atendiendo.
Chiapas, 18 de enero de 2020
Las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano reactivamos el monitoreo de Derechos Humanos frente a la llegada de la Caravana del Éxodo Centroamericano. Desde el viernes 17 de enero y durante el sábado 18 de enero cubrimos la frontera entre Ciudad Hidalgo y Tecun Umán desde diferentes puntos. Asimismo, se mantiene contacto permanente con organizaciones aliadas de Guatemala y Honduras que realizan acciones de monitoreo en el recorrido de los grupos.
Identificamos la presencia de un fuerte dispositivo de Guardia Nacional (GN), Policía Militar, Marina y Policía Federal; todos con equipos antidisturbios. Sumándose agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), Grupo Beta y personal de Bienestar Social, Protección Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y algunas personas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) vestidos de civiles. Asimismo, se observó la presencia de Organismos Internacionales como OIM y ACNUR. También alertamos de la presencia de personal de seguridad privada. Finalmente, es importante señalar que elementos de la GN y Policía Federal vestida de civil estuvieron fotografiando y grabando a las personas que integramos la misión de monitoreo durante el día sábado.
Desde tempranas horas del día, un grupo de aproximadamente 500 personas intentó cruzar por el puente internacional Rodolfo Robles y se dieron momentos de forcejeo con elementos antidisturbios de la GN, quienes cerraron la reja de acceso al puesto fronterizo y se confirmó el lanzamiento de algunos gases lacrimógenos. Desde las 9:40 horas, las autoridades encargadas permitieron el ingreso de grupos de 20 a 30 personas, y el propio colectivo decidió que primero ingresaran mujeres, niños, niñas y adolescentes. Durante las horas de espera las personas no recibieron ningún tipo de atención humanitaria y solo hasta las 13:00 horas les repartieron agua, a quienes ya estaban esperando del lado mexicano. Las personas que estuvieron esperando del lado guatemalteco no recibieron ningún tipo de atención humanitaria. Previo y durante el acceso de los grupos a las instalaciones fronterizas, el portavoz institucional fue el General de la GN en frontera sur, Vicente Antonio Hernández. El mensaje del oficial se centró en la existencia de oportunidades para todas las personas, la comprensión de los motivos de salida y la petición de orden para el registro; no se explicaron las vías de regularización y el tipo de oportunidades que se ofrecían.
Ante la ausencia de información sobre el registro y sobre su destino al subirse en los autobuses privados que fueron dispuestos por el INM, un grupo de personas especialmente hombres jóvenes intentaron cruzar por el río. Sin embargo, fueron disuadidos por elementos de la GN presentes en los distintos pasos informales ribereños. Las personas que accedieron a ingresar en grupos, la gran mayoría, se enfrentaron a una larga espera sin claridad sobre el procedimiento migratorio que empezaron, por lo que no sabían si serían regresados a sus países y tampoco hacia donde serían trasladados. Incluso, se documentaron varios casos de separación familiar por la división aleatoria de los grupos de ingreso. Algunas personas que fueron separadas señalaron que sus familiares adentro de las instalaciones se comunicaron con ellas para decirles que las iban a deportar.
En el transcurso del día, ante las reiteradas peticiones por parte de organizaciones, instituciones de derechos humanos y las mismas personas, el INM informó que serían trasladadas a la Estación Migratoria para continuar con sus procedimientos migratorios. Hasta el momento no se conoce a cuál o cuáles estaciones fueron llevadas todas las personas. Por otro lado, durante la espera del ingreso a los autobuses las personas recibieron información de personal de la SRE sobre posibilidades de acceder a los programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro” en sus países de origen. Hacia las 16:00 horas ya no había presencia de personas en el puente fronterizo, por lo que fueron reabiertas las puertas.
Ante la situación observada en el día, las organizaciones que conformamos el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano nos preocupan:
La ausencia de información y garantías de acceso al derecho a la protección internacional;
La falta de claridad en los procedimientos de ingreso y regularización migratoria que han derivado en casos de separación familiar;
La ausencia de información a las personas sobre sus procedimientos, las razones de su detención y el lugar a donde van a ser trasladadas. Los cuales son derechos de las personas privadas de su libertad y que hacen parte de los estándares y normas bajo las que se rige el INM; •
El protagonismo de la GN en durante todo el dispositivo de contención, que evidencia la consolidación de un enfoque de seguridad nacional y criminalización de la migración en el país. Por encima, incluso del respeto y garantía de los derechos humanos y mecanismos de atención humanitaria para grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la comunidad LGBTIQ+, en condición de discapacidad.
El aumento de presencia militar y de distintas fuerzas de seguridad en la región fronteriza, incluyendo los 600 elementos de la GN desplegados en el punto fronterizo de El Ceibo en el estado de Tabasco. •
Las acciones de vigilancia y hostigamiento que sufrimos las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Preocupa el estrés al que los menores se encuentran expuestos ante la presencia de la Guardia Nacional y los casos de separación familiar que se dieron al ingresar al territorio mexicano por las vías ofrecidas por el Estado.
Firmamos:
Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano American Friends Service Committee – Oficina Regional América Latina y el Caribe (AFSC), Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas-Acción con Pueblos Migrantes.
Organizaciones colaboradoras: Dignidad y justicia en el camino A.C “Fm4 paso libre” Apostólicas del Corazón de Jesús
