Compartimos esta nota de La Jornada sobre la resistencia antiminera y la lucha por la vida en la Montaña de Guerrero – A 11 de octubre del 2022
Iliatenco, Gro. Coreando “¡agua sí, oro no!” y “¡Zapata, Sandino, seguimos su camino!”, unos 500 indígenas me’phaá (tlapanecos), apoyados por activistas de diversas organizaciones, marcharon ayer en rechazo a la presencia de empresas mineras en este municipio de la Montaña alta de Guerrero.
La movilización se realizó en el contexto de la conmemoración de los 10 años de fundación de la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet), cuyo dirigente, Claudio Santos García, dijo que más de 400 comunidades de seis municipios continúan en la lucha en defensa de la tierra.
Sin embargo, manifestó su preocupación por la creciente presencia de la delincuencia organizada en los núcleos agrarios. “Hay resultados positivos, a pesar de que los gobiernos anteriores pretendieron imponer a empresas extranjeras en la región, pero los pueblos se organizaron y lucharon por su territorio; cuidar el medio ambiente y sus árboles, eso es lo más relevante”, expuso.
Santos García señaló a la empresa canadiense Media Luna de insistir en que se concesione el territorio de la demarcación; “hemos parado la imposición, porque lo quieren hacer sin consultar a las comunidades; en 10 años hemos tenido éxito relevante en defensa del territorio”.
Explicó que en la Craadet, los municipios de San Luis Acatlán, Iliatenco y Malinaltepec se han manifestado contra proyectos mineros en la zona; actualmente trabajan con nosotros Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, que están en la mira de las mineras”.
La movilización se inició en el puente ubicado en la entrada a Iliatenco y concluyó una hora después en el auditorio de los bienes comunales, un recorrido de alrededor de tres kilómetros.
Claudio Santos García alertó que a los núcleos agrarios les preocupa “cómo defenderse de la delincuencia; sabemos que están a las puertas; ahora la lucha continúa en defensa del agua y contra el crimen organizado. Hay que trabajar para que no entre en nuestros municipios”.
En tanto, Salvador Campanu, del Consejo de Pueblos de Cherán, Michoacán, reconoció a los pueblos indígenas de Guerrero que “han manifestado su organización para liberarse de las cosas que los oprimen. Han dicho ¡ya basta! Eso les permite una vida comunitaria, haciendo el uso de la libre determinación para llegar a la autonomía y ponerla en la práctica”.
El sistema capitalista “sigue trabajando con sus políticas neoliberales, haciendo uso de su programa de globalización que afecta a los indios, porque el capitalismo quiere hacerse dueño de los territorios donde existen los recursos naturales que les dan ganancia.
“No les importa a quien despojan de sus tierras; hay una crisis de desesperación en el capitalismo para tener más ganancias, pero en Guerrero hay organización y están buscando la mejor salida”, destacó.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que “hay una dimensión sagrada del territorio que es el sentido de la gratuidad y de la reciprocidad. Una comunidad sabe que no puede existir si no tiene estas redes cosmogónicas, como son el agua, la tierra, los bosques, que forman parte del nicho sagrado de un pueblo que sabe que su matriz es el territorio, donde nace el sentido de pertenencia”.
Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), recordó que hace 10 años todos los núcleos agrarios tienen actas de asamblea para definir si avalan los proyectos extractivos, “y hoy Iliatenco vuelve a refrendar el rechazo a las mineras”.
Imagen: Con motivo del décimo aniversario de la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, indígenas y activistas de diversos colectivos marcharon ayer en el municipio de Iliatenco, Guerrero. Foto Sergio Ocampo
Compartimos el pronunciamiento del Festival del Maíz en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 1 de octubre del 2022
Hoy, hoy estamos de fiesta, porque hablar del Maíz es hablar de vida.
Hoy es un día para celebrar a nuestra gente, es venerar también las manos de miles de campesinos y campesinas por todo el mundo, que siembran el alimento más bondadoso que podemos tener.
Hoy es un día para agradecer a nuestra tierra bendita, que nos permite poderlo cultivar y agradecer también a nuestro Grano excelso, «El Maíz», que es el que nos alimenta y también es el grano que nos ayuda con la economía de los mexicanos.
Es toda una expresión cultural y lo encontramos asistiendo siempre en nuestras tradiciones ancestrales.
Nuestros pueblos originarios han luchado por proteger y conservar a nuestro Maíz nativo, hacen gran fiesta con el inicio de la cosecha, porque saben que el Maíz, que el Maiz es vida.
Reivindicar del derecho de los consumidores mexicanos, a seguir alimentándose con variedades de Maíces nativos, en vez de granos transgénicos procedentes de los Estados Unidos, es algo que no tiene precio.
Para nosotros los Mexicanos, sentarse a recibir los alimentos sin Tortillas en la mesa, es imperdonable y como no haber comido.
Alimentarnos con tortilla es un ritual de todos los días.
El Maíz, es parte de nuestra cultura;
El Maíz es nuestra raíz;
El Maíz es nuestro alimento;
El Maíz es nuestra vida;
Hoy celebramos la biodiversidad y el patrimonio natural y cultural de México.
Hoy exhortamos, a que nuestra única revolución sea por seguir produciendo semillas limpias, para seguirnos alimentando.
Hoy seguiremos con sistemas de producción limpios, que resulten seguros para nuestra salud.
Hoy seguiremos preservando las 64 diferentes variedades de nuestros Maíces nativos.
Hoy seguiremos apostando por alternativas sostenibles.
Hoy sabemos, que sin el Maíz, la inseguridad alimentaria sería un caso seriamente severo.
Hoy seguimos levantando la voz para lograr una soberanía Alimentaria.
Hoy seguimos….
Los que suscribimos este pronunciamiento:
Hombres y mujeres de diversos colectivos, con ideales en común,que nos hemos unido en este Festival del Maíz, “Mujeres Rurales y Alimentacion” con la firme intencion de enaltecer a nuestro Grano portador de vida.
Hoy nos pronunciamos y decimos no a los transgénicos, los rechazamos? (Si lo rechazamos)
Hoy decimos no al glifosato, lo rechazamos? (Si lo rechazamos)
Hoy decimos no a las semillas genéticamente modificadas, las rechazamos? ( Si las rechazamos)
Hoy decimos no más al gobierno neoliberal, lo rechazamos? (Si lo rechazamos)
Hoy decimos no a las tecnologías, las biológicas, sintéticas e impulsores geneticos, las rechazamos? (Si las rechazamos)
Compartimos el siguiente informede nuestro compañero Gustavo Castro Soto de Otros Mundos Chiapas A.C. en colaboración con Stay Grounded-Permanecer en la Tierra el cual es un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México.
Comunicado de Prensa
Aeropuertos en México intensifican el Modelo Extractivista, despojo y saqueo de territorios
29 de Septiembre de 2022 – México
Hablar de aviación en México es hablar de desigualdades y despojos, puesto que los aeropuertos intensifican el modelo extractivista crucial para el capitalismo. Y hoy podemos hablar del “Modelo Extractivista Aeroportuario”, de megaproyectos de conectividad, de extractivismo, de carga y turísticos que son centrales para entender la importancia que se le da a la infraestructura aeroportuaria en México. Tengamos en cuenta también, que el país juega un papel muy importante en numerosos acuerdos comerciales con grandes potencias mundiales y es aquí donde surge la interrogante ¿para quién es toda la infraestructura aeroportuaria en México?
Las posibilidades de viajar a un destino nacional o internacional para la mayoría de la población mexicana son muy bajas, puesto que México tiene uno de los índices de vuelos per cápita más bajos de América Latina. Dentro del informe “Aeropuertos y conflictos en México” el autor destaca la desproporcionada importancia de los aeropuertos en los planes de inversión del actual gobierno mexicano.
Durante 2018, una sola empresa de autobuses en México (grupo ADO) movió alrededor de 476 millones de pasajeros, casi 5 veces más que el número de pasajeros aéreos del país, está claro que la mayoría de la población mexicana utiliza los medios de transporte terrestres como la preferencial forma de transporte.
Sin embargo, la prioridad que se le ha dado a la inversión en infraestructura aeroportuaria es tremenda no sólo en el gobierno anterior sino sobre todo en el actual. Bajo el Acuerdo Nacional de Infraestructura entre el sector privado y el gobierno federal, sólo entre el 2019 y 2021, 42 mil 458 millones de pesos se destinaron a la mejora y ampliación de 28 aeropuertos. Y para todo el periodo de la presente administración, se contemplan inversiones de distinta naturaleza para 50 aeropuertos: 40 están o serán ampliados y modernizados, 5 están en construcción, 4 tienen planes de construcción y un caso de cancelación.
Varios proyectos aeroportuarios han desencadenado conflictos socioambientales en seis de las entidades federativas. sumándose a los cuatro casos ya documentados (Aeropuertos Internacionales de Creel-Chihuahua, Guadalajara-Jalisco, Texcoco y Santa Lucía-Estado de México), el informe reconoce y caracteriza nuevos conflictos relacionados con los proyectos del aeropuerto de Tepic en Nayarit; el aeropuerto de Puebla; y los aeropuertos de Chetumal y Tulum en Quintana Roo.
El hecho de no identificar con claridad algunos conflictos no significa que no los haya, ya que como es conocido las infraestructuras aeroportuarias al igual que muchos otros megaproyectos se basan en el continuo saqueo de los bienes comunes así como la expropiación de tierras, por lo tanto la posibilidad de que surjan nuevos conflictos en torno a la construcción o ampliación de aeropuertos es muy alta.
Otro punto importante y cada vez más preocupante es el papel central de las fuerzas armadas mexicanas en la promoción y gestión de la expansión aeroportuaria. El ejército mira a los aeropuertos como la nueva frontera para generar ingresos para sostener las crecientes fuerzas armadas. El informe describe el caso del aeropuerto de Tulum, donde la presente administración está creando una nueva empresa que controlará el aeropuerto y será administrada por los militares. Un paso más hacia la no nombrada militarización del país.
Todo lo anterior está documentado en un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México a través del nuevo informe «Aeropuertos y conflictos en México» de Gustavo Castro Soto (Otros Mundos Chiapas, AC)/Stay Grounded-Permanecer en la Tierra).
En dicho informe se señalan 50 aeropuertos beneficiados por la inversión de la actual administración federal e identifica 8 conflictos socioambientales documentados relacionados. Así como un mapa de los aeropuertos ubicados dentro de territorios indígenas en México que acompaña la publicación.
Atentamente
Stay Grounded-Permanecer en la Tierra
Otros Mundos Chiapas A.C.
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura
Aeropuertos en México: allanando el camino para el turismo extractivista y los megaproyectos
septiembre 29, 2022
Aeropuertos en México: allanando el camino para el turismo extractivista y los megaproyectos
El nuevo informe «Aeropuertos y conflictos en México» de Gustavo Castro (Otros Mundos Chiapas, AC)/Stay Grounded-Permanecer en la Tierra ofrece un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México. Incluye una categorización de los aeropuertos, las aerolíneas operadoras, la movilidad de los pasajeros aéreos, los planes de inversión actuales, así como los intereses que impulsan la inversión masiva en infraestructura aeroportuaria. El informe señala 50 aeropuertos beneficiados por la inversión de la actual administración federal e identifica 8 conflictos socioambientales documentados relacionados Un mapa de los aeropuertos ubicados dentro de territorios indígenas en México acompaña la publicación del nuevo informe que destaca la lucha de más de cinco siglos de los pueblos indígenas por su autodeterminación y autonomía.
Inversión masiva en aeropuertos en un país de viajeros en tierra
México tiene uno de los índices de vuelos per cápita más bajos de América Latina. En un país en el que el 41% de sus habitantes vive en la pobreza, las posibilidades de la mayoría de la población de viajar a un destino nacional o internacional son muy bajas. Difícilmente se podría creer en tal realidad viendo los resultados del informe «Aeropuertos y conflictos en México», en el que el autor destaca la desproporcionada importancia de los aeropuertos en los planes de inversión del actual gobierno mexicano.
Principales aeropuertos (ASA y grupos aeroportuarios) en 2019 en México. Source: SCT Anuario Estadístico del Sector Comunicaciones y Transportes 2019
Antes de la pandemia de Covid-19, el número de pasajeros aéreos había ido en constante aumento, llegando a los 97,3 millones de pasajeros en 2018 – 46 millones de tráfico aéreo internacional y 49 millones de viajes aéreos nacionales, un aumento del 58,8% y 62,5% en comparación con los niveles de 2013, respectivamente. Sin embargo, la mayoría de la población mexicana utiliza los medios de transporte terrestres como única forma de transporte. Una sola empresa de autobuses en México (grupo ADO) movió alrededor de 476 millones de pasajeros en 2018, lo que representa casi 5 veces más que el número de pasajeros aéreos en el país.
Sin embargo, la prioridad que se le ha dado a la inversión en infraestructura aeroportuaria es tremenda no sólo en el gobierno anterior sino sobre todo en el actual.. Desde 2018 la administración de López Obrador (AMLO) ha impulsado nuevas inversiones aeroportuarias en todo el país. En 2019, la infraestructura aeroportuaria fue el sector más beneficiado bajo el Acuerdo Nacional de Infraestructura entre el sector privado y el gobierno federal. Sólo entre 2019 y 2021, 42 mil 458 millones de pesos se destinaron a la «mejora» (y ampliación) de 28 aeropuertos. Para todo el periodo de la presente administración (2018-2024) se registraron inversiones de distinta naturaleza para 50 aeropuertos.
Ampliando aeropuertos, extiendiendo conflictos
De los 50 aeropuertos bajo el plan de inversión, el informe describe con mayor detalle el estado actual de 40 si serán ampliados y/o modernizados, 5 que están en construcción, 4 tienen planes de construcción y 1 caso de cancelación muy polémico (el aeropuerto de Texcoco).
Además, tras determinar lo que constituye un «conflicto aeroportuario», Castro identifica cómo estos proyectos aeroportuarios han desencadenado conflictos socioambientales en seis de las entidades federativas. Sumándose a los cuatro casos ya documentados (Aeropuertos Internacionales deCreel,Guadalajara,TexcocoyFelipe Ángeles en Santa Lucía)en el Mapa de Injusticia y Resistencia Aeroportuaria, el informe reconoce y caracteriza nuevos conflictos relacionados con los proyectos del aeropuerto de Tepic en Nayarit; el aeropuerto de Puebla; y los aeropuertos de Chetumal y Tulum en el estado de Quintana Roo.
Los conflictos son similares en sus dinámicas y demandas. Las luchas por la defensa de la tierra resistiendo al acaparamiento de la misma, los reclamos de compensaciones, la lucha por los bienes comunes (agua, tierra, energía, trabajo humano, etc.), así como la lucha por la autodeterminación y la autonomía son predominantes en estos conflictos. La violencia moral y física, las constantes amenazas a la vida y la división al interno de las comunidades son también habituales. En el peor de los casos, el conflicto del aeropuerto en el territorio indígena de la Sierra Tarahumara es el culpable del desplazamiento forzado del pueblo rarámuri y del asesinato de defensores comunitarios indígenas como Antonio Montes Enríquez.
En el informe, Castro admite que la imposibilidad de identificar algunos conflictos no significa que no los haya. Dado que las infraestructuras aeroportuarias se basan en el continuo saqueo de los bienes comunes, la posibilidad de que surjan nuevos conflictos es y seguirá siendo muy alta.
Modelo extractivista aeroportuario
Más que permitir la hipermovilidad catastrófica del capitalismo globalizado, los aeropuertos intensifican el modelo extractivista, crucial para el propio capitalismo. Extractive El turismo y otros megaproyectos de conectividad y extractivismo son centrales para entender la importancia que se le da a la infraestructura aeroportuaria en México. Castro señala que todas las entidades federativas (excepto una) cuentan con aeropuertos que operan carga aérea, la cual aumentó 47.4% entre 2013 y 2018 (910 mil toneladas transportadas).
No es de extrañar que los aeropuertos de las ciudades más grandes por ejemplo, Guadalajara y la capital industrial de México, Monterrey), los de las regiones turísticas por ejemplo, Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos y Mérida), así como el de Tijuana (mayor paso fronterizo y punto migratorio del continente hayan atraído las mayores inversiones públicas entre 2019 y 2021.
Los megaproyectos más emblemáticos que impulsan la inversión masiva en infraestructura aeroportuaria son el turístico Tren Mayaresponsable del acaparamiento de tierras y del desplazamiento de numerosas comunidades indígenas y campesinas; el megaproyecto turístico «Barrancas del Cobre», el Canal Transístmico del Istmo de Tehuantepec y sus ciudades industriales; la refinería de Dos Bocas; la ampliación de puertos como Coatzacoalcos, Salina Cruz, Tuxpan y Puerto Madero; el gasoducto del sur; los complejos turísticos; los mega parques eólicos en el Istmo; el Autódromo de Fórmula 1 de la Riviera Maya; y las 19 estaciones del Tren Maya.
GeoComunes mapeando los diversos megaproyectos en el sur y sureste de México
Otro fenómeno cada vez más preocupante es el papel central de los militares mexicanos en la promoción y gestión de la expansión aeroportuaria. El ejército mira a los aeropuertos como la nueva frontera para generar ingresos para sostener las crecientes fuerzas armardas. En el ejemplo del aeropuerto de Tulum, el informe describe cómo la administración de AMLO está creando una nueva empresa que controlará el aeropuerto y será administrada por los militares, cuyos ingresos cubrirán las pensiones y las reformas de las fuerzas armadas , lo que ya ocurre también con el aeropuerto de Santa Lucía. Ambos aeropuertos Santa Lucía y Tulum contemplan la construcción de ciudades militares contiguas.
El capital internacional sigue utilizando las estructuras del Estado para mantenerse a flote, ya que el desarrollo de la infraestructura aeroportuaria con el dinero de los contribuyentes sirve a los intereses de las corporaciones multinacionales – las aerolíneas de EE.UU., Europa y Asia representan aproximadamente dos tercios del mercado mexicano de carga aérea. Después de la conclusión de este informe, la multinacional francesa Vinci Airports se convirtió en el principal accionista del operador aeroportuario mexicano OMA (Grupo Aeroportuario Centro Norte). OMA se enmarca en el Acuerdo Nacional de Infraestructura con una inversión prevista de 12.000 millones de pesos mexicanos entre 2021 y 2025.
Estas diferentes formas de extractivismo ilustran las múltiples consecuencias del crecimiento de la aviación y del sistema al que pretende servir. El informe también alerta de otras amenazas que plantea la industria de la aviación, como el aumento vertiginoso de la demanda de tierras para la producción de agrocombustibles. En México, cabe esperar más deforestación y acaparamiento de tierras como consecuencia.
La principal conclusión de este valioso informe es que mientras los gobiernos y los actores financieros internacionales sigan invirtiendo masivamente en infraestructuras aeroportuarias en México en beneficio del ejército, del turismo y del extractivismo, veremos un número creciente de conflictos en territorios comunales indigenas y campensinos.
El informe completo(sólo disponible en español)elaborado por Gustavo Castro (Otros Mundos Chiapas, AC) and Stay Grounded podrá ser bajadoaquí.También es posible bajar el mapa de territorios indígenas y ubicación de aeropuertos en Méxicoaquí.
México cuenta para el año 2020 con una población de 126,014.0241 y es el décimo país más poblado del mundo después de China, India, Estados Unidos, Indonesia, Nigeria, Pakistán, Brasil, Bangladesh y Rusia.2 Cuenta con una superficie territorial de 1,960,189 de km² y ocupa a nivel mundial el lugar 14 en mayor extensión3. La pobreza alcanza al 43.9% de la población y la pobreza extrema al 8.5% 4 El 81% de la población mexicana es urbana.5 El 12.4% trabaja en el sector primario, el 24.8% en el secundario o industrial y el 62.1% en el terciario o de los servicios.6
La crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 en 2020 provocó una caída del Producto Interno Bruto (PIB), pero sobre todo del sector turístico que había ocupado un lugar fundamental en los ingresos de divisas del país. Tan sólo en el segundo trimestre de 2020, el PIB en el sector servicios tuvo la peor caída en su historia de un 16,2% respecto al valor registrado en el mismo trimestre del año anterior.7
Sin embargo, para evitar el colapso, México evitó cerrar las fronteras aéreas durante la pandemia en 2020 y 2021, aunque aún así las aerolíneas registraron pérdidas cuantiosas. Y es que ligado al sector del turismo la aviación juega un papel importante así como la movilidad de personal que generan las inversiones en torno a los megaproyectos.
Por ello, el gobierno federal impulsa el apoyo al sector de la aviación para fortalecer al sector turístico y a los grandes megaproyectos de infraestructura de la presente administración (2018- 2024), entre los que se encuentran el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Canal Interocéanico del Istmo de Tehuantepec y el Tren Maya así como los Polos de Desarrollo asociados a ellos, la Refinería Dos Bocas, la ampliación de puertos, la ampliación o construcción de nuevas centrales hidroeléctricas, entre otros.
Por lo, anterior, el presente Informe pretende elaborar una radiografía de la infraestructura aeroportuaria de México y de los diversos actores que van desde gobiernos, Aerolíneas, Sociedades y Grupos Operadores; describir diversos elementos de su caracterización y su vinculación con intereses económicos locales y regionales vinculados a proyectos extractivos, de servicios o de infraestructura en función de las ganancias de las grandes empresas trasnacionales, que conllevan impactos sociales y ambientales. Así, identificar aquellos aeropuertos en actual conflicto y caracterizar su diagnóstico.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el litio en México – A 13 de septiembre del 2022
La falsa solución a la crisis energética del capitalismo se encamina a la profundización del Modelo Extractivo, cargando, como siempre, los costos de despojo, desigualdad y destrucción de la supuesta transición a una “economía de energía verde y limpia” a los territorios y pueblos donde se encuentran el litio y los minerales estratégicos que lo acompañan (cobalto, niquel, grafito, aluminio, hierro, fósforo, cobre entre otros); así como a la profundización de una crisis hídrica que desde hace años ya azota a este país.
Los hidrocarburos ahora serán reemplazados por la minería y, en especial, por el litio principalmente para la fabricación de baterías para “vehículos sustentables”. El control por este mineral modifica el mapa geopolítico para las naciones y las trasnacionales que dominan el mercado y la tecnología que requieren de este mineral. China, EU y los Estados miembros de la UE están imponiendo un falso discurso de preocupación global por el calentamiento global, y bajo la lógica de una necesidad de reducción de CO2, imponen un nuevo modelo de “mercado verde” que sigue despojando territorios y apropiándose de la vida de los pueblos para alimentar la voracidad de las empresas y del gran capital, bajo el puro estilo y lógica perversa colonialista.
Lejos de contrarrestar este Modelo Extractivo y buscar verdaderas soluciones virando hacia otros paradigmas de energía y estrategias al combate del Calentamiento Global, el gobierno mexicano pretende posicionarse en el control de la llave que abre las puertas del territorio a la explotación intensiva del litio en México, en el marco de controlar las ganancias que conllevará, ya que las consecuencias sociales y ambientales serán igual independientemente de la empresa que explote intensivamente este mineral.
Para ello, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la empresa estatal Litio para México (LitioMx) que será coordinado por la Secretaría de Energía (Sener), dirigido por el hijo del actual Superdelegado del gobierno federal en Sonora, una vez que termine sus estudios, y contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía auténtica, operativa y de gestión. Según la Sener: “El objeto de Litio para México es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral”.
El discurso de la “utilidad pública del litio”, el “interés y la seguridad nacional”, serán la clave para la persecución, criminalización, judicialización o estigmatización de quienes defiendan el territorio, los derechos colectivos de los pueblos, para quien se oponga a la explotación del litio a lo largo del territorio nacional.
Aunque el gobierno está lejos de tener una idea real de los yacimientos de litio en el país, más allá del proyecto de Sonora Lithium que sigue en manos de la empresa china Ganfeng, el gobierno federal ve ahora en este mineral el reemplazo del ingreso de divisas petroleras toda vez que el litio, entre 2014 y 2018, su precio se disparó hasta en un 156%, desde los 7 mil dólares hasta llegar al máximo histórico de los 17 mil dólares. La fiebre de la prospección, exploración y explotación del litio en México pondrá bajo amenaza a los pueblos y territorios en el país, que serán estigmatizados de ir en contra del desarrollo “verde”, del interés nacional y de atentar contra la paz y la seguridad del país.
Por ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita cuerpos de élite y fuerzas de seguridad especializada que le ayuden a imponer estos proyectos, por lo que es alarmante el nombramiento recientemente al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como el Coordinador de LitioMx donde estará ubicada la sede de la paraestatal, y quien en 2020 fuera el encargado de la creación de la policía minera con el fin de proteger los intereses de las grandes empresas del sector, mientras era titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana del 2018 al 2020.
En aquel momento, toda la primera generación de 118 efectivos de policía minera fue desplegada a la mina de oro Herradura de la empresa Fresnillo plc en Sonora, una de las entidades donde las afectaciones sociales y ambientales han causado mayores conflictos mineros.
Tal es el caso de los justos reclamos de los pobladores del Ejido El Bajío para la implementación de 67 sentencias agrarias favorables quedeclararon nulos e inexistentes los convenios de ocupación de tierras delos ejidatarios afectados por la empresa mexicana Penmont (filial deFresnillo plc). Estas sentencias dictadas en 2014 ordenan resarcir los daños generados por la extracción de oro en las tierras del ejido y regresar todo el oro extraído de manera ilegal del ejido.Sin embargo, la justicia no ha llegado y los riesgos para el ejido se han intensificado. Las y los ejidatarios han sido víctimas de hechos violentos como asesinatos, encarcelamiento ilegal y desaparición forzada, además han denunciado el hostigamiento constante por parte de la policía federal, el ejército y hombres armados al servicio del tío de la exgobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich, actual cónsul de México en Barcelona, además de la misma policía minera.
Así también sigue en impunidad el derrame de lixiviados de sulfato de cobre acidulado de la mina Cananea del Grupo México que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014, dejando sin agua limpia a miles y lo cual sigue generando fuertes daños a la salud de las comunidades afectadas a lo largo de los cuerpos de agua afectados.
Es así que el fervor actual por el litio en el país y el nombramiento de este personaje totalmente aliado de las empresas mineras nos deja claro que la política de la 4T va encaminada a seguir favoreciendo el avance de la minería en México, y con ello la violación a los derechos de los pueblos y el despojo de sus territorios dando continuidad al modelo extractivo de muerte.
POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre el caso #JusticiaParaBetyCariño – A 12 de septiembre del 2022
El 27 de abril de 2010, Alberta “Betty” Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, fueron asesinados en el Municipio de San Juan Copala, Oaxaca, por miembros del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), cuando la caravana de la misión civil de paz en que viajaban se dirigía a entregar ayuda humanitaria.
«Bety» Cariño Trujillo era fundadora y miembro de la Coordinación Nacional de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), y directora de la organización CACTUS en Oaxaca. Jyri era un voluntario de origen finlandés que acompañaba la misión humanitaria de paz, donde más de una veintena de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas viajaban y donde resultaron algunos más heridos.
El pasado 7 de Septiembre del presente año, un Juez del Tribunal Unitario de la Región Mixteca ordenó la liberación de los últimos cuatro presos (Daniel Martínez López, Antonio Solano Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez y Elías Cruz Merino) acusados de participar en la emboscada armada en el que fueron asesinados Betty y Jyri.
Por si fuera poco, el grupo paramilitar UBISORT continúa presente en la región con total impunidad, asediando a las comunidades e imponiendo el poder y control en el territorio, haciendo evidente la complicidad del gobierno del estado que tardó cuatro años en realizar la investigación, y de las 14 órdenes de aprehensión sólo se ejecutaron siete quienes al día de hoy ya han sido todos liberados, incluyendo el líder del grupo paramilitar Rufino Juárez y Juan Macario Bautista.
La REMA se solidariza con la familia Esparza Cariño y con la familia Jaakkola.
La REMA exige el fin de la impunidad, castigo a los responsables de los asesinatos, alto a la intimidación y amenazas a defensores y defensoras de los derechos colectivos de los pueblos.
¡JUSTICIA PARA BETY Y JYRI!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
México (MiMorelia.com).- Por medio de un reportaje el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt) indica que el récord mundial de consumo de Coca-Cola lo tiene un estado de la República Mexicana.
De acuerdo al reportaje compartido en la página del Conacyt señalan que durante los últimos años las bebidas azucaradas ha tomado gran importancia en el día a día de los mexicanos y señala que algunas de sus consecuencias son que se eleve el riesgo de contraer enfermedades como diabetes tipo 2, sobrepeso y obesidad.
Y lamentablemente el estado de Chiapas, es la región del mundo donde más se consume Coca-Cola.
De acuerdo a un estudio realizado por Jaime Page Pliego, doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur), indica que aproximadamente cada habitante de Chiapas bebe 821.25 litros de refresco por año, mientras que 160 litros es el consumo per cápita en todo el país.
Esto se relaciona con la alta prevalencia de diabetes mellitus en la región, que en la última década ha sido la principal causa de muerte.
Esta misma investigación revela que las razones por las que se ha incrementado el consumo de bebidas azucaradas en la región sureste, son la laxa legislación hacia las empresas refresqueras, campañas de mercadotecnia en lenguas locales y la poca accesibilidad de agua potable de calidad y en cantidad suficiente para los habitantes.
Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real a nuestra compañera Tania Gonzáles sobre las políticas públicas y normativas abrieron paso a las grandes empresas transnacionales y cerraron puertas a los pueblos en México – A 24 de mayo del 2022
El diagnóstico mexicano sobre las políticas gubernamentales que han permitido e impulsado el avance de las empresas transnacionales, producido por Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México, está centrado en el sector agroalimentario y coincide con el resto de los países de la región en un momento bisagra: los años 90, las políticas neoliberales y los Tratados de Libre Comercio (TLC).
En el caso específico de México el quiebre puede referenciarse con la firma y puesta en marcha del TLC de América del Norte (TLCAN). Entrevistada por Radio Mundo Real, la activista de Otros Mundos Chiapas, Tania González, explicó que esta apertura comercial, con Estados Unidos como principal socio, provocó un giro en las políticas agroalimentarias del país y concibió una perspectiva agroexportadora. Esto debilitó a instituciones y apoyos que impulsaban un desarrollo rural con los/as trabajadores/as y pobladores/as del campo como centro.
“Las transnacionales agroalimentarias están jugando un rol protagónico en la dinámica de producción y consumo de nuestro país, tanto a nivel interno como externo. Están impactando en las decisiones sobre la tierra y la tenencia, absolutamente en todo lo que tiene que ver con fertilizantes, agroquímicos y semillas. También controlan la cadena de comercialización, exportación y logística. Además, están en el comercio minorista, en la industria de los alimentos y la bebida. Es un panorama preocupante”, dijo González.
Dentro de las políticas específicas que habilitaron la concentración de poder de las empresas transnacionales, González destacó la modificación al artículo 27 de la Constitución mexicana, que permitió el arrendamiento de tierras de propiedad social. “Esto llevó a la descampesinización y disminuyó la superficie de nuestro principal cultivo, el corazón de nuestro país, el maíz”. Además, la activista contó que el cierre de la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), por falta de apoyo y fomento, permitió la entrada a las transnacionales de semillas, ya que la producción nacional se vio desabastecida.
Por otro lado, las políticas alimentarias de México tienen como principales proveedores a empresas transnacionales y los programas apuntados al campo incluyen paquetes tecnológicos con semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas. El informe diagnóstico de México también cuestiona las políticas de subsidio del agro orientada a la exportación. “Se les dan subsidios a grandes productores que trabajan con empresas transnacionales, incluso Cargill ha recibido subsidio”, contó González.
Las empresas acaparan y controlan toda la cadena agroalimentaria, incluso la comercialización minorista. El informe recoge un término utilizado por la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo ETC: la Walmartización. González explicó: “es un cambio de relaciones personales y cotidianas en base a la alimentación y la salud. Son modelos de relaciones estandarizadas y mercantiles, no sabemos quién produce ni de dónde viene. Hoy en una sola tienda compramos medicamentos, ropa y comida. Es peligroso porque es un modelo que controla toda la cadena y reduce la posibilidad de competencia de los pequeños productores y minoristas”.
Las consecuencias directas de todas estas políticas recaen sobre campesinos/as, indígenas y pequeños/as comerciantes. Y doblemente sobre las mujeres de estos sectores. González lo analizó desde dos puntos. Uno es que las políticas de subsidios para mujeres en México “refuerzan roles convencionales de género y la división sexual del trabajo, además aumenta la carga de trabajo de las mujeres”, quienes terminan por ser el sustento del hogar, pero sin los derechos a la propiedad de la tierra y por lo tanto sin lugar para la toma de decisiones en el territorio.
El otro punto es que, unido a la descampesinización, se dan los procesos de migración que tienen impactos negativos sobre las mujeres. “Trabajan en la agroindustria hortícola, con condiciones laborales precarias, salarios más bajos, pagos por hora y temporales”, explicó González.
Ante el avance transnacional motivado desde la esfera pública y legal, Otros Mundos Chiapas propone acciones de incidencia social y prevención en territorios. Aún con el cambio constitucional, en México la forma de propiedad social de la tierra representa más del 50 por ciento del territorio nacional. Esto es una oportunidad, ya que según explicó González, “no existen proyectos de ninguna índole donde no tengan que intervenir el municipio y la asamblea de los núcleos agrarios; las empresas tienen que negociar y confrontar sí o sí a las comunidades”.
*A fines de 2021 Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de ocho países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder.
En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región, que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran: escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados.
Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a los/as referentes de las organizaciones de ATALC involucradas.
Compartimos esta entrevista realizada por Julio Martínez de El Asombrario sobre las y los defensores de la vida asesinados en México – A 16 de mayo del 2022
Según Reporteros Sin Fronteras, en lo que llevamos de 2022 once periodistas han sido asesinados en México. Unas cifras que se unen a los ataques sufridos por los activistas ambientales durante 2021, que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha datado en 25 homicidios, siete más que en 2020. Ante unas informaciones tan alarmantes, desde ‘El Asombrario’ hemos querido entrevistar a Gustavo Castro,un ambientalista con décadas de lucha ecologista a sus espaldas. De hecho, fue el único testigo de la muerte en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres. Durante la conversación, Castro ha analizado las causas de estas agresiones en América Latina, al mismo tiempo que ha recordado la figura de su compañera Bertita, como así la conocía.
¿Cómo calificaría la situación de los defensores ambientales en México y en Centroamérica?
Estamos en un punto muy complicado. Desde 2021 se vienen registrando los mayores índices de asesinatos a activistas y a periodistas. Una situación que no sólo se está produciendo en México, sino en toda América Latina. Entre las causas se encuentra la aceleración del extractivismo [de materias primas] en la región. Una circunstancia que ha generado la resistencia de los movimientos ecologistas y la consiguiente persecución de sus integrantes. En el caso mexicano, el actual presidente –Andrés Manuel López Obrador– ha impulsado grandes megaproyectos que están conllevando unos impactos ambientales y sociales descomunales. Por tanto, la reacción de las organizaciones ambientales no se ha hecho esperar. Y no únicamente con protestas. También con acciones jurídicas en contra de dichas decisiones. Un descontento que la administración actual [la de López Obrador] ha criminalizado, con el fin de evitar que sus megaproyectos se detengan…
Entre las mencionadas obras públicas, ¿se encontraría el ‘Tren Maya’ que se está construyendo en la Península de Yucatán?
Así es. Se trata de una de las propuestas de mayor dimensión. El gobierno se encuentra promoviendo más de 1.500 kilómetros de tren, que van a afectar a gran parte de la selva maya. De hecho, el proyecto ya estaría impactando sobre la deforestación, el uso del agua o la extracción de la energía. Incluso se estaría aprovechando este plan para estimular otras iniciativas poco sostenibles, como pistas de fórmula 1 o complejos hoteleros. Todo ello, además, en una zona muy rica en lo arqueológico, en lo ambiental y en lo cultural.
Por otro lado, la presencia de compañías mineras canadienses en México, ¿cómo estaría afectando a esta situación?
Estas sociedades son las principales inversoras del sector extractivo mexicano. Unas actividades mineras que han generado mucha criminalización y persecución. Precisamente, ahora estamos demandando explicaciones al gobierno de Canadá por el asesinato de Mariano Abarca [el 27 de noviembre de 2009] a manos de una de estas compañías. Sin embargo, el ejecutivo canadiense no acepta que la empresa participase –aunque fuera por omisión– en el homicidio.
¿Qué medidas se podrían tomar para transitar de un modelo extractivo a otro con un mayor peso de las renovables?
El problema de fondo no es el bien natural. Es la forma de extraerlo. De hecho, existen dos alternativas. Por un lado, la descentralizada, donde las comunidades consiguen fuerza energética directamente del entorno, con un impacto ambiental casi nulo y donde tienen el control de la totalidad de la producción y distribución. Y por otro, está el modelo centralizado, en el que hay una sola empresa que emplea y controla una gran extensión de territorios para generar energía y distribuirla a una gran cantidad de clientes. En consecuencia, necesitamos una transición desde la fórmula centralizada a la descentralizada. Y, con este fin, hay que implementar mecanismos para que en los municipios se generen distintas opciones de obtención energética.
Regresando al problema de la persecución de los activistas ambientales en México, hemos hablado de las causas relacionadas con la política extractivita, de la responsabilidad de las compañías transnacionales o de los grandes megaproyectos. Pero ¿qué papel tiene la corrupción en estos ataques? ¿Y el crimen organizado?
Acaba de tocar dos puntos que son fundamentales. En primer lugar, la corrupción. La ciudadanía suele darse cuenta cuando los gobiernos no hacen las cosas bien, pero ¿quiénes son los que ofrecen el dinero para corromper a las instituciones públicas? Normalmente, las grandes empresas transnacionales, que impulsan el cabildeo entre los diputados para conseguir la aprobación de leyes que beneficien sus intereses, para obtener los mejores precios o para hacerse con las concesiones más rentables. Y luchar contra esto es una tarea titánica, sobre todo cuando las corporaciones han asaltado el Estado y han tomado el control del poder ejecutivo. Se acaba produciendo una fusión entre el dominio económico y el estatal…
En cuanto al crimen organizado, se ha desarrollado de forma tan acelerada que ya se vislumbra una fusión entre el narcotráfico y las autoridades políticas y empresariales. De esta forma, nos podemos encontrar con narcoestados. Una circunstancia terrible que estamos observando tanto en México como en toda América Latina. En este contexto, la violencia se agudiza muchísimo más, ya que los cárteles ostentan el poder de los territorios y de la policía. Entonces, la persecución a los defensores ambientales se multiplica.
¿Qué lugares de México se pueden considerar ‘narcoestados’?
La pregunta se ha de formular al revés. ¿Cuáles no lo son? Estamos en un país donde hay 100.000 desaparecidos; donde el narco está utilizando drones para lanzar bombas contra el Ejército; donde existe un crimen organizando que, en definitiva, trae de cabeza al gobierno federal. Una presencia de los cárteles que nunca pensábamos que fuera a llegar a Chiapas [Gustavo Castro vive en este Estado mexicano del sur, que nunca ha tenido una gran presencia del crimen organizado]. Por eso, estamos sorprendidos de cómo en los dos últimos años –desde el inicio de pandemia– los indicadores de violencia también se han incrementado en esta zona. Se ha observado un aumento de las fosas comunes, de los desaparecidos, de los enfrentamientos armados entre los narcos…
¿Por qué se está produciendo este avance en emplazamientos que, hasta no hace tanto, no sufrían este problema?
Hay que tener cuenta que México cuenta con una relevante frontera terrestre con Estados Unidos, el lugar del mundo con mayor consumo de droga. Por tanto, todos los estupefacientes han de pasar por nuestro país. Sin embargo, y por diferentes circunstancias –como el tratado de libre comercio o la edificación del muro que separa ambas naciones–, el narco decidió que también quería fomentar el consumo nacional mexicano. Y, para facilitar el acceso a las mercancías, decidió estimular la siembra de los estupefacientes aquí, en nuestro país. Tras ello, el siguiente paso que dio fue el de la ampliación de sus negocios, a través de extorsiones, secuestros, lavado de dinero, tráfico de migrantes, de órganos, de niños y de armas… Un fortalecimiento de su presencia que se ha visto ayudado por la pandemia, ya que durante la misma no hubo control del espacio –ni ciudadano ni gubernamental–. Con la llegada de la Covid19 nadie salió a la calle, por lo que el crimen organizado se movilizó más fácilmente.
¿Se está normalizando la violencia?
Yo creo que sí. Hay tanta información sobre asesinatos y desaparecidos que la ciudadanía ya no se escandaliza ante estos hechos. Desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a que cada día se produzcan decenas de homicidios, feminicidios… En este contexto, la pregunta para los defensores ambientales o para los periodistas es: ¿cómo nos vamos a proteger? No vemos que las administraciones estén respondiendo ni que tengan la capacidad para ello. No pueden hacer nada en contra del narco. El crimen organizado se encuentra sumamente armado…
¿Qué tal funciona el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas? Se trata de una fórmula implementada por el gobierno mexicano para la salvaguarda de aquellos ciudadanos que, por su labor profesional o activista, han sufrido –o sufren– el hostigamiento de diferentes grupos.
Es un recurso muy criticado y muy débil. Asimismo, tampoco se constituye como un elemento disuasorio de los ataques. Los asesinatos y las amenazas continúan. No es capaz de evitar la violencia. De hecho, se encuentra rebasado, por lo que hay que plantearse otras fórmulas.
¿Qué medidas se tendrían que adoptar para proteger a defensores ambientales, a informadores y a otros sectores amenazados en México?
Se debe apostar, en primer lugar, por un incremento de la formación en protocolos de protección en las comunidades, en los colectivos y en los propios activistas. La gente debe abrazar mecanismos de seguridad y cuidado a nivel personal, familiar, colectivo y organizativo. Es algo indispensable que se está incentivando cada vez más.
Por otro lado, se encuentra la solidaridad internacional. Cuando alguna violencia se posiciona a nivel de todo el país, entra este recurso. Lamentablemente, dicha posibilidad se emplea cuando ya ha sucedido el mal y no existe otra alternativa. Además, somos conscientes de que dicha opción también es muy difícil de implementar, ya que los afectados han de tener los contactos necesarios fuera del territorio para poder beneficiarse de esta posibilidad.
No quiero terminar esta conversación sin preguntarle por Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada el 2 de marzo de 2016. ¿Cómo está viviendo su ausencia?
Tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno de Honduras acelere la publicación de la sentencia en contra de David Castillo [ex presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., ex oficial de inteligencia del Ejército hondureño y considerado coautor del crimen]. Esperamos que el fallo sea de al menos 30 años de prisión. Y a partir de este punto, queremos que el juicio siga avanzando y se diluciden las responsabilidades de los posibles autores intelectuales del asesinato de Berta. Entre estos últimos se encontraría la familia Atala, una de las más importantes de Honduras. En cualquier caso, Bertita [Cáceres], a través de su legado y figura, sigue estando presente en los movimientos, en las organizaciones y en las conmemoraciones de cada 2 de marzo. Se ha convertido en un icono y en una bandera de lucha y esperanza por un mundo mejor.
Como último testigo de Berta Cáceres con vida, ¿qué reclama para que se eviten este tipo de crímenes?
Los gobiernos deben detener la corrupción y la venta de nuestros países a intereses espurios cuya acción, en el fondo, implica el despojo total a los campesinos y a los pueblos indígenas. En este sentido, si los sectores afectados se sienten dañados, acabarán reaccionando. No en vano, la gente siempre va a proteger su casa, su territorio y, en definitiva, su forma de vida.
Compartimos con ustedes este boletin de prensa y el informe de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería y el covid durante la pandemia en el 2020- A 24 de mayo del 2022 >>Descargar informe en pdf aquí <<
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
>>Informe aquí abajo<<
Informe REMA: La Lucha por lo Esencial
Sobre cómo la minería se benefició de las restricciones sociales durante la contingencia de Covid-19 y la necesidad de fortalecer la defensa territorial
El día de hoy, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería presentamos el informe La Lucha por Lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, en el que reflexionamos sobre las vivencias de las comunidades en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales mineros han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza en los territorios. En este informe visibilizamos la asimetría que durante esta pandemia se profundizó entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste. A dos años de la pandemia, los territorios en resistencia a la minería se recuperan y es importante volver plantear lo que consideramos realmente como esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia? Documentamos la forma en que la minería en México logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”, echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, las ventanillas institucionales les fueron abiertas nuevamente.
A pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, en los trámites para permisos ambientales para la exploración y explotación minera, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020. Así, desde junio 2020 a diciembre 2021, la SEMARNAT ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 entidades de la República.
Además, la incertidumbre y el cierre económico que se generó por la pandemia, favoreció el aumento de los precios de metales como el oro y plata en el mercado internacional. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Este crecimiento acelerado de precios permitió que -pese a la crisis- el sector minero se recompusiera rápidamente, hasta obtener ganancias históricas en varios casos.2
Asimismo, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas y lograron, al mismo tiempo, obstaculizar los esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aún más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando. Especialmente, durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus afectaciones.
Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca, recopiladas para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia Nacional, mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades.
Es así que después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía, no hubo tregua. No se cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes, o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se movió un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar quienes han generado tantos daños al agua, a la tierra, a la salud y a la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos.
El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global por la Coalición contra la Pandemia Minera, lo cual lanza hoy su informe Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera. Éste informe abarca 16 casos de estudios de 9 países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en contra de las comunidades organizadas.
A pesar de estas condiciones adversas, en México como en toda América Latina, las organizaciones y las comunidades siguieron y siguen luchando, buscando la forma de cuidarse y no perder su territorio.3
Desde la REMA, tenemos más claro que nunca la importancia de prevenir el acceso de las empresas mineras a los territorios, de informar a las comunidades, de dialogar, de documentar los daños y desmitificar las mentiras del modelo minero. Para la construcción de un futuro digno es indispensable prevenir y evitar los daños que generan los proyectos extractivos, al mismo tiempo que se promueven alternativas de vida al sistema capitalista -desde la agroecología hasta los sistemas de energía comunitarios-. Las acciones para el ejercicio de los derechos colectivos y la defensa de la salud comunitaria, del medio ambiente, del agua y de la soberanía alimentaria, entre otras, son imprescindibles en los territorios. Esto es lo verdaderamente esencial.
La minería no es una salida a la crisis, es su profundización
¡Territorios libres de minería! Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Informe: La lucha por lo esencial
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
INTRODUCCIÓN
A dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo los grandes capitales han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza ahora y en el futuro. Sin embargo, no ha sido solamente el sector farmacéutico el que está generando ganancias históricas con nuestra desgracia sanitaria,1 sino que ésta también parece ser una pandemia hecha a modo para el sector minero.2
Pero ¿cómo es que la minería se benefició con la pandemia? En este informe documentamos la forma en que en México la minería logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”. Se lo hizo echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada de vigencia en julio del 2020 del renegociado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC y, poco después, por el anuncio de la creación de la Policía Minera.
Además, la misma incertidumbre generada por la pandemia y el cierre económico que se dio al inicio, favoreció el aumento de los precios de los metales como oro y plata. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Y a pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020 en los trámites de permisos ambientales para la exploración y explotación minera.
A pesar de que rápidamente a inicios de la pandemia surgieron reflexiones acerca de que la pandemia develaba las consecuencias más nefastas de la depredación del capitalismo, y que resultaba más urgente que nunca el trabajo en defensa del territorio y la naturaleza, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas, logrando obstaculizar estos esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aun más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.
Protesta El Bajio en CDMX
Especialmente durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus grandes daños. Los testimonios de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el valle de Ocotlán en Oaxaca, recopilados para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo repercusiones graves y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el estado federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, se aumentó la militarización del país con un gran despliegue de la Guardia Nacional, a la vez que el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades, tal como describimos en más detalle en adelante.
Con este documento queremos visibilizar la profundización de la asimetría que durante esta pandemia hubo entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y a las comunidades que se oponen a éste. También buscamos volver a plantear lo que debe ser considerado realmente esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
Una producción de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), http://www.remamx.org/ Texto y compilación de testimonios: Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos. Revisión: Ángeles Mariscal e Isabel Velásquez. Diseño: Otros Mundos, A.C./REMA Chiapas. https://otrosmundoschiapas.org/ Foto Portada: FPDS Chiapas. Agradecemos a los miembros de la Rema de las entidades participantes por la donación de sus fotografías para este informe. Agradecemos por su participación a: Comunidades Unidas de Zimapán, Hidalgo; Ejido El Bajío, Sonora; Articulación por la Vida contra la Minería del Valle de Ocotlán, Oaxaca; Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan, A.C., Epazoyucan, Hidalgo; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de Junio’, Acacoyagua, Chiapas. Este informe forma parte de una iniciativa de documentación a nivel global coordinada por la Coalición en Contra de la Pandemia Minera, https://miningpandemic.org/es/. Impresión gracias al apoyo de Salva la Selva, https://www.salvalaselva.org/ México, Mayo 202
Compartimos este informe especial publicado en QuintoElemento Lab sobre la desaparición forzada en México- A mayo 2022
Por Marcela Turati, Efraín Tzuc y Thelma Gómez Durán
México acaba de rebasar la deshonrosa cifra de 100 mil personas desaparecidas.
Cien mil personas faltan en sus propias vidas, le faltan a sus familias, le faltan a su comunidad, le faltan a la sociedad.
Los números otorgan una dimensión a esta epidemia de violencia: de cada 100 personas que han sido desaparecidas, 75 son hombres y 25 son mujeres.
Los números le dan dimensión al desastre humano en que el país se ha sumido: de cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad; y de éstos, cuatro aún no han cumplido 12 años.
Toda desaparición es una catástrofe. Es una mamá que deja su propia vida para dedicarse a buscar a la hija o hijo ausentes. Es un maestro que no vuelve a dar clases. Son varios hermanos que abandonan los estudios porque les arrebataron al papá. Es una casa con un cuarto vacío, intacto, transformado en memorial. Es una milpa sin arar. Es una familia condenada a la tortura de buscar, y acosada por las enfermedades que se alimentan de la incertidumbre y la impunidad.
Las desapariciones son el miedo que se cuela como niebla y carcome el tejido social.
Habitación de Milynali Piña Pérez desaparecida a los 13 años de edad el 14 de agosto del 2012 en Tamaulipas. Su madre, Graciela Pérez, se ha dedicado a buscarla desde entonces. Foto: Mónica González
En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pero se aceleró y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó su “guerra contra las drogas”. Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de 4,086%.
Estos casos son sólo de los que se tienen registro. Hay un número incalculable de personas desaparecidas que nunca llegaron a las estadísticas.
Las cifras han cambiado y el ritmo en que se producen también. Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó al país, un promedio diario de ocho personas fueron desaparecidas. Con Enrique Peña Nieto, el número se duplicó y saltó a 16. La vorágine no ha parado. En los tres años y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra escaló a 25.
Y no se detiene.
La maquinaria de las desapariciones mantiene un ritmo imparable: cada día entre el 1 de diciembre de 2006 y el 3 de mayo de 2022, cada uno de esos días, un promedio de 15 personas han desaparecido de manera inevitable.
La huella de las ausencias se ha extendido por todas partes. En la lista total de 100 mil personas desaparecidas, el 63% de los municipios del país han sido alcanzados por la mancha de la desaparición: en 1 mil 574 municipios, al menos una persona fue reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada.
Cinco son los municipios más golpeados al tener más de dos mil registros: Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
De la “guerra sucia” a la llamada “guerra contra las drogas”
En México, la acción violenta de desaparecer gente tiene una larga historia.
Si miramos al pasado, el registro oficial arrancó con el caso de un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en marzo de 1964, en el municipio de General Bravo, en Nuevo León.
Desde entonces y hasta 1990, Guerrero fue el epicentro de las desapariciones. De esa entidad era la mitad de las 920 víctimas que están registradas en ese periodo conocido como “guerra sucia”, cuando el Estado mexicano usó la desaparición como método represivo para combatir a quienes consideraba opositores y “corregir” a la población.
Contingente que el 30 de agosto de 1978 acompañó al Comité ¡Eureka! a la Cámara de Diputados, para entregar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos. Foto: Archivo General de la Nación.
En el país nunca han dejado de desaparecer personas. En la década de los 90 se reportó la ausencia de 250. La transición política vivida en el año 2000 no llevó a que cesara esta práctica y tampoco terminó con la impunidad de la que goza este delito. En el sexenio de Vicente Fox se sumaron 819 más.
Así que antes del 2006 se acumularon, al menos, mil 989 personas de las que, hasta ahora, no se sabe dónde están.
La desaparición se instaló como una práctica cotidiana, masiva y sistemática de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública. Durante los 15 años que lleva instalada la llamada “guerra contra las drogas”, México se convirtió en un hoyo negro. Un mapa marcado por ausencias. Una vergüenza que lesiona a toda la humanidad.
¿Qué sabemos sobre las personas ausentes y los territorios que habitaban?
En Quinto Elemento Lab nos propusimos buscar las pocas pistas que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).
Con apoyo de la iniciativa MORLAN, se realizaron miles de descargas automatizadas de la plataforma de consulta de ese registro para intentar reconstruir con diversos fragmentos una parte de la base de datos, ya que ésta no es pública. Así pudimos descubrir los días y semanas en que ocurrieron más desapariciones y cómo esta crisis se ha extendido en cada municipio a lo largo del tiempo.
También exploramos la última base de datos disponible que realizó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que integra registros de personas desaparecidas que van de 1964 a junio de 2018 e incluye información sobre personas localizadas con vida o fallecidas.
La información compilada es un caleidoscopio que muestra distintos fragmentos de la desaparición en México. Para este análisis, decidimos enfocarnos en el periodo de enero del 2006 a mayo de 2022. En ese lapso de poco más de 15 años ocurrieron ocho de cada 10 desapariciones que ha registrado México.
Madres con hijos desaparecidos protestan en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en Saltillo, Coahuila, en junio del 2013. En 2009 comenzó la “epidemia” de las desapariciones en esa entidad. Foto: Mónica González.
Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias.
Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje.
En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50% de las desapariciones.
En el 2006 sólo un municipio, Guadalajara, registró 20 personas desaparecidas, el número más alto en todo el país en ese momento. A partir de ese año, este crimen comenzó a propagarse en el norte, en especial en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.
Para 2007, en Ciudad Juárez el número de personas desaparecidas saltó de 13 a 68 casos. Lo ocurrido en esa frontera se replicó en otras regiones. Ese año, Culiacán y Torreón se asomaron en el mapa de personas desaparecidas con 41 y 34 registros, respectivamente.
A partir de ese momento, Torreón se instaló como lugar de peligro. Durante cinco años, ese municipio de La Laguna permaneció entre los diez con más casos. Para 2009, con sus 182 registros alcanzó niveles alarmantes.
En ese 2009, el noreste del país —Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Reynosa y Piedras Negras— comenzó a concentrar los números más altos de desapariciones. Ciudad Juárez, entonces la ciudad más mortífera del continente, mantuvo también esa tendencia.
En otras geografías, ese mismo año, Guadalajara —metrópoli que entonces tenía poco más de millón y medio de habitantes— sumó 60 personas desaparecidas, sólo un caso más que los contabilizados en Matamoros, ciudad fronteriza con la tercera parte de la población que tenía la capital de Jalisco.
En el mapa del 2009, también destacó el poco habitado municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, con 39 registros, el mismo número que presentó el municipio de Puebla, en el centro del país.
El año de la pesadilla: 2010
El 2010 marcó el parteaguas de la violencia en México. Ese año se rompieron los límites de lo imaginable. Su estela de muerte y destrucción dejó una herida difícil de remontar.
La ruptura entre antiguos aliados, los cárteles de los Zetas y del Golfo, y la disputa por territorio, rutas y control de la población, tuvo un alto costo social: poblaciones enteras pagaron por ello.
Si un año antes ningún municipio registró más de 200 desapariciones, para 2010 hubo lugares en los que se documentaron cifras récord: esa saña se notó en Matamoros (con 397 personas que faltan) o Monterrey (con 372).
En el fragmento de 2010, entre los diez municipios con más casos apareció, por primera vez, el municipio de Durango, que registró 145.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.
En 2009, los diez municipios con más personas desaparecidas fueron: Torreón (182), Piedras Negras (39), Culiacán (32), Coahuila; Nuevo Laredo (75), Matamoros (59), Reynosa (50), Tamaulipas; Monterrey (69), Nuevo León; Guadalajara, Jalisco (60); Juárez (57), Cuauhtémoc (39), Chihuahua; y Puebla (39), Puebla. En 2010, los municipios que sufrieron más este crimen fueron: Matamoros (397), Reynosa (164), Nuevo Laredo (135), Tamaulipas; Monterrey (372), Guadalupe (61), Nuevo León; Torreón (182), Saltillo (108), Piedras Negras (76), Coahuila; Durango (145), Durango; Culiacán (92) y Mazatlán (65), Sinaloa.
La dinámica de la desaparición no observa siempre patrones predecibles. Los años siguientes el número de personas desaparecidas se estacionó, especialmente en el noreste del país. En otras regiones se empezaron a prender las alertas poco a poco. Así, se desplazó desde el norte, cruzó por el centro y se dirigió al occidente del país.
Hoy sabemos que no sólo había disputas territoriales entre organizaciones criminales; la estrategia de militarización de la seguridad pública fragmentó a los grupos armados, pulverizó equilibrios estatales y municipales, y, muchas veces, abrió camino y empoderó a nuevos grupos. Hoy se siguen pagando esas consecuencias.
La espiral de violencia adquiriría nuevas formas en 2011: las fosas clandestinas comenzaron a plagar todo el país, de manera explosiva y violenta se libró una de las disputas más sangrientas entre grupos armados en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; además de Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Coahuila. El efecto se resintió casi de inmediato en esas ciudades: las atrocidades se reflejaron también en los números de desapariciones, con niveles que no se habían visto antes.
La lista de diez municipios con más ausencias incluyó también a Guadalajara (113 casos) y Ciudad Cuauhtémoc (con 89).
El cierre del sexenio de Felipe Calderón mostraba las consecuencias de la política de seguridad a cargo de militares: 16 mil personas desaparecidas al concluir 2012. Ese año un municipio ocupó el primer lugar con 214 víctimas: Nuevo Laredo. Anclado en uno de los epicentros de la violencia, el calderonismo significó para este municipio una tragedia: 989 personas que, hasta ahora, no han vuelto a casa.
La crisis de desapariciones ya no se puede ocultar
Enrique Peña Nieto llegó al poder, pero la desaparición no se alejó del noreste, y si bien se mantuvo en altas cuotas, ya no lo hizo con la misma fuerza que en años previos.
En cambio, este crimen de arrebatar personas de sus propias vidas se comenzó a generalizar en el centro y sur del país. En el Estado de México, por ejemplo, se contabilizaron un total de 332 desapariciones en 2013, aunque en 253 los datos no permiten conocer en qué municipios ocurrieron. Ese estado sobresalió a nivel nacional por su opacidad: del total de sus reportes, el 42% no especifica siquiera la fecha de los hechos.
Como si fuera un anuncio de lo que sucedió un año después, en 2013, el municipio de Iguala, en Guerrero, apareció entre los 10 con más casos reconocidos, se registraron 79 personas ausentes. Ese año también destacó Chilpancingo, con 61. Así como lo fue en las décadas de los 60 y 70.
Guerrero revivió con dolor su historia, la de las décadas de la “guerra sucia” de los años 60 y 70, cuando se convirtió en un territorio marcado por las vidas arrebatadas.
Protesta encabezada por los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por la desaparición en Guerrero de sus 43 compañeros. Foto: Mayolo López Gutiérrez/Obturador MX.
En 2014, la tormenta de ausencias ya fue imposible de contener y ocultar. La noche del 26 de septiembre de ese año 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa les fueron arrebatados al país, cuando un grupo de criminales y miembros de todas las corporaciones y fuerzas armadas se los llevaron y aún no regresan a casa.
A los estudiantes se sumaron mujeres y hombres que se sumieron en la oscuridad de Iguala: el año concluyó con 124 víctimas de desaparición en ese municipio. Pero no fue el único que resintió la ola de violencia. En Acapulco se registraron 107 desapariciones, una señal de que la disputa territorial entre diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército, se trasladó a ese estado del Pacífico.
La violencia encuentra una lógica siniestra: cuando la desaparición de personas toca a un sitio, no lo suelta. Las pérdidas se repiten.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.
En 2014, entre los municipios con más desapariciones fueron: Reynosa (139), Matamoros (110), Tampico (107), Nuevo Laredo (99), Victoria (99), Tamaulipas; Iguala (124), Acapulco (107), Guerrero; Guadalajara (112), Jalisco; Culiacán, Sinaloa (76), Juárez, Chihuahua (76) y Xalapa (74), Veracruz. En 2015, los municipios con más personas desaparecidas fueron: Culiacán (124), Mazatlán (92), Sinaloa; Nuevo Laredo (101), Matamoros (64), Reynosa (60), Tamaulipas; Zapopan (96), Guadalajara (83), Lagos de Moreno (69), Jalisco; Hermosillo (93), Sonora; Juárez (75), Chihuahua y Acapulco (68), Guerrero.
Las instantáneas de las desapariciones permanecieron casi intactas de 2015 a 2016: las tres ciudades fronterizas de Tamaulipas mantuvieron números altos. Y la metástasis en Jalisco era evidente: Guadalajara, Lagos de Moreno, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga registraron anualmente entre 69 y 108 nuevos casos. Además, lugares como el municipio de Puebla; Ahome, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hermosillo, Sonora, registraron más de 90.
2017. Del noroeste al centro
El país registró 23 mil 79 homicidios en 2017. Una cifra que rebasó en 31% a los que se contabilizaron un año antes. Ese incremento en la violencia también se notó en las desapariciones. Ese año terminó al menos con 7 mil 900 personas ausentes, casi 2 mil más que las contabilizadas en 2016.
El 2017 se vivió un pico de violencia. Municipios tamaulipecos —como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros— registraron entre 152 y 362 desapariciones. También destacó Hermosillo con 263; y la capital de Puebla con 242.
Y aunque este crimen siguió arrebatando a personas en el norte del país, en lugares como el puerto de Veracruz, donde la dinámica también se hizo inocultable: ahí 143 personas fueron desaparecidas en 2018.
Veracruz es uno de los casos que resulta complejo abordar. Sus dinámicas violentas aparecen poco en este análisis porque uno de cada tres de los registros de desapariciones carecen de la fecha en que sucedieron. De ese tamaño era el desdén oficial.
La crisis en Jalisco se potencializó. La entidad vivió los efectos ya conocidos en el noreste. La disputa de grupos criminales por el territorio se intensificó y durante 2019 y 2020 los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se ubicaron entre los diez con más desapariciones en todo el país. Las más de 280 personas desaparecidas cada año en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco —este último con menos de 200 mil habitantes— lo entronizaron como un estado-problema.
Nuevos sitios golpeados por la desaparición
Terminó el 2018 y el acumulado histórico de personas desaparecidas en el país era de 54 mil 500; esta cifra no incluye aquellas denuncias en las que las autoridades no registraron las fechas de la desaparición.
A finales de ese 2018, la presidencia del país cambió de partido con Andrés Manuel López Obrador. Las desapariciones continuaron: en el 2019 se sumaron, por lo menos, 9 mil 200 personas más.
En 2020, la lista de 10 municipios con más desapariciones incluyó otra vez lugares del Área Metropolitana de Guadalajara, pero también tocó a municipios con ciudades capitales: Hermosillo, Culiacán, y Monterrey. Cada uno aportó más de 120 personas. En esa estadística de terror aparecieron dos alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, cada una con poco más de un centenar de registros de desapariciones recién perpetradas.
En el caleidoscopio de fragmentos se observa que hubo lugares en los que, de un año a otro, la desaparición dejó de ser un delito aislado para transformarse en un terremoto con distintos epicentros. Eso sucedió en el estado de Zacatecas durante 2021. Ese año, Fresnillo registró 163 casos; y eso que desde un año antes, con 46 personas ausentes, las cifras ya eran preocupantes.
Zacatecas es hoy la nueva meca de la desgracia.
Imagen del rostro de Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido el 7 de junio del 2017 en el centro histórico de Zacatecas a los 19 años. Foto: Adolfo V. Valtierra.
Entre los municipios que han tenido ese tipo de repuntes en casos de personas sin localizar destaca Ecatepec, en el Estado de México. En 2019 tuvo seis desapariciones. En 2020 el número se elevó a 69 y en 2021 alcanzó las 137; de éstas 51 son mujeres.
El fragmento de los dos primeros meses de 2022 recuerda, una vez más, que la Ciudad de México no es territorio aislado de lo que pasa en el resto del país: Iztapalapa y la Gustavo A. Madero son las alcaldías que más casos registraron en ese lapso, con 29 y 27 casos, respectivamente.
Otras geografías destacan en lo que va de 2022. Cuernavaca, Morelos, en donde este delito ya era un problema (como se reflejó en 2016 con el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo, cavadas por el propio gobierno), otra vez comenzó a tomar vuelo: hasta el corte acumuló 29 desapariciones.
Lo mismo sucede con el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, en los dos primeros meses del 2022, al menos 33 personas ingresaron a las listas de la vergüenza nacional.
Un delito que toma fuerza
El caleidoscopio del registro oficial permite conocer otros municipios donde, de un año a otro, las denuncias llegaban como por goteo hasta convertirse en un tsunami. Entre esos casos están Mazatlán (2009-2010); Tijuana (2015-2016); Lagos de Moreno (2014-2015); y las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo e Iztapalapa (2018–2019).
Tepic es un caso que muestra el oscuro panorama que deja la unión entre las estructuras políticas y criminales. De seis desapariciones que ese municipio registró en 2016 aumentó casi a 100 en 2017, lo que representa casi mil 533% en un año.
El repunte en la capital de Nayarit ocurrió en este contexto: en febrero de 2017, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2 y vinculado al Cártel de Los Beltrán Leyva, fue asesinado durante un enfrentamiento con la Marina. Un mes después, el Fiscal del Estado, Édgar Veytia fue detenido en San Diego, Estados Unidos, acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas. Y en junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el gobernador Roberto Sandoval —detenido en julio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita—, perdió las elecciones a la gubernatura del estado.
¿Dónde se concentró la desolación?
Pobladores de lugares como Matamoros están entre los que han padecido por más largas e intensas temporadas las desapariciones: durante 13 años consecutivos el municipio que habitan se ubicó dentro los diez primeros con más víctimas. En 2010, por ejemplo, 70 personas desaparecieron por cada 100 mil personas. Y cada año llegó con su propia intensidad.
Fue justo en ese 2010 cuando este crimen se ensañó con la población de varias regiones tamaulipecas que no figuran en el gran mapa nacional porque tienen menor población, pero que sobresalen cuando se hace un acercamiento. Ciudad Mier, por ejemplo, rompió un récord hasta ahora no superado de 413 habitantes desaparecidos por cada 100 mil. De igual manera otros rincones de México han quedado invisibilizados en la estadística nacional aunque padecieron mucho.
Aumenta la desaparición de mujeres
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La primera desaparición registrada de una mujer ocurrió en agosto de 1968, en el municipio de Texcalyacac, Estado de México. Tenía 60 años. En las cinco décadas transcurridas desde entonces, 24 mil 750 mujeres más engrosaron la lista de desaparecidas.
Desde los años 70 hasta la actualidad, el panorama para las mujeres ha empeorado y se ha acentuado en las jóvenes: una cuarta parte de las desaparecidas entre 2006 y 2022 tienen entre 15 y 19 años.
El Estado de México es la entidad más peligrosa para las mujeres; con sus más de 2 mil 600 casos concentra el 14% del total de las que son buscadas a nivel nacional. A diferencia del resto del país, las desapariciones de mujeres ahí casi se equiparan a las de los hombres: de cada 10 víctimas, cuatro son mujeres.
En Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, respectivamente, hay más de mil 500 mujeres reportadas con paradero desconocido.
Los datos y el mapa muestran que son más los hombres desaparecidos, pero si se mira cómo ha evolucionado el fenómeno criminal es evidente que para ellas se ha incrementado el peligro: en 2006 la lista de víctimas contaba con 71, para febrero de 2022 llegó a 19 mil 813.
El 2017 destacó por su violencia con 2 mil mujeres desaparecidas.
A partir del año de la pandemia, 2020, la desaparición de mujeres no ha dado tregua.
En 2021, en promedio, siete mujeres desaparecieron por día.
En la geografía de la desaparición femenina destacan municipios como Puebla, Hermosillo y Zapopan.
Algunos de los lugares donde la cifra de víctimas tuvo un abrupto incremento de un año a otro —lo cual tendría que prender todas las alarmas— son: el municipio de Puebla (se reflejó en 2016); Ecatepec (en 2017); Hermosillo (en 2017); Iztapalapa (en 2020) Zacatecas y Tepic (en 2021).
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la lucha por una vida digna y un medio ambiente sano en Yucatán ante mega granja porcicola – A 3 de marzo del 2022
A pesar de que en 2018 se ordenó la suspensión de la mega granja de cerdos en territorio del pueblo Maya de Homún, en Yucatán, y la medida fue ratificada en abril de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo) busca reabrirla. Hoy un Tribunal Colegiado resolverá quejas relacionadas con la suspensión.
La suspensión fue otorgada a seis niños de la región de Homún. Con apoyo de sus familias y la ONG Indignación interpusieron una demanda de amparo para detener las actividades de la granja. El argumento principal fue la transgresión de los derechos de los niños a tener una vida digna con un medioambiente sano, con agua y aire limpios.
A pesar de la decisión de la SCJN, las organizaciones Kanan ts’ono’ot (Los Guardianes de los Cenotes), Representantes de la infancia en Homún e Indignación A. C., desde el año pasado, han denunciado el incumplimiento de la suspensión por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), al permitir que Papo realice trabajos de mantenimiento. En su momento, el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resolvió que no se había violado la suspensión.
Pero además, la SDS habría violado la suspensión al emitir un documento donde manifiesta que la planta de tratamiento fue analizada y cumple con los límites máximos permisibles: “la planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y que cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes”.
De acuerdo con las organizaciones, dicha opinión fue emitida sin considerar que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la autorización del funcionamiento de la granja, así como los permisos de la granja se encuentran suspendidos, por lo que la opinión de la SDS básicamente confirma que dicha institución permitió la instalación de la planta de tratamiento aún con la suspensión de operaciones.
Debido a esto, las organizaciones presentaron tres quejas en contra de las diversas resoluciones y del trámite que el Juez Segundo de Distrito ha realizado para abrirle la puerta a la empresa para continuar operando la mega granja porcícola.
Las quejas presentadas cuestionan que el Juez Segundo de Distrito haya sido omiso para obligar a la Secretaría de Desarrollo Sustentable “a cumplir la suspensión de la granja, pues a pesar de la medida cautelar la autoridad ha emitido opiniones positivas para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa. Esta opinión fue aportada como prueba en juicio por la empresa Papo, con la finalidad de que el Juez revoque la suspensión y les permita operar”, sostienen en un comunicado.
Además, la empresa presentó un documento supuestamente emitido por la Dirección de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que se describe que la planta de tratamiento de la fábrica de cerdos no contaminará el manto freático y respetará las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Sin embargo, “ambas evidencias son por demás tramposas e ilegales: el propio Director General de Asuntos Jurídicos de la UNAM, Jorge Barrera Gutiérrez, confirmó que el documento de la UNAM ofrecido por PAPO “no fue emanado y/o suscrito por autoridad universitaria alguna”. Incluso tal prueba falsa podría constituir un delito, afirman.
Hoy, el tribunal decidirá si el juez Rogelio Leal Mota emitió resoluciones ilegales que permiten el incumplimiento y violación a la medida cautelar.
Contaminación
El pasado viernes (25 de febrero), un grupo de organizaciones internacionales y especialistas ambientales y del sector salud enviaron un amicus curiae al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Leal Mota, encargado de resolver el litigio presentado por la niñez de Homún contra la fábrica de cerdos. El documento permite a personas ajenas a un proceso ofrecer opiniones de trascendencia para la solución de un caso judicial.
Señalaron que la mega granja amenaza con ocasionar daños graves e irreversibles a la salud. En el documento citaron numerosos estudios científicos y testimonios de la experiencia estadounidense, para evidenciar que las fábricas de cerdos suponen riesgos de daño grave e irreversible para el medio ambiente y la salud humana.
“Las mega granjas generan tales daños por la contaminación a los recursos de agua, superficiales y subterráneos, la contaminación del aire y la propagación de patógenos peligrosos. Estos riesgos son de particular gravedad para la salud de personas en situaciones de vulnerabilidad, como las niñas y niños que son los quejosos en el presente caso”, precisa el amicus curiae.
En el documento también se detallan los daños que causaría la reapertura de la fábrica de cerdos a los cenotes de la zona, como a la calidad del agua y del aire en general, además aumenta la exposición de la población a bacterias resistentes a los antibióticos y otros patógenos dañinos, incluyendo los virus.
