Pasta de Conchos: 15 Años sin Justicia

Germán Larrea: 15 Años impune

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de febrero de 2021

El 19 de febrero pasado, se cumplieron 15 años de la tragedia ocurrida en la Unidad de carbón Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas en el estado de Coahuila, en la que, una explosión de gas metano al interior de la mina de carbóndejó 8 trabajadores lesionados, los cuales lograron salir, 2 muertos que sus cuerpos fueron rescatados unos meses después del suceso y 63 mineros que quedaron atrapados, sepultados a cientos de metros bajo tierra hasta el día hoy y en que el crimen sigue impune.

En ese entonces, los familiares de los trabajadores denunciaron las malas condiciones en que estaban laborando los hombres, mientras otros trabajadores mineros reclamaron que la mina -propiedad de Grupo México, del magnate Germán Larrea Mota -operaba en alto riesgo. Tal como tantos desastres que ocurren por esta actividad destructiva y la avaricia de las empresas mineras, era previsible una tragedia de estas proporciones. Sin embargo, han pasado cuatro sexenios, desde el último año de la presidencia de Vicente Fox hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador y aún no ha habido rescate y los responsables aún gozan de total impunidad.

Ha sido solamente gracias a los esfuerzos permanentes de los familiares quienes, después de que llevaron su caso al sistema interamericano, lograron el compromiso de AMLO en mayo del 2019 de rescatar a los mineros atrapados y el establecimiento del Comité para la Reparación y la Justicia de Pasta de Conchos. Sin embargo, hasta hoy,no se han cumplido las promesas de recuperación de los cuerpos, que según dijo el presidente “era prioridad”. Tampocoha habido una investigación seria que pueda llevar a la cárcel a los responsables.

Así mismo recordamos cuando AMLO realizó su primera visita al sitio en Coahuila en octubre del 2020, y dejó fuera del evento a los familiares que son parte de los quejosos ante la Comisión Interamericana. Aunque el gobierno dice querer llegar a una resolución amistosa con los familiares, les ha mostrado un terrible desdén y falta de respeto.

Desde la REMA nos sumamos a las exigencias que siguen haciendo las familias afectadas, buscando en primer lugar hacer valer el derecho inherente a todos los seres humanos: SEPULTAR A SUS MUERTOS. Un derecho negado por parte de Industria Minera Mexicana, perteneciente a Grupo México, empresa que estuvo a cargo del rescate durante 12 días después del siniestro, a pesar de ser la responsable de las deplorables condiciones de trabajo en las que la laboraban los mineros y de las que la Secretaría de Trabajo estaba al tanto.

En segundo lugar, nos sumamos a las exigencias de JUSTICIA, por esas muertes que se pudieron evitar si se hubieran garantizado las condiciones de seguridad e higiene laboral por parte de la empresa y si el gobierno en lugar de encubrir y proteger los intereses de una empresa minera lo hubiera hecho con los trabajadores. Es indignante que, frente a los gritos desesperados de justicia, a Grupo México, y su presidente, Larrea, por cierto, responsable de otras tragedias como la ocurrida en Cananea, en lugar de estar en la cárcel, se les siga garantizando el negocio de la minería. Lo mismo pasa con Napoleón Gómez Urrutia, hoy amparado con su puesto de Senador, pero señalado como otro de los responsables de este lamentable sucesoy la falta de rescate o justica hasta hoy.

Expresamos nuestra admiración por la tenacidad y la fuerza de los familiares de estos hombres quienes, por quince años, han estado exigiendo el rescate de sus seres queridos y para que esto no se vuelva a repetir. Desde la REMA enviamos nuestra solidaridada la Organización Familia Pasta de Conchos cuyos integrantes han tenido que enfrentar amenazas, golpes, y hostigamientos en varias ocasiones por su trabajo incansable. Así mismo acompañamos la causa y exigimos el castigo inmediato a los criminales responsables.

¡RESCATE YA!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Periódico el Regio

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Comité Cerezo: 14 defensores fueron ejecutados de manera extrajudicial en 2020

Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre la situación de defensoras y defensores – A 12 de enero de 2021

El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales.

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (apro).- Por motivos políticos, 14 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas de manera extrajudicial en 2020, segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior se desprende de un informe del Comité Cerezo México, donde resalta que Oaxaca encabeza la lista de defensores ejecutados de manera extrajudicial, con seis casos, seguido de Guerrero y Baja California, con dos cada uno, y Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz, con un caso en cada entidad.

Según el informe, de las 14 ejecuciones extrajudiciales, cuatro activistas defendían el derecho a un medio ambiente sano; dos, respectivamente, el derecho al territorio, a la vida digna y a los derechos humanos, y con un caso están los defensores del derecho a la protesta, derechos laborales, a la libertad de expresión y a la justicia.

Las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia.

El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con el listado de personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente en 2020, en Oaxaca se encuentran los casos de Esteban Martínez Pérez (9 de abril), Pablo Guzmán Solano (9 de abril), Tomás José Martínez Pinacho (24 de agosto), Rodolfo Díaz Jiménez (2 de noviembre), Gabino Ávila Martínez (20 de noviembre) y Maurilio Hernández Martínez (25 de noviembre).

En el caso de Guerrero se encuentran el menor de edad R. R. J. (18 de febrero) y Óscar Ontiveros Martínez (12 de mayo), mientras que de Baja California destacan Óscar Eyraud Adams (24 de septiembre) y Daniel Sotelo, un día después.

A ellos se suman los casos de Issac Medardo Herrera Avilés (23 de marzo), en Morelos; María Elena Ferral Hernández (30 de marzo), Veracruz; Umber Gómez González (1 de junio), Chiapas, y Antonio Montes Enríquez (16 de junio), de Chihuahua.

Estas ejecuciones fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras realizaban, y los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.

El informe subraya que los estados de Chiapas, Baja California y Veracruz tienen gobiernos encabezados por Morena, mientras que en Oaxaca y Guerrero gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Chihuahua Acción Nacional (PAN) y en Morelos el Partido Encuentro Social (PES).

De los casos, 65% de las víctimas (ocho) de ejecución extrajudicial eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, 36% mestizas (cinco casos) y en un caso no lograron determinar su pertenencia o no a un pueblo indígena.

En conclusión, el Comité Cerezo resaltó: “la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto, y presenta una leve baja de dos casos respecto al primer año de gobierno de AMLO”.

Añadió: “Es mucho más claro que los beneficiarios son tanto gobiernos priistas como grandes empresas privadas. En los territorios donde gobierna Morena también se sigue la misma lógica que en estados priistas, es decir, la lógica de la ejecución extrajudicial sigue los mismos patrones: los defensores son ejecutados por grupos paramilitares (cinco casos), y aunque no se pudo identificar al resto de autores materiales, es claro que los beneficiarios son gobiernos y grandes empresas privadas, sin que esto último quiera decir que es un caso  entre particulares, ya que por contexto se estableció que los perpetradores fueron agentes de Estado”.

Urgen en este país Jueces que no hayan perdido el Sentido de Justicia. La Ley Minera es totalmente anticonstitucional

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la Ley Minera – A 14 de enero de 2021

¿Cómo es posible que sea constitucional la Ley Minera,que a todas luces favorece al capital?

En México,como en toda América Latina, el Banco Mundial impulsó a modo una Ley Mineraen1992 que a todas luces sentaba las bases para favorecer al gran capital en el marco del modelo neoliberal. Para muestra, en su artículo sexto señala que“serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”. Es decir, pasa por encima de cualquier otra actividad que las comunidades y pueblos lleven a cabo en sus propios territorios, dando privilegio a intereses particulares sobre los de la colectividad, aun cuando ésta,reivindique su derecho a vivir de acuerdo con el bien común y el interés público. Este hecho jurídico es anticonstitucional porque va justo en contra del espíritu mismo de nuestra Constitución, que es el bien común.

Hoy, a pesar de que en el 2019, AMLO decretó “abolido”de una vez y para siempre el neoliberalismo(ver: https://www.nytimes.com/es/2019/07/08/espanol/opinion/lopez-obrador-neoliberalismo.html),un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)continua negándose a “desneoliberalizar”la Ley Minera de nuestro país, rechazando el amparo de comunidades indígenas de Puebla, quienes denuncian precisamente la inconstitucionalidad de la Ley Minera, porque atenta de forma directa y flagrante contra el bien común y comunitario, contra la naturaleza y contra el territorio.

En este país,el subsuelo de los territorios es otorgado/entregado en concesión a privados de forma arbitraria e irracional, justo porque lo privado atenta contra el interés y la utilidad pública, así como se atenta contra el bien común de las poblaciones que son dueñas de su territorio. Además, las concesiones se entregan mirando como irrelevantes a los seres humanos, la vida y la salud de quienes habitan arriba del “subsuelo nacional”,a ser explotado intensamente a través de los proyectos de megaminería tóxica. Así, a la ley y a los magistrados no les importan los pueblos, como en este caso, los de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso en la Sierra Norte de Puebla, quienes promovieron el amparo en revisión 928/2019, denunciando discriminación, entre otros elementos,al ni siquiera ser consultados en ese sentido (La Jornada, 11 de enero, 2021, pág. 11).

En REMA nos preguntamos silos jueces en este país estarían dispuestos a aceptar, sin luchar, el que puedan ser expulsados de su casa sin siquiera ser consultados al respecto;y también cabe preguntarles si están dispuestos a aceptar que sus medios de vida y su salud sean sometidos a una irreparable devastación. Y seguimos preguntando si quienes administran “la justicia” de este país seguirían recurriendo a las ya clásicas artimañas burocráticas y legaloides y a facciosas posturas en donde favorecen, no el interés social ni público, sino el interés de privados que establecen el saqueo y el desplazamiento forzado como sus propios medios de vida.Nosotros tenemos fuertes dudas de que,en la SCJN, tengan siquiera acaso la menor idea de lo que significa ese tipo masivo de despojo y el respeto a la vida. Podrían imaginarlo, al menos.

Este tipo de preguntas que hacemos desde la REMA, sabemos que resultan subversivas para quienes se asumen en los hechos como siervos del capital, porque se han vuelto encubridores de hechos punibles. La actual Ley Minera permite cientos de atropellos y violaciones relacionadas con múltiples derechos de los pueblos y de la naturaleza, pero eso no lo ven o han aprendido a no verlo. Y así, las leyes permisivas y sus protectores,manifiestos en instancias de procuración de justicia, son una vergüenza para la nación.

El Despojo No es de Utilidad Pública

Exigimos Respeto a la Constitución y Respeto a la Vida

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Rompe Viento

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Cascos de Plata 2020 Grupo México y sus premios a la ignominia

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de noviembre de 2020

Según la CAMIMEX, el grupo mexicano (GM) obtiene “Cascos de Plata, que son reconocimientos al trabajo diario de empresas y trabajadores a favor de la seguridad dentro de una operación minera” según la nota se afirma que “…….es el resultado del enorme valor de la cultura de la seguridad, el trabajo en equipo y la alta responsabilidad de velar por todos los trabajadores en todo momento a partir de buenas prácticas de responsabilidad” htpps//www.opportimes.com/grupo-mexico-premios-cascos-de-plata-2020/

Es una vergüenza que esta empresa, catalogadas como una de las más violentas y sanguinarias del mundo, sea venerada como un ejemplo a seguir. En lugar de “Cascos de Plata”, deberían las autoridades deslindar las responsabilidades penales a quien ha sido señalado reiteradamente multihomicida, al Sr. German Larrea Mota Velasco. Son múltiples los casos en que el empresario galardonado ha ocasionado tanto daño social y ambiental, tanto en México como en otras partes del mundo, donde las violaciones a los derechos humanos han sido documentadas, asi como los desastres ambientales ya irreversibles.

El gobierno de la 4T sigue mostrando su incapacidad para evitar las gigantescas brechas de impunidad que este empresario y sus mineras, así como otros casos en el país a los cuales el Presidente a prometido proteger y velar por sus derechos humanos, por el agua, por el medio ambiente, por el bienestar de los pueblos.

Los empresarios mineros han hecho de la violación a los derechos humanos y ambientales sus usos y costumbres, un deporte nacional que deja perpleja a la sociedad mexicana frente a las indiferencias que les otorga el Poder Ejecutivo, la impunidad que le otorga el Poder Judicial, y los aplausos del Poder Legislativo.

Mientras que los pueblos viven en la zozobra, en la inseguridad, en la violencia de sus territorios legítimos y legales, en la violencia del moderno extractivo minero, sin dormir y en condiciones de vida indigna, el minero Sr. Larrea es festejado con un supuesto premio para conciliar su sueño.

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERIA

Imagen: Tomada de internet – Sindicato Nacional Minero

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Por una Ley de Aguas con Igualdad de Género

Pronunciamiento de Agua para Todos sobre la nueva ley de agua con perspectiva de género – Septiembre 2020

Un conjunto de redes, organizaciones y personas, comprometidas con la promoción de la igualdad de género, la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales estamos promoviendo y demandando que la Ley General de Aguas, próxima a promulgarse, se sustente en un conjunto de principios que aseguren la igualdad sustantiva de género y el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, en un marco de sustentabilidad y justicia hídrica.

A veintiocho años de vigencia de la Ley de Aguas Nacionales es necesario –acaso urgente–transitar a un nuevo marco normativo que atienda los graves problemas hídricos que enfrenta el país. Esto se sustenta en razonesde diversa índole.En primer lugar, la reforma del Artículo 4º Constitucional que reconoció el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en 2012 y ordenó la redacción de una Ley General de Aguas. Seguir retardando su discusión y aprobación por el poder legislativo es una argucia inaceptable para mantener un orden jurídico de corte neoliberal, que sólobeneficia a una élite de la sociedad.

La conflictividad por las formas en que actualmente se gestiona el agua es creciente y no puede ser ignorada. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta 560 conflictos ambientales en el país, 86directamente relacionados con el agua y otros de manera indirecta: la megaminería, el uso de sustancias tóxicas, el fracking, la extracción convencional de hidrocarburos.

La pandemia de COVID-19 ha mostrado que ladisponibilidad, calidad y accesibilidad al agua están mediados por las asimetrías sociales. Las desigualdades de género se expresan en la dificultad para la participación de las mujeres enlos comités comunitarios ylos consejos de cuenca; en el bajo porcentaje de mujeresregistradas conderechos o como usuarias del agua; y la falta de reconocimiento de su contribución a la conservación de arroyos, ríos y lagos.

Los esquemas de gestión del agua han generado un estrés hídrico para muchas personas.Resulta inaceptable descalificar las demandas y propuestas de grupos sociales amplios, entre ellos las mujeres, por su falta de conocimientos “técnicos”, para dejar intocado un modelo de gestión del agua y un marco jurídico que lo permite.

Una vez que hemos conocido las diversas iniciativas que están en discusión, nos pronunciamospor una ley orientada al ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento que se finque en los principios de igualdad de género y retomelos siguientes lineamientos, muchos presentes en las diversas iniciativas. Estos lineamientos deben tener la suficiente fuerza jurídica para hacerlos operativos y dar pautas claras para su instrumentación a lo largo y ancho de nuestro territorio.

Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.

Es el eje rector de la Ley Generalde Aguasy es precondición para el ejercicio del derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, a una vivienda digna, la educación, entre otros. Este principio implica poner en el centro lasnecesidades de las personas, en especial las de mujeres y niñas, particularmente el alivio de la carga desproporcionada que recae en ellaspara la obtención de agua y del saneamiento.

Justicia hídrica.

Este conceptoconsidera el agua como un bien de interés público y corresponde al Estado su manejo y su protección; implica garantizar la impartición de justicia y reparación del daño sin discriminación de género, etnia o clase social. Se requiere de una Defensoría del Agua conautonomía y capacidades suficientes para aplicar el marco normativo internacional,nacional, estatal y municipala fin de poder dirimir conflictos en torno al vital líquido.

Sustentabilidad.

Una ley basada en este principioasegura quela capacidad de regeneración de los ecosistemas y de los ciclos hidrológicos se mantenga, así como las posibilidades de existencia de otros seres vivos. Todo esto implica la protección efectiva contra extracciones abusivas del agua y evitar su degradaciónpor contaminantes, tendencias que han sido una limitante para el desarrollo personal y el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas.

Igualdad sustantiva.

La igualdad entre mujeres y hombres debe expresarse de manera concretaen la vida cotidiana de las personas. La ley deberá mandatar que las políticas públicas instrumentenacciones afirmativas y redistributivas que remuevan los obstáculos para que las mujeres, en condiciones de igualdad con los hombres, accedan, usen, controlen, se beneficien y decidan sobre la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento

Interculturalidad y derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.

La Ley Generalde Aguas debe respetar:el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, a decidir sobre su territorio, incluida el agua; a la igualdad entre mujeres y hombres indígenas y la participación de estas poblaciones en la toma de decisiones1, preceptos estipulados en la Constitución mexicanay en Tratados Internacionales. Asimismo,debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a la consulta libre, previa e informada y establecermecanismos que garanticen la participación equilibrada de mujeres, jóvenes y personas adultas mayores de ambos sexos de estos pueblos.

Agua como bien común.

Consignar el agua como bien común en la Ley General de Aguas significa la adopción de un principio que reconoce el derecho de cualquier persona a este elemento de la naturaleza por el solo hecho de ser parte de la familia humana2; y pone un alto alos intentos de privatización de facto o por la vía de concesionespor varias décadas.Corresponde al Estado impedir que esto ocurra, así como también queempresas y otros actores contaminen las fuentes naturales, los pozos y los sistemas de distribución de agua, o realicen extracciones inmoderadas que limitarán el acceso, uso y control del agua de las generaciones presentes y futuras.

Control comunitario del territorio y el agua.

Las comunidades indígenas, rurales y de zonas marginadashan suplidola falta de acceso al agua para uso humano y para la reproducción de la vidamediante sistemas comunitarios. El reconocimiento legal de estossistemas contribuirá a su democratización, ampliará la participación y toma de decisiones de mujeres y jóvenes y pondrá un alto a abusos de cacicazgos locales. A la vez, les dotará decapacidadesa las comunidades para hacer frente al despojo de las grandes empresas extractivasy los megaproyectos.

Participación ciudadana incluyente.

La Ley General de Aguas debe mandatar que las instituciones públicas establezcan mecanismos y canales queaseguren la participación dela ciudadanía y las comunidades, con acceso efectivo a los procesos de toma de decisión.El principio de participación estáasociado con el de inclusión, para ello se deberán fortalecer las capacidades de grupos tradicionalmente excluidos como las mujeres, poblaciones indígenas, afromexicanas y otros colectivos en situación de desventaja sociocultural y económica.

Las organizaciones firmantes, comprometidas con la promoción de la igualdad degénero, la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales nos pronunciamos porque los principios orientadores de la Ley General de Aguas,próxima a promulgarse,aseguren la igualdad sustantiva y el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, en un marco de sustentabilidad y justicia hídrica.

Red de Género y Medio AmbienteGrupo Territorio, Género y ExtractivismoCoalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al AguaCoordinación Interregional Feminista Rural –ComaletzinAsociadas por lo Justo –JASSRed Género, Sociedad y Medio AmbienteRed Nacional de Promotoras y Asesoras RuralesAlianza Mexicana contra el FrackingGrupo Regional Género y Extractivas

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El Escaramujo 105: MÉXICO: ¿QUÉ ES EL NDC? El Espejismo del combate al Cambio Climático…

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 105 en pdf<<

Ante la crisis cada vez más grave del Cambio Climático, los gobierno que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), decidieron en su reunión llevada a cabo en Varsovia en 2013, llamada la Conferencia de las Partes (COP 19), reducir las emisiones de los Gases Efecto Invernadero (GEI) en todo el mundo a un nivel que no permita aumentar la temperatura mayor a los 2°C y mantenerlo en 1.5°C. Pero, ¿cómo? En la COP 21 llevada a cabo en París en 2015, cada gobierno tendría que presentar como punto de partida sus propuestas de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).

Esto significa que cada país, para disminuir los GEI, debe definir y determinar las medidas con las que va a contribuir hasta el 2030 para mitigar los GEI y adaptarse al Cambio Climático. Estas contribuciones serían el punto de partida para iniciar acciones que reduzcan las emisiones de GEI en cada país y cuyas contribuciones serían actualizadas cada cinco años por lo que vendría una primera revisión en 2020. Algunas Partes presentaron sus primeros NDC en 2015, y algunas han presentado su actualización en 2020.

Los Estados miembros (las Partes) presentan las contribuciones con las que pueden aportar según sus posibilidades, sus prioridades, circunstancias y capacidades. Estas medidas de Mitigación y Adaptación con lo que México puede contribuir en el planeta a disminuir los GEI pueden ser de dos tipos: No Condicionadas y Condicionadas.

Las No Condicionadas son las medidas en las que un país puede contribuir por sus propios recursos, por su propios medios y por su propia voluntad política de hacerlo.

Las Condicionadas son aquellas medidas que dependen de la existencia de condiciones externas e internacionales que le ayuden, como la ayuda internacional, acceso a financiamiento, transferencia de tecnología y otras condiciones internacionales.

¿Cómo está la situación en México?

Según fuentes oficiales, las características geográficas de México y las condiciones sociales desfavorables de algunos sectores hacen un país altamente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. En poco más de 100 años las temperaturas superficiales terrestres y marinas se han incrementado en todo el territorio. Por ello, en ciertas zonas del norte del país los cambios han sido mayores, oscilando entre 1.2 y 1.5°C por arriba de sus promedios históricos. Por ello se observan un aumento del número de días cálidos extremos y la disminución de días gélidos extremos y de heladas. A ello se suma el incremento de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como los ciclones tropicales y los huracanes.

Entre 1970 y 2013, de los 22 ciclones de categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson que afectaron las costas de los océanos Pacífico y Atlántico mexicanos, diez ocurrieron en los últimos doce años. En este 2020 los fenómenos meteorológicos han marcado récords al igual que en sus afectaciones.

Según fuentes oficiales, en el caso de las sequías, en lo que va del siglo se han presentado cinco eventos importantes: entre 2000 y 2003, en 2006, entre 2007 y 2008, en 2009 y entre 2010 y 2012. En 2011 las sequías afectaron al 90% del territorio mexicano. Por otro lado, el nivel del mar también se ha elevado en muchas zonas costeras de México. De 17 sitios estudiados en el Golfo de México y el Pacífico entre los años cincuenta y el 2000 destacaron las elevaciones observadas en Ciudad Madero, Tamaulipas (de hasta 9.16 milímetros por año) y de Guaymas, en Sonora (con 4.23 milímetros por año).

El cambio climático en México se ha acompañado de pérdidas humanas y de altos costos económicos y sociales. Tan sólo entre 2001 y 2013, los afectados por los fenómenos hidrometeorológicos en el país ascendieron a cerca de 2.5 millones de personas y los costos económicos sumaron 338.35 miles de millones de pesos. Los impactos negativos se acentúan por las condiciones de pobreza que sufren amplios sectores de la población y por la degradación ambiental que afecta a sus comunidades, lo que genera altos niveles de vulnerabilidad en muchas regiones del país.

De acuerdo con el PECC 2014-2018, existen en México 319 municipios (13% de los existentes en el país) con mayor vulnerabilidad a impactos por el cambio climático, en particular a sequías, inundaciones y deslaves. El gobierno estima que entre el período 2015 a 2039, se proyectan temperaturas anuales mayores hasta en 2°C en el norte del país, y en el resto podrían oscilar entre 1 y 1.5°C. En el caso de la precipitación, se proyectó, en general, una disminución de entre el 10 y 20%. Todo ello podría traer graves consecuencias económicas, sociales y ambientales.

El gobierno mexicano estima que el 15% del territorio nacional es vulnerable al cambio climático, y 68% de la población y 71% del PIB están altamente expuestos a importantes riesgos asociados. Se calcula que el cambio climático implica para el país un costo superior a los 60 mil millones de dólares cada año -aproximadamente 6% del PIB.

El incremento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos y su impacto serán más graves aún en las comunidades rurales e indígenas más pobres, que dependen de la agricultura de temporal, carecen de medios para adaptarse y, muchas veces, tienen que migrar a las ciudades o a otros países.

Las Emisiones de GEI en México.

Las emisiones de Bióxido de Carbono (CO2) en México, derivadas del uso y quema de combustibles fósiles, representó en 2012 el 1.37% de las emisiones globales, lo cual colocó al país en el lugar 13 de los países con mayores volúmenes de emisiones de este gas derivados de dicha quema.

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013 (INEGEI), las emisiones directas de GEI en el país ascendieron a 665 megatoneladas de CO2 equivalente, de las cuales la mayor contribución se debe al sector transporte (26%), seguido por el de generación de energía eléctrica (19%) y el de industria (17%). Para el caso del carbono negro, un contaminante climático de vida corta (CCVC), su volumen de emisión alcanzó 125 mil toneladas, derivadas en su mayor parte de las actividades del sector transporte (38%) e industrial, principalmente el subsector azucarero (28%).

Sin embargo, para el año 2017 las emisiones habían aumentado. México calcula que las emisiones totales de GEI oscilaron para este año alrededor de 734 Mt de CO2 equivalentes. Para ese año las emisiones de GEI destacan la Industria de la Energía (25.9%), Transporte (24.5%), Ganado (10.1%), Industria Manufacturera y de la Construcción (9.3%), Procesos Industriales y Usos de Productos IPPU (7.7%), Residuos (6.6%), Emisiones Fugitivas (6.3%) y otros sectores (5.3%). Esto significa que entre 2015 y 2017 México no había logrado disminuir sus emisiones.

¿Cuáles son las Contribuciones Nacionales que Determina México?

De acuerdo con el Art. 63 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con la colaboración técnica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y en el marco de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), es la responsable de coordinar el proceso de actualización de las Contribuciones en materia de Mitigación de GEI y de Adaptación al cambio climático.

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional presentadas por México en 2015 de Mitigación y Adaptación incluyeron las No Condicionada a factores externos, donde se asumió el compromiso de reducir un 22% los GEI lo cual significa una reducción de alrededor de 210 megatoneladas (Mt), y una reducción del 51% de Carbono Negro para el 2030.

La reducción al 2030 No Condicionada será en los siguientes sectores, de mayor a menor: Transporte, Industria, Generación de electricidad, petróleo y gas, agricultura y ganadería, residuos y residencial/comercial.

Las prioridades en la reducción de Carbón Negro en un 51% y en un 70% Condicionada, son, por orden de importancia: transporte, generación eléctrica, residencial y comercial, petróleo y gas, industria, agricultura y ganadería, residuos, forestal y cambio de uso de suelo. Esta reducción de emisiones de GEI implicaría que la intensidad de carbono se reduciría en alrededor de 40% entre 2013 y 2030.

El compromiso de reducción de los CCVC y de los GEI se podrá incrementar de manera condicionada si se adoptara un acuerdo global que incluya, por ejemplo, un precio al carbono internacional, ajustes a aranceles por contenido de carbono, cooperación técnica, acceso a recursos financieros de bajo costo y a la transferencia de tecnología, todo ello a una escala equivalente con el reto del cambio climático global. Bajo estas condiciones, las reducciones nacionales de carbono negro podrán incrementarse a 70% y las de GEI alcanzar un 36% al 2030, llegando a reducir al 2050 el 50% del volumen de las emisiones con respecto a las registradas en el año 2000.

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Oaxaca: ¿Por qué crece el rechazo local y global a la minería en la selva de los Chimalapas?

Reportaje especial de Avispa Midia sobre la lucha contra las minería en Oaxaca – A 13 de septiembre de 2020

Por Rafael E. Lozano

En entrevistas con Avispa Midia, promotores y firmantes del Manifiesto Internacional en Defensa de los Chimalapas explican por qué es importante respaldar la resistencia Zoque frente a proyectos mineros.

La minera canadiense Minaurum Gold Inc. quiere abrir una mina de oro y cobre en la selva de los Chimalapas, una de las regiones más biodiversas del país al sureste de México. Con la reactivación del proyecto “Santa Martha” (uno de sus ocho proyectos mineros en México) Minaurum Gold busca apropiarse de 6,410.35 hectáreas para su explotación en territorio comunal y ejidal enclavado entre los municipios indígenas de San Miguel Chimalapa y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca.

Para ello, el 23 de julio del presente año, la Minera Minaurum Gold, S.A. de C.V. filial de la homónima en Canadá, solicitó permiso a la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para comenzar con “la exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 unidades de barrenación”. Así consta en el punto 31 de La Gaceta Ecológica de la misma institución, publicada el 13 de agosto del mismo año.

Ante ello, las autoridades municipales, agrarias y comunales de San Miguel Chimalapa se han opuesto públicamente al nuevo intento de Minaurum Gold de explorar y explotar minerales en su territorio. En un posicionamiento presentado el 4 de septiembre de 2020 a la SEMARNAT, dichas autoridades manifestaron su rechazo total a cualquier actividad minera y exigieron el respeto a la comunidad Zoque y a sus derechos como pueblos indígenas y dueños ancestrales de sus territorios.

No es la primera vez que las y los pobladores de la región se movilizan en contra de los intentos de Minaurum Gold por explotar la selva de los Chimalapas. En febrero de 2016, jóvenes de San Miguel Chimalapas y de San Francisco Ixhuatán clausuraron simbólicamente la concesión minera denominada “Jackita” en donde advirtieron el uso de explosivos en años anteriores.

Años más tarde, en 2018, autoridades de los Bienes Comunales de San Miguel Chimalapa, hicieron un llamado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir que Minaurum Gold respete sus derechos como pueblo originario. Además, como su último posicionamiento lo establece “nuestra comunidad en su conjunto, ha expresado, a través de diferentes asambleas generales y oficios emitidos y firmados por anteriores autoridades municipales y comunales de administraciones pasadas nuestro rechazo total a la exploración y explotación minera en todo nuestro territorio comunal y municipal”.

Manifiesto Internacional

En ese contexto, más de 450 personas, y más de 70 organizaciones y colectivos, de cerca de 25 países diferentes firmaron un Manifiesto Internacional en Defensa de los Chimalapas en el que expresan su preocupación por “evitar la desaparición de las regiones más biodiversas del planeta”. También manifiestan su apoyo y solidaridad internacional con la defensa del territorio del pueblo zoque, “porque salvar la selva de Los Chimalapas es dar un paso más en la defensa del planeta, la vida y la humanidad”.

Además, le demandan a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, que el gobierno junto a los organismos internacionales “respete y reconozca los derechos inalienables de propiedad comunal del territorio (incluyendo el subsuelo) por parte de los pueblos indígenas Zoques”, así como, “que articulen las medidas necesarias para el reconocimiento de los valores ecológicos y bioculturales de este territorio”. Asimismo, solicitan a la SEMARNAT que niegue definitivamente el permiso de exploración antes referido, y que la Secretaría de Economía no otorgue las demás concesiones mineras que se encuentran en trámite.

¿Cuál es la importancia internacional y global de defender la selva de los Chimalapas?

Alberto Matarán Ruiz es profesor de urbanismo y ordenación del territorio en la Universidad de Granada, España, y pertenece a grupos de investigación que apoyan y promueven este llamamiento; entre ellos, el Grupo de Investigación Sobre Estudios Decoloniales en el Sur en la Universidad de Granada, y el Grupo de Investigación sobre Transiciones Socioecológicas.

En su opinión, “la defensa de la selva y de los espacios de gran biodiversidad es un elemento clave para el mantenimiento de la biosfera, de Gaia. El equilibrio de nuestro planeta depende básicamente del buen estado de estas zonas”. En ese sentido, para él no hay excusas que valgan “la destrucción de los lugares de alta biodiversidad donde se fija una mayor cantidad de CO2 y en donde además se produce una parte importante de las aguas potables o dulces del planeta”.

En ese sentido coincide con Daniel Tapia Montejo, de Múnich, Alemania, quien colabora con la oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia; un colectivo internacionalista que tiene más de 35 años trabajando con grupos en México, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Colombia.

Daniel advierte que “un lugar que es único en el mundo con una biodiversidad increíble, va a ser amenazado por un proyecto minero de este tipo. El valor de lo que realmente se perdería ahí, de vida, de cultura, de medio ambiente, es muchísimo mayor al valor económico que se le pueda sacar a los minerales que hay abajo”. Pare él, es una cuestión de solidaridad, “es importante apoyarlos en primer lugar porque ellos son quienes se están oponiendo al proyecto, y me parece que tienen toda la razón del mundo al oponerse a un proyecto que para ellos no les parece que sirve, (…) con eso es suficiente, están en todo su derecho de valorar que no quieren un proyecto así en su territorio”.

Vilma Almendra, mujer del pueblo Nasa y del pueblo Misak, vive al sureste de Colombia en donde trabaja la tierra junto a mujeres indígenas, negras y campesinas. Para ella es vital sumarse internacionalmente a la denuncia de San Miguel Chimalapa:

“Porque si logran destruir esas miles de hectáreas de tierra comunal, en donde hay una cantidad de reservorios de agua dulce, estarán matando un pedacito de la Madre Tierra. Para nosotras y nosotros tan importante es defender, denunciar, y apoyar al pueblo de Chimalapa en su defensa de su territorio, como debe sernos urgente también defender el territorio Zapatista, así como debe ser tan urgente defender el Wallmapu, así como debe ser tan urgente defender aquí a la Liberación de la Madre Tierra y a los pueblos que están siendo asesinados. (…) es una lucha que tiene que ser global, por la defensa de la vida toda, que nos garantice no sólo la pervivencia como pueblos originarios, sino que garantice la pervivencia de la libertad a toda la humanidad”.

¿Es esto una forma de Colonialidad?

En su página web, la corporación canadiense Minaurum Gold Inc. presume acaparar 103 mil 718 hectáreas de territorio concesionado o en trámite, en tres estados de la república mexicana. Así como ésta, existen muchas otras empresas mineras, mayoritariamente canadienses y estadounidenses que acaparan grandes extensiones de territorio mexicano para la explotación de minerales. Según el análisis de Geocomunes titulado “Extractivismo minero en México: impactos vs acumulación capitalista”, el 13.5% del territorio nacional ha sido concesionado a empresas mineras, y de este, 2.24 millones de hectáreas de territorios indígenas han sido entregadas.

Para Alberto Matarán es claro que esto es “una continuidad de los procesos de colonialismo que en el caso de el caso de América comenzaron a partir de 1492 -y en el caso de otros territorios comenzaron en otra época- evidentemente con diferentes tipos de dominio: en este caso es un dominio económico con otro tipo de violencia diferente al que se ejercía en el momento inicial del colonialismo, pero es una continuidad de ese tipo de uso, la subalternizacion del territorio”.

Además, apunta que es curioso que “mucha de esta minería está relacionada con lo que nosotros denominamos el colonialismo verde, es decir, son minerales pensados para las transiciones energéticas y la transición ecológica en los países del Norte Global, pero a costa de denominar o marcar como zona de sacrificio zonas del sur global, como México; zonas que serían destruidas para mantener el nivel de consumo de países del Norte Global, y el nivel de bienestar en alguno como por ejemplo Canadá o países europeos”.

Por otra parte, Daniel Tapia agrega, “yo aquí en Alemania normalmente trabajo como arbolista, y basta que haya indicios de que hay un cierto tipo de cascarudo en un árbol para que ese árbol esté protegido y no puedas talarlo en un jardín o en un parque; entonces ponte a pensar ¿porque es tan fácil agredir un medio ambiente tan sensible como el de los Chimalapas ahí, y acá en Europa te protegen un solo árbol? Yo creo que es cuestión de colonalismo; sus recursos aquí no los tocan, tienen sus paisajes, sus tierras, y sus lugares, pero si van a destrozar a otros los lados”.

Armando de la Cruz Cortés, Chontal, es abogado integrante en Oaxaca de la asociación civil Tequio Jurídico. Entre otras labores, han dado seguimiento y acompañamiento a comunidades chontales en la defensa de su territorio frente a concesión mineras otorgadas a la misma Minaurum Gold.

En su opinión, de cara a estos proyectos está en riesgo “el sustento de la vida comunitaria, de la vida colectiva y la existencia misma de las comunidades que han establecido que la madre tierra y el territorio es la fuente de vida. Estos territorios están siendo muy perseguidos por proyectos extractivos que están despojando a comunidades de su territorio; no les están pidiendo autorización ni permiso para que estos proyectos puedan darse. En ese sentido yo creo que se vuelve necesaria la exigencia y la defensa del territorio frente a esas imposiciones del Estado y de las empresas, sobre todo porque es una forma de defender la vida, de defender la existencia como pueblos indígenas en Oaxaca y México”.

Igualmente, Vilma Almendra señala, “Las autonomías que quedamos en los territorios estamos ahí; con contradicciones o no, estamos ahí, a pesar de cinco mil años de patriarcado, casi seiscientos años de colonización, un poquito más de doscientos años de Estados; ahí estamos todavía, hay lenguas, hay plantas que se saben para que son, hay una cantidad de formas ancestrales que nos han garantizado estar aquí ahora, y tener una palabra para caminar”. Por ello insiste, “es vital entender, conocer y defender los territorios originarios, porque creemos que son lo único que queda frente a todo este modelo capitalista, colonial, patriarcal y racista”.

¿Por qué se están reactivando proyectos mineros en el Istmo de Tehuantepec? ¿Tiene que ver con la construcción del Corrdeor Interoceánico o Transístimico?

El pasado 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En la propia descripción del proyecto se estipula que: “El Programa toma como eje de la dinámica económica el concepto de Corredor Multimodal Interoceánico para aprovechar la posición geoestratégica del Istmo de Tehuantepec y competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte. (…) A lo largo del Istmo se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora”.

Sobre el tema, Armando Cruz vislumbra, “los empresarios mineros seguramente ven en este proyecto oportunidad para implementar sus proyectos y para seguir saqueando la región. (…) Hablando de los proyectos de Minaurum Gold y Zalamera, parece que se están ubicando como paralelo a dónde está el proyecto transístmico; es decir, parte de la costa, la costa Chontal-Istmo, subiendo hacia esa zona de Matías Romero y luego yéndose hacia Chimalapas, entonces hay como un paralelo en términos de los proyectos y las concesiones otorgadas”.

Por otra parte, Eufemio Felipe Jiménez, originario de San Francisco Ixhuatán en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, expone que funcionarios públicos están llegando a las comunidades “a mostrar maquetas de proyectos para las comunidades, pero en realidad es manipular a la gente para firmar y sellar, y legitimar como consultas que se hicieron del corredor interoceánico”.

En su opinión, “es más de lo mismo: las mismas formas de llegar a ilusionar a nuestras comunidades: nos dicen “miren ahora si vamos a tener proyectos, ahora si vamos a crecer, a hora si vanos a mejorar”. Todo esto nosotros no lo creemos, porque no son proyectos que se hayan construido con la gente; nuestras formas de organización colectiva, nuestras formas de tomas de decisiones es a través de la asamblea, a través de nuestras cooperativas, a través de autoridades ejidales; y son tres espacios diferente de autoridad en donde la gente se reúne y tiene que plantearse ahí -desde lo que tenemos en nuestro territorio- que se tiene que fortalecer nuestra economía comunitaria, o salir otras formas economía”.

En relación con este tipo de grandes obras, Alberto Matarán agrega: “Parece ser que tanto al Corredor Interoceánico como otras grandes infraestructuras y megaproyectos que se están diseñando sobre todo en América Latina -aunque no sólo-, tienen un horizonte claramente extractivista. Aunque parezca que es infraestructura para el desarrollo de determinados territorios, busca algún tipo de extractivismo. Puede ser extractivismo agrario, minero como éste, o puede ser extractivismo en relación con los cuerpos: con la utilización de mano de obra barata”.

También plantea que en estos momentos de escasez y de crisis del capitalismo global, acentuado por la pandemia, parece haber una necesidad de “seguir alimentando la mega-máquina, es decir, de construir por construir”. En su opinión, “ahora mismo dejan de ser rentables muchas de las actividades económicas que desarrollan muchas de las inversiones que se estaban generando; entonces, la rentabilidad se busca solamente en los procesos constructivos, aunque luego no sean eficientes, ni tenga sentido; como por ejemplo, un corredor ferroviario compitiendo con un canal como el canal de Panamá”.

¿Qué hace a los Chimalapas una región tan particular, y cuál es la importancia regional en su defensa?

Según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), la selva de los Chimalapas tiene “un lugar muy alto en las prioridades de conservación a nivel nacional”.  Esta región, “ha sido reconocida como uno de los principales reservorios de diversidad biológica que hay en el país. Los niveles tan altos de precipitación que caracterizan el área han servido de base para sugerir que la región puede haberse comportado como un refugio florístico”.

Además, Eufemio Felipe quien además es coordinador operativo de dos bachilleratos comunitarios en territorio Ikoot de San Francisco del Mar, así como coordinador de uno de los centros universitarios de la nueva Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO), explica que, “en la zona Oriente del Istmo conviven y se relacionan fuertemente tres culturas y territorios: La Ikoot, la Zapoteca y la Zoque de la montaña. En esa zona Oriente hay un intento por entubar el territorio, y estamos muy cercanos entre comunidades. (…) De lo que hemos investigado es que, una vez que comiencen a hacer la explotación minera, los daños ecológicos, ambientales, sociales y económicos, van a estar también sobre nuestras comunidades”.

Al menos dos ríos importantes y una serie de arroyos cruzan la extensión en donde la corporación canadiense busca extraer oro y cobre: El río Zanatepec, y el río Ostuta. Eufemio expone que, “las concesiones mineras están en el nacedero del Río Ostuta. Este río nace en Territorio Zoque pero el río atraviesa los pueblos de Zanatepec, Reforma de Pineda, Ixhuatán y San Francisco del Mar, y desemboca en la laguna inferior. Nosotros, las comunidades de la zona Oriente del Istmo, trabajamos y dependemos totalmente de la agricultura y de la pesca”.

A ello agrega: “si se lograra instalar esta minera y empezaran a realizar esta explotación, el daño sería gigantesco para nuestra gente, pues los sembradíos de mango, de maíz, de sandía, de melón, de calabaza y de chile van a ser muy afectado, y también la pesca. El camarón, el pescado y la jaiba es alimento básico de nuestras familias en toda la zona. Por eso nos resistimos a las empresas mineras”.

En el mismo sentido, una joven habitante de San Miguel Chimalapa, estudiante de nivel superior, cuyo nombre se reserva por su seguridad, expresa que “la selva de los chimalapas es un lugar en donde yo crecí y en donde aprendí a amar la naturaleza. En donde aprendí a respetar y a interesarme cada día más por la relación que existe entre todas las especies. Aquí existen animales y plantas que cumplen una función específica”. 

Con preocupación, continúa: “La minería utiliza elementos químicos altamente tóxicos, esto estaría envenenando a nuestro suelo, a nuestra agua, a nuestros arbolitos; todos esos lugares en los que nosotros vemos belleza, que nosotros respetamos y que hemos apreciado durante estos años; como para que de la noche a la mañana se destruya toda esta. Es por eso que los Chimalapas decimos: no a la mina, sí a la vida”.

Imagen: Avispa Midia

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AMLO no puede con las mineras; Equinox Gold viola derechos humanos

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la resistencia minera en Carrizalillo, Guerrero – A 8 de septiembre de 2020

La empresa minera canadiense Equinox Gold incumplióel contrato con la comunidad de Carrizalillo, Guerrero. Si esta empresa estafara, robara, fuera corrupta e incumpliera contratos con el gobierno federal, posiblemente AMLO ya hubiera reaccionado y hasta vinculado a proceso la estafa. Por otro lado, si el gobierno federal incumpliera a la minera, seguramente ya hubiera interpuesto demandas internacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio o los Tratados Bilaterales de Inversión que les dan la garantía a las empresas extranjeras de demandar a los gobiernos cuando ven sus intereses amenazados, como ya ha pasado y como actualmente existen demandas contrael gobierno mexicano.

Sin embargo, la empresa Equinox Gold incumplió el contrato,pero con ejidatarios. Y se siente dueño de terrenos ejidales que no le corresponden y cuyo usufructo está condicionado por un contrato que ha incumplido. Razón por la cual,de manera legítima y legal, los ejidatarios han dado por terminadoel contrato y cerrado la mina de oro Los Filos.

Los costos socialesyambientales, los producidos por la defensa legítima como es la defensa legal, los costos de la movilización y la resistencia, el resarcimiento de daños por el incumplimiento de acuerdos, lo perdido durante el proceso de defensa y cierre de la mina, Equinox Gold debe pagarlo. El mismo trato que las empresas canadienses piden en el resarcimiento de daños, y hasta en pérdidas de sus ganancias al futuro, es lo mismo a lo que ellas tienen que estar sujetas en el paíscomo mínimo.

Pese a que las consecuencias legales son claras, el gobierno de AMLO propone una conciliación que significa la rendición incondicional de las Comunidades ante el despojo, la brutal devastación y la depredación de su territorio, así mismo olvidar la destrucción que la Comunidad ha sufrido en su cultura y tejido social, los daños irreversibles a la salud y la destrucción de decenas de familias por muertes por contaminación y asesinada/os, desaparecidas/os (que ni siquiera están cuantificadxs), decenas de familias desplazadas de manera forzada.

Militares intimidando a los dueños de la tierra que deberían estar cuidando al pueblo y no a una empresa que además de llevarse millones de dólares en oro, deja la total devastación del territorio, contaminación de agua, deforestación, pérdida de biodiversidad y de soberanía alimentaria de los pueblos. Una empresa racista que se siente dueña del lugar, que discrimina, que amenaza, intimida, se niega a cumplir contratos, criminaliza cuando su comportamiento haciala poblaciónes criminal, afectando fuentes de agua y faltando a la mayoría de los compromisos en el contrato.

El gobierno federal que dice estar a favor del medio ambiente, de los pobres, de la justicia, del agua como prioridad para la población, solo observa cómo se da el despojo de los indígenas y campesinos en el país por la devastación del modelo extractivo minero. ¿Dónde está la 4T?

¿Qué tipo de conciliación propone Sr. Presidente frente a este panorama? ¿Que nos propone a los pueblos de este país que no hemos recibido del modelo extractivo más que sufrimiento despojo, devastación y muerte?

No, no queremos sus empleos, no queremos su supuesto desarrollo, no queremos más promesas incumplidas, lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz en nuestros territorio

¡JUSTICIA Y RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO EN CONDICIONES DE RESPETOCON LA COMUNIDAD DE CARRIZALILLO, GUERRERO!

¡BASTA DE IMPUNIDAD PARA LAS EMPRESAS MINERAS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen:Mina Los Filos – El Bermejal, Carrizalillo, Guerrero, Mexico | EJAtlas

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Francisco Quiroga; Un vendedor del territorio mexicano

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de agosto de 2020

El pasado 13 de agosto del 2020 durante el “III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería y la Nueva Normalidad” organizado por la Cámara Minera de Minera de México (Camimex), el Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE) Francisco Quiroga Fernández, se presentó nuevamente ante los empresarios mineros como un gran vendedor de nuestro patrimonio y no como un funcionario encargado de proteger el interés nacional. Al mismo tiempo que se sienta a cenas de navidad con empresarios, le ofrece “protección especial” contra el crimen organizado a la iniciativa privada minera; cuando son las mismas empresas quienes fomentan la operación de dichos grupos, ocasionando que varias comunidades vivan verdaderos infiernos de inseguridad. El oro que esté libre de violencia, mientras la gente tendrá que esperar otro sexenio de promesas contra la impunidad y la violencia.

No es la primera vez que el Sr. Quiroga le miente a la nación, esta vez, al mismo tiempo que afirmó, de forma por demás cínica que: “las empresas mineras en México realizan las mejores prácticas del mundo y que la minería está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho”; se atrevió a advertir que: “a quienes traten de extorsionar al sector minero no lo va a lograr”, dejando en claro que, desde su ascenso al cargo, nunca ha dejado de rematar los minerales del país y de utilizar los recursos nacionales para proteger a los todopoderosos empresarios mineros nacionales e internacionales.

Cómo se atreve el Sr. Quiroga Fernández al hablar de buenas prácticas, cuando ni siquiera es capaz de mantener su portal de información abierto al público, prácticamente desde que asumió el cargo, lo cual demuestra lo poco transparente con la que realiza sus actividades, a pesar del discurso pregonado por la 4T.

Qué hará este Sr. con las poco más de 25 mil concesiones mineras otorgadas a lo largo y ancho de la República Mexicana que generan permanentemente conflictos socio-ambientales, algunos de ellos considerados como los más graves de los que se tenga memoria en las últimas décadas, por ejemplo: hostigamientos, criminalización, asesinatos y desplazamientos.

Qué significa, para el Subsecretario de Minería, el crimen ocasionado por la imprudencia de Grupo México, que derivo en una explosión dejando 65 mineros sepultados en los túneles la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en Nueva Rosita Coahuila desde el 2006.

De verdad para él, los 40 millones de litros de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora provocado por la Minera Buenavista del Cobre S.A., de C.V., filial de Grupo México, ¿son fruto de las excelentes prácticas mineras? Cada año hay decenas de derrames mineros en México y Latinoamérica

Qué le dice al Sr. Quiroga el último informe de Global Witness, en el cual se señala que la minería es el sector más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente en México.

Qué le parece si lo invitamos a alguna mina, por ejemplo esta: https://www.proceso.com.mx/644770/guerreros-unidos-toma-la-presidencia-de-teloloapan-retiene-al-alcalde-y-bloquea-minera-de-penoles, para que sienta en carne propia, las verdaderas “buenas prácticas” de sus todopoderosas empresas mineras, responsables de la generación de violencia a partir del patrocinio de grupos armados en varios rincones de México.

Desde su ingreso al gobierno de la llamada 4T, el Sr. Francisco Quiroga Fernández se ha dedicado a apoyar de forma incondicional al sector minero depredador, en consecuencia, deja ver el estigma y racismo que guarda contra las comunidades indígenas, las/os comuneros y ejidatarios, así como contra los activistas y las organizaciones que, frente a la devastación y depredación de la minería, estamos dispuestos y decididos a defender la vida, así como los derechos humanos, sociales, ambientales y culturales. De la misma manera el Sr. Quiroga trata a los trabajadores y sindicatos mineros, en donde son palpables las prácticas abusivas y el abandono por parte de las empresas para con los trabajadores, muchos de ellos en huelgas que por lo menos llevan una década. Así que sus tenues llamados para los empresarios para que realicen procesos de integración de las comunidades es una burla.

¿De qué maravillosas prácticas mineras “realizadas” en México habla usted? Cuando en ese sector se encuentran los personajes más siniestros de este país, como Larrea, Slim, Bailléres, Salinas Pliego, Alonso Ancira, etc., todos ellos generadores de despojo, violencia, destrucción ambiental y desplazamiento forzado. ¿De verdad a estos rufianes les brindará protección del estado? ¿De verdad usted cree que con estos personajes le hará creer a la gente que sus prácticas mineras son maravillosas a nivel mundial?

En la REMA nos queda claro que no le da vergüenza cuando refiere “buenas prácticas”, y omite que, en los principales municipios mineros de oro, plata y cobre en este país, se mantienen niveles de pobreza más altos que el promedio nacional. Ahí pondera este dicho: oro y plata para pocos, miseria para todos”.

Los ejemplos de impactos negativos de la minería en México, y en el mundo, son inconmensurables, igual que el cinismo con el cual el Sr. Quiroga Fernández las pondera como si continuara siendo el empleado de una compañía minera.

No hay manera de que alguien, en su sano juicio y desde la academia con conciencia, pueda sostener que hay minería justa, segura, responsable, verde, libre de violencia. Tampoco hay manera de que prueben el “progreso y desarrollo” minero como el camino ideal para los pueblos; menos aun, pueden demostrar que no destruyen y contaminan el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo de México. Las empresas nunca tendrán la sensibilidad para incorporar es sus fórmulas financieras la atención y reparación de los daños a la salud que ocasionan a miles de personas que habitan en el entorno de una operación minera. Menos, como sector, se harán responsables de la división comunitaria, la destrucción de identidades, de la pérdida de la cultura y del deterioro de la comunalidad, porque ni siquiera saben que significa ello. Qué opinión tiene el Sr. Quiroga, sobre los dichos de varios empresarios quienes en medios han dicho que el sector minero es precursor o sostenedor de grupos armados utilizados para hostilizar y asesinar a los defensores del territorio.

La 4T continúa sin propuesta, plan o por lo menos algo de rumbo diferente de la minería en México y, aunque al presidente Obrador no le guste, continúa siendo lo mismo que sus antecesores, incapaz de entender siquiera que, el no dar nuevas concesiones no tienen ningún significado con la amenaza que enfrentamos desde hace años. Es una pena que la nueva política minera en México sea eso o repartir “bien” los recursos del fondo minero. Para REMA no dar más concesiones, es una postura que cualquier estudiante de preparatoria sugeriría como un primer paso de una política mucho más amplia y acorde a la realidad que se vive, así que, el sólo acto no más entrega de concesiones es una verdadera tomada de pelo a la nación.

Está claro que, tanto al gobierno como a las compañías mineras, no les importa en lo más mínimo las comunidades, ya que, a las legítimas exigencias de respeto de los derechos de las comunidades, son ellos -el gobierno y las compañías mineras privadas extranjeras y nacionales-quienes responden con hostigamiento, criminalización y asesinatos. En ese contexto de impunidad, de asimetrías y de cinismo, está claro que, la obtención de la “licencia social” de las comunidades y la intensión de conseguir el apoyo activo de las mismas para la operación de las compañías mineras, no es otra cosa que una estrategia más para lograr que sean las mismas comunidades las que promuevan su suicidio ambiental, social, sanitario, económico y cultural.

25 de agosto del 2020

¡EL MODELO EXTRACTIVO MINERO NO ES JUSTO, NO ES SEGURO Y ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS!

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Actividad minera en México. Foto La Jornada/ archivo

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Sin resolución, demanda colectiva en contra del maíz transgénico

Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre la lucha por preservar el maíz nativo en México – A 31 de julio de 2020

Por Jordana Gonzalez

A 7 años de interpuesta la demanda colectiva en contra de la siembra de maíz genéticamente modificado en México, la resolución de ésta continúa pendiente por parte de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es por ello que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe decretar la prohibición de la siembra de organismos genéticamente modificados, dijo Mercedes López Martínez, miembro de la campaña nacional “Sin maíz no hay país”.

Y es que, aunque en 2020 la siembra de maíz transgénico está suspendida debido a una medida cautelar otorgada poco tiempo después de interpuesta la demanda colectiva –el 5 de julio de 2013 por 53 activistas y 20 organizaciones– el reto de ganar la demanda persiste, reconoció la doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México durante el webinario “Siete años de la demanda colectiva contra el maíz transgénico en México”.

Ello, porque desde 2014 la medida ha sido impugnada, mediante todos los medios posibles, por las empresas trasnacionales para que sea revocada y sea posie la siembra de maíz genéticamente modificado en el país, de acuerdo con Rocío Castillo Toxqui, abogada litigante en el proceso de defensa de las 64 razas y cientos de variantes del maíz nativo.

En la actualidad, la medida cautelar es estudiada en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la ponencia de la Ministra Piña. Se decidirá si se confirma o se revoca, precisó la abogada Rocío Castillo.

Además, la abogada Castillo Toxqui añadió que una de las dificultades y por la cual el proceso de litigio ha sido tan largo es porque “la tradición procesal jurídica viene de derechos individuales, lo que choca con un procedimiento colectivo”. Para ella, “de lo que se trata es de pulir el procedimiento con la participación social para fortalecer la demanda colectiva”.

Por su parte, la doctora Mercedes López, aseguró que con el proceso judicial no se busca la reparación monetaria sino que los tribunales judiciales declaren como “ineficientes” los límites establecidos en la Ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados, pues existe evidencia de contaminación transgénica de maíz en Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Guanajuato.

Asimismo, aseguró que con el proceso judicial buscan dar cuenta que la siembra de transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de estos, de las generaciones actuales y futuras; así como los derechos a la alimentación, a la salud y los derechos de las comunidades, detalló la representante de Común Demanda Colectiva.

Y es que, de acuerdo con la doctora López Martínez, el maíz es considerado como bien sagrado por las comunidades indígenas, quienes lo han domesticado por más de 8 mil años; el maíz es la base de la soberanía alimentaria a través de la milpa. En contraste, precisó, las empresas trasnacionales lo miran como una mercancía que pueden patentar y añadir glifosato sin importarles los daños a la salud que causan como el cáncer. Ante ello, pidió a la Secretaría de Desarrollo Rural, entonces Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) desistan de litigar a favor de empresas nacionales allanándose de la demanda.

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La “4T” y el derrame tóxico en el Río Sonora… Una herida abierta y el incumplimiento gubernamental continúa

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA a propósito del 6to aniversario de desastre minero en el río Sonora – A 10 de agosto de 2020

El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.

Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.

El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.

La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.

Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.

Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.

Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.

La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de  la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.

CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES

Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.

ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:

¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Río Sonora – Hector Guerrero – Pie de página

Más información:

[PDF] Expansión capitalista y propiedad social en la Península de Yucatán

Les compartimos este análisis hecho por Colectivo GeoComunes, Gabriela Torres-Mazuera, Claudia Gómez Godoy sobre la Península de Yucatán – Junio 2020

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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este texto es analizar la expansión que sobre la propiedad social tienen tres de los sectores que dinamizan la acumulación de capital en la Península de Yucatán, a saber: el sector de energías renovables, el desarrollo turístico-inmobiliario y el sector agroindustrial. En particular, nos interesa describir la transformación que sobre la tenencia de la tierra ejidal tiene la expansión de un conjunto de proyectos de desarrollo de dichos sectores, que suponen la explotación intensiva de los recursos naturales (tierra, bosques, agua, viento, semillas) y la privatización y mercantilización de la tierra de uso común de núcleos agrarios. Conocer el patrón espacial y los mecanismos de inserción de dichos sectores resulta relevante en la medida en que permite tener una aproximación precisa de los posibles efectos territoriales que tendría la puesta en marcha del llamado “Tren Maya” y el mega-proyecto de reestructuración del sureste del país que vendría a la par.

El presente documento se divide en dos partes. En la primera describimos la situación actual de la propiedad social en la Península de Yucatán y establecemos las bases jurídicas para comprender la forma de tenencia ejidal. Identificamos además los procesos de privatización activados por el PROCEDE y, más importante aún, por los sucesivos cambios de destino promovidos en un gran número de ejidos tras el paso de este programa. En la segunda parte, realizamos una investigación cartográfica que muestra algunas delas transformaciones experimentadas en las relaciones de propiedad y la tenencia de los ejidos de la Península relativos a los proyectos de energías renovables, el tsunami turístico-inmobiliario y la agroindustria.

Para la elaboración de este documento nos apoyamos en varias fuentes de información y trabajos previos que se irán indicando en cada sección. Los mapas y gráficas se realizaron a partir de las bases de datos e información pública provistos por el Archivo Agrario Nacional (RAN), el INEGI, el SIAP de la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) y las capas elaboradas por Geocomunes. También se construyeron nuevas bases de datos a partir de información pública solicitada vía Infomex a las mismas entidades de gobierno (RAN y Semarnat). Por otro lado, este documento retoma información y argumentos presentados en otros trabajos citados en la bibliografía. Por su especificidad, detallaremos la metodología utilizada para la elaboración de los mapas de expansión urbana y agroindustrial en los apartados correspondientes.

  • Contenido
  • Introducción 2
  • 1.La propiedad social en la Península de Yucatán: procesos de privatización y mercantilización 31.1
  • 1.1.Tierras ejidales de acuerdo a la Ley Agraria de 1992: el punto de partida
  • 1.2.Situación de la propiedad social en la Península de Yucatán (2018)
  • 1.3.PROCEDEy el parcelamiento de los núcleos agrarios en la Península de Yucatán
  • 1.4.Cambios de destino de tierras uso común postPROCEDE1993-2018
  • 2.Análisis cartográfico de las estrategias de acaparamiento de la propiedad social por sector de capital
  • 2.1.Energías Renovables: contratos de usufructo sobre tierras de uso común
  • 2.1.1. Mecanismos de apropiación de tierras ejidales del sector de energías renovables
  • 2.2.Expansión urbana y turística: cambio a dominio pleno y asentamientos humanos
  • 2.2.1 Expansión de la mancha urbana sobre la propiedad social y privada
  • 2.2.2 Urbanización futura sobre la propiedad social
  • 2.3 Agroindustria: formas diversas de acceso a la propiedad social
  • 2.3.1 Expansión de la frontera agrícola según tipo de cultivo (riego o temporal)
  • 2.3.2 Monocultivos, propiedad social y privada
  • 22.3.3 Granjas avícolas y porcícolas

1.LA PROPIEDAD SOCIAL EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN: PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y MERCANTILIZACIÓN

1.1 Tierras ejidales de acuerdo a la Ley Agraria de 1992: el punto de partida

De acuerdo con la Ley Agraria de 1992, el ejido típico se conforma por tres tipos de tierras: tierras parceladas, tierras de uso común y tierras de asentamiento humano. Las tierras parceladas son aquellas asignadas a ejidatarios de manera individual o colectiva (grupos de ejidatarios), que cuentan con certificados parcelarios registrados en el RAN. El artículo 80 de la Ley Agraria dispone que los derechos parcelarios se puedan enajenar a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población. Se trata de tierras dedicadas a la agricultura intensiva, ganadería y otras actividades productivas, así como a la urbanización irregular en particular en aquellos ejidos colindantes a alguna ciudad en expansión. Las tierras parceladas pueden cambiar de régimen de propiedad y pasar a dominio pleno. Este cambio supone la desincorporación de la tierra ejidal y su conversión a propiedad privada y lo realizan los titulares de las parcelas de manera individual en aquellos ejidos donde la asamblea aceptó el cambio a dominio pleno.

Las tierras de uso común son aquellas que no han sido parceladas y a las que tienen derecho todos los ejidatarios. En la Península de Yucatán se trata, en la mayoría de los casos, de tierras no laborables que se utilizan para aprovechamiento o conservación forestal, milpa, cacería, apicultura, yacimientos de materiales para construcción y uso turístico. Las normas de acceso a las tierras de uso común se establecen por decisión de la Asamblea ejidal o comunal. Estas normas pueden ser desde ‘acceso abierto’ a todos los ejidatarios y comuneros del ejidos, o pueden establecer cierto tipo de restricciones a distintos sujetos agrarios.

Las tierras del asentamiento humano están compuestas por los terrenos donde se ubica la zona de urbanización y su fundo legal. El fundo legal y el asentamiento urbano son tierras destinadas a usos habitacionales de los ejidatarios y demás vecinos, y fueron asignados o reconocidos con la dotación ejidal cuando los ejidos se crearon. Por su parte, las reservas territoriales son zonas creadas tras el paso de PROCEDE por la Asamblea general de ejidatarios. Es importante señalar que el área de reserva de crecimiento y los asentamientos humanos conforman un área irreductible del ejido y son inalienables, imprescriptibles e inembargables en tanto no estén divididos. Sin embargo una vez que estas áreas son divididas y convertidas en solares urbanos asignados individualmente a ejidatarios y avecindados, dichas tierras salen del régimen de propiedad ejidal y pasan al régimen de propiedad privada (Pérez Castañeda, 2003:139).

La política de certificación del RAN permite tres figuras: asentamiento humano delimitado, asentamiento humano sin delimitar y reserva de crecimiento

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Imagen: Geocomunes

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