Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el litio en México – A 13 de septiembre del 2022
La falsa solución a la crisis energética del capitalismo se encamina a la profundización del Modelo Extractivo, cargando, como siempre, los costos de despojo, desigualdad y destrucción de la supuesta transición a una “economía de energía verde y limpia” a los territorios y pueblos donde se encuentran el litio y los minerales estratégicos que lo acompañan (cobalto, niquel, grafito, aluminio, hierro, fósforo, cobre entre otros); así como a la profundización de una crisis hídrica que desde hace años ya azota a este país.
Los hidrocarburos ahora serán reemplazados por la minería y, en especial, por el litio principalmente para la fabricación de baterías para “vehículos sustentables”. El control por este mineral modifica el mapa geopolítico para las naciones y las trasnacionales que dominan el mercado y la tecnología que requieren de este mineral. China, EU y los Estados miembros de la UE están imponiendo un falso discurso de preocupación global por el calentamiento global, y bajo la lógica de una necesidad de reducción de CO2, imponen un nuevo modelo de “mercado verde” que sigue despojando territorios y apropiándose de la vida de los pueblos para alimentar la voracidad de las empresas y del gran capital, bajo el puro estilo y lógica perversa colonialista.
Lejos de contrarrestar este Modelo Extractivo y buscar verdaderas soluciones virando hacia otros paradigmas de energía y estrategias al combate del Calentamiento Global, el gobierno mexicano pretende posicionarse en el control de la llave que abre las puertas del territorio a la explotación intensiva del litio en México, en el marco de controlar las ganancias que conllevará, ya que las consecuencias sociales y ambientales serán igual independientemente de la empresa que explote intensivamente este mineral.
Para ello, recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de creación de la empresa estatal Litio para México (LitioMx) que será coordinado por la Secretaría de Energía (Sener), dirigido por el hijo del actual Superdelegado del gobierno federal en Sonora, una vez que termine sus estudios, y contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía auténtica, operativa y de gestión. Según la Sener: “El objeto de Litio para México es la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio, ubicado en territorio nacional, así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral”.
El discurso de la “utilidad pública del litio”, el “interés y la seguridad nacional”, serán la clave para la persecución, criminalización, judicialización o estigmatización de quienes defiendan el territorio, los derechos colectivos de los pueblos, para quien se oponga a la explotación del litio a lo largo del territorio nacional.
Aunque el gobierno está lejos de tener una idea real de los yacimientos de litio en el país, más allá del proyecto de Sonora Lithium que sigue en manos de la empresa china Ganfeng, el gobierno federal ve ahora en este mineral el reemplazo del ingreso de divisas petroleras toda vez que el litio, entre 2014 y 2018, su precio se disparó hasta en un 156%, desde los 7 mil dólares hasta llegar al máximo histórico de los 17 mil dólares. La fiebre de la prospección, exploración y explotación del litio en México pondrá bajo amenaza a los pueblos y territorios en el país, que serán estigmatizados de ir en contra del desarrollo “verde”, del interés nacional y de atentar contra la paz y la seguridad del país.
Por ello, el Presidente Andrés Manuel López Obrador necesita cuerpos de élite y fuerzas de seguridad especializada que le ayuden a imponer estos proyectos, por lo que es alarmante el nombramiento recientemente al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como el Coordinador de LitioMx donde estará ubicada la sede de la paraestatal, y quien en 2020 fuera el encargado de la creación de la policía minera con el fin de proteger los intereses de las grandes empresas del sector, mientras era titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana del 2018 al 2020.
En aquel momento, toda la primera generación de 118 efectivos de policía minera fue desplegada a la mina de oro Herradura de la empresa Fresnillo plc en Sonora, una de las entidades donde las afectaciones sociales y ambientales han causado mayores conflictos mineros.
Tal es el caso de los justos reclamos de los pobladores del Ejido El Bajío para la implementación de 67 sentencias agrarias favorables quedeclararon nulos e inexistentes los convenios de ocupación de tierras delos ejidatarios afectados por la empresa mexicana Penmont (filial deFresnillo plc). Estas sentencias dictadas en 2014 ordenan resarcir los daños generados por la extracción de oro en las tierras del ejido y regresar todo el oro extraído de manera ilegal del ejido.Sin embargo, la justicia no ha llegado y los riesgos para el ejido se han intensificado. Las y los ejidatarios han sido víctimas de hechos violentos como asesinatos, encarcelamiento ilegal y desaparición forzada, además han denunciado el hostigamiento constante por parte de la policía federal, el ejército y hombres armados al servicio del tío de la exgobernadora de Sonora, Claudia Artemiza Pavlovich, actual cónsul de México en Barcelona, además de la misma policía minera.
Así también sigue en impunidad el derrame de lixiviados de sulfato de cobre acidulado de la mina Cananea del Grupo México que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014, dejando sin agua limpia a miles y lo cual sigue generando fuertes daños a la salud de las comunidades afectadas a lo largo de los cuerpos de agua afectados.
Es así que el fervor actual por el litio en el país y el nombramiento de este personaje totalmente aliado de las empresas mineras nos deja claro que la política de la 4T va encaminada a seguir favoreciendo el avance de la minería en México, y con ello la violación a los derechos de los pueblos y el despojo de sus territorios dando continuidad al modelo extractivo de muerte.
POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO EXTRACTIVO MINERO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre el caso #JusticiaParaBetyCariño – A 12 de septiembre del 2022
El 27 de abril de 2010, Alberta “Betty” Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, fueron asesinados en el Municipio de San Juan Copala, Oaxaca, por miembros del grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT), cuando la caravana de la misión civil de paz en que viajaban se dirigía a entregar ayuda humanitaria.
«Bety» Cariño Trujillo era fundadora y miembro de la Coordinación Nacional de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), y directora de la organización CACTUS en Oaxaca. Jyri era un voluntario de origen finlandés que acompañaba la misión humanitaria de paz, donde más de una veintena de defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas viajaban y donde resultaron algunos más heridos.
El pasado 7 de Septiembre del presente año, un Juez del Tribunal Unitario de la Región Mixteca ordenó la liberación de los últimos cuatro presos (Daniel Martínez López, Antonio Solano Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez y Elías Cruz Merino) acusados de participar en la emboscada armada en el que fueron asesinados Betty y Jyri.
Por si fuera poco, el grupo paramilitar UBISORT continúa presente en la región con total impunidad, asediando a las comunidades e imponiendo el poder y control en el territorio, haciendo evidente la complicidad del gobierno del estado que tardó cuatro años en realizar la investigación, y de las 14 órdenes de aprehensión sólo se ejecutaron siete quienes al día de hoy ya han sido todos liberados, incluyendo el líder del grupo paramilitar Rufino Juárez y Juan Macario Bautista.
La REMA se solidariza con la familia Esparza Cariño y con la familia Jaakkola.
La REMA exige el fin de la impunidad, castigo a los responsables de los asesinatos, alto a la intimidación y amenazas a defensores y defensoras de los derechos colectivos de los pueblos.
¡JUSTICIA PARA BETY Y JYRI!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
México (MiMorelia.com).- Por medio de un reportaje el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (Conacyt) indica que el récord mundial de consumo de Coca-Cola lo tiene un estado de la República Mexicana.
De acuerdo al reportaje compartido en la página del Conacyt señalan que durante los últimos años las bebidas azucaradas ha tomado gran importancia en el día a día de los mexicanos y señala que algunas de sus consecuencias son que se eleve el riesgo de contraer enfermedades como diabetes tipo 2, sobrepeso y obesidad.
Y lamentablemente el estado de Chiapas, es la región del mundo donde más se consume Coca-Cola.
De acuerdo a un estudio realizado por Jaime Page Pliego, doctor en Antropología por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur), indica que aproximadamente cada habitante de Chiapas bebe 821.25 litros de refresco por año, mientras que 160 litros es el consumo per cápita en todo el país.
Esto se relaciona con la alta prevalencia de diabetes mellitus en la región, que en la última década ha sido la principal causa de muerte.
Esta misma investigación revela que las razones por las que se ha incrementado el consumo de bebidas azucaradas en la región sureste, son la laxa legislación hacia las empresas refresqueras, campañas de mercadotecnia en lenguas locales y la poca accesibilidad de agua potable de calidad y en cantidad suficiente para los habitantes.
Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real a nuestra compañera Tania Gonzáles sobre las políticas públicas y normativas abrieron paso a las grandes empresas transnacionales y cerraron puertas a los pueblos en México – A 24 de mayo del 2022
El diagnóstico mexicano sobre las políticas gubernamentales que han permitido e impulsado el avance de las empresas transnacionales, producido por Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México, está centrado en el sector agroalimentario y coincide con el resto de los países de la región en un momento bisagra: los años 90, las políticas neoliberales y los Tratados de Libre Comercio (TLC).
En el caso específico de México el quiebre puede referenciarse con la firma y puesta en marcha del TLC de América del Norte (TLCAN). Entrevistada por Radio Mundo Real, la activista de Otros Mundos Chiapas, Tania González, explicó que esta apertura comercial, con Estados Unidos como principal socio, provocó un giro en las políticas agroalimentarias del país y concibió una perspectiva agroexportadora. Esto debilitó a instituciones y apoyos que impulsaban un desarrollo rural con los/as trabajadores/as y pobladores/as del campo como centro.
“Las transnacionales agroalimentarias están jugando un rol protagónico en la dinámica de producción y consumo de nuestro país, tanto a nivel interno como externo. Están impactando en las decisiones sobre la tierra y la tenencia, absolutamente en todo lo que tiene que ver con fertilizantes, agroquímicos y semillas. También controlan la cadena de comercialización, exportación y logística. Además, están en el comercio minorista, en la industria de los alimentos y la bebida. Es un panorama preocupante”, dijo González.
Dentro de las políticas específicas que habilitaron la concentración de poder de las empresas transnacionales, González destacó la modificación al artículo 27 de la Constitución mexicana, que permitió el arrendamiento de tierras de propiedad social. “Esto llevó a la descampesinización y disminuyó la superficie de nuestro principal cultivo, el corazón de nuestro país, el maíz”. Además, la activista contó que el cierre de la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), por falta de apoyo y fomento, permitió la entrada a las transnacionales de semillas, ya que la producción nacional se vio desabastecida.
Por otro lado, las políticas alimentarias de México tienen como principales proveedores a empresas transnacionales y los programas apuntados al campo incluyen paquetes tecnológicos con semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas. El informe diagnóstico de México también cuestiona las políticas de subsidio del agro orientada a la exportación. “Se les dan subsidios a grandes productores que trabajan con empresas transnacionales, incluso Cargill ha recibido subsidio”, contó González.
Las empresas acaparan y controlan toda la cadena agroalimentaria, incluso la comercialización minorista. El informe recoge un término utilizado por la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo ETC: la Walmartización. González explicó: “es un cambio de relaciones personales y cotidianas en base a la alimentación y la salud. Son modelos de relaciones estandarizadas y mercantiles, no sabemos quién produce ni de dónde viene. Hoy en una sola tienda compramos medicamentos, ropa y comida. Es peligroso porque es un modelo que controla toda la cadena y reduce la posibilidad de competencia de los pequeños productores y minoristas”.
Las consecuencias directas de todas estas políticas recaen sobre campesinos/as, indígenas y pequeños/as comerciantes. Y doblemente sobre las mujeres de estos sectores. González lo analizó desde dos puntos. Uno es que las políticas de subsidios para mujeres en México “refuerzan roles convencionales de género y la división sexual del trabajo, además aumenta la carga de trabajo de las mujeres”, quienes terminan por ser el sustento del hogar, pero sin los derechos a la propiedad de la tierra y por lo tanto sin lugar para la toma de decisiones en el territorio.
El otro punto es que, unido a la descampesinización, se dan los procesos de migración que tienen impactos negativos sobre las mujeres. “Trabajan en la agroindustria hortícola, con condiciones laborales precarias, salarios más bajos, pagos por hora y temporales”, explicó González.
Ante el avance transnacional motivado desde la esfera pública y legal, Otros Mundos Chiapas propone acciones de incidencia social y prevención en territorios. Aún con el cambio constitucional, en México la forma de propiedad social de la tierra representa más del 50 por ciento del territorio nacional. Esto es una oportunidad, ya que según explicó González, “no existen proyectos de ninguna índole donde no tengan que intervenir el municipio y la asamblea de los núcleos agrarios; las empresas tienen que negociar y confrontar sí o sí a las comunidades”.
*A fines de 2021 Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de ocho países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder.
En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región, que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran: escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados.
Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a los/as referentes de las organizaciones de ATALC involucradas.
Compartimos esta entrevista realizada por Julio Martínez de El Asombrario sobre las y los defensores de la vida asesinados en México – A 16 de mayo del 2022
Según Reporteros Sin Fronteras, en lo que llevamos de 2022 once periodistas han sido asesinados en México. Unas cifras que se unen a los ataques sufridos por los activistas ambientales durante 2021, que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha datado en 25 homicidios, siete más que en 2020. Ante unas informaciones tan alarmantes, desde ‘El Asombrario’ hemos querido entrevistar a Gustavo Castro,un ambientalista con décadas de lucha ecologista a sus espaldas. De hecho, fue el único testigo de la muerte en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres. Durante la conversación, Castro ha analizado las causas de estas agresiones en América Latina, al mismo tiempo que ha recordado la figura de su compañera Bertita, como así la conocía.
¿Cómo calificaría la situación de los defensores ambientales en México y en Centroamérica?
Estamos en un punto muy complicado. Desde 2021 se vienen registrando los mayores índices de asesinatos a activistas y a periodistas. Una situación que no sólo se está produciendo en México, sino en toda América Latina. Entre las causas se encuentra la aceleración del extractivismo [de materias primas] en la región. Una circunstancia que ha generado la resistencia de los movimientos ecologistas y la consiguiente persecución de sus integrantes. En el caso mexicano, el actual presidente –Andrés Manuel López Obrador– ha impulsado grandes megaproyectos que están conllevando unos impactos ambientales y sociales descomunales. Por tanto, la reacción de las organizaciones ambientales no se ha hecho esperar. Y no únicamente con protestas. También con acciones jurídicas en contra de dichas decisiones. Un descontento que la administración actual [la de López Obrador] ha criminalizado, con el fin de evitar que sus megaproyectos se detengan…
Entre las mencionadas obras públicas, ¿se encontraría el ‘Tren Maya’ que se está construyendo en la Península de Yucatán?
Así es. Se trata de una de las propuestas de mayor dimensión. El gobierno se encuentra promoviendo más de 1.500 kilómetros de tren, que van a afectar a gran parte de la selva maya. De hecho, el proyecto ya estaría impactando sobre la deforestación, el uso del agua o la extracción de la energía. Incluso se estaría aprovechando este plan para estimular otras iniciativas poco sostenibles, como pistas de fórmula 1 o complejos hoteleros. Todo ello, además, en una zona muy rica en lo arqueológico, en lo ambiental y en lo cultural.
Por otro lado, la presencia de compañías mineras canadienses en México, ¿cómo estaría afectando a esta situación?
Estas sociedades son las principales inversoras del sector extractivo mexicano. Unas actividades mineras que han generado mucha criminalización y persecución. Precisamente, ahora estamos demandando explicaciones al gobierno de Canadá por el asesinato de Mariano Abarca [el 27 de noviembre de 2009] a manos de una de estas compañías. Sin embargo, el ejecutivo canadiense no acepta que la empresa participase –aunque fuera por omisión– en el homicidio.
¿Qué medidas se podrían tomar para transitar de un modelo extractivo a otro con un mayor peso de las renovables?
El problema de fondo no es el bien natural. Es la forma de extraerlo. De hecho, existen dos alternativas. Por un lado, la descentralizada, donde las comunidades consiguen fuerza energética directamente del entorno, con un impacto ambiental casi nulo y donde tienen el control de la totalidad de la producción y distribución. Y por otro, está el modelo centralizado, en el que hay una sola empresa que emplea y controla una gran extensión de territorios para generar energía y distribuirla a una gran cantidad de clientes. En consecuencia, necesitamos una transición desde la fórmula centralizada a la descentralizada. Y, con este fin, hay que implementar mecanismos para que en los municipios se generen distintas opciones de obtención energética.
Regresando al problema de la persecución de los activistas ambientales en México, hemos hablado de las causas relacionadas con la política extractivita, de la responsabilidad de las compañías transnacionales o de los grandes megaproyectos. Pero ¿qué papel tiene la corrupción en estos ataques? ¿Y el crimen organizado?
Acaba de tocar dos puntos que son fundamentales. En primer lugar, la corrupción. La ciudadanía suele darse cuenta cuando los gobiernos no hacen las cosas bien, pero ¿quiénes son los que ofrecen el dinero para corromper a las instituciones públicas? Normalmente, las grandes empresas transnacionales, que impulsan el cabildeo entre los diputados para conseguir la aprobación de leyes que beneficien sus intereses, para obtener los mejores precios o para hacerse con las concesiones más rentables. Y luchar contra esto es una tarea titánica, sobre todo cuando las corporaciones han asaltado el Estado y han tomado el control del poder ejecutivo. Se acaba produciendo una fusión entre el dominio económico y el estatal…
En cuanto al crimen organizado, se ha desarrollado de forma tan acelerada que ya se vislumbra una fusión entre el narcotráfico y las autoridades políticas y empresariales. De esta forma, nos podemos encontrar con narcoestados. Una circunstancia terrible que estamos observando tanto en México como en toda América Latina. En este contexto, la violencia se agudiza muchísimo más, ya que los cárteles ostentan el poder de los territorios y de la policía. Entonces, la persecución a los defensores ambientales se multiplica.
¿Qué lugares de México se pueden considerar ‘narcoestados’?
La pregunta se ha de formular al revés. ¿Cuáles no lo son? Estamos en un país donde hay 100.000 desaparecidos; donde el narco está utilizando drones para lanzar bombas contra el Ejército; donde existe un crimen organizando que, en definitiva, trae de cabeza al gobierno federal. Una presencia de los cárteles que nunca pensábamos que fuera a llegar a Chiapas [Gustavo Castro vive en este Estado mexicano del sur, que nunca ha tenido una gran presencia del crimen organizado]. Por eso, estamos sorprendidos de cómo en los dos últimos años –desde el inicio de pandemia– los indicadores de violencia también se han incrementado en esta zona. Se ha observado un aumento de las fosas comunes, de los desaparecidos, de los enfrentamientos armados entre los narcos…
¿Por qué se está produciendo este avance en emplazamientos que, hasta no hace tanto, no sufrían este problema?
Hay que tener cuenta que México cuenta con una relevante frontera terrestre con Estados Unidos, el lugar del mundo con mayor consumo de droga. Por tanto, todos los estupefacientes han de pasar por nuestro país. Sin embargo, y por diferentes circunstancias –como el tratado de libre comercio o la edificación del muro que separa ambas naciones–, el narco decidió que también quería fomentar el consumo nacional mexicano. Y, para facilitar el acceso a las mercancías, decidió estimular la siembra de los estupefacientes aquí, en nuestro país. Tras ello, el siguiente paso que dio fue el de la ampliación de sus negocios, a través de extorsiones, secuestros, lavado de dinero, tráfico de migrantes, de órganos, de niños y de armas… Un fortalecimiento de su presencia que se ha visto ayudado por la pandemia, ya que durante la misma no hubo control del espacio –ni ciudadano ni gubernamental–. Con la llegada de la Covid19 nadie salió a la calle, por lo que el crimen organizado se movilizó más fácilmente.
¿Se está normalizando la violencia?
Yo creo que sí. Hay tanta información sobre asesinatos y desaparecidos que la ciudadanía ya no se escandaliza ante estos hechos. Desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a que cada día se produzcan decenas de homicidios, feminicidios… En este contexto, la pregunta para los defensores ambientales o para los periodistas es: ¿cómo nos vamos a proteger? No vemos que las administraciones estén respondiendo ni que tengan la capacidad para ello. No pueden hacer nada en contra del narco. El crimen organizado se encuentra sumamente armado…
¿Qué tal funciona el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas? Se trata de una fórmula implementada por el gobierno mexicano para la salvaguarda de aquellos ciudadanos que, por su labor profesional o activista, han sufrido –o sufren– el hostigamiento de diferentes grupos.
Es un recurso muy criticado y muy débil. Asimismo, tampoco se constituye como un elemento disuasorio de los ataques. Los asesinatos y las amenazas continúan. No es capaz de evitar la violencia. De hecho, se encuentra rebasado, por lo que hay que plantearse otras fórmulas.
¿Qué medidas se tendrían que adoptar para proteger a defensores ambientales, a informadores y a otros sectores amenazados en México?
Se debe apostar, en primer lugar, por un incremento de la formación en protocolos de protección en las comunidades, en los colectivos y en los propios activistas. La gente debe abrazar mecanismos de seguridad y cuidado a nivel personal, familiar, colectivo y organizativo. Es algo indispensable que se está incentivando cada vez más.
Por otro lado, se encuentra la solidaridad internacional. Cuando alguna violencia se posiciona a nivel de todo el país, entra este recurso. Lamentablemente, dicha posibilidad se emplea cuando ya ha sucedido el mal y no existe otra alternativa. Además, somos conscientes de que dicha opción también es muy difícil de implementar, ya que los afectados han de tener los contactos necesarios fuera del territorio para poder beneficiarse de esta posibilidad.
No quiero terminar esta conversación sin preguntarle por Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada el 2 de marzo de 2016. ¿Cómo está viviendo su ausencia?
Tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno de Honduras acelere la publicación de la sentencia en contra de David Castillo [ex presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., ex oficial de inteligencia del Ejército hondureño y considerado coautor del crimen]. Esperamos que el fallo sea de al menos 30 años de prisión. Y a partir de este punto, queremos que el juicio siga avanzando y se diluciden las responsabilidades de los posibles autores intelectuales del asesinato de Berta. Entre estos últimos se encontraría la familia Atala, una de las más importantes de Honduras. En cualquier caso, Bertita [Cáceres], a través de su legado y figura, sigue estando presente en los movimientos, en las organizaciones y en las conmemoraciones de cada 2 de marzo. Se ha convertido en un icono y en una bandera de lucha y esperanza por un mundo mejor.
Como último testigo de Berta Cáceres con vida, ¿qué reclama para que se eviten este tipo de crímenes?
Los gobiernos deben detener la corrupción y la venta de nuestros países a intereses espurios cuya acción, en el fondo, implica el despojo total a los campesinos y a los pueblos indígenas. En este sentido, si los sectores afectados se sienten dañados, acabarán reaccionando. No en vano, la gente siempre va a proteger su casa, su territorio y, en definitiva, su forma de vida.
Compartimos con ustedes este boletin de prensa y el informe de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería y el covid durante la pandemia en el 2020- A 24 de mayo del 2022 >>Descargar informe en pdf aquí <<
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
>>Informe aquí abajo<<
Informe REMA: La Lucha por lo Esencial
Sobre cómo la minería se benefició de las restricciones sociales durante la contingencia de Covid-19 y la necesidad de fortalecer la defensa territorial
El día de hoy, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería presentamos el informe La Lucha por Lo Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, en el que reflexionamos sobre las vivencias de las comunidades en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales mineros han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza en los territorios. En este informe visibilizamos la asimetría que durante esta pandemia se profundizó entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste. A dos años de la pandemia, los territorios en resistencia a la minería se recuperan y es importante volver plantear lo que consideramos realmente como esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia? Documentamos la forma en que la minería en México logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”, echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020, del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, las ventanillas institucionales les fueron abiertas nuevamente.
A pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, en los trámites para permisos ambientales para la exploración y explotación minera, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020. Así, desde junio 2020 a diciembre 2021, la SEMARNAT ha autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14 entidades de la República.
Además, la incertidumbre y el cierre económico que se generó por la pandemia, favoreció el aumento de los precios de metales como el oro y plata en el mercado internacional. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Este crecimiento acelerado de precios permitió que -pese a la crisis- el sector minero se recompusiera rápidamente, hasta obtener ganancias históricas en varios casos.2
Asimismo, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas y lograron, al mismo tiempo, obstaculizar los esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aún más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando. Especialmente, durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus afectaciones.
Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca, recopiladas para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia Nacional, mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades.
Es así que después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar la economía, no hubo tregua. No se cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes comunes, o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se movió un dedo para romper la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar quienes han generado tantos daños al agua, a la tierra, a la salud y a la vida en los territorios afectados por la minería u otros megaproyectos.
El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global por la Coalición contra la Pandemia Minera, lo cual lanza hoy su informe Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera. Éste informe abarca 16 casos de estudios de 9 países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en contra de las comunidades organizadas.
A pesar de estas condiciones adversas, en México como en toda América Latina, las organizaciones y las comunidades siguieron y siguen luchando, buscando la forma de cuidarse y no perder su territorio.3
Desde la REMA, tenemos más claro que nunca la importancia de prevenir el acceso de las empresas mineras a los territorios, de informar a las comunidades, de dialogar, de documentar los daños y desmitificar las mentiras del modelo minero. Para la construcción de un futuro digno es indispensable prevenir y evitar los daños que generan los proyectos extractivos, al mismo tiempo que se promueven alternativas de vida al sistema capitalista -desde la agroecología hasta los sistemas de energía comunitarios-. Las acciones para el ejercicio de los derechos colectivos y la defensa de la salud comunitaria, del medio ambiente, del agua y de la soberanía alimentaria, entre otras, son imprescindibles en los territorios. Esto es lo verdaderamente esencial.
La minería no es una salida a la crisis, es su profundización
¡Territorios libres de minería! Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Informe: La lucha por lo esencial
“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”
INTRODUCCIÓN
A dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo los grandes capitales han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza ahora y en el futuro. Sin embargo, no ha sido solamente el sector farmacéutico el que está generando ganancias históricas con nuestra desgracia sanitaria,1 sino que ésta también parece ser una pandemia hecha a modo para el sector minero.2
Pero ¿cómo es que la minería se benefició con la pandemia? En este informe documentamos la forma en que en México la minería logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”. Se lo hizo echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada de vigencia en julio del 2020 del renegociado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC y, poco después, por el anuncio de la creación de la Policía Minera.
Además, la misma incertidumbre generada por la pandemia y el cierre económico que se dio al inicio, favoreció el aumento de los precios de los metales como oro y plata. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Y a pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020 en los trámites de permisos ambientales para la exploración y explotación minera.
A pesar de que rápidamente a inicios de la pandemia surgieron reflexiones acerca de que la pandemia develaba las consecuencias más nefastas de la depredación del capitalismo, y que resultaba más urgente que nunca el trabajo en defensa del territorio y la naturaleza, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas, logrando obstaculizar estos esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aun más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.
Protesta El Bajio en CDMX
Especialmente durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus grandes daños. Los testimonios de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el valle de Ocotlán en Oaxaca, recopilados para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.
Por otra parte, en muchas partes del país, como el ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo repercusiones graves y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el estado federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, se aumentó la militarización del país con un gran despliegue de la Guardia Nacional, a la vez que el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades, tal como describimos en más detalle en adelante.
Con este documento queremos visibilizar la profundización de la asimetría que durante esta pandemia hubo entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y a las comunidades que se oponen a éste. También buscamos volver a plantear lo que debe ser considerado realmente esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.
Una producción de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), http://www.remamx.org/ Texto y compilación de testimonios: Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos. Revisión: Ángeles Mariscal e Isabel Velásquez. Diseño: Otros Mundos, A.C./REMA Chiapas. https://otrosmundoschiapas.org/ Foto Portada: FPDS Chiapas. Agradecemos a los miembros de la Rema de las entidades participantes por la donación de sus fotografías para este informe. Agradecemos por su participación a: Comunidades Unidas de Zimapán, Hidalgo; Ejido El Bajío, Sonora; Articulación por la Vida contra la Minería del Valle de Ocotlán, Oaxaca; Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan, A.C., Epazoyucan, Hidalgo; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de Junio’, Acacoyagua, Chiapas. Este informe forma parte de una iniciativa de documentación a nivel global coordinada por la Coalición en Contra de la Pandemia Minera, https://miningpandemic.org/es/. Impresión gracias al apoyo de Salva la Selva, https://www.salvalaselva.org/ México, Mayo 202
Compartimos este informe especial publicado en QuintoElemento Lab sobre la desaparición forzada en México- A mayo 2022
Por Marcela Turati, Efraín Tzuc y Thelma Gómez Durán
México acaba de rebasar la deshonrosa cifra de 100 mil personas desaparecidas.
Cien mil personas faltan en sus propias vidas, le faltan a sus familias, le faltan a su comunidad, le faltan a la sociedad.
Los números otorgan una dimensión a esta epidemia de violencia: de cada 100 personas que han sido desaparecidas, 75 son hombres y 25 son mujeres.
Los números le dan dimensión al desastre humano en que el país se ha sumido: de cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad; y de éstos, cuatro aún no han cumplido 12 años.
Toda desaparición es una catástrofe. Es una mamá que deja su propia vida para dedicarse a buscar a la hija o hijo ausentes. Es un maestro que no vuelve a dar clases. Son varios hermanos que abandonan los estudios porque les arrebataron al papá. Es una casa con un cuarto vacío, intacto, transformado en memorial. Es una milpa sin arar. Es una familia condenada a la tortura de buscar, y acosada por las enfermedades que se alimentan de la incertidumbre y la impunidad.
Las desapariciones son el miedo que se cuela como niebla y carcome el tejido social.
Habitación de Milynali Piña Pérez desaparecida a los 13 años de edad el 14 de agosto del 2012 en Tamaulipas. Su madre, Graciela Pérez, se ha dedicado a buscarla desde entonces. Foto: Mónica González
En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pero se aceleró y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó su “guerra contra las drogas”. Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de 4,086%.
Estos casos son sólo de los que se tienen registro. Hay un número incalculable de personas desaparecidas que nunca llegaron a las estadísticas.
Las cifras han cambiado y el ritmo en que se producen también. Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó al país, un promedio diario de ocho personas fueron desaparecidas. Con Enrique Peña Nieto, el número se duplicó y saltó a 16. La vorágine no ha parado. En los tres años y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra escaló a 25.
Y no se detiene.
La maquinaria de las desapariciones mantiene un ritmo imparable: cada día entre el 1 de diciembre de 2006 y el 3 de mayo de 2022, cada uno de esos días, un promedio de 15 personas han desaparecido de manera inevitable.
La huella de las ausencias se ha extendido por todas partes. En la lista total de 100 mil personas desaparecidas, el 63% de los municipios del país han sido alcanzados por la mancha de la desaparición: en 1 mil 574 municipios, al menos una persona fue reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada.
Cinco son los municipios más golpeados al tener más de dos mil registros: Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
De la “guerra sucia” a la llamada “guerra contra las drogas”
En México, la acción violenta de desaparecer gente tiene una larga historia.
Si miramos al pasado, el registro oficial arrancó con el caso de un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en marzo de 1964, en el municipio de General Bravo, en Nuevo León.
Desde entonces y hasta 1990, Guerrero fue el epicentro de las desapariciones. De esa entidad era la mitad de las 920 víctimas que están registradas en ese periodo conocido como “guerra sucia”, cuando el Estado mexicano usó la desaparición como método represivo para combatir a quienes consideraba opositores y “corregir” a la población.
Contingente que el 30 de agosto de 1978 acompañó al Comité ¡Eureka! a la Cámara de Diputados, para entregar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos. Foto: Archivo General de la Nación.
En el país nunca han dejado de desaparecer personas. En la década de los 90 se reportó la ausencia de 250. La transición política vivida en el año 2000 no llevó a que cesara esta práctica y tampoco terminó con la impunidad de la que goza este delito. En el sexenio de Vicente Fox se sumaron 819 más.
Así que antes del 2006 se acumularon, al menos, mil 989 personas de las que, hasta ahora, no se sabe dónde están.
La desaparición se instaló como una práctica cotidiana, masiva y sistemática de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública. Durante los 15 años que lleva instalada la llamada “guerra contra las drogas”, México se convirtió en un hoyo negro. Un mapa marcado por ausencias. Una vergüenza que lesiona a toda la humanidad.
¿Qué sabemos sobre las personas ausentes y los territorios que habitaban?
En Quinto Elemento Lab nos propusimos buscar las pocas pistas que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).
Con apoyo de la iniciativa MORLAN, se realizaron miles de descargas automatizadas de la plataforma de consulta de ese registro para intentar reconstruir con diversos fragmentos una parte de la base de datos, ya que ésta no es pública. Así pudimos descubrir los días y semanas en que ocurrieron más desapariciones y cómo esta crisis se ha extendido en cada municipio a lo largo del tiempo.
También exploramos la última base de datos disponible que realizó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que integra registros de personas desaparecidas que van de 1964 a junio de 2018 e incluye información sobre personas localizadas con vida o fallecidas.
La información compilada es un caleidoscopio que muestra distintos fragmentos de la desaparición en México. Para este análisis, decidimos enfocarnos en el periodo de enero del 2006 a mayo de 2022. En ese lapso de poco más de 15 años ocurrieron ocho de cada 10 desapariciones que ha registrado México.
Madres con hijos desaparecidos protestan en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en Saltillo, Coahuila, en junio del 2013. En 2009 comenzó la “epidemia” de las desapariciones en esa entidad. Foto: Mónica González.
Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias.
Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje.
En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50% de las desapariciones.
En el 2006 sólo un municipio, Guadalajara, registró 20 personas desaparecidas, el número más alto en todo el país en ese momento. A partir de ese año, este crimen comenzó a propagarse en el norte, en especial en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.
Para 2007, en Ciudad Juárez el número de personas desaparecidas saltó de 13 a 68 casos. Lo ocurrido en esa frontera se replicó en otras regiones. Ese año, Culiacán y Torreón se asomaron en el mapa de personas desaparecidas con 41 y 34 registros, respectivamente.
A partir de ese momento, Torreón se instaló como lugar de peligro. Durante cinco años, ese municipio de La Laguna permaneció entre los diez con más casos. Para 2009, con sus 182 registros alcanzó niveles alarmantes.
En ese 2009, el noreste del país —Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Reynosa y Piedras Negras— comenzó a concentrar los números más altos de desapariciones. Ciudad Juárez, entonces la ciudad más mortífera del continente, mantuvo también esa tendencia.
En otras geografías, ese mismo año, Guadalajara —metrópoli que entonces tenía poco más de millón y medio de habitantes— sumó 60 personas desaparecidas, sólo un caso más que los contabilizados en Matamoros, ciudad fronteriza con la tercera parte de la población que tenía la capital de Jalisco.
En el mapa del 2009, también destacó el poco habitado municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, con 39 registros, el mismo número que presentó el municipio de Puebla, en el centro del país.
El año de la pesadilla: 2010
El 2010 marcó el parteaguas de la violencia en México. Ese año se rompieron los límites de lo imaginable. Su estela de muerte y destrucción dejó una herida difícil de remontar.
La ruptura entre antiguos aliados, los cárteles de los Zetas y del Golfo, y la disputa por territorio, rutas y control de la población, tuvo un alto costo social: poblaciones enteras pagaron por ello.
Si un año antes ningún municipio registró más de 200 desapariciones, para 2010 hubo lugares en los que se documentaron cifras récord: esa saña se notó en Matamoros (con 397 personas que faltan) o Monterrey (con 372).
En el fragmento de 2010, entre los diez municipios con más casos apareció, por primera vez, el municipio de Durango, que registró 145.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.
En 2009, los diez municipios con más personas desaparecidas fueron: Torreón (182), Piedras Negras (39), Culiacán (32), Coahuila; Nuevo Laredo (75), Matamoros (59), Reynosa (50), Tamaulipas; Monterrey (69), Nuevo León; Guadalajara, Jalisco (60); Juárez (57), Cuauhtémoc (39), Chihuahua; y Puebla (39), Puebla. En 2010, los municipios que sufrieron más este crimen fueron: Matamoros (397), Reynosa (164), Nuevo Laredo (135), Tamaulipas; Monterrey (372), Guadalupe (61), Nuevo León; Torreón (182), Saltillo (108), Piedras Negras (76), Coahuila; Durango (145), Durango; Culiacán (92) y Mazatlán (65), Sinaloa.
La dinámica de la desaparición no observa siempre patrones predecibles. Los años siguientes el número de personas desaparecidas se estacionó, especialmente en el noreste del país. En otras regiones se empezaron a prender las alertas poco a poco. Así, se desplazó desde el norte, cruzó por el centro y se dirigió al occidente del país.
Hoy sabemos que no sólo había disputas territoriales entre organizaciones criminales; la estrategia de militarización de la seguridad pública fragmentó a los grupos armados, pulverizó equilibrios estatales y municipales, y, muchas veces, abrió camino y empoderó a nuevos grupos. Hoy se siguen pagando esas consecuencias.
La espiral de violencia adquiriría nuevas formas en 2011: las fosas clandestinas comenzaron a plagar todo el país, de manera explosiva y violenta se libró una de las disputas más sangrientas entre grupos armados en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; además de Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Coahuila. El efecto se resintió casi de inmediato en esas ciudades: las atrocidades se reflejaron también en los números de desapariciones, con niveles que no se habían visto antes.
La lista de diez municipios con más ausencias incluyó también a Guadalajara (113 casos) y Ciudad Cuauhtémoc (con 89).
El cierre del sexenio de Felipe Calderón mostraba las consecuencias de la política de seguridad a cargo de militares: 16 mil personas desaparecidas al concluir 2012. Ese año un municipio ocupó el primer lugar con 214 víctimas: Nuevo Laredo. Anclado en uno de los epicentros de la violencia, el calderonismo significó para este municipio una tragedia: 989 personas que, hasta ahora, no han vuelto a casa.
La crisis de desapariciones ya no se puede ocultar
Enrique Peña Nieto llegó al poder, pero la desaparición no se alejó del noreste, y si bien se mantuvo en altas cuotas, ya no lo hizo con la misma fuerza que en años previos.
En cambio, este crimen de arrebatar personas de sus propias vidas se comenzó a generalizar en el centro y sur del país. En el Estado de México, por ejemplo, se contabilizaron un total de 332 desapariciones en 2013, aunque en 253 los datos no permiten conocer en qué municipios ocurrieron. Ese estado sobresalió a nivel nacional por su opacidad: del total de sus reportes, el 42% no especifica siquiera la fecha de los hechos.
Como si fuera un anuncio de lo que sucedió un año después, en 2013, el municipio de Iguala, en Guerrero, apareció entre los 10 con más casos reconocidos, se registraron 79 personas ausentes. Ese año también destacó Chilpancingo, con 61. Así como lo fue en las décadas de los 60 y 70.
Guerrero revivió con dolor su historia, la de las décadas de la “guerra sucia” de los años 60 y 70, cuando se convirtió en un territorio marcado por las vidas arrebatadas.
Protesta encabezada por los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por la desaparición en Guerrero de sus 43 compañeros. Foto: Mayolo López Gutiérrez/Obturador MX.
En 2014, la tormenta de ausencias ya fue imposible de contener y ocultar. La noche del 26 de septiembre de ese año 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa les fueron arrebatados al país, cuando un grupo de criminales y miembros de todas las corporaciones y fuerzas armadas se los llevaron y aún no regresan a casa.
A los estudiantes se sumaron mujeres y hombres que se sumieron en la oscuridad de Iguala: el año concluyó con 124 víctimas de desaparición en ese municipio. Pero no fue el único que resintió la ola de violencia. En Acapulco se registraron 107 desapariciones, una señal de que la disputa territorial entre diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército, se trasladó a ese estado del Pacífico.
La violencia encuentra una lógica siniestra: cuando la desaparición de personas toca a un sitio, no lo suelta. Las pérdidas se repiten.
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.
En 2014, entre los municipios con más desapariciones fueron: Reynosa (139), Matamoros (110), Tampico (107), Nuevo Laredo (99), Victoria (99), Tamaulipas; Iguala (124), Acapulco (107), Guerrero; Guadalajara (112), Jalisco; Culiacán, Sinaloa (76), Juárez, Chihuahua (76) y Xalapa (74), Veracruz. En 2015, los municipios con más personas desaparecidas fueron: Culiacán (124), Mazatlán (92), Sinaloa; Nuevo Laredo (101), Matamoros (64), Reynosa (60), Tamaulipas; Zapopan (96), Guadalajara (83), Lagos de Moreno (69), Jalisco; Hermosillo (93), Sonora; Juárez (75), Chihuahua y Acapulco (68), Guerrero.
Las instantáneas de las desapariciones permanecieron casi intactas de 2015 a 2016: las tres ciudades fronterizas de Tamaulipas mantuvieron números altos. Y la metástasis en Jalisco era evidente: Guadalajara, Lagos de Moreno, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga registraron anualmente entre 69 y 108 nuevos casos. Además, lugares como el municipio de Puebla; Ahome, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hermosillo, Sonora, registraron más de 90.
2017. Del noroeste al centro
El país registró 23 mil 79 homicidios en 2017. Una cifra que rebasó en 31% a los que se contabilizaron un año antes. Ese incremento en la violencia también se notó en las desapariciones. Ese año terminó al menos con 7 mil 900 personas ausentes, casi 2 mil más que las contabilizadas en 2016.
El 2017 se vivió un pico de violencia. Municipios tamaulipecos —como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros— registraron entre 152 y 362 desapariciones. También destacó Hermosillo con 263; y la capital de Puebla con 242.
Y aunque este crimen siguió arrebatando a personas en el norte del país, en lugares como el puerto de Veracruz, donde la dinámica también se hizo inocultable: ahí 143 personas fueron desaparecidas en 2018.
Veracruz es uno de los casos que resulta complejo abordar. Sus dinámicas violentas aparecen poco en este análisis porque uno de cada tres de los registros de desapariciones carecen de la fecha en que sucedieron. De ese tamaño era el desdén oficial.
La crisis en Jalisco se potencializó. La entidad vivió los efectos ya conocidos en el noreste. La disputa de grupos criminales por el territorio se intensificó y durante 2019 y 2020 los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se ubicaron entre los diez con más desapariciones en todo el país. Las más de 280 personas desaparecidas cada año en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco —este último con menos de 200 mil habitantes— lo entronizaron como un estado-problema.
Nuevos sitios golpeados por la desaparición
Terminó el 2018 y el acumulado histórico de personas desaparecidas en el país era de 54 mil 500; esta cifra no incluye aquellas denuncias en las que las autoridades no registraron las fechas de la desaparición.
A finales de ese 2018, la presidencia del país cambió de partido con Andrés Manuel López Obrador. Las desapariciones continuaron: en el 2019 se sumaron, por lo menos, 9 mil 200 personas más.
En 2020, la lista de 10 municipios con más desapariciones incluyó otra vez lugares del Área Metropolitana de Guadalajara, pero también tocó a municipios con ciudades capitales: Hermosillo, Culiacán, y Monterrey. Cada uno aportó más de 120 personas. En esa estadística de terror aparecieron dos alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, cada una con poco más de un centenar de registros de desapariciones recién perpetradas.
En el caleidoscopio de fragmentos se observa que hubo lugares en los que, de un año a otro, la desaparición dejó de ser un delito aislado para transformarse en un terremoto con distintos epicentros. Eso sucedió en el estado de Zacatecas durante 2021. Ese año, Fresnillo registró 163 casos; y eso que desde un año antes, con 46 personas ausentes, las cifras ya eran preocupantes.
Zacatecas es hoy la nueva meca de la desgracia.
Imagen del rostro de Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido el 7 de junio del 2017 en el centro histórico de Zacatecas a los 19 años. Foto: Adolfo V. Valtierra.
Entre los municipios que han tenido ese tipo de repuntes en casos de personas sin localizar destaca Ecatepec, en el Estado de México. En 2019 tuvo seis desapariciones. En 2020 el número se elevó a 69 y en 2021 alcanzó las 137; de éstas 51 son mujeres.
El fragmento de los dos primeros meses de 2022 recuerda, una vez más, que la Ciudad de México no es territorio aislado de lo que pasa en el resto del país: Iztapalapa y la Gustavo A. Madero son las alcaldías que más casos registraron en ese lapso, con 29 y 27 casos, respectivamente.
Otras geografías destacan en lo que va de 2022. Cuernavaca, Morelos, en donde este delito ya era un problema (como se reflejó en 2016 con el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo, cavadas por el propio gobierno), otra vez comenzó a tomar vuelo: hasta el corte acumuló 29 desapariciones.
Lo mismo sucede con el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, en los dos primeros meses del 2022, al menos 33 personas ingresaron a las listas de la vergüenza nacional.
Un delito que toma fuerza
El caleidoscopio del registro oficial permite conocer otros municipios donde, de un año a otro, las denuncias llegaban como por goteo hasta convertirse en un tsunami. Entre esos casos están Mazatlán (2009-2010); Tijuana (2015-2016); Lagos de Moreno (2014-2015); y las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo e Iztapalapa (2018–2019).
Tepic es un caso que muestra el oscuro panorama que deja la unión entre las estructuras políticas y criminales. De seis desapariciones que ese municipio registró en 2016 aumentó casi a 100 en 2017, lo que representa casi mil 533% en un año.
El repunte en la capital de Nayarit ocurrió en este contexto: en febrero de 2017, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2 y vinculado al Cártel de Los Beltrán Leyva, fue asesinado durante un enfrentamiento con la Marina. Un mes después, el Fiscal del Estado, Édgar Veytia fue detenido en San Diego, Estados Unidos, acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas. Y en junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el gobernador Roberto Sandoval —detenido en julio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita—, perdió las elecciones a la gubernatura del estado.
¿Dónde se concentró la desolación?
Pobladores de lugares como Matamoros están entre los que han padecido por más largas e intensas temporadas las desapariciones: durante 13 años consecutivos el municipio que habitan se ubicó dentro los diez primeros con más víctimas. En 2010, por ejemplo, 70 personas desaparecieron por cada 100 mil personas. Y cada año llegó con su propia intensidad.
Fue justo en ese 2010 cuando este crimen se ensañó con la población de varias regiones tamaulipecas que no figuran en el gran mapa nacional porque tienen menor población, pero que sobresalen cuando se hace un acercamiento. Ciudad Mier, por ejemplo, rompió un récord hasta ahora no superado de 413 habitantes desaparecidos por cada 100 mil. De igual manera otros rincones de México han quedado invisibilizados en la estadística nacional aunque padecieron mucho.
Aumenta la desaparición de mujeres
Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha
La primera desaparición registrada de una mujer ocurrió en agosto de 1968, en el municipio de Texcalyacac, Estado de México. Tenía 60 años. En las cinco décadas transcurridas desde entonces, 24 mil 750 mujeres más engrosaron la lista de desaparecidas.
Desde los años 70 hasta la actualidad, el panorama para las mujeres ha empeorado y se ha acentuado en las jóvenes: una cuarta parte de las desaparecidas entre 2006 y 2022 tienen entre 15 y 19 años.
El Estado de México es la entidad más peligrosa para las mujeres; con sus más de 2 mil 600 casos concentra el 14% del total de las que son buscadas a nivel nacional. A diferencia del resto del país, las desapariciones de mujeres ahí casi se equiparan a las de los hombres: de cada 10 víctimas, cuatro son mujeres.
En Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, respectivamente, hay más de mil 500 mujeres reportadas con paradero desconocido.
Los datos y el mapa muestran que son más los hombres desaparecidos, pero si se mira cómo ha evolucionado el fenómeno criminal es evidente que para ellas se ha incrementado el peligro: en 2006 la lista de víctimas contaba con 71, para febrero de 2022 llegó a 19 mil 813.
El 2017 destacó por su violencia con 2 mil mujeres desaparecidas.
A partir del año de la pandemia, 2020, la desaparición de mujeres no ha dado tregua.
En 2021, en promedio, siete mujeres desaparecieron por día.
En la geografía de la desaparición femenina destacan municipios como Puebla, Hermosillo y Zapopan.
Algunos de los lugares donde la cifra de víctimas tuvo un abrupto incremento de un año a otro —lo cual tendría que prender todas las alarmas— son: el municipio de Puebla (se reflejó en 2016); Ecatepec (en 2017); Hermosillo (en 2017); Iztapalapa (en 2020) Zacatecas y Tepic (en 2021).
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la lucha por una vida digna y un medio ambiente sano en Yucatán ante mega granja porcicola – A 3 de marzo del 2022
A pesar de que en 2018 se ordenó la suspensión de la mega granja de cerdos en territorio del pueblo Maya de Homún, en Yucatán, y la medida fue ratificada en abril de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo) busca reabrirla. Hoy un Tribunal Colegiado resolverá quejas relacionadas con la suspensión.
La suspensión fue otorgada a seis niños de la región de Homún. Con apoyo de sus familias y la ONG Indignación interpusieron una demanda de amparo para detener las actividades de la granja. El argumento principal fue la transgresión de los derechos de los niños a tener una vida digna con un medioambiente sano, con agua y aire limpios.
A pesar de la decisión de la SCJN, las organizaciones Kanan ts’ono’ot (Los Guardianes de los Cenotes), Representantes de la infancia en Homún e Indignación A. C., desde el año pasado, han denunciado el incumplimiento de la suspensión por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), al permitir que Papo realice trabajos de mantenimiento. En su momento, el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resolvió que no se había violado la suspensión.
Pero además, la SDS habría violado la suspensión al emitir un documento donde manifiesta que la planta de tratamiento fue analizada y cumple con los límites máximos permisibles: “la planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y que cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes”.
De acuerdo con las organizaciones, dicha opinión fue emitida sin considerar que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la autorización del funcionamiento de la granja, así como los permisos de la granja se encuentran suspendidos, por lo que la opinión de la SDS básicamente confirma que dicha institución permitió la instalación de la planta de tratamiento aún con la suspensión de operaciones.
Debido a esto, las organizaciones presentaron tres quejas en contra de las diversas resoluciones y del trámite que el Juez Segundo de Distrito ha realizado para abrirle la puerta a la empresa para continuar operando la mega granja porcícola.
Las quejas presentadas cuestionan que el Juez Segundo de Distrito haya sido omiso para obligar a la Secretaría de Desarrollo Sustentable “a cumplir la suspensión de la granja, pues a pesar de la medida cautelar la autoridad ha emitido opiniones positivas para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa. Esta opinión fue aportada como prueba en juicio por la empresa Papo, con la finalidad de que el Juez revoque la suspensión y les permita operar”, sostienen en un comunicado.
Además, la empresa presentó un documento supuestamente emitido por la Dirección de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que se describe que la planta de tratamiento de la fábrica de cerdos no contaminará el manto freático y respetará las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Sin embargo, “ambas evidencias son por demás tramposas e ilegales: el propio Director General de Asuntos Jurídicos de la UNAM, Jorge Barrera Gutiérrez, confirmó que el documento de la UNAM ofrecido por PAPO “no fue emanado y/o suscrito por autoridad universitaria alguna”. Incluso tal prueba falsa podría constituir un delito, afirman.
Hoy, el tribunal decidirá si el juez Rogelio Leal Mota emitió resoluciones ilegales que permiten el incumplimiento y violación a la medida cautelar.
Contaminación
El pasado viernes (25 de febrero), un grupo de organizaciones internacionales y especialistas ambientales y del sector salud enviaron un amicus curiae al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Leal Mota, encargado de resolver el litigio presentado por la niñez de Homún contra la fábrica de cerdos. El documento permite a personas ajenas a un proceso ofrecer opiniones de trascendencia para la solución de un caso judicial.
Señalaron que la mega granja amenaza con ocasionar daños graves e irreversibles a la salud. En el documento citaron numerosos estudios científicos y testimonios de la experiencia estadounidense, para evidenciar que las fábricas de cerdos suponen riesgos de daño grave e irreversible para el medio ambiente y la salud humana.
“Las mega granjas generan tales daños por la contaminación a los recursos de agua, superficiales y subterráneos, la contaminación del aire y la propagación de patógenos peligrosos. Estos riesgos son de particular gravedad para la salud de personas en situaciones de vulnerabilidad, como las niñas y niños que son los quejosos en el presente caso”, precisa el amicus curiae.
En el documento también se detallan los daños que causaría la reapertura de la fábrica de cerdos a los cenotes de la zona, como a la calidad del agua y del aire en general, además aumenta la exposición de la población a bacterias resistentes a los antibióticos y otros patógenos dañinos, incluyendo los virus.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 9 de febrero 2022
Este 2 de febrero pasado murió Alberto Baillères uno de los criminales magnates que más se enriqueció en este país a costa del despojo, la salud y la vida de muchas mexicanas y mexicanos. Dueño de Industrias Peñoles (Torreón, Coahuila) y Minera Fresnillo (7 yacimientos en operación, 3 proyectos en desarrollo y 4 en exploración en México), Alberto Baillères logró hacer una fortuna (según la lista Forbes de 2021) de diez millones ochocientos mil dólares.
La mayoría de los medios de comunicación dan cuenta de los “brillantes logros del hombre de negocios” y el “reconocimiento a su contribución en la promoción de la salud e impulso al desarrollo económico”, al recibir la Medalla Belisario Domínguez en 2015. Sin embargo, no se dice lo que realmente le costó a este país tener a su “Rey Midas Mexicano” y sobre todo no se explica su “gran contribución a la promoción de la salud”.
Desde 1988 el Pediatra José Manuel Velasco, demostró que muchos de sus pacientes tenían más de 60 microgramos de plomo por decilitro de sangre (μg/dL), los pacientes eran niños que vivían cerca de la Industria Peñoles en Torreón, Coahuila. De acuerdo con los estudios de J.F. Rosen. «Effects of Low Levels of Lead Exposure», Science 256 (April 17, 1992) pg. 294; y «Health Effects of Lead at Low Exposure Levels», American Journal of Diseases of Children 146 (1992), pp. 1278-1281; se encontró que una concentración de 7 microgramos de plomo por decilitro de sangre (μg/dL) causa daños irreversibles en el sistema neurológico de los infantes. El plomo en la sangre de los niños puede provocar que un niño que hubiese podido desarrollar habilidades promedio, quédese discapacitado de por vida.
En 1995, un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de Dartmouth (New Hampshire, Estados Unidos) tomó muestras de polvo en diversos puntos de la ciudad de Torreón para analizar los niveles de tres metales pesados. Este estudio se determinó que, en las muestras de polvo, tomadas en las cercanías a las Industrias Peñoles, había niveles de plomo que iban desde 787 hasta 13.231 partes por millón. Para el arsénico se encontraron concentraciones en el polvo de 50 y 788 partes por millón. De igual forma encontraron que el polvo de los alrededores de Peñoles tenía niveles de cadmio entre 11 y 1.497 partes por millón, cuando el nivel máximo para plomo debe ser de 500 partes por millón; para arsénico debe ser 65 partes por millón y para cadmio debe ser 20 partes por millón. El cadmio, el material más tóxico de los tres, encontraron que Torreón “tiene los niveles más elevados jamás encontrados en la literatura científica”.
En 2001 el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, a petición del gobierno mexicano, encontró que unos once mil niños eran víctimas de envenenamiento por plomo, tal como señala el artículo A 10 años nadie conoce la verdad del daño causado por Peñoles en Torreón, publicado el 15 de septiembre de 2011 en el diario La Jornada, a partir reportaje del semanario británico Economist, es lamentable que La Jornada recientemente olvidara ese reportaje y sólo alabe al criminal.
A lo largo de los años, se han se han continuado realizando estudios que siguen demostrando la gravedad del asunto, algunos de estos estudios han sido truncados despliegue del crimen organizado que no ha permitido realizar las visitas. El problema nunca se ha solucionado y mucho menos se ha castigado a los responsables.
El gobierno mexicano y sus instituciones de “salud” y “protección ambiental”, por más de 30 años, han sabido, y hoy saben, lo que las Industrias Peñoles han causado a la población de Torreón, pero al intocable Alberto Baillères, has sido protegido por los presidentes, ya sean del PRI, del PAN y de MORENA. Los distintos gobiernos no solo lo han protegido, también le han otorgado reconocimientos que desvían la atención de sus crímenes, tal como lo describe la revista Proceso en su artículo “Baillères: El Estado lo creó, el Estado lo premia”.
Peñoles llegó en 1996 despojando parte del territorio del ejido El Bajío ubicado en el municipio de Caborca, Sonora. Peñoles inició la extensión de la mina Herradura, que en 1997 llega a ocupar ilegalmente hasta 400 hectáreas del Ejido. Entre 2009-2011, bajo la operación de minera Penmont filial de grupo Fresnillo PLC, también de manera ilegal, se construye la mina Soledad- Dipolos. En 2017 Rosario Robles Berlanga, siendo Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria, extiende un título de propiedad a favor de Minera Penmont S de RL, sobre el predio “El Bajío”.
A lo largo de 26 años ejidatarias y ejidatarios de El Bajío han venido sufriendo desalojo; allanamiento por parte de la policía estatal y la Guardia Nacional con armas largas; criminalización (detenciones arbitrarias, encarcelamiento, demandas penales por despojo); secuestros; torturas; amenazas de muerte y el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez en el 2018 y de José Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega en el 2021.
Después de presentar 67 juicios, en 2014 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28 a cargo del entonces magistrado Manuel Loya Valverde, emitió una sentencia a favor del ejido El Bajío en donde se dictamina que la mina tiene que pagar la renta de la tierra, devolver el oro extraído ilegalmente y resarcir los daños ambientales. A partir de ese momento la violencia se intensifica para las y los ejidatarios, ocho ejidatarios son levantados por efectivos del ejército y retenidos por 24 horas de manera ilegal. En esta detención les piden 100 mil pesos para liberar a cada ejidatario, liberan a 4 y los otros 4 son acusados de robo y portación ilegal de armas de fuego (armas sembradas por el ejército a los ejidatarios detenidos). Dos de ellos no hablaban español y los mandaron al penal de alta seguridad del Rincón, en Nayarit. El magistrado Loya Valverde ya no es ratificado por el senado para seguir en el TUA por su fallo.
Hasta el momento no se ha cumplido la sentencia. Toda esta falta de cumplimiento al estado de derecho ha sido apoyada por gobiernos federales de varios sexenios, senadores y por gobiernos estatales de Sonora, principalmente, por el de la exgobernadora Claudia Pavlovich.
En 2015 Andrés López Obrador, rechazaba rotundamente que se le otorgara a Alberto Baillères la medalla Belisario Domínguez, en ese momento dijo: “Baillères se ha hecho millonario al amparo de la mafia del poder”. El día de su muerte dijo: “Convivíamos, me invitaba a comer a su casa y hablábamos de la situación del país… En los últimos tiempos fue más estrecha nuestra comunicación…” Con lo que se confirma que entró al círculo de la mafia del poder.
¡NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS CRIMINALES DE CUELLO BLANCO!
Firma RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
Imagen: Alberto Bailléres (Peñoles), Caros Sim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alonso Ancira (AMHSA) – Diario Noreste
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los megaproyectos de minería canadiense – A 7 de diciembre del 2021
El 22 de noviembre, el presidente López Obrador dio su informe sobre su participación en la novena cumbre de líderes norteamericanos en Washington, D.C., cuando invitó a México al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien dijo “no tener conflictos mineros por la industria en el país”.1 Durante la misma semana, en su mañanera desde Guanajuato, repetía ideas semejantes: “son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad».2 Además, pretendiódecir que México “ya no es como antes”, por estar siguiendo el ejemplo de Canadá: “Nosotros lo que estamos planteando es: bueno, que paguen impuestos igual como se pagan impuestos en Canadá, que se cuide al medio ambiente igual como cuidan el medio ambiente en Canadá y que se les pague a los trabajadores igual como se les paga a los trabajadores mineros de Canadá, en las mismas condiciones”.3
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) le queremos decir a Justin Trudeau, que no sabemos a qué país se refiere AMLO, porque si hablamos de México nosotras/os tenemos otros datos. Y para AMLO, si el ejemplo a seguir es Canadá, nos dirige a más de lo mismo: despojo, devastación ambiental y graves afectaciones a la salud.
I. Cada concesión minera, un conflicto
Cada semana hay conflictos que surgen en diferentes estados del país en contra de proyectos mineros canadienses que amenazan con despojar a los pueblos y destruir sus tierras y territorios, además de los conflictos cotidianos y menos visibles de los pueblos que han sido desplazados a la fuerza y ahora pelean por una sobrevivencia digna, o que sufren por la contaminación con metales pesados y pelean por atender los costosos daños a su salud, o que se encuentran con un terrible aumento de violencia en sus comunidades y luchan para no estar completamente sometidos, o quienes asumen la eterna pelea por la justicia y la rendición de cuentas dentro de un sistema de impunidad. Quizás nada de esto figura para AMLO, quien se preocupa más por posicionar al país en la cadena de extracción y consumo de los vehículos eléctricos a nivel norteamericano, pero le aseguramos a Trudeau que los conflictos mineros que las empresas mineras canadienses generan en este país todos los días, perduran en el tiempo para los pueblos que lo han tenido que sufrir y que poco se resuelve o se restaura, salvo cuando los pueblos logran impedir la entrada de las empresas desde el inicio. Compartimos unos ejemplos, entre muchos:
Chiapas
El día después de la mañanera de AMLO en Guanajuato, conmemoramos el duodécimo aniversari o del asesinato de Mariano Abarca (fundador de la REMA), el 27 de noviembre del 2009, por su lucha contra los impactos ambientales y sociales de la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Junto con la familia Abarca, hemos llevado este caso a Canadá para exigir una investigación de la embajada canadiense en México por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano. Sabemos por documentos obtenidos bajo la ley de transparencia en Canadá que la embajada seguía de cerca los sucesos en Chiapas y participó en defender y facilitar los negocios mineros aún sabiendo de los riesgos que corría la vida de Mariano. Seis semanas después de que representantes de la embajada canadiense se reunieron con el gobernador de Chiapas en octubre de 2009 para pedir que se resolvieran los problemas de la empresa, mencionando específicamente las protestas de la comunidad, Mariano fue brutalmente asesinado frente a su restaurante en el centro de Chicomuselo.
Este crimen sigue en impunidad y por tanto sigue el conflicto. La familia Abarca junto con Otros Mundos Chiapas, REMA, MiningWatch Canadá y otros aliados han interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de autoridades mexicanas, así como la denuncia actualmente esperando la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de Canadá buscando una investigación de la Embajada Canadiense en México. Vale destacar que un juez de la Corte Federal de Canadá, Keith Boswell, ad mitió en julio de 2019 la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado si la embajada canadiense en México hubiera actuado de otra manera”. Sin embargo, hasta la fecha aún seguimos peleando por una investigación que haga justicia al asesinato de nuestro compañero.
Oaxaca
La mina San José de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, terminó de imponerse el día 6 de mayo del 2009 por medio de un operativo policíaco y militar que culminó con decenas de personas detenidas arbitrariamente, golpeadas y heridas de gravedad; así como con cateos ilegales en varias casas de Magdalena Ocotlán, municipio vecino a San José del Progreso. En los siguientes 5 años, fueron asesinadas 5 personas en San José del Progreso.
Años después, en 2018, esta misma mina tuvo un derrame tóxico que contaminó gravemente el río Coyote y los pozos de cientos de familias. Esto fue encubierto por la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA e IMTA quienes, a pesar de tener en su poder las pruebas de la contaminación, hoy a 3 años del desastre, están nuevamente tomando muestras, tal vez para seguir cubriendo las espaldas de la empresa minera.
Hoy en día la empresa intenta ampliar su proyecto por otros 10 años y presiona a la SEMARNAT (quien ya negó la autorización), para que le autorice su proyecto de expansión. Sin embargo, la SEMARNAT ahora echa marcha atrás, con total falta de ética y respeto para su equipo de evaluación de impacto ambiental, y declara que se hará una consulta a los pueblos para ver si quieren o no la ampliación de este proyecto, que inicialmente ellos desaprobaron. A la par, la empresa ha sacado a sus trabajadores para confrontar a las defensoras y defensores que exigen se detenga la expansión de este proyecto que ya ha demostrado causar destrucción, enfermedad y muerte entre las comunidades vecinas. La tensión y presión sobre las comunidades hace que nuevamente se genere un ambiente de violencia y división.
Zacatecas
En el año 2017, unas 46 familias de la comunidad La Colorada, Zacatecas, fueron desplazadas a la fuerza por la empresa canadiense Pan American Silver, con la ayuda del gobierno de ese estado para lograr la expansión de su mina “La Colorada” de donde extrae plata, oro, plomo y zinc desde 1998. Con este acto, las familias fueron despojadas de sus casas, terrenos, trabajo y salud, además de encontrarse con violaciones sistemáticas permanentes de sus derechos. Por dos años antes, las familias resistieron su desplazamiento, durante ese tiempo denunciaron haber sido acosadas y amenazadas por parte de directivos de la empresa, y varios trabajadores fueron selectivamente despedidos. Sin embargo, actuando en contubernio con el gobierno de Zacatecas y con el apoyo de hombres armados, la empresa finalmente desalojó a las familias y con maquinarias destruyó sus viviendas.
La denominada “Unidad Habitacional Mina La Colorada”, a la cual fueron desplazadas la familias, se compone de 96 casas armables de lámina que Pan A merican Silver les dio en comodato. Entre el complejo habitacional y la entrada a la mina existen menos de 200 metros y los divide una reja metálica que rodea a toda la comunidad, en donde las familias arriesgan su salud por su cercanía a la mina y se encuentran en una situación de control social extremo por la empresa que pone las reglas, inclusive sobre el tipo de mascota que pueden o no tener dentro de estas casas, así como para el uso de la iglesia. Desde ese entonces, habitantes de La Colorada luchan para la restitución de las tierras que la empresa les arrebató y para que su comunidad sea reconocida, ya que la empresa asegura que esa comunidad nunca existió4.
Guerrero
En el “cinturón dorado” de Guerrero, operan 5 proyectos mineros, 4 de ellos canadienses circunscritos en una región de 210 localidades. En los últimos 10 años, ha habido un desplazamiento forzado de 16 mil familias vinculadas a la violencia que se desencad ena por el poder vinculado a los grupos del crimen organizado, lo cual beneficia a la expansión minera de capital canadiense en la zona. Tan solo en Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri, donde la empresa minera Equinox Gold opera la mina Los Filos, se ha documentado el desplazamiento forzado de la mitad de la comunidad en 2015, por lo menos 55 asesinadas/os hasta 2019, y la prevalencia de daños a la salud en casi toda la población por consumo de agua contaminada y exposición permanente a polvo rico en metales pesados. Por cuatro meses, a fines de 2020, el ejido de Carrizalillo realizó un paro y cerró la mina por el tratamiento racista y discriminatorio de esta empresa y por sus incumplimientos al acuerdo de cooperación social, inclusive temas relacionados con la falta de agua limpia y atención médica5. En otro triste acto de discriminación y racismo, representantes canadienses han llegado para ayudar a legitimar la expansión minera en esta zona, a la vez establecen alertas para que los turistas canadienses no visiten el territorio guerrerense por la alta incidencia de violencia; la última alerta fue emitida en octubre de este año6.
Guanajuato
La minera Argonaut Gold pretende desarrollar el proyecto minero de oro Cerro del Gallo, en el territorio rural del municipio de Dolores Hidalgo, impactando directamente a más de 20 comunidades con una población aproximada de 8,000 habitantes. Además, afectará la Cuenca de la Independencia o la Cuenca alta del río La Laja, que abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato con una población de 680,000 habitantes que dependen de un solo manto acuífero. De autorizarse el proyecto, sería la primera mina a cielo abierto en el Estado de Guanajuato. Se propone usar la técnica de lixiviación con cianuro que conlleva graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas, así como el uso y contaminación de cantidades extraordinarias de agua. Además de las 13 concesiones mineras, Argonaut Gold cuenta con 8 títulos de concesión de agua otorgados por la CONAGUA por un total de 1,440,000 m3 al año para la explotación de su proyecto, mientras que las comunidades en su entorno, no tienen acceso al agua en condiciones adecuadas.
Durante el 2020, Argonaut Gold ha intentado, por cuarto año consecutivo sin éxito gracias a la oposición popular, obtener el permiso en materia de impacto ambiental de parte de la SEMARNAT. En su proyecto, que ha sometido a la evaluación de la autoridad federal, propone, entre otros agravios «la integración al proyecto de los habitantes de las poblaciones rurales, abatir y, para el caso de San Antón de las Minas y El Sisote, desaparecer la agricultura y ganadería de subsistencia», tratando de argumentar que esta actividad es más dañina al medio ambiente que la destrucción permanente que genera la minería. Aunque SEMARNAT acaba de denegar el permiso a la empresa, nada evita que la empresa lo pueda intentar nuevamente.
Al final, estos son sólo una muestra de los conflictos que generan las empresas mineras canadienses en México, de los que el presidente parece no darse cuenta. A lo largo del país, hay resistencias y procesos de defensa territorial ante los intereses de empresas mineras canadienses, especialmente frente a los llamados “junior”, que son empresas que se especializan en la prospección, exploración y especulación, y que están muy presentes en las bolsas de valores de Canadá, más que en cualquier otro país.
Los procesos de organización popular frente al avance minero representan la mayor esperanza para poder evitar la entrada de la minería a través del ejercicio de los derechos agrarios y la auto determinación de los pueblos. Aún así, son procesos de muy larga envergadura que frecuentemente conllevan muchas amenazas y deben sostenerse para poder frenar los avances del nocivo modelo extractivista minero y su permanente voracidad por generar ganancias a cambio de la destrucción de los pueblos. Por todo esto, las comunidades afectadas le decimos al Presidente que aquí estamos: no olvidamos, ni perdonamos, y exigimos se deje de ofertar nuestros territorios y nuestras vidas a las empresas mineras que nos despojan y asesinan.
II. Seguir el ejemplo de Canadá, nos lleva a más de lo mismo
En cuanto al deseo de AMLO de que las empresas mineras canadiense operen como hacen en Canadá, debe darse cuenta de la realidad colonial y del capitalismo depredador que prevalece en el país de su amigo Trudeau. Canadá atrae empresas mineras a su país por tener la tasa de impuestos corporativos más baja del grupo de los siete países industrializados (G7) y una investigación periodística ha mostrado cómo las empresas mineras pagan mucho menos a gobiernos en Canadá que cuando operan en otras partes del mundo, inclusive México7.
En torno al supuesto “respeto al ambiente”, basta decir que en Canadá hay más de 10,000 minas abandonadas que jamás han visto un programa de remediación, y que prevalece un ambiente de impunidad por los grandes daños que genera, a perpetuidad la actividad minera. Por ejemplo, nadie ha sido castigado por el derrame más grande en Canadá de 24 mil millones de litros de desechos tóxicos en agosto del 2014, de la mina Mount Polley en la provincia de Columbia Británica.
Finalmente, es indignante y vergonzoso escuchar las declaraciones vacías de AMLO y Trudeau diciendo que van a reconciliar al Estado con los pueblos indígenas8. Para muestra un botón: el mismo día que estos dos estuvieron reunidos en Washington, D.C., en el oeste de Canadá, la policía federal detuvo a defensores indígenas, observadores y prensa por oponerse a la construcción de un gasoducto9. En octubre, Trudeau fue de vacaciones en lugar de celebrar el primer Día Nacional de la Verdad y Reconciliación para honrar a los sobrevivientes y afligirse por los miles de niñxs que murieron en las escuelas de residenciales operadas hasta 1996 como parte de la política genocida del Estado, y que han empezado a aparecer en fosas comunes10. Y este mismo gobierno continúa impulsando un modelo de despojo para seguir nutriendo las grandes ganancias de las empresas extractivistas contaminadoras, aún cuando los incendios y las inundaciones tienen todo el oeste de Canadá en un estado de emergencia11.
BASTA DE MENTIRAS Y SIMULACIONES: MÉXICO SE DESBORDA DE CONFLICTOS POR PROYECTOS MINEROS
CANADÁ ES EJEMPLAR DE LO COLONIAL Y NEOLIBERAL
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.
A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.
Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.
A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.
La diversidad de intereses por detrás de la regulación se evidencia en el cabildeo realizado por sectores económicos junto a los parlamentarios, así como en manifestaciones públicas de representantes de estos sectores sobre el tema. Un ejemplo fue la participación de integrantes de la Cámara Minera de México, en el Parlamento Abierto, realizado el 30 de marzo, en el marco del proceso de construcción del proyecto de ley.
“La industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de interés, sus usos y costumbres. Considero que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cuáles son los pueblos y comunidades indígenas en México y que se constituya un padrón que registre sus autoridades, número de integrantes y territorio que ocupan”,
DIJO KAREN FLORES ARREDONDO, DIRECTORA GENERAL DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO.
Otro representante del sector minero, Christopher Ávila Mier, dijo que la identificación plena de las comunidades indígenas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto público o privado realice una consulta con certeza administrativa. “Con esto se avanzaría de la mano con los pueblos indígenas”, señaló.
En tono de conciliación con estos sectores, Regino Montes les mandó un recado.“Hay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el diálogo e interlocución con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que estén tranquilos, esta ley no afecta a nadie”, dijo.
Para la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, Elisa Cruz Rueda, antropóloga y abogada, con una larga experiencia en derecho indígena, el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”, explica.
La investigadora señala dos puntos del proyecto de ley para demostrar este recorte. Uno de ellos es el artículo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que “el sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar”, dice el proyecto. “Queda abierta la posibilidad para que se busquen otras vías para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo”, argumenta Cruz Rueda.
Un segundo ejemplo dice respecto a los protocolos de Consulta, que deben establecer las reglas y procedimientos para la consulta. El artículo 29 del proyecto establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligación de realizar los protocolos de consulta.“Ahí viene el procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Es el modelo que ha establecido la Secretaria de Energía”, explica. “En un proceso de consulta real se debería impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos autonómico de consulta, donde se recorra las formas de organización y decisión de cada comunidad”, sostiene.
La investigadora argumenta que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual México es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el país. Para la abogada, no se necesita de una ley específica, “lo único que se debería de hacer es cumplir con estos grandes parámetros de estándares internacionales que ya existen, pero no lo hacen”.
Como han sido implementadas las consultas en los anteriores gobiernos y en este, de Andrés Manuel López Obrador, “vemos que es nada más legitimar lo que ya tienen planeado. Entonces que ganancias tienen los pueblos con eso. Las malas llamadas consultas por el Tren Maya, en 2019, son un ejemplo. Eso que hicieron, pues, ya nos da el preludio de cómo quieren que salga la ley”, argumenta la investigadora que se posiciona contra la creación de una ley que reglamente la consulta.
Tras el arribo de López Obrador a la presidencia de México, para la gente que votó por él, avizoraba cambios radicales, incluso, para los pueblos. “Ellos dicen, ¡primero los pueblos indígenas!, ¡primero los más pobres! Pero vemos que primero son las empresas del gran capital, primero son los megaproyectos antes de que nos tomen en cuenta. Luego hacen simulacros con supuestas consultas, pero los proyectos de muerte ya están en marcha ¿entonces para qué hacen consultas?”, puntualiza la integrante de la comunidad Otomí y también del Congreso Nacional Indígena (CNI), Maricela Mejía.
Para el abogado agrario Carlos González, que hace parte del CNI, el derecho a la consulta se está proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. “Desde mi punto de vista los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinación, que en el marco del Estado nacional se llama autonomía; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que están pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta”.
Una burla
El 10 de junio de 2020, la SCJN emitió la sentencia de amparo que ordena la creación de la ley. La SCJN otorgó hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Unión cree la ley. El amparo fue interpuesto por la organización oaxaqueña Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. “Lo que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones”, sostiene la investigadora Cruz Rueda.
La abogada sostiene que “no hay condiciones” refiriéndose a las desiguales históricas y estructurales de la sociedad mexicana. “Desde su origen, el Estado mexicano ha sido negacionista de la diversidad en todas sus formas, sobretodo en lo que respecta a los pueblos indígenas”, sostiene. “Las condiciones estructurales que dieron origen al levantamiento zapatista, en 1994, no han cambiado. No están las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. Los pueblos indígenas en México están precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es más bien un regateo”.
Y pone sobre la mesa una pregunta a las organizaciones que promueven la ley. “Si el racismo es una de las líneas fundamentales de este Estado mexicano, sea cual sea el gobierno, entonces a ¿qué estamos jugando con este tipo de cosas?”. “A la larga, si este proyecto pasa, los pueblos van a verse entre la espada y la pared”, afirma.
Al promover esta ley “lo único que hacen es dar chance que la corte, desde su racismo, tome lo que le interesa para seguir apuntalando un modelo extractivo que consolida las arcas de dinero de unos pocos en contra de unos muchos, que siempre han pagado los costos del desarrollo”, sostiene Cruz Rueda.
El análisis de Mijangos va en la misma dirección. “En un modelo tan asimétrico, consultar a los pueblos es una burla”.
Lo que se debe buscar, apunta Cruz Rueda, es cambiar la relación entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, como señalan los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. “El formato que tiene este proyecto de ley no cumple este propósito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza”, sostiene.
Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre la situación grabe de las defensoras y los defensores de derechos humanos en México – A 15 de abril de 2021
Ciudad de México | Desinformémonos. Durante 2019 y 2020 fueron asesinadas 45 personas defensoras, expone el informe “Semillas de Dignidad y Lucha” de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT). El informe busca nombrar a las personas que fueron “arrebatadas injustamente” a manera de “honrar su lucha”, pues en este país “no hay garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos”, explica la organización.
En el informe, la Red señala la criminalización y estigmatización por parte del Estado mexicano hacia personas defensoras, que se enfrentan a “intimidación, amenazas y acoso” al realizar su trabajo. Además, considera, existe un “amplio desconocimiento y descrédito” de las luchas de pueblos y comunidades por parte del actual gobierno.
En los últimos dos años, los movimientos feministas crecieron y se posicionaron contra la violencia en América Latina y el Caribe, ante esto, la respuesta de los gobiernos fue reprimir y criminalizar. A esto se suman los retos para la organización en medio de la pandemia, pero ésta “no ha conseguido frenar la lucha de las mujeres”, destaca el documento.
El informe apunta que seis personas de la diversidad sexual, quienes realizaban acciones a favor de los derechos humanos, fueron asesinadas en 2020. Ante ello la Red explica que la invisibilización y vulnerabilidad de las poblaciones LGBTTIQ+ causan la “falta de reconocimiento” a su labor como personas defensoras.
Durante el actual gobierno, las comunidades que protestan contra la imposición de megaproyectos han sido “ignoradas y criminalizadas”, advierte el informe. Además, señala que los patrones de violaciones de derechos y omisiones por parte del Estado se reflejan en el caso particular del Proyecto Integral Morelos, con el asesinato del defensor nahua Samir Flores.
Un caso que para la Red es especialmente grave es el de la defensora Kenia Hernández, abogada indígena actualmente presa en un penal de máxima seguridad, a quien las autoridades abrieron un proceso judicial con “pruebas falsas”. El informe asegura que el sistema de justicia penal se ha utilizado para “criminalizar la protesta y a las personas defensoras”, además de que existe un “abuso de la figura de prisión preventiva oficiosa”.
Con este documento la Red TDT busca visibilizar a aquellas personas que ahora “son semillas de cambio”, pues, asegura, “la memoria es una forma de andar, luchar y cuidar”.
