Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la resistencia minera en Carrizalillo, Guerrero – A 8 de septiembre de 2020
La empresa minera canadiense Equinox Gold incumplióel contrato con la comunidad de Carrizalillo, Guerrero. Si esta empresa estafara, robara, fuera corrupta e incumpliera contratos con el gobierno federal, posiblemente AMLO ya hubiera reaccionado y hasta vinculado a proceso la estafa. Por otro lado, si el gobierno federal incumpliera a la minera, seguramente ya hubiera interpuesto demandas internacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio o los Tratados Bilaterales de Inversión que les dan la garantía a las empresas extranjeras de demandar a los gobiernos cuando ven sus intereses amenazados, como ya ha pasado y como actualmente existen demandas contrael gobierno mexicano.
Sin embargo, la empresa Equinox Gold incumplió el contrato,pero con ejidatarios. Y se siente dueño de terrenos ejidales que no le corresponden y cuyo usufructo está condicionado por un contrato que ha incumplido. Razón por la cual,de manera legítima y legal, los ejidatarios han dado por terminadoel contrato y cerrado la mina de oro Los Filos.
Los costos socialesyambientales, los producidos por la defensa legítima como es la defensa legal, los costos de la movilización y la resistencia, el resarcimiento de daños por el incumplimiento de acuerdos, lo perdido durante el proceso de defensa y cierre de la mina, Equinox Gold debe pagarlo. El mismo trato que las empresas canadienses piden en el resarcimiento de daños, y hasta en pérdidas de sus ganancias al futuro, es lo mismo a lo que ellas tienen que estar sujetas en el paíscomo mínimo.
Pese a que las consecuencias legales son claras, el gobierno de AMLO propone una conciliación que significa la rendición incondicional de las Comunidades ante el despojo, la brutal devastación y la depredación de su territorio, así mismo olvidar la destrucción que la Comunidad ha sufrido en su cultura y tejido social, los daños irreversibles a la salud y la destrucción de decenas de familias por muertes por contaminación y asesinada/os, desaparecidas/os (que ni siquiera están cuantificadxs), decenas de familias desplazadas de manera forzada.
Militares intimidando a los dueños de la tierra que deberían estar cuidando al pueblo y no a una empresa que además de llevarse millones de dólares en oro, deja la total devastación del territorio, contaminación de agua, deforestación, pérdida de biodiversidad y de soberanía alimentaria de los pueblos. Una empresa racista que se siente dueña del lugar, que discrimina, que amenaza, intimida, se niega a cumplir contratos, criminaliza cuando su comportamiento haciala poblaciónes criminal, afectando fuentes de agua y faltando a la mayoría de los compromisos en el contrato.
El gobierno federal que dice estar a favor del medio ambiente, de los pobres, de la justicia, del agua como prioridad para la población, solo observa cómo se da el despojo de los indígenas y campesinos en el país por la devastación del modelo extractivo minero. ¿Dónde está la 4T?
¿Qué tipo de conciliación propone Sr. Presidente frente a este panorama? ¿Que nos propone a los pueblos de este país que no hemos recibido del modelo extractivo más que sufrimiento despojo, devastación y muerte?
No, no queremos sus empleos, no queremos su supuesto desarrollo, no queremos más promesas incumplidas, lo único que queremos es que nos dejen vivir en paz en nuestros territorio
¡JUSTICIA Y RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO EN CONDICIONES DE RESPETOCON LA COMUNIDAD DE CARRIZALILLO, GUERRERO!
¡BASTA DE IMPUNIDAD PARA LAS EMPRESAS MINERAS!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen:Mina Los Filos – El Bermejal, Carrizalillo, Guerrero, Mexico | EJAtlas
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 7 de septiembre de 2020
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, junto al equipo legal de la causa Berta Cáceres, a la prensa nacional e internacional.
Este día la defensa del señor David Castillo ha presentado una recusación contra el Tribunal de Sentencia que conoce el caso por el asesinato de Berta Cáceres, una maniobra dilatoria más en el proceso que se desarrolla por la representación del co-autor del crimen.
Desde el COPINH y la familia Cáceres hacemos de conocimiento público lo siguiente:
1. Expresamos nuestro rechazo ante las maniobras dilatorias que a lo largo del proceso ha venido desarrollando la defensa y familia del señor David Castillo, su objetivo es obstaculizar y negar la justicia y la verdad a las víctimas.
2. Consideramos que David Castillo como integrante de una red criminal que planeó, coordinó y ejecutó el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, debe ser condenado de manera firme, con todas las garantías del proceso y aplicándole todo el peso de la ley.
3. El equipo legal, el COPINH y la Familia Cáceres demandamos al Poder Judicial la remoción de todos los obstáculos dilatorios que está promoviendo la defensa y realizar el juicio oral y público de forma pronta para garantizar a las víctimas y la sociedad el derecho a la verdad, la justicia y medidas de no repetición, en un plazo razonable. La razón y la verdad nos asisten.
Dado a los 7 días del mes de septiembre de 2020.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida justicia, libertad, dignidad y paz”
Compartimos esta nota publicada en La Jornada Maya – A 26 de agosto de 2020
Grupo de investigadores expone conferencia sobre impacto ambiental
Investigadores de Articulación Yucatán expusieron que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Tren Maya omite información, ofrece un mal análisis y que el hecho de haber dado a conocer el estudio después del banderazo de inicio de la obra “da una imagen ficticia de los impactos”, indicó Rodrigo Patiño Diaz, integrante del Equipo Nodal de la agrupación.
Indicaron que el proyecto se ha caracterizado por su falta de información, no tomar en cuenta a la población local, indígena y académica de la región, además que carece del trabajo coordinado de otras secretarías esenciales para esta obra, como la del Medio Ambiente, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano entre otras.
Expusieron lo anterior este 25 de agosto en la conferencia El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del Tren Maya: un análisis crítico desde la sociedad, organizada por el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Ivet Reyes Maturano, también del Equipo Nodal de Articulación Yucatán, expuso que dentro de las deficiencias encontradas en la MIA está que se dio el banderazo de inicio del Tren Maya, antes que el estudio de diera a conocer.
Otra, agregó, es que la descripción del proyecto de la MIA es fragmentada y presenta serias contradicciones referentes a su naturaleza y objetivo, reducen las actividades que serán sujetas de evaluación de impactos, se reduce el estudio sólo a las vías férreas y no lo hace completo.
El proyecto, dijo, abarca cinco estados, pero la MIA sólo comprende lo que llaman la fase 1. “Esto no deja ver la dimensión de los posibles impactos pues es probable que el tren potencialice agronegocios con efectos en la extracción de recursos y contaminación.
De acuerdo con los investigadores, el proyecto ofrece una concepción limitada acerca de la movilidad, no se habla sobre el flujo migratorio que se podría dar en varias regiones, ni el escenario respecto al desplazamiento de personas con propiedades dentro de derecho de vía existente.
A la par, el estudio omite información sobre posibles afectaciones que se podrían dar en la Reserva de Cuxtal, zona importante para abastecimiento de agua a Mérida, y recarga de acuífero.
Soluciones
Ante este panorama, Patiño Diaz propuso utilizar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), un instrumento de política pública para planes y programas de desarrollo, es una herramienta holística, transdisciplinaria y multiactor, que se marca en un proceso de transparencia y participación ciudadana.
Explicó que analiza la capacidad de carga del territorio y necesidades locales, puede adaptarse para considerar los saberes locales y la libre determinación de los pueblos originarios; se basa en ordenamientos ecológicos, territoriales y considera impactos acumulativos y sinérgicos, no evalúa proyectos individuales, sino un futuro deseable para la región y analiza distintas opciones de desarrollo y se elige la más sustentable.
Economía solidaria, una alternativa en tiempos de crisis y covid
Lunes 14 de septiembre de 2020, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI, Calle Belisario Domínguez #5 A, esquina con Real de Guadalupe, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Economía solidaria, una alternativa en tiempos de crisis y covid.
¿Qué es el Túmin?
Túmin significa dinero en lengua tutunakú. Y desde 2010 es también un pequeño billete, tipo papel moneda. Equivale uno a uno con el peso mexicano y con cualquier moneda, en denominaciones de 1T, 5T 10T y 20T. De uso universal, válido al portador y por quien lo quiera recibir, en cualquier momento.
¿Para qué surgió?
El Túmin se creó por maestros de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), para facilitar el intercambio de productos y servicios, y fomentar la economía local. Esto, debido a la falta de dinero y ante la invasión de grandes tiendas transnacionales.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Entre todos los megaproyectos implementados en América Latina, consideramos que la minería es uno de los que genera mayor deuda pública a los gobiernos y a los pueblos, además de ser de las actividades extractivas de mayor violencia física, psicológica, económica, política y cultural. El impacto social y ambiental es tan descomunal que las dimensiones de la destrucción de pueblos, culturas, vidas de defensores y defensoras de sus territorios, ecosistemas, suelos, cuencas, montañas y bosques son irreversibles. Este Modelo Extractivo Minero se caracteriza por la apropiación privada en manos de grandes empresas mineras de territorios indígenas, campesinos o de Áreas Naturales Protegidas bajo la lógica del mercado, el lucro y la mayor ganancia a toda costa.
El Modelo Extractivo Minero afecta a todo el conjunto de los derechos humanos. Además de minar la soberanía alimentaria de los pueblos y la biodiversidad, muchos otros efectos son irreversibles. La contaminación de las cuencas, las presas de jales y la utilización de miles y miles de toneladas de cianuro, con el uso intensivo desde uno a tres millones de litros de agua por hora para lixiviar el oro, marcan la pauta del impacto social y ambiental en todo nuestro continente.
Los Ríos contaminados y disputando las empresas el agua a los pueblos y las comunidades vecinas provocan saldos de grandes conflictos sociales con consecuencias irreparables como el asesinato de lideres y lideresas por la defensa del territorio y del medio ambiente, o comunidades desplazadas y empobrecidas. El uso de energía, agua y devastación de territorios es intensa. Y por si fuera poco, son raquíticos los empleos que genera.
Considerada un actividad esencial durante el confinamiento decretado por los gobiernos a causa del COVID-19, las mineras no sólo continuaron su actividad extractiva sino que obligaron a los trabajadores a asistir a las instalaciones provocando pérdidas humanas por los contagios de la pandemia. Aprovechando el confinamiento y la imposibilidad de defender las tierras y territorios, las mineras continuaron su expansión.
El aporte del Modelo Extractivo Minero al Cambio Climático es enorme. La deforestación, la pérdida de sumideros de carbono y el alto grado de emisiones de Gases Efecto Invernadero, hacen del sector minero uno de las principales actividades del calentamiento global. Y pese a ello, el sector minero pretende fortalecer un discurso en el sentido de que su actividad extractiva es sustentable, verde, limpia, amable con el medio ambiente y que sus empresas son un derroche de responsabilidad social.
Las empresas mineras no asumen los costos sociales y ambientales de su actividad extractiva tan destructiva. Intentan justificar que la necesidad de la Transición Energética de fuentes no renovables e hidrocarburos a fuentes renovables, la minería es esencial para dotarle de insumos a la tecnología de que demanda las energías renovables y así modificar la Matriz Energética, y bajo el mismo esquema del Modelo Extractivista. Ahora, el litio se ha convertido en un mineral estratégico para la nueva tecnología de las fuentes renovables colocando a otros países en el escenario de la nueva disputa geopolítica de los territorios.
Es aquí donde estriba uno de los hilos conductores de la enorme deuda pública que genera este sector minero. Por un lado, los Tratados de Libre Comercio firmados por prácticamente todos los países del Caribe y de América Latina con Estados Unidos Canadá, la Unión Europea, entre otros, condiciona la eliminación de aranceles a la importación y exportación de minerales extraídos en la región. De la misma forma la condonación de impuestos y otras facilidades administrativas y hacendarias para favorecer sus inversiones en el territorio nacional, repercute en menores ingresos al estado que podría usar en el gasto social, por lo que recurre al endeudamiento con la supuesta Banca Multilateral de Desarrollo (BMD).
Para facilitar la labor a este sector, los gobiernos han tenido que modificar su Constitución y leyes secundarias que de igual manera sus estudios son financiados por la BMD o el Fondo Monetario Internacional lo que provoca un aumento de la deuda externa del estado. A tal efecto, los gobiernos se han visto obligados a modificar leyes en materia ambiental para flexibilizarlas a favor de las inversiones mineras, pero también en materia de agua, minería, hacienda, inversión extranjera directa, seguridad, tierras y energía, entre otras.
Todo ello para cumplir con tres condiciones básicas que la inversión extranjera exige: seguridad jurídica, seguridad en la tenencia de la tierra y seguridad social. Esto último implica la modificación de los códigos penales con el fin de criminalizar la protesta social que se ejerce contra las empresas mineras por sus afectaciones socioambientales. Además, muchos países han firmado Tratados Bilaterales de Inversión con el fin de garantizar el poder demandar a los gobiernos que impidan o bloqueen por alguna razón las inversiones extranjeras.
En este marco, según ISDSImpactos el Banco Mundial, vía el CIADI, recibe el 78% del total de las demandas de las empresas contra los gobiernos de América Latina y el Caribe. De los 42 países de la región, 22 de ellos han sido demandados por las empresas extranjeras, y suman 282 demandas contra los gobiernos que representan el 29% del total mundial, donde Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú cuentan con 206 de esas demandas que equivalen al 73% del total.
Por su lado, República Dominicana cuenta con 6 demandas; Barbados, Grenada y Trinidad y Tobago con una cada país caribeño. Hasta el momento, los países de América Latina y El Caribe han tenido que pagar más de 31 mil millones de dólares a las empresas extranjeras que los han demandado cuyo monto podrían solucionar la pobreza en 16 países de la región. De todas las demandas el 23% se refieren al sector de minería, gas y petróleo. El 36% de las demandas provienen de empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, pueblos y gobiernos terminan más endeudados.
Por tanto, si las empresas mineras no pagan o evaden impuestos, exigen devolución de millones de dólares de impuestos, no pagan aranceles, no pagan la reparación de los daños sociales y ambientales, ¿quién asume este costo? Si es necesario modificar las leyes para facilitar sus inversiones, ¿quién asume este costo? Si hay desplazados, enfermos de cáncer, demandas de los pueblos, necesidad de hospitales, reubicación de poblaciones, proyectos productivos o algún miserable subsidio o reparación económica a los afectados por la empresa minera, ¿quién paga esto? Si es necesario limpiar las aguas, compensar la deforestación, la pérdida de suelos, la contaminación del aire, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas o los compromisos de bajar las emisiones de Gases Efecto Invernadero, ¿quién paga los costos? Así, gobiernos y pueblos terminan asumiendo en sus espaldas los costos de la ambición y riqueza de las empresas mineras.
Si no hay recursos del estado por la falta de captación de ingresos como sucede con el el sector minero, ¿de dónde salen los recursos para facilitarle los caminos, los puertos, los aeropuertos, las represas para que tengan energía, el tendido eléctrico, entre otras infraestructuras que requiere la extracción de los minerales? ¿De dónde salen los recursos del estado para el gasto social como escuelas, clínicas rurales, medicamentos, apoyo a la educación superior, entre otros derechos humanos que el estado debe garantizar, proteger, velar y procurar, se ejerzan? Todavía más, el sector minero busca los créditos blandos de los fondos públicos de la BMD o los créditos de carbono.
Si las empresas mineras demandan a los gobiernos vía los Tratados Bilaterales de Inversión o los Tratados de Libre Comercio, ¿de dónde salen los recursos para pagar tales demandas? Si sucede una crisis financiera y económica del capitalismo, ¿es el sector minero uno de los que hay que recuperar y salvar con fondos públicos?
En este marco, la deuda que provoca el sector minero en los países del Caribe y América Latina es enorme. Una deuda en materia social y ambiental del cual los países de la región son los verdaderos acreedores. Sin embargo, los gobiernos acuden al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o al Banco de Desarrollo de América Latina con el fin de solventar los estragos del sector minero, para crear la infraestructura que demanda su actividad extractiva o para paliar las consecuencias que dejan a su paso, ya que no será Vancouver a donde se lleven los millones de litros de agua con metales pesados, sino qué éstos se abandonan en los territorios indígenas y campesinos, ni los millones de toneladas desperdicios tóxicos.
A Canadá se llevan sólo su lingote de oro que hoy alcanza los dos mil dolares la onza en el mercado internacional. Por cierto, cabe señalar que la empresa canadiense GoldCorp ha llegado a donar millones de dólares a los sistemas de salud de ciudades en Canadá, mientras deja a comunidades y pueblos empobrecidos con enfermedades como el cáncer en México, Honduras y Guatemala.
Es esta misma minera canadiense que en la comunidad de Carrizalillo ha provocado desplazados, muertos, enfermos, y un territorio devastado por una mina de dimensiones descomunales. La mina de Gold Corp que luego fue comprada por Leagold Mining y ahora Equinox Gold, todas han incumplido los contratos con los Ejidatarios. Siguen provocando destrozos y muerte.
Ahora, nuevamente las familias ejidatarias han decidido cerrar la mina Los Filos el 3 de Septiembre de 2020 por el incumplimiento del contrato. Enfermedades, destrucción de las fuentes de agua, entre otros incumplimientos al contrato que siguen violando los derechos humanos. Y no es el único caso de incumplimiento de contrato con los ejidatarios en el país.
Si el gobierno incumple los Tratados de Libre Comercio las mineras están blindadas con mecanismos para demandar por millones de dólares que los pueblos pagan de sus fondos públicos. Los gobiernos tienen que pagar hasta los gastos legales en que incurrieron las empresas durante el proceso de demandar a un gobierno.
Pero si son las empresas las que incumplen los contratos simplemente criminalizan la lucha legítima y legal de los pueblos que son afectados directamente en sus territorios, y son ellos, no la empresa ni el gobierno, quienes tienen que asumir los costos de su defensa, el desgaste económico y social que les genera la resistencia contra las violaciones a los derechos humanos. Esto implica más deuda que los pueblos se ven obligados asumir y que no les son resarcidos los costos de su lucha legal y justa.
Si hay una vacuna para combatir el Modelo Extractivo Minero es la Agroecología. Las alternativas agroecológicas protegen los bosques, enriquecen los suelos, potencializan la biodiversidad, enraizan a los pueblos en sus territorios y fortalecen su pertenencia legal y cultural. La Agroecología protege los ríos y las fuentes de agua, asegura la soberanía alimentaria de los pueblos y combate el Cambio Climático. La Agroecología es una práctica anti sistémica frente a este capitalismo depredador.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 5 de septiembre de 2020
Hacemos un llamado de alerta ante la actual situación crítica que enfrenta nuevamente la comunidad de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, a raíz del comportamiento racista y discriminatorio que la empresa minera canadiense Equinox Gold (anteriormente Leagold Mining y antes Goldcorp, todas canadienses) ha tenido tanto con los representantes campesinos como en el cumplimiento de su convenio, que contiene la exigencia de condiciones elementales de protección ante un emplazamiento minero que desde hace ya más de diez años ha generado una grave afectación, progresiva e irreversible a su comunidad.
Debido a la ruptura en relaciones con el nuevo dueño de la mina Los Filos, el Ejido de Carrizalillo ha declarado concluido su convenio con la empresa y, en ejercicio de su derecho a la tierra y al territorio y tal como está especificado en el acuerdo, han cerrado totalmente las operaciones de la mina desde la madrugada de este jueves 3 de septiembre.
Cabe mencionar que la empresa canadiense Equinox Gold apenas tomó control de la mina Los Filos a principios de 2020, y en este breve tiempo, por sus incumplimientos y falta de capacidad para llevar una relación respetuosa con la comunidad, logró que el Ejido de Carrizalillo echara abajo el convenio que había firmado por 6 años, iniciado en 2019 La nueva propietaria canadiense de la mina no supo mantener una relación de respeto con la comunidad, terminando con la decisión de la comunidad de rescindirlo. Equinox Gold es una empresa relativamente nueva que entró a la escena en México con la compra de la mina Los Filos y con un programa muy ambicioso de despojo de oro y territorio de México y América Latina, proyecto del multi-millonario canadiense e inversionista minero, Ross Beaty, quien también es fundador de la empresa minera canadiense Pan American Silver.
Esta misma empresa cuenta con procedimientos de ingeniería de conflictos, coerción y presión intimidatoria, gracias a los cuales compra proyectos a pesar de existir grandes resistencias de las poblaciones locales, como es el caso de la mina “Escobal”, actualmente suspendida por la resistencia tenaz del pueblo indígena Xinka de Guatemala, y como el proyecto “Navidad” en la provincia de Chubut de Argentina, donde la movilización constante de la población ha logrado la prohibición de la actividad minera desde 2003. Es decir, no es la primera vez que los propietarios y operadores de la empresa canadiense Equinox Gold han mostrado el racismo, el desprecio y el dolo hacia las poblaciones afectadas por sus intereses económicos mezquinos.
Así, la crisis actual en Carrizalillo en Guerrero es el resultado de un largo y sistemático proceso de despojo, que ha dejado ya una severa alteración en la vida de la comunidad, incluyendo el desplazamiento forzado de la mitad de sus familias ante los niveles de violencia surgidos desde 2015. Hasta este entonces, recordamos desde la REMA que el Ejido de Carrizalillo nos daba la bienvenida para conocer de cerca la devastación de sus tierras, para conversar sobre las grandes afectaciones por la minería a sus fuentes de agua y las repercusiones terribles sobre la salud que había sufrido.
Ahora volvemos a agradecer a los ejidatarios por habernos recibido muchas veces. Estos intercambios fueron impactantes y siguen inspirando fuertes resistencias a la minería en otros partes del país. Pero, lamentablemente, el intercambio se suspendió después de que toda esta zona fuera sitiada y violentada por fuerzas del crimen organizado operando en contubernio con el Estado, generando procesos permanentes de extorsión, violencia y miedo. Es decir, los crímenes organizados se apoyan entre sí, porque la minería devastadora es también crimen organizado a partir de la violencia y de las consecuencias criminales inherentes al despojo que impone.
La situación en Carrizalillo es emblemática de lo que implica la devastación ambiental y social que la megaminería tóxica lleva a cabo en muchas comunidades del país y que el gobierno actual no ha querido atender, optando en su lugar por repetir una y otra vez que no otorgaría más concesiones mineras, mientras las empresas ya instaladas siguen generando daños impunemente y amenazando a las comunidades, que para ellos son solamente un estorbo. El modelo extractivo, actualmente tolerado e impulsado por el Estado y protegido por su Guardia Nacional, tiene en Carrizalillo y en toda la región, a consecuencia de engaños y complicidades, una muestra contundente de lo que significa la extracción de recursos a costa de la vida y del futuro de las poblaciones campesinas e Indígenas, condenadas a la pérdida de sus territorios y a su expulsión de los mismos ante la producción de conflictos, enfermedades y muerte, y ante la inseguridad y violencia que las mismas empresas generan bajo su único fin, que es el despojo.
En estos momentos, la prepotencia de la empresa Equinox Gold, aunada a la actitud permisiva y cómplice del gobierno estatal y federal, pretende doblegar la resistencia del Ejido de Carrizalillo, que a pesar de todo exige condiciones mínimas para atenuar los impactos en sus fuentes de agua y su salud, aunque sea luego de tantas afectaciones. Este proceso devastador debe llevar a la opinión pública a exigir la anulación de todas las concesiones de muerte ampliamente evidenciadas. La defensa de los territorios nacionales no se hace desde la ignorancia, la desinformación y las falsedades que las empresas imponen a los gobernantes, sino desde la verdad objetiva de los riesgos y daños evidentes, y en particular, desde el sufrimiento y la dignidad de nuestro pueblo.
Saludamos y enviamos nuestra solidaridad al Ejido de Carrizalillo por su valor y su integridad al levantar y sostener esta pelea ante la discriminación y ambición de una empresa saqueadora canadiense más y en condiciones altamente difíciles, tanto por el contexto local y regional de violencia, como por la pandemia de COVID-19 que la misma empresa ha traído a la comunidad, después de que el gobierno, irresponsablemente y bajo presión, declaró como “esencial” a la actividad minera, como si el despojo de metales como el oro fuese “esencial” para las comunidades, sin consideración alguna por la enfermedad y la devastación que iba a seguir generando.
Hay una «minería sustentable» del modelo extractivista actual dominante, es cierto: ella se sustenta, sí, pero en el despojo, el engaño, el racismo y la complicidad. ¿Cuántos muertos a corto, mediano y largo plazo, cuántas familias expulsadas y dejadas en la miseria, cuántas comunidades y territorios devastados más necesitamos para poner un alto a esta devastación múltiple? Es falso que en Canadá exista una «minería social y ambientalmente responsable». Las evidencias nacionales e internacionales están a la mano. Así como los empresarios mexicanos de esta minería devastan el territorio nacional, así los empresarios canadienses lo hacen en territorio canadiense. Creer otra cosa solo muestra una visión idealizada e ingenua del extranjero y de sus intereses.
Hacemos un llamado enérgico a la opinión pública, a los periodistas y a los movimientos sociales que pongan atención en lo que sucede en este momento de amenazas e intimidaciones en Carrizalillo y que se solidarizan con este pueblo ante los intentos de Equinox Gold de descalificar y esquivar sus justas y mínimas demandas en condiciones de respeto, seguridad y dignidad, y, segundo, a los legisladores y funcionarios que actúan ante tantas violaciones de los derechos que sigue generando la minería en todo el país, para cancelar este tipo de crimen organizado de alcance nacional.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Carta de Otros Mundos en apoyo a las y los ejidatorios de Carrizalillo, Guerrero – A 3 de septiembre de 2020 >>Descargar carta en pdf<<
Compañeras y compañeros, A las familias y comunidad de Carrizalillo
No es la primera vez que tienen que soportar tanta injusticia de las empresas mineras. Primero por la empresa minera canadiense Gold Corp, luego Leagold Mining y ahora Equinox Gold. Se llevan todo el oro y otros metales y dejan la pobreza, la miseria y la contaminación en sus tierras. Muertos, desalojados y enfermos son solo algunos de los saldos que han tenido que sufrir. Mientras, las empresas mineras no cumplen con los contratos y violan derechos humanos. Los gobiernos solo ven, encubren, solapan y permiten que pisoteen a los pueblos.
La magnitud e impacto de esta mina Los Filos es descomunal. Además de su trato racista y discriminatorio de la empresa minera canadiense, ahora destruye sus fuentes de agua y provoca la muerte de trabajadores obligándolos a trabajar mientras la pandemia del COVID-19 se encontraba en su peor momento.
Pero tampoco es la primera vez que ustedes resisten con dignidad. Nos hemos enterado y los hemos seguido de cerca en toda su lucha. ¿Y saben? Esa unidad y determinación tan fuerte de ustedes es lo que nos ha enseñado la comunidad de Carrizalillo. Su dignidad, su valor y el poder que les da la razón. Esta nueva empresa Equinox Gold le apuesta al desgaste, pero no saben de lo que está hecho el pueblo de Carrizalillo.
Tienen toda la razón en su lucha y en el cierre legítimo y legal de una de las minas más atroces del país, aunque la empresa canadiense pretenda criminalizar la razón que les asiste. Son los únicos en el México que ya lo han logrado y cuentan con todo nuestro apoyo y solidaridad. Las empresas deben aprender a respetar al Ejido como legítimos dueños de sus territorios.
Nos han mostrado que cuando la lucha se acompaña con música, baile, fiesta y convivio en medio de la resistencia, no hay poder que pueda con la autodeterminación de los pueblos.
Hasta acá se escucharán los festejos en medio de la lucha. Animo y estamos con ustedes.
El 3 de septiembre de 2020, el Ejido de Carrizalillo (Guerrero, México) rescindió su acuerdo recientemente negociado con Leagold (luego adquirido por Equinox Gold) por la negativa de la empresa a abordar las violaciones del acuerdo, y cerró la mina Los Filos.
Existe una seria preocupación por el bienestar y la seguridad de la comunidad dada la tremenda violencia y el desplazamiento forzado que se produce con una frecuencia espantosa en la parte central de Guerrero, donde las operaciones mineras canadienses Los Filos y otras, como de la empresa minera canadiense Torex Gold, se han expandido rápidamente.
Con esta acción solicitamos a Ross Beaty, Presidenta de Equinox Gold, que se abstenga de cualquier agresión contra el ejido así como de acudir a la policía o a las autoridades para que intervengan ante los ejidatarios en el ejercicio legal de sus derechos sobre la tierra para detener la mina.
¡Respeten los derechos de la comunidad a su tierra!
Lee la carta completa aquí:
Ross Beaty Presidente de la Junta Directiva
Le escribo* con gran preocupación por el bienestar y la seguridad de la comunidad de Carrizalillo en Guerrero, México, tras la noticia de que ha rescindido su acuerdo con Equinox Gold y está parando legalmente la mina Los Filos, como resultado del trato racista y discriminatorio de la empresa, así como de múltiples incumplimientos del acuerdo social con su empresa. Estas violaciones incluyen el incumplimiento del compromiso de la empresa de asegurar un suministro adecuado de agua para la comunidad, dado desde hace mucho tiempo las actividades mineras en la mina Los Filos destruyeron las fuentes de agua disponibles poniendo en peligro la salud de los miembros de la comunidad.
Los riesgos para la salud de la comunidad han empeorado durante la pandemia de COVID-19, después de que la minería fuera declarada una actividad esencial en México en mayo de este año y las comunidades de Mezcala y Carrizalillo comenzaran a experimentar brotes de infección, luego de que su empresa llamara a los trabajadores a reanudar las operaciones. El Ejido de Carrizalillo señala que dos trabajadores de Los Filos han muerto e informa que la empresa ha estado presionando a los trabajadores para que se presenten a trabajar incluso antes de saber si han dado negativo para COVID-19.
El Ejido de Carrizalillo está actuando dentro de sus derechos legales para rescindir su acuerdo con la compañía y detener la mina. Los ejidatarios lo hacen pese al gran riesgo en el contexto de la tremenda violencia y el desplazamiento forzado que se produce con una frecuencia espantosa en la parte central de Guerrero donde las operaciones mineras canadienses como Los Filos y otras se han expandido rápidamente.
La declaración de Equinox Gold del 4 de septiembre publicada en su sitio web habla de un «bloqueo ilegal de carreteras», lo cual es un claro intento de distorsionar las acciones del Ejido y difamar a la comunidad, poniendo a los miembros de la comunidad en riesgo de violencia y criminalización:
Denunciamos el trato racista y discriminatorio que la empresa ha dado al Ejido de Carrizalillo, que incluye poner en grave riesgo el bienestar de la comunidad por la falta de acciones para reponer el agua contaminada y asegurar protocolos sanitarios adecuados en el contexto de la pandemia de COVID-19.
Pedimos que se abstengan de cualquier agresión contra el Ejido, incluyendo llamar a la policía, la Guardia Nacional u otras fuerzas o autoridades para que intervengan en un conflicto que claramente es solo entre la empresa y los ejidatarios, dado que el Ejido simplemente está ejerciendo sus derechos legales estipulados en el convenio.
Solicitamos se haga una declaración pública reconociendo que el Ejido es el legítimo propietario de la tierra y tiene el derecho legal de retirar su consentimiento y bloquear la mina si la minera no cumple sus acuerdos con el Ejido.
Finalmente, demandamos se comprometa públicamente a respetar los derechos de los ejidatarios y que se comprometa respetuosamente con ellos, dejando claro a las autoridades mexicanas, a los demás actores locales y al público que no debe haber uso de la fuerza ni violencia contra ellos.
Comunicado del Ejido Carrizalillo sobre la mina Los Filos a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 3 de septiembre 2020
El 03 de abril del 2019, por primera vez en la historia relacionada con la firma de convenios de arrendamiento firmados por el Ejido de Carrizalillo con las diferentes empresas mineras que han operado en nuestro territorio, dimos por concluido un largo periodo de diálogo y discusiones con el grupo de directivos y operados que fueron designados por la empresa Leagold Mining Corporation, derivando en la firma de dos convenios; el social y el de arrendamiento de tierras,por el periodo más largo que jamás hayamos firmado anteriormenteabarcando este del 2019 al 2025, en un ejercicio de confianza hacia la empresa por parte del ejido.
Durante los más de tres meses de discusiones y toma de acuerdos entre las partes, se evitó que, por primera vez, no realizáramos el cierre de las operaciones de la empresa Leagold Mining Corporation,recientemente adquirida por la empresa Equinox Gold,actual operadora de la extracción de oro del proyecto Los Filos, porque consideramos que durante la negociación hubo respeto hacia nosotros y se avanzó en la incorporación de varias cláusulas que sin duda algunanos permitían algunas mejoras que mitigarían un poco los numerosos daños a la salud y al ambiente ocasionadas por la operación minera.
Sin embargo, todo ese respeto mostrado por la empresa durante la negociación del convenio,literalmente se fue desvaneciendo y empezaron a crearse varias discrepancias por el incumplimiento del convenio y la falta de transparencia,hasta finalmente, al realizar las quejas correspondientes,la empresa empezó a tener manifestaciones de discriminación y racismo hacia nosotros y nosotras.
Estos hechos han acabado con la confianza que el ejido depositó en la empresa,que ha demostrado mediante su falta de transparencia, ética y excesiva soberbia que la salud y el poco bienestar que podemos tener viviendo en la zona de explotación minera, está muy por debajo se sus intereses no importándoles lo más mínimo. Así, pretenden que sigamos soportando la situación de despojo a la que está sometida nuestra salud y que ya no tiene reparación alguna.
Es de conocimiento público que nosotrosvivimos en una zona totalmente impactadapor las operaciones mineras que ha contaminado todas nuestras fuentes de agua limpia provocando importantes daños a la salud, como daños en la piel, deformaciones en nacimientos, cáncer, males respiratorios, entre otros, provocados por los metales pesados, que se agravan por la poca consideración de la empresa para atender este importante problema, tras ceder nuestras principales fuentes de agua a cambio de otras fuentes, obras que hasta la fecha no han cumplido ninguna de las tres empresas que han explotado nuestras tierras.Este hecho nos ha llevado a no disponer de agua limpia desde el 2010.
Esto se encadena a la actual pandemia del Covid, y el decreto como actividad esencial de la minería que el gobierno federal emitió en el mes de mayo. Antes de ello, tanto nosotros en Carrizalillo, como en la comunidad aledaña de Mezcala,no teníamos ningún caso positivo de Covid, sin embargo, al retorno de trabajadores para incorporarse a las actividades la empresa, de forma por demás irresponsable, por porte de la empresa, incumplió los protocolos sanitarios y ya para el tercer o cuarto día del retorno, había más de 21 casos positivos a Covid. Desde entonces, se ha incrementado el número de contagios y, en consecuencia, se incrementan los desaciertos de la empresa que incluso los ha llevado a presionar a los trabajadores para que se presenten a trabajar aun sin tener los resultados de confirmación del laboratorio.Por supuesto ya han fallecido trabajadores por Covid.
Cada acciónde diálogo para el cumplimiento de los acuerdosse han vuelto un desgaste que consideramos totalmente innecesario, lleno de falta de respeto y sin atención a nuestras constantes quejas hechas con los altos directivos de la empresa, de tal manera que a partir de hoy,EL EJIDO DE CARRIZALILLO DECLARA CONCLUIDO EL CONVENIO CON LA EMPRESA POR INCUMPLIMIENTO DE VARIAS DE LAS CLÁUSULAS, por lo tanto, haciendo uso de nuestro derecho especificado en el convenio, damos por terminada la relación y en consecuencia a partir de hoy,QUEDAN CERRADAS TOTALMENTE LAS OPERACIONES DE LA MINA LOS FILOS.
En el pueblo nos parece absurdo la falta de respeto, de diálogo y de respuestas a nuestras quejas por el incumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos que realizamos entre las partes,lo cual derive en una acción de nuestra legalidad, fuerza y dignidad de nosotros y nosotras en el ejido.
No les permitiremos una sola muestra más,ni de racismo ni discriminación, y si esta empresa u otra que en futuro pretenda asentarse en nuestras tierras, son incapaces de resolver la actitud de sus directivos y son incapaces de cumplir los acuerdos que firman, nosotros continuaremos haciéndoles saber que su desprecio hacia nosotros no es suficiente para doblegarnos.
Hacemos un llamado a los diferentes movimientos para que estén atentos ante cualquier acto de agresión que orqueste la empresa para con nosotros y de antemano agradecemos su solidaridad y los seguiremos manteniendo informados.
Atentamente
Ejido de Carrizalillo, Municipio Eduardo Neri, Estado de Guerrero, México
Tras suspender a lo largo de un año y medio las sucesivas audiencias preliminares fijadas para evaluar la apertura del juicio contra David Castillo, la Justicia hondureña anunció el 26 de agosto que se realice un juicio oral y público contra este hombre, oficial militar de inteligencia, entrenado en West Point, conocido también como empresario emprendedor vinculado a la familia Atala Zablah -grupo empresario que integra el directorio del proyecto extractivista hidroeléctrico en Río Blanco, proyecto que enfrentaba la ambientalista hondureña Berta Cáceres-.
La decisión de llevar a juicio oral y público a Castillo se tomó sobre el límite de la prisión preventiva, que vencía este 2 de septiembre. Castillo fue detenido en marzo de 2018, dos años después del femicidio cometido en La Esperanza, hogar de Cáceres.
“Queremos que sea un juicio con todas las garantías, porque todo lo que se haga mal será en detrimento de la búsqueda de justicia”, dijo Bertha Zúniga, hija de la defensora lenca, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016. Por el crimen fueron condenados siete hombres como autores materiales. El juicio a Castillo, que fue detenido y cumple prisión preventiva desde el 2 de marzo de 2018, se esperaba con ansias, ya que es el único presunto autor intelectual detenido hasta ahora.
“David Castillo es una pieza clave que conecta a los autores materiales con los autores intelectuales que continúan en la impunidad”, dijo Bertha Zúniga en esta entrevista con Radio Mundo Real.
Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, ex funcionario público -que integró la Junta interventora de la empresa nacional de energía eléctrica-, graduado de la academia militar estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureña en condición de retiro.
Entre las pruebas que vinculan a Castillo en el asesinato de Cáceres, los representantes legales de la familia Cáceres han presentado dos series chats en Whatsapp, detalló Zúniga. Uno de los chats se denomina “Seguridad PHAZ” (por las siglas del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca), donde Castillo hace referencias a acciones de “ataque y neutralización” para “acabar con la lucha del COPINH”, ya que la organización lucha desde entonces contra la instalación de una represa en el Río Blanco. El otro chat entre Castillo y Douglas Bustillo, ex jefe de seguridad de DESA, juzgado y condenado como uno de los autores materiales del femicidio, que amenazó muchas veces a Berta Cáceres.
También han presentado comunicaciones de Castillo con funcionarios del Estado y con integrantes de la familia Atala Zablah, una de las más poderosas de Honduras. “Por eso nosotras planteamos que se trata de una estructura criminal para acabar con la oposición que representaba COPINH para el proyecto [Agua Zarca] y para el sistema económico de nuestro país”, dijo Zúniga.
Castillo tenía una relación muy cercana con Daniel Atala, gerente financiero de la empresa a cargo de Agua Zarca. Y antes del 2 de marzo de 2016, cuando la defensora del pueblo lenca fue asesinada en su hogar de La Esperanza, Intibucá, el militar/empresario se había comunicado varias veces con Berta Cáceres “como parte de sus labores de inteligencia”, no con amenazas -como hicieron algunos de los autores materiales condenados- sino ofreciéndole proyectos al COPINH “para disuadir la lucha”, agregó Bertita.
La hija de Cáceres considera que, si existiera voluntad política, se podría alcanzar a los máximos responsables del crimen contra su madre, es decir, a la familia Atala Zablah.
Llegar a este juicio no ha sido fácil
Así como el primer juicio por el crimen de Berta Cáceres tuvo múltiples dilaciones e incluso el tribunal retiró la representación legal de la familia Cáceres, del COPINH y de Gustavo Castro -integrante de Otros Mundos Chiapas/Amigos de la Tierra México, cuyo intento de homicidio también se juzgaba en ese proceso-, en la audiencia preliminar por este segundo juicio oral y público por el asesinato de la defensora lenca, las hijas de Berta fueron “expulsadas” de la audiencia virtual preliminar y tampoco permitieron que estén presentes integrantes de la misión de observadores/as internacionales que monitorea la causa judicial.
Ante estos nuevos actos de cercenamiento de la participación de la familia, del COPINH y de veedores internacionales, Zúniga insistió en RMR sobre la necesidad de que la comunidad internacional esté lo más atenta y presente que pueda en este nuevo proceso para garantizar que el caso no quede impune.
El proceso oral y público debería comenzar en un plazo máximo de tres meses, considerando el contexto de pandemia, más posibles apelaciones y suspensiones del proceso judicial. La defensa de Castillo apuesta a dilaciones, denunció Zúniga.
“Para nosotras ha sido un alivio [que se anuncie el comienzo del juicio]. Estábamos muy preocupadas de que se venciera el plazo de la prisión preventiva y de que el proceso se pueda exponer al incumplimiento de garantías para las víctimas”. De todas maneras, Bertha advierte que se ha llegado a esta instancia con mucho esfuerzo y se mantienen alertas ante posibles irregularidades o cambios de último momento, como ocurrió con el juez a cargo que fue cambiado dos días antes de la reciente audiencia preliminar.
“Hay muchas presiones que se están realizando a nivel de los medios de comunicación y en el sistema de justicia, pero confiamos absolutamente en la prueba que existe, que es contundente”, concluyó la integrante del COPINH.
¿Quién es David Castillo?
Es investigado como uno de los autores intelectuales del femicidio de Berta Cáceres. Cumple prisión preventiva desde marzo de 2018, y por eso era importante que la audiencia preliminar se cumpliera cuanto antes, ante el vencimiento de la prisión preventiva.
Las pruebas presentadas por los fiscales ante los tribunales hondureños sugieren que David Castillo, siendo gerente general de DESA, participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, «presuntamente coordinando y proporcionando fondos a los autores materiales y con el fin de llevar a cabo el asesinato», indica el informe.
“Mantuvo muchas comunicaciones con mi mamá. Sabíamos de su peligrosidad, pero no era el típico matón”, dijo Bertha Zúniga a RMR. Desde el COPINH han comunicado: “La evidencia que vincula a Castillo es clara. Es el vínculo entre los autores intelectuales y la estructura criminal que ejecutó el crimen. El juicio revelará la participación de la familia Atala en el crimen”.
En ocasión de la presentación de ese informe, la familia Cáceres había iniciado un proceso judicial en Estados Unidos para demandar los «detalles financieros» sobre la compra de una casa en Texas a nombre de David Castillo valuada en 1.6 millones de dólares. La denuncia era «para averiguar si esta compra guardaba alguna relación con algún pago (que puede haber recibido) por asesinar (u ordenar el asesinato)» de Berta Cáceres.
Consultamos a Zúniga al respecto y nos confirmó que huboavances en esta denuncia, a pesar de que “han habido bastante maniobras por los abogados de Castillo, seguramente pagados por Atala Zablah, para obstaculizar el proceso”.
“Creemos que si nuestro equipo legal puede acceder a esas informaciones puede permitirnos conocer las maniobras previas y posteriores al crimen de mi madre y saber si ese dinero tuvo algo que ver con un pago o recompensa por haber diligenciado el crimen”.
Les compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre la lucha de la Coordinadora de Pueblos, Barrios originarios y Colonias de Xochimilco por defender su humedal – A 2 de agosto de 2020
San Gregorio Atlapulco, junto con más de una decena de pueblos originarios de Xochimilco, está llevando a cabo desde hace más de dos años su propia batalla legal para decidir sobre sus propias formas de organización política.
Por Raúl Fernando Pérez Lira
Ciudad de México, 2 de agosto (OpenDemocracy).- Aunque puede resultar difícil de creer, más de la mitad de la Ciudad de México es considerada rural. Basta con sobreponer un mapa de la red del metro con uno de la ciudad: el metro sólo está en el norte. Más allá hay cerros, cultivos, lagunas, canales y pueblos que mantienen su propia identidad, en los que los habitantes más viejos suelen referirse al centro histórico, con sus palacios y edificios de gobierno, como “México”, cuando van a trabajar o a hacer algún mandado.
Aunque estos espacios forman parte fundamental del equilibrio ecológico de la ciudad, estos siguen siendo urbanizados por el crecimiento acelerado de la mancha urbana, en la que ya se cuentan más de 20 millones de habitantes.
Es entre estos barrios y colonias densamente pobladas que se encuentra el Área Natural Protegida “Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco”, un espacio de 2 mil 522.4 hectáreas con áreas verdes, canales, lagunas y superficies cultivadas, y que hoy en día es escenario de disputa legal por un nuevo puente vehicular que pretende disminuir el tráfico sacrificando un espacio de humedales estratégico para su conservación.
A título personal y organizados con la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco (CPBOyCX), pobladores de Xochimilco han impugnado la construcción del “Puente de Cuemanco”, argumentando que este dañaría permanentemente al ANP y al equilibrio ecológico en la altamente contaminada gran ciudad. El juez encargado de revisar el caso, sin embargo, suspendió el amparo en favor del Gobierno de la Ciudad de México, argumentando que este no era urgente.
“Xochimilco es de los últimos pedazos de la zona plana del Valle de México que sigue siendo urbanizada, todo lo demás ya ha sido urbanizado,” declaró Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una videoconferencia organizada por la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco (CPBOyCX). “Pero la razón por la cual esto no ha sido invadido por muchas casas tiene que ver con que se puede inundar y porque los mexicanos más o menos hemos podido respetar la cultura chinampera”.
Esta zona fue agregada a la Lista Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas en 2004. Expertos biólogos han registrado hasta 193 especies de aves, más de la mitad migratorias, como el pato mexicano, la garza morena, el gavilán de pecho rojo o el rascón limícola, además de anfibios vulnerables como el ajolote, que probablemente comience a aparecer en los billetes de 50 pesos mexicanos.
Además, en el ANP persiste la utilización de una técnica agrícola conocida como “chinampa”, del náhuatl “en la cerca de cañas”, la cual permite la producción de gran parte de las hortalizas que se encuentran en los mercados de la ciudad. La conservación de esta técnica, utilizada por los habitantes de lago desde antes de la conquista europea, contribuyó al reconocimiento de Xochimilco como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 1987, una distinción que también se otorgó al Centro Histórico de la Ciudad de México.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), presentada por el gobierno de la ciudad para la construcción del puente, la zona puede ser perturbada ya que ésta ya presenta perturbaciones considerables, por lo que construir un poco más resultaría sin efectos relevantes. Este es un proceso que comenzó hace décadas, a pesar de las distinciones, leyes y declaraciones que protegen al humedal.
Un poco más de 200 hectáreas de esta ANP le fueron separadas del resto del cuerpo por la construcción del anillo periférico en la década de los 90. A ambos lados de esta gran avenida se encuentran los mercados de flores a los que asisten miles de clientes especialmente los fines de semana. Al sur, está el Parque Ecológico Xochimilco (PEX), con una gran construcción abandonada y que pretendía ser un centro cultural.
Según Zambrano, la construcción de este puente, que recuerda en apariencia a los múltiples segundos pisos que tiene a lo largo el anillo periférico, abriría la posibilidad a una mayor urbanización en ambos lados, como en un efecto dominó. Si el área ya está perturbada, dice, lo que hay que hacer es revertir la perturbación, no continuar con esta.
Entre ambos sentidos de la calle hay un amplio camellón con sus propios humedales y grandes árboles, una zona de transición que permite el paso del agua por vía subterránea entre la zona sur y el norte, así como de las aves que viven en ambas.
“Ya se sabía que las grandes avenidas podían ser grandes fragmentadores de los ecosistemas, entonces ese gran humedal le permitió reducir el efecto de fragmentación que genera la avenida”, continúa Zambrano. “Este es el cuello de Xochimilco. Si se le cercena el cuello, aunque sea poco, está cercenando como una arteria de fundamental importancia”.
El pedazo que quedó en el norte es conocido como la Ciénega Grande, donde se puede encontrar un cuerpo de agua que sobrevive a la urbanización. Ahí se encuentran los vecinos para caminar, correr o andar en bicicleta. De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, esa zona será rehabilitada como medida de mitigación por el daño que causaría el puente.
En una videoconferencia de prensa, la Secretaria de Medio Ambiente Marina Robles García anunció este jueves que el gobierno, liderado por Claudia Sheinbaum, está muy cerca de cumplir la meta de 10 millones de árboles y plantas sembrados en la ciudad, faltando sólo 150,000.
Al responder una pregunta acerca del puente, dejando un espacio considerable entre cada una de sus palabras, Robles García declaró que la obra cumplía con las condicionantes establecidas en la evaluación de impacto ambiental: “La idea no es desaparecer ese original vaso regulador, sino que se mantenga como un humedal y que se mejore. Es parte de las condicionantes que se tienen”, dijo la Secretaria.
A petición de Robles García, el Secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, también hizo un comentario durante la transmisión en vivo: “Ese humedal no existía, se construyó cuando se hizo la parte de periférico. Entonces somos muy respetuosos, como han visto, y muestra de eso es el programa de reto verde. Es un esfuerzo histórico”, dijo Esteva Medina, en referencia a los 9,850,843 de árboles y plantas que llevan sembrados.
Poco después de que se interpuso el amparo, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum salió en defensa del puente vehicular, ya que según ella éste podría reducir considerablemente el tráfico de la zona, especialmente de las alcaldías de Tláhuac e Iztapalapa, esta última la más poblada de la ciudad con casi dos millones de habitantes. En marzo, Sheinbaum ya había anunciado que la zona ya no era Área Natural Protegida, contradiciendo a los planos de uso de suelo de la ciudad.
La Jefa de Gobierno anunció una inversión de 100 millones de pesos en el Parque Ecológico Xochimilco, ahora en el abandono, y otra de 200 millones para la zona de los canales y chinampas.
Pintas realizadas en uno de los puentes peatonales que cruzan el periférico a la altura del ANP. Foto: Raúl Fernando Pérez
El puente está siendo construido por la empresa Impulsora de Desarrollo Integral S.A. de C.V. y tiene un presupuesto de 680 millones de pesos, más del doble de lo anunciado por la Jefa de Gobierno para la mitigación en el ANP.
LA BATALLA LEGAL Y LA PANDEMIA
La Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco (CPBOyCX), formada para organizar esfuerzos colectivos entre los distintos pueblos y asambleas que conforman Xochimilco, ingresó un amparo en mayo argumentando que la construcción del puente violaba al menos dos derechos fundamentales: el derecho al medio ambiente sano, por los efectos negativos que esto pueda tener frente al cambio climático, y el derecho a la movilidad.
De acuerdo con Alejandro Velázquez, uno de los abogados que asesora a la CPBOyCX, la construcción del puente viola ley de movilidad de la Ciudad de México al priorizar al automovilista particular por encima de peatones, ciclistas y a usuarios de transporte público, contradiciendo al artículo segundo: “Nosotros planteamos en el amparo que se cancele la obra y se ordene la realización de proyectos alternativos que sí respeten al medio ambiente y la jerarquía de movilidad, porque sabemos que hay problema de tránsito vehicular”, declaró Velázquez en entrevista.
Al movimiento se han sumado también deportistas y ciclistas que usan el ANP y sus alrededores para sus actividades, organizando “rodadas” hacia los humedales en protesta por la construcción del puente.
El juez Juan Carlos Guzmán Rosas aceptó el amparo interpuesto originalmente por la CPBOyCX, pero poco después este mismo revocó su propia resolución, permitiendo que siguieran las labores de construcción. La misma coordinación volvió a intentarlo, ahora ante un tribunal superior, pero el mismo juez Guzmán Rosas ordenó suspender el juicio hasta que los juzgados vuelvan a sus labores normales, ya que ahora están trabajando con personal reducido debido a la contingencia sanitaria. El juez argumentó que el caso ya no es urgente, pues el gobierno anunció medidas de mitigación del impacto ambiental.
“Estamos combatiendo esa resolución para que vuelva a ser clasificado como urgente”, dijo Velázquez. “Lo que argumentamos es que los daños que se pueden producir a la zona pueden ser irreparables. Si empiezan a talar los árboles, aunque se puedan volver a sembrar, podrían tardar décadas en crecer y en ese tiempo la fauna puede desaparecer”.
En los puentes peatonales que ya existen y que conectan las aceras a ambos lados del periférico se pueden leer varias consignas en rechazo del puente. También hay colgadas algunas lonas en las que el gobierno local promete restaurar la Ciénega Grande. Pero talar árboles de una ANP, aunque se siembren otros en la misma, es ya una actividad ilegal, según Velázquez.
“El programa de manejo del ANP ya establece que está prohibido abrir nuevos caminos, brechas y talar árboles Lo que se prevé con este proyecto es talar 693 árboles. Esta suspensión del juicio es arbitraria e ilegal porque no toman en cuenta actividades prohibidas, independientemente de que se hayan otorgado medidas de mitigación y reparación”, dijo el abogado.
Además de realizar impugnaciones de forma individual, el pueblo de San Gregorio Atlapulco también podría solicitar el amparo por medio de su asamblea. Sin embargo, los pobladores están recluidos en sus casas por las medidas sanitarias. De acuerdo con información oficial proveída el 16 de junio de 2020, este pueblo es la colonia con el mayor caso de casos activos de la Covid-19.
“Como organización, no podemos convocar a reuniones y detuvimos esta recolecta de firmas por lo mismo que es exponer a las personas. Por eso hemos encontrado otros mecanismos para seguir con el tema. El juicio se está tramitando en línea, tomamos acciones en Twitter los jueves con el hashtag #YoProtejoElHumedal, y dentro de lo posible tratamos de seguir activos”, continuó Velázquez.
San Gregorio Atlapulco, junto con más de una decena de pueblos originarios de Xochimilco, desde hace más de dos años están llevando a cabo su propia batalla legal para decidir sobre sus propias formas de organización política, impugnando una figura que acusan de ser títere del Alcalde, el Coordinador Territorial. En caso de tener éxito, estos pueblos podrían optar por un concejo comunitario como su representante, así como lo hizo el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco en 2019, fortaleciendo su autonomía frente al gobierno de la Ciudad de México.
Mientras tanto, las máquinas retroexcavadoras ya han perturbado gran parte del humedal en el que se construirá el puente. En unas zonas, incluso ya se han establecido los cimientos de las columnas que lo sostendrán.
Compartimos este artículo publicado en La Jornada Zacatecas sobre la minería en aquel estado – A 20 de agosto de 2020
Existía una relación intersectorial, más dinámica con la economía regional a nivel de caminos, transportes, fuerza de trabajo, creando ciudades dinámicas con riqueza
■ Se dio paso al modelo de reestructuración, basado en la economía de escala, las mineras ya no se relacionan con las regiones y no tienen efectos intersectoriales
■ En 2019 había 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras; equivale a 31.64% del territorio estatal y 70% lo controlan consorcios extranjeros
Desde tiempos de la Colonia, Zacatecas se configuró como el territorio con gran potencial minero en el que se encuentran grandes yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, y que desde entonces atrajeron la mirada de extranjeros, tanto que hasta la fecha acaba de aprobarse un proyecto más de la minera canadiense Orla Mining y su Camino Rojo, el cual ha llamado la atención por las dimensiones que rondan las 206 mil hectáreas en el municipio de Mazapil.
De acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano (SGM) en los últimos años Zacatecas se ha mantenido como una de las entidades que mayor aportación genera al valor total de la extracción minera en México, pues el 80 por ciento de su territorio es muy rico en minerales y esto ha captado al capital minero reestructurado que ha permitido que las grandes empresas se apropien de la riqueza a gran escala, pues para 2019, se tenía un registro de 2 mil 671 títulos y 2 millones 381 mil 859.57 hectáreas con actividades mineras, lo que equivale al 31.64 por ciento del total del territorio estatal, siendo controlados, en un 70 por ciento, por consorcios extranjeros.
En Zacatecas, según registros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), únicamente dos empresas concentran la mitad de todas las concesiones del estado, que son Industria Peñoles y la compañía canadiense Orla Mining, que en un primer momento se especializaba en la producción de energía solar y que ahora estará a cargo del Proyecto de Oro de Óxido Camino Rojo, que confirmará a la entidad como el estado en el país con más minas de tajo a cielo abierto.
Sin embargo, a pesar de la importancia que significa la entidad para la minería, el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas ha señalado que dicha situación no se refleja en una mejor calidad de vida de la población, sobre todo, aquella que se ubica en las inmediaciones de las operaciones extractivas, sino que por el contrario, lejos de generar progreso y desarrollo, la intensificación del extractivismo minero ha desencadenado múltiples conflictos laborales y ecoterritoriales, querellas que muestran que lo que está en disputa es el trabajo y el territorio.
Y es que, de acuerdo con el docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Arturo Burnes Ortiz, los grandes consorcios vinieron a terminar con el método tradicional de la minería, el cual duró cuatro siglos, y que tenía una relación intersectorial, más dinámica con la economía regional a nivel de caminos, transportes, fuerza de trabajo y mano de obra, creando ciudades dinámicas con riqueza, para dar paso al modelo de reestructuración, basado en la economía de escala en el que las mineras ya no se relacionan con las regiones y mucho menos tienen efectos intersectoriales respecto a la materia prima que extraen.
De esta situación, ha señalado Burnes Ortiz, ha surgido lo que se conoce como las “cuatro D” relacionadas al factor extractivo que son: la Descapitalización de un recurso que es patrimonio de la nación, la Desnacionalización, puesto que la riqueza potencialmente invertible en el territorio nacional toma los caminos de la frontera y los puertos y no dinamiza sino que se desnacionaliza; el Deterioro de los términos de intercambio, es decir, cuando solamente se basa en la extracción y se exportan concentrados y materias primas sin llegar al proceso completo y por lo tanto deteriora la región; y la del Despojo, porque los posesionarios originales de la tierra son los campesinos y comuneros que han sido víctimas de una ley minera y sobre todo del “lesivo” artículo 6 que estipula que la minería es una actividad preferencial sobre todas las demás y que puede ser explotada la tierra por causa de interés público, y que los impuestos, además, son del ámbito federal dejando en una asimetría desfavorable a la comunidad.
Por tal motivo, mediante un comunicado el pasado 22 de julio, en el marco del Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, la REMA reprochó que aun cuando el gobierno de la Cuarta Transformación constantemente se queja de la entrega desmedida del territorio nacional, muestra al mismo tiempo su “total complacencia” al no mover un ápice su postura para cancelar las más de 25 mil concesiones mineras vigentes, dando muestras de que este gobierno “se niega a detener y cambiar la política neoliberal del extractivismo minero”, el cual, según los activistas, genera daños permanentes y cancela el futuro de las próximas generaciones.
