David Castillo, uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, fue capturado el 2 de marzo de 2018, el término de su prisión preventiva vence el próximo 2 de septiembre de 2020, luego de 2 años y medio en que el sistema de justicia hondureño no ha desarrollado el juicio correspondiente.
Este retraso se debe a las acciones dilatorias desarrolladas por parte de la defensa de Castillo como parte de una estrategia para postergar el proceso judicial y aprovechar este tiempo para influir en decisiones que permitan la impunidad. Esto con la permisividad de las autoridades del poder judicial. Las acciones de la defensa de Castillo buscan terminar con la prisión preventiva y dejarlo en libertad.
Corte de apelaciones negó reciente recurso a Castillo.
Recientemente la Corte de Apelaciones ha negado el último recurso interpuesto por la defensa de Castillo para retrasar el proceso judicial, se ha negado la apelación con la que Castillo y sus asociados pretenden eliminar las pruebas que demuestran su culpabilidad y su vinculación como asesino y miembro de la estructura criminal que asesinó a Berta Cáceres.
Maniobras dilatorias de parte de la defensa de Castillo
Las maniobras dilatorias en este proceso iniciaron desde el primer momento, luego de la audiencia inicial un recurso de apelación estuvo pendiente sin trámite en el juzgado de letras por cerca de 7 meses. Preocupa a las víctimas y al pueblo Lenca que desde el inicio haya sido permitido por parte de la jueza del caso la actuación dilatoria.
La audiencia preliminar es el momento previo a la etapa de juicio oral y público, esta debía realizarse en abril del 2019, sin embargo, en dicha fecha, la defensa de Castillo compuesta por Juan Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez, violó el correcto desarrollo de la audiencia al querer exponer un peritaje en un momento indebido, por lo cual el Ministerio Público interpuso una apelación que significó un retraso de 5 meses del proceso. La apelación fue resuelta en beneficio del correcto desarrollo de la audiencia y en contra de la defensa de Castillo.
La audiencia fue convocada de nuevo para el 25 septiembre de 2019, pero la defensa de Castillo no se hizo presente por lo que fue pospuesta para el 10 de octubre, fecha en que nuevamente fue suspendida debido a la presentación irregular de un recurso de apelación por la defensa. Todo el tiempo de dilatación, ha sido utilizado para hacer campañas e intervenciones en medios de comunicación afines, con el objetivo de victimizar a Castillo y mentir sobre las pruebas en su contra.
Las maniobras dilatorias han retrasado 1 año y 4 meses el desarrollo de la audiencia preliminar.
El tiempo perdido por culpa de las maniobras dilatorias no debe significar obstáculos para el correcto desarrollo del proceso, ni debe afectar el derecho de las víctimas al acceso a la verdad.La prisión preventiva contra David Castillo no se debe ver afectada por tales maniobras dilatorias.
¡Juicio sí, pero con garantías!
A menos de un mes que se cumpla el plazo de prisión preventiva, y con un panorama de corrupción e impunidad estructural agudizado por la crisis sanitaria del COVID19 es preocupante que mediante estas maniobras dilatorias se permita la libertad de Castillo sin que pague por sus crímenes.
Además, existe la amenaza, debido a las pérdidas de tiempo, de la realización de un juicio apresurado que no garantice justicia, verdad y reparación. Y que, por cuenta de la crisis sanitaria, tampoco se cuente con observación, permitiendo más irregularidades y asegurando la impunidad de Castillo, vínculo entre quienes ejecutaron el crimen y quienes lo pagaron.
El COPINH exige que el proceso judicial por el asesinato de la compañera Berta Cáceres contra de uno de los autores intelectuales cumpla con todas las garantías para la obtención de justicia, verdad, reparación y no repetición. No se deben permitir maniobras dilatorias que busquen la impunidad.BOLETÍN 2 AGOSTO-ES PARA DESCARGARDescarga
Les compartimos el informe de Global Witness sobre la situación de lasdefensoras y defensores de la vida durante el 2019 – A 29 de julio 2020
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático.
La crisis climática es posiblemente la mayor amenaza global a nuestra existencia. A medida que aumenta, muchos de los otros serios problemas en el mundo actual, empeoran – desde la desigualdad económica hasta la injusticia racial y la propagación de enfermedades zoonóticas.
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático. Una y otra vez, han desafiado a industrias irresponsables que arrasan descontroladamente bosques, cielos, humedales, océanos y zonas de biodiversidad en riesgo.
Sin embargo, a pesar de la evidencia contundente sobre la importancia de su rol y los incesantes peligros que enfrentan, numerosas empresas, financiadoras y gobiernos, fallan en proteger su importante y pacífica labor.
Nuestro informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana.
Hallazgos relevantes
Asombrosamente, más de la mitad de los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas.
Ambos países han registrado un aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018. En 2019 los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas – el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Informes muestran un aumento drástico de asesinatos a líderes comunitarios y sociales en dicho país en los últimos años.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado varias razones por las que la ola de violencia ha incrementado, entre ellas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo la reforma agraria y los programas para incentivar el cambio de cultivos ilegales a cosechas legales. Los movimientos resultantes de las dinámicas de poder interno están impulsando una mayor violencia.
Desde el 2018, Filipinas se ha vuelto cada vez más mortal para los activistas, y ha sido constantemente señalado como uno de los peores lugares en Asia por sus ataques a defensores.
Pero las cosas empeoraron aún más en 2019 con el incremento de asesinatos a 43. El implacable desprestigio de las personas defensoras por parte del gobierno, así como la impunidad generalizada de sus atacantes, podrían estar impulsando dicho aumento.
Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, clasificada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. En 2019 solo en la región amazónica ocurrieron 33 muertes. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil fueron en la Amazonía. En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018, a 14 el año pasado, convirtiéndose en el país per cápita más peligroso de 2019.
La minería fue el sector más letal, con 50 defensores asesinados en 2019. Las agro-empresas continúan causando destrucción, con 34 defensores asesinados, 85% de los cuales fueron registrados en Asia. La tala fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con un 85% más de ataques registrados contra defensores que se oponen a dicha industria y 24 personas defensoras asesinadas en 2019.
Europa sigue siendo la región menos afectada, con dos personas asesinadas en 2019 – ambas trabajaban para detener la tala ilegal en Rumania. Los pueblos indígenas siguen estando en mayor riesgo de represalias, con un 40% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales fueron contra pueblos indígenas – a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial. Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. A menudo, éstas son la columna vertebral de su comunidad, y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas. Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en objetivos.
Debemos seguir a los líderes en primera línea contra la crisis climática
En promedio, cuatro defensores han sido asesinados semanalmente desde diciembre de 2015 – el mes en que se firmó el acuerdo climático de París, rodeado de esperanzas por una nueva era de progreso climático. Muchos más son silenciados con ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o demandas judiciales.
Las agro-empresas y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales de este conflicto – y, a medida que talan nuestros bosques e inyectan dióxido de carbono a nuestra atmósfera, son también los sectores que nos empujan cada vez más hacia el implacable cambio climático.
Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente juegan un papel vital en la protección de estos bosques y ecosistemas en riesgo climático crítico.
Investigaciones recientes muestran que comunidades indígenas y locales en todo el mundo están a cargo de bosques que contienen el carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales. Incluso si esta cifra es impactante, probablemente sea una subestimación.
Al mismo tiempo, investigaciones indican con claridad que las tierras a cargo de pueblos indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores niveles de conservación que zonas de protección que los excluyen.
El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas también sufren un número desproporcionado de ataques contra defensores. La desprotección en su tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas a costa de los derechos humanos, están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras.
El abordaje de estas problemáticas debería encabezar los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático. Pero tal como están las cosas, corremos el riesgo de perder una gran oportunidad. La pregunta para todos nosotros es si queremos construir un futuro mejor y más verde, para nuestro planeta y las personas. La respuesta está en las campañas y soluciones que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han ido mejorando generación tras generación.
Recomendaciones
Debemos escuchar las demandas de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y amplificarlas.
Inspirados en su valentía y liderazgo, debemos presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado.
Tú también puedes ayudar.
La agricultura a gran escala, la minería y la tala continúan ocasionando la mayoría de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.
Pero no tiene por qué ser así – estamos exponiendo a las empresas con prácticas irresponsables y a aquellas que las financian, instándolas a que tomen medidas para garantizar que sus operaciones no dañen nuestro medio ambiente ni a quienes se levantan para protegerlo.
Únete a nuestra campaña, defiende a las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, amplifica sus causas y sus voces mientras nosotras trabajamos para el desarrollo de mejores normativas que regulen la actividad destructiva y devastadora del medio ambiente que ocasionan dichas empresas.
Banner image credit: Benjamin Wachenje / Global Witness
Les compartimos esta nota publicada en Página 3 sobre la minería en Oaxaca – A 27 de julio de 2020
PorPedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Por segunda ocasión, la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines (FSM) fue denunciada por contaminar el agua en Valles Centrales y esperan que esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su palabra de atender esta problemática y evitar que estos daños al medio ambiente no queden impunes.
Así lo denunció el Frente No a la Minería y el Colectivo en Defensa del Territorio, al tiempo que evidenció que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales.
El presidente municipal de Magdalena Ocotlán, Pedro máximo Aquino, fue mas contundente al pedir al gobierno federal y estatal que no autoricen mas permisos ambientales para continuar que la empresa minea siga operaciones en Valles Centrales porque “nos están sentenciado a una muerte segura con tantos metales pesados en la sangre, un cáncer”.
Razón por la que el Frente No a la Minería integrado por 12 comunidades entre ellas Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, El Vergel, Los Ocotes, Santa Catarina Minas, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, insistieron en rechazar la explotación de minerales en sus territorios.
Las autoridades de Magdalena Ocotlán denunciaron que el pasado 14 de julio, atestiguaron la contaminación de sus cuerpos de agua al constatar que un pozo de captación de agua pluvial, construido para recargar los mantos acuíferos presentó una coloración rojiza.
Detallaron que este pozo se encuentra aproximadamente a 300 metros de la planta de beneficio del proyecto minero.
Recordaron lo mismo sucedió en octubre de 2018, cuando se derramó la presa de jales contaminando el arroyo El Coyote, hecho que continua en la impunidad en la región.
Por lo pronto, las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán han hecho una denuncia popular ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA) y exigen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), intervengan para que realicen una investigación apegada a derecho y transparenten los resultados de los estudios que se han realizado con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Así como la reparación del daño de comunidades afectadas por la explotación minera.
Mientras, la compañía minera Cuzcatlán, empresa filial de Fortuna Silver Mines presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un nuevo permiso ambiental para la continuidad de la extracción de minerales en los Valles Centrales de Oaxaca.
El documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Modalidad Regional “San José II” fue presentado el pasado 07 de julio de 2020.
En este documento Cuzcatlán-FSM expresa que “…su operación no supone un riesgo para ninguno de los objetos de conservación de estas áreas”, no obstante, la realidad que viven las comunidades es diferente porque “hemos constatado que en los últimos años existen daños irreparables a nuestro medio ambiente, donde el agua, principal líquido para nuestra supervivencia ha sido contaminado en dos ocasiones”.
Por tal motivo, las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería rechazaron tajantemente cualquier actividad que tenga por objeto la explotación de sus bienes comunes.
Consideran que la presentación de esta nueva MIA desacata las determinaciones comunitarias expresadas en sus asambleas y actas de Territorio Prohibido para la Minería, mismas que respetan y retoman la legislación vigente en los ámbitos municipal, estatal y federal.
El Frente No a la Minería demanda a la SEMARNAT respetar y proteger nuestro derecho a la libre determinación, autonomía, territorio, salud y medio ambiente sano, por lo que exigieron nuevamente no autorizar dicho permiso.
Y es que FSM-Cuzcatlán, pretenden asegurar la explotación irracional de plata y oro por diez años más en los Valles Centrales, además de justificar obras ilegales dentro de San José del Progreso.
Es importante mencionar que en mayo de 2019 presentó un permiso similar a este, el cual fue negado por la SEMARNAT en enero de 2020. En esta segunda ocasión, en su “extracto” del proyecto, la empresa argumenta dolosamente que “San José II no se trata de un nuevo proyecto o ampliación del mismo, sino a obras previamente desarrolladas”. Advirtieron que autorizar dicho permiso representa una violación sistemática a nuestros derechos territoriales.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
En el presente sexenio Oaxaca es una de las entidades más amenazadas en el país por los efectos de los megaproyectos planeados para el estado y para el resto del Sur-Sureste. Los proyectos mineros siguen generando grandes conflictos socioambientales además de los proyectos de represas. El Oleoducto, la infraestructura eléctrica, los parques eólicos, la ampliación del puerto en Salina Cruz y el Canal Interoceánico que partirá al estado y que incluirá diez centros o polos de desarrollo maquilador tendrán consecuencias socio ambientales irreversibles.
Hay otros proyectos aledaños que impactan también en el territorio oaxaqueño como la Refinería Dos Bocas en Tabasco, la explotación petrolera en Veracruz, Chiapas y Tabasco; El Tren Maya en la Península de Yucatán que aumentaría el tráfico de mercancías y turistas; la ampliación de puertos y aeropuertos, entre otros, mantiene al estado de Oaxaca en el epicentro nacional de la reconfiguración territorialy geopolítica, donde el capital disputará los territorios a los Ejidos y Bienes Comunales, a los pueblos y sus culturas.
Todos estos megaproyectos demandan enormes cantidades de energía, agua, mano de obra barata, tierras, y otros insumos para el beneficio del comercio internacional. Es el ofrecimiento de todos los bienes comunes para beneficio de las grandes trasnacionales, entendiendo el ‘desarrollo’ como ofrecer trabajo mal pagado a los pobres, a la población indígena y campesina.
Será Oaxaca el estado rompefuegos de toda la región Mesoamericana donde una muralla de contención pretenderá cortar al país a la mitad para detener los flujos migratorios y trasladar las condiciones de pobreza y miseria de la frontera norte hacia el Istmo de Tehuantepec. Los diez polos de desarrollo serían ahora el nuevo “Matamoros” o “Reynosa”, como otros asentamientos maquiladoras de la frontera norte. Todo ello en un estado con altos índices de pobreza, de estrés hídrico, con los mayores índices de sismos y violencia, pero también de resistencia y lucha en defensa de los territorios.
Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Oaxaca con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras, con lo que se pretende enfrentar esta demanda en términos de agua y energía para alimentar el extractivismo en la región.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 462 presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.1 En el caso de Oaxaca solo resalta la Presa Hidroeléctrica Miguel Alemán (Temascal) construida en 1955, y se ha priorizado en los últimos años la generación eólica con gigantescos parques en manos de trasnacionales extranjeras que han ocasionado fuertes conflictos socio ambientales. Estas serán las que se beneficiarán por la demanda de energía de los megaproyectos en la región, aunque desde hace años los gobiernos en turno han mantenido la intención de construir las represas hidroeléctricas Paso de la Reina y Río Verde, sobre las que el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) mantiene una fuerte resistencia en la defensa de uno de los ríos más caudalosos de Oaxaca. Sin embargo, existen otros tipos de presas e intervenciones sobre el agua superficial de las Cuencas.
Desde el año 1550 hasta el 2019 la CONAGUA ha logrado documentar2 la construcción en México de un total de 6,225 represas, derivadoras y bordos en todo el país a lo largo de estos 469 años, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.3
En el caso de Oaxaca que representa el 4.8% del territorio nacional, a lo largo del periodo señalado, el agua superficial de sus cuencas ha sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con 167 obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas para el almacenamiento de agua, riego e hidroeléctrica en 81 municipios que representan el 14.21% de total de 570 con los que cuenta la entidad oaxaqueña. Todas estas 167 obras representan el 2.6% del total del país.
En Oaxaca existen pequeñas presas o embalses comunales de captación de agua y para el riego amenazadas por la sequía o la contaminación, como son las presas El Estudiante y La Azucena. Sin embargo, se destacan 4 Grandes Presas que han generado fuertes impactos socio ambientales. En ellas, la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas fueron fuertemente reprimidas y sin ninguna acción de resarcimiento. Divisiones comunitarias, familiares y precarización de los desplazados fue el saldo de ellas.
1) Presa Pte. Miguel Alemán (Temascal): Construida en 1955 con una cortina de 76 metros de altura es abastecida por el Río Tonto y tiene una capacidad de 8,119 hm³. El propósito original fue el riego agrícola y ahora también es para el control de avenidas e hidroeléctrica.
2) Presa Benito Juárez: Construida en 1961 para el riego pero también para proporcionar el agua que requiere la paraestatal PEMEX, cuenta con una cortina de 86 metros de altura y una capacidad de 947 hm³.
3) Presa Yosocuta: Construida en 1969 para fines de riego dota de agua potable a Huajuapan y comunidades aledañas pese a sus aguas contaminadas con aguas residuales.
4) Presa Pte. Miguel de la Madrid (Cerro de Oro): Construida en 1988 para la irrigación tiene una capacidad de 2,599 hm³ y cuenta con una cortina de 70 metros de altura. Generó un desplazamiento de alrededor de 26 mi personas indígenas y campesinas.
Todas las 167 obras entre represas, bordos y derivadoras están ubicadas en regiones Sísmicas. La mayoría en Sismicidad Alta con un total 114, y en Sismicidad Media un total de 53. Por otro lado, Oaxaca registra alrededor del 25% de los sismos del país.
Entre los tres elementos claves que mantienen a las represas en la insustentabilidad en el territorio oaxaqueño son las inundaciones, las sequías y los sismos, factores que azotan el Estado.
Por un lado las tormentas tropicales han logrado que los embalses sean rebasados con las consecuentes inundaciones y afectaciones a las comunidades. Por otro lado, las sequías en Oaxaca han provocado los niveles más bajos de las presas lo que ha permitido ver las iglesias y cerros que originalmente habían quedado bajo el agua. Esta inestabilidad pluvial es una de las razones de la insustentabilidad de las represas.
Los constructores en Oaxaca de las intervenciones en los tipos de obras mencionados han sido diversos a lo largo de la historia, entre ellos Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Gobierno del Estado y gobiernos municipales, particulares; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que existió entre los años 2000 y 2018; la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994; la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).
De las 167 obras construidas en Oaxaca, CONAGUA solo tiene registro histórico de su fecha de construcción de 103 de ellas. Cabe señalar cómo entre las décadas de 1960 y 1979 se dieron el mayor número de las obras y de las mayores represas.
Todas las obras se han construido sobre más de 40 Ríos, entre ellos Tequisistlán, Ocotlán, Salado, Teotongo, Tejúpam, Río Verde, Atoyaquillo, Blanco, Calabaza, Chicapa, Coapa, Río de la Cantera o La Pita, Garcés, Río Grande, Huajuapan, La Bomba, La Raya, Las Cucharas, Los Perros, Mixteco, Negro o Grande de Huitzo, Papaloapan, Prieto, San Antonio, San Antonio Monteverde, San Bernardo, San Felipe, San Pedro, Santo Domingo, Tehuantepec, Tonto, Tsundaa, Yerolea, Zempoalatengo, Río de la Y, El Matadero, El Palenque, Río Grande, Morán y San Francisco.
También se han intervenido más de 60 Arroyos, entre otros, Arroyo de los Montes de Donají, El Estudiante, La Ciénega, La Pe, Piedra del Sol, Río Grande, La Concordia, Andaruca, Arenal, Blanca, de La Cruz, El Bayito, El Boquerón, El Cántaro, El Capitán, El Capulín, El Colorado, El Encinal, El Guatabo, El Nazareno, El Palenque, El Rincón, El Rito, El Sabino, El Salado, El Veinte, Expiación, Higo Macho, La Azucena, La Cruz, La Noria, La Pila, La Soledad, Las Ahumadas, Los Hornitos, Los Ocotitos, Los Sabinos, Monjas, Salado, San Juan, Vigoldi, Agua del Ramón, Agua del Ramón, Cañada de León, Cañada del Burro, Cañón del Veinte, El Alambrado, El Cajón, El Cantarito, El Cuajilote, El Guayabal, El Gusano, El Morón, El Saucito, El Sauz, El Ticulute, La Estancia Chica, Arroyo Seco, Yanee, Cañada de Agua, Cañada de la Palma, Cañada El Pedernal, Piedra del Muerto.
La CONAGUA distingue 3 Regiones en las que han sido intervenido el agua superficial en Oaxaca con estas obras. Un total de 11 en la Región del Balsas, 13 en la Región Golfo Centro, y 143 en la Región Pacífico Sur.
Por otro lado, distingue las 16 Cuencas sobre las que se han intervenido con estas 167 obras: Río Atoyac-Paso de la Reina (26), Río Atoyac-Salado (21), Río Atoyac-Tlapacoyan (72), Río Espíritu Santo (1), Río Grande (2), Río Los Perros (2), Río Mixteco (13), Río Salado (11), Río San Antonio (9), Río Santo Domingo (1), Río Sordo-Yolotepec (3), Río Tehuantepec (2), Río Tequisistlán (1), Río Tlapaneco (1), Río Tonto (1), Río Verde (1).
Otra forma en que CONAGUA identifica geográficamente las intervenciones de los cuerpos de agua con estas 167 obras son por medio de las 5 Regiones Hídricas: Costa Chica de Guerrero (122), Tehuantepec (17), Papaloapan (16), Balsas (11) y Costa de Oaxaca (1).
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 31 de julio de 2020
Corte de Apelación declara NO A LUGAR la petición de nulidad de prueba interpuesta por la defensa de David Castillo y ordena que se continúe la audiencia preliminar.
La audiencia preliminar debió realizarse en abril de 2019, sin embargo, por maniobras dilatorias de la defensa no se ha culminado hasta la fecha. En esta se define si David Castillo pasa a juicio oral y público por su responsabilidad en el crimen contra Berta Cáceres.
Casi 10 meses han pasado desde que se suspendió por última vez dicha audiencia por acciones de la defensa y más de un año desde que tuvo que llevarse a cabo inicialmente.
Estas acciones de la defensa de Castillo, tienen como objetivo la dilatación del proceso con el fin de que venza el tiempo de prisión preventiva.
David Castillo es uno de los autores intelectuales responsables del asesinato de Berta Cáceres
El COPINH y la familia de Berta Cáceres hemos denunciado en varias ocasiones las intenciones de la defensa para mantener en la impunidad a Castillo y la estructura criminal detrás de él.
Las pruebas que lo vinculan al crimen, son claras ¡Basta de impunidad!
El proceso es retomado por el Juzgado de Letras a cargo de la jueza Lizeth Vallecillo.
Compartimos esta información publicada en EducaOaxaca sobre la situación de defensoras y defensores en México – A 30 de junio de 2020
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) externó su preocupación porque “la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad y socavan la lucha contra la violencia de género, a la vez que se alimenta la continuación de la violencia contra las personas defensoras en el país”. La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, resaltó que “el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante”. Y exigió garantías para Consorcio Oaxaca y castigo a los responsables de la amenaza en su contra. Mary Lawlor emitió un comunicado en conjunto con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Mary Lawlor enfatizó que “el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante”. Pero “es aún más preocupante observar los extraordinarios riesgos a los que se enfrentan las defensoras de derechos humanos y aquellas personas que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres así como la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad”. Las expertas y el experto están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades mexicanas.
Les compartimos este reportaje publicado en Sin Embargo sobre periodistas asesinados en México – A 19 de julio de 2020
Los siguientes son los 133 obituarios de los periodistas asesinados en México en la línea de tiempo entre 2000 y 2020. Diferentes en sus condiciones, estas son las biografías de seres comprometidos con el periodismo en una época en que este país se convirtió en un campo de batalla. Los callaron, pero no lograron acabar con su legado. Este memorial pretende honrarlos para siempre.
Este reportaje forma parte de un proyecto de investigación colaborativo entre SinEmbargo.MX y DemocraciaAbierta. Cuenta con el apoyo de Justice for Journalists Foundation.
POR LINALOE R. FLORES, con la participación de Efrén Flores.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo/DemocraciaAbierta).– Distintas, brillantes en sus causas, reinas de sus propias letras, las siguientes vidas son las de 133 periodistas asesinados en México de 2000 a 2020.
Sus muertes son incomparables pues cada una ocurrió con los signos de enemigos diferentes, en zonas diferentes y en años diferentes. Pero son similares porque las protagonizaron seres que tomaron las riendas de nobles metas reporteriles. La precariedad de sus condiciones jamás impidió sus viajes a la marginada sierra o a los bajos mundos de la mafia. Muchas veces se convirtieron en emprendedores con tal de tener un medio para publicar o presentar noticias ante un micrófono. Otras, combinaron el periodismo con otros oficios para reunir un ingreso digno. Al irse, dejaron pendientes coberturas de política, narcotráfico, robo de dinero público, pobreza, despojo de la tierra de pueblos originarios, así como la ruina de playas, bosques y selvas.
En diciembre de 2006, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) concentró su Gobierno en una política de seguridad nacional. En menos de diez días, con indicadores presurosos y endebles, logró justificar que era necesaria una guerra en contra de los grupos delincuenciales. Pronto, pasó de los papeles al terreno. Después, negó que lo suyo fuera “una guerra”. Pero para entonces, era demasiado tarde. México se había convertido en un campo de batalla. La violencia -terca en los años anteriores- arreció con un carácter obstinado y se mantuvo hasta la siguiente administración, la de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Las vidas eran añicos. Los anhelos estaban perdidos. El negocio del narcotráfico se ramificó con un crecimiento sin precedentes. Y reportear -ir a tocar el alma de los protagonistas para abrevar su experiencia y contarla- se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Así fue como los asesinatos de los comunicadores se multiplicaron al infinito. Las historias propias de reporteros, fotoperiodistas y camarógrafos se integraron al monstruo de mil caras de la contabilidad de víctimas mortales. Pero algunos se diluyeron en el tiempo. Buscar los rastros de un periodista muerto hace dos décadas lleva a sepulcros cubiertos de misterios. A los asesinatos, las autoridades no les dieron seguimiento, las familias se mudaron y los compañeros no desean hablar de algunos casos en particular.
En la República mexicana, 11 entidades cuentan con leyes que crearon mecanismos de protección; dos tienen vínculos con el Mecanismo Federal de Protección generado en la Secretaría de Gobernación. Mientras, 11 estados tienen iniciativas sin aprobar y las restantes siete entidades no tienen propuestas de legislación. A siete periodistas de nada les sirvió. Lo mismo cayeron.
Con todo, estos son los relatos de sus vidas y la forma en la que dejaron este mundo. Ninguno de estos textos reproduce escenas post mortem porque el objetivo al abordar sus biografías fue armar su memoria. Su bella memoria concluida con injusticia.
***
Luis Roberto Cruz Martínez 1 de febrero de 2000 Letras truncas: Cobertura del narcotráfico
Con su nombre se inician todos los registros de periodistas asesinados en México en el siglo XXI. Era reportero en Reynosa, Tamaulipas; trabajaba para la revista Multicosas y su presunto asesino, Óscar Jiménez González, huyó de la prisión donde estaba detenido. Esa muerte, impune 20 años después, fue el primer eslabón de una cadena trágica que parece interminable.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe 2016, en el capítulo Zonas Silenciadas: Regiones de Alta Peligrosidad para Ejercer la Libertad de Expresión identifica a 2000 -el año en que Luis Roberto fue agredido mortalmente- como “la raíz del miedo”. De ese entonces datan los primeros registros de ataques en contra de periodistas y medios de información.
Con el tiempo, la biografía de Luis Roberto se ha desdibujado. Poco se sabe de su historia de vida. El móvil o los responsables intelectuales no han sido identificados. De esa forma, su nombre se convirtió en emblema de la invisibilidad del fenómeno de violencia desatado en todo el país. Además de la especie de pacto de silencio que hasta hoy predomina en Tamaulipas.
A finales de 2017, el Congreso de Tamaulipas aprobó una Ley para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, y la creación de una Coordinación Estatal en la materia. Dos años después, Tamaulipas seguía en el primer sitio en los indicadores de agresiones a periodistas.
Ese año, en el Senado de la República, el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Jan Jarab, invitó a hacer un análisis sobre el incumplimiento de las leyes y resaltó que no era necesario cambiar la legislación.
Pablo Pineda Gaucín 9 de abril de 2000 Letras truncas: Cobertura de narcotráfico en la frontera norte
Luces y sombras llenan el obituario de este periodista. Originario de Torreón, Coahuila, se convirtió en fotógrafo-reportero en Matamoros, Tamaulipas, cuando fue invitado a trabajar al periódico El Imparcial. En esa frontera también se desempeñó muchos años como gestor de las oficinas gubernamentales y como “coyote” en la legalización de los autos importados de manera ilegal.
Cuando fue asesinado, trabajaba para el diario La Opinión y tenía 39 años de edad.
Sus restos fueron descubiertos por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca del puente Los Indios, al poniente de Brownsville, Texas. Fue visto por última vez la noche del sábado anterior en la redacción del periódico. Sus compañeros lo escucharon responder una llamada. “¿Sí, jefe?” -dijo. Y luego: “Ahorita regreso”.
Las luces las aporta su trabajo. Publicaba imágenes crudas, reales, sin recato en lo sangriento. Eran fotos de atropellados, suicidas, vendedores de droga, violadores o funcionarios a los que señalaba de corruptos. Defendía a los detenidos y buscaba sacarlos de prisión. Cada semana ayudaba a la familia de un preso.
Las sombras las puso su modo de vida que dejaba entrever que tenía vínculos con los grupos delincuenciales de la frontera. La historia de Matamoros-Brownsvile -su campo reporteril- siempre estuvo ligada al tráfico ilegal. Fue paso de alcohol durante la prohibición en Estados Unidos, de armas durante la Revolución Mexicana y desde este siglo, de drogas o de humanos.
Pineda Gaucín trabajó siempre entre marañas de dudas de cómo con un salario de periodista podía vivir en la zona residencial Valle Alto y conducir automóviles de lujo.
Cuando los entrevistaron, varios de sus colegas coincidieron en que su asesinato no fue a causa de su trabajo de periodista. La hemeroteca arroja que su última publicación fue una serie sobre el linchamiento y muerte de un policía municipal, cometido por un grupo de estudiantes en el Tecnológico de Matamoros. El periodista se metió a defenderlo. Luego, publicó: “Sólo esperamos que la justicia divina aplique la ley, pues de la justicia terrenal, nada se espera”.
Hugo Sánchez Eustaquio 19 de julio de 2000 Letras truncas: Información general
Su historia se diluye, se pierde en el tiempo. Los rastros de la vida de Hugo se han perdido entre los otros 132 obituarios de periodistas asesinados desde 2000 hasta 2020. Su nombre integra todas las listas de informadores sacrificados en México, pero nunca arrojan en qué paró la investigación de su muerte. Ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Procuraduría General de Justicia del Estado de México brindan luces sobre las pesquisas. Sus familiares tampoco son localizables. No se sabe qué trabajo realizaba.
La Verdad, el periódico en Atizapán de Zaragoza, donde Hugo fue editor, ya no existe. Así, el tiempo ha jugado a favor para sepultar en el olvido la extinción de uno de los primeros periodistas asesinados en México en los últimos veinte años.
Hugo fue secuestrado y le arrancaron la vida. Su cuerpo fue encontrado en Hacienda de Atizapán, en el Estado de México. Tenía un balazo en el cuello y estaba al lado de su auto. Reproducir la escena es difícil porque ya todo cambió. Hoy, la avenida es de doble sentido y cuando su cuerpo fue abandonado, era sólo un camino.
Habían pasado dos semanas del triunfo electoral de Vicente Fox Quesada para la Presidencia de la República y aún faltaban cinco años para que desde el Gobierno se reconociera que a los periodistas mexicanos los mataban. Pero su nombre se convirtió en una de las carpetas de los mil 713 homicidios cometidos en México que ese año quedaron empolvadas.
La muerte de Hugo Sánchez Eustaquio contribuyó a que México fuera considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el Periodismo, una característica similar a países como Turquía, Afganistán o Siria, donde hay guerra.
José Luis Ortega Mata 19 de febrero de 2001 Letras truncas: Financiación de campañas políticas por capos del narcotráfico
Fue director del semanario Ojinaga en la ciudad del mismo nombre en Chihuahua. Cuando ocurrió su tragedia, presidía la Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos de ese municipio. Su último trabajo publicado fue que en Aldama -un municipio cercano a la capital del estado- había casas bodegas de droga. Bajo el brazo traía una investigación sobre el financiamiento de campañas políticas por barones del narco.
Tenía 37 años de edad y estaba casado con Alicia Cortés con quien procreó tres hijos.
Sus asesinos lo obligaron a bajarse de su coche. Uno de ellos le descargó balas a placer. Cuando estos hechos sucedieron, Vicente Fox Quesada cumplía 81 días de Gobierno, el primero no priista. En campaña, había prometido que la libertad de expresión sería reivindicada. Pero el homicidio de José Luis sería el primero de una cadena trágica en los siguientes seis años, mucho más dramática que los sexenios del priismo.
La mañana del 20 de febrero de 2000, en el noticiario Radio Prensa, el conductor Homero García, recibió al aire la noticia de un radioescucha: “Maestro, mataron a José Luis Ortega.
Desde entonces, en Ojinaga y en todo el país se pidió justicia. La presión pública obligó a una respuesta de las autoridades. El 29 de abril de 2001, fue detenido Jesús Herrera, “Juny Herrera”, propietario de un supermercado en Presidio, Texas. Pero sus abogados demostraron que el testigo que lo culpó se encontraba en la cárcel el día del crimen. Tres meses después, quedó en libertad.
Ojinaga es una ciudad de 28 mil habitantes, en la frontera con Texas, a orillas del río Bravo. El nombre se lo puso Benito Juárez en honor de Manuel Ojinaga, que luchó cuando los franceses invadieron México por segunda ocasión entre 1865 y 1869. En 1910, el general Toribio Ortega, en el cercano Coyame, convocó una insurrección contra la dictadura de Porfirio Díaz a la que había convocado para seis días después Francisco I. Madero. José Luis Ortega Mata era bisnieto del militar revolucionario.
José Barbosa Bejarano 9 de marzo de 2001 Letras truncas: Información general
Muerto en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un aparente accidente automovilístico, su biografía se convirtió en un sepulcro sobre el cual, no hay datos. Un familiar que no desea ser identificado refiere que incluso sus parientes han decidido no dar cuenta de su tragedia porque quieren “dejar en el pasado lo sucedido”. El olvido, podría ser el título del final que tuvo este corresponsal de la revista Alarma en la frontera norte de México.
A manera de réquiem, su nombre es de los primeros en los listados de periodistas asesinados en México. Así, acaso sin saberlo, ha contribuido en las demandas de justicia junto a otros 132 nombres de periodistas asesinados desde 2000 a 2020. Aun así, el silencio sobre quién fue este periodista, estremece.
En la redacción de la revista no se encuentra a ningún contemporáneo que refiera de sus días. Imágenes de su rostro no hay. Notas bajo su firma tampoco. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no abrió ninguna carpeta por su historia. La Fiscalía de Chihuahua, tampoco.
Un estudio especial sobre asesinato de periodistas en América Latina, de la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaborado en 2008, indicó: “La carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera en relación con los asesinatos de periodistas motivados por su labor periodística, pueden tener el efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual restringe la libertad de expresión”. El caso de José Barbosa está en este párrafo cargado de premoniciones.
El hecho de que lo mataran, el hecho de que lo aventaran a una vía pública y el hecho de que hoy sólo sea un nombre en una base de datos brindó el mensaje de las múltiples posibilidades para acribillar periodistas sin que después nada ocurra. Tras su muerte, más de cien informadores cayeron en otros sitios de México sin que sus procesos llegaran a sentencias condenatorias. Se fueron en el silencio, el mismo que ahora cubre este nombre.
Saúl Antonio Martínez Gutiérrez 24 de marzo de 2001 Letras truncas: Narcopolítica
Fue uno de los cuatro hijos que procreó el periodista Gonzalo Martínez Silva, fundador del periódico El Imparcial en Tamaulipas, en 1993. Saúl ayudó con la construcción de la redacción. Como editor impulsó la cobertura de la delincuencia organizada, el tráfico de migrantes en esa frontera, además de los actos de corrupción del Gobierno de Tomás Yarrington Rubalcava.
Los tres temas pudieron ser causa de su secuestro y asesinato; pero la sospecha de que el agravio provino del Gobierno se fortificó cuando Yarrington Rubalcava fue detenido en Florencia, Italia, por delitos vinculados con “lavado de dinero”, el 23 de mayo de 2012. Habían pasado 11 años y un mes de la partida de Saúl Antonio.
Tomás Yarrington Rubalcava encarna la llamada “narcopolítica”, un término que se insertó en el vocabulario de los mexicanos desde aquellos años. Fue el Primer Mandatario del estado entre 1999 y 2005, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional; en 2017, fue detenido en Italia y en 2018, fue extraditado a Texas, Estados Unidos. Narcotráfico y extorsión cometidos desde la Administración son algunos de los cargos que enfrenta. Mientras, el Gobierno del estado intenta expropiarle una propiedad de 1.2 millones de dólares, ubicada en Brownsville, Taxas, reflejo de la riqueza que acumuló.
A Saúl Antonio se le vio por última vez, el 23 de marzo de 2001. Del periódico, se fue a las 11 de la noche, poco después de darle una orden de información por teléfono a uno de los reporteros. A las 4:30 de la tarde del día siguiente ya había noticias. Su camioneta marca Explorer modelo 98, roja, placas WYE5095, estaba en la brecha 28, cerca del ejido El Ebanito, en el municipio de Río Bravo, frontera con Texas. Estaba acostado en el asiento trasero y presentaba cuatro impactos en el rostro.
El testimonio de su padre en la Policía Ministerial aún arroja que hubo amenazas previas de muerte. Una ocurrió en 1997 de parte de un hermano de uno de los precandidatos del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal. Ese año, el edificio de El Imparcial recibió varios impactos de bala.
La memoria de Saúl hoy no es tan invisible como los son las de Luis Roberto Cruz Martínez o Pablo Pineda Gaucín. Pero pocos desean hablar de él para este obituario. Su asesinato fue uno de los primeros de la cadena trágica que empezó a formarse en el Gobierno de Vicente Fox Quesada. Fue también de los primeros de una serie de crímenes que volvió a Tamaulipas uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Tanto que veinte años después no es posible encontrar una foto suya, ni a quién desee hablar de cuál fue el motivo preciso para arrancarlo de esa tierra.
Felix Alonso Fernández García 17 de enero de 2002 Letras truncas: Cobertura de narcotráfico
Fue editor de la revista Nueva Opción, fundada por su padre, Félix Fernández Reyna.
Sujetos a bordo de un automóvil lo asesinaron en ciudad Miguel Alemán. La policía detuvo en la escena del crimen a Marín Beldar y Carlos Domínguez, supuestos guardaespaldas del periodista. En sus declaraciones, revelaron que fueron contratados porque el comunicador había sido amenazado de muerte por Raúl Rodríguez Barrera, exalcalde , excomandante de la Policía Judicial Federal y supuesto compadre del narcotraficante, Gilberto García Mena, “El June”.
De hecho, Félix Alonso trabajó en El Heraldo de Alemán, propiedad del exmunícipe.
Un año antes de su muerte, en abril, el entonces titular de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Salud (FEADS), José Luis Santiago Vasconcelos, estableció que había elementos suficientes para detener al ex alcalde por supuestos nexos con el narcotráfico.
Saúl Félix es uno de esos periodistas cuyo nombre se cubrió con la leyenda de la sospecha. La suya es una tragedia doble. Primero lo acribillaron unas cobardes Ak 47 y luego, le negaron una investigación desprovista de la creencia de que “andaba mal” (uso coloquial en el norte de México para indicar que alguien está vinculado con el narco). En Tamaulipas, su tierra, gobernaba Tomás Yarrington Rubalcava.
El periodista Jesús Blancornelas escribió de Félix en 2002, en La Crónica de Hoy: “Lamentablemente descuidó sus pasos. Hizo lo elementalmente indebido. La noche del viernes, acompañado de sus custodios se fue de parranda. Entró al bar El Señorial y se tomó las últimas copas de su vida”.
Es inevitable ubicar los últimos días de Félix Alonso en la narcopolítica de Tamaulipas. Blancornelas, en el mismo artículo: “ … Un compañero periodista de ese estado me informó de cierta asquerosa práctica. Los mafiosos acostumbran financiar publicaciones pequeñas. Les anima tener así una defensa y a la vez, trinchera para atacar. Esto empuja algunas ocasiones a los periodistas. Sin querer o queriendo se mezclan con las mafias. En este caso particular es triste una noticia oficial. En el auto de Félix, la policía descubrió droga”.
Con todo, hoy, se desconoce quién lo mató. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no atrajo el caso.
José Miranda Virgen 19 de octubre de 2002 Letras truncas: Narcopolítica, incursión de la DEA en Veracruz
La suya fue una de las plumas más influyentes de Veracruz y de México. Empezó su formación en El Sol de México de la Ciudad de México, mientras transcurría el convulso 1968. Su afán de contar historias lo combinó con sus dotes de bailarín. En el Teatro Iris fue campeón de rock & roll. Cuando volvió a Veracruz, trabajó en varios rotativos y laboró en las áreas de comunicación social de algunos políticos. Fue jefe de prensa del Gobernador Rafael Hernández Ochoa (1974-1980) y de Miguel Alemán Velasco (1998-2004). Además, siempre dio clases de periodismo.
Fundó una cooperativa. En La Crónica de Veracruz, los sueños fueron posibles. Los periodistas eran dueños de su lugar de trabajo y tenían salarios que inhibían la corrupción de la época. Incómodo para el Gobierno del estado de Patricio Chirinos, se le negó publicidad oficial y no subsistió.
Tras esa derrota, José se convirtió en subdirector editorial y vicepresidente de El Sur de Veracruz.
Su columna se llamó El Espejo del Poder. Poco antes de su muerte, la información que divulgó constituyó una gran crónica de cómo grupos de narcotraficantes y familias de abolengo se habían coludido en Veracruz.
En 2002, el periodista tenía 60 años de edad. Un estruendo rompió los cristales de las ventanas de su departamento en Boca del Río, Veracruz. El ruidajo se confundió con las risas en la noche de esa ciudad que suele amanecerse y con las olas del mar. Al informador se lo llevó una ambulancia. Llevaba el cuerpo quemado en todas sus partes. Miranda fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México. Fue internado en el Hospital ABC donde cinco días después de la explosión tuvo el último suspiro. En esos días, su computadora laptop desapareció del departamento.
El expediente 851/2002/II indica que la explosión se debió a una fuga de gas. En 2002, así lo informó el entonces Procurador de Justicia del Estado, Pericles Namorado Urrutia.
Pero los colegas agrupados en la Asociación de Periodistas de Veracruz, lo dudaron. ¿Cómo no iba a detectar olor a gas el fino olfato de Pepe Miranda? Su última columna llevó el título “Drogas de Veracruz, las mejores familias …”. Aún no se sabe quién tumbó a su pluma.
Rafael Villafuerte Aguilar 13 de diciembre de 2003 Letras truncas: Cobertura policiaca
Con su nombre se inició un listado de periodistas asesinados en Guerrero. En dos décadas, fueron asesinados 13 periodistas en esa entidad en la que en 2014 se viviría la desaparición de 43 estudiantes de Normal Rural de Ayotzinapa, tragedia intrincada hasta nuestros días porque se desconoce quiénes la perpetraron.
Pero en 2003, a Rafael Villafuerte Aguilar lo mataron frente a muchos testigos. Y hasta la fecha, no hay detenidos. El periodista circulaba a las dos de la tarde por la avenida Nicolás Bravo de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, cuando le dispararon desde otro vehículo. El crimen lo presenciaron un transeúnte, un chofer de combi y un policía preventivo. El caso lo siguió la Policía Judicial, adscrita a la Procuraduría Estatal. Un mes después del crimen, los testigos dieron cuenta de la escena del crimen y de hecho, se generaron órdenes de aprehensión, pero fueron giradas un año después. Para entonces, nadie, pero nadie, fue localizado.
La vida de Villafuerte Aguilar se pierde en la maraña del tiempo. Dirigió el diario La Razón, en Altamirano, una ciudad cercana a Coyuca de Catalán. Cuando perdió la vida, el diario se quedó en manos de su padre. El periódico fue cerrado en 2006 y la familia dejó el estado.
Un rastro de esta biografía es la queja que en 2007 puso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su viuda, Sonia Gama García. El organismo emitió la recomendación 11/2009 en la que indica que en el caso faltaron documentos y que la Procuraduría dejó pasar años sin continuar las diligencias correspondientes. Un error fue no practicar la autopsia.
El documento asienta algo más: en septiembre de 2003, una persona le pidió a Rafael que “bajara la crítica” en su periódico. Le dijo que así lo pedía el entonces presidente municipal de Altamirano, Guerrero. También que quien fungió en ese año como director de Comunicación Social del municipio de Pungarabato, Guerrero, lo demandó porque “utilizaba su nombre”. Nada ha hecho que el crimen de Rafael se esclarezca.
Roberto Mora García 19 de marzo de 2004 Letras truncas: Asuntos políticos de la frontera
A las 2:00 horas del el 19 de marzo, el cuerpo del periodista Roberto Mora García fue encontrado a las puertas de su domicilio. Presentaba por lo menos 30 puñaladas. Regresaba de su jornada como editor editorial en el periódico El Mañana de Nuevo Laredo.
Sólo seis horas después, el entonces Procurador de Justicia de Tamaulipas, Francisco Cayuela, dio a conocer una línea de investigación: crimen pasional.
Una semana después, la policía detuvo al presunto asesino material, Mario Medina Vázquez, un joven estadounidense de 23 años, y a su presunto cómplice, Hiram Oliveros Ortiz, de 28 años, su pareja sentimental. Se declararon culpables. El 13 de mayo, a las 18:20 horas, Mario Medina fue asesinado en el Cereso II. Su cuerpo presentaba 88 lesiones de arma punzocortante y señas de abuso sexual.
En mayo del mismo año, en un informe de 35 páginas, la Comisión en Memoria (integrada por el Pen Club México, el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, Periodistas Frente a la Corrupción, el Centro de Periodismo y Ética Pública y Libertad de Información) documentó que la confesión fue arrancada mediante tortura. El caso provocó un extrañamiento del consulado de Estados Unidos.
El periodista Roberto Mora García tenía 43 años de edad cuando fue asesinado. Su vida adulta la dedicó al periodismo. Estudió Ciencias de la Comunicación en Monterrey, Nuevo León, y al graduarse en 1983, ya trabajaba como reportero de Cultura en El Norte. Se le recuerda como un gran lector y un asiduo a los pasteles. Cada quincena compraba uno y lo repartía en la redacción.
En Monterrey vivió hasta 1999, cuando se mudó a Nuevo Laredo para dirigir El Mañana. Su esposa, Aracely, y su hijo Sebastián, se quedaron en Nuevo León pues aquel año, los indicadores de inseguridad crecían como la espuma en Tamaulipas.
Desvanecida aquella línea de investigación del crimen pasional, esta historia se ha quedado impune.
Compartimos esta carta de solidaridad con el COPINH a la cual nos sumamos y pedimos alto a las amenazas y hostigamiento a su dirigencia- A 28 de julio de 2020
La organización hermana COPINH, desde hace ya casi tres décadas ha estado presente en las luchas más importantes del movimiento indígena y popular de Honduras en contra del neoliberalismo, el militarismo golpista, el racismo, la lucha anti patriarcal, entre otros, pero también ha sido una organización fundamental en la lucha por la defensa de la soberanía nacional, de los bienes naturales, los derechos históricos y ancestrales de los pueblos indígenas o la lucha por la refundación del estado hondureño. Luchas trascendentales que han dado impulsos y ejemplos importantes a la resistencia popular contra la narco-dictadura oligárquica.
Las luchas pasadas y presentes le han significado al COPINH, la persecución y muerte de muchas y muchos de sus líderes, incluyendo el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Pero la estigmatización y el racismo, también han sido herramientas de los grupos de poder para perseguir, criminalizar y reprimir al COPINH y las comunidades lencas. Desafortunadamente, hay quienes, desde las redes sociales y desde una pseudo fachada de la intelectualidad, se han sumado de manera rabiosa, misógina y racista, a las campañas de persecución y odio en contra de nuestras hermanas y hermanos lencas.
De esta manera, las organizaciones abajo firmantes, queremos manifestar nuestro absoluto respaldo y solidaridad a COPINH y su dirigencia, ante las agresiones racistas y misóginas que personas externas a la organización y con fines claramente políticos, difunden a través de las redes sociales, haciéndose parte de una campaña de terror y persecución que solo busca destruir la organización.
Queremos suscribir nuestro irrestricto apoyo a COPINH y su dirigencia, ante las sistemáticas amenazas que atentan en contra de la vida, la dignidad y la integridad de las compañeras y compañeros, al ser señalados como colaboradores de los órganos represivos del estado e incluso como cómplices de la impunidad que favorece a los responsables de la muerte de nuestra compañera Berta Cáceres. Sabemos de la incansable lucha del COPINH, de toda su dirigencia, y muchas colaboradoras y colaboradores que, a riesgo de su propia vida, han enfrentado con entereza las mafias empresariales, militares y paramilitares que protegen a los autores intelectuales y materiales del asesinato de nuestra hermana Berta.
Rechazamos con firmeza, la absurda y mal intencionada acusación de que COPINH, su dirigencia y sus redes de apoyo, forman parte del llamado Plan Colombia, que ha llenado de luto y sufrimiento a millones de personas en Colombia y otras partes de la América Latina. COPINH, como víctima de dicho plan imperialista y oligárquico, hoy sufre la muerte y criminalización de sus liderazgos, además de un constante acoso, persecución y estigmatización mediática, financiado por quienes quieren enriquecerse a costa de convertir el territorio lenca en cementerios, desiertos o campos de concentración.
Así mismo, queremos denunciar que estas constantes amenazas, acoso político y campaña mediática por las redes sociales, no busca más que intervenir el COPINH para dividirlo y debilitarlo, y de esta manera, facilitar la apropiación de los bienes de la organización por parte de personas ajenas o expulsadas, ya sea por corrupción o abuso sexual, para finalmente, frenar la lucha por la defensa de los bienes naturales del Pueblo Lenca, así como la búsqueda de justica por el asesinato de Berta Cáceres.
Reiteramos que COPINH y su dirigencia no están solas ni solos, que ha llegado el momento de decir basta al acoso, la manipulación, la mentira, el racismo y la agresión misógina en contra de las y los integrantes del COPINH.
Cada una de las organizaciones y personas que hoy se hacen parte de esta carta de solidaridad, llamamos al pueblo y sus organizaciones a solidarizarse con el COPINH y acompañar cualquier denuncia o acusación pública o legal que nuestras hermanas y hermanos lencas decidan emprender contra las personas responsables del hostigamiento y amenazas denunciadas por el COPINH.
Organizaciones que suscriben solidariamente la presente carta:
Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras
Central Nacional de Trabajadores del Campo El Progreso, CNTC.
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP)
Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia, MADJ
Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA.
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC.
Centro de Derechos de Mujeres, CDM
Centro de Estudios de la Mujer – Honduras, CEM-H
Foro de Mujeres por la Vida
Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras FM
Luchemos
INHESCO
Fundación San Alonso Rodríguez
Código Sur
Colectivo Josefa Lastiri
Otros Mundos Chiapas
Personas que suscriben la nota:
Padre Fausto Milla
Denia Mejía
Gilda Rivera
Gustavo Zelaya Herrera
Noemí Dubón
Laura Zúniga Cáceres Hija de Berta Cáceres
Suscríbase: Si desea firmar esta carta, agregue el nombre de su organización o persona que suscribe y publique en los medios sociales que considere oportuno.
Compartimos esta nota publicada en POPLab sobre la minería en Comonfort Guanajuato – A 28 de julio de 2020
Los barrenos de la minería, como el fuego cruzado, perforan el territorio de Guanajuato dejando tras de sí secuelas de sangre y lodo. Comonfort, municipio guanajuatense que colinda al sureste con el estado de Querétaro, no sólo se encuentra en zona caliente de cárteles, sino que está en el foco de una silenciosa especulación minera que despertó la alerta de sus pobladores. El día de hoy, 28 de julio de 2020, se clausuraron las actividades de exploración de la empresa Minera Adularia como resultado de la resistencia de las comunidades afectadas.
De acuerdo con información de la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA) y la organización guanajuatense Acción Colectiva Socioambiental A.C., el pasado 17 de abril habitantes de las comunidades Neutla, Don Diego, Delgado de Arriba y Delgado de Abajo del municipio de Comonfort se presentaron en una sesión del pleno del ayuntamiento local para denunciar que la empresa Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., filial mexicana de la estadounidense Electrum Group LLC, estaba afectando los suelos de sus comunidades mediante la descarga de desechos tóxicos, así como usando agua potable en cantidades excesivas.
Como resultado de la organización de las comunidades, el Ayuntamiento de Comonfort clausuró finalmente las operaciones de Minera Adularia, tras descubrir un cúmulo de irregularidades en los permisos municipales de operación, así como después de comprobar la contaminación de acuíferos y la obstrucción de pozos de agua de los que dependen habitantes de la zona.
Foto: Especial
Minera Adularia Exploración (Electrum Group LLC) cuenta con concesiones sobre el suelo de Comonfort desde 2016. Sin embargo, son dos los proyectos vigentes autorizados en 2019 (como continuación de proyectos anteriores) para explorar el territorio en busca de yacimientos mineros en Celaya, Juventino Rosas y, también, Comonfort, principalmente en las zonas internas y aledañas al Área Natural Protegia (ANP) de la Presa de Neutla con declaratoria estatal desde 2006. De acuerdo con GeoComunes, existen otras concesiones mineras vigentes y en trámite sobre la misma región.
Mapa: GeoComunes
Electrum Group LLC pertenece al billonario Thomas S. Kaplan —filántropo coleccionista de arte y, paradójicamente, conservacionista— cuyas concesiones en Comonfort a título de Minera Adularia Exploración fueron autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT).
Juntas permiten a Adularia perforar 255 barrenos de 1 km de profundidad repartidos en 6 mil 423.68 hectáreas (64, 236, 800 m2). Una extensión similar a 9 mil veces una cancha de futbol de la FIFA y mil veces el Estadio Azteca en las que la empresa está extrayendo muestras de suelo para decidir dónde abrir una mina de plomo, cobre, oro y/o plata. En 2018, la actividad exploratoria de Minera Adularia perforó el manto freático del Acuífero del Valle de Celaya, transgrediendo la NOM-120-SEMARNAT-2011, motivo por el cual la SEMARNAT solicitó a Adularia una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.
La inconformidad de los habitantes de dichas comunidades fue lo que puso el acento sobre el caso. Reclaman que Minera Adularia Exploración está secando sus pozos a la mitad de la pandemia y que esta dispone ilegalmente los lodos residuales de la exploración sobre su territorio y manantiales . El pasado 03 de junio de 2020, el presidente municipal de Comonfort, José Carlos Nieto Juárez, reveló ante medios de comunicación los resultados de un análisis de agua y suelo hecho por el laboratorio LAQUIMIA en diferentes puntos señalados como contaminados por las comunidades.
Foto: Acción Colectiva
Según el comunicado con respecto al análisis de agua, «conforme a la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, [la carga contaminante] no cumple y sobrepasa significativamente algunos parámetros máximos permitidos». Los contaminantes que rebasan la norma son: DBOs (demanda bioquímica de oxígeno), grasas y aceites, nitrógeno, sólidos sedimentales, sólidos suspendidos totales, fósforo total, color verdadero, toxicidad aguda, temperatura y pH.
En ese sentido, los puntos de muestreo de la exploración son focos de contaminación de acuíferos que desde la superficie lixivia los contaminantes del suelo llevándolos hasta el agua subterránea, lo que explica el desabasto o taponeamiento de pozos de agua en la región.
Foto: Acción Colectiva
El proceso de exploración minera es un paso previo a la explotación. Con este las empresas toman muestras de minerales que extraen de un área específica en el mapa perforando a 1.5 kilómetros promedio de profundidad con barrenos. Después, las empresas deciden a partir de las características de los suelos, la técnica de explotación: subterránea o a cielo abierto.
«A la hora de que perforan y meten un barreno, lo más probable es que estén tocando las venitas de agua que alimentan los pozos y entonces las taponean. Si tu metes un tubo y atraviesas una venita de agua, ya la tapaste», explica Gustavo Lozano de Acción Colectiva Socioambiental.
«Va a brincar la liebre»
Del apersonamiento de los pobladores en el cabildo han surgido dos procesos en paralelo con la intención de frenar las actividades de exploración de Minera Adularia en Comonfort. Derivado de ello, las comunidades y el Ayuntamiento comonforense han descubierto que la empresa opera sin permisos de uso de suelo y de construcción desde que le autorizaron las concesiones en junio y diciembre de 2019. Una pregunta que surge, por lo tanto, es si Minera Adularia ha tenido los permisos de ley desde su presencia en Guanajuato en 2016.
El presidente municipal, José Carlos Nieto Juárez, presentó por su parte dos denuncias por contaminación derivadas de la actividad exploratoria y señaladas por los pobladores: una a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y otra ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Estas se construyen con el argumento de que:
«…varias personas habitantes de la región manifiestan que dicha empresa ha realizado la descarga de residuos de esta actividad industrial en un cuerpo de agua sin mostrar autorización.»
Foto: Ayuntamiento Comonfort
Sin embargo, los regidores del cabildo fueron más allá de las denuncias formales ante las instancias de regulación y justicia ambiental, buscando expresamente la clausura inmediata de Minera Adularia por faltarle el permiso básico de uso de suelo.
El Ayuntamiento de Comonfort creó una Comisión Especial Plural que atendiera la denuncia presentada al pleno por los habitantes en abril. La comisión trabajó durante ese mes y mayo para indagar si la empresa contaba o no con los permisos requeridos. Después del trabajo de investigación de la comisión, la Dirección de Desarrollo Urbano respondió que se había entregado un documento llamado «factibilidad de uso de suelo» a solicitud de la propia empresa, pero nunca un «permiso de uso de suelo» como lo estipula la ley.
La Comisión Especial Plural consultó el Código Territorial del Estado de Guanajuato y descubrió que el único documento similar que puede otorgar una autoridad en el estado es una «constancia de factibilidad». No obstante, desde el punto de vista legal no existe un documento que Desarrollo Urbano pueda emitir conforme a la ley llamado «factibilidad de uso de suelo» y la constancia —por su parte— tampoco es un permiso. Por lo tanto, la empresa no cuenta con el permiso de uso de suelo para operar. A Minera Adularia le ayudó también la SMAOT, haciendo pasar el documento «factibilidad de uso de suelo» como si fuera el permiso en cuestión.
—»Va abrincar la liebre, pues alguien está mintiendo», dijo el representante de Acción Colectiva.
El 27 de mayo la comisión preparó el dictamen para realizar visitas de inspección administrativas a la minera y solicitarle los documentos municipales con los que está operando. Este pasó finalmente al pleno del Ayuntamiento el día 29 mayo. En el dictamen se especifica que tras haber preguntado a todas las dependencias municipales de Comonfort si habían entregado algún permiso a Adularia, todas contestaron que no.
Foto: Acción Colectiva
Pese a que la empresa se defiende diciendo que cuenta con los permisos, el dictamen votado por la Comisión Especial Plural y aprobado por el pleno desvirtúa legalmente la «factibilidad de uso de suelo». Cabe decir que entre la conformación de la comisión en abril y la aprobación por unanimidad del dictamen, se celebraron numerosas audiencias a las que acudieron las comunidades y donde se convocó también a la empresa Minera Adularia.
Por lo tanto, «al no existir un permiso de uso de suelo que es facultad exclusiva de los Ayuntamientos entregar, pues los trabajos que ha venido haciendo la minera son ilegales, no cuentan con los permisos municipales que requieren las mineras para operar. Toda vez que no tienen ese permiso, se ordena la clausura de la empresa», dice Lozano.
La orden de clausura se emitió y finalmente se ejecutó el día de hoy mediante la visita de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Comonfort al domicilio de la minera.
UGATS no coinciden y la ANP de Neutla no autoriza la actividad minera
POPLab revisó las autorizaciones de exploración emitidas por la SEMARNAT y la SMAOT, encontrando que las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT) del proyecto Exploración Minera Celaya 2 con oficio 131.1/0376/2019 autorizado por Eduardo Vázquez Ávila, encargado de la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Guanajuato, no corresponden territorialmente con la zona de exploración en la que se ha barrenado (387, 443, 449, 463), y que las UGAT que deberían tomarse como referencia no se contemplan (425 y 464).
La autorización de la SEMARNAT es del 06 de junio del 2019 y la última modificación al Programa Estatal Desarrollo Urbano y Ordenado Ecológico 2040 (PEDUOET) es del 02 de abril de 2019, por lo que lo anterior corresponde a una autorización irregular de la oficina local de la dependencia federal.
Además, en la autorización de la SMAOT al Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP, se toma como base el documento ilegal de Desarrollo Urbano llamado «factibilidad de uso de suelo» para considerar viable la realización de las actividades de exploración en el Área Natural Protegida de la Presa de Neutla y su zona de influencia, argumentando, por añadidura, que la declaratoria oficial «no restringe las actividades de exploración minera».
Foto: Acción Colectiva
Sin embargo, pese a tales afirmaciones, en el programa de manejo de la ANP no se contemplan las actividades mineras. El tipo de actividades que determina la declaratoria son muy claras dentro de las que no se incluye la minería por ser un área natural protegida de carácter estatal:
preservación y protección de la biodiversidad, manejo sustentable de recursos forestales, de especies de flora y fauna; conservación del suelo y del agua, agricultura con uso limitado de agroquímicos, monitoreo y vigilancia, restauración, reforestación y recuperación especies nativas; actividades educativas, de divulgación y de investigación científica, capacitaciones y talleres con comunidades; producción local sustentable, ecoturismo; promoción de la salud comunitaria, entre otras.
Asimismo, dentro de la Zona de Aprovechamiento Sustentable, Zona de Restauración y Zona de Uso Público, el programa prohibe «verter, descargar o inflitrar aguas residuales, aceite, grasa, combustible o cualquier tipo de contaminante sólido o líquido al suelo, cauces o vasos de agua; el desarrollo de infraestructura y servicios en las comunidades existentes; y el establecimiento de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos». Afectaciones que han sido comprobadas por el estudio de LAQUIMIA ordenado por el presidente municipal de Comonfort.
En el marco de un panorama ambiental en entredicho, con proyectos extractivistas en curso a lo largo y ancho del país, esta primer conquista para los pobladores de Comonfort es resultado de la resistencia. Se confirma, pues, que la organización de las comunidades, así como la voluntad política de las autoridades en apego a la ley, son fundamentales para la justicia social y ecológica en el estado de Guanajuato.
Inexplicablemente, la Conagua ha iniciado una campaña para la renovación masiva de las 531 mil concesiones de aguas nacionales (el 2% de los concesionarios controlan el 70% de las aguas concesionadas) la cual perpetuaría hasta el año 2050 las actuales dinámicas de sobreconcesionamiento, violación de los derechos de pueblos indígenas, de compra-venta y especulación con concesiones, acaparamiento-despojo, contaminación e impunidad.
¡MORATORIA al otorgamiento o renovación de concesiones hasta contar con una Ley General de Aguas que garantice el acceso EQUITATIVO, uso SUSTENTABLE y la PARTICIPACIÓN!
Carta:
A: Blanca Jiménez Cisneros, Directora General de la Comisión Nacional del Agua De: [Tu nombre]
Exhortamos a la Conagua a suspender el otorgamiento o renovación de concesiones hasta contar con una Ley General de Aguas, próximamente a aprobarse en el Congreso de la Unión, que cumpla con el mandato Constitucional de lograr el acceso equitativo y uso sustentable del líquido vital a través de la participación ciudadana y gubernamental.
Su actual campaña promoviendo la entrega y renovación masiva de concesiones a largo plazo perpetuaría las actuales dinámicas de sobreexplotación, acaparamiento, despojo, compra-venta y especulación, contaminación e impunidad que México ha sufrido bajo la Ley de Aguas Nacionales.
Es responsabilidad de la Conagua corregir los errores de pasado y salvaguardar nuestras aguas para las generaciones actuales y futuras.
Compartimos este artículo de opinión publicado en El Heraldo de México sobre el proyecto del Tren Maya – A 22 de julio de 2020
Por Marco Antonio Ortiz Salas*
Lo preocupante del Tren Maya es la insistencia del Estado en negarse a evaluar de manera integral el impacto socio ambiental
Los programas y obras insignes de la cuarta transformación han sido duramente criticados, a veces por la falta de resultados a pesar de las cifras oficiales y veces por los daños ambientales, culturales y sociales que provocarán a las comunidades. Tanto en el Tren Maya cómo en la construcción del aeropuerto de SantaLucía se han tratado de minimizar las diversas afectaciones que consigo acarrean, de las que sin duda las ambientales son las que generan mayor preocupación.
Reiteradamente se dice que la causa de la pobreza, marginación y desigualdad en México es por el “modelo neoliberal” del que todos (incluido el presidente) alardean, sin embargo, lo que no se plantea desde el ejecutivo es que el desarrollo de sus megaproyectos son desde una óptica económica y social contraria a la sustentabilidad. La construcción del Tren Maya ocupa mayor atención ya que seguramente alcanzará otras esferas del derecho internacional, no sólo porque viola gravemente los derechos humanos de los habitantes de la zona que verán trasgredida su autonomía y, cómo ha sido una constante en este gobierno, no tendrán acceso a la información necesaria que les permita saber el grado de afectación. Por si fuera poco, dejarán de tener el acceso ancestral a los recursos naturales que representan la mayor parte de lo que para ellos es su identidad.
Los intereses del capital, los grandes depredadores siempre menosprecian al medio ambiente. Aquí en México la contaminación del aire y del agua, la deforestación, así como la erosión indiscriminada han alcanzado los niveles más alarmantes de los que se tenga memoria. Ahí radica nuestra preocupación sobre el Tren Maya porque su justificación sólo se basa en un discurso demagógico que aduce al crecimiento económico, la creación de empleos, el desarrollo sostenible de cinco Estados, el fin de la tala clandestina e ilegal y la protección al medio ambiente. Sin embargo, no se ahonda en datos de suma importancia que deberían estar plasmados en la manifestación de impacto ambiental o en el proyecto ejecutivo. Situación similar se vivió en la administración de Enrique Peña Nieto en la que, tras las denuncias de organizaciones campesinas y ecologistas, se logró tener acceso al proyecto ejecutivo en el que se constató la enorme corrupción ligada a la construcción del NAICM, lo que provocó un largo enfrentamiento social y jurídico que demostró las afectaciones ambientales y las violaciones a los derechos de los campesinos de la zona.
Por eso es muy grave el problema ambiental y el desdén de las autoridades ambientales y de gobernación, porque más allá del aprovechamiento de las líneas ferroviarias existentes, que por supuesto es correcto, lo preocupante del Tren Maya es la insistencia del Estado en negarse a evaluar de manera integral el impacto socio ambiental, pues no se consideran algunas de las afectaciones que se generarán cómo la contaminación al acuífero de Yucatán, la deforestación, la extinción de la flora y la fauna y la fragmentación de los ecosistemas a pesar de su enorme riqueza biocultural. Cualquier estudio ambiental riguroso advertiría sobre la reducción significativa de los suelos de conservación ecológica y de las áreas naturales protegidas o la aceleración en los cambios de uso de suelo a nivel estatal y municipal. Por cierto, resultaría interesante saber si la 4T ha analizado si los 50 municipios que atravesará el Tren Maya cuentan con la infraestructura para hacer frente a este proyecto. La respuesta es anticipada: ni siquiera han sido tomados en cuenta. Y socialmente hay que mencionarlo cómo es: el TrenMaya fomentará la desigualdad y contribuirá a la división en las comunidades pues lejos de construir verdaderas estructuras de diálogo que deriven en el consentimiento de las mayorías, se ha optado por maquillar consultas en las que la respuesta se conoce desde antes. ¿En qué democracia se recurre a simular consultas cuando se tiene la oportunidad de generar los consensos necesarios para legitimar una obra de este alcance? Un gobierno que se dice de izquierda, no legitima sus megaproyectos con una consulta amañada, se legitima con la inclusión de todas las voces, a pesar de que haya quienes estén en contra.
En fin, manifestarnos en contra de la construcción del Tren Maya no es a partir de una posición beligerante como quieren hacerlo ver. Esas posturas sólo tienen cabida en BOA o FRENAA. Nosotros nos oponemos al atentado en contra de las comunidades indígenas y campesinas, al ecocidio que se pretende llevar a cabo, al desplazamiento forzado del que seguramente serán presa nuestros hermanos indígenas. Si López Obrador contara con el más mínimo sentido de humildad buscaría acercarse a la totalidad de los sectores, incluso con el EZLN pues no habría mejor señal de voluntad política que el mandatario nombrara una comisión de funcionarios con absoluta credibilidad que visite a los zapatistas, que inicien un diálogo permanente en el que se diriman las opiniones diversas. AMLO tiene una enorme puerta de acceso con el zapatismo llamada “diálogo” que pudiera darle cause a la solución de este conflicto y que además generaría condiciones para resolver las demandas pendientes desde los acuerdos de San Andrés. Quizá la 4T no encuentre forma humilde de acercarse al movimiento icónico alzado contra Salinas deGortari en 1994, allá ellos, en cambio habemos quiénes contamos con la suficiente hermandad y solidaridad para iniciar una nueva realidad con los zapatistas y hacer frente a cualquier megaproyecto, empero aspiraríamos a que AMLO tome conciencia sobre la importancia de escuchar al EZLN y su enorme aportación a transformar la realidad de los indígenas. Eo haría que valga la pena tanto esfuerzo para llegar a la presidencia.
*POR MARCO ANTONIO ORTÍZ SALAS *SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.
Ya pasaron 7 años desde que 53 personas, muchas de ellas de 20 organizaciones defensoras del maíz, el ambiente, los derechos humanos, la salud, el arte y la ciencia independiente –comprometidas con la sociedad y la Naturaleza– y también en calidad de consumidoras de maíz, decidimos ejercer una novedosa acción jurídica emanada de la reforma constitucional de 2010 sobre Acciones Colectivas y su regulación en ley secundaria en 2011, vigente desde 2012.
Aquel 5 de julio de 2013, interpusimos una Demanda de Acción Colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México, ante el Juzgado Federal 12 de Distrito en Materia Civil en el entonces Distrito Federal. Las demandadas fueron las Secretarías de Agricultura (Sagarpa, ahora Sader) –por haber otorgado los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz de tipo experimental y en programa piloto precomercial– y la de Medio Ambiente (Semarnat) –por sus dictámenes favorables a los permisos a pesar de contar con las opiniones contrarias del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). También demandamos a Monsanto, ahora Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta y PHI-México filial de Pioneer-Dupont, ahora Corteva, empresas transnacionales beneficiarias de dichos permisos en nuestro país.
En septiembre de 2020 se cumplen siete años de la Medida Precautoria judicial que ordenó suspender los permisos de siembra del maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras dura el juicio, en cumplimiento de una sentencia previa del magistrado Marroquín Zaleta. Por supuesto, esta primera gran victoria ha sido combatida a la par de la propia Demanda Colectiva por las empresas y el gobierno federal a su servicio, que han compartido argumentos y ataques, obligándonos a atender más de 150 impugnaciones. Entre ésas, destacan los 26 juicios de amparo contra la Demanda y contra la Medida Precautoria, de los que sólo faltan cuatro por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Medida Precautoria que prohíbe al gobierno dar permisos de siembra ha sufrido muchos embates, en dos ocasiones fue levantada y reinstalada gracias a la celeridad de los recursos de apelación interpuestos por el abogado principal de la Colectividad Demandante, René Sánchez Galindo. Sin embargo, en 2016, un magistrado redujo la amplitud de esa medida cautelar, al permitir las siembras entre una y 50 hectáreas, exclusivamente con fines de investigación científica, con medidas de contención y bajo vigilancia judicial y de los científicos demandantes, con la obligación para la Sader que informe mensualmente sobre el estado en que se encuentran los permisos, además debe proporcionar informes con análisis por cada cultivo, sobre los posibles impactos del herbicida glifosato a cargo de la Semarnat y de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A la fecha no se ha tramitado ninguna solicitud ni otorgado permiso alguno para ese tipo de siembra con fines científicos.
Ha sido un proceso laborioso y complejo, con recursos muy desiguales, obligando a un seguimiento cotidiano y ágil de todos esos actos jurídicos del gobierno federal y de las empresas en 19 tribunales distintos (incluso en fechas navideñas o de Semana Santa). Ha habido engaños por parte de las empresas demandadas que presentaron traducciones mutiladas de estudios científicos para resaltar sólo elementos a su favor; el gobierno federal ocultó información relevante, como los 89 casos de contaminación transgénica reconocidos por el INECC y los 130 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), y ha litigado en favor de las corporaciones con recursos públicos, cuestión que denunciamos en 2014 como desvío de poder ante el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México.
Desde finales de 2017 ha habido un vaivén entre el Tribunal Colegiado donde se hallaba la Medida Precautoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala decidió en 2018 atraer el caso de la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ésta fue impugnada por una transnacional, con respecto a las medidas precautorias que posibilitan “Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad”. Es decir, la industria cuestiona la facultad que tienen los jueces de dictar medidas cautelares que protejan la materia del juicio, así como la de aplicar el Principio de Precaución que estipula que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica”. Este principio –reconocido en la Declaración de Río (1992), el Convenio de Diversidad Biológica (1993) y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003), firmados por México– obliga los Estados a proteger frente a una duda razonable, es decir prever, prevenir y atacar en su fuente los riesgos y amenazas.
Así, a 7 años de haber lanzado la Demanda contra el maíz transgénico en México, nuestro futuro común sigue en el aire… La sentencia sobre la Demanda Colectiva y la Medida Precautoria tendrá implicaciones trascendentales para la gran Colectividad de Maíz, es decir para los más de 126 millones de personas que lo consumimos. La Demanda es de todos, es para defender los derechos que están en peligro: el acceso a la diversidad de maíces nativos y a un ambiente sano sin los cuales no pueden garantizarse nuestros derechos a una alimentación nutritiva, sana y segura, ni la protección de la salud. Sigue vigente nuestra petición de la Demanda: que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud, los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios http://demandacolectivamaiz.mx/.
Ya es hora de que el gobierno mexicano asuma su obligación y responsabilidad de proteger integralmente el centro de origen y diversificación continua del maíz, desistiendo de litigar en favor de las corporaciones y aplicando cabalmente el Principio de Precaución en defensa del bien común.
Centro Vitoria*
*Escribe Catherine Marielle, Coordinadora General de Grupo de Estudios Ambientales, GEA, AC, e integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, de la cual forma parte el CDHVitoria. Participaron en la revisión de este texto René Sanchez Galindo, Ana Ruiz Díaz, David Rivero Fragoso, Carlos A Ventura y Víctor Manuel Chima Ortíz
