El Escaramujo 81: ¿QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ? (Parte I)

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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El Acuerdo de Escazú se refiere al “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”.

Para los gobiernos de la región y para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la ONU, quien fungirá como Secretaría del Acuerdo, se trata de un “Acuerdo histórico”, “innovador”, “visionario”, “sin precedentes” y “para prevenir conflictos”. Un “instrumento jurídico vinculante” y “pionero en materia de protección ambiental”, “único en el mundo”; “el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”; para “lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza”; y sus principales beneficiarios son en particular “los grupos y comunidades más vulnerables”.

El Acuerdo manifiesta que entre sus Principios están el de igualdad, de no discriminación, de transparencia, de rendición de cuentas, de no regresión, de progresividad y de buena fe; el principio preventivo, precautorio, de equidad intergeneracional, de máxima publicidad, de soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales, de igualdad soberana de los Estados y el principio pro persona. (Artículo 3)

Es un Acuerdo entre los gobiernos de América Latina y El Caribe cuyo objetivo supuestamente es garantizar “los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible“. (Artículo 1)

En otras palabras, son 5 elementos fundamentales que abarca este Acuerdo. Desglosemos un poco:

     1) Los gobiernos de la región caracterizados por la opacidad en la información sobre todo la que protege el lucro, la impunidad y la corrupción de las grandes corporaciones, garantizarán ahora con este Acuerdo que habrá total transparencia y entrega de la información ambiental, la cual no existe, y si existe no tienen los mecanismos ni la voluntad para entregarla, y si los tienen hacen lo imposible por hacerla inaccesible o costosa. Esta información ambiental debería abarcar la “escrita, visual, sonora, electrónica o registrada en cualquier otro formato, relativa al medio ambiente y sus elementos y a los recursos naturales, incluyendo aquella que esté relacionada con los riesgos ambientales y los posibles impactos adversos asociados que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambientales”. (Artículo 2)

     2) Ante la exclusión de la sociedad en las negociaciones de Tratados del Libre Comercio, leyes, decretos y otros megaproyectos impuestos con fuerza e incluso con violencia, que afectan los derechos humanos y los territorios, ahora, con este Acuerdo, la población participará en la toma de decisiones en materia ambiental.

     3) Ante tanta matanza, criminalización, judicialización y feminicidios de defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, además de una tasa de impunidad altísima que vive la región, con este Acuerdo se supone habrá acceso a la justicia.

     4) Con las confrontaciones políticas e ideológicas entre los gobiernos de la región, con divisiones y enfrentamientos políticos-territoriales, con estructuras multilaterales regionales en crisis y en decadencia, y con gobiernos endeudados, pese a eso, habrá dinero para fortalecer las capacidades para cumplir con el Acuerdo y cooperarse mutuamente.

     5) Con la devastación de los territorios y la violación a los derechos de la naturaleza, con este Acuerdo viviremos en un medio ambiente sano y el desarrollo sostenible prometido desde hace 30 décadas. Ese momento llegará.

El Acuerdo está lleno de verbos promesa donde cada gobierno “promoverá”, “alentará”, “contemplará”, “adoptará”, “garantizará”, “velará”, “establecerá”, “realizará”, “incentivará” y además “se compromete”.

De otro lado, las promesas que hacen los gobiernos las anulan ya que lograron encapsularlas para tener el control con los siguientes matices que recorren el articulado del Acuerdo: “sobre la base de sus prioridades y necesidades”, “de acuerdo con sus capacidades”, “de acuerdo con sus posibilidades”, “de conformidad con sus prioridades nacionales”, “en el marco de sus disposiciones internas”, “sobre la base de los marcos normativos internos”, “en el marco de su legislación nacional”, “en la medida de los recursos disponibles”, “en la medida de lo posible” o “cuando proceda”. O sea, cuando el gobierno quiera y pueda. No existe una real vinculación que los obligue a cumplir el Acuerdo.

Por ejemplo, para la implementación del Acuerdo, cada Parte (cada País) “de acuerdo con sus posibilidades y de conformidad con sus prioridades nacionales, se compromete a facilitar medios de implementación para las actividades nacionales necesarias para cumplir las obligaciones derivadas del presente Acuerdo” (Artículo 13). Esto significa que deja a la ambigüedad y discrecionalidad de cada gobierno cumplir con la protección de la naturaleza y de las defensoras y defensores del medio ambiente así como el contenido de este Acuerdo “histórico”.

Un “compromiso” no es obligatorio ni un instrumento vinculante. Al Acuerdo no parece un Pacto de Estados, sino un pacto de administraciones, donde para su cumplimiento depende de la voluntad política del momento, de su presupuesto anual, de si es prioritario o no durante la administración actual.

Este Acuerdo de Escazú entrará en vigor en enero de 2019 ya que al menos la adhesión de 11 países de la región [1] son los necesarios, y ya han firmado más. Luego se podrán ir adhiriendo los demás países (Articulo 22). Entre los países que ya se han adherido se encuentran los más corruptos, opacos, impunes y/o violentos estados como México, Guatemala, Perú y Brasil.

Aunque no se pueden formular reservas al presente Acuerdo, lo que significa que se tiene que aceptar en su totalidad (Articulo 23), hay otros mecanismos que los gobiernos incorporaron para poder blindarse de su mismo Acuerdo. Y es que cualquier País puede proponer enmiendas y su aprobación debe ser por consenso. De no ser posible, lo hacen más fácil: se somete a votación que requerirá de una mayoría de tres cuartos de las Partes presentes y votantes en la reunión para ser adoptada (Artículo 20). Además, a los tres años de haberse adherido al Acuerdo, un País puede denunciarlo, o sea, salirse del Acuerdo, lo que se hace efectivo un año después de haberlo hecho (Artículo 24). Así de sencillo: o se le ponen parches, o te sales.

El Acuerdo tendrá su propia Conferencia de las Partes (COP) que se reunirá periódicamente y donde cada País tendrá un voto (Articulo 16). La COP tendrá como objetivo darle seguimiento, recibir y examinar informes, emitir recomendaciones, aprobar enmiendas, entre otras funciones (Artículo 15). Ahora los movimientos sociales tendrán otro escenario que perseguir, otra agenda qué atender, otras campañas más para exigir su cumplimiento ahí donde se reúnan en cada rincón del continente sabiendo que el Acuerdo nació muerto.

Este Acuerdo no define dónde radica su realidad “vinculante” ni dónde o a qué estructura multilateral de carácter regional poder acudir para denunciar su incumplimiento. Ningún mecanismo, ninguna pista. Solo se explicita muy brevemente que las controversias son entre los Países miembros, no entre el Estado y sus gobernados. Y sus controversias pueden ser en torno a la interpretación que haga cada País del Acuerdo o sobre su aplicación. Para ello hay dos formas de solucionarlo. O entre los Países ponen un mecanismo de solución de controversias, o un País acude a la Corte Internacional de Justicia. (Artículo 19)

Hasta este momento, múltiples acciones, foros, declaraciones y compromisos se han llevado a cabo para supuestamente combatir el cambio climático, detener las violaciones a los derechos humanos y colectivos, e intentar unir lo imposible: el supuesto desarrollo con la sustentabilidad del planeta. Y sobre sus saldos o daños colaterales y necesarios para lograr ese desarrollo, como diría el Banco Mundial, bastaría con paliar, mitigar o de plano adaptarse a las consecuencias. De esta forma nos encontramos con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, la Declaración de Barbados de 1971 por la liberación del indígena, el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, la Declaración de Mauricio, la Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y las Modalidades de Acción Acelerada para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (Trayectoria de Samoa); el Protocolo de Kioto, los Mecanismos de Desarrollo Limpio, el Acuerdo de París del 2015, la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático que hoy grita por detener el calentamiento en 1.5 grados con extrema urgencia, y su Conferencia de las Partes (COP). También está el Protocolo de San Salvador que incluye el derecho humano al medio ambiente sano, el Convenio sobre Diversidad Biológica, la Declaración de Río, Río +20, la Decisión de Santiago y ahora el Acuerdo de Escazú. Y mientras, el “desarrollo sostenible” se posterga en el discurso y lo que no es alcanzable en el sistema capitalista. Y así, ya llevamos casi 50 años en lo mismo.

Este Acuerdo se firma justo cuando Global Witness confirma que el 60% de los asesinatos de defensoras y defensores del medio ambiente en el mundo ocurren en la región de América Latina y el Caribe. Y a los dos años del asesinato de Berta Cáceres y el de Gustavo Castro en grado de tentativa, por lo que durante la firma los representantes gubernamentales hicieron un minuto de silencio en memoria de la defensora indígena. Sin embargo, en el marco del juicio que debiera finalizar en noviembre de 2018 sobre este asesinato, la impunidad, el ocultamiento de la información, la criminalización y persecución al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) arrecia por parte del gobierno que ha prometido cumplir con este Acuerdo. Los gobiernos de la región no reclamarán al gobierno ilegítimo de Honduras el cumplimiento de este Acuerdo, porque no radica tampoco aquí su realidad “vinculante”.Y esto es sólo una muestra de lo que pasa en toda la América Latina.

En 2017, América Latina fue la región con más ambientalistas asesinados. A un total de 116 personas les fueron arrebatada la vida por defender sus territorios, el medio ambiente y luchar contra gobiernos y empresas trasnacionales; por denunciar despojos, corrupción e impunidad. Brasil encabezó la lista seguido de Colombia, México, Perú, Honduras, Nicaragua, Guatemala, República Dominicana y Venezuela.

Mientras, en el texto del Acuerdo los gobiernos se limitan a decir en su introducción que “también se incluye la primera disposición vinculante del mundo sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, en una región en la que, lamentablemente, se enfrentan con demasiada frecuencia a agresiones e intimidaciones.”

Global Witness también denunció en su momento que de 2009 al 2016, habían sido asesinados 123 defensores de la tierra y del medio ambiente en Honduras. Señaló además que la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Parlamento hondureño, Gladys Aurora López, era parte del grupo de magnates y políticos que generan la violencia contra los luchadores ambientales. Y por si fuera poco, que los fondos, fruto del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), fueron a parar al Hotel Indura, entre cuyos inversionistas se encuentran el expresidente hondureño Ricardo Maduro, así como Camilo y Pedro Atala cuya familia es señalada de ser los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres y quienes son al mismo tiempo dueños del Banco Ficohsa y otros grandes negocios en Honduras.

¿CÓMO Y DE DÓNDE SALIÓ ESTE ACUERDO?

Todo inició en 1992 con la Declaración de Río de Janeiro, Brasil, sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y que constó de 27 Principios, entre ellos el Principio 10 que reza así:

el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre estos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes”.

Veinte años después, en 2012, cuando la región ya estaba vendida por medio de los Tratados de Libre Comercio esparcidos por todos los países con inversiones extractivas a toda marcha, se llevó a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20). Se continuó insistiendo en la problemática ambiental que acarrea este desarrollo que no se sostiene y que más bien empeora las cosas. No hubo mayores avances y los gobiernos y las empresas siguieron preguntándose por qué se agudizaba el Cambio Climático. Mientras, el resto se percata cómo este desarrollo de unos cuantos es insostenible para la mayoría de los pueblos y para la naturaleza. Los megaproyectos mineros, de represas, fracking, monocultivos, oleoductos, gasoductos, grandes carreteras, puertos, aeropuertos, regasificadoras, inversiones turísticas de élite en las costas, entre otros, ya estaban cimentados en toda la región con consecuencias socio ambientales de gran magnitud.

Veintidós años después, en noviembre de 2014, los países aprobaron la Decisión de Santiago que puso las bases para iniciar la negociación de un instrumento regional que por fin implementara el famoso Principio 10 acordado más de veinte años atrás. Como siempre, ya muy tarde.

Y ventiseis años después de la Declaración de Río, el 4 de marzo de 2018, en la ciudad de Escazú, Costa Rica, se logró al fin el texto definitivo de este Acuerdo que, a partir del 27 de septiembre de 2018, abre las posibilidades para que los gobiernos lo firmen en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. [2] Y todo inspirado en un horizonte que una y otra vez se alarga en el tiempo: “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. El horizonte que los gobiernos se trazaron para “no dejar a nadie atrás”. Y al final, al acercarse esta fecha, nuevamente podremos escuchar que se imposible y que es necesario ver el “desarrollo sostenible” para el 2050. ¿Cuándo entenderemos que ese “desarrollo sostenible” no es real, no existe?

UN ACUERDO PARA MAREAR LA PERDIZ

La región vive una crisis aguda muy profunda. Los Tratados de Libre Comercio se profundizan y se establecen mecanismos para garantizar los intereses de las grandes corporaciones y sus inversiones, entre ellos el condicionante de flexibilizar los estándares ambientales para poder invertir.

La información es poder, y es algo que no se les entregará a los movimientos sociales que defienden el medio ambiente y que pueden bloquear las inversiones multimillonarias como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. La información hay que arrancarla, rastrearla, pagarla, y muchas veces cuesta la vida tan solo buscarla. La opacidad de la información en el juicio de la ambientalista Berta Cáceres en Honduras en una muestra de ello.

Los Países de la región se caracterizan por una impunidad y corrupción sin precedentes. Pero donde hay un corrupto, hay un corruptor. Las grandes corporaciones trasnacionales de la región como de otros continentes se disputan contratos, concesiones, territorios, créditos blandos, maximización de ganancias así como el control de rutas comerciales y bienes comunes naturales, culturales y todo aquello que logran incorporar a la lógica del mercado.

La violencia se desata en México, Honduras, Nicaragua, Colombia, Perú o Brasil. Los gobiernos se tambalean en Nicaragua, Guatemala, Brasil o Venezuela. Las órdenes de aprehensión contra lideresas y líderes medioambientales se suscitan en casi todos los rincones persiguiendo la lucha por la defensa de los ríos, del agua, de la alimentación o de los bosques. En Brasil, Perú, Ecuador y Guatemala, se persiguen a los expresidentes; en otros países aumentan los migrantes como en Nicaragua, El Salvador, Honduras, México o Venezuela. En la mayoría la falta de inversiones en educación y salud genera grandes desigualdades y pobreza. Pese a todo ello, los gobiernos dicen que este Acuerdo “tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.”

Si “la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones públicas son también cruciales para el desarrollo sostenible”, como reza la introducción del Acuerdo, es de lo que adolecen las instituciones púbicas de la región. Además, sus actuales gobiernos consideran que con este Acuerdo se camina hacia la “eliminación de la violencia y el racismo”, con un compromiso de “lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones —económica, social y ambiental— de forma equilibrada e integrada”. Y “al adherirse a este tratado histórico, además de continuar fortaleciendo la democracia ambiental…”

Habrá quienes digan que el Acuerdo es una gran oportunidad, que hay que agotar todas las instancias y usarlas; y otros dirán que más bien los que se agotan antes de perder la vida son los movimiento sociales con tanto instrumento que no ven avances, y que solo sirven para marear al perdiz.

Notas:

[1] 1 De los 33 países de América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela.

[2] Para la información actualizada del acuerdo y sus actividades, véase https://www.cepal.org/es/acuerdodeescazu

[3] “Marear la perdiz” significa hacer perder intencionadamente el tiempo en rodeos, circunloquios o dilaciones que retrasen u obstaculicen la resolución de un problema, como mera táctica dilatoria. La expresión es cinegética. Cuando se cazaban perdices, frecuentemente se las “marea”. http://etimologias.dechile.net/Expresiones/?Marear-la-perdiz

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El gobierno ha establecido la obligación a las empresas de presentar a la Secretaría de Energía una Evaluación sobre el Impacto Social (EIS) de sus proyectos extractivos en el Sector Energético, según se establece en los Reglamentos de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de la Industria Eléctrica. Para ello ha diseñado 4 formatos que deben usar para recabar la información según el tipo de proyecto extractivo. Se podría pensar que la EIS es un buen mecanismo, sin embargo, podemos adelantar algunas apreciaciones y conclusiones:

     1) La EIS incluye proyectos de pozos petroleros, extracción de gas, represas desde las supuestas “minis” hasta las mayores, parques eólicos o de energía solar, gasolineras y expendios de venta de gas, oleoductos, gasoductos, entre otros muchos proyectos del sector de hidrocarburos y de electricidad.

     2) Se crecerá un nuevo sector de sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales y similares; Ong’s, universidades y facultades, centros de investigación o los nuevos despachos de consultores que tendrán un negocio jugoso para vender sus servicios a las empresas extractivas con el fin de elaborar sus EIS. (Artículo 7) Esto va a generar un nuevo frente de confrontación entre estos sectores y los opositores a los proyectos extractivos.

     3) Las empresas, los gobiernos y los consultores llevarán a cabo un trabajo de inteligencia aguda donde podrán concentrar toda la información física, política, económica y cultural de las comunidades campesinas e indígenas, de los conflictos internos de los movimientos así como de los sectores a favor y en contra del proyecto extractivo. Para los opositores a estos proyectos extractivos, todavía tienen vigencia en su contra la Ley de Seguridad Interior y la Ley para Sancionar Delitos en Materia de Hidrocarburos, como parte de la Reforma Energética que el próximo gobierno pretende mantener.

     4) La EIS recaba información de los afectados, pero no su opinión sobre si aceptan o no el proyecto. La supuesta consulta no va de la mano con el consentimiento de los afectados. La aceptación o no del Proyecto la define la Secretaría de Energía.

     5) La EIS ayudará a reforzar la propuesta de legislar las “consultas previas, libres e informadas” que es un mecanismo para justificar e imponer los proyectos extractivos.

     6) Se incluyen conceptos de derechos humanos, perspectiva de género, participación equitativa de hombres y mujeres, entre otros, sin embargo, la tendencia que se constata es que los feminicidios de defensoras de los derechos humanos van en aumento y que tanto gobiernos como empresas siguen criminalizando y judicializando a las mujeres que están al frente de las resistencias contra los megaproyectos que afectan a sus territorios. Sobre el respeto a los derechos humanos, consulta y equidad de género, ¿confiamos en que esto lo tomarán en cuenta Grupo México, Texaco, Chevron, British Petroleum, Unión Fenosa, Gas Natural, Shell, Endesa, AES, Iberdrola, etc.? Cuando éstas son algunas de las principales violadoras de los derechos humanos, lo que ha dado a la necesidad de impulsar el Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos.

     7) Que las empresas petroleras y de electricidad tengan que respetar en sus Proyectos extractivos los derechos humanos desde la perspectiva de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (Artículo 3), haría imposible el mismo proyecto que busca maximizar las ganancias y transferir los costos sociales y ambientales. Por otro lado, implicaría tomar en cuenta todos los derechos humanos desde salud, educación, vivienda, trabajo, alimentación, medio ambiente, entre otros. La máximización de las ganancias de las empresas trasnacionales tienden no sólo a omitir la protección a los derechos humanos sino a violar las leyes ambientales, incumplir contratos con las comunidades y ejidos, ignorar sin consecuencias las resoluciones judiciales en su contra, hacerse del apoyo de la seguridad pública y del ejército para reprimir las protestas sociales, entre otras prácticas. ¿Y con este instrumento se espera que cumplan, protejan, prevean y garanticen los derechos humanos?

     8) No existe un marco regulatorio y vinculante que garantice que la empresa respetará, prevendrá y protegerá los derechos humanos a menos que se logre la firma del polémico Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos. Lo que la empresa está supuestamente obligada es a cumplir la ley laboral ya muy flexible a favor de las empresas, así como otras leyes que más bien las beneficia en lugar de favorecer los derechos humanos de las personas. La experiencia con los proyectos petroleros, de gas, represas y otros similares muestra que la contaminación, los problemas de salud, de acceso al agua, de desplazamiento de población con mucha violencia entre otros saldos, son la práctica común.

     9) La participación equitativa, la inclusión estadística y diferenciada de las mujeres que se propone, no es sinónimo de perspectiva de género.

     10) No se toman en cuenta las afectaciones psicosociales.

     11) No se toman en cuenta a los pequeños pescadores ni las afectaciones en sus zonas de pesca.

     12) Las zonas de amortiguamiento de 500 metros alrededor del polígono del Proyecto extractivo, y de 100 metros a cada lado de los oleoductos, gasoductos o tendidos eléctricos, fragmentarán más los territorios.

     13) ¿Qué pasaría si las comunidades afectadas no dan su consentimiento para que su información sea incluida en la EIS?

     14) La información sobre las comunidades campesinas e indígenas, sobre las organizaciones y movimientos y cualquier otro sector es muy detallado. Sin embargo, los afectados no cuentan con la información del Promovente, de la empresa que pretende extraer los recursos de su territorio. Ignora los antecedentes de la empresa, si ha violado o no derechos humanos en otros lugares y países; si ha sido acusada de corrupción o narcotráfico; o quiénes son los miembros de su Junta Directiva, sus datos y antecedentes; si alguno de sus miembros dueños tienen antecedentes penales; si su capital e ingresos son lícitos o ilícitos; cuáles son sus fuentes de ingreso y financiamiento, etc.

Para una mejor comprensión y consulta, presentamos por temas y títulos un resumen del “ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético” emitido por la Secretaria de Energía en Junio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación y que consta de 48 Artículos.

Este resumen abarca los siguientes temas: datos de la empresa y el Proyecto; la versión pública del Proyecto; el consentimiento, la participación y la confidencialidad; la perspectiva de género, la calidad de la información, la identificación de las comunidades, la Consulta Previa, los proyectos de hidrocarburos y del sector eléctrico, el Área de Influencia del Proyecto, los Actores de Interés, los Formularios, el Impacto Social, el Plan de Gestión, la Resolución Final y un Glosario de los conceptos que se usan.

     1. DATOS DE LA EMPRESA Y DEL PROYECTO: La EIS debe contener los datos generales de la empresa; la descripción técnica del Proyecto (objetivos, características generales y componentes técnicos), sus etapas (construcción, operación, desmantelamiento), la descripción de las obras y actividades, sus obras asociadas, la ubicación geográfica, el tipo de uso de suelo y localidad, el tipo de zona (nave industrial, conjunto industrial, parque industrial u otra zona con actividad industrial) y la superficie requerida (temporal, permanente y total del Proyecto y sus obras e instalaciones asociadas). (Articulo 12 y 13)

     2. PROYECTO, VERSIÓN PÚBLICA: El Promovente deberá elaborar y presentar una copia electrónica en versión consulta pública, que cuente con la leyenda “Versión Pública” de la Evaluación, o en su defecto su autorización a que la información confidencial incluida en el documento puede manejarse públicamente. (Artículo 35)

     3. CONSENTIMIENTO, PARTICIPACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD: La empresa “observará” la participación voluntaria y equitativa de las mujeres y los hombres de las comunidades o Actores de Interés para identificar, caracterizar, predecir y valorar los posibles Impactos Sociales que afecten su modo de vida; para definir las medidas de mitigación y cómo prevenirlos; así como su consentimiento de que la información sea incluida en la EIS con mecanismos de confidencialidad y protección de datos, sin prácticas coercitivas y discriminatorias; proporcionando información adecuada, pertinente y accesible; y conduciéndose con probidad y veracidad. (Artículo 3 y 4)

     4. PERSPECTIVA DE GÉNERO. La empresa debe garantizar que sea transversal e incluida en el Plan de Gestión. Significa incluir la información desagregada por sexo en la Evaluación; que los Impactos Sociales y las medidas para prevenirlos, mitigarlos y ampliarlos estén diferenciados para hombres y mujeres, y promover mecanismos para que las mujeres participen en un plano de igualdad en la implementación del Plan de Gestión Social del Proyecto. (Articulo 5)

     5. CALIDAD DE LA INFORMACIÓN. La empresa debe incluir en la EIS “información reciente, fidedigna y comprobable”, con estadísticas oficiales, desagregada por sexo; información bibliográfica y hemerográfica especializada, del producto de mediciones y observaciones en campo, de la EIS a que se refieren los artículos 119 de la Ley de Hidrocarburos y 78 de su Reglamento, de las comunidades; de entrevistas, grupos focales, encuestas y/o talleres en los que se asegure la participación igualitaria de hombres y mujeres, y/o información de otras fuentes oficiales. La empresa debe señalar qué fuentes usó y qué estrategia utilizó para que mujeres y hombres participaran en igualdad de condiciones. (Articulo 6)

     6. COMUNIDADES, SU IDENTIFICACIÓN: Se debe identificar a las comunidades con la información geográfica oficial (municipios, localidades, Áreas Geoestadísticas Básicas y unidades mínimas del Marco Geoestadístico Nacional) (Artículo 18); y donde se caractericen las comunidades a partir de indicadores sociodemográficos (características generales de la población, los hogares y las viviendas; conflictos de tenencia de la tierra, la infraestructura, acceso y cobertura en materia de salud y educación); rasgos socioeconómicos y socioculturales y los relacionados con la forma de vida de las mujeres y los hombres que incluya aspectos sobre su cultura, costumbres, valores y creencias; elementos relacionados con la gobernanza, cohesión y capital social de las comunidades, y las formas de participación social y política; el entorno y patrimonio socioambiental, de los recursos naturales que aprovecha la comunidad; la descripción de las condiciones del desarrollo humano de la comunidad en función de indicadores de pobreza y marginación; el levantamiento de una Línea de Base que contenga la medición de indicadores sociodemográficos, socioeconómicos y socioculturales que podrían registrar cambios a causa de las actividades del Proyecto, verificados en campo y comparables en el tiempo. (Artículo 19)

(…)

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La capacidad biofísica del planeta está ya en riesgo. El Sistema Capitalista no cabe en el Planeta en su carrera por la acumulación incesante de capital y poder bajo un “desarrollo” infinito sobre bienes finitos. El extractivismo, el consumismo y el desperdicio voraz ha puesto al Planeta en una crisis climática y ambiental irreversible. La pérdida de biodiversidad marina y terrestre es uno de los mayores problemas que enfrenta la humanidad y que amenaza los ecosistemas y la reproducción de alimentos.

Pese a ello, ni gobiernos ni corporaciones pretenden frenar lo que están ocasionando y avanzan incluso en la lógica de aumentar los negocios y ganancias con la misma crisis climática que han provocado, con la economía verde, con la financiarización de la naturaleza, con las compensaciones y los supuestos Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), entre otras políticas.

El reciclaje del CO2 se ha convertido en otro negocio y su reabsorción ya tiene un precio en el mercado. Las supuestas soluciones no llegan a la raíz del problema. El sistema de gobernanza global no lo detiene sino que lo acelera. Muchos intentos para supuestamente detener este deterioro ambiental siguen siendo espejismos. La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, las Conferencias de las Partes (COP), el Protocolo de Kioto, los prgramas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD), el Acuerdo de París, el Acuerdo de Escazú del Principio 10, entre otras tantas y tantas iniciativas para paliar el cambio climático, reducir el CO2 o detener la deforestación.

Pero siempre los objetivos son a 20 o 30 años, cuando ya quizás sea imposible hacer mucho, y además sin sacrificar la maquinaria del “desarrollo” aparentando que es posible que dicho desarrollo sea “sustentable”. Llevamos prácticamente treinta años desde que se advirtió, se gritó y se urgió a hacer algo para desacelerar este proceso.

Si bien ante esta realidad es necesario adaptarnos, no es la solución del problema. Y la mitigación es sólo un paliativo. Hay que revertir esta tendencia, transitar ya a otro sistema que se pueda sustentar a sí mismo. Es necesario buscar alternatos, otras formas de vida, donde el replanteamiento de nuestra relación-reincoporación a la Naturaleza sea desde otra perspectiva.

Urge relacionarnos con los demás seres naturales como sujetos de derechos y no como meros objetos e instrumentos para la acumulación y solo en función de la humanidad. Pero, ¿qué implica la “Naturaleza”? ¿Tiene “Derechos”? ¿Cuáles? ¿Es objeto de Derechos? ¿Cuáles son sus Derechos? ¿Quién le reconoce esos Derechos? ¿Qué significa Derechos para la Naturaleza? ¿Qué diferencias hay con el Conservacionismo? Estas y más preguntas están en el debate de la ecología y el ambientalismo, de las políticas ambientales y de la ecología política. Así, muchos conceptos son necesarios debatir, reflexionar, deconstruir o se debe generar nuevos.

Algunas voces ya cuestionan por ejemplo el concepto de “Madre Naturaleza” contra la idea del rol que se les impone a las mujeres de “dadoras”, “cuidadoras”, únicas responsables y pasivas de otorgar vida. Pero también hay otras reflexiones en torno a las mujeres y los conflictos ecoterritoriales o del ecofeminismo. También se está poniendo al escrutinio intelectual el concepto de “Bienes” “Comunes” “Naturales” o de la “Naturaleza”, o “Bienes” “Naturales” “Comunes”. O la lucha por lograr una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza.

Por otro lado se han incorporado a la reflexión los conceptos y realidades como la “ecologización del pensamiento”, los “procesos ecopedagógicos”, “ecodesarrollo”, “ecodependencia”, “ecosustentable”, “ecoteología” y “ecopopular”. Y para todo, “eco”: ecotienda, ecobici, ecombustible, ecoturismo, ecolavandería, etc. Y muchas de estas adaptaciones conceptuales solo camuflan la realidad y pintan de verde la misma lógica del capital.

Desde esta perspectiva del desastre climático que estamos generando, se debaten también los conceptos de “transición”, “transición ecológica”, “postextractivismo”, “alternativas”, “derechos de los ríos”, “deconstrucción”, “extractivismo histórico”, “alienación socio-ecológica”, “territorialización extractiva”, y así muchos más.

Otro análisis asociado a esta temática es la apropiación corporativa de los territorios y la violación corporativa de los derechos humanos pero también de la naturaleza. La humanidad pretende intervenir y dominar la naturaleza, manipularla, alterarla, consumirla en exceso y con lujuria; modificarle cualidades genéticas y apropiarse de ella; ponerle dueño y precio convirtiéndola en una mercancía para la acumulación sin respetar sus ritmos de reproducción. Esta es la lógica del sistema capitalista, la dominación, la explotación, la expropiación y extracción de plusvalía que va desde la relación con la naturaleza como con el trabajo. Es la extracción asociada con el proceso de acumulación, ganancia y desigualdad de clases.

Por lo visto, ser ambientalista y ecologista implica necesariamente ser anticapitalista. Y ser anticapitalista significa defender los Derechos de la Naturaleza y vincular los temas ambientales con los derechos humanos.

El conflicto no es entre la humanidad y la naturaleza, cuya articulación y unidad es inevitable y connatural, por ser un ser natural. Y es en esta interrelación como se conforma la construcción socio-natural en el territorio. El conflicto estriba en ese modelo de relación humanidad y naturaleza. Obviamente se resignifican elementos de la naturaleza al incorporarlos en esta relación y unidad, pero la valoración capitalista es exclusivamente para el mercado y la acumulación donde la naturaleza pasa a ser principalmente un objeto de usufructo y de maximización de ganancias.

Así, la contradicción fundamental es entre capital-naturaleza, que estriba en el proceso por el cual la naturaleza y su espacio territorial, acuático y aéreo, pero también su esencia como es su información genética, se convierten en mercancía y por lo tanto en precio, dueño, competencia, monopolio, control y poder. Este extractivismo alienante socio ecológico, merma la base natural que le da sustento al capitalismo y su sistema de producción, ya que no toma en cuenta el tiempo de reproducción de la naturaleza y su metabolismo con el fin de no interrumpir la maximización de las ganancias, y la acumulación articulada por el despojo y la reproducción ampliada del capital. Y es que el extractivismo es una parte e instrumento de la acumulación que es el motor fundamental del capitalismo.

El Observatorio de los Derechos de la Naturaleza

Frente a esta problemática planetaria, en junio de 2018 se ha creado el Observatorio de los Derechos de la Naturaleza (ODN, http://naturerightswatch.com/) con el fin de identificar y señalar las violaciones de los Derechos de la Naturaleza.

Esta iniciativa impulsada por Eduardo Gudynas es un espacio de reflexión, análisis y debate que se hace urgente en este contexto. Es “un programa independiente de partidos políticos, gobiernos y organizaciones empresariales. Se apoya en un Comité Asesor con personalidades destacadas de distintos países, y un colectivo de organizaciones y centros.”

La premisa fundamental para el Observatorio es que “la más reciente e importante innovación en ese nivel es el reconocimiento de la Naturaleza como un sujeto de derechos”. Esta perspectiva ha sido origen para el diseño de nuevas políticas y gestión social como el que se ha realizado en Ecuador en su nueva Constitución en 2008. Un debate que recoge Bolivia o la definición de derechos ambientales específicos como en Nueva Zelanda, India y Colombia.

Para el Observatorio es necesario abordar el problema con un enfoque más profundo ya que “las respuestas políticas y tecnológicas a la presente crisis ecológica han sido insuficientes para alcanzar una sustentabilidad ecológica”. Por ello es necesario reconocer y asignar valores a la Naturaleza.

Para el Observatorio, el concepto de “Derechos de la Naturaleza” implica reconocer “la diversidad de valoraciones humanas de la Naturaleza”, más allá del aspecto económico que invisibiliza los aspectos culturales, estéticos, religiosos, ecológicos, entre otros. Sin embargo, hay otro elemento fundamental que es el reconocer los valores propios e intrínsecos en la Naturaleza y que son independientes de la utilidad o de cualquier otra apreciación humana. Con ello pasa de ser objeto a ser sujeto de derechos.

En el Observatorio se está consciente de cómo en los debates sobre los recursos naturales o la conservación por lo general terminan enfocados en las valoraciones económicas. E incluso muchas comunidades originarias tienen la dificultad de visibilizar o hacer valer frente a los gobiernos y empresas que la Naturaleza y el territorio donde habitan tiene otras dimensiones culturales, religiosas, estéticas o sociales. O se pretende cuantificar la indemnización del despojo con el precio económico de los bienes tangibles de la naturaleza pero no los intangibles, incluso aquellas acciones sociales que se llevan a cabo en el territorio y que sin él no serían posibles. Todavía más, también quedan relegadas aquellas especies o ecosistemas que no tendrían ninguna “utilidad” para los humanos.

Las comunidades campesinas y originarias, en su lucha por defender los territorios y los Derechos de la Naturaleza, también se encuentran con el cuestionamiento de ofrecer otra narrativa, otra alternativa científica y técnica a la propuesta por lo proyectos de despojo que venden “desarrollo”, bienestar, empleo, salud, educación, resarcimiento y mejores condiciones de vida con el arribo de los proyectos de muerte como son las minas y represas; o los monocultivos de palma de aceite, soja y maíz transgénicos; pero también gasoductos, oleoductos, super carreteras, nuevos y más enormes aeropuertos, pozos petroleros, fracking, regasificadoras, Zonas Económicas Especiales, parques industriales y eólicos, turismo de élite, y otras tantas inversiones pintadas de “verde”, “sustentable”, “desarrollo”, “mecanismos limpios”, “energía limpia”, “responsabilidad social corporativa”, entre otras.

El Observatorio está convencido que la perspectiva de los Derechos de la Naturaleza es una solución a muchos de estos problemas. “Permite y además requiere una apertura a la diversidad de las valoraciones humanas mientras que al mismo tiempo reconoce los valores intrínsecos independientes”. Esto promueve un debate más democrático en el reconocimiento y entendimiento de las distintas valoraciones y sensibilidades en juego en las interacciones con la Naturaleza.

Para el Observatorio, “el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza no excluye ni compite con los derechos humanos de tercera generación relacionados con la calidad del ambiente o de la vida. Este tipo de derechos opera en paralelo y permite coordinaciones y complementaciones con los derechos de la Naturaleza.”

Se considera que los Derechos de la Naturaleza no son un sinónimo de los derechos de los animales. Y que no se excluye ni se condena el uso de los llamados “recursos naturales”, pero impone que las estrategias de desarrollo deben estar enmarcadas en objetivos de sustentabilidad ecológica, en el sentido de asegurar la sobrevida de las especies.

En el sitio web se ofrecen textos sobre los Derechos de la Naturaleza desde muy diversas miradas. Se puede consultar la sección y las subsecciones de Documentos donde se encuentran Artículos, Libros y Notas de Opinión.

El Observatorio “promoverá la perspectiva de los Derechos de la Naturaleza por medio de investigaciones, capacitación, difusión y apoyo a distintos movimientos e instituciones. Del mismo modo mantendrá un Observatorio de las violaciones a los Derechos de la Naturaleza, especialmente a los relacionados con incumplimientos a los derechos humanos, así como las respuestas ciudadanas y los instrumentos legales que operan.”

Las metas del Observatorio incluyen:

1) “El seguimiento de la situación de los derechos de la Naturaleza, incluyendo una revisión de los marcos legales, las violaciones, y las respuestas ciudadanas y gubernamentales.”

2) “Identificar las mayores violaciones de esos derechos, y en especial cuando están asociadas a violaciones de los derechos de las personas, incluyendo tanto las que representan ilegalidades como las que se aprovechan de alegalidades.”

3) “Promover esta perspectiva, con investigaciones, capacitación, difusión y apoyo distintos movimientos e instituciones.”

“El Observatorio parte de reconocer los derechos de la Naturaleza, asumiendo que éstos se deben aplicar en todos los países. A partir de allí identificaremos los casos de violación de esos derechos, independientemente de las implicaciones para la utilidad humana. Esto permite la articulación de defensas de la Naturaleza que no necesariamente se argumentan desde la economía u otra variedad de utilitarismo, con lo que se recuperan muchas expresiones que son actualmente desestimadas. Además, nos enfocaremos en las violaciones que a su vez están asociadas a incumplimientos de los derechos humanos.”

“Nuestro trabajo apuntará presentar reportes sobre esos distintos casos, y apostará a acompañar a movimientos sociales y otros actores sociales a revertir esos incumplimientos. Paralelamente, el Observatorio trabajará en la promoción de este marco conceptual, las herramientas de evaluación, los intercambios de experiencias, elaboración de indicadores, apoyo a reformas legales y capacitación.”

“Mantendremos una activa presencia en los medios y redes sociales, y nuestro sitio web servirá como una biblioteca de recursos e información.”

El Observatorio siempre estará abierto a recibir informaciones, análisis, reflexiones, aportes, publicaciones, noticias relevantes y también información para dar seguimiento a los casos.

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El Escaramujo 78: LA “MINI REPRESA” SANTO DOMINGO, UN PROYECTO INVIABLE

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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Una nueva tendencia de la supuesta energía limpia y renovable es la sustitución de los grandes embalses por las “mini” hidroeléctricas. Bajo este esquema, la empresa en México no pierde, su inversión es subsidiada por el gobierno y los bancos y mecanismos multilaterales, su ganancia es segura por décadas, y las aguas superficiales y las cuencas se ponen a su disposición para el negocio.

De cualquier manera la afectación social y ambiental es considerable y se convierte en irreversible cuando se instalan varias “mini” represas en la misma cuenca. El argumento central ahora es que no inundan, no afectan a poblaciones ni al medio ambiente y combaten el cambio climático.

Las represas se pueden clasificar de varias formas, según el tamaño de la cortina, la cantidad de agua embalsada o la cantidad de energía que generan. Así, existen presas mayores, grandes, pequeñas, micro y minis. Según la “Comisión Internacional de Grandes Represas”, define a las grandes represas aquellas cuya cortina mide 15 o más metros de altura.

La represa: La represa Santo Domingo, de construirse, mediría 12 metros. Una supuesta “mini” hidroeléctrica sobre el Río Lacantún produciría 110 Mw. Para ello la Empresa GENERACIÓN ENERSI S.A. DE C.V. presentó en junio de 2018 un “Manifiesto de Impacto Ambiental del Proyecto Hidroeléctrico para la Generación de Energía Renovable Santo Domingo” con muchas deficiencias técnicas y de información. La empresa dice que no generar. Gases Efecto Invernadero, lo que obviamente es imposible.

¿Quién es ENERSI?: Es una empresa mexicana productora de energía que tiene proyectos en varios estados del país. Entre ellos en el estado de Puebla. En Colima su proyecto hidroeléctrico en el río Almería en el municipio de Comala fue rechazado por la SEMARNAT. En Oaxaca pretende construir otra presa con el rechazo de las comunidades del municipio de San Felipe Usila. En Guerrero se ha encontrado con la oposición a la represa de riego Andrés Figueroa, en el municipio de Ajuchitlán.

¿En qué consiste el Proyecto Hidroeléctrico Santo Domingo? Veamos algunos de sus componentes según su Manifiesto de Impacto Ambiental:

¿Dónde se ubicaría?: Entre las comunidades Loma Bonita y Las Nubes, en el municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas. Coordenadas 16º12’12.66″N; 91º19’43.34″O y 16º12’18.66″N; 91º19’34.60″O. Se pretende desviar parte del Río Lacantún que cuenta con un flujo constante de agua. La cuenca de escurrimiento pertenece a la Región Hidrológica No. 30 Rio Grijalva-Usumacinta. El río principal es el Rio Lacantún producto de la confluencia de los Ríos Pojom, en la República de Guatemala y Santo Domingo, en México, a 4 km al sur de la comunidad de Nuevo San Juan Chamulla (El Pacayal). Y confluye el Río Seco a 2 km al noroeste de la comunidad Nuevo Marzám. Luego se unen los Ríos Dolores, Calinete, Euseba y Jatat.

Duración de la represa: El proyecto hidroeléctrico tendría una duración de 34 años donde la empresa pretende tardar 2 años en preparar el sitio y en construir la represa. Luego 30 años de vida útil en que estará operando y produciendo energía; y por último dos años de restitución ambiental y restitución del paisaje en sus condiciones iniciales incluida el abandono de las instalaciones y restauración del cauce intervenido por obra de descarga, algo imposible, pero solo en caso necesario, ya que pretende mantener la presa indefinidamente.

¿Quiénes son los actores involucrados? La Secretaria de Energía, La Comisión Reguladora de Energía, La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, El instituto de Investigaciones Eléctricas, La Comisión Federal de Electricidad, La Compañía de Luz y Fuerza del Centro, La Secretaria del Medio Ambiente y Recurso Naturales, La Secretaria de Desarrollo Social, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, y diversas asociaciones que actualmente promueven la explotación de las Energías Renovables.

¿Cómo funcionaría? El proyecto se compone de 5 partes.

1. Estructura para la toma de agua. En un punto del Río Lacantún se represará el agua y se canalizará una parte hacia otro punto del río aguas abajo. En el intermedio de 5.5 km, el caudal de agua disminuiría afectando a los ejidos Ni.os H.roes, las Nubes, Loma Bonita, Santa María Agua Azul y La Fortuna del Gallo Giro. Por otro lado, el ejido Loma Bonita sería cruzado de lado a lado por el túnel de desviación del agua del río. La presa tendría una elevación de 200 m.s.n.m., con una dimensión de 50 x 100 m, y una superficie de 4,800 m2. La toma de agua tendrá un canal de llamada, una estructura de entrada, otra de transición y tendra una superficie de 500 m.. La superficie requerida para la obra derivadora sería de 1,440 m2., con una altura de cortina de 12 m y un ancho de cause de 60 m.

Sin embargo, toda la Cuenca Lacantún-México tiene una disponibilidad de 515.13 m./s, y la represa pretende tomar 238 m3/s para captar y desviar, que equivale a casi el 50% de toda la cuenca, cuando en el punto de la toma de agua para el desvío solo se dispone de 92.72 m./s. Esto significar.a que el río se quedaría seco en los siguientes 5.5 km en que encuentra nuevamente el punto de descarga. O sea, es inviable.

2. Conducción: una tubería a presión conducirá el agua cruzando el Ejido Loma Bonita de lado a lado para alcanzar el mismo Río Lacantún en el otro punto a 52 metros menos de altura, donde estaría la Casa de Máquinas. Este túnel de desviación tendrá una pendiente de inclinación de 5%, e introduciría el agua en las tuberías insertadas en túneles a la Casa de Máquinas a razón de 238 metros cúbicos por segundo. La tubería sería de concreto reforzado con un diámetro nominal de 2.50 m y 1.80 m con remoción de vegetación de 1440 m2. Sin embargo, en el punto de toma no hay toda esta agua disponible para desviar.

3. Casa de Maquinas con subestación elevadora: La Casa de Máquinas es el edificio que recibe el agua y es donde se instalan las turbinas, bancadas, generadores, alternadores, cuadros eléctricos, cuadros de control, etc. Tendría una extensión de 6 mil m2. Tendría 4 turbinas que recibirían el agua para obtener una potencia instalada de 110 Mw. La Casa de Máquinas estaría conectada a una subestación eléctrica con un transformador. Se llama subestación eléctrica “elevadora” porque está situada en las inmediaciones de la central generadora de energía y eleva el nivel de tensión. Además, se construiría el desagüe hacia el canal de descarga que contaría con una superficie de 60 m2, con estructuras encajonadas de concreto de 60 A x 10 L x 3.50 H, 4 tuberías de 2.00 m de diámetro y descarga a superficie libre.

La estructura estaría diseñada para que se pueda retornar el agua al río en caso de que las turbinas se detuvieran. Tendría compuertas para regular la cantidad de agua que llegue a las turbinas y equipamiento que impida el acceso a objetos extraños como ramas, troncos, rocas, etc. que puedan provocar desperfectos en las instalaciones o da.os en los alabes de las turbinas.

Se construiría un muro de contención perimetral de mampostería. La construcción del edificio de la Casa de Máquinas sería a base de cimentación de concreto armado, block de concreto ligero, techos a dos aguas de losa armada. Para este mismo, se construiría también un área de servicios donde se concentrarían las oficinas, bodega, taller y sanitarios con descarga hacia una fosa séptica.

4. Línea de transmisión hasta el punto de Interconexión: La línea de conducción de la energía por los ejidos hasta encontrar la conexión con la CFE tendría una longitud de 1,584 metros. Esto implicaría despalme y desmonte; perforación de pozos para la construcción de los cimientos de las torres donde va el cableado. Las líneas eléctricas también tendrán que cruzar varios ríos, uno de ellos es el mismo Río Lacantún. Encontrada la conexión con la CFE, de ese punto la energía sería transmitida a lo largo de 5 municipios con un total de 96 kilómetros desde los municipios de Maravilla Tenejapa pasando por Las Margaritas, La Trinitaria, La independencia hasta la Subestación de Energía Eléctrica en Comitán interconectándose con el sistema de la CFE.

La construcción de las torres de la línea de transmisión comenzará con la limpieza un área de 20 x 20m en donde se emplazará cada estructura, y de la franja central de 2 m que será posteriormente utilizada para el tendido de cables. La limpieza consistir.a principalmente en el roce y despeje de la vegetación y la remoción del material superficial (piedras u otros). Se realizaría la restauración de caminos en una longitud de 20.37 kilómetros en un ancho de 15 metros.

5. Caminos de acceso y operación: Se aprovecharían los caminos, principalmente el que conecta a la localidad de Loma Bonita del Municipio de Maravilla Tenejapa con el Centro Ecoturístico Loma Bonita. Se construirían otros caminos para el acceso a la construcción de la toma de agua, el Túnel para la Conducción, el acceso a la Casa de Maquinas y a la Subestación.

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Más información:

Rechaza SEMARNAT presa hidroeléctrica Santo Domingo, en Chiapas

El Escaramujo 76: LA GEOPOLÍTICA MINERA DE ESTADOS UNIDOS

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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Donald Trump afirma que muchos países se benefician y se aprovechan de Estados Unidos; que son víctimas a costa del enriquecimiento de otros. Sin embargo, las trasnacionales de Estados Unidos o las que se asientan en este país, así como grandes sectores industriales, son de las más ricas y poderosas del planeta, quienes se han enriquecido de los Tratados de Libre Comercio que ha impuesto a todos los países de América Latina y el Caribe así como en otros continentes.

La guerra comercial que ha desatado del presidente de Estados Unidos altera la estrategia extractivista y amenaza nuevos territorios campesinos y de los pueblos originarios, ya que conlleva otras repercusiones políticas, económicas, sociales, militares y ambientales. Nuevos frentes de resistencia se podrán abrir donde menos se esperaban. El conflicto de Trump con Canadá, Rusia, China, México, Japón y la Unión Europea entre otros frentes, les plantea a las grandes trasnacionales, a los potentes sectores industriales de Estados Unidos así como a las corporaciones mineras del mundo, buscar otros territorios, nuevos países dónde imponer las políticas extractivistas necesarias. O quizás extraer los minerales de su propio territorio, lo que implicaría mermar sus reservas minerales en algunos casos y agudizar conflictos sociales y ambientales.

El Departamento de Economía de Guerra de los Estados Unidos creó dos conceptos claves. El de “minerales estratégicos” y el de “minerales críticos”. Los minerales estratégicos son aquellos de urgente necesidad e imprescindibles para la industria bélica. En su momento fueron estratégicos: manganeso, cromo, níquel, estaño, tungsteno, vanadio, aluminio, magnesio, cobre y cuarzo hialino. Los minerales críticos son aquellos que no existen en su territorio o son muy escasos. (Ver Manual “La Mina nos Extaermina”)

En la medida en que la ciencia y la tecnología avanzan; cuando se descubren nuevos inventos y mejoras industriales; cuando se crean otras necesidades en el mercado; cuando se establecen nuevos Tratados de Libre Comercio; cuando se generan guerras comerciales y se modifican los acuerdos arancelarios; o cuando por su acceso y otras condiciones hacen poco rentables la extracción de ciertos minerales, algunos de ellos pierden relativa importancia y otros se vuelven “estratégicos” o “críticos”. Es así como la mirada hacia otros territorios cambia la estrategia de intervención. Esta intervención puede ser por medio de invasiones armadas, creación de conflictos internos para justificar la intervención o por Tratados de Libre Comercio o sus diversas variantes llamados Acuerdos de Alcance Parcial, Tratados Bilaterales de Inversión, Sistema Generalizado de Preferencias, Tratados de Integración, Acuerdos Comerciales Preferenciales, Acuerdos Parciales o Acuerdos de Asociación. Para ello, es necesario la modificación de las Constituciones nacionales de los países donde se pretende extraer los minerales -así como de sus leyes secundarias- con el fin de armonizarlos y garantizar el extractivismo de las grandes empresas mineras.

Desde esta perspectiva habrá que contextualizar las políticas de Donald Trump. Estados Unidos abandona el Tratado Transpacífico; pretende negociar el Tratado de Libre Comercio con Canadá y México; China aplica de igual manera sanciones y aranceles en respuesta a medidas parecidas del presidente Trump; Estados Unidos se enfrenta a Canadá en otra guerra arancelaria cuando éste país negocia un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Estados Unidos impone un arancel del 25% al acero y un 10% al aluminio y pretende cobrar arancel a la importación de vehículos de la Unión Europea, especialmente los provenientes de Alemania.

Todos los sectores industriales que usan acero y aluminio tendrán que subir sus costos o reubicarse en otros países para mantener la cuota de extracción, despojo y acumulación. La industria siderúrgica, alimentaria, química, médica, automotriz, bélica, espacial, de construcción, de energía, entre otras muchas, entran en cuestión frente a la modificación de la estructura arancelaria. Todos los sectores requieren de insumos minerales cuya ruta de extracción se ve modificada.

Según el Mineral Commodity Summaries 2018 del U.S. Department of the Interior y del U.S. Geological Survey, los 63 minerales claves para la industria y la economía de las corporaciones radicadas en los Estados Unidos se extraen de 53 países del mundo (ver cuadros más abajo). Sin embargo, su dependencia es más grave cuando la tercera parte de esos minerales depende al 100% de extraerlos principalmente de 24 países. Esto no significa que de dichos países son los únicos de donde se extraen los minerales, o los únicos lugares donde existen, sino que de ahí ha decidido extraerlos por condiciones geográficas, políticas o económicas ventajosas. Por tanto, el gobierno de Estados Unidos despliega una geopolítica específica para tener acceso a estos países y extraer lo que necesita para sus empresas.

Estos 21 minerales de los cuales Estados Unidos depende al 100% de extraerlos e importarlos de otros países son: trióxido de arsénico, asbestos, cesio, fluorita, galio, grafito natural, indio, manganeso, mica, sienita, niobio, cuarzo, tierras raras, rubidio, escandio, estroncio, tántalo, talio, torio, vanadio e itrio. Esto significa que la industria de Estados Unidos depende 100% de la importación de estos minerales para la industria de fármacos, construcción, papel, cemento, automotriz, energía, metalurgia, aleaciones, maquinaria industrial, vidrio, cerámica, medicina, turbinas, equipo médico, industria aeroespacial, aviones militares, relojes atómicos, pirotecnia, telefonía, satélites, computadoras, televisores, implantes médicos, combustible nuclear, filamentos de lámparas eléctricas, material cerámico de alta temperatura, lamparas electrónicas, lentes de alta calidad para instrumentos de precisión, electrodos especiales para soldadura, reactores nucleares, entre otros muchos productos y sectores. Esto tiene repercusiones en las empresas trasnacionales más importantes de estos sectores.

Desde otra perspectiva, Estados Unidos depende casi al 100% de 24 países: Marruecos, China, Bélgica, Brasil, Rusia, Canadá, México, Sudáfrica, Vietnam, Alemania, Reino Unido, Ucrania, Francia, República de Corea, Gabón, Australia, Georgia, Austria, Japón, Rumanía, Estonia, Ruanda, India y República Checa. Es significativo que de estos países hay algunos que aportan el 100% de todo el mineral que requiere, como es el caso de Canadá que aporta a Estados Unidos el 100% del cesio, sienita, turba y rubidio. Cabe destacar que el cesio no es muy abundante en la corteza terrestre y hay solo 7 partes por millón.

Por su lado, China aporta a Estados Unidos casi el 100% de escandio. China, Canadá y Rusia son los países que más le aportan minerales a Estados Unidos y es con quienes el Presidente Donald Trump tiene mayores conflictos comerciales. Rusia y Alemania le aportan casi el 100% del talio; India y Reino Unido el 100% del torio; Brasil y Rusia le aportan el 100% del asbesto.

México, China, Sudáfrica y Vietnam aportan a Estados Unidos casi el 100% de la fluorita que necesita para su industria. Cabe mencionar que en México se encuentra la mina de fluorita más grande del mundo y el país exporta entre el 60 a 75% de su producción total de fluorita.

Existen otros 31 minerales de los cuales Estados Unidos depende entre el 50% y el 99%; y por último, otros 11 minerales de los cuales depende en un porcentaje de entre el 26% y el 47%. Pero entonces, ¿por qué Donald Trump se enfrenta contra los países de quienes depende al 100% de sus minerales? ¿Por ignorancia? ¿Por estrategia? Sea cual fuera la causa, el problema para los pueblos es que el extractivismo de los minerales va cambiando, y por ello es necesario implementar estrategias de prevención contra el Modelo Extractivo Minero. Decretar territorios libres de minería es una tarea prioritaria para la defensa de la vida, así como mapear preventivamente los territorios con la participación y apropiación del conocimiento de los
movimientos territoriales ayudará a enfrentar la depredación del modelo extractivo.

(…)

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Más Escaramujos:

El Escaramujo 75: NO SEAS PRESA DE LAS REPRESAS    
El Escaramujo 74: ¿QUÉ ES LA REPARACIÓN?    
El Escaramujo 73: LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EN MÉXICO    
El Escaramujo 72: LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL DE PUERTO CHIAPAS    
El Escaramujo 71: BERTA CÁCERES, NACIDA Y CRECIDA EN LA LUCHA    

 

El Escaramujo 75: NO SEAS PRESA DE LAS REPRESAS

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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Desde hace años, cada 14 de Marzo el movimiento mundial contra las grandes represas realiza movilizaciones en todos los rincones del mundo para exigir un cambio en el modelo energético. Denuncia que las grandes represas no son una energía limpia y que otras formas de energía sustentable son posibles, necesarias y urgentes.

Por décadas hemos identificado a las grandes represas como energía limpia y renovable. Sin embargo, en la década de 1980 y 1990 las movilizaciones en el Sur Global fueron de tal magnitud que lograron cuestionar este modelo de energía. En Europa, en Africa, Asia y en América Latina las protestas fueron de todo tipo. Las reacciones del gobierno se dieron no solo con represión, sino también con silencio y olvido. Las grandes represas no se cuestionaron por muchas décadas y se aceptaron los costos sociales y ambientales. Parecía que no había otra opción para generar el supuesto “desarrollo”.

Al final de la década de 1990 se aceptó entonces elaborar un balance de las grandes represas. El Banco Mundial e incluso otros bancos y empresas constructoras financiaron esta Comisión compuesta por grandes expertos en el tema. En el año 2000 sale a la luz el Informe de la Comisión Mundial de Represas (CMR) que a sus promotores no encantó sus resultados. En aquél entonces se concluyó que las más de 45 mil grandes represas habían desplazado entre 40 y 60 millones de personas en el mundo de su viviendas, tierras, pueblos e incluso de ciudades enteras ahora inundadas. Actualmente, las más de 50 mil grandes represas se calculan que han expulsado a más de 80 millones de personas de sus territorios. Pero también se concluyó que el Banco Mundial, principal promotor y financiador de las grandes represas, había endeudado más a los países pobres o en desarrollo para construir la infraestructura del supuesto desarrollo que luego se privatizaría años más tarde a las grandes corporaciones de la energía. Unas de esas grande corporaciones en América Latina fueron Endesa, Unión Fenosa, Iberdrola, entre otras que se quedaron con el negocio de la energía, su distribución y consumo. Pero en los resultados de la CMR hubo más.

Un porcentaje alto de la energía que se esperaba generar con los grandes embalses no se generó, pero sí ayudaron a desaparecer bosques, selvas e incluso manglares que se borraron del mapa o quedaron inundados bajo las aguas eliminando la capa forestal del planeta y por consiguiente el aumento de la concentración de Gases Efecto Invernadero (GEI). Y por si fuera poco, se calculó que esas grandes represas generaban casi el 5% de los GEI del planeta por la descomposición de la materia vegetal bajo el agua. El informe de la CMR verificó que los embalses para evitar inundaciones no habían servido del todo sino que habían producido más inundaciones; y que los embalses para regar cultivos no funcionaban, los trasvases filtraban gran porcentaje del agua que además se evaporaba y se crearon grandes monocultivos que dañaron los suelos, aumentaron la concentración de agroquímicos y rompieron la soberanía alimentaria de los pueblos dejando en manos de los grandes productores no solo enormes extensiones de tierra sino el control sobre las semillas patentadas e incluso transgénicas. La misma CMR propuso una serie de criterios necesarios para considerar su construcción que, de cumplirse, en realidad sería difícil ver una nueva represa.[1]

El Río Grijalva en Chiapas, México (Foto: Otros Mundos A.C.)

Las represas bloquearon el sistema hidrológico del planeta, favorecieron incluso temblores como en China y en otros lugares del mundo, y facilitaron que años más tarde las corporaciones pudieran adquirir las concesiones de generación y por tanto el control privatizado del agua de los ríos, excluyendo de su uso a pueblos indígenas, campesinos, población pescadora e incluso a ganaderos y otros sectores que dependen de que los ríos fluyan vivos, para que los pueblos estén vivos.

Para la creación de los grandes embalses con el objetivo de producir energía, de consumo de agua en los núcleos urbanos o para regar cultivos, implicó también la imposición de políticas e incluso de violencia y represión contra comunidades y pueblos enteros. Este supuesto “desarrollo” fue acompañado de mucha corrupción, engaños, falsas promesas, divisiones comunitarias y familiares así como violencia. En algunos lugares los lagos desparecieron junto con sus pobladores; en otros casos las casas fueron quemadas, detonadas y totalmente destruidas para obligar a la gente a desplazarse. No sólo no fueron bien indemnizados o no tuvieron nada de indemnización ni reparación, sino que perdieron sus modos de vida, las tierras más ricas y productivas y sus cementerios y ancestros quedaron bajo el agua; se dividieron pueblos, familias y comunidades enteras que perdieron su cultura por lo que el impacto psicosocial fue descomunal. Pero también la visión de aquél entonces en el sentido que no se debe desperdiciar el agua superficial de los ríos por llegar al mar, sino que habría que represarlos todos, llevó a que la CMR concluyera no solo que el 60% de las cuencas más importantes del planeta habían desaparecido, sino que también los pescadores habían perdido sus formas de sustento. Un gran porcentaje de los peces extintos de agua dulce han sido también a causa de las represas.

Ante este resultado tan desastroso, el movimiento mundial contra las represas creció y se dio a la tarea de tumbar el argumento de que son energía limpia y sustentable. ¿Cómo puede ser sustentable, verde y limpia una energía que produce crisis climática, pobreza, violencia, deforestación, contaminación de aguas y cuencas enteras? Sin embargo, los grandes constructores no podrían dejar este negocio. La crisis climática fue otra oportunidad de hacer más negocio con lo mismo que la generó: más represas. Los países del Norte se ven obligados a bajar al menos el 5% de los GEI respecto a 1990, lo que les obliga a partir del año 2005 luego de negarse sistemáticamente a hacerlo. Pero el Protocolo de Kyoto les dio otra posibilidad de justificar que las represas son energía limpia e incrementar por tanto su construcción. Así, las corporaciones de energía y constructoras de grandes represas, así como con la complicidad de los gobiernos, se dieron a la tarea de justificar más represas con el fin también de garantizar las inversiones que prometían llegar en el marco de los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones, ya que las corporaciones requerirían grandes consumos de energía y de agua. Justificaron que las represas no generan GEI, que son energía renovable, aunque el agua embalsada y contaminada convirtiera al vital líquido en un bien escaso, embalsado, contaminado y privatizado. Todo esto provocó un fortalecimiento de la resistencia en todo el mundo. [2]

A principios de la década del 2000 se llevó a cabo el primer encuentro mundial contra las represas en Brasil, luego en Tailandia y luego en México donde incluso la Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases (Coagret) de España estuvo presente. También se conformó la Red Latinoamericana contra las Represas (Redlar) que sostuvo encuentros en diversos países de la región, intercambiando experiencias cada dos o tres años, así como investigación y estrategias comunes de resistencia. Luego muchos países fueron conformando sus redes nacionales de resistencia. Entre ellos, el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (Mapder). Sin embargo, la pregunta ahora va más allá. No solo es resistir sino proponer un nuevo modelo energético popular que implica que los pueblos tengan en sus manos el control de la energía, que sea descentralizada y sin impactos socioambientales. Pero el verdadero fondo de este planteamiento es que un nuevo modelo energético popular significa la construcción de otro sistema alternativo al capitalismo. El problema no es técnico, sino político: ¿qué otros mundos son posibles diferentes al capitalismo? ¿Qué proyecto de vida distinto queremos construir? Y de ahí construir un modelo energético que lo sustente, con respeto al medio ambiente.

El agua y la energía son el centro de la reproducción de la vida, pero también del capitalismo que pretende acapararlo. Su control es clave para la acumulación del capital. Por ello, la resistencia contra todo lo que signifique la democratización de ambos, está siendo muy criminalizada en todo el mundo. Hay otros sectores e inversiones que dependen del agua y la energía en grandes cantidades como son los grandes megaproyectos. La minería es uno de ellos. Para lixiviar el oro se requiere entre uno a tres millones de litros de agua cada hora mezclado con toneladas de cianuro cada día, además de ingentes cantidades de energía. Pero de igual manera requieren mucha agua y energía el fracking, oleoductos, gasoductos, explotación petrolera, canales interoceánicos; plantaciones de eucalipto, palma de aceite, pino, soja, maíz transgénico; los parques industriales, las plantas automotrices, la ganadería intensiva, los hipermercados, entre otros megaproyectos que además se apropian de grandes extensiones de territorios. [3]

Por ello, la lucha por la defensa del agua, de este bien natural común para la vida y nuestra felicidad, como de toda forma de vida, es una responsabilidad de todos y todas, estemos donde estemos. ¡Agua y energía, no son mercancía!

[1]  Consultar “El Escaramujo” No. 56 “Directrices para construir Represas” en
[2] Consultar el manual “No Seas Presa de las Represas” de Otros Mundos A.C.
[3] Este artículo fue escrito para la revista “Ecologista” No.95, Primavera 2018, “Agua, Bien Común”, que edita Ecologistas en Acción de España. En ella se abordan artículos interesantes sobre los embalses y el agua.

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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En el contexto de las políticas de los gobiernos, las inversiones de las grandes corporaciones, así como de los megaproyectos que imponen con el financiamiento de los bancos privados, públicos o multilaterales, se habla mucho de reparación. También resuena el eco de este concepto en el contexto de las violaciones a los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas, del Tratado Vinculante sobre Derechos Humanos y Empresas o de los Tratados de Libre Comercio.

Hablar de reparación implica hablar de un daño o perjuicio que por lo general el causante pretende invisibilizar o minimizar. Pero hay muchos tipos de daños, ya sean ambientales, sociales, culturales, políticos, psicológicos o económicos por decir alguna forma de clasificar la gran cantidad inimaginable de daños que generan dos actores fundamentales: los gobiernos y las corporaciones, cuya simbiosis y fusión cada vez dificulta su diferenciación, en una tendencia donde los gobernantes son o se convierten en empresarios, o los empresarios se convierten en gobernantes, funcionarios y políticos. Para ser funcionario o político depende del dinero de los empresarios, y la riqueza y la acumulación de las corporaciones depende de las políticas que aprueban los políticos, de la flexibilización de las leyes, de las constituciones y normativas que benefician y garantizan esta acumulación.

Estas políticas neoliberales que abren la puerta a la inversión privada de las grandes corporaciones generan daños que hay que reparar. Sin embargo, en muchas ocasiones la palabra reparación se usa indistintamente de las conceptos mitigación, indemnización, remediación, compensación, restitución, rehabilitación, restauración, entre otro conceptos parecidos, pero que no significan lo mismo.

Reparación implica muchos tipos de daños, y al mismo tiempo significa que una víctima reclama el daño, aunque en muchas ocasiones las víctimas no son conscientes de ello y si lo son no siempre reclaman la reparación. ¿Quién define a la víctima, el daño y el tipo de reparación? No todo tipo y forma de reparación significa que el problema se haya resuelto.

LOS TIPOS DE DAÑOS

Los daños tienen una variedad, niveles y alcances muy amplios, sin embargo no siempre se dimensionan. Los derechos humanos violados son innumerables y se pueden plantear estos daños de muchas formas. Un daño puede ser ecológico y ambiental; o daños a los derechos humanos o derechos de la naturaleza o de ambos al mismo tiempo con la idea de no dicotomizar la realidad que es una y compleja. Y de aquí podemos desglosar un sinfín de daños a los derechos humanos como son: salud, alimentación, vida, educación, trabajo, vivienda, etc. Pero también pueden ser psicológicos, afectivos, culturales, paisajísticos, religiosos o territoriales. Incluye los derechos humanos individuales y colectivos; de las mujeres como de los niños, de los pueblos indígenas o migrantes, etc.

Hay daños directos e indirectos; hay daños en torno a la pérdida de biodiversidad, el empobrecimiento de los suelos, contaminación de ríos y cuencas; otros daños que provocan crisis climática, contaminación del agua y del aire, la alteración de ecosistemas, la alteración de la atmósfera; pérdida de condiciones de vida y subsistencia, etc. Ya no se diga los pueblos y personas desplazadas, desaparecidas, asesinadas; o familias, colectivos y pueblos divididos o enfrentados violentamente. Los feminicidios ocasionados desde la pérdida de la vida de tantas mujeres asesinadas o estigmatizadas y difamadas publica y mediáticamente por su lucha en la defensa de la vida para callar sus voces, que es otra forma de asesinarlas en vida, otras formas de feminicidio.

¿Quién reconoce, evalúa y dimensiona la cantidad y calidad del daño? ¿Las victimas son conscientes de ello? En tal caso, ¿sus reclamos de reparación corresponden a la magnitud, profundidad y solución del daño y del problema? En muchas ocasiones una indemnización, por decir un tipo muy parcial de reparación, solo elimina el conflicto (la víctima que deja de reclamar), pero no se termina el problema ni el daño, y mucho menos la posibilidad de repetición.

LOS TIPOS DE VICTIMAS

Los daños generan diversos tipos y niveles de víctimas. Desde personas hasta organizaciones, familias, colectivos, pueblos, cuencas enteras. Y… ¿Un país? ¿El Planeta entero? ¿La víctima son las personas o también la Naturaleza? ¿O somos lo mismo? ¿Para que haya victima ésta tiene que ser consciente de serlo? ¿La Naturaleza es víctima de las acciones humanas? (antropogénicas, dirían otros). ¿La Naturaleza tiene derechos que le son violados?

Las Naciones Unidas (ONU), en el Principio 8 sobre Reparaciones, entiende por víctima “a toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan un violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos, o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda y en conformidad con el derecho interno, el término ‘víctima’ también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la victima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.”

Muchas inversiones privadas de las grandes corporaciones, pero también de gobiernos, están generando daños incalculables para la vida del Planeta. Los megaproyectos como las grandes represas en todos los continentes desplazan y empobrecen pueblos enteros a la vez que agudizan la crisis climática. La actividad minera con su modelo extractivo tan intenso acelera la pobreza, la exclusión, las enfermedades y hasta los asesinatos de quienes se oponen a tanto despojo. Si sumamos la extracción de gas, de petróleo o la extracción con fracking vemos los resultados desastrosos no solo para pueblos enteros, sino para países y para la salud de este mundo en que vivimos. Pero no es todo. Se requiere de infraestructura para consumir este extractivismo: carreteras privadas, hipermercados, canales secos, vías férreas, gasoductos, oleoductos, tendidos eléctricos, puertos o aeropuertos.

Si le sumamos los megaproyectos de granjas industriales de ganadería, camaronícolas y otras formas de producción centralizada de alimentos incluso de transgénicos y con uso intensivo de recursos, agua, hormonas y agroquímicos, el panorama de afectación y daños son cuantiosos. Como los daños que generan los monocultivos de maíz, soja, pino, eucalipto, entre otros monocultivos como el turismo de élite que arrasa con bosques de manglares, biodiversidad, agua o mano de obra barata. Al final de cuentas, este capitalismo atroz y su extractivismo exacerbado, su consumismo desmedido y el derroche de recursos y bienes comunes naturales por millones de toneladas al día en todo el mundo, implica también el despojo de territorios, la acumulación de espacio físico en manos de las transnacionales.

Así, el daño puede ser personal, grupal, familiar, colectivo, y su nivel de profundidad puede ser incluso global. ¿Cómo medir y definir esto? Porque muchas veces las víctimas no son consciente del daño del que son objeto, sobre todo de los daños aparentemente indirectos. ¿Se es víctima sin ser consciente de ello? ¿Quién “me” reconoce como víctima? ¿Hasta dónde llega la onda expansiva del daño hasta sectores que no son conscientes de ello? ¿La reparación es del tamaño de satisfacción de la víctima o del tamaño del impacto y amplitud del daño?

LOS TIPOS DE REPARACIÓN

Cuando no hay una adecuada reparación podemos eliminar el conflicto logrando que las victimas ya no reaccionen en contra del daño que se les ha causado, aprovechándose de la debilidad, la falta de información o la pobreza de las víctimas. Sin embargo, el problema no se elimina, ya que puede continuar la contaminación y otros daños ambientales, el despojo, las enfermedades y toda clase de injusticias y violación sistemática a los derechos humanos. En otras ocasiones se elimina el problema que iniciaba un megaproyecto pero se quedaron los conflictos establecidos, las divisiones comunitarias y familiares, o los conflictos con el gobierno, con funcionarios, con políticos, con sicarios, con policías o ejército, o con otros sectores que se beneficiarían de la inversión, como son contratistas, transportistas, bancos, entre otros.

Utilizaremos el concepto de “Reparación” como el concepto que abarque la mejor forma, por lo pronto, de escribir integralmente la solución a la víctima del daño causado. Y que los conceptos de mitigación, indemnización, remediación, compensación, restitución, rehabilitación, restauración, entre otros conceptos no son lo mismo, no agotan la reparación y son una parte de ella.

Pero entonces, ¿qué es Reparación? El verbo “reparar” está compuesto de “re-” que significa hacia atrás, de nuevo; y del verbo “parare” que significa preparar, equipar, procurar. El verbo “reparar” proviene del latín “reparare” que significa preparar de nuevo, restaurar, devolver su estado anterior a algo equipándolo; restablecer y tardíamente dar algo a cambio de un daño. También significa “arreglar algo que está roto o estropeado“. Reparar también es “enmendar”, “corregir” , “remediar”, “desagraviar” o “satisfacer al ofendido”. También significa “volver a poner en buen estado”, “corregir un error”, “componer” o “remediar” un mal.

Las siguientes acciones no son lo mismo a la reparación y por sí solas no agotan la reparación integral y adecuada:

1) Indemnización: Se compone del latín “in-” (no), “damnun” (daño, prejuicio), “-izare” (convertir en). Pero por lo general se entiende por resarcir de un daño o perjuicio generalmente con dinero, mediante alguna compensación económica y que en muchas ocasiones genera problemas locales si no se hace de forma integral. Además, hay daños que no tienen precio, como la perdida de vida de una persona, o daños ambientales irreversibles. Pero al final, ¿quién paga? ¿La banca privada o pública que financió un megaproyecto que violó los derechos humanos? ¿El gobierno, el Banco Mundial o el Bando Interamericano de Desarrollo (BID) que son al final fondos públicos lo que traslada indirectamente la responsabilidad a los impuestos de la sociedad?

2) Mitigación: Significa moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo. Mitigar viene del latín “mitigare” que significa ablandar, dulcificar, calmar, pacificar; y se deriva del adjetivo “mitis” que significa blando, dulce, suave, calmado, tranquilo, apacible. En otras palabras, suavizas el impacto, pero no se elimina ni la acción ni la fuente del daño.

3) Remediación: Es poner remedio a un daño, corregir o enmendar algo. Viene del latín “remediare” que significa “dar una medicina”; del prefijo “re” (hacia atrás, de nuevo) y “mediri” (curar). O sea, se pueden poner “remedios” a los daños que no dejan de causarse sistemáticamente.

4)  Compensación: Es como dar un dulce luego de dar un golpe. Este concepto implica igualar en sentido opuesto al efecto causado; dar algo o beneficiar a alguien en resarcimiento del daño, perjuicio o disgusto causado; añadir algo para hacer que una cosa sea igual a otra. Se compone del latín “con-” (todo, junto), y “pensare” (pesar en una balanza).

5) Restitución: Esta acción está muy lejos de la remediación integral. Viene del latín “restituere” que significa “volver algo a quien lo tenía antes”, o “restablecer o poner algo en el estado que antes tenía”. Sus componente son “re-” (hacia atrás) y “statuere” (estacionar, parar, colocar). Entender este concepto con devolver, regresar, reintegrar, rendir, retomar, entre otros, no siempre es posible como en el caso de los asesinatos, la perdida de biodiversidad, la perdida de bosques por el modelo extractivo minero y otras industrias extractivas.

6) Rehabilitación: Significa acción o efecto de restituir a alguien o algo a su antiguo estado. Viene del latín y su prefijo “re-” (hacia atrás, de nuevo), “habilita”” (cualidad, ser capaz de realizar algo determinado) y del sufijo “-ción” (acción, efecto). Muchos intentos de rehabilitar los ecosistemas no han funcionado como los “parques naturales” artificiales luego de un proyecto minero que ha dejado el suelo irremediablemente modificado.

7) Restauración: Muchos daños ya no son posible restaurarlos, ya que no se puede volver a poner en pie o restablecer algo después del daño. Este concepto viene del latín “re-” (hacia atrás), y “stare” (poner en pie).

8) Contención: Retener completamente es imposible para muchas medidas de contención que se pretenden, ya que no se pueden evitar muchos daños como las enfermedades de cáncer u otras ocasionadas por la contaminación de las cuencas, o pretender contener la avalancha de una montaña deforestada, o detener la contaminación transgénica de las plantaciones. Este concepto viene del latín “continere” y se compone de “con-” (junto, todo) y “tenere” (dominar, retener).

9) Satisfacción: La palabra significa “cumplir y hacer lo necesario”. Y es que existen otras medidas para que las víctimas sean reparadas y con las cuales se pueden sentir satisfechas en la reparación, aunque no sea del todo así. Por ejemplo, actos de perdón público por parte de empresas y gobiernos como reconocimiento del daño; el derecho a que se conozca la verdad y la reivindicación de la memoria histórica; el derecho a saber dónde están sus muertos o desaparecidos; el derecho a enterrarlos conforme a sus deseos. Otros actos simbólicos que visibilizan y expresen el reconocimiento del daño como la conmemoración de placas, bustos, calles; o publicaciones, actividades artísticas, etc. La palabra viene del latín “satis” (bastante, satisfecho) y “facere” (hacer).

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El Escaramujo 71: BERTA CÁCERES, NACIDA Y CRECIDA EN LA LUCHA

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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Hoy se cumplen 20 meses del asesinato de Berta Cáceres en Honduras, cuando en la noche del 2 de marzo de 2016 lo sicarios por fin le dieron muerte. Se encuentran imputados 8 personas entre ellos un funcionario de la empresa hidroeléctrica DESA y el resto entre un militar y exmilitares. Por su lado, el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), han presentado su Informe “Represa de Violencia. El Plan que Asesinó a Berta Cáceres”.

EL CONTEXTO

Durante la década de 1990 América Latina vivió los estragos del Consenso de Washington. Los gobiernos, bajo el modelo económico neoliberal, abandonaron por la vía de los hechos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y entregaron las diversas esferas de la vida de los pueblos al gran capital para el negocio y el enriquecimiento. Poco después, en 1994 se crea el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) que genera una carrera consecutiva de tratados de libre comercio casi entre todos los países de la América Latina y El Caribe con Canadá y los Estados Unidos, pero luego con Europa y más tarde con otros países asiáticos. Se agudiza la ola de privatizaciones, el aumento de impuestos, la eliminación de subsidios, la liberación de aranceles, el detrimento de los derechos laborales, entre otros aspectos; y el agua, la educación, la salud, la alimentación, entre otros derechos humanos pasan a manos del gran capital como negocios con dueño y precio.

En esta década en que se presume la derrota de los movimientos armados en Centroamérica, las firmas de pacificación y su cooptación al sistema político electoral, los gobiernos profundizan una carrera más: el crecimiento de la deuda externa. Millones de dólares se derraman vía el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), entre otras muchas fuentes de financiamiento como las Agencias de Crédito a la Exportación de los países más ricos, con el fin de poner la alfombra para que arribara a la región el tsunami de inversiones en todo el continente y sobre todo en la región centroamericana en el marco del Plan Puebla Panamá (PPP) con la construcción de infraestructura, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos marítimos, represas, vías férreas, canales secos, parques industriales y todo tipo de inversión que facilitara la extracción de la riqueza en América Latina. No sólo una mayor deuda externa sino un aumento de la pobreza se vio reflejado en consecuencia en muchos países, pero también los desplazamientos forzosos, la migración, el hambre y el desempleo. Este acuerdo de libre comercio enseñó el camino al gran capital de cómo reclamar a los gobiernos el cumplimiento de sus intereses so pena de ser demandados en tribunales comerciales internacionales. Desde entonces a la fecha, más de 200 mil millones de dólares han sido reclamados a los gobiernos por parte de las empresas transnacionales en más de 60 países de América latina, África y Asia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

EL NACIMIENTO

En este contexto nace en 1993, en la comunidad de La Esperanza, Intibucá, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y con Berta Cáceres entre sus fundadoras. Y en enero de 1994, al mismo tiempo que el NAFTA,  sale a la luz el Ejército Zapatista de Libración Nacional  (EZLN) en Chiapas, México, del cual ya no se esperaba este tipo de movimientos y menos netamente indígenas. Los zapatistas se levantan entonces bajo consignas de reclamo por la dignidad y los derechos humanos: vivienda, trabajo, salud, educación y la democracia que los gobiernos  abandonan en manos de las transnacionales. Desde 1994 al año 2000 los zapatistas marcaron la agenda política mexicana pero también la de otros muchos países del continente. La traición que vivieron los indígenas zapatistas en el proceso de negociación con el gobierno mexicano los llevó a profundizar por la vía de los hechos la autonomía de sus territorios para defenderlas de las grandes inversiones de mega proyectos. Es entones que los zapatistas lanzan la invitación a la sociedad civil a la movilización que coincide con otros procesos fundamentales de lucha global contra la acumulación incesante de capital. La lucha del movimiento internacional contra la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Seattle en 1999 y el nacimiento del Foro Social Mundial en 2001.

EL CAMINO

En este contexto Berta se sumó activamente en la fundación, junto con otras muchas organizaciones indígenas, campesinas y sociales, de la Convergencia de Movimientos de las Américas (COMPA) en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, como un movimiento anticapitalista y con la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) como uno de los principales objetivos del movimiento, sumándonos así a la agenda continental, ya que el gobierno de Estados Unidos pretendía extender al NAFTA para toda la América Latina luego de la derrota de la OMC. Año con año estaba presente en Cuba en el Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA o en otro país festejando el avance de la derrota del mayor acuerdo comercial que se pretendía imponer a los pueblos del continente. En Canadá marchó por las calles contra el ALCA en medio de mucha represión y gases lacrimógenos. Berta era incansable en su actitud de resistencia.

Berta estuvo presente en Jubileo Sur en demanda de la anulación de la Deuda Externa y desde el movimiento del Grito de los Excluídos. También vio nacer en Chiapas la Semana por la Diversidad Biológica y Cultural que luego se celebró en el territorio lenca. Esa misma dinámica se repitió con la fundación del Movimiento Mesoamericano contra el Plan Puebla Panamá, y del Encuentro Hemisférico contra la Militarización en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Durante el encuentro contra la militarización en Honduras junto con el COPINH no dejaron de protestar frente a la base militar norteamericana de Palmerola. También participaron en el fundación del Movimiento Mesoamericano contra las Represas que luego se fortaleció en la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR) y luego en el Movimiento de Afectados por las Represas (MAR) de América Latina. Luego se sumó a la fundación del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4). Sin embargo, los pasos de Berta y el COPINH no se quedan aquí, se extiende su presencia en muchos otros movimientos y redes, también feministas y patriarcales.

La lucha de Berta Cáceres es la lucha del COPINH. Y la lucha del COPINH y de los movimientos en América Latina y El Caribe forman parte de la lucha de Berta quienes también la formaron, la sembraron y le dieron vida. Su pensamiento y análisis del sistema y de la estructura capitalista le permitía ver más allá y enlazarse con otras luchas anti sistémicas y anti patriarcales. La lucha de Berta por la defensa del territorio ha llegado a que, junto con el COPINH, sus movilizaciones de resistencia en Honduras han sido de las más impactantes para el sistema. Las grandes familias, gobiernos y otros intereses se abocaron entonces a tratar de minar la lucha de la organización y de Berta misma. Además de represión, asesinatos, amenazas de todo tipo sufridas por el COPINH pero también por otros movimientos sociales de lucha en Honduras, Berta sufrió varios intentos de asesinato. El proceso de resistencia activa del COPINH y de Berta se fue agudizando y confrontándose con el gobierno golpista en 2009 y durante los siguientes años.

Durante la década de 1990 y la primera del presente siglo, en este proceso del aceleramiento de la acumulación del capital, el modelo económico neoliberal empezó a transitar a lo que denominamos el modelo Corporación Nación donde las grandes corporaciones se afianzan en las estructuras del Estado e imponen sus reglas a nivel mundial. Se adueñan de grandes territorios, imponen sus intereses bajo los esquemas de los tratados de libre comercio y generan leyes supranacionales eliminando la soberanía de los pueblos. Esto es lo que actualmente el movimiento social mundial llama la “apropiación corporativa”. El gran capital inicia así otra etapa de extractivismo con megaproyectos como minería, represas, parques eólicos; monocultivos forestales de palma, teca, pino, eucalipto, entre otros; monocultivos agrícolas como la soja, la piña o maíz por mencionar solo algunos; ciudades modelo o Zonas Económicas Especiales en el caso de México; grandes supercarreteras, proyectos turísticos de élite, canales secos, granjas camaronícolas: oleoductos, gasoductos, petróleo, fracking; parques industriales, puertos, aeropuertos y todo tipo de infraestructura que les permita una rápida y rentable apropiación de la riqueza generando economías de enclave. También incluye la economía verde, la venta de créditos de carbono y los proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (REDD+) como el que pretenden llevar a cabo entre el gobierno de California de Estados Unidos y el gobierno de Chiapas y Acre en Brasil. Tanto Berta como el COPINH lograron entender el conjunto de estos megaproyectos para incluirlo en un análisis en torno a la resistencia y defensa de los territorios.

Así, a inicios de la década del 2000 los pueblos en América Latina optaron por modificar sus preferencias electorales y salen a la búsqueda de gobiernos de izquierda, o supuesta izquierda para otros que, tarde o temprano, terminarían sucumbiendo ante la presión del capital y no diferenciando sus políticas extractivistas de los gobiernos de derecha. Por su lado, el movimiento social se ve enfrentado en muchos temas de inflexión a las que tiene que dar respuesta como el tema de su identidad; la relación con los partidos o gobiernos de izquierda, con los movimientos armados ahora convertidos en partidos políticos; o sus alianzas con otros movimientos. También el movimiento social en América Latina se cuestiona sobre la mejor estrategia para enfrentar la disputa por los territorios con las corporaciones. La resistencia activa empieza a desgastar a algunos movimientos y la persecución a los defensores y defensoras de los derechos humanos se agudiza hasta aumentar considerablemente los asesinatos de lideresas y de lideres que ponen trabas al avance de la acumulación de la riqueza por parte de las corporaciones. En este contexto, el COPINH y Berta se encuentran sumergidos en estos dilemas en medio de la lucha frontal contra los intereses de las grandes corporaciones y las familias más ricas del país apoderadas de las estructuras del estado, que arrasan con territorios y pueblos indígenas, asesinando y desplazando comunidades enteras. Este es un ejemplo de cómo la clase empresarial se convierte en la clase política y como la clase política se convierte en clase empresarial. Empresarios que llegan al poder o políticos que se convierten en empresarios en medio de tanta corrupción e impunidad institucionalizadas.

Berta y el COPINH tuvieron que lidiar con la presión que pretendía convertir al movimiento social en partido político como la única salida para cambiar la situación de injusticia en Honduras. Luego del golpe de Estado en 2009, la clase política-empresarial que arrebata el poder acelera la privatizaciones, las concesiones mineras y de represas entre otras políticas de ajuste estructural impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.  La lucha de Berta se intensificó y junto con el COPINH sufrieron fuertes persecuciones, violencia y otros asesinatos de miembros de su organización. A partir del 2013 fortalecen la resistencia contra la empresa hidroeléctrica DESA que pretende inundar grandes extensiones de territorio indígenas lenca y desplazar comunidades enteras en nombre del “desarrollo limpio”. En el proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca, Berta y el COPINH constataron una vez más cómo no solo la gran oligarquía nacional, sino también las empresas transnacionales, los bancos de supuesto desarrollo y los gobiernos extranjeros que los sustentan, son cómplices y participes de los asesinatos y violación en  los derechos humanos por los cuantiosos recursos que destinan a estos mega proyectos que violan los derechos humanos de la población indígenas campesina y garífuna de Honduras.

DE LA RESISTENCIA AL ‘ALTERNATOS’

La organización Otros Mundos AC en Chiapas, México, consideró la necesidad de construir otras formas de vida con criterios diferentes al capital. Que la resistencia activa, si bien hay que hacerla y fortalecerla, también es urgente generar lo que denominó “Alter Natos”. Este concepto le significó mucho a Berta, por lo que el COPINH y Otros Mundos Chiapas se lanzaron a explorar un “Alter Natos” energético, contrario al modelo de supuesto “desarrollo sustentable” que proponen las grandes corporaciones y los gobiernos. Buscar otras formas de generar energía sustentable y autónoma desde la cosmovisión indígena y en particular desde la perspectiva lenca. Sin embargo, buscar salirse del sistema, es lo que tampoco toleró el sistema mismo. Y después de varios intentos, al fin le dieron muerte minutos antes de la medianoche del 2 de marzo de 2016.

Con el asesinato de Berta Cáceres, una vez más constatamos que ni los premios internacionales como el premio Goldman con el que a ella la galardonaron un año antes de su homicidio, ni las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), son garantía para el respeto a la vida frente a la ambición del extractivismo en América Latina, donde no hay prácticamente país en que pueblos y comunidades no estén amenazados por la defensa de la tierra y de los territorios frente a las corporaciones que ahora pretenden fortalecer los mecanismos de acumulación y extracción con nuevas versiones de Tratados de Libre Comercio, por lo que se prevé en el Continente que la ola de persecuciones contra colectivos defensores de los derechos humanos se agudizará, sobre todo porque no solo es la defensa de los territorios indígenas y campesinos, sino también los territorios urbanos afectados por obras de infraestructura urbana y suburbana que merman la salud, el acceso al agua potable, al libre tránsito, al medio ambiente sano de los pobladores urbanos quienes también salen a la calle a exigir que el agua no sea contaminada o para no ser despojados de sus tierras y viviendas.

Fruto de esta disputa por los territorios y por la lucha en defensa de los derechos humanos, las empresas trasnacionales han robado el discurso y reclaman también que sus intereses sean reconocidos como “derechos humanos”. Esta posición absurda de que el negocio tenga derechos humanos es sumamente peligroso. Los movimientos sociales a nivel mundial han reclamado desde hace décadas que sea reconocido que las empresas también violan los derechos humanos de la población, sobre todo en esta ultima oleada de privatizaciones donde tienen en sus manos el agua, la alimentación, la salud, la educación, las semillas y los territorios entre otros factores que garantizan los derechos humanos. En su defensa, las empresas reclaman también ser sujetos de derechos humanos. La lucha ha llegado al grado en que las Naciones Unidas tenga que elaborar un acuerdo vinculante en materia de empresas y derechos humanos.

Si alrededor de la década de 1970, el gobierno de Estados Unidos pudo imponer sus intereses en América Latina promoviendo golpes militares con la ayuda de los militares formados en la Escuela de las Américas de tal modo que aceleraran las políticas de Washington, actualmente estamos viendo el arribo de nuevos golpes de Estado, de gobiernos “democráticos” de derecha desplazando a los supuestos gobiernos de izquierda con el fin de afianzar los intereses de las grandes corporaciones. Los empresarios y el poder de las trasnacionales se afianzan en las estructuras del estado. Y esto no es privativo de América Latina; también se observa en los países llamados desarrollados. Así, las pretensiones de derrocar gobiernos que amenazan los intereses del gran capital se siguen asomando en Brasil, Argentina, Ecuador, Cuba, Venezuela, Bolivia, Honduras o Haití. Y esto, Berta y el COPINH lo han tenido claro de tal forma que lo tradujeron en acciones solidarias con otros movimientos continentales por defender la soberanía de los pueblos.

DESPERTEMOS, HUMANIDAD, YA NO HAY TIEMPO

Hoy por hoy, la lucha por la defensa de la vida no es individual ni local. La defensa de los territorios tiene un impacto global. La afectación a los territorios fruto del extractivismo acelerado en la región manifiesta sus impactos en el cambio climático, la deforestación, la pobreza, la migración, entre otros de alcance y afectación más allá de nuestros respectivos países. Por ello, no hay lucha ambiental ni ecológica que no implique una lucha contra el capitalismo; y quien quiera luchar contra el capitalismo depredador no pude obviar la lucha ambiental a favor del planeta y un mundo donde quepan todos los mundos.

¿Y la Academia? Esta lucha por un mundo mejor no puede ser exclusiva de los pueblos afectados directamente, sino también del sector académico que debe poner sus recursos al servicio y en beneficio de este proceso de reinventar otro mundo distinto. Y con mayor razón cuando muchos de estos recursos siguen siendo públicos. Muchos son los académicos que juegan un compromiso con estas luchas y se vinculan con los movimientos. Pero su ausencia todavía es muy profunda, sobre todo cuando son usados para facilitar el camino al proceso del extractivismo, de la acumulación; cuando el sector académico ha sido cooptado por los intereses cooperativos; cuando los dueños de la academia, de su voluntad y de sus conocimientos son exclusivos de los intereses de las corporaciones. Por ello, con este sector también dialogaba Berta.

No solo fue responsabilidad de Berta, ni lo es del COPINH actualmente, luchar contra este capitalismo voraz y depredador de la vida y del planeta. Es responsabilidad de cada quien desde la trinchera donde se encuentre. En los movimientos sociales debemos incluir en nuestra agenda la búsqueda de nuevas prácticas y realidades diferentes a la dinámica del capitalismo. Es urgente construir “Alter-Natos”.

Hagamos eco del grito de Berta: “¡Despertemos, Humanidad, ya no hay tiempo!”

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

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La Corte Internacional de Justicia de la Haya resolvió el 9 de julio de 2004 que la construcción del Muro israelí en Cisjordania era violatoria a los derechos humanos; que la construcción de colonias israelíes en el territorio palestino también eran ilegales así como todo el sistema de infraestructura relacionado a ellas e incluso el mantenimiento de los mismos asentamientos.

De cualquier manera, Israel inició la construcción del muro un año después en 2005 a lo largo de 273 km para aislar a los campesinos palestinos de sus tierras, del agua, de sus fuentes de trabajo y acceso a servicios básicos como son la salud y la educación, violando sus derechos humanos. Es un muro de segregación, discriminación, división de familias y violencia contra el pueblo palestino. Es el muro donde se han dado fuertes enfrentamientos y conflictos; además de retenes y puestos militares donde los palestinos tienen que hacer largas colas humillantes para poder transitar por su propio territorio ocupado ilegalmente.

Para ello, en una relación estratégica entre el gobierno de Israel y CEMEX, la transnacional se beneficia de la venta de sus productos para la construcción del Muro israelí y de los puestos de control militar en Huwwara y Azzun-Atma. Así, CEMEX no solo viola los derechos humanos y comete crímenes de guerra, sino que también viola tratados internacionales en la materia así como resoluciones de Naciones Unidas (ONU) y tribunales internacionales. Y para más, viola sus propios principios, códigos éticos de conducta que, por ser voluntarias, la corporación no las aplica, de ahí la necesidad urgente de un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos que estipule responsabilidades penales por violar los derechos humanos allende sus fronteras.

CEMEX vende el hormigón y cemento para la construcción de las colonias ilegales de ocupación y para el tren que une a estas colonias de Jerusalén con las de Cisjordania. Más del 60% de la superficie del suelo palestino de Cisjordania está controlada por Israel y ahí es donde se ubica la Zona C y las actividades de CEMEX. En esta zona la invasión con asentamientos ilegales llega a más de 300 mil colonos, además de otros 200 mil asentados en el este de Jerusalén también ocupado por Israel.

CEMEX cuenta con minas en colonias israelíes desde donde les suministra material para la construcción de los asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada como son en Mevo Horon, Atarot y Mishor Edomim; o en los Altos del Golán. La transnacional opera bajo su filial Grupo Readymix Industries (Israel) Ltd. Por medio de ella es el principal productor y proveedor de materias primas para la industria de la construcción en Israel.

Sus plantas se extienden estratégicamente desde Kiryat-Shmona en el norte hasta Eilat en el sur y sus filiales, y representa más de un tercio de la producción de hormigón en Israel. CEMEX produce concreto premezclado, mezclas de mortero, agregados, mezclas químicas, mortero listo y cemento blanco. Además, su subsidiaria Lime & Stone, posee 50% de la cantera de Yatir, cerca de la ciudad palestina de Hebrón, también en Cisjordania, de donde es acusada de extraer materiales sinconsentimiento de los palestinos.

Por todo ello, la aseguradora de Noruega Kommunal Landspensjonskasse (KLP) ha excluido de sus inversiones a CEMEX por ser un actor que prolonga el conflicto y ser “cómplice” del expolio y de la ocupación israelí. Para KLP la actividad de CEMEX en estas tierras ocupadas “representa un riesgo inaceptable de violación de las normas éticas fundamentales”. Esta decisión de KLP se basó en la IV Convención de Ginebra, de otras Resoluciones de la ONU así como de las Regulaciones de La Haya que estipulan que se permite la extracción de recursos naturales de una tierra ocupada si se produce al mismo nivel de antes de la ocupación, y que los beneficios de la extracción se canalicen a la población local o a minimizar los costos de la ocupación.

En 2010, la Asamblea General de la ONU expresó su preocupación por la explotación por parte de Israel “de recursos naturales palestinos” e instó a Israel a “no explotar, causar pérdidas o poner en peligro dichos recursos”. Sin embargo, CEMEX continuó con su actividad extractivista. Luego, en 2013, la transnacional fue eliminada de la cartera de inversiones de Nordea, que es el mayor grupo de servicios financieros de la región Báltica, con sede en Estocolmo, por “violación de los derechos humanos y extracción de recursos no renovables de un territorio ocupado”.

Pero también enfrenta Cemex otros conflictos como los problemas en 2017 con su proyecto minero de caliza en Maceo, Antioquia, Colombia, enturbiado de corrupción y fraude.

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Cemex carga con conflictos mineros a lo largo de su historia, pero también campañas en su contra, acusaciones de tráfico de influencias, especulación de deuda y divisas y problemas diversos en muchos países. Cementos Mexicanos se ha convertido en una de las principales corporaciones transnacionales cementeras por debajo de Holcim (Suiza) – Lafargue (Francia) quienes se fusionaron en 2015 para convertirse en el puntero del emporio cementero en el mundo.

Desde su sede central en la Ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México, Rogelio Zambrano Lozano, como Presidente del Consejo Directivo (nieto del fundador de CEMEX), dirige este emporio minero y cementero que se expande por muchos países del mundo, hasta en la construcción de los muros israelíes contra los palestinos.

Como corporación transnacional, CEMEX, S.A.B. de C.V. (Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable), o Cementos Mexicanos, o más conocida solo como CEMEX, ocupa el segundo lugar mundial en ventas de cemento y clinker, y es la principal empresa productora de concreto premezclado. El cemento es el material de construcción más utilizado en el mundo y es el ingrediente principal del concreto premezclado. Este fino polvo se obtiene de la calcinación a 1,450°C de la mezcla de arcilla, piedra caliza y mineral de hierro que da como resultado el clinker, principal ingrediente del cemento. Así dos condiciones son indispensables para esta transnacional: grandes cantidades de energía, y por otro lado la apropiación de grandes territorios con proyectos mineros.

CEMEX cuenta con 50 mil empleados en el mundo y con una capacidad de producción de aproximadamente 92.9 millones de toneladas anuales devastando miles de hectáreas con sus proyectos mineros. Genera alrededor de 15 millones de dólares de ventas netas en los últimos años, cantidad que supera el Producto Interno Bruto (PIB) anual de más de 60 países del mundo, sobre todo de la región africana.

La transnacional cuenta con 68 plantas de cemento, 2 mil instalaciones de concreto premezclado, 400 minas de canteras, 260 centros de distribución y 80 terminales marinas.CEMEX mantiene relaciones comerciales en aproximadamente 108 naciones y está presente en más de 50 países en América, Europa, África, Medio Oriente y Asia. Su presencia comercial se extiende a países como Alemania, Argentina, Austria, Bangladesh, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Indonesia, Israel, Jamaica, Letonia, Malasia, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rusia, Suecia, Suiza y Tailandia, entre otros países. Cuenta con subsidiarias en Puerto Rico, España, Estados Unidos, Australia, Singapur, Reino Unido y Holanda.

La industria cementera es una de las más contaminantes del mundo y cuyo impacto territorial es enorme. Pese a sus fuertes pasivos sociales y ambientales, intenta luchar por una imagen del cuidado del medio ambiente, industria verde, sustentable, que cuida y promueve la biodiversidad que aniquila con sus minas, y con un discurso de responsabilidad social corporativa.

Pese a todo ello ha recibido el reconocimiento “Wharton Infosys Business Transformation Award”, por su uso creativo y eficiente de las tecnologías de la información (2004); el Premio de Negocios del Mundo del Programa de Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (2006); el Premio “The Corporate Citizen of the Americas Award 2007” por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través del “Trust for the Americas” (2007); el Premio de Negocios del Programa de Asentamientos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (UNhabitat) en la categoría de Soluciones Accesibles de Vivienda (2009).

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