T-MEC y Corredor Transístmico, partes de política expansionista de Estados Unidos: APIIDTT

Compartimos este pronunciamiento de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) publicado en la web de Educa Oaxaca sobre el T-MEC – A 1 de julio de 2020

En el marco de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hoy 1 de julio, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) expresa su “preocupación ante la ola de violencia que azota nuestra región vinculada a la imposición de los megaproyectos y las poĺiticas extractivistas del gobierno mexicano”. Han reflexionado sobre la imposición de corredores multimodales en el mundo y “vemos con mucho peligro el hoy llamado Corredor-Tren Transistmico/Interoceánico, proyecto histórico que desde mediados del siglo XIX planteo utilizar la posición geoestratégica del Istmo Mexicano como nodo comercial para el comercio global, esto como parte del proyecto expansionista de EEUU”. Con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), teniendo en cuenta otros tratados importantes vigentes que se han modernizado este 2020. como el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea “cimientan los marcos jurídicos para usar la fuerza por derecho en la imposición de los megaproyectos en México”, advierte APIIDTT. Por su parte, la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) invita a la “Jornada de Lucha contra el T-MEC y los megaproyectos, Tren Maya y Corredor Interoceánico”.

Boletín de la APIIDTT aquí.

Imagen: Educa Oaxaca

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Con el T-MEC se profundiza el modelo extractivo minero

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de julio de 2020

El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción o por sometimiento  por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras, participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.

En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:

“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).

“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)

Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.

Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticas voluntarias de responsabilidad social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)

Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias.En este punto, es importante tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita para las empresas canadienses. Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica

(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34 demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina por ser el más demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por $16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de Baja  California Sur,  en donde este  proyecto tendrá un impacto   devastador sobre la biodiversidad,   la

pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de demandas en los tribunales internacionales del TMEC.

Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company[1], la principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500 millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años[2]. Cabe mencionar los estrechos lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y 2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo  acciones de 300 mil dólares en la empresa lo que representa un claro conflicto de interés[3]

Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.

¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Internet

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VIDEOS: La Cumbre de los Pueblos #FueraOMC Construyendo Soberanía en Buenos Aires

Del 11 al 13 de diciembre, cientos de hombres y mujeres de todo el mundo reunidos dentro de la Confluencia “Fuera OMC” levaron a cabo la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC-Construyendo Soberanía” en Buenos Aires, en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) recibida por el presidente Mauricio Macri en la capital argentina.

“Creemos que es muy importante esta confluencia que venimos organizando desde hace varios meses con muchísimas organizaciones sociales, ambientales, sindicales, docentes y de todo tipo, porque ante la apertura neoliberal que está sufriendo nuestro país, es necesario que nos organicemos. Creeemos que la venida de la OMC a Argentina es una muestra del rumbo que va a tomar en los proximos años, especialmente conociendo que el proximos años recibiremos el G20″, explica Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina, en un video publicado hoy por la Confluencia.

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En la víspera de su apertura oficial, la Cumbre organizó el festival “Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida” el 10 de diciembre, primer día de la Reunión Ministerial. Los participantes, reunidos en la Plaza de los Congresos, leyeron la Declaración de la Confluencia, firmada en junio 2017 por más de 250 organizaciones y personalidades incluyendo Otros Mundos A.C.: “Veinte años de tratados de ‘libre’ comercio (TLC) en la región muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los privilegios corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente. Frente a esto, es hora de avanzar en las alternativas sociales, políticas, económicas, feministas y ambientalistas que pongan fin a la impunidad corporativa, den primacía a los derechos humanos y garanticen la armonía con el medio ambiente.”

La Cumbre fue un espacio de formación políticia intensa y de contra-propuestas ante las decisiones neoliberales tomadas en la Reunión Ministerial. Se organizaron decenas de ponencias y debates en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en una serie de foros y seminarios paralelos, como el Foro “Soberanía Sanitaria: El impacto del Neoliberalismo sobre el Derecho a la Salud”, el Foro Feminista Frente al Libre Comercio, el Foro “Derechos y Soberanía frente al Libre Comercio, la Deuda y el Poder corporativo” o el Foro “Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética”, entre otros. (Ver el programa completo aquí)

“Para nosotros la Cumbre Fuera OMC es muy importante porque la OMC forma parte de la arquitectura que está asegurando la impunidad de las empresas transnacionales”, explicó Monica Vargas, miembro de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, en otro video realizado por la Confluencia.

“Estamos creando un movimiento de solidaridad transnacional para enfrenter el poder transnacional”, agregó la activista, cuya Campaña estuvo presente en octubre en Ginebra, Suiza, para presionar a los países miembros de la ONU durante su tercera ronda de negociaciones hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. La Campaña había presentando su propia propuesta de texto, que incluía entre otro la creación de una “Corte Internacional sobre las Empresas Transnacionales y sus Directivos” y un “Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas Transnacionales”, y espera será tomada en cuenta durante la próxima ronda de negociaciones en marzo 2018. (Leer la propuesta completa aquí)

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El 12 de diciembre en la tarde, la Confluencia organizó una gran marcha pacífica en las calles de Buenos Aires desde la Plaza de los Congresos. “Nuestra movilización fue masiva y diversa expresando voces que surgen desde la sociedad civil y no acuerdan con las políticas económicas que busca constantemente instalar organizaciones como la OM”, declaró la Conflluencia en su página Facebook después de la marcha.

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La Confluencia denunció que la Policía intervinó, reprimió y detuvo a manifestantes. El 13 de diciembre, seguían detenidas tres personas: “lxs detenidxs son un docente de SUTEBA Escobar, una integrante de la Defensoría de Géneroa y un hombre en situación de calle”, informó la Confluencia. “La otra novedad del estado de excepción del macrismo fue bloquear el paso a las abogadas e intentar impedirnos el ingreso a la comisaría para atender a nuestrxs defendidxs. Aflojaron ante la amenaza de denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y por negar el derecho a la defensa”, agregó la Confluencia.

Fotos de la marcha y la represión policial del 12 de diciembre en Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)

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Reunión de la OMC en Buenos Aires: Porqué los pueblos dicen “¡Fuera OMC!”

I Was Banned From The WTO For Defending People’s Rights (Alberto Villareal)

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos “#FueraOMC – Construyendo soberanía”

 

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos “#FueraOMC – Construyendo soberanía”

Compartimos esta declaración de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – construyendo soberanía” – Buenos Aires, Argentina, a 13 de diciembre 2017

La Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC, construyendo soberanía” se reunió los días 11, 12 y 13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, frente a la realización de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en esta ciudad.

Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de pueblos originarios, de mujeres, territoriales, anti-extractivistas, de derechos humanos, entre otras, de todo el planeta que conformamos la Cumbre de los Pueblos reafirmamos nuestro rechazo a las políticas de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC refleja los intereses del capital transnacional más concentrado que pretende eliminar barreras a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Se trata de una organización que sólo toma en cuenta las necesidades del capital, ayudando a reproducir las relaciones capitalistas de explotación y saqueo. Estas políticas afectan derechos históricamente conquistados por la lucha de los pueblos del mundo.

Las transnacionales actúan bajo el amparo de la Arquitectura de la Impunidad, la cual incluye al sistema de la Deuda, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y de protección de inversiones y organismos multilaterales como la OMC. Estos generan una globalización en función de su afán de lucro. En este contexto, la Deuda pública se ha configurado en una herramienta privilegiada de la expansión capitalista de concentración, desigualdad y opresión. Subordina el modelo productivo y de consumo a la necesidad de pagar los intereses cada vez mayores. Nos comprometemos a trabajar para develar las repercusiones que la Deuda conlleva en las múltiples resistencias, denunciando su carácter ilegítimo, evidenciando quién realmente debe a quién y construyendo un horizonte de transformación y esperanza, asumiéndonos como Pueblos Acreedores de deudas no únicamente económicas, sino también sociales, históricas, ecológicas, democráticas, de género, entre otras. Necesitamos seguir construyendo desde las luchas de los pueblos para avanzar en este proceso, incluyendo acciones como las auditorías integrales y ciudadanas de la Deuda, tribunales éticos y consultas populares, entre otras estrategias.

Frente al poder corporativo, que protagoniza el despojo por parte de las transnacionales en los territorios, nos comprometemos a globalizar las luchas y seguir fortaleciendo los lazos y articulaciones. Debemos seguir peleando por lograr un tratado internacional que vincule las empresas transnacionales al respeto de los derechos humanos. Debemos disputar el espacio legislativo y judicial, denunciando cómo las leyes se violan, se tuercen, se malinterpretan y adaptan ante el interés de las transnacionales. Debemos mantener la autonomía de los movimientos sociales en relación a los gobiernos, señalando nuestra solidaridad con Pueblos, comunidades y organizaciones perseguidas y reprimidas.

La liberalización de los flujos comerciales y financieros impacta en forma diferencial la vida cotidiana de las mujeres y profundiza las desigualdades y la pobreza, ampliando el desempleo, la informalidad y financierizando compulsivamente nuestras vidas, profundizando así todas las formas de violencias patriarcales. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, gays, no binaries, afroargentinas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, refugiadas, indígenas, negras, campesinas, trabajadoras autogestionadas reunidas en el foro y gran Asamblea Feminista frente al libre comercio estamos afirmando nuestra lucha antipatriarcal, antirracista y anticapitalista.

Por ello expresamos nuestro rechazo a la Declaración de la OMC sobre Libre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, por estar basada en afirmaciones falsas y en una visión reduccionista del empoderamiento económico de las mujeres. La evidencia proporcionada desde la Economía Feminista muestra que los procesos de liberalización comercial han resultado perjudiciales para la mayoría de las mujeres. Las reglas comerciales que promueve la OMC amenazan los medios de vida de las mujeres urbanas, campesinas, indígenas, afro y quilombolas, favorecen la desposesión de sus territorios, restringen el acceso de las mujeres a políticas públicas de acceso al agua, salud, educación y un largo etcétera, limitan el acceso a bienes básicos esenciales como los medicamentos, y promueven formas productivas basadas en la carrera hacia la baja de todos los estándares laborales, salariales y de protección social, lo que nos afecta especialmente. Repudiamos el uso político de nuestras luchas y reivindicaciones para salvar una cumbre fracasada.

¡No en nuestro nombre!

Los acuerdos de la OMC impiden el acceso a los derechos de los y las migrantes trabajadores y sus familias. La excluyente prioridad de valorizar el capital fomenta la explotación laboral de los y las migrantes. La búsqueda de más inversión extranjera da pie a la firma de tratados comerciales que impulsan la globalización y los flujos de capitales, mientras que se criminaliza y se pone en tela de juicio la movilidad de las personas en el mundo.

El reconocimiento de la migración como un derecho humano (nacional, regional y global), abre el espacio para debatir la libertad de transitar los territorios y la construcción de una ciudadanía universal. Para que este derecho se cumpla, es importante fomentar la participación política y de economías sustentables, solidarias e independientes que conlleven al desarrollo local y regional de las comunidades migrantes.

La OMC y los TLC avanzan en la conversión de nuestros alimentos en mercancías. Esto ha provocado la mayor crisis alimentaria que haya sufrido la humanidad. Actualmente más del 50% de los habitantes del mundo sufren hambre, malnutrición o son parte de la epidemia de obesidad y sobre peso que enfrentamos. Al mismo tiempo estas políticas apoyan la destrucción, acaparamiento y contaminación de nuestros territorios y expulsan a comunidades indígenas y campesinos de los mismos, poniendo en riesgo la continuidad cultural. El agronegocio, junto con la extracción indiscriminada de combustibles fósiles, son los principales responsables de las dos crisis socioambientales más importantes que vivimos hoy: la crisis climática y la extinción masiva de la biodiversidad.

Frente a esta situación, impulsamos la Soberanía Alimentaria que va de la mano de la producción agroecológica campesina, donde las semillas son entendidas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Proponemos reformas agrarias integrales y populares, mercados locales y fundamentalmente la voz de las campesinas y campesinos como protagonistas de las políticas que se impulsen.

La OMC y los TLC se esconden detrás de la máscara de “alternativas verdes”, pero en definitiva solo sostienen el modelo extractivista, con énfasis en la minería y en la extracción de combustibles fósiles. En esta lógica, el agua es considerada una mercancía y no un Derecho Humano. Sabemos que no hay alternativa para la vida en el planeta dentro del capitalismo, que no solo nos explota sino también contamina y mata. Para poder superar estas contradicciones promovemos las alternativas populares, como el “buen vivir” propuesto por distintos pueblos indígenas; el eco-feminismo; el eco-socialismo; y prácticas concretas como la soberanía energética, la agroecología y la permacultura que pueden transformarse en alternativas sistémicas al capitalismo si son aplicadas no de manera individual, sino como una política general.

Estas experiencias enmarcadas en la economía popular, la social y la autogestiva son manifestaciones de la supervivencia de los pueblos pero al mismo tiempo son resistencia a los designios de la racionalidad capitalista. Utilizando los medios de producción a disposición de los trabajadores y trabajadoras, y a su vez reclamando por nuestros derechos es que podemos pensar en construir espacios de poder para disputar el modelo hegemónico. Desde esta perspectiva es que entendemos el rol de las experiencias productivas sin patrones, desde la marginalidad y desde una profunda identificación de clase para construir las alternativas. Depende de nosotras y nosotros continuar en una economía capitalista de pobres o avanzar en la construcción de un proyecto alternativo. No solo se trata de luchar por el poder para conseguir la sociedad que queremos sino también de ir construyendo los caminos que nos acerquen a ella. Reclamando al Estado lo que es nuestro mientras que consolidamos un poder alternativo basado en una economía desde y para los pueblos.

El libre comercio atenta contra el derecho a la salud y precariza los sistemas de salud públicos, provocando graves consecuencias sobre la vida de las personas. La salud y los medicamentos no deberían ser materia regulada por la OMC, ya que la salud es un derecho humano, no un negocio; y los medicamentos son un bien social y no una mercancía. Los acuerdos comerciales de la OMC nunca responderán a las necesidades de salud pública. Este énfasis en los intereses del mercado y en detrimento de la salud pública favorece a los capitales trasnacionales, quienes a través de precios extorsivos e injustificados impuestos por las grandes compañías farmacéuticas desembocan en enfermedad, desesperanza y muerte para los pueblos.

Por ello la soberanía sanitaria implica sostener modelos de salud pública que garanticen la primacía del interés público y la justicia social. En ese sentido, exigimos la suspensión del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC) de la OMC para tecnologías de salud; rechazamos toda disposición de acuerdo comercial que afecte negativamente el acceso a medicamentos, como el Tratado entre Unión Europea-Mercosur; discutimos nuevos modelos de I+D (Investigación y Desarrollo) que promuevan tecnologías libres y accesibles para todos los pueblos, independientemente en qué país o región vivan, cuyos resultados (datos, procesos y productos) sean considerados bienes comunes.

El libre comercio y la OMC promueven un conjunto de iniciativas que intentan convertir a la educación en un bien comercializable, permeado por diferentes lógicas mercantiles y privatizadoras que presentan mayores o menores grados de visibilidad. Así, los derechos sociales y educativos son amenazados por la lógica del mercado, los derechos de propiedad y del capital y, de este modo, la educación pasa a constituirse en un servicio comercializable.

En cambio, la soberanía educativa constituye el derecho que tenemos como pueblos a la autodeterminación de cómo nos queremos educar, con qué valores, de qué manera. En medio de la crisis civilizatoria que atravesamos, proponemos formatos educativos alternativos, formas de participación más horizontales, contenidos y valores que expresan alternativas políticas y sociales.

Las políticas de libre comercio no serían posibles sin un fuerte aparato de seguridad y represión que acompaña la implementación de las políticas de austeridad. El aumento de bases militares a nivel global refleja esta situación, así como el uso de la fuerza policial al interior de los Estados nacionales. La militarización implica el genocidio y silenciamiento de pueblos enteros en pos de las necesidades del gran capital. Exigimos el retiro de las tropas de Haití. Exigimos la liberación y descolonización de Palestina, el fin del régimen de Apartheid, adherimos al Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción y manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la decisión unilateral de los EEUU de reconocer a Jerusalén como capital del Estado sionista de Israel.

La alternativa al militarismo y la guerra perpetua que es el imperialismo en todas sus formas, especialmente en su forma de sionismo, es la resistencia en creciente unidad de los pueblos y los Estados. El imperialismo es una de las principales causas de las guerras del mundo, de la carrera armamentista, del genocidio, la tortura, la mentira de masas, la acción psicológica terrorista, los asesinatos selectivos y las masacres de población civil, la formación y actuación de fuerzas paramilitares terroristas como ISIS.

Hacia el 2018, la Cumbre de los Pueblos hace un llamamiento a todos los pueblos del mundo a movilizase contra la Cumbre Presidencial del G-20 que tendrá lugar en Buenos Aires en 2018. El G-20, al igual que la OMC y todos los TLC, sólo refleja la sed de lucro de las empresas y no las necesidades de los pueblos. No es casual que tanto la OMC como el G-20 se realicen en Argentina: este país quiere mostrarse como un líder regional en la liberalización comercial. Por ello, la movilización de nuestros pueblos es crucial. Somos nosotras y nosotros quienes debemos alzar la voz y hacer que nuestras propuestas alternativas a la crisis climática y civilizatoria sean escuchadas.

Asimismo, llamamos a construir un paro internacional de mujeres para el próximo 8 de Marzo desde una visión amplia del trabajo que tenga en cuenta nuestras realidades heterogéneas. No habría capitalismo sin el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.

Las organizaciones y movimientos de la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC convocamos a la continuidad de las luchas de resistencia a la presente ofensiva del capital internacional contra los derechos de los pueblos, en la construcción colectiva de la edición del Foro Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil, del 13 al 17 de marzo. ¡Resistir es crear, resistir es transformar!

La resistencia global se ha hecho ver y escuchar en Buenos Aires. Una vez más, adonde vayan los grandes foros globales, los esperará la resistencia de los pueblos en pie y luchando por sus derechos.

¡Fuera OMC! ¡Fuera G-20!

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Asamblea de los Pueblos

Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC, construyendo soberanía”

Más información:

VIDEOS: La Cumbre de los Pueblos #FueraOMC Construyendo Soberanía en Buenos Aires

 

Reunión de la OMC en Buenos Aires: Porqué los pueblos dicen “¡Fuera OMC!”

En junio 2017, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra firmamos la Declaración “Los pueblos nos ponemos de pie frente a la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires” en el marco del Encuentro Nacional contra la OMC organizado en la capital argentina. LLamábamos a relizar una Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la OMC que está teniendo lugar ahora (10-13 de diciembre) en dicha ciudad, para fortalecer “la articulación de la resistencia contra el llamado ‘libre comercio’ que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza”, “visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial”.

Hoy, segundo día de la Conferencia y primer día de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – Construyendo Soberanía”, les compartimos un artículo de Leandro Morgenfel, co-coordinador del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) de Estudios sobre Estados Unidos y miembro de la Confluencia “Fuera OMC”, para entender la situación:

¿Por qué decimos NO a la OMC?

Por primera vez, la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio se hace en América del Sur. Las grandes corporaciones trasnacionales van a intentar imponer sus intereses. En paralelo, organizaciones sociales y políticas de todo el mundo nos movilizamos en Buenos Aires para rechazar la agenda de la OMC y debatir sobre las alternativas.

¿Qué es la OMC?

Al final de la Segunda Guerra Mundial surgieron nuevas instituciones multilaterales. En 1948, se estableció el Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT por sus siglas en inglés), que funcionó hasta 1994. Sus sucesivas rondas de negociación promovieron reglas para liberalizar el comercio de manufacturas, pero no el de bienes agrícolas y servicios. En efecto, se disminuyeron progresivamente las tarifas y barreras comerciales a escala global. En la Ronda Uruguay (1986-1994), corporaciones farmacéuticas y agropecuarias, entre otras, presionaron para incorporar nuevos temas comerciales. Se creó una nueva institución, la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Surgida en el particular contexto de la posguerra fría, la OMC fue el marco para garantizar que el proceso de acumulación del capital, tras el derrumbe del llamado “mundo socialista”, operara a escala planetaria. Paralelamente, estos temas se fueron incorporando en los nuevos acuerdos de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Hoy, la OMC está compuesta por 164 de los cerca de 200 países existentes. Su actual director general es un brasilero, Roberto Azevedo, pero la máxima autoridad del organismo es la Reunión Ministerial que se realiza cada dos años.

La XI Reunión Ministerial se realiza en Buenos Aires, Argentina, entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017. Allí, las grandes corporaciones de los países centrales pretenderán relanzar esta institución, luego de la parálisis de los mega-acuerdos regionales, generada, en parte, tras el Brexit y la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Intentarán que se dé por clausurada la Ronda de Doha, conocida como Ronda del Desarrollo, que se inició en 2001; también procurarán introducir nuevos temas en la agenda.

Más allá de estos objetivos, en la cumbre de la OMC se expondrán las contradicciones internas: por un lado, las críticas de Trump, que prefiere los acuerdos bilaterales y expresó su desdén hacia la OMC y otros organismos multilaterales; por el otro, las demandas de los países menos desarrollados, que no quieren dar por muerta la Ronda del Desarrollo; y, frente a ellas, las de las organizaciones sociales y políticas que proponen agendas alternativas.

A la vez que las corporaciones trasnacionales promovieron sus intereses en esta institución global, emergieron resistencias. En noviembre de 1999 se produjo la famosa “Batalla de Seattle”, más de 40 mil manifestantes bloquearon la reunión ministerial, iniciando el movimiento por la alter-globalización. Cuatro años más tarde, en Cancún, hubo enormes protestas de organizaciones sindicales, ecologistas y campesinas, lideradas por La Vía Campesina, que lograron que colapsara la ministerial. Allí, los gobiernos de países no centrales, muchos de ellos perjudicados por los subsidios agrícolas de Estados Unidos, Europa y Japón, entendieron que antes que conseguir un mal acuerdo era mejor que no hubiera ninguno.

Ante la parálisis de las negociaciones multilaterales, las potencias impulsaron los tratados mega-regionales, que incorporan nuevos temas como la llamada “coherencia regulatoria”: ningún país miembro podría establecer una nueva regulación sin acordarla con los demás, afectando así la capacidad de los estados de desplegar políticas públicas, ya sea en materia laboral, medioambiental, de salud o educación.

En la XI Reunión Ministerial de la OMC, uno de los tópicos centrales será el de comercio electrónico. Como bien señalan Francisco Cantamutto y Mariano Treacy en un reciente artículo, “… la OMC busca abrir una nueva frontera de negocios como salida -siempre precaria- a la crisis global”. De la mano de la revolución tecnológica en curso, las grandes multinacionales pretenden que la OMC en Buenos Aires sea sede de una globalización “recargada” donde se consolide la regulación de los “nuevos temas” como el comercio de servicios o la propiedad intelectual. En este sentido, uno de los puntos más peligrosos en curso es que se busca lograr una suerte de desregulación preventiva del comercio electrónico y del tráfico de datos.

Deborah James, coordinadora de la red Nuestro mundo no está en venta, explicó en un detallado análisis de la Ministerial de Buenos Aires de qué manera la agenda que intentan imponer los países ricos en la OMC refuerza las asimetrías a nivel global, en detrimento de los países menos desarrollados, a la vez que limita la posibilidad de que estos últimos, a través de políticas regulatorias, reduzcan esas diferencias. En su artículo “Malestar en el libro comercio”, Clara Weinhardt y Fabian Bohnenberger explican las crecientes impugnaciones a la liberalización que promueve la OMC, “…la oposición pública frente a la liberalización del comercio en muchas sociedades occidentales se alimenta de la preocupación por su efecto en el proceso democrático de formulación de leyes, en especial si los acuerdos comerciales conducen a una erosión de las ‘regulaciones sociales’ tales como la protección al consumidor y los estándares laborales y medioambientales. Mientras tanto, en muchas regiones de países en desarrollo –como América Latina–, la preocupación por la privatización y la desregulación ya había conducido previamente a una crítica de la agenda de globalización neoliberal en respuesta al desempleo creciente”.

La resistencia en Buenos Aires

Este año se conformó en la Argentina la Confluencia Fuera OMC, integrada por organizaciones y redes sociales, sindicales, de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, políticas, campesinas y anti-extractivistas que hace años rechazamos los acuerdos de libre comercio. Lo hicimos con el ALCA, hasta su derrota en 2005, y con los que se vienen negociando en los últimos años: Mercosur-Unión Europea, Transatlántico (TTIP), Transpacífico (TTP) y de Servicios (TISA).

El 24 de junio de 2017, se realizó en Buenos Aires el primer Encuentro Nacional para promover la Semana de Acción Global contra el libre comercio, que está teniendo lugar ahora mismo en la capital argentina, en forma paralela a la ministerial de la OMC. En julio, se dio a conocer nuestra primera Declaración, a la cual adhirieron numerosas organizaciones y redes de diversos países:

“Llamamos a los pueblos del mundo a movilizarse en el marco de la XI Reunión Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Argentina entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017. Para ello, convocamos a realizar una Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Buenos Aires que colabore en la articulación de la resistencia contra el llamado ‘libre comercio’ que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza, y que avance en visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial.

Entendemos que la lucha contra la OMC es global y lleva una rica historia de movilizaciones y articulaciones, ya que esta institución representa los intereses de las empresas transnacionales y no los derechos ni las necesidades de los pueblos. Un hito en el proceso de descrédito ha sido la movilización de las organizaciones sociales que en 1999 pusieron en evidencia los impactos negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reunión de la OMC en Seattle, Estados Unidos, y que inspiró a un amplio movimiento de resistencias anticapitalistas en todo el planeta. Cuatro años después, la gran movilización popular durante la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún también significó un avance en la resistencia contra la agenda del gran capital transnacional.

Pretendemos, asimismo, que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter regional, sumándose en la recuperación de nuestra valiosa historia de organización social y política contra las múltiples formas de dominio que fue adquiriendo el capital en los últimos años. 
La lucha contra el ALCA fue un proceso destacado de articulación continental, y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata, en 2005, habilitó avances importantes en la discusión de alternativas de integración. Más de diez años después, es necesario que volvamos a juntar nuestras luchas para movilizarnos contra la libertad corporativa y los privilegios de los inversionistas en la región. La libertad debe ser para las personas: la libertad de movilidad para los trabajadores, y no para los empresarios e inversionistas que especulan con nuestras riquezas sociales y naturales. En este contexto debemos discutir nuevamente la cuestión de las alternativas populares y la urgente necesidad de avanzar en proyectos que construyan nuevas formas de relaciones entre nuestros pueblos, que sean solidarias y complementarias” (..)

El 30 de septiembre se hizo un segundo encuentro y se lanzó la Confluencia Fuera OMC, que organiza ahora el Encuentro de los Pueblos contra el libre comercio y por las alternativas (11 y el 13 de diciembre) en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, e impulsa las movilizaciones que se realizarán durante esos días en la ciudad.

Recogiendo las mejores tradiciones de coordinación de las luchas globales, la Campaña está llamando a recuperar el espíritu de Mar del Plata, y de anteriores batallas, como la de Seattle y Cancún. Aquella lucha contra el proyecto hegemónico con el cual Estados Unidos pretendía consolidar su dominio continental, se ganó hace casi 12años.

>> Programa <<

Domingo 10 de diciembre. Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, tomó la palabra durante el Festival “Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida” en la Plaza de los Congresos, Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)

Lunes 11 de diciembre. Cecilia Olivet, de Transnational Institute (TNI), durante el Foro “Derechos y soberanía frente al libre comercio, la deuda y el poder corporativo” en el marco de la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC-Construyendo Soberanía”

Frente a la OMC y al G20: Foro Mundial del Pensamiento Crítico

La lucha contra la ministerial de la OMC atraerá la atención mundial hacia Buenos Aires; la Cumbre Presidencial del G20, que el presidente argentino Mauricio Macri insistió en que se realizara en la Argentina, también.

En 2016, se repudió la visita de Obama a la Argentina, que coincidió con el 40 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Más allá de las masivas movilizaciones promovidas por los organismos de derechos humanos, hubo que soportar el enorme embelesamiento de la prensa hegemónica local con la familia Obama. Con Trump, la situación no será igual: si sobrevive a las iniciativas para realizarle un juicio político y todavía es presidente a mediados de 2018, visitará la Argentina para asistir a la Cumbre Presidencial del G20. Allí va a enfrentar en las calles concentraciones similares a las que se produjeron en Mar del Plata, durante la IV Cumbre de las Américas, en noviembre del 2005, con las consignas No al ALCA y Fuera Bush de Argentina y América Latina.

Enfrentamos grandes desafíos. Tanto los defensores de la globalización neoliberal como los nuevos líderes xenófobos de las potencias centrales defienden a los intereses de las grandes corporaciones. La llegada de Trump a la Casa Blanca es un gran peligro. Sus iniciativas misóginas, xenófobas, anti-obreras, plutocráticas, militaristas, injerencistas y contra cualquier protección del medio ambiente son una amenaza para el mundo entero, pero a la vez una oportunidad, por el rechazo que genera, para retomar el debate sobre nuevas agendas y estrategias, con una perspectiva antiimperialista y anticapitalista. También, para ampliar la coordinación y cooperación políticas, confluyendo con las organizaciones populares que lo enfrentan en Estados Unidos.

Trump expresa descarnadamente el afán de dominio imperial de Estados Unidos sobre Nuestra América. Y eso puede incrementar aún más el rechazo a la subordinación claudicante que proponen las derechas regionales como único camino posible. Pero esto, de ninguna manera, debe llevarnos a abrazar la estrategia neoliberal que, en contra del discurso de Trump, edulcora y promociona una agenda corporativa que sólo beneficia al 1% que concentra cada vez más riquezas a expensas del resto de la sociedad y de la depredación de los bienes comunes de la tierra. Más “libre comercio” no equivale a más desarrollo, ni a menos pobreza ni a menor desigualdad. Las opciones que nos ofrecen los defensores de la OMC y los críticos como Trump son en realidad funcionales a distintas fracciones de las clases dominantes de los países centrales. Frente a ese escenario, la salida no es optar por esa falsa disyuntiva, ni limitarse a aceptar meras reformas cosméticas de la OMC, sino avanzar en la construcción de un orden social menos desigual y depredatorio.

El gran desafío para las izquierdas, los movimientos populares y las fuerzas progresistas, es articular las luchas globales, regionales y nacionales –”pensar global y actual local”-, y ofrecer una alternativa favorable a nuestros pueblos y a la preservación de los bienes comunes de la tierra. La lucha contra los mega-acuerdos de libre comercio y la agenda pro corporaciones que promueven las potencias en la OMC y el G20 es una oportunidad para coordinar con las organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, migrantes, LGBT y de derechos humanos que resisten en todo el mundo.

En noviembre de 2018 se realizará también en Buenos Aires el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, impulsado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Esa cita, sin lugar a dudas, será un acontecimiento histórico, no sólo para enfrentar la ofensiva del capital contra el trabajo a escala global sino para avanzar en la construcción de nuestras agendas alternativas.

Más información:

La página web de la Confluencia “Fuera OMC”

Argentina: Carta a Macri tras su decisión de excluir a activistas y expertos de la Conferencia de la OMC en Buenos Aires

Nuestra América XXI, Desafíos y Alternativas – con artículos sobre la OMC en Argentina

Trump llega a México para renegociar el TLCAN con un programa ambiental xenófobo y vacío

Boletín de prensa conjunto de Amigos de la Tierra Estados Unidos y Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 1º de septiembre 2017

WASHINGTON, D.C. – La segunda ronda de negociaciones secretas hacia un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abre hoy, primero de septiembre, en la Ciudad de México.

Pueden consultar también nuestro artículo “Las diez maneras en las que el nuevo TLCAN de Trump amenaza a la gente y al planeta”

Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, hizo el siguiente pronunciamiento:

El TLCAN ha sido un desastre para el planeta. Y también para toda la gente de América del Norte, en particular para los Mexicanos. Pero no podemos confiar en Donald Trump para renegociar el TLCAN por dos razones. La primera es que Donald Trump es el más indignante negador del cambio climático y difamador de defensores del medio ambiente en el mundo. La segunda es que por sus vergonzosos prejuicios xenófobos hacia los Mexicanos, no es moralmente apto y es incapaz de negociar un tratado justo.

Donald Trump se ha referido a los inmigrantes Mexicanos en Estados Unidos como “bad hombre”, o “hombres malos”. Quiere construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, considerado como un “monumento racista”, y con razón, por muchos Mexicanos, incluso por el expresidente conservador Vicente Fox. Y Trump quiere que México pague por dicho muro. Además, Trump ha prometido castigar financieramente las ciudades santuarios como Los Angeles,  Denver y Austin que buscan proteger a los inmigrantes de México y otros países de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos que encarcelaron y deportaron cruelmente a madres que tienen sus hijos viviendo legalmente en el país, a mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica, a niños supuestamente protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), entre otras víctimas. La lista de sus políticas y declaraciones xenófobas sigue y sigue.

Michelle Chan, vice-presidenta de Amigos de la Tierra Estados Unidos, hizo el siguiente pronunciamiento:

Donald Trump es incapaz de negociar un nuevo TLCAN basado en la justicia ambiental para los pueblos sin distinción de raza, color, o nacionalidad. Necesitamos un nuevo TLCAN que corrija sus reglas injustas que favorecen las industrias contaminantes las gigantes corporaciones multinacionales por encima de los pueblos y el planeta. Pero no lograremos tal acuerdo hasta que tengamos un nuevo presidente de Estados Unidos quien crea en la igualdad racial y en la necesidad de una acción pronta y eficiente para contrarrestar el cambio climático y otras amenazas ambientales inminentes.

Contactos:
Expertos:  Gustavo Castro, guscastro@otrosmundoschiapas.org; Bill Waren, (202) 222-0746, wwaren@foe.org
Comunicación: Erin Jensen, (202) 222-0722, ejensen@foe.org

— ENGLISH VERSION —

Trump brings a xenophobic, flat Earth agenda to Mexico City NAFTA talks

WASHINGTON, D.C. – The second round of secret negotiations on a new North American Free Trade Agreement (NAFTA) opens in Mexico City today, September 1.

For more information, please see Friends of the Earth’s blog on how Trump’s new NAFTA threatens people and the planet.

Gustavo Castro, Coordinator of Otros Mundos AC/Friends of the Earth Mexico, issued the following statement in response:

NAFTA has been a disaster for the planet.  It also has been a disaster for all the people of North America and the Mexican people in particular. Donald Trump, however, cannot be trusted to renegotiate NAFTA for two reasons. First, Trump is the world’s most egregious climate change denier and traducer of environmentalists. Second, Trump’s shameful and xenophobic prejudice against Mexicans makes him morally unfit and incapable of concluding a fair deal.

Donald Trump has referred to Mexican immigrants as “bad hombres.” He wants to build a border wall between the U.S. and Mexico which many Mexicans even including the reactionary former Mexican president Vicente Fox have appropriately called a “racist monument.” And, Trump wants Mexico to pay for it. Trump also has promised to financially punish sanctuary cities like Los Angeles, Denver, and Austin which seek to protect Mexican and other immigrants to the U.S. from his ICE police who have been cruelly jailing and deporting mothers with legal children, women who have been subject to domestic abuse, and  children who are supposed to be protected by the DACA program, among other victims. The list of his xenophobic policies and statements goes on.

Additionally, Michelle Chan, Vice President of Friends of the Earth, U.S, issued the following statement in response:

Donald Trump is incapable of negotiating a new NAFTA deal based on the principle of environmental justice for people regardless of race, color, or national origin.  We need a new NAFTA that corrects its unfair provisions that favor polluting industries and giant multi-national corporations over people and the planet. But, we will only get that deal when we have a new President of the United States who believes in racial equality and the need for swift and effective action to counter climate change and other imminent environmental threats.

Expert contact: Bill Waren, (202) 222-0746, wwaren@foe.org
Communications contact: Erin Jensen, (202) 222-0722, ejensen@foe.org

Justicia privatizada. Los tribunales de arbitraje al servicio de las empresas transnacionales

Observatorio de Multinacionales en América Latina

por Beatriz Plaza y Pedro Ramiro

¿Será que es posible que las compañías multinacionales puedan llevar ante la justicia internacional a Estados soberanos cuyas políticas puedan tener un efecto restrictivo sobre sus beneficios y sean contrarias a sus intereses privados? Y tanto que sí: esa es, precisamente, la función que desde hace varias décadas cumplen los tribunales de arbitraje como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Uno de los aspectos más destacables de la fortaleza de la lex mercatoria es la existencia de tribunales arbitrales internacionales. Y es que estos tribunales, caracterizados por la efectividad de sus laudos, juegan un papel fundamental en la arquitectura jurídica de la impunidad: dotar de plena seguridad jurídica a las inversiones realizadas por las multinacionales frente a los Estados receptores [1]. Para ello, en los tratados de “libre comercio” y en los acuerdos de promoción y protección recíproca de las inversiones suele incluirse la obligación de someterse al arbitraje de controversias entre los Estados y los inversores extranjeros; es el mecanismo conocido como ISDS, por sus siglas en inglés. Como nos recuerda Alejandro Teitelbaum, “los Estados renuncian así a una prerrogativa fundamental de la soberanía como es la competencia territorial de los tribunales nacionales” [2].

 La Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, el Centro de Arbitraje Internacional de Hong Kong, el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, etc. Todos estos tribunales privados se constituyen como una especie de sistema paralelo al poder judicial, favoreciendo a las grandes empresas al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. Según la UNCTAD, mientras en 1996 apenas había 38 disputas inversor-Estado, en 2016 ya hay 696 casos conocidos [3].

El hecho de que en los tratados de “libre comercio” —tanto en los firmados en las pasadas décadas como en los que hoy se están negociando [4]—se incorpore el recurso a estos tribunales arbitrales como el principal mecanismo de resolución de conflictos entre los grandes inversores y los Estados representa una amenaza para el pleno ejercicio de la democracia, la soberanía y los derechos sociales [5]. Que una minera canadiense, por poner un caso actual, amenace con demandar al Estado español ante el CIADI —a través de una filial suya en Panamá y acogiéndose al tratado bilateral de inversiones entre ambos países— porque le sea denegada la licencia para explotar una mina de oro a cielo abierto en Corcoesto (Galicia) certifica que las empresas transnacionales disponen de un poder jurídico que les hace situarse por encima de los Estados y la ciudadanía.

El CIADI, símbolo de la lex mercatoria

Entre las instituciones que operan en el arbitraje internacional, el CIADI es la más relevante de todas ellas. Este tribunal arbitral depende directamente del Banco Mundial y fue creado en 1965 como resultado del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados; en base al mismo, los Gobiernos de los Estados firmantes son requeridos a garantizar tres grandes principios: preservar la seguridad de la inversión, inhibirse en los procesos en los que la empresa decida transferir su capital a otros países y custodiar la igualdad en el tratamiento a las empresas nacionales y extranjeras.

El CIADI, que entró en vigor un año después de su creación y ha llegado a tener 159 Estados signatarios en 2015, funciona de acuerdo al Arreglo de Diferencias entre Inversionistas y Estados (ADIE), que define el instrumento al cual se acogen las demandas, la composición de los tribunales que intervendrán en el litigio y la vinculación del laudo final. Así, para cada litigio, se elige a dos árbitros y un presidente: un árbitro es designado por el Estado demandado y otro por la multinacional, mientras el presidente se propone en común por ambas partes. De hecho, el propio CIADI cuenta con una lista de árbitros de diferentes nacionalidades que se pone a disposición de las partes. Estos árbitros, que en un 96 por ciento son hombres, reciben una remuneración por hora dedicada al procedimiento que oscila entre 275 y 510 euros la hora; teniendo en cuenta que la duración media de los procesos se estima en unas 500 horas, puede constatarse que este tipo de procedimientos resulta muy atrayente para muchos juristas. Entre ellos, por ejemplo, destacan nombres como el de Francisco Orrego Vicuña, quien antes de dedicarse al arbitraje internacional desempeñó importantes funciones de gobierno en Chile durante la dictadura de Pinochet; Orrego, por cierto, fue propuesto por Repsol como árbitro en la demanda interpuesta contra Argentina en 2012 por la expropiación de YPF.

Y no son solamente los árbitros quienes sacan un gran rendimiento a estos procesos; entre las partes implicadas, encontramos también casos de multinacionales que han logrado salvar sus cuentas gracias a los laudos emitidos por el CIADI. Tal es el caso de la corporación estadounidense Cargill, que se embolsó 66 millones de euros procedentes del Estado mexicano tras ganar una demanda motivada por la creación de un impuesto que el Gobierno de México había establecido a las bebidas azucaradas por una cuestión de salud pública. Y eso mismo podría pasar si prosperase la demanda que ha interpuesto la multinacional francesa Veolia frente a Egipto al considerar que el aumento del salario mínimo —de 400 a 700 libras egipcias al mes, esto es, de 41 a 72 euros— atenta contra sus inversiones en el país.

 

El CIADI y las multinacionales españolas

Uno de los casos más conocidos es probablemente el de Repsol, que en 2012 presentó ante el CIADI una solicitud de arbitraje contra la República de Argentina, amparándose en el Tratado Bilateral de Inversiones firmado por España y Argentina en 1991, por la expropiación por parte del Gobierno de Cristina Fernández del 51 por ciento de la que hasta entonces había sido su filial YPF. Pero este caso, que se resolvió dos años después con un acuerdo amistoso entre las partes —según el cual el Gobierno argentino entregaba a la multinacional petrolera títulos de deuda pública por valor de 5.000 millones de dólares más un paquete nominal de otros 1.000 millones, junto con el disentimiento mutuo de las acciones legales interpuestas y la renuncia a nuevas reclamaciones—, no ha sido, ni mucho menos, el único en que una empresa española ha recurrido al CIADI cuando ha visto peligrar sus inversiones en otros países.

En total, han sido una treintena las veces en que las multinacionales españolas han recurrido al CIADI; en el 90 por ciento de los casos, estas demandas se han dirigido a países de América Latina —sobre todo a Argentina, Venezuela, México y Ecuador [6]— ,la región donde “nuestras empresas” se han convertido en grandes trasnacionales. Gas Natural Fenosa, Aguas de Barcelona, Telefónica, Iberdrola, Abertis y Abengoa figuran también en la lista de multinacionales de matriz española que, en las dos últimas décadas, han presentado solicitudes de arbitraje internacional ante el CIADI. Por citar solo uno de estos casos a modo de ejemplo: Abengoa, en consorcio con COFIDES —una compañía financiera dedicada a ofrecer apoyo a los proyectos de inversión privados de empresas españolas en el exterior—, logró que el CIADI dictara un laudo a su favor tras la paralización del funcionamiento de una planta de gestión de residuos industriales peligrosos ubicada en el parque natural Los Mármoles, en el municipio de Zimapán, en el estado de Hidalgo (México), en una zona que fue declarada área protegida por la UNESCO. En la sentencia del tribunal de arbitraje se dictaminó que, a cambio de que Abengoa restituyese la propiedad del territorio donde se construyó la planta al Estado mexicano, la empresa fuera indemnizada con 31,1 millones de euros por los beneficios dejados de obtener después de que las instituciones estatales —tras un fuerte proceso de movilización social en su contra— decretaran el cierre definitivo de la planta.

 

España ante el CIADI

A la vez que las transnacionales españolas han utilizado el Derecho Corporativo Global para demandar a otros países ante los tribunales internacionales de arbitraje, España ha pasado a estar en los últimos años entre los países del mundo que más demandas ante el CIADI han recibido; concretamente, ocupa el cuarto lugar del ranking con un total de 26 casos. De todas estas reclamaciones, únicamente dos han sido concluidas; el resto han sido interpuestas en los tres últimos años —especialmente en 2015, año en que se han interpuesto 15 casos de demandas a España ante el tribunal de arbitraje del Banco Mundial— y están relacionadas con los recortes efectuados por los sucesivos Gobiernos españoles, entre 2010 y 2012, a las subvenciones al sector de las energías renovables. En todos estos casos, el instrumento invocado como referencia para iniciar el proceso de arbitraje ha sido el Tratado de la Carta de la Energía.

Este tratado, firmado a mediados de los años noventa con los objetivos de garantizar el suministro de hidrocarburos a la Unión Europea y de potenciar el sector energético de los países de Europa central, ha sido utilizado como referencia por un conglomerado de grandes inversores —entre los que destacan diferentes multinacionales de la energía, entidades financieras y fondos privados de inversión— para ir demandando al Estado español ante el CIADI por “una expropiación indirecta de los beneficios que según sus cálculos (estimatorios) podrían haber obtenido con la legislación de partida sobre la cual se basaron para invertir”. Es decir: hicieron inversiones puramente especulativas en el sector de las renovables esperando obtener altas rentabilidades gracias a las primas que otorgaba el Estado y, cuando se recortaron dichas subvenciones, pasaron a utilizar los instrumentos que les brinda la lex mercatoria para reclamar el lucro cesante.

Este caso es relevante, además, porque representa un ejemplo de cómo los Gobiernos están tomando decisiones y regulando a favor de las grandes corporaciones a pesar de que, aparentemente, parezca todo lo contario. Dicho de otro modo: el Gobierno español ha recortado las primas a la producción de electricidad mediante paneles fotovoltaicos y eso ha afectado, fundamentalmente, a los pequeños productores y a las pymes de ese sector, no así a los intereses del oligopolio eléctrico que han sido favorecidos; al mismo tiempo, no parece que los grandes fondos de inversión vayan a salir perdiendo demasiado porque, si prosperan sus demandas ante el CIADI, van a poder reclamar importantes indemnizaciones a cuenta del presupuesto público.

 

Propuestas y alternativas

En este contexto, para reinterpretar esta arquitectura jurídica de la impunidad que se ha venido construyendo globalmente en torno a los tratados de “libre comercio” y a los tribunales internacionales de arbitraje [7], pueden proponerse alternativas como las siguientes: denunciar los tratados comerciales —bilaterales, regionales y multilaterales— cuando concluyan su vigencia; no ratificar ningún tratado propuesto desde la asimetría contractual y al margen de los derechos humanos; abandonar el CIADI —como ya han hecho diferentes países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y Venezuela—; restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales; eliminar los tribunales arbitrales y crear una Corte Mundial sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que complemente los mecanismos universales, regionales y nacionales y que, a la vez, garantice que las personas y comunidades afectadas tengan acceso a una instancia internacional independiente para la obtención de justicia por las violaciones de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales.

*Beatriz Plaza (@BeaPlazaE) y Pedro Ramiro (@pramiro_) son investigadores del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Notas:
[1] Hernández Zubizarreta, Juan y Ramiro, Pedro (2015): Contra la ‘lex mercatoria’. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionales, Icaria, Barcelona.
[2] Teitelbaum, Alejandro (2012): “Tribunal arbitral internacional”, en Hernández Zubizarreta, Juan; González, Erika y Ramiro, Pedro (eds.), Diccionario crítico de empresas transnacionales, Icaria, Barcelona, pp. 239-242.
[3] Datos de la UNCTAD. Disponible en: http://investmentpolicyhub.unctad.org/
[4] Como el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP), el acuerdo comercial entre la UE y Canadá (CETA), el acuerdo sobre el comercio de servicios (TiSA) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
[5] Hernández Zubizarreta, Juan: “El TTIP, TPP, TISA, CETA…vulneran el sistema internacional de los derechos humanos”,ALAI-América Latina en Movimiento, 4 de enero de 2016.
[6] Destaca, especialmente, el caso de Argentina, que ha sido llevada en 9 ocasiones ante el CIADI y ha sido objeto de una de cada tres demandas presentadas por parte de las compañías españolas en todo el mundo.
[7] Teitelbaum, Alejandro (2010): La armadura del capitalismo, Icaria, Barcelona.

Vía:  Movimiento M4

TPP El fin de la soberanía. Entrevista con Camila Montecinos

RadioMundoReal

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El pasado 4 de febrero fue firmado el Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), constituyendo un nuevo mojón en el avance de las negociaciones iniciadas oficialmente en marzo de 2010 para la liberalización del comercio entre 12 países, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Las movilizaciones en contra de este ambicioso acuerdo, también llamado NAFTA 2.0 en referencia al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, vienen ocurriendo en muchos de los países que lo integran. En Chile, un centenar de distintas organizaciones se han reunido en la Plataforma Ciudadana Chile Mejor Sin TPP y llevan adelante una fuerte agenda de resistencia a la implementación del tratado que ahora debe pasar por la aprobación de los parlamentos de cada país para su entrada en vigencia.

Esta semana dialogamos con Camila Montecinos, integrante de la organización GRAIN, para conocer el estado de las negociaciones del TPP y las amenazas que representa para Chile uno de los países, tanto a nivel latinoamericano como mundial, con más tratados de libre comercio firmados. Sobre cuánto más puede avanzar el TPP en términos de políticas neoliberales en ese país, Camila comienza afirmando que el mismo: “profundiza los niveles de pérdida de autonomía y posibilidades de defenderse económica y legalmente frente a las exigencias del capital trasnacional. Lo que hace este tratado es profundizar todo lo que se ha firmado en los tratados anteriores”.

Uno de los primeros aspectos que denuncia la militante chilena es el hecho de que el TPP obliga a que todas sus cláusulas sean revisadas periódicamente (máximo cada 5 años), habilitando la posibilidad de que sus cláusulas sean transformadas en caso de que los capitales trasnacionales consideren que sus intereses no sean contemplados: “Lo que tenemos aquí, a diferencia de muchos otros tratados, incluido el que tenemos con Estados Unidos, es un tratado abierto que cada vez le va a dar más garantías al capital transnacional”.

En segundo lugar, el TPP intenta aparentar que no amenazará derechos laborales, ambientales u otros derechos básicos: “El tratado contiene una serie de palabras de buena crianza que son solamente eso. Dice que todo país tiene derecho a proteger sus leyes laborales, que debe cuidar que efectivamente todos los derechos se cumplan, que nada en el tratado puede interpretarse contrario a las leyes laborales o a la salud pública, pero se añade en seguida ’siempre y cuando tales disposiciones no sean contrarias a este acuerdo’”.

A estas aclaraciones, Camila suma un segundo elemento por el cual es factible pensar que el TPP implicará la vulneración de derechos básicos de la población: “El acuerdo trae un capítulo especial sobre lo que se llama ’armonización legislativa’. A partir de esto, los países se comprometen a hacer equivalentes todas sus normas, hacer todos los cambios necesarios legales necesarios para que las leyes sean las mismas en los distintos países”.

“Esto abre las puertas para que haya todo tipo de presiones para que haya cambios en las leyes laborales, empeorándolas. Porque, también lo dice el tratado, cualquier cosa que haga un país, puede ser una ley, un reglamento, una práctica, una medida, se considera que puede ser algo cuestionable ante los tribunales internacionales de resolución de disputas”, alerta Camila.

Una amenaza aún mayor para los bienes comunes

Actualmente cientos de familias de pescadores artesanales se encuentran sin sus medios de vida debido al fenómeno de la marea roja en el sur del país. Esto mismo es un ejemplo según Camila de cómo los bienes comunes de un país pueden ser severamente comprometidos mediante los tratados de libre comercio: “En Chile se privatizó el mar para la acuicultura, y hoy día los niveles de contaminación son tan altos que hemos tenido una explosión de algas tóxicas […] Y esto es debido fundamentalmente a que las empresas trasnacionales de salmonicultura usan el mar como basurero. Y nosotros no podemos hacer nada contra eso porque eso significaría atentar contra la ganancia de esas empresas”. Además, continua Camila, en esta crisis las empresas “se lavan las manos”, y el Estado es quién se tendrá que encargar de otorgar “una especie de subsidio para que la gente tenga como comer”.

El TPP pretende llevar a su máxima expresión la propiedad también sobre seres vivos, haciendo retroceder aún más las posibilidades de construcción de Soberanía Alimentaria y defensa de la biodiversidad. Al ser consultada sobre si el acuerdo obligaría el gobierno chileno a suscribir el último Convenio de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, la militante responde: “Hay que aceptar UPOV 91 sin lugar a dudas si se ratifica, pero se va mucho más allá: por ejemplo se abre la posibilidad de patentar plantas y animales”.

Las organizaciones y movimientos sociales chilenos se encuentran ahora abocados a intentar impedir que el parlamento chileno ratifique el TPP, cuya votación aún puede ocurrir antes de finalizar este año.

Descargar: MP3 (17.6 MB)

Publicación: El TISA, el TPP y la negociación de la vida y los derechos

El TISA, el TPP y la negociación de la vida y los derechos”

Así se titula una nueva publicación de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay que realiza un análisis del Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), con el que Uruguay ha estado “coqueteando”. Lo hace en forma comparativa con el Tratado sobre Comercio de Servicios (TISA, también por sus siglas en inglés), al que finalmente el país decició no adherir.

El texto se enfoca particularmente en la reflexión acerca de los cambios en el régimen internacional de comercio e inversiones que implicaría el TPP. Es parte además de un esfuerzo más amplio de REDES-AT por aportar regularmente nuevos productos que llamen al análisis, generen información y contenidos, y provoquen debate sobre los cambios que están ocurriendo en ese “nuevo” régimen.

Acceda al trabajo en formato pdf en este link: http://www.redes.org.uy/wp-content/uploads/2016/04/PublicacionTisaTPP1.pdf

(Montevideo, 26/04/16) El 4 de febrero el TPP fue votado en Auckland, Nueva Zelandia, por los 12 países que lo integran, que son, además del propio Nueva Zelandia: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam.

La firma del acuerdo no siginifica su entrada en vigencia, ya que requiere de la ratificación parlamentaria de todos los integrantes del convenio en un periodo de dos años. Se considerará aprobado si en esos dos años al menos seis países, que representen el 85 por ciento del PBI combinado de los 12 estados que conforman el acuerdo, aprueban el texto final.

El nuevo trabajo de REDES-AT, a cargo de las licenciadas Viviana Barreto y Natalia Carrau, estipula en su introducción: “Lo cierto es que más allá de los nombres técnicos y las especificidades de las disciplinas que se negocian, los acuerdos no dejan de ser un conjunto de reglas e instituciones a las que se comprometen y adhieren los países que los firman. Al mismo tiempo, estos acuerdos y su lógica imponen indirectamente obligaciones a países no firmantes que interactúan comercialmente con los países firmantes”.

“(…) Por tanto, en cierta forma estamos frente a lógicas de negociación comercial que tienen vocación hegemónica e imponen directa e indirectamente normas, instituciones y reglas que generan importantes impactos en los países, en particular en los países en desarrollo”, sentencian las autoras.

REDES – AT alerta que no es casual que desde hace unos cinco años estén surgiendo los llamados “acuerdos de nueva generación”. Estos tratados vienen a acompañar los cambios que están ocurriendo en las redes de producción global y en las formas en que las corporaciones transnacionales están generando capital.

Es necesario insistir en deconstruir los preceptos de la teoría respecto al aporte de las reglas del comercio internacional al crecimiento y desarrollo de los países, e introducir nuevamente un marco de análisis que observe y tenga en cuenta la división internacional del trabajo y a las empresas transnacionales como actores corporativos de enorme influencia.

Por mayor información:

REDES – Amigos de la Tierra Uruguay

El TPP: el tratado de las grandes corporaciones

El TPP restará derechos y libertades de toda la ciudadanía a cambio de beneficios económicos mínimos. Actualmente esperando la ratificación del Senado, es un tratado que se debe analizar y debatir con detenimiento.

Gisela Pérez de Acha, Horizontal.mx

Secretismo, opacidad y corrupción. Esos son los principales ejes rectores del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica –o TPP por sus siglas en inglés. Este tratado comercial que acaba de firmarse el 4 de febrero, fue impulsado por Estados Unidos y negociado con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam, pero beneficia casi exclusivamente a Estados Unidos y otorga un enorme poder a las compañías multinacionales por encima de los gobiernos mismos. Además, pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos del resto de los países involucrados.

Alfred de Zayas, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció al tratado como un documento “con grandes fallas” que entra en conflicto directo con los derechos humanos. Económicamente tampoco tiene sentido. En un estudio reciente, el Banco Mundial señaló que de aquí a 2030 las economías de los países firmantes crecerían apenas un 1.1%; el pronóstico es menor para los países que forman parte del TLCAN, como México cuyo crecimiento sería de apenas un 0.6%.

Poco de esto importó el 4 de febrero.

De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP le da mayores poderes legales a las multinacionales para colocarse por encima de los procesos democráticos de cada país para obtener beneficios económicos. Este problema del tratado empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual, entre otros. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.

Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto o el tabaco) las compañías pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7). Inclusive, si el gobierno en cuestión decide cobrar un impuesto a las compañías puede verse como un tipo de “expropiación indirecta” y ser motivo de demanda.

Este tipo de disputas se resolverían en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.

En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.

Sectores de derecha argumentan que el TPP tiene un par de capítulos que se refieren a derechos laborales y ambientales, pero de poco sirven las letanías declarativas si sólo los Estados y  las empresas pueden demandar el incumplimiento del tratado. Ni sindicatos ni ciudadanos ni ONGs pueden participar en estos tribunales arbitrales.

Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.

Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el ébola. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Consecuentemente, los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca.

Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.

En específico, el capítulo de propiedad intelectual, además, obliga a los países que firmaron el TPP a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas  victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.

Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Este esquema protege, por una partem un régimen de propiedad privada que afecta el acceso a la cultura y la pone en manos únicamente de quienes puedan pagarla. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.

Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “infrinja” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. De no hacerlo, pueden incurrir también en responsabilidad. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Inclusive en países como México y Ecuador se utiliza para eliminar contenido disidente.

Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas.

¿Por qué firmar un tratado que generará un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos? Si bien la firma en sí no crea obligaciones legales, ahora la ratificación está en manos del Senado. ¿Deberían aceptar esta imposición de condiciones económicas que no queremos y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes?

El tema debe, al menos, debatirse abiertamente.

ecretismo, opacidad y corrupción. Esos son los principales ejes rectores del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica –o TPP por sus siglas en inglés. Este tratado comercial que acaba de firmarse el 4 de febrero, fue impulsado por Estados Unidos y negociado con México, Perú, Chile, Brunei, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Canadá, Japón, Malasia y Vietnam, pero beneficia casi exclusivamente a Estados Unidos y otorga un enorme poder a las compañías multinacionales por encima de los gobiernos mismos. Además, pone en riesgo el derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la libertad de expresión y a la privacidad de los ciudadanos del resto de los países involucrados.

Alfred de Zayas, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció al tratado como un documento “con grandes fallas” que entra en conflicto directo con los derechos humanos. Económicamente tampoco tiene sentido. En un estudio reciente, el Banco Mundial señaló que de aquí a 2030 las economías de los países firmantes crecerían apenas un 1.1%; el pronóstico es menor para los países que forman parte del TLCAN, como México cuyo crecimiento sería de apenas un 0.6%.

Poco de esto importó el 4 de febrero.

De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP le da mayores poderes legales a las multinacionales para colocarse por encima de los procesos democráticos de cada país para obtener beneficios económicos. Este problema del tratado empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual, entre otros. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.

Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto o el tabaco) las compañías pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7). Inclusive, si el gobierno en cuestión decide cobrar un impuesto a las compañías puede verse como un tipo de “expropiación indirecta” y ser motivo de demanda.

Este tipo de disputas se resolverían en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.

En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.

Sectores de derecha argumentan que el TPP tiene un par de capítulos que se refieren a derechos laborales y ambientales, pero de poco sirven las letanías declarativas si sólo los Estados y  las empresas pueden demandar el incumplimiento del tratado. Ni sindicatos ni ciudadanos ni ONGs pueden participar en estos tribunales arbitrales.

Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.

Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el ébola. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Consecuentemente, los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca.

Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.

En específico, el capítulo de propiedad intelectual, además, obliga a los países que firmaron el TPP a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas  victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.

Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Este esquema protege, por una partem un régimen de propiedad privada que afecta el acceso a la cultura y la pone en manos únicamente de quienes puedan pagarla. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.

Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “infrinja” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. De no hacerlo, pueden incurrir también en responsabilidad. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Inclusive en países como México y Ecuador se utiliza para eliminar contenido disidente.

Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas.

¿Por qué firmar un tratado que generará un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos? Si bien la firma en sí no crea obligaciones legales, ahora la ratificación está en manos del Senado. ¿Deberían aceptar esta imposición de condiciones económicas que no queremos y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes?

El tema debe, al menos, debatirse abiertamente.

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Alfred de Zayas, experto independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), denunció al tratado como un documento “con grandes fallas” que entra en conflicto directo con los derechos humanos. Económicamente tampoco tiene sentido. En un estudio reciente, el Banco Mundial señaló que de aquí a 2030 las economías de los países firmantes crecerían apenas un 1.1%; el pronóstico es menor para los países que forman parte del TLCAN, como México cuyo crecimiento sería de apenas un 0.6%.

Poco de esto importó el 4 de febrero.

De los 30 capítulos, solo seis tienen que ver con libre comercio. Si bien mucho del contenido ya estaba en otros tratados de este tipo, el TPP le da mayores poderes legales a las multinacionales para colocarse por encima de los procesos democráticos de cada país para obtener beneficios económicos. Este problema del tratado empieza por la definición de “inversión”, que, básicamente, abarca empresas, bonos, derivados, licencias, propiedad intelectual, entre otros. Lo preocupante es que también incluya “la expectativa de obtener ganancias o utilidades”, y que además prohíba las “expropiaciones indirectas” (artículo 9.1). Estas definiciones, cuando se unen al capítulo de Solución de Controversias, atan de manos a los Estados.

Por ejemplo, si México promulga una ley que aumente el salario mínimo, obligue a las empresas a reducir su emisión de dióxido de carbono o que, inclusive, prohíba ciertos productos nocivos para la salud (como el asbesto o el tabaco) las compañías pueden demandar al gobierno exigiendo que se les pague todo aquello que dejaron de ganar según sus “expectativas” futuras, más intereses mensuales (artículo 9.7). Inclusive, si el gobierno en cuestión decide cobrar un impuesto a las compañías puede verse como un tipo de “expropiación indirecta” y ser motivo de demanda.

Este tipo de disputas se resolverían en el tribunal de Arbitraje de Diferencias Estado-Inversor (conocido por ISDS del inglés Investor-State Dispute Settlement), un modelo que también se encuentra en otros tratados de libre comercio con Estados Unidos, y que ha sido parangón de muchas injusticias.

En 2012, un tribunal similar condenó al gobierno de Ecuador a pagarle 23 mil millones de dólares a la Occidental Petroleum Corporation por violar un acuerdo bilateral entre este país y Estados Unidos, a pesar de que la compañía petrolera había quebrantado la ley nacional. Para no irnos más lejos, en 1997 la compañía Metalclad demandó a México por cancelar un permiso para desechar sus productos nocivos en San Luis Potosí, a pesar de que estaba contaminando seriamente la región. El tribunal arbitral condenó a México al pago de 16.7 millones de dólares por la violación de disposiciones muy similares a las que ahora contiene el TPP. Este dinero, claro, sale de los impuestos de los ciudadanos.

Sectores de derecha argumentan que el TPP tiene un par de capítulos que se refieren a derechos laborales y ambientales, pero de poco sirven las letanías declarativas si sólo los Estados y  las empresas pueden demandar el incumplimiento del tratado. Ni sindicatos ni ciudadanos ni ONGs pueden participar en estos tribunales arbitrales.

Con esto en mente, el capítulo de propiedad intelectual es de los más problemáticos.

Primero, porque traba la producción de medicamentos genéricos para tratar enfermedades como el VIH, el cáncer o el ébola. Estos tratamientos son “productos biológicos” porque no pueden ser producidos en un laboratorio de manera puramente sintética, sino que tienen que partir de un proceso natural. El TPP bloquea este conocimiento durante ocho años en lo que se llama “plazo de farmacovigilancia”, haciendo imposible la producción de genéricos durante ese tiempo (artículos 18.50 y 18.52). Consecuentemente, los principales afectados serían los pacientes que no tendrían dinero para pagar las medicinas de marca.

Segundo, porque, como concluye un documento de Public Citizen, el tratado protege a las compañías de semillas como Monsanto en detrimento de los derechos de los agricultores. Para el caso local, hay que recordar que uno de los principales sectores que resultaron dañados por el Tratado de Libre Comercio fue el campo mexicano: desplazó a más de un millón de pequeños productores, destruyó economías alimentarias locales y dejó en bancarrota a 1.5 millones de agricultores que no pudieron competir con el maíz altamente subsidiado por el gobierno de Estados Unidos. El balance anterior pudo servir como lección histórica, pero parece que no es el caso.

En específico, el capítulo de propiedad intelectual, además, obliga a los países que firmaron el TPP a adherirse también a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), misma de la que México aún no es parte (artículo 18.1). El objetivo es patentar “nuevas variedades” de plantas y semillas mediante un derecho de propiedad intelectual que dure un periodo de 20 a 25 años. Es decir, permitir y proteger los alimentos transgénicos u organismos genéticamente modificados. En nuestro país, la lucha de ciertos sectores indígenas en contra de esto ha llegado hasta la Suprema Corte –teniendo algunas  victorias y avances que el TPP amenaza. No solo eso: el TPP prohibiría que los agricultores intercambien semillas entre sí –una práctica milenaria del campo mexicano–, obligándolos a pagar por ellas el precio que fijen las multinacionales.

Tercero, porque aumenta los plazos de protección a los derechos de autor, que se protegerían durante la vida de los mismos y hasta 70 años después de su muerte (artículo 18.63). Este esquema protege, por una partem un régimen de propiedad privada que afecta el acceso a la cultura y la pone en manos únicamente de quienes puedan pagarla. Además, es un esquema que beneficia directamente a Estados Unidos que, con poderosas industrias como Hollywood o Disney, es el principal exportador neto de productos y contenidos protegidos por derechos de autor en el mundo. Y aunque México tiene el peor estándar del mundo, 100 años, si en un futuro se buscan reducir los plazos, el TPP lo hará imposible.

Cuarto, el TPP establece un régimen de responsabilidad de proveedores de servicios de internet que sigue la lógica de la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) estadounidense (artículos 18.81 y 18.82). Este régimen obliga a compañías como Google, Facebook –o sus equivalentes nacionales– a retirar contenido que “infrinja” derechos de autor en cuanto tengan conocimiento efectivo de ello. De no hacerlo, pueden incurrir también en responsabilidad. Sin salvaguardas judiciales, este sistema ha llevado a millares de actos de censura, incluso contra actos legítimos de expresión y de creación, bajo la amenaza de responsabilidad sobre el intermediario. Inclusive en países como México y Ecuador se utiliza para eliminar contenido disidente.

Por último, el capítulo de comercio electrónico, afectaría seriamente el derecho a la privacidad. Por ejemplo, el artículo 14.11 establece que los países deberán permitir “las transferencias transfronterizas de información por medios electrónicos, incluyendo la información personal”, estableciendo así salvaguardas vacías para garantizar la protección de derechos en beneficio de grandes compañías privadas y abriendo paso para el espionaje de nuestros datos y comunicaciones privadas.

¿Por qué firmar un tratado que generará un impacto económico mínimo y que, en cambio, tendrá grandes costos en términos de derechos humanos? Si bien la firma en sí no crea obligaciones legales, ahora la ratificación está en manos del Senado. ¿Deberían aceptar esta imposición de condiciones económicas que no queremos y esquemas de negocios que intercambian la libertad y los derechos por beneficios inexistentes?

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Acuerdo de Asociación Transpacífico: a este mal acuerdo comercial le esperan importantes luchas a nivel nacional

Comunicado de prensa de Amigos de la Tierra Internacional
4 de febrero de 2016

Los ministros de comercio de 12 países miembro del Acuerdo de Asociación Transpacífico realizaron una firma simbólica del acuerdo comercial que establece normas económicas favorables a las empresas para el 40% de la economía mundial.

Amigos de la Tierra internacional advierte que el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) se convertirá en una amenaza para la vida de la gente y el planeta en caso de ratificarse.

Sam Cossar-Gilbert, Coordinador del programa de Justicia Económica – Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional, dijo:

“La ceremonia de firma del TPP no es nada más que una oportunidad para sacarse una foto e intentar apuntalar este acuerdo profundamente impopular y ambientalmente destructivo. Los ministros de comercio saben que será muy difícil ratificar el TPP en los parlamentos nacionales, especialmente en Estados Unidos donde los principales candidatos a la presidencia se oponen a él”.

“Las miles de personas que protestaron hoy en las calles de Nueva Zelanda son una muestra del rechazo generalizado que existe en contra de este acuerdo comercial empresarial en todo el Pacífico.  La lucha contra el TPP crece y debemos asegurarnos de que esta injusticia de 6000 páginas no consiga ver la luz del día.

“El TPP socavaría las normas ambientales relativas a una amplia gama de asuntos, incluyendo la seguridad alimentaria, el acceso a medicamentos, la modificación genética, el uso de sustancias químicas y el cambio climático.  Por ejemplo, protegería el “libre comercio” de productos de energía sucia y conllevaría el aumento de las exportaciones de carbón, petróleo y gas, exacerbando el calentamiento global.”

“El TPP incluye el polémico mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS) que permite a las empresas extranjeras demandar a los gobiernos por adoptar políticas que podrían perjudicar sus ganancias esperadas. Recientemente, TransCanada anunció que utilizaría el sistema ISDS para demandar a Estados Unidos por 15 mil millones de dólares por negarle autorización para la construcción de un oleoducto de arenas bituminosas. El TPP además socavará el “derecho a reglamentar” de los gobiernos, y es por esta razón que los legisladores deberían rechazar este mal acuerdo.

 

En 2016, esperemos mejores acuerdos comerciales – y la muerte del TPP

Joseph Stiglitz, The Guardian
Versión no oficial al español de RMALC/A.V. 10-01-2016

El año pasado fue una experiencia inolvidable para la economía global. No sólo por el rendimiento general decepcionante, sino por los profundos cambios – tanto para bien como para mal – ocurridos en el sistema económico mundial.

Lo más notable fue el Acuerdo de Paris sobre el clima alcanzado el mes pasado. Por sí mismo, el acuerdo está lejos de ser suficiente para limitar el aumento en el calentamiento global a la meta de 2ºC por encima del nivel preindustrial. Pero puso a todos sobre aviso: el mundo se está moviendo, inexorablemente, hacia una economía verde. Un día no muy lejano, los combustibles fósiles serán en gran parte una cosa del pasado. Así que cualquiera que invierte en el carbón ahora lo hace a su propio riesgo. Con más inversiones verdes a un primer plano, los que los financien ellos serán, debemos esperar, los que contrarresten el poderoso cabildeo de la industria del carbón, que está dispuesto a poner el mundo en riesgo de promover sus intereses de corta visión.

De hecho, el abandono de una economía de alto contenido de carbono, donde a menudo los intereses del carbón, gas y petróleo dominan, es sólo uno de varios cambios importantes en el orden geoeconómico mundial. Muchos otros son inevitables, dada la altísima cuota de China de la producción y la demanda global. El Nuevo Banco de Desarrollo, establecido por los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), se puso en marcha durante el año, convirtiéndose en la primera institución financiera internacional importante liderado por los países emergentes. Y, a pesar de la resistencia de Barack Obama, se creó el Banco de Inversiones en infraestructura de Asia liderada por China, así inician la operación de este mes.

Los EE.UU. actuó con mayor sabiduría cuando se trataba de la moneda china. No obstruyendo la entrada del renminbi a la canasta de monedas que constituyen activos de reserva del Fondo Monetario Internacional, los Derechos Especiales de Giro (DEG). Además, un lustro después de que la administración de Obama accedió a cambios modestos en los derechos de voto de China y de otros mercados emergentes en el FMI – un pequeño guiño a las nuevas realidades económicas – el Congreso de Estados Unidos aprobó finalmente las reformas.

Las decisiones geoeconómicos más polémicas del año pasado son las relacionadas con el comercio. Casi desapercibido después de años de conversaciones inconexas, a la Ronda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial del Comercio – inició para corregir los desequilibrios en los acuerdos comerciales anteriores que favorecían a los países desarrollados – se le dio un entierro tranquilo. La hipocresía de Estados Unidos – en defensa del libre comercio, pero se niega a abandonar los subsidios al algodón y a otros productos agrícolas – había planteado un obstáculo insuperable para las negociaciones de Doha. En lugar de las negociaciones comerciales mundiales, los EE.UU. y Europa han montado una estrategia de divide y vencerás, basado en la superposición de bloques y los acuerdos comerciales.

Como resultado de ello, lo que se pretende que sea un régimen de libre comercio global ha dado paso a un régimen de comercio administrado discordante. El comercio de gran parte de las regiones del Pacífico y del Atlántico se regirá por los acuerdos, miles de páginas de extensión y repleta de complejas reglas de origen que contradicen los principios básicos de la eficiencia y la libre circulación de mercancías.

Los EE.UU. concluyeron negociaciones secretas sobre lo que puede llegar a ser el peor acuerdo comercial en décadas, la llamada Alianza Trans-Pacífico (TPP), y ahora se enfrenta a una batalla cuesta arriba para su ratificación, ya que todos los candidatos presidenciales demócratas principales y muchos de los republicanos han pesado en contra de el. El problema no es tanto con las disposiciones comerciales del acuerdo, sino con el capítulo de “inversión”, que restringe severamente, la salud, y la regulación de la seguridad ambiental, e incluso las regulaciones financieras con impactos macroeconómicos significativos.

En particular, el capítulo –específico- da a los inversionistas extranjeros el derecho a demandar a los gobiernos en tribunales internacionales privados cuando creen que las regulaciones gubernamentales contravengan los términos del TPP (inscritos en más de 6,000 páginas). En el pasado, esos tribunales han interpretado el requisito de que los inversores extranjeros reciban un “trato justo y equitativo” como motivo para derribar nuevas regulaciones del gobierno – aunque sean no discriminatorias y se adopten simplemente para proteger a los ciudadanos de los atroces daños recién descubiertos.

Mientras que el lenguaje es complejo – invitando a costosas demandas enfrentando a las poderosas corporaciones contra los gobiernos mal financiados – incluso las regulaciones que protegen al planeta de las emisiones de gases de efecto invernadero son vulnerables a las demandas. Las únicas regulaciones que aparecen a salvo son los relacionados con los cigarrillos (demandas presentadas contra Uruguay y Australia para exigir el etiquetado modesto acerca de peligros para la salud que han llamado la atención demasiado negativo). Pero sigue habiendo una serie de preguntas acerca de la posibilidad de demandas en una miríada de otras áreas.

Por otra parte, una disposición de “nación más favorecida” asegura que las empresas pueden reclamar el mejor trato que el que se ofrece en cualquier de los tratados de un país de acogida. Eso establece una carrera hacia abajo – exactamente lo contrario de lo que el presidente estadounidense, Barack Obama prometió.

Incluso la forma en que Obama abogó por el nuevo acuerdo comercial mostró como su administración está fuera de contacto con la nueva economía mundial. En repetidas ocasiones dijo que el TPP podría determinar quién – América o China – escribirían normas comerciales XXI del siglo. El enfoque correcto es llegar a esas normas en conjunto, que todas las voces sean escuchadas, y de una manera transparente. Obama ha tratado de perpetuar los negocios como de costumbre, por lo que las normas que rigen el comercio mundial y la inversión son escritos por las corporaciones estadounidenses para las corporaciones estadounidenses. Esto debería ser inaceptable para cualquier persona comprometida con los principios democráticos.

Aquellos que buscan una mayor integración económica tienen una responsabilidad especial para ser firmes defensores de las reformas de gobernanza global: si la autoridad sobre las políticas nacionales se cede a los organismos supranacionales, a continuación, la elaboración, implementación y aplicación de las normas y reglamentos tiene que ser particularmente sensibles a las preocupaciones democráticas . Por desgracia, eso no fue siempre el caso en 2015.

En 2016, debemos esperar la derrota del TPP y el comienzo de una nueva era de los acuerdos comerciales que no recompensen a los poderosos y castiguen a los débiles. El acuerdo sobre el clima de París puede ser un presagio del espíritu y la mentalidad necesaria para sostener una auténtica cooperación global.