Quintana Roo: Muerte masiva de cientos de miles de abejas por fumigación con producto agrotóxico

Alerta publicada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – A 16 de agosto 2018

  • Fumigación con fipronil, un producto agrotóxico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, afectó a 335 colmenas en 18 apiarios ubicados en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, Quintana Roo
  • Daños económicos ascienden a más de dos millones de pesos
  • La cosecha de miel del segundo semestre del año se perdió

José María Morelos, Quintana Roo.- Más de 300 colmenas de abejas, de 18 apicultores en el Ejido Candelaria, municipio de José María Morelos, fueron afectadas por un empresario, quien aplicó un químico altamente tóxico para fumigar su terreno y sembrar chile habanero, lo cual provocó la muerte de cientos de miles de abejas en un radio de cuatro kilómetros de distancia.

Wilson Ayala Mex, uno de los apicultores afectados, no duda en ubicar la tragedia, como la muerte de abejas más numerosa de que se tenga memoria en la historia de los pobladores del Ejido Candelaria.

Desanimado y preocupado, explica que las repercusiones del desastre no se reducen a un tema ambiental. “Cada colmena tiene capacidad para brindar abrigo a 50 mil abejas y, su muerte, representa un golpe económico devastador, pues los volúmenes de miel para la cosecha más cercana, entre octubre y noviembre de este año, se han perdido y, con ello, los ingresos de familias mayas que viven de la producción mielera.”

Las pérdidas por las abejas, la cera y la miel, se estiman en un promedio de dos millones 300 mil pesos, de acuerdo con un cálculo preliminar elaborado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible – Península de Yucatán (CCMSS-PY), que junto con jóvenes de los ejidos de Candelaria I y II, echaron a andar la iniciativa “Desarrollo Inclusivo de la Apicultura en José María Morelos”.

En el proyecto participan más de 30 jóvenes de nueve ejidos de dicho municipio, para fortalecer los medios de vida de las juventudes que ven en sus comunidades una oportunidad de crecimiento.

Los ocho jóvenes de Candelaria I y II, todos menores de 24 años, emprendieron su iniciativa con 28 colmenas que subieron a 30 en el primer semestre de 2018, y apenas el siete de agosto habían recibido una visita técnica para evaluar su desempeño, que fue calificado como exitoso, de acuerdo con María del Carmen Sánchez, asistente técnico de la iniciativa.

 

“Un día después de la visita, empleados de un empresario originario de Yucatán, identificado como Pablo Mendoza, hicieron una fumigación en un terreno para una plantación de chile habanero y utilizaron un químico llamado Regenet 4SC, cuyo efecto abarcó cuatro kilómetros y mató a miles de abejas de los apicultores”, narró.

Los daños aún siguen cuantificándose, pero de manera preliminar, el Consejo Civil contabilizó -con ayuda de los apicultores afectados- entre 331 y 335 colmenas de abejas Apis melífera impactadas, sin poder determinar la afectación a las abejas silvestres, importantes polinizadores de la selva.

Wilson detalla que desde el miércoles ocho de agosto, algunos apicultores detectaron un comportamiento “inusual” en las abejas, que fue traduciéndose en una mortandad masiva en los días subsecuentes.

El viernes fueron a revisar otros apiarios, en donde encontraron el suelo tapizado de abejas muertas. Las pérdidas -dijo- fueron totales. “También se habló con el dueño del terreno, que al principio tuvo resistencias y se negaba a dar crédito de lo que pasó. Estaba muy renuente, hasta que él mismo vio. Se quedó impactado”, expresó.

Los empleados del empresario de Yucatán dieron el nombre del químico usado para la fumigación. Se trata de fipronil, un químico comercializado bajo la marca Regenet 4SC, altamente tóxico para las abejas. Este compuesto está clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un plaguicida de Clase II.

Sin embargo, al ver la magnitud de lo sucedido, modificaron su versión inicial y aseguraron que se uso un químico orgánico.

Los apicultores intentaron presentar una denuncia ante el Ministerio Público, en José María Morelos, pero la autoridad -inicialmente- les negó ese derecho, bajo dos argumentos.

Uno de ellos que la institución carece de competencia para intervenir en la muerte de animales; otro, que la muerte de abejas no es un delito. “Luego también nos dijeron que como el dueño fumigó en su terreno, pues que no hay delito”, agregó Wilson.

El argumento es inexacto, toda vez que el Código Penal de Quintana Roo, posee un capítulo que versa sobre los Delitos en Materia de Apicultura y, en su artículo 147, fracción II, indica que incurren en ese delito, los que “destruyan colmenas, miel, abejas, panales y productos apícolas”.

Finalmente, cuatro días después, la denuncia fue admitida. La autoridad ministerial tendrá que enviar personal a la zona impactada para recabar evidencias. Además, el viernes, uno de los jóvenes apicultores acudirá al ministerio público para programar la fecha en que se ampliarán las declaraciones. Las más de 300 colmenas afectadas y las cientos de miles de abejas muertas, debido a la fumigación con fipronil, cumplen con el tipo penal marcado.

Aurora Xolalpa, especialista en abejas, quien labora en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO), está apoyando a los apicultores con la toma de varias muestras de abejas muertas.

Ayala Mex se llevó al menos 100 de ellas, para entregarlas a la delegación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), así como al comité estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.

(Foto: Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible)

Guatemala: Impacto del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres de la Costa Sur

Artículo de Awex Mejia Cipriano y Elias Raymundo Raymundo, publicado en el informe “Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central” de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Primera edición: marzo 2018

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1. Introducción

Hoy día, los grandes productores de la caña de azúcar, que se aglutinan en la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), se vanaglorian de las 283,898.85 hectáreas que tienen sembradas con este cultivo, que a nivel de América Latina y El Caribe, Guatemala es el segundo productor y a nivel mundial es el cuarto país exportador y el tercer productor por hectárea; que el cultivo de azúcar crea 425,000 empleos de forma directa e indirecta, de los cuales 32,000 son de cortadores de caña, de representar el 3% del PIB nacional y el 15.36% de las exportaciones totales de Guatemala, y que, además, la industria de la caña de azúcar utiliza el bagazo de la caña para la producción del 25% de la energía eléctrica en la época de zafra en el Sistema Nacional Interconectado -SNI-, y que es uno de los principales fabricantes de alcohol originario en Centro América. (PNUD, 2016).

En cambio, ocultan que su riqueza se basa en la explotación de la tierra y de la mano de obra, en el acaparamiento de las tierras, en la extinción de la biodiversidad, y en la extracción desmedida del agua. No dicen que la mayoría de trabajadores en las grandes plantaciones de caña de azúcar no poseen contratos escritos de trabajo, lo que impide determinar con claridad la temporalidad del contrato, la naturaleza del trabajo o las condiciones de pago, además de no contar con prestaciones de ley; tampoco dicen que la jornada laboral de los trabajadores temporales es de doce horas o más, iniciando a las cuatro o cinco de la mañana, dependiendo de la distancia a la que se encuentren del área de corte, lo que incide en la hora de regreso al descanso; y que las condiciones de alimentación, higiene y espacios para descanso son precarias y no son adecuadas para la reproducción digna de la vida. (PNUD, 2016).

En general, el 90% de los jornaleros gana un salario mensual por debajo del salario mínimo, el salario más bajo es devengado por las mujeres. El 94.7% de la población que trabaja en agricultura no cuenta con seguro social y es común el trabajo infantil, no hay espacios para la organización de los trabajadores y existe la ausencia del Estado en la inspección laboral de las fincas. (PNUD, 2016). Mucho menos se hace algo por garantizar las condiciones de vida digna para las mujeres. Se ha reportado que les pagan menos que a los hombres aunque hagan el mismo trabajo, les tratan de una forma humillante, no tienen ni tiempo para comer, y no les dan trabajo si no se acuestan con el encargado. (Castro, N. 2017).

Tampoco dicen que las enormes extensiones de monocultivo de caña de azúcar requieren grandes cantidades de agua, para lo cual la extraen del subsuelo construyendo profundos pozos industriales que dejan secos los pozos artesanales de las comunidades campesinas. Seguir visibilizando y denunciando el impacto del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres en la costa sur, es el objetivo de CEIBA al realizar este trabajo, con la finalidad de seguir posicionando las acciones y principales demandas desde la perspectiva de las mujeres.

2. Antecedentes y marco de conceptos

Se entiende por monocultivo a las grandes extensiones de terrenos cultivados con una sola especie, la cual puede ser de tipo agrícola, forestal, pecuario o hidrobiológico. Uno de los principales monocultivos en Guatemala hoy en día, es el de la caña de azúcar, alrededor del cual se ha desarrollado un proceso de concentración y acaparamiento de las tierras, toda una industria, infraestructura de servicios e institucionalidad para cumplir con el objetivo de colocarse en el mercado de exportación, sin importar las condiciones sociales y ambientales en el que se sustenta y el que provoca.

Pero la caña de azúcar como especie no es el problema. En la economía de muchas familias campesinas, la caña de azúcar es parte de su estrategia biodiversa: se usa como barrera viva para retener el suelo de la erosión y proteger el talud de las acequias, en los campos de frijol y de maíz, o asociado a los muchos otros cultivos en las parcelas campesinas; su jugo es extraído en los trapiches para elaborar la panela artesanal y la melcocha, es fuente de azúcar que endulza la bebida o para la elaboración de postres, y que se comercializa en ferias regionales. También se usa para la alimentación del ganado, y la población lo consume como jugo o como fruto.

Contrario a la economía campesina, la gran industria de la caña de azúcar ha convertido 278,880 ha en monocultivo (INE, 2015), mismos que son cultivados por aproximadamente 2,500 agricultores, y procesados y exportados como azúcar por los 12 ingenios existentes en Guatemala, concentrados en la región de la Costa Sur (Melgar, 2011). El empeño puesto en una economía basada en este producto se observa en el hecho de que en 1960 se estimaban 15,000 ha del cultivo, para el año 2000 se reportaban 180,000 hectáreas, y en el año 2010 llego a abarcar 230,000 hectáreas (CENCIGAÑA, 2014). Es decir, que en 55 años la superficie creció 18.6 veces.

En la imagen 2, puede apreciarse la franja de color verde limón, la cual es el área que se emplea para siembra de caña de azúcar en la Costa Sur de Guatemala (Retalhuleu, Sacatepéquez, San Marcos y Santa Rosa), sin variedad de otros cultivos y con uso excesivo de agroquímicos. El impacto al territorio, entendiendo este como el conjunto de elementos, es decir; ríos, océanos, lagos, lagunas, suelos, aire, seres vivos (árboles, plantas, animales, humanos) y superficie terrestre con el cual interacciona y se interconecta el ser humano y su acción en el territorio; el impacto se traduce en pérdida de biodiversidad, excesivo uso del agua, contaminación particularmente la causada por el uso de agrotóxicos, la expropiación de forma ilegal de la tierra y la expulsión de la población utilizando la violencia.

El monocultivo de la caña de azúcar genera grandes impactos como el desgaste del suelo, la quema de los productos (el humo, que se propaga en todo el territorio, contamina el aire durante días), los vertederos inadecuados de residuos llegan a los ríos y estos llevan las aguas hacia zonas más bajas o hacia el mar, las extensiones de tierras en manos de pocas personas, en contraste con la escasa tierra permitida a la mayoría de la población, que en los mejores casos apenas tiene tierra para una vivienda. Además, los espacios laborales en las fincas tienden a ser desgastantes y enfermizos para trabajadores y trabajadoras, quienes carecen de falta de atención adecuada en salud, propiciando que se propaguen enfermedades como las gastrointestinales principalmente en la niñez.

3. Impacto de la caña de azúcar en las mujeres de comunidades de Champerico

El monocultivo de caña de azúcar es un cerco a las comunidades de Cuchuapán, la Gomera, Monte Cristo y el Triunfo, Comunidades de Champerico, Retalhuleu, en la costa sur de Guatemala. Dos ingenios se sitúan aledaños a dichas comunidades: Ingenio Magdalena e Ingenio El Pilar, los cuales trabajan para la producción, procesamiento y comercialización de azúcar a nivel nacional e internacional.

El Ingenio Magdalena, es uno de los mayores productores y exportadores de azúcar a nivel Centroamericano. La producción y comercialización del azúcar parece bien desde su perspectiva, sin embargo, el sistema de producción que emplean ha generado inconformidad en las comunidades aledañas, debido al cambio en el uso de la tierra, a la práctica irracional de productos químicos en los cultivos que contaminan y degradan las tierras y el agua, así como el uso excesivo de agua que demandan para la producción, llegando a desabastecer a las comunidades.

De modo que el monocultivo de la caña de azúcar ha generado impactos en la población de comunidades cercanas, en especial en las mujeres, pues son ellas, quienes se encargan, en la mayoría de los casos, de cuidar y velar por la siembra y producción de los huertos y parcelas integrales, situación que se deriva de que los hombres trabajan en los ingenios, fincas y dejan de atender su propia siembra y producción.En contraste con las grandes extensiones de monocultivo de caña de azúcar, las pequeñas parcelas y/o huertos campesinos en las comunidades son altamente diversificadas con alrededor de 25 especies entre hortalizas, frutales y plantas medicinales, y tienen el objetivo primario de producir para el consumo familiar, y sólo si hay excedentes los comercializan en la comunidad.

A la vez, contrario al manejo agroquímico del monocultivo de la caña de azúcar, los cultivos de las comunidades son cuidados con abonos, insecticidas y foliares orgánicos, elaborados a base de plantas locales, en un trabajo familiar. Como una forma de resistencia ante los monocultivos intensivos, colectivos de mujeres decidieron apostar desde hace varios años a la protección de la tierra y el cultivo de productos orgánicos. “Las plantas, hierbas y otros cultivos como el maíz y frijol, son importantes en la vida de la mujer, somos maíz y no podemos comer otro tipo de alimento que no sean los nuestros”, dijo María Santos.

Es constante la preocupación de las mujeres por la falta de agua, que se ha ido agudizando a causa de los ingenios, ya que no cuentan con suficiente agua para mantener sus cultivos y la poca que tienen está contaminada. Esto implica a las mujeres la búsqueda de medios para abastecer a la familia de alimentos nutritivos, viéndose obligadas a comprar hortalizas y verduras en el mercado local, movilizarse por varias horas, e invertir en el transporte sus escasos recursos económicos.

Esta situación las obliga a vender sus animales de patio para poder comprar alimentos que no tienen y requieren, incrementando su carga de trabajo por un rol culturalmente preestablecido, señalándolas a ellas como las principales responsables de abastecer de alimentos a la familia. Las mujeres de la Gomera, Monte Cristo, Cuchuapán y el Triunfo de Champerico, Retalhuleu, asegurán que los pozos se han secado o que es insuficiente el agua que tienen para abastecerse, debido a que los ingenios Magdalena y El Pilar emplean maquinarias para desviar los ríos hacia su producción, dejando una mínima parte para el uso de las comunidades cercanas.

Las mujeres relatan que en tiempos anteriores los pozos artesanales de agua no eran tan profundos, sin embargo, en la actualidad han tenido que escarbar más profundo para poder encontrar agua y en algunos casos no han encontrado agua, tan solo pozos secos. Así mismo, las mujeres manifiestan que esta situación les afecta en las actividades que realizan dentro del hogar. Son ellas las encargadas de velar porque la familia tenga acceso al agua para uso en la limpieza personal, lavar los alimentos y prepararlos, lavar ropa y trastos, así mismo velar porque se tenga agua para uso y consumo de los hijos, hijas y esposo.

Señalan que su problemática se ha ido agravando. Ahora, además de la escasez, la poca agua que tienen está contaminada por los químicos que esparcen en las fincas para  madurar su producción en horarios de la mañana y la ceniza que resulta como producto de la quema de caña, lo que ha generado principalmente enfermedades de la piel (ronchas y manchas) en mujeres, ya que son ellas las que más se exponen a espacios descubiertos, al ir al motor a moler nixtamal, al dejar a sus hijos e hijas a la escuela y cuando salen a trabajar a sus huertos o parcelas, actividades que realizan en horarios de la mañana, aprovechando su tiempo. Igualmente, el agua contaminada ha provocado enfermedades gastrointestinales en niñas y niños que tienden a ser los más vulnerables y que, a raíz de los patrones culturales impuestos, recae en las mujeres velar por su alivio y crear las condiciones necesarias para que se recuperen. Se ha incrementado también la presencia de moscas y zancudos, generando dengue y alimentos contaminados que en su mayoría son consumidos por mujeres embarazadas, niños y niñas, lo que impacta en su sistema inmunológico y puede ocasionar desnutrición principalmente en mujeres embarazadas.

Otros efectos del monocultivo de la caña de azúcar son los daños severos a los cultivos en las parcelas y/o huertos campesinos a causa del uso de madurativos aéreos, que son dispersados de 6 a 9 de la mañana sobre las extensas plantaciones de caña de azúcar, lo cual recae sobre los cultivos de las viviendas cercanas y ello genera que los frutos y verduras se maduren y caigan antes del punto natural de corte y cosecha, lo que ha ocasionado grandes pérdidas de cultivos, principalmente en ajonjolí, aguacate, pepino, papaya, mango y tomate, llevando a pérdidas cuantitativas. Una familia de la Gomera reportó pérdidas por hasta US $3,750.00 en un año por esta causa. Esto implica limitaciones para generar alimentos en el hogar y para comercializar.

Las mujeres de la localidad muestran su preocupación ya que empleaban la venta de frutas tropicales como un medio para generar ingresos familiares, sin embargo, la situación provoca en las familias mayor escala de pobreza, lo que implica para las mujeres, según sus relatos, el limitar de alimentos a su familia, y una carga más el tener que buscar otros medios para abastecer a su familia de alimentos nutritivos y a costos inalcanzables para sus ingresos, aunado a ello hay mujeres solteras y viudas que son las encargadas de velar por el acceso a alimentos de su familia y se ven más limitadas.

A esto se suman las consecuencias de la quema de la caña de azúcar, acción que se realiza en todas las épocas de la producción de la caña por motivo de la zafra o corte de la caña, y que dura alrededor de 4 a 6 meses. Contaminación de humo y ceniza es lo que al ambiente, a las mujeres y a la vida comunitaria significa el inicio de la época de la zafra en Champerico.

En Retalhuleu, se tiende a contaminar y generar basura en las carreteras, y a dañar las mismas por el paso constante de los camiones recolectores de caña. En plena carretera internacional los camiones trasladan, para su procesamiento, la caña cortada hacia los ingenios, lo que limita el paso del transporte público provocando tráfico a todas horas, limitando a las mujeres a movilizarse para realizar sus múltiples actividades y llevándolas a caminar largas horas por las distancias y generar un desgaste físico en ellas, extra al que se genera desde sus actividades cotidianas.

Ante esta situación vivida día a día, las mujeres de las comunidades posicionan la demanda sobre el goce de sus derechos y el acceso al agua en calidad y cantidad. Las mujeres aseguran que el agua es un bien de la comunidad, les permite vivir y convivir en armonía, producir sus propios alimentos con calidad. Manifiestan que como mujeres y principales afectadas, han llevado acciones a nivel de la zona, se han reunido con dirigentes de los ingenios para manifestarles de forma verbal los daños que la caña de azúcar y su proceso de producción está generando. Les han hecho ver las pérdidas cuantitativas por parte de los ingenios, y les han pedido hacerse responsable respecto al tema y retribuir esas pérdidas a la comunidad. Sin hacerse responsables, pero aparentando hacer algo por las comunidades, los propietarios de los ingenios están empleando como estrategia:

1) generar un “aporte” a la comunidad, como pasar maquinaria en las calles de terracería en la Gomera;

2) ofrecer láminas y jornadas médicas en Monte Cristo;

3) generar empleos en Cuchuapan y El Triunfo.

En su mayoría, las comunidades no han cedido a las regalías, más bien han posicionado su interés fundamental de acceso al agua y a comunidades libres de contaminación de químicos y residuos.A pesar de la doble jornada de trabajo que realizan como actividades cotidianas dentro de la casa, y trabajo no remunerado, las mujeres con mucha más frecuencia están participando en procesos de organización comunitaria, que les abren oportunidades de formación para adquirir habilidades productivas como el cultivo de sus huertos dentro del marco de las prácticas ancestrales de producción que les han sido muchas veces arrebatadas, además los espacios de organización y formación les permiten formarse, adquirir conocimientos y análisis de la realidad y de sus derechos para construir formas y herramientas para enfrentar a los propietarios del monocultivo y agroindustria de la caña de azúcar.

Los efectos lesivos del monocultivo de la caña de azúcar en la vida de las mujeres, las ha llevado a defender sus derechos y a participar constantemente en mesas de diálogo, talleres, foros y conferencias que les permitan manifestar y visibilizar el impacto que tienen los monocultivos en su vida y la de su comunidad, ante personalidades públicas como diputados, alcaldes y maestros, así mismo, a crear redes con entidades privadas en defensa del ambiente y de sus derechos.

En acompañamiento a dicho proceso, CEIBA Amigos de la Tierra Guatemala impulsa la implementación de huertos y parcelas integrales agroecológicas, a fin de contrarrestar las pérdidas de cosecha, y difundir el uso de foliares, abonos e insecticidas orgánicos en las diferentes comunidades, a fin de posicionar técnicas agroecológicas a menores costos y que nutren la tierra y les permita tener una producción amigable con el ambiente. Para hacer incidencia de forma más precisa, se promueve el análisis participativo de los impactos que generan los monocultivos con la población afectada, para sensibilizar y unir esfuerzos bajo los intereses de la colectividad. Se fortalece también la organización comunitaria, en defensa de sus derechos principalmente el acceso a tierras, el agua y zonas libres de monocultivo.

4. Conclusiones

  • El monocultivo de la caña de azúcar en Guatemala sigue creciendo, arrebatando grandes extensiones de tierra y despojando a la población de su territorio y profundizando el acaparamiento de tierras.
  • El sistema de producción y cosecha de la caña de azúcar ha generado impactos negativos principalmente en la vida de las mujeres, ocasionando el acceso limitado del agua, enfermedades gastrointestinales, daños materiales a techos de las viviendas y el daño a la producción de huertos y parcelas.
  • La población de las comunidades y las mujeres cuentan con una organización comunitaria, propia, están empoderadas, y han tomado la decisión de dialogar, de denunciar y de exigir sus derechos violentados por la práctica de los monocultivos y el apetito voraz por el dinero que tienen los propietarios del monocultivo y agroindustria de la caña de azúcar, y que insisten en mantener a la mujer en un rol pasivo, sumiso, sedentario, de encierro, sin oportunidades para el desarrollo de todo su potencial como persona humana.

5. Referencias

– Castro, N. 2017. Tener sed por culpa de la caña de azúcar. Disponible aquí.

– INE, I. N. 2015. Encuesta Agropecuaria Nacional 2014. Guatemala: Inkscape.

– PNUD. 2016. (Guatemala, 2016).

– CENGICAÑA (Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña de Azúcar).2012. El Cultivo de la Caña de Azúcar en Guatemala. Melgar, M.; Meneses, A.; Orozco, H.;Pérez, O.; y Espinosa, R. (eds.). Guatemala. 512 p.

– Melgar, M. 2011. Fuente: “Estrategias de investigación y desarrollo en la agroindustria azucarera de Guatemala”. Presentación en Power Point en el seminario para la constitución del Centro de Investigación Científica y Tecnológica de la Caña de Azúcar (CICTCAÑA). Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera del Senado de la República Mexicana. 16de noviembre 2011.

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Agronegocio y mujeres rurales: El caso de los monocultivos de piña en Costa Rica

Artículo de COECOCEIBA/Amigos de la Tierra Costa Rica, publicado en el informe “Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central” de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Primera edición: marzo 2018

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1. Introducción

El conflicto territorial que implican los monocultivos en Costa Rica tiene un alcance profundo en la cotidianidad, principalmente de mujeres que son afectadas por el agronegocio. En un país enfocado en la apertura comercial, la firma de Tratados de Libre Comercio y de protección de inversiones; la expansión de los monocultivos ha sido el principal fenómeno que enfrentan las comunidades rurales actualmente y que pone de manifiesto que quienes cargan con las consecuencias tienen rostro femenino, pero ellas son también las que más le hacen frente y resisten a la expansión del agronegocio.

Para entender el agronegocio en Costa Rica, es necesario vincularlo con más de treinta año de política neoliberal de los últimos gobiernos. Con la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos (2008), a la fecha se han detectado crecimientos de zonas cultivadas con palma aceitera, caña de azúcar, piña y banano, productos enfocados en la agroexportación y que no integran la dieta cotidiana de la población costarricense y que han venido a desplazar los granos básicos y atentar contra la producción campesina que desde los años ochenta viene quedando sin apoyo estatal y que ha sufrido golpes fuertes con el embate neoliberal de las décadas siguientes.

Se estima que existen alrededor de 250 mil hectáreas dedicadas al agronegocio, de los cuales 56 mil son dedicadas al cultivo de la Piña Gold o MD2, dependiente además de paquetes tecnológicos basados en agrotóxico como el Bromacil, Diuron, Endusolfan, Paraquat, Tiadimefon, Mocap, entre otros. En términos de 10 años (2007-2017) la importación de herbicidas se ha multiplicado 312% (1) y la cantidad de fuentes de agua para aprovechamiento humano contaminados por estos agrotóxicos aumenta. Sólo en 2017 se reportaron más de dos nacientes de agua para consumo humano contaminadas con Bromacil en la zona norte, en la comunidad de Veracruz en San Carlos de Alajuela. Impactando a más de 5000 personas que toman de esa fuente.

Sumado a lo anterior, las disparidades y la discriminación que viven las mujeres es una discusión que engloba muchos aspectos, como el acceso a los bienes, la economía del tiempo, el trabajo no remunerado, el desempleo, los salarios bajos, y la violencia sexual, entre otros. La situación que viven las mujeres en el campo es reflejo de algunos de estos sometimientos que sufren por condición de género y que, en muchos casos, coinciden con el modelo que impulsa el sistema industrial de alimentos.

Según el último Censo Agropecuario de Costa Rica (2) las mujeres poseen solamente el 8,1% del área cultivable del país, mientras que los hombres tienen más del 91.9%. De la misma forma, en términos de cantidad de fincas (títulos de propiedad) en el país existen 93.017 fincas. Un total de 80.972 tienen como condición jurídica la persona física (87%), el resto (13%) están en manos de empresas privadas. De las fincas que están a nombre de personas físicas, 68.374 (84,4%) están dirigidas por hombres y tan sólo 12.598 fincas (15,6%) son dirigidas por mujeres. Lo anterior nos habla de que las mujeres tienen menos acceso a títulos de propiedad. Si lo vemos en total de hectáreas de todas las fincas, las mujeres poseen solamente el 4,4% del área cultivable del país. Es decir, en promedio las mujeres tienen parcelas mucho más pequeñas en comparación con las extensiones en propiedad que tienen los hombres.

Siguiendo la tendencia de exclusión, la asistencia técnica por parte del Estado es otra de las áreas en las que se presentan disparidades. Éstas resaltan, si seguimos analizando e interpretando los datos arrojados por el Censo que las fincas dirigidas por mujeres productoras y que recibieron asistencia técnica por parte de algún ente estatal o privado, representan sólo el 2,7% del total; mientras que las dirigidas por hombres representan el 17,1%. No queda duda de la desprotección que viven las mujeres en términos de acceso a capacitación y apoyo técnico.

Estos datos son nacionales y no son específicos sobre el cultivo de la piña; pero reflejan la realidad existente en forma general, en términos de tendencia en el agronegocio. Hace falta una mayor profundización, más investigación y trabajo de campo para precisar la realidad de las mujeres.

2. El impacto del monocultivo de piña en la vida de las mujeres

La condición de la mujer respecto al monocultivo de la piña es invisible ante las instituciones públicas, pese a que existen reportes de cambios en la cotidianidad de la vida de las personas que son vecinas de plantaciones. Por ejemplo, en 2003 el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRETUNA), reportó por primera vez la presencia en el agua de agroquímicos utilizados en la producción y postcosecha de la piña para la agroexportación. El IRET concluyó que las aguas que abastecían a comunidades como Milano, Cairo, Luisiana y La Francia, no eran aptas para consumo humano por la presencia de estos agroquímicos. Esto ha cambiado totalmente la cotidianidad de las comunidades y en especial la de las mujeres. Desde hace 13 años un camión cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (Aya) reparte agua potable a estas comunidades dos o tres veces a la semana.

El no poder utilizar el agua servida por las tuberías de la comunidad ha generado que se compliquen las labores cotidianas de cuidado (3), como la cocina, el baño, la limpieza o la crianza de los hijos. Lamentablemente estas labores de cuidado por lo general recaen solamente en las mujeres, por lo que podemos decir que estas condiciones de contaminación han tenido un impacto diferenciado en las mujeres, haciendo que se extiendan las jornadas de labores en el hogar, y complicando el trabajo por el acarreo de agua con cubetas que hacen que se emplee más esfuerzo en hacer estas tareas cotidianas. Esto también debería ser sujeto de investigación, ya que no se reportan estudios enfocados en los impactos con enfoque de género del monocultivo de la piña.

De igual forma, son las mujeres quienes han tenido mayor protagonismo dentro de las luchas en contra de este monocultivo. El Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) es una organización compuesta en su mayoría por mujeres que tienen un liderazgo importante en la coordinación de las acciones y que además son las que primero se organizaron (antes que los hombres) para luchar contra la agroindustria contaminante. Además, han sido clave para buscar soluciones a los problemas de erosión, contaminación y acaparamiento de tierras que provocan las piñeras. El FRENASAPP es un espacio abierto de coordinación, que busca articular esfuerzos de las comunidades afectadas por la producción de piña. Su lucha es por la vida, por la defensa del derecho a un ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la vivienda adecuada y a la tierra, para garantizar los recursos naturales para las futuras generaciones.

La producción de piña a gran escala ha afectado los derechos, porque se ha envenenado la tierra y el agua, destruido la flora y la fauna, desplazado a los campesinos de sus tierras, y perjudicado gravemente la soberanía alimentaria, ya que en las tierras donde se sembraba alimentos ahora se siembra solo piña. Además, las condiciones de trabajo se dan irrespetando las garantías laborales, y no se les permite tan siquiera a las y los trabajadores la sindicalización para defender su derecho a un trabajo digno.

También en la gestión del agua potable son las mujeres las que han buscado soluciones a la contaminación. Acueductos comunales liderados por mujeres, como es el caso del acueducto de Milano, han sido de las organizaciones locales más activas en denunciar a las compañías que irrespetan la legislación ambiental. Incluso han sido mujeres, las representantes en el gobierno local, quienes han interpuesto las propuestas de moratorias municipales a la expansión piñera. Un ejemplo de ello es la regidora de la municipalidad de Guácimo, Erlinda Quesada.

Sumado a esto, la Asociación de Mujeres Unidas para el Desarrollo de África (AMUDA), en la localidad de África de Guácimo en la provincia de Limón, Costa Rica, nace en el 2012 con el objetivo de fortalecer la organización comunal y para defender los recursos naturales. En Guácimo, han cultivado sus parcelas con el fin de rescatar la medicina tradicional vinculada al bosque húmedo. Esta asociación ha explorado alternativas económicas al monocultivo, insertando técnicas de agroecología y agroforestería a sus huertos y parcelas. Insistimos en que estos temas son muy poco explorados o investigados. Por su importancia para el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y el liderazgo de las mujeres en temas de conflictos socioambientales, debería de ser de interés para la academia y las mismas organizaciones sociales.

3. Salud comunitaria e investigación desde las mujeres

Las mujeres afectadas por la piña no se quedan de manos cruzadas ante la inacción de las autoridades estatales y las empresas contaminantes. Ahora, en 2018 le apuestan a la investigación con enfoque comunitario para conocer el estado de la salud en las comunidades rodeadas por el monocultivo.

La salud comunitaria es un enfoque que el FRENASAPP está desarrollando para encontrar, registrar y sistematizar aquellas afectaciones producto de la exposición a los agrotóxicos de la piña. Buscan demostrar que esta industria está envenenando su salud, para así denunciarlo a la luz pública para frenar su expansión. Esta investigación es liderada por investigadoras y dirigentes comunitarias que en conjunto están trabajando en una innovadora forma de hacer visible lo invisible. El veneno no se ve pero se pueden encontrar sus impactos en todos lados.

4. Conclusiones

Estas y otras propuestas elaboradas, sentidas y pensadas desde espacios de resistencia de las mujeres, representan un enriquecimiento a las distintas formas de defensa del territorio. A través de estas experiencias, las mujeres nos recuerdan, por un lado, que la lucha por la defensa del territorio está estrechamente ligada a la propia soberanía. En un contexto de acelerada masculinización del espacio, las mujeres sufren directamente y en mayor medida los impactos de las actividades extractivas como lo son los monocultivos.

Las mujeres históricamente buscan y recrean diferentes maneras de lucha y defensa del territorio, jugando papeles más activos, sus fuerzas para enfrentar un enemigo común que está promoviendo el despojo. Por otro lado, las mujeres en resistencia nos enseñan a comprender el territorio como un espacio integral, donde los impactos de las actividades extractivas alteran abruptamente el ciclo de reproducción de la vida, cuya difícil regeneración recae sobre las espaldas de las mujeres.

La defensa del territorio va más allá. Significa cuestionar un modelo de desarrollo occidental, capitalista, colonialista y patriarcal, que en su búsqueda de organizar la vida en torno a un pretendido crecimiento económico sin límites, ha declarado la guerra a la vida misma. Las mujeres se alzan así, protagonistas de la resistencia superando los obstáculos de una sociedad patriarcal, estas experiencias son una demostración de que las mujeres organizadas en la defensa de la tierra construyen un espacio de libertad desde el cual reivindican su derecho a defender la vida, a hablar con su propia voz, de movilizar, resistir y transformar.

Notas:

(1) PROCOMER

(2) Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Censo Agropecuario 2014

(3) Estas labores no deberían de recaer solamente en las mujeres del núcleo familiar, sino que deben de ser distribuidas con mayor justicia. Lamentablemente las dinámicas de género dentro de esta sociedad siguen siendo machistas y, por lo tanto, sujesionan a la mujer.

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Petición: El gobierno de España debe eliminar el aceite de palma de la producción de biodiésel

Artículo de la confederación de organizaciones ecologistas de España “Ecologistas en Acción” – A 13 de abril 2018

  • España se opone a apoyar una propuesta del Parlamento Europeo para dejar de utilizar el aceite de palma en el biodiésel.
  • Ecologistas en Acción, Salva la Selva y Transport and Environment (T&E) denuncian que el cultivo de la palma aceitera provoca enormes emisiones de CO2, desplaza a las poblaciones indígenas y destruye biodiversidad.
  • Salva la Selva lanza una petición en línea para exigir que el gobierno de España elimine el aceite de palma del biodiésel

>> Firma la petición lanzada por Salva La Selva <<

El Parlamento Europeo ha aprobado un borrador de Directiva de Renovables en el que, entre otras cosas, se llama a que el biodiésel de aceite de palma no se considere una energía renovable, lo que significaría su práctica desaparición del mercado de los biocombustibles. Este borrador se está discutiendo en el Consejo de Europa, donde se reúnen los representantes de los Estados miembros, y la Comisión Europea. Al contrario que otros países de la Unión, como Holanda o Portugal, el Estado español se ha posicionado claramente en contra de esta eliminación, según filtraciones a las que ha tenido acceso Ecologistas en Acción.

Y es que el aceite de palma no solo está en la mayoría de los alimentos procesados, también se mezcla en forma de biodiésel con el diésel convencional que consumimos en Europa. En concreto, casi la mitad del aceite. Al contrario que en los alimentos, los consumidores no podemos elegir consumirlo o no, ya que el biodiésel está siempre mezclado con el diésel convencional. Es el resultado de una medida de la Directiva de Energías Renovables vigente, que obliga al uso de energías renovables en el transporte. Y esto se consigue mayoritariamente mediante el uso de biocombustibles, entre ellos de biodiésel de aceite de palma.

El objetivo de la medida era disminuir las emisiones de CO2 en el sector del transporte. Pero, al contrario que se pensaba, los biocombustibles producen enormes cantidades de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), y son particularmente altas cuando provienen del aceite de palma.

Lo que ocurre es que la palma aceitera se cultiva en zonas de turberas y selvas de gran valor, principalmente en Indonesia y Malasia. La quema de amplias zonas de selva, y sobre todo el drenaje de turberas para su posterior cultivo, suponen la liberación una enorme cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera. A esto hay que sumar emisiones que no continúan reteniendo las tierras deforestadas, además de las correspondientes al proceso de fabricación, transporte y quema del biodiésel. El resultado son emisiones GEI 3 veces mayores que las de la quema de combustibles fósiles.

Desgraciadamente, el impacto del cultivo de la palma aceitera no termina ahí. Este cultivo conlleva la destrucción del hábitat de especies en peligro de extinción como el orangután. Por si fuera poco, se trata, en general, de grandes plantaciones que desplazan a los pequeños propietarios, que se ven obligados a abandonar su tierra. Ha llegado incluso a costar la vida a líderes de estas comunidades, como Hernán Bedoya.

Según Nuria Blázquez, responsable de biocombustibles de Ecologistas en Acción, “la posición española es contraria a los compromisos adquiridos en la Cumbre de París, además de ir en contra de los derechos humanos y la conservación de la biodiversidad”.

Klaus Schenk, portavoz de Salva la Selva, ha añadido: “La mayor parte del aceite de palma en España (1,2 millones de toneladas en 2017) se destina a la producción de biocombustibles. El gobierno español debe respaldar la protección de las selvas tropicales y eliminar el aceite de palma del biodiésel de las energías renovables. Por eso Salva la Selva invita a firmar esta petición para que el Gobierno español cambie de postura”.

>> Firma la petición lanzada por Salva La Selva <<

La petición lanzada por Salva la Selva es una carta en línea dirigida a: Álvaro Nadal, Ministro de Energía; Isabel García Tejerina, Ministra de Agricultura y Medio Ambiente; Román Escolano, Ministro de Economía; cc Miguel Arias Cañete, Comisario UE Clima y Energía; José Blanco López, Ponente UE DER

El gobierno español debe respaldar la protección de las selvas tropicales y eliminar el aceite de palma del biodiésel.

Estimados señores/as ministros:

La Unión Europea está decidiendo la nueva Directiva de Energías Renovables que estará vigente entre los años 2021 y 2030.

En el marco del proceso de renovación de la Directiva, el Parlamento Europeo decidió el 17 de enero 2018 con amplia mayoría eliminar el aceite de palma como materia prima renovable para la producción de biocombustibles (biodiésel e hidrobiodiésel).

La decisión se fundamenta en la tala masiva de las selvas tropicales para establecer las plantaciones de palma aceitera, la destrucción de la biodiversidad y el despojo a pequeños campesinos y pueblos indígenas de sus tierras ancestrales.

Estudios encargados por la propia UE certifican que el biodiésel de aceite de palma libera tres veces más emisiones de efecto de invernadero que el diesel fósil de petróleo.

En este contexto, estamos muy en desacuerdo con el intenso lobby que el gobierno español está llevando a cabo a favor del aceite de palma en el Consejo Europeo y la Comisión Europea.

Pedimos al gobierno Español que ayude a la protección de las últimas selvas tropicales y sus habitantes. Deben tomar en serio los nocivos efectos de la industria de aceite de palma y actuar en consecuencia respetando la bien fundada decisión del Parlamento Europeo de eliminar el aceite de palma del biodiésel.

Atentamente,

>> Firma la petición lanzada por Salva La Selva <<

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Informe: Treinta años de transgénicos en México

Este 15 de febrero, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam) presentó su informe “Informe: Treinta años de transgénicos en México” en conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) en la Ciudad de México.

>> DESCARGAR EL INFORME <<

Autor: Daniel Sandoval Vásquez

Revisión: Ana de Ita

Formación: Eva Sandoval Vásquez

Contacto: ceccam@ceccam.org – 5661 1925 – 5661 5398

Introducción:

En este documento hemos intentado reunir, por primera vez, los resultados más destacados al hacer el trabajo de indagar cuál ha sido, hasta el momento, el avance de los organismos genéticamente modificados (OGM) o transgénicos en México, a través de la localización geográfica de los sitios donde diversas instituciones y empresas han solicitado al gobierno mexicano la liberación de este tipo de cultivos al ambiente, con o sin ninguna medida de control.

El archivo cartográfico que nos ha servido para mostrar esta panorámica de los OGM a nivel nacional, fue construido tomando como base información oficial de prácticamente tres décadas, razón por la cual, nombramos este documento Treinta años de transgénicos en México. Para ello, hemos hecho uso de diversos informes con los ensayos autorizados para la siembra de OGM que, según esos documentos, dieron inicio en nuestro país en el año de 1988. Además, organizamos y procesamos la información contenida en parte de los dictámenes y registros con las solicitudes, que han sido presentadas por las empresas de transgénicos a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), desde el año 2005, hasta agosto de 2017. Finalmente, complementamos la información con la revisión de un conjunto de comunicados, leyes, reglamentos, etc., que aportan al lector algunos aspectos básicos (términos, nombres de instituciones y sus funciones, entre otros) para permitir una mejor interpretación de los datos que aquí presentamos.

Esperamos que el contenido de este nuevo material se convierta en una aportación útil para la  discusión del tema, sobre todo, en un contexto donde algunos personajes del gobierno y los representantes de un grupo muy reducido de instituciones y empresas (principalmente extranjeras), pretenden continuar con la imposición de la producción y consumo de transgénicos en nuestro país, aún cuando las comunidades directamente afectadas, grupos de académicos y científicos a nivel nacional e internacional, etc., siguen fundamentando por qué es necesaria e incluso decisiva la oposición a este tipo de proyectos.

Situación general del avance territorial de los cultivos transgénicos en México:

Cuando internacionalmente las empresas e instituciones de transgénicos y sus promotores comenzaron a difundir su conocido discurso sobre los supuestos beneficios en la aplicación de la biotecnología, México fue uno de los primeros países donde dieron inicio las solicitudes para realizar ensayos experimentales con OGM.

En México, la historia de la “liberación” legal de transgénicos al ambiente comenzó cuando en 1988 la empresa Sinalopasta (en aquel entonces propiedad de la estadounidense Campbell’s) solicitó la autorización para la siembra experimental de tomate transgénico, la cual le fue autorizada ese mismo año.

El mapa 1 muestra la ubicación de esa primera solicitud de 1988 y los 356 sitios solicitados para la liberación de transgénicos que le han seguido hasta agosto de 2017. Este mapa une de forma general la ubicación de todos los permisos para el cultivo de transgénicos en el territorio mexicano.

Periodo 1988 al año 2004

A principios de los años noventa, la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) fue la responsable de la bioseguridad y se apoyó en un grupo interdisciplinario de científico que constituyeron el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (CNBA), quienes definieron la política, con base en el “principio precautorio” y el establecimiento de la carga de la prueba a los productores de OGM y se elaboró la NOM 68 FITO (1994), antecedente de la NOM 056 FITO 1995, para el manejo de transgénicos [2].

En 1999 fue creada la CIBIOGEM, integrada por seis secretarías de estado.

En 1993, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) solicitó la primera prueba de campo para maíz transgénico, a la que le siguieron otras del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y el Trigo (CIMMYT).

Todos estos ensayos se realizaron en una escala mínima, nunca mayor a una hectárea y tomando medidas estrictas de control. Entre 1996 y 1998, ante el crecimiento de solicitudes de experimentación en campo con maíz transgénico, el CNBA recomendó establecer una moratoria a su siembra, por ser país centro de origen y diversidad. La SAGARPA en 1999 puso en marcha una moratoria de facto a la siembra experimental y comercial de maíz transgénico, que se mantuvo hasta el 2005. [3]

Entre 1998 y 2004, se otorgaron 317 permisos a 38 empresas, 3 institutos de investigación, universidades, etc. para 26 cultivos experimentales de OGM en 48 sitios, de 17 estados del país. La superficie total sumó 667,510 hectáreas, casi el 90% de ésta para algodón, en fase experimental o piloto.

[1]. La empresa Sinalopasta fue adquirida en el año 2012 por la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente.

[2]. Destaca que el 20 de diciembre de 1995, fue publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el Proyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-056-FITO-1995 , aprobado el 7 de noviembre de 1996 y, que desde ese momento, comenzarían a defi nirse de forma más específi ca qué características tendrían las medidas de control o requisitos establecidos por el gobierno mexicano, para la importación y liberación al ambiente de transgénicos. En cuanto al marco institucional, en el año 1999 fue creada la CIBIOGEM, integrada por titulares de la SAGARPA, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

[3]. José Antonio, Serratos Hernández, “Bioseguridad y dispersión de maíz transgénico en México”, en Revista Ciencias  92-93, UNAM, octubre 2008- marzo 2009, México p. 133-134.

>> DESCARGAR EL INFORME <<

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Documental: “Monocultura: La expansión de los monocultivos en América latina”

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Documental. 2017
Duración: 35′
Idioma: Español
Producción: Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México; Amigos de la Tierra Internacional (ATI); Red Latinoamericana Contra el Monocultivo de Árboles (RECOMA)
Guión y Realización: Aldo Santiago (periodista independiente) y Claudia Ramos (integrante de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México)
 
Les compartimos este documental disponible en nuestro canal Youtube, sobre la expansión de monocultivos de palma de aceite y piña en América Latina, realizado por Aldo Santiago, periodista mexicano independiente, y Claudia Ramos, integrante de la organización Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Muestra el avance de esta plaga en territorios de Colombia, Guatemala, Honduras y Costa Rica, donde la monocultura afecta los derechos colectivos de los pueblos a un medioambiente sano, a la salud y a la soberanía alimentaria.
 
“Este documental es una denuncia de los casos de violaciones a los derechos humanos, despojo de tierra, ocupaciones de territorios de los pueblos y comunidades indígenas, campesinas y negras, que genera la expansión de monocutivos alrededor de América latina”, explica Claudia Ramos. “Esperamos que sirva para darnos cuenta y actualizarnos con respecto a la lucha en contra de este despojo y en contra del sistema de agroexportación que impera en América central y en Colombia, el cual está basado en la comercialización de productos no básicos para la alimentación.”
 
En este material audiovisual de 35 minutos, hombres, mujeres, trabajadore/as, investigadore/as, defensores y defensoras de estos países nos cuentan cómo las empresas, entre las más conocidas la Reforestadora de Palmas del Petén, S.A. (REPSA, empresa de Guatemala a quien la compañía suiza Nestlé recién dejó de comprar aceite de palma) y Dinant (productora de palma aceite hondureña, propiedad de la familia Facussé), no solo invaden territorios y destruyen los bienes comunes naturales, sino que también impactan en la identidad cultural de las comunidades.
 
“Es un mundo que nos presentan, tenemos presentado una monocultura como la más importante, la única que podemos utilizar”, denuncia en el documental Miriam Miranda, presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), quien lamenta que “en lugares donde habia antes grandes plantaciones de maiz, ahora hay grandes plantaciones de palma”. “Ahora no solamente es la familia Facussé quien impulsa los monocultivos de palama, sino también los pequeños productores, bajo la presión del gobierno que les dice que van a tener más recursos y mas ingresos”, explica la defensora cuya organización acompaña a comunidades afrodescendientes garífunas afectadas por la expansión de la palma entre otros megaproyectos.
 
Las imágenes del documental fueron grabadas durante el año 2014 en el marco de la gira de la “Caravana Climática por América latina”, un proyecto de documentación de resistencias contra megaproyectos y por la justicia ambiental que llevaron acabo periodistas independientes de México y América latina, entre los cuales Aldo Santiago, con vista a la Conferencia de las Partes del Convenio de la ONU sobre Cambio Climático (la COP 20) organizada en diciembre de ese año en Lima, Perú. Fueron complementadas con otras imágenes registradas en el 2016.
 
Les invitamos a compartir este material ampliamente y difundirlo en comunidades amenazadas o afectadas por la explansión de monocultivos u otros megaproyectos. “Las herramientas audiovisuales nos sirven para espejearnos”, comenta Aldo Santiago. “Permiten rescatar historias, contextos, procesos de la gente en distintos lugares para luego presentarlos en otro lugar donde se viven situaciones similares. Las personas que miran el video no necesariamente están viviendo la misma situación, pero el material audiovisual les permite preguntarse en qué momento están, a verse a sí mismos, sin que sea su propia historia.”
 
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#AlertaMaíz: la supensión de la siembra de maíz transgénico en México se mantiene por ahora

Este viernes 24 de diciembre, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito decidieron que sí se mantiene en México la prohibición de la siembra de maíz transgénico a nivel nacional. Esta prohibición existe desde septiembre del 2013 gracias a los esfuerzos de la “Demanda Colectiva Maíz”. Se trata de un grupo de abogados, científicos, campesinos y defensores de derechos humanos quienes emprendieron una batalla legal contra la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría del medio ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y cinco transnacionales -Syngenta Agro, Dow Agrosciences de México, PHI México (Pioneer-Dupont), Monsanto Comercial, Semillas y Agroproductos Monsanto-, que pudieron ganar al obtener la implementación de una Medida Precautoria.

“Se mantiene esta suspensión” y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito “remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estudie la constitucionalidad del Código Federal de Procedimiento Civil”, informó el abogado René Sánchez Galindo, de la “Demanda Colectiva Maíz”, al salir de la sesión.

Desde el 2013, la prohibición se enfrenta a los constantes intentos del gobierno federal y de las transnacionaes de revocarla.”Les llamamos a seguir de cerca esta resolución ya que sabemos que hay un embate muy fuerte de (des)información en torno a los transgénicos que tenemos que aplacar desde la sociedad dando información verídica en nuestros centros de trabajo, en universidades”, agregó la Demanda en un mesaje video difundido en las redes sociales.

Compartimos el boletín de prensa de la Demanda Colectiva Maíz previo a la sesión del Tribunal de este viernes – México, A 22 de noviembre 2017

Primer Boletín de prensa extraordinario

  • A votación la medida precautoria que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico en México
  • Futuro del maíz en manos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
  • Afectaciones irreversibles si se autoriza sembrar millones de hectáreas

Este viernes 24 de noviembre los magistrados José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas, que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, decidirán si se conserva la medida cautelar que ha mantenido suspendida la siembra de maíz transgénico por más de 4 años en todo el país.

La suspensión judicial fue solicitada por un colectivo de científicos, campesinos y defensores de derechos humanos que en 2013 promovieron una demanda de acción colectiva. Hasta el momento la acción ha soportado 26 juicios de amparo y decenas de impugnaciones del gobierno federal y de la agroindustria en 17 tribunales federales.

 

Los ojos del mundo están puestos sobre México, nuestro país es centro de origen y diversificación constante del maíz. Hoy contamos con las reservas genéticas más importantes en el mundo, que se mantienen como resultado de una herencia milenaria de la interacción entre las comunidades humanas y los ecosistemas agrícolas.

México representa un escenario único en el que uno de los cultivos más importantes del mundo se siembra en diversos sistemas agroecológicos en algunas áreas, al tiempo que se plantan como monocultivos industriales masivos y sin transgénicos, en otros.

Para México el maíz constituye el 69% del sostenimiento de la alimentación de toda la población y en su mayoría lo comemos sin procesamiento industrial. Por otro lado, el 66% de toda la superficie cultivada en el país corresponde a maíz. Consumimos como alimento tres cuartas partes del maíz blanco que producimos, al tiempo que destinamos como forraje el 75% de maíz amarillo mayormente importado.

Sin embargo, en el mundo el maíz como alimento apenas alcanza el 13%, mientras que como forraje alcanza el 56%. Puede decirse que en México el maíz es un alimento básico y corazón del cocina tradicional reconocida por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, mientras que el mundo lo utiliza como forraje.

Esta diferencia en la utilización del maíz, aunada al carácter de país de origen, representan la importancia de conservar nuestros maíces nativos y de evitar el riesgo de la siembra de maíces transgénicos en más de tres millones de hectáreas.

¿Se mantendrá la medida cautelar otorgada desde septiembre de 2013, por lo menos mientras el juicio principal se resuelve? o ¿se levantará la medida, provocando afectaciones irreversibles en la conservación, utilización e intercambio de maíces nativos y sus parientes silvestres, además de los riesgos para la salud?

Informes: René Sánchez Galindo, 55-5436-4248

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Campeche: opositores a la soya transgénica denuncian el contubernio del poder judicial con Monsanto

Boletín de prensa del colectivo MA OGM – Hopelchén, Campeche, A 23 de octubre 2017

Juez de Distrito de Campeche, encargado de vigilar la consulta sobre la soya transgénica, favorece los intereses de Monsanto

  • Después de un año y medio de consulta sobre soya transgénica, el Juez Segundo de Distrito de Campeche quiebra el proceso de consulta desde su raíz emitiendo un acuerdo a favor de Monsanto para que la consulta sobre soya transgénica se lleve a cabo sólo con 6 comunidades en lugar de las 34 que lo habían acordado previamente.
  • Mientras se atienden las preocupaciones de esta empresa, se ignora la siembra ilegal de soya transgénica en más de 23mil hectáreas del municipio de Hopelchén.

Protesta de los defensores de Campeche ante el Juzgado Segundo de Distrito  Foto: Robin Canul

El Juez Segundo de Distrito de Campeche, el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, cedió ante la presión de Monsanto Comercial S.A. de C.V. y decidió ignorar los derechos de los pueblos mayas para favorecer el supuesto derecho de Monsanto en la ejecución de las sentencias dictadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo colectivos interpuestos por organizaciones de apicultores y autoridades de comunidades de los Chenes.

La trasnacional, de enorme poder económico y político en nuestro país y el mundo, envuelta en múltiples demandas legales por los efectos negativos provocados por sus productos y escándalos por corrupción, logró presionar al juez de distrito para que emitiera acuerdos (de fecha 19 y 20 de septiembre de 2017) en los juicios de amparo interpuestos por miembros de las comunidades mayas para dividirlas, ya que se han organizado para llevar a cabo el proceso de consulta sobre soya transgénica en Los Chenes de manera conjunta. El acuerdo del juez establece que la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) deben consultar únicamente a seis de 34 comunidades: SucTuc, Xmaben, Cancabchén, Pakchén, Ich-Ek y Bolonchén de Rejón. Este acuerdo del juez va en contra de todo el trabajo de un año y medio de las comunidades mayas de Hopelchén que están siendo consultadas sobre la liberación comercial de la soya transgénica de Monsanto y de los acuerdos de las comunidades de ir juntas en el proceso. Además ejerce presión indebida sobre las comunidades promoviendo división interna.

 

Los acuerdos del juez deben suspenderse porque se han interpuesto recursos de queja por los representantes de estas comunidades en contra de ellos, pero la CIBIOGEM y la CDI prestos a este acuerdo, realizaron visitas a las seis comunidades para llevar a cabo sesiones con cada comunidad. En las comunidades, los representantes y las autoridades les han informado que seguirán juntas como lo han establecido en los acuerdos iniciales del proceso de consulta porque ese es su derecho para que dicho procedimiento  sea culturalmente adecuada y acorde a su libre determinación.

Ninguno de los acuerdos anteriores del juez que obligan a la CIBIOGEM y la CDI a cumplir con los principios de buena fé y libertad se cumplieron por estas autoridades en ningún momento. Tampoco los acuerdos del juez de que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) atendiera a las sesiones fue obedecido. Esto exhibe la influencia de Monsanto sobre las decisiones judiciales y la discriminación que sufren los pueblos originarios en nuestro país que de nuevo ven sus derechos colectivos violados a favor de los intereses de las empresas.

En las semanas y los meses anteriores, los miembros de las comunidades le habían solicitado al juez en diversas ocasiones obligar a la CIBIOGEM y la CDI a continuar la consulta reconociendo a sus autoridades y representantes pero el Juez Novelo Pérez los ignoró. También se le solicitó que obligara al SENASICA a impedir la siembra de soya transgénica en la zona, ya que el permiso para ello está suspendido por orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo hizo caso omiso a esta solicitud. Así también se le solicitó que los obligará a respetar los acuerdos logrados y a continuar con las negociaciones en el proceso de consulta pero nunca lo llevo a cabo. Sin embargo, cuando Monsanto le pidió que dividiera la consulta, lo acató sin dudarlo y sin tomar en consideración toda la evidencia que consta en los expedientes sobre la voluntad de los pueblos mayas de Hopelchén e ignorando los derechos colectivos de las comunidades de Hopelchén, actuando con criterios regresivos en perjuicio de sus derechos humanos.

Este giro en la ejecución de las sentencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, las cuales ha presumido como acciones del poder judicial en defensa de los derechos colectivos de pueblos originarios, expone la falta de preparación de los tribunales federales y la discriminación con la que siguen actuando hacia los pueblos indígenas y en la interpretación y protección de sus derechos. Es lamentable el acuerdo del juez que obedece a una solicitud de Monsanto para proteger sus derechos como empresa y tercero interesado, soslayando el trabajo de un año y medio de acuerdos entre la CIBIOGEM, la CDI y las más de 34 comunidades mayas del municipio de Hopelchén y el derecho a la libre determinación de los pueblos de este municipio, el derecho de más de 20,000 personas.

Muchos pueblos originarios en México han optado por el uso de las vías legales y su continua lucha para poner en acción el estado de derecho a diferencia de otros actores en el país. Sin embargo, es evidente que las vías legales no tienen impacto en su realidad, dado que la discriminación continúa y otros deciden las políticas públicas para sus territorios ancestrales, su gente y sus pueblos. Las afectaciones continúan mientras la batalla legal se da en los tribunales. El 85% de la soya que se sembró este año en el municipio de Hopelchén es soya transgénica que es propiedad de Monsanto. La selva se destruye a marchas aceleradas por la tala ilegal, el despojo ilegal de tierras, la pérdida de cuerpos de agua temporales y la contaminación del manto freático de la península de Yucatán por cocteles de agroquímicos, incluyendo el glifosato, afectando la salud de todos sus pobladores. Los apicultores tuvieron afectaciones graves en el 80% de sus colonias esta y la temporada pasada, y la SAGARPA y demás instancias de gobierno se niegan a apoyarlos, mientras que sí dan apoyos a los productores de soya.

Sin embargo, desde el 2012 las comunidades indígenas de Hopelchén se mantienen sobre sus acuerdos y su unidad. Su organización ha crecido y hoy gozan de gran apoyo entre la población urbana y rural. La CIBIOGEM y la CDI y el gobierno federal son despreciados en las comunidades y gozan de poca confianza debido a la forma en la que se conducen con la gente. Con determinaciones como esta, el poder judicial federal exhibe impericia, promueve desigualdad y discriminación y denota un alarmante favorecimiento  hacia los intereses de grandes empresas en detrimento de los más desaventajados de este país.

Firman: Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes  / Greenpeace México / MA OGM Colectivo / Centro de Derecho Ambiental CEMDA

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Boletín de la Dirección General de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM-DGCS-607) – A 18 de septiembre de 2017

    • Ha sido modificado básicamente para resistir plagas y tolerar el herbicida glifosato, recientemente clasificado como “probable cancerígeno para los seres humanos”
    • Las 10 millones de toneladas que se importan anualmente desde EU deben usarse sólo para alimento de ganado o insumos industriales altamente procesados, consideró Elena Álvarez-Buylla

El 90.4 por ciento de las tortillas que se consumen en México contienen secuencias de maíz transgénico, así como el 82 por ciento de las tostadas, harinas, cereales y botanas de este grano, revela estudio encabezado por Elena Álvarez-Buylla Roces, del Instituto de Ecología (IE) y del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM.

En México, lugar de origen y diversidad del maíz, en donde cada habitante consume en promedio medio kilogramo diario de ese grano, se ha encontrado el herbicida glifosato, “probable cancerígeno para el humano”.

En un artículo publicado en la revista Agroecology and Sustainable Food Systems, Álvarez-Buylla y sus colegas Emmanuel González Ortega, Alma Piñeyro Nelson, Elsa Gómez Hernández, Eduardo Monterrubio Vázquez, Marlenne Arleo, José Dávila Velderrain y Claudio Martínez Debat, hallaron en el alimento básico de la dieta nacional una presencia alarmante de transgenes, es decir, de genes que provienen de maíz transgénico, de plantas que han sido transformadas en laboratorios de Estados Unidos, principalmente.

Estos maíces han sido modificados básicamente para resistir plagas y para tolerar el herbicida glifosato, que ha sido recientemente clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probable cancerígeno para los seres humanos”.

Los científicos muestrearon prácticamente todos los alimentos hechos preponderantemente con maíz que se encuentran en el supermercado y las tortillas de tortillería. Los compararon con las tortillas aparentemente más artesanales, que son de maíz nativo y hechas por personas ligadas al campo. Estas últimas fueron positivas para transgenes con una frecuencia mucho menor, y no presentaron glifosato.

Más del 85 por ciento del maíz transgénico que se produce en Estados Unidos es tolerante al glifosato, que es rociado sobre los maíces transgénicos que lo toleran, penetra en las plantas y llega a los granos, pero no pensábamos encontrarlo en nuestras tortillas y otros alimentos hechos con maíz”, recalcó.

“No esperábamos estos datos tan impactantes, porque el maíz transgénico no está permitido en México a campo abierto, pues está en proceso una demanda colectiva que lo impide desde 2013, año en que se aplicó una medida precautoria que prohibía su siembra mientras duraba el proceso legal”, comentó.

Si el gobierno apoyara la agricultura campesina, tendríamos un campo fuerte, menor impacto ambiental por la producción de alimentos, comunidades campesinas íntegras produciendo y comercializando su maíz de alta calidad a precios justos, y los mexicanos gozaríamos de una mejor salud. “Es importante recuperar la soberanía alimentaria. Los mexicanos nos estamos quedando sin opciones en términos de productos de maíz libre de transgénicos”, remarcó la universitaria.

Los análisis de ADN recombinante de los laboratorios de la UNAM y la UAM que se encargaron del estudio fueron validados por un laboratorio Alemán certificado para estos análisis y con el más alto prestigio. Los análisis de glifosato fueron hechos en este mismo laboratorio Europeo.

Suficiencia nacional

Álvarez-Buylla detalló que México produce suficiente maíz para el consumo humano: nativo e híbrido no transgénico.En 2016 se produjeron 25.7 millones de toneladas de maíz, de las cuales 12.3 millones se vendieron para consumo humano, 4.2 millones para autoconsumo, 4.4 millones para el sector pecuario y 1.5 millones para exportación”.

Las 10 millones de toneladas que se importan anualmente desde Estados Unidos deben usarse sólo para alimento de ganado o insumos industriales altamente procesados, pero no para consumo humano, y menos si es grano contaminado con glifosato, sostuvo.

La doctora en ecología y genética molecular del desarrollo pidió que se apoye a la agricultura sostenible, agroecológica y campesina (que fortalecería al campo mexicano) para que este maíz nativo o criollo, de alta calidad nutricia, complementado con el híbrido, que se produce en el norte del país, cubra las necesidades nacionales.

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Por la vida y las aguas: ¡NO más monocultivos!

Declaración internacional frente a la expansión de monocultivos de árbolesRed Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (Recoma) – A 21 de septiembre 2017, Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles

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Desde hace más de diez años, cada 21 de septiembre, conmemoramos el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Alzamos nuestras voces contra un modelo que acaba la diversidad, las aguas, la soberanía alimentaria y la vida campesina. Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA), junto a las organizaciones campesinas, indígenas, negras, juventudes, ambientalistas y académicos, hemos exigido la expulsión de los monocultivos de árboles de nuestros territorios, y la sanción a las empresas forestales que han socavado las relaciones sociales, económicas y ecológicas de las regiones donde han sido implantados como parte del modelo de despojo.

Hemos denunciado los impactos de las empresas forestales y de su maquillaje de “economía verde” con el cual pretenden permanecer en los territorios. En un momento en que, según el Foro Económico Mundial, más de la mitad del planeta vive en escasez económica de agua, con más 2.500 millones de personas –36 % de la población mundial– con estrés hídrico, clamar por el freno a las actividades extractivas forestales y a un modelo de monocultivos de árboles destructor de ecosistemas y comunidades, es impostergable. Estos monocultivos son responsables además de la degradación, contaminación y desaparición de cuerpos de agua en numerosos lugares del planeta, donde habitan comunidades campesinas, negras e indígenas.

En Argentina, mientras tanto, donde los humedales padecen el avance agroindustrial, las empresas forestales presionan para que la sanción de la Ley de Humedales no prospere.

En Chile, por su parte, tienen que enfrentar los incendios forestales (alrededor de 500.000 hectáreas no sólo de plantaciones de pinos y eucaliptos sino también de bosques fueron consumidas en un mes, este año) cuyo origen se presume está relacionado con las plantaciones de pinos y eucaliptos y que llevaron a declarar alertas amarillas y rojas en la región del Bío Bío, así como en Valparaíso.

En Colombia, recientemente, se sancionó a la empresa maderera Smurfit Kappa -con más de 815.000 dólares por afectación ambiental- por ocupar el cauce de cuerpos de agua. Esto sucede al tiempo que se conocieron crecientes cifras de deforestación que ascienden a más de 178.000 hectáreas, solamente en 2016.

Costa Rica es actualmente el mayor exportador de piña del mundo -75% de las exportaciones de piña en el mundo proviene de este país- y amenaza con seguir expandiéndo su producción de manera incontrolada. Un estudio del 2017 reveló que en 15 años la actividad piñera ha desforestado el equivalente de 5,566 hectáreas y ha contaminado decenas de acueductos rurales, además de expulsión a campesinos/as, la apropiación y concentración de las tierras por grandes empresas y la pérdida de las prácticas agrícolas tradicionales.

En Ecuador, el avance de las plantaciones de eucalipto, pino, palma de aceite y teca se hace con el apoyo directo del gobierno, que de manera arbitraria otorga a las empresas un bono de hasta 75% de la inversión, pese a que estos monocultivos afectan y contaminan el agua, provocan la deforestación de bosques nativos, invaden territorios de comunidades indígenas y negras, violentando los derechos humanos y coletivos de los pueblos.

En Guatemala, en junio de 2015, en la región del Petén, miles de peces murieron repentinamente a lo largo de 105 km del cauce del río; esto asociado al derrame de productos químicos (entre ellos Malatión, químico utilizado para tratar plantas de palma) de la empresa REPSA (Reforestadora de Palma del Petén SA). Se estima que este hecho afectó a las 16 comunidades que habitan en las orillas del río La Pasión, un aproximado de 5,600 familias conformadas por cerca de 30,000 personas, estimándose la pérdida de 5,143 Ton de especies de agua dulce. Los efectos contaminantes de este derrame se reportaron también en México, con mortandad de especies de agua dulce, sobre todo de peces. En el caso del río La Pasión no se generó ningún tipo de sanción por parte de las autoridades ambientales de Guatemala a REPSA, evidenciando la nula regulación que existe sobre las empresas palmeras.

En México hasta el 2012, se cultivaron 61,549 has de palma aceitera lo cual significó mantener e impulsar las plantaciones de este cultivo en los territorios de manera constante bajo un modelo de uso de agrotóxicos y fertilizantes que causan fuertes impactos sobre los cauces de agua y ríos aledaños a las plantaciones. El Estado de Chiapas produce el 80% del aceite de palma que, junto a la plantación de mango, plátano y pastizales, son algunos de los monocultivos que han ido cambiando la dinámica agrícola y ecológica. Esta dinámica no se remite únicamente a México ya que muchos cultivos se conectan con las regiones de producción importantes en Centroamérica como Guatemala y Honduras.

En nuestros territorios vemos a diario familias y comunidades locales permaneciendo en su territorio a pesar de la escasez de agua, debida a la expansión de plantaciones de árboles, y resistiendo a los impactos negativos que éstas causan incluso lidiando con la falta de un tejido comunitario que les permita construir relaciones y vida digna.

Con las inmensas hileras de árboles, un paisaje uniforme y un silencio que refleja la ausencia de biodiversidad unimos nuestras reflexiones y experiencias observando los impactos negativos comunes que tiene el monocultivo de árboles en los diferentes territorios. De esta manera, reconociendo el avance de la expansión de las plantaciones de árboles a gran escala, así como el impulso de este modelo por parte de los gobiernos, consideramos imperativo visibilizar estas problemáticas que atentan contra nuestra permanencia en el territorio.

Rechazamos las plantaciones de árboles porque se manifiestan con la pérdida de diversidad natural-cultural de nuestros territorios, la disminución, degradación y desaparición de nuestras valiosas fuentes hídricas, así como en la alteración de la hidrodinámica local.

Reafirmamos la necesidad de que sean las comunidades quienes planeen y gestionen sus territorios y su biodiversidad. Exaltamos las formas de producción campesina, negra e indígena como componentes imprescindibles de la soberanía territorial­alimentaria y el manejo público y comunitario del agua.

Continuaremos propiciando la organización comunitaria, el fortalecimiento cultural, el intercambio de saberes interétnico e intergeneracional y exaltaremos la recuperación de nuestra historia como una forma del entendimiento integral de la realidad actual de nuestros territorios.

Llamamos a continuar buscando un mundo libre de monocultivos, transgénicos y agrotóxicos que contaminan, degradan y exterminan la diversidad de las comunidades y de la naturaleza.

Un verdadero horizonte de paz para el planeta debe buscar asiento en la diversidad natural-cultural de nuestros territorios, la soberanía comunitaria y la dignidad de nuestros pueblos.

¡Los monocultivos de árboles acaparan territorios, desplazan comunidades
y destruyen ecosistemas!
¡No más monocultivos forestales!
¡Los monocultivos de árboles secan, contaminan y cambian el curso de
nuestros ríos y arroyos!
¡No cambiamos agua, biodiversidad y cultura por basura!
¡Los monocultivos de árboles no dan abrigo, ni alimentos, ni medicinas!
¡Las Plantaciones NO son Bosques!

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Defensores mayas en lucha contra Monsanto denuncian al gobierno mexicano por hostigar e intentar dividirlos

Comunicado del colectivo MA OGM y varias organizaciones sociales de México – Ciudad de México, a 8 de agosto del 2017

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Representantes indígenas denuncian a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) por intentar dividirlos para realizar consulta indígena

  • Presentan ante Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidencia de la estrategia de división y hostigamiento, “Nos mantendremos unidos, no nos callarán”, afirman;
  • Las dependencias buscan dividir opiniones y frenar participación de las comunidades en consulta indígena sobre la soya transgénica en Campeche;
  • Mientras tanto continúa la deforestación y destrucción de la Selva Maya.

Representantes de comunidades mayas de los municipios de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que participan en el proceso de consulta indígena ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Recomendación 23/2015 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la siembra de soya transgénica en Campeche, presentaron documentos en las oficinas de la CNDH y ante diversas Instancias internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México para denunciar el clima de hostigamiento y la estrategia de división implementadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial para la Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) con el fin de desgastar y desarticular el proceso organizativo de las comunidades en este proceso.

Angélica Ek Canché, Feliciano Ucán Poot y Luis Canul Vela de los municipios de Hopelchén y Tenabo acudieron a las oficinas de la CNDH con la boca tapada con una cruz en señal de protesta por los intentos de silenciar su opinión. Antes de ingresar a las oficinas a entregar las evidencias las partes se retiraron al grito de “No nos callarán”.

En la víspera del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, los representantes mayas, así como las organizaciones civiles que los han acompañado en el proceso de consulta, cuestionan los intereses de la CIBIOGEM y la CDI de acercarse a las autoridades ejidales de Bolonchén de Rejón, Tenabo y otras varias para incentivar procesos de consulta por comunidad y la organización de asambleas ejidales para la elección de nuevos representantes desconociendo los acuerdos de que las comunidades van juntas en el proceso de consulta y a los representantes nombrados.

Según algunas autoridades ejidales y comunales, esta campaña liderada por CIBIOGEM y CDI busca dividir y desarticular a las comunidades y ha llegado hasta los últimos rincones del municipio de Hopelchén, en donde el abogado Marco Ramírez de CIBIOGEM ha ido a prometer a autoridades ejidales diferentes beneficios a cambio de que se separen de la consulta en conjunto.

El domingo 8 de julio de 2017 se convocó a una asamblea de ejidatarios en Bolonchén en donde Marco Ramírez de CIBIOGEM comentó sobre la conveniencia de que esta comunidad se separe del proceso de consulta en el municipio. El 23 de julio de 2017, el mismo funcionario acudió a una Asamblea ejidal en Tenabo a invitar a los ejidatarios a nombrar siete representantes de la consulta, desconociendo a los actuales representantes nombrados en el proceso y acusándolos de engañar a los miembros de su comunidad.

Naayeli Ramírez, asesora legal de las comunidades en el proceso de consulta, declaró que “las autoridades están atentando contra el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades mayas, e interviniendo para desincentivar la organización de los pueblos en este proceso de consulta.” Estas acciones van en contra de los acuerdos tomados en el proceso de consulta indígena del 25 y 26 de marzo de 2017 -en donde las comunidades acordaron con CIBIOGEM y CDI ir juntas como una sola unidad en este proceso– y en contra del principio de buena fe establecido en la ley para toda consulta indígena.

La última sesión de la consulta en Hopelchén (27 de mayo de 2017) se levantó a propuesta de la funcionaria de CIBIOGEM, Sol Ortiz, porque no hubo las condiciones de seguridad y orden necesarios para llevarla a cabo. Alrededor de 100 acarreados de Iturbide y el municipio de Campeche interrumpieron la sesión constantemente e insultaron a los representantes. Esta no es la primera vez que personas de fuera invaden las sesiones de consulta; en la sesión del 25 de marzo de 2017 aventaron objetos a los representantes y ninguna autoridad tomó medidas al respecto. La falta de orden, seguridad y libertad ha permeado las sesiones de consulta indígena.

Durante las últimas sesiones, esta funcionaria federal calló, intimidó e insultó a varios de los representantes de las comunidades y sus asesores. Por esta razón, el 28 de mayo de 2017 en Tenabo, los representantes de las comunidades confrontaron
duramente a la CIBIOGEM y a la CDI y los acusaron de contradecirse, de tratar de inmiscuirse en el ámbito de autoridad de sus pueblos y de insultarlos. En el acta de ese día consta que los representantes se sintieron insultados por los comentarios de la funcionaria. Uno de los representantes le reclamó al representante de la CDI su falta de lealtad y de apoyo a las comunidades mayas.

También reclamaron a los representantes de la CNDH su falta de imparcialidad ya que durante la sesión, la funcionaria de la CNDH le dio consejo legal a CIBIOGEM y CDI sin que todos pudieran escuchar. La sesión se levantó sin que se pudieran lograr acuerdos sustantivos porque la representante de CIBIOGEM, Sol Ortiz, insistió en no reconocer la voluntad de los pueblos de Tenabo de ir juntos en la consulta. Desde ese día, las intimidaciones, amenazas y la difamación a líderes de las comunidades y asesores en el proceso de consulta han escalado poniendo en riesgo la integridad de los que participan en la consulta y el proceso mismo.

Según los representantes de las diferentes comunidades en Campeche que están siendo consultadas, el comportamiento de la CIBIOGEM y CDI evidencia que las autoridades federales no buscan un diálogo sino proteger los intereses de las empresas comercializadoras de Organismos Genéticamente Modificados como Monsanto.

El clima de hostilidad y hostigamiento que se ha ido incrementando en la región desde que comunidades mayas han intentado defender el territorio en contra de organismos genéticamente modificadas y otros monocultivos se da mientras que la deforestación y afectación a los recursos naturales de su territorio ancestral continúa sin que las autoridades ante las que se han denunciado estos hechos (PROFEPA, PGR, SENASICA y CONAGUA) hayan tomado acciones para investigar estos sucesos, sancionar y reparar los daños.

Firman:

MA OGM
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
SERAPAZ-Servicio y Asesoría para la Paz
Centro Prodh
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
EDUCE-Educación Cultura y Ecología A.C.
Muuch Kambal A.C.

[Contexto: La lucha de MA OGM, de la defensa de la miel a la resistencia al modelo agroindustrial]

Foto: MA OGM

[LIBRO EN PDF] Los Plaguicidas Altamente Peligrosos en México

Compartimos este informe publicado por la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México, A. C. (RAPAM) en julio 2017, coordinado y editado por Fernando Bejarano González, director de la RAPAM

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Introducción

Por Fernando Bejarano

Este libro es un informe sobre el contexto internacional y el panorama nacional de los llamados plaguicidas altamente peligrosos. Los plaguicidas son un concepto genérico que incluye a las sustancias tóxicas que se denominan insecticidas cuando se busca controlar insectos, fungicidas cuando se trata de hongos, o herbicidas en el caso de plantas indeseables, entre los usos más generalizados. En este informe nos referimos a los plaguicidas de síntesis química que debido a sus características particulares de peligrosidad pueden provocar daños a la salud y el medio ambiente, a corto o largo plazo, por lo que algunos forman parte de convenios ambientales internacionales y un gran número de ellos están prohibidos en otros países, aunque se autorizan en México.

Se analizan en una primera parte las condiciones internacionales en las que surgen los plaguicidas altamente peligrosos. Este es un nuevo tema normativo construido con base en la discusión técnica y política en el ámbito de las Naciones Unidas, en el llamado Enfoque Estratégico para la Gestión de Productos Químicos a nivel Internacional – SAICM, por su sigla en inglés- que es un marco de referencia voluntario para políticas públicas sobre la gestión de los productos químicos, incluidos los plaguicidas, a lo largo de su ciclo de vida. En este proceso de discusión entran en juego intereses sociales contradictorios, entre los gobiernos, la industria química y los organismos de la sociedad civil.

Después de analizar el contexto internacional, el informe presenta las características generales del mercado nacional de los plaguicidas, las organizaciones empresariales que lo conforman, el marco y procedimiento regulatorio que autoriza su comercialización y las autoridades que intervienen en el mismo.

Se comparan los plaguicidas autorizados en México con la lista de plaguicidas altamente peligrosos elaborada por la Red Internacional de Plaguicidas (PAN internacional). Se identifican las empresas que cuentan con el mayor número de autorizaciones para la comercialización de plaguicidas altamente peligrosos, poniendo de relieve las que son corporaciones transnacionales y las empresas formuladoras nacionales con vínculos internacionales. Por último, se reflexiona sobre las perspectivas distintas en torno a la posible prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos, según los intereses sociales en conflicto, considerando la debilidad del marco regulatorio nacional; se enfatiza la necesidad de impulsar alternativas agroecológicas y se presenta la lista de los plaguicidas autorizados en México y prohibidos en otros países.

En la segunda parte del libro, diversos especialistas examinan con mayor detalle los temas relacionados con el uso de plaguicidas altamente peligrosos y las violaciones a los derechos humanos, las evidencias de los efectos en la salud y el medio ambiente asociados a la exposición al glifosato, uno de los herbicidas más vendidos en el mundo, y los impactos de los plaguicidas en las abejas, haciendo hincapié en la importancia de la protección de estos polinizadores.

Con el fin de profundizar en las condiciones de uso agrícola de los plaguicidas altamente peligrosos en México, se invitó a un conjunto de investigadores de las principales universidades del país y de organismos no gubernamentales para que colaboraran con capítulos breves, donde se presentan las características generales de su área de estudio, los plaguicidas más usados, y los daños a la salud y el medio ambiente que han documentado. Es así que se presentan los resultados de investigaciones realizadas en el Valle de Culiacán, y norte de Sinaloa, en el Valle del Yaqui en Sonora, en la principal zona de floricultura del Estado de México, el Bajío en Guanajuato, en Campeche, Yucatán y los Altos de Chiapas. En este panorama nacional se muestra cómo plaguicidas altamente peligrosos están siendo usados tanto en la agricultura intensiva de exportación, como en la destinada al consumo nacional; por empresas que alimentan las cadenas agroindustriales y también por pequeños productores, incluso en comunidades indígenas.

Este informe concluye con recomendaciones para el cambio de las políticas gubernamentales en México que han permitido que entren al mercado plaguicidas que pueden ocasionar un grave daño a la salud de la población, afectar en forma relevante la biodiversidad y contaminar el medio ambiente.

La protección de los derechos humanos debe ser parte central de este cambio y para ello anexamos las recomendaciones de la Relatora especial del Derecho a la Alimentación de Naciones Unidas en su informe sobre los plaguicidas, que debe ser un documento de consulta en esta discusión. Se propone brindar un apoyo decidido a las alternativas agroecológicas que permitan reducir y eliminar el uso de los plaguicidas altamente peligrosos, y sumarse a un esfuerzo regional e internacional impulsado por movimientos sociales, grupos no gubernamentales y también por una nueva generación de científicos no comprometidos con los intereses de sectores que se benefician económicamente con la producción y venta de estos agrotóxicos.

La lista de los ingredientes activos de los plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México y la de los que están prohibidos o no autorizados en otros países se incluyen en los anexos al final de este libro. Estas listas pueden ser usadas por organizaciones de la sociedad civil y por autoridades en los estados, municipios y comunidades, para compararlas con los plaguicidas utilizados en sus territorios. Esta información puede discutirse en talleres y foros con el fin de tomar conciencia de la peligrosidad de estas sustancias y adoptar medidas para evitar su uso y promover, por un lado, la sustitución por alternativas agroecológicas en el campo, y por otro, nuevas estrategias de control de vectores y plagas en la ciudad.

(…)

Cabe advertir que este primer panorama nacional de la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en México debe problematizarse teórica y políticamente con mayor profundidad. Esta es una tarea compleja que requiere una reflexión colectiva frente al reto de desarrollar un pensamiento crítico de carácter multi e interdisciplinario que contribuya al desarrollo de una ciencia al servicio del bien común, en diálogo con otros saberes y sujetos sociales que buscan alternativas a la profunda crisis capitalista civilizatoria por la que atraviesan México y el mundo.

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