Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre la situación en Ayutla donde llevan 3 años sin agua – A 13 de agosto de 2020
Un juez federal concedió un amparo por el derecho humano al agua en San Pedro y San Pablo Ayutla y ordena su inmediata reconexión al sistema de agua potable. El gobierno de Oaxaca encabezado por Alejandro Murat no ha acatado la orden
Texto: Pedro Matías / Página 3 y Redacción Pie de Página
OAXACA, OAXACA.- Un juez ordenó al gobierno estatal que realice la reconexión del sistema de agua potable para la comunidad mixe de San Pedro y San Pablo Ayutla, con la finalidad de respetar, proteger y cumplir con su derecho de acceso al agua. Sin embargo, el gobierno de Oaxaca no ha acatado la orden.
El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en de Oaxaca, resolvió a favor de esa comunidad un juicio de amparo después de tres años.
San Pedro y San Pablo Ayutla enfrenta una crisis humanitaria sin agua por la invasión de terrenos y el despojo del manantial de parte de grupos armados de Tamazulapam del Espíritu Santo ocurrido tres años y dos meses atrás.
“Queremos agradecerles todo el apoyo recibido, siempre hemos defendido la verdad y exigido la justicia sin caer en provocaciones violentas pero ahora una orden judicial obliga a que, en plena pandemia, se nos garantice el derecho humano al agua”, escribió la lingüista y activista Yásyana Elena Aguilar en su cuenta de Twitter.
“Es importante encaminarnos a la ejecución, esta sentencia ya fue revisada y mandada a reponer por un tribunal colegiado, se subsanó todo lo necesario y la sentencia fue confirmada, para como es el estado necesitaremos su ayuda para exigir la reconexión”, demandó.
La comunidad exigió al gobierno de Alejandro Murat que cumpla la sentencia que ordenó el juez Amando Chiñas Fuentes el pasado 30 de julio.
El juez ordenó que se agoten todos los medios que tienen a su alcance para que se realice la reconexión inmediata de la tubería destruída en la comunidad, que permita hacer llegar el agua a la comunidad.
Murat desacata la orden
Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares y el juez Tercero de Distrito, Amado Chiñas Fuentes, mediante la sentencia del juicio de amparo 795/2017, ordenó la reconexión del sistema de agua potable, el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, desacató estas disposiciones.
El presidente municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla, Clemente Antonio Martínez, envió un oficio a Murat Hinojosa para que cumpla la orden judicial para la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.
El documento con copia al consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, José Octavio Tinajero Zenil, resalta:
“En atención a lo ordenado por la CNDH, la revocación del Juicio de Amparo 1148/2019 y tomando en cuenta la sentencia del Juicio de Amparo 795/2017 y toda vez que no existe impedimento legal alguno, le reiteramos nuestra petición consistente en la realización de la reconexión inmediata del sistema de agua potable a nuestra comunidad proveniente del manantial Jënaanyëj, lo cual resulta inaplazable e incuestionable”.
Ante la crisis sanitaria por el covid-19, una Misión Civil de Observación (MCO) demandó a los gobiernos federal y estatal la “inmediata solución” al conflicto por el agua que atenta contra los derechos humanos.
Los habitantes de Ayutla reclamaron la reconstrucción de su sistema de agua potable (tanques) y la reconexión de la tubería destruida.
El Juez federal dictaminó que el municipio de Tamazulapam y su agencia Tierra Blanca restituyan a los quejosos el pleno goce de sus derecho violado.
Por consiguiente, el presidente municipal de Ayutla exige se dé cumplimiento a la sentencia del 795/2017 con la reconexión del sistema de agua potable de manera urgente.
El ataque
La mañana del 5 de junio de 2017, un grupo de paramilitares atacó con armas largas en la zona de El Manantial a comuneros de San Pedro y San Pablo Ayutla. Durante el atque, un hombre murió, seis más resultaron heridos y cuatro mujeres fueron secuestradas.
De acuerdo con los testimonios de las víctimas, varios de los atacantes eran comuneros de Tierra Blanca, Tamazulapam, los mismos que habían despojado, el 18 de mayo, a 23 personas de Ayutla de 150 hectáreas de parcelas colindantes con El Manantial, con retroexcavadoras, volteos y armamento pesado.
Las honduras de la Sierra Mixe son un nido viejo de siembra de amapola. Es un secreto a voces entre comuneros, taxistas, choferes, marchantas de comida, empleados en la ciudad de Oaxaca y Tlacolula de Matamoros.
Desde que ocurrió el despojo la respuesta del gobernador Alejandro Murat Hinojosa ha sido la simulación y la complicidad con los agresores, mientras la Sierra Mixe se convierte en una nueva ruta de siembra de amapola. Murat Hinojosa se ha negado a atender el asunto como prioritario y ha desechado posibilidad alguna que el tema de fondo sea el control del territorio por el narcotráfico.
Compartimos esta información publicada en Educa Oaxaca sobre la minería en este estado – A 18 de agosto de 2020
Con la apropiación de seis mil 410 hectáreas para la extracción de oro y cobre, la empresa canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V., pretende perforar las tierras de la Selva de los Chimalapas, en el estado de Oaxaca, así lo revela el trámite de la Manifestación de Impacto Ambiental que entregó ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). En el documento con fecha del 23 de julio de 2020, anunciado como proyecto ingresado no. 31 en la Gaceta Ecológica del 13 de agosto, se señala la pretensión de hacer “exploración minera directa con un alcance en la perforación de 20 Unidades de Barrenación”. La información difundida por Regeneración Radio menciona que la “exploración minera Santa Martha” impulsada por la empresa canadiense, se ubica en el municipio de San Miguel Chimalapa con el número de proyecto 20OA2020MD038. El documento fue enviado el pasado 5 de agosto al área correspondiente dentro de la Semarnat y de iniciarse la exploración dañaría una de las reservas naturales mas importantes del país. El proyecto de explotación minera, de acuerdo con la descripción de la empresa, se encuentra ubicado a 10 kilómetros del municipio de Zanatepec y a 125 kilómetros del principal puerto de Oaxaca, el de Salina Cruz. Cabe mencionar que apenas el pasado 25 de julio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la primera obra del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que comprende el muelle de contenedores y de usos múltiples, de 123 metros de largo, que amplía el puerto de Salina Cruz, que permitirá arrancar el próximo año.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de agosto de 2020
El pasado 13 de agosto del 2020 durante el “III Taller de Desarrollo Comunitario en la Minería y la Nueva Normalidad” organizado por la Cámara Minera de Minera de México (Camimex), el Subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía (SE) Francisco Quiroga Fernández, se presentó nuevamente ante los empresarios mineros como un gran vendedor de nuestro patrimonio y no como un funcionario encargado de proteger el interés nacional. Al mismo tiempo que se sienta a cenas de navidad con empresarios, le ofrece “protección especial” contra el crimen organizado a la iniciativa privada minera; cuando son las mismas empresas quienes fomentan la operación de dichos grupos, ocasionando que varias comunidades vivan verdaderos infiernos de inseguridad. El oro que esté libre de violencia, mientras la gente tendrá que esperar otro sexenio de promesas contra la impunidad y la violencia.
No es la primera vez que el Sr. Quiroga le miente a la nación, esta vez, al mismo tiempo que afirmó, de forma por demás cínica que: “las empresas mineras en México realizan las mejores prácticas del mundo y que la minería está apegada a la justicia, la seguridad y al estado de derecho”; se atrevió a advertir que: “a quienes traten de extorsionar al sector minero no lo va a lograr”, dejando en claro que, desde su ascenso al cargo, nunca ha dejado de rematar los minerales del país y de utilizar los recursos nacionales para proteger a los todopoderosos empresarios mineros nacionales e internacionales.
Cómo se atreve el Sr. Quiroga Fernández al hablar de buenas prácticas, cuando ni siquiera es capaz de mantener su portal de información abierto al público, prácticamente desde que asumió el cargo, lo cual demuestra lo poco transparente con la que realiza sus actividades, a pesar del discurso pregonado por la 4T.
Qué hará este Sr. con las poco más de 25 mil concesiones mineras otorgadas a lo largo y ancho de la República Mexicana que generan permanentemente conflictos socio-ambientales, algunos de ellos considerados como los más graves de los que se tenga memoria en las últimas décadas, por ejemplo: hostigamientos, criminalización, asesinatos y desplazamientos.
Qué significa, para el Subsecretario de Minería, el crimen ocasionado por la imprudencia de Grupo México, que derivo en una explosión dejando 65 mineros sepultados en los túneles la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en Nueva Rosita Coahuila desde el 2006.
De verdad para él, los 40 millones de litros de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora provocado por la Minera Buenavista del Cobre S.A., de C.V., filial de Grupo México, ¿son fruto de las excelentes prácticas mineras? Cada año hay decenas de derrames mineros en México y Latinoamérica
Qué le dice al Sr. Quiroga el último informe de Global Witness, en el cual se señala que la minería es el sector más letal para los defensores del territorio y el medio ambiente en México.
Desde su ingreso al gobierno de la llamada 4T, el Sr. Francisco Quiroga Fernández se ha dedicado a apoyar de forma incondicional al sector minero depredador, en consecuencia, deja ver el estigma y racismo que guarda contra las comunidades indígenas, las/os comuneros y ejidatarios, así como contra los activistas y las organizaciones que, frente a la devastación y depredación de la minería, estamos dispuestos y decididos a defender la vida, así como los derechos humanos, sociales, ambientales y culturales. De la misma manera el Sr. Quiroga trata a los trabajadores y sindicatos mineros, en donde son palpables las prácticas abusivas y el abandono por parte de las empresas para con los trabajadores, muchos de ellos en huelgas que por lo menos llevan una década. Así que sus tenues llamados para los empresarios para que realicen procesos de integración de las comunidades es una burla.
¿De qué maravillosas prácticas mineras “realizadas” en México habla usted? Cuando en ese sector se encuentran los personajes más siniestros de este país, como Larrea, Slim, Bailléres, Salinas Pliego, Alonso Ancira, etc., todos ellos generadores de despojo, violencia, destrucción ambiental y desplazamiento forzado. ¿De verdad a estos rufianes les brindará protección del estado? ¿De verdad usted cree que con estos personajes le hará creer a la gente que sus prácticas mineras son maravillosas a nivel mundial?
En la REMA nos queda claro que no le da vergüenza cuando refiere “buenas prácticas”, y omite que, en los principales municipios mineros de oro, plata y cobre en este país, se mantienen niveles de pobreza más altos que el promedio nacional. Ahí pondera este dicho: “oro y plata para pocos, miseria para todos”.
Los ejemplos de impactos negativos de la minería en México, y en el mundo, son inconmensurables, igual que el cinismo con el cual el Sr. Quiroga Fernández las pondera como si continuara siendo el empleado de una compañía minera.
No hay manera de que alguien, en su sano juicio y desde la academia con conciencia, pueda sostener que hay minería justa, segura, responsable, verde, libre de violencia. Tampoco hay manera de que prueben el “progreso y desarrollo” minero como el camino ideal para los pueblos; menos aun, pueden demostrar que no destruyen y contaminan el medio ambiente, el agua, el aire y el suelo de México. Las empresas nunca tendrán la sensibilidad para incorporar es sus fórmulas financieras la atención y reparación de los daños a la salud que ocasionan a miles de personas que habitan en el entorno de una operación minera. Menos, como sector, se harán responsables de la división comunitaria, la destrucción de identidades, de la pérdida de la cultura y del deterioro de la comunalidad, porque ni siquiera saben que significa ello. Qué opinión tiene el Sr. Quiroga, sobre los dichos de varios empresarios quienes en medios han dicho que el sector minero es precursor o sostenedor de grupos armados utilizados para hostilizar y asesinar a los defensores del territorio.
La 4T continúa sin propuesta, plan o por lo menos algo de rumbo diferente de la minería en México y, aunque al presidente Obrador no le guste, continúa siendo lo mismo que sus antecesores, incapaz de entender siquiera que, el no dar nuevas concesiones no tienen ningún significado con la amenaza que enfrentamos desde hace años. Es una pena que la nueva política minera en México sea eso o repartir “bien” los recursos del fondo minero. Para REMA no dar más concesiones, es una postura que cualquier estudiante de preparatoria sugeriría como un primer paso de una política mucho más amplia y acorde a la realidad que se vive, así que, el sólo acto no más entrega de concesiones es una verdadera tomada de pelo a la nación.
Está claro que, tanto al gobierno como a las compañías mineras, no les importa en lo más mínimo las comunidades, ya que, a las legítimas exigencias de respeto de los derechos de las comunidades, son ellos -el gobierno y las compañías mineras privadas extranjeras y nacionales-quienes responden con hostigamiento, criminalización y asesinatos. En ese contexto de impunidad, de asimetrías y de cinismo, está claro que, la obtención de la “licencia social” de las comunidades y la intensión de conseguir el apoyo activo de las mismas para la operación de las compañías mineras, no es otra cosa que una estrategia más para lograr que sean las mismas comunidades las que promuevan su suicidio ambiental, social, sanitario, económico y cultural.
25 de agosto del 2020
¡EL MODELO EXTRACTIVO MINERO NO ES JUSTO, NO ES SEGURO Y ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA YA!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Actividad minera en México. Foto La Jornada/ archivo
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el glifosato en México – A 15 de agosto de 2020
Por: Silvia Ribeiro *
El glifosato fue diseñado para matar plantas, pero como es un veneno afecta también insectos, animales y humanos. Al igual que otros agrotóxicos, para hacer más digerible su misión biocida, la industria le llama herbicida. El glifosato es el más usado en el mundo, principalmente porque más de 85 por ciento de cultivos transgénicos sembrados fueron diseñados para ser tolerantes a éste, lo que permitió usar grandes volúmenes.
Monsanto lo patentó en 1974 y desde entonces sostuvo que no es muy tóxico y que solamente afecta las hierbas. Pero la empresa sabía desde hace décadas, advertida por sus propios investigadores, que tiene efectos dañinos en humanos y animales, incluso cancerígenos.
Tomó 41 años para que la Organización Mundial de la Salud declarara, a partir del trabajo de un equipo interdisciplinario de 17 expertos en cáncer de 11 países, que efectivamente el glifosato es cancerígeno en animales y probable cancerígeno en humanos. El equipo analizó cientos de estudios científicos y llamó el glifosato probable cancerígeno en humanos porque no es posible hacer pruebas de laboratorio con humanos para confirmar la hipótesis. Se hicieron en células humanas, in vitro. Revisaron gran cantidad de evidencias en países escandinavos, que muestran una relación entre exposición a glifosato y surgimiento de cáncer linfoma no Hodgkin.
Que Monsanto, ahora propiedad de Bayer, sabía de la alta peligrosidad del glifosato se demostró en cortes de Estados Unidos, donde a la fecha hay más de 100 mil juicios contra la compañía iniciados por personas afectadas por cáncer debido al uso de glifosato. Tres cortes sentenciaron cifras multimillonarias a favor de cuatro demandantes –antes de las apelaciones, más de 2 mil millones de dólares. La Corte reconoció una cantidad abrumadora de evidencias de que Monsanto sabía de los daños y lo ocultó intencionalmente para seguir vendiendo el tóxico. Según la primera sentencia a favor de Dewayne Johnson, Monsanto actuó con malicia y negligencia. Todo para seguir obteniendo ganancias a expensas de la salud de la gente y la contaminación de agua, alimentos y naturaleza (https://tinyurl.com/juicio-Monsanto).
Es la misma lógica que defiende el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en México cuando reclama que se debe seguir usando este tóxico, así como defiende también el uso de otros agrotóxicos altamente peligrosos y prohibidos en otros países, como paraquat. Los afectados por glifosato, en particular los agricultores que lo usan y sus familias, deberían guardar las evidencias de estas declaraciones y las de Bayer-Monsanto y otras compañías que siguen vendiendo el glifosato sin advertir sobre sus altos riesgos. Podrían ser útiles si deciden seguir el camino de más de 100 mil agricultores estadunidenses afectados por cáncer y otras enfermedades causadas por el uso de glifosato bajo falsas advertencias de baja toxicidad.
No es extraño que el CNA defienda el glifosato y el uso de venenos pese a las muchas evidencias que existen sobre sus riesgos y a despecho de la salud de los trabajadores agrícolas y los consumidores. Muchos de sus socios, hacendados y empresarios, rara vez pisan el campo: los fumigados con glifosato y otros agrotóxicos son sus peones y jornaleros, a quienes consideran materia descartable, abundante y remplazable. Además, en su directiva, a través de la Asociación Mexicana de Semilleros, están representadas Bayer-Monsanto y otras trasnacionales de agrotóxicos y semillas transgénicas, que son las que más ganan con la venta de agrotóxicos, controlan casi la totalidad de ese mercado en México y el mundo.
El argumento de que sin glifosato se afectará la autosuficiencia de México es falaz en muchos sentidos. Para empezar, lamentablemente hay muchos otros agrotóxicos en el mercado, también de alta peligrosidad, como documenta Rapam, que también deberían ser prohibidos (https://tinyurl.com/rapam-pap).
Con la prohibición de agrotóxicos y cambio de forma de producción agrícola, lo que más se afectará no son las necesidades alimentarias de la población en México, que sobre todo se atienden desde la producción campesina y en menor escala, sino las ganancias de las trasnacionales que dominan la venta de agrotóxicos y semillas, la producción de forrajes para la gran industria pecuaria y unos pocos productos más de exportación. Como explica Ana de Ita, estas actividades se han convertido en jugoso negocio de unas cuantas empresas que producen para sus propias ganancias y cínicamente le llaman autosuficiencia de México (https://tinyurl.com/autosufi-AnadeIta).
También hay campesinos y agricultores chicos que usan glifosato para desyerbar, en parte por no conocer el alto riesgo en que ponen su vida, familia y comunidad. El cambio en estas parcelas es viable, posible y juega en su favor. Requiere información y apoyo sólido a las formas de agricultura campesina, sin químicos y desde sus propios conocimientos y formas de organización.
Está en juego la salud de todas y todos con modelos de agrolimentación contrapuestos: sistemas campesinos y locales de alimentación sana, que afirman la diversidad cultural, dan trabajo a muchos y cuidan la naturaleza o sistemas industriales para seguir engordando las ganancias de las trasnacionales, a costa de la salud de la gente y el ambiente.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una demanda histórica, Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron acusadas por la muerte y lesiones graves a niños que trabajan en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las tecnológicas estadunidenses. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos”.
“Se abusa de los derechos humanos de las personas en niveles que muchos consumidores occidentales podrían encontrar difíciles de imaginar”, explica Sophia Pickles, experta en cadena de suministro y líder de equipo en el organismo de control de la corrupción, Global Witness[i]. “A menudo me pregunto si las personas serían tan rápidas para comprar una nueva computadora portátil si su hermano o madre trabajaran en las profundidades de un pozo de 100 metros, sin ningún equipo de seguridad que funcione bajo el riesgo permanente de un colapso de la mina. O si las fuerzas de seguridad golpearan gravemente a su padre en una mina y ahora está paralizado. O si la gran empresa minera los hubiera echado de sus tierras y, como consecuencia, sus vidas dieran un vuelco no deseado”.
A finales de diciembre de 2019 y prácticamente sin mayor atención mediática, las corporativas tecnológicas Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla fueron demandadas en un tribunal federal en Washington DC, por parte de la firma de derechos humanos International Rights Advocates. La demanda se presentó en nombre de 14 padres e hijos de la República Democrática del Congo (RDC). El equipo legal de los demandantes incluye a dos reconocidos investigadores y expertos en trabajo infantil forzoso, el profesor Siddharth Kara (Harvard) y el doctor Roger-Claude Liwanga[ii].
De acuerdo con Kara, “esta demanda representa la culminación de varios años de investigación sobre las terribles condiciones de la minería de cobalto en la RDC (…) Espero que nuestros esfuerzos sean dignos de las familias valientes que compartieron su tormento inconmensurable con nosotros, y que la justicia y la decencia triunfarán sobre la búsqueda de ganancias a cualquier costo[iii]“.
Por su parte, el doctor Liwanga comenta: “Este es el comienzo del fin de la impunidad para aquellos que se han beneficiado económicamente del trabajo infantil en la industria minera de la RDC. Los niños de la RDC también tienen el derecho inherente e inalienable de ser protegidos de la explotación económica[iv]”.
La demanda interpuesta contra las grandes tecnológicas es resultado de una larga investigación de campo realizada por Siddharth Kara, acusando a las compañías de ser responsables de la muerte y lesiones graves de niños que, según ellos, estaban trabajando en minas de cobalto para abastecer la cadena de suministro de las compañías mencionadas. “Extraían cobalto para alimentar teléfonos inteligentes, computadoras portátiles y autos eléctricos[v]”.
Una de las alegaciones centrales en la demanda es que Apple, Google, Dell, Microsoft y Tesla eran conscientes y tenían “conocimiento específico” de que el cobalto que usan en sus productos está vinculado al trabajo infantil realizado en condiciones peligrosas, y fueron cómplices en el trabajo forzado de los niños.
“Las familias y los niños afectados por trabajo forzoso buscan una mayor compensación por enriquecimiento injusto, supervisión negligente e imposición intencional de angustia emocional[vi]”.
Las familias argumentan en el reclamo que sus hijos estaban trabajando ilegalmente en minas propiedad de la compañía minera británica Glencore. Los documentos judiciales alegan que el cobalto de las minas propiedad de Glencore se vende a Umicore, un comerciante de metales y minería con sede en Bruselas, que luego vende cobalto de grado de batería a Apple, Google, Tesla, Microsoft y Dell. Otros demandantes dicen que trabajaron en minas propiedad de Zhejiang Huayou Cobalt, una importante firma china de cobalto, que según la demanda suministra a Apple, Dell, Microsoft y otras tecnológicas.
Con detalle, las familias congoleñas describen cómo sus hijos fueron empujados por la pobreza extrema a buscar trabajo en grandes sitios mineros, donde afirman que se les pagó tan solo $2 diarios por trabajos “desgarradores y peligrosos para extraer rocas de cobalto, con herramientas primitivas en túneles subterráneos oscuros.
Los niños trabajaban 12 horas al día, cavando y transportando sacos de rocas ricas en cobalto. Es una lucha caótica por hacerse con este producto de gran valor. Casi dos tercios del suministro actual de cobalto del mundo se origina en una franja del sur de la RDC, un país plagado de profunda corrupción y pobreza paralizante.
Cuando los niños no están en la escuela, todos van a trabajar a las minas. Incluso a partir de los 10 años[vii]“.
Auguste Mutombo, director ejecutivo de Alternatives Plus, una ONG con sede en la República Democrática del Congo, que trabaja para mejorar las condiciones en el sector de la minería artesanal, ayudó a facilitar la investigación de campo que formó la base de evidencia para la demanda.
De acuerdo con Mutombo, poco después de que los detalles de la demanda se hicieran públicos, recibió decenas de amenazas de muerte en persona y por teléfono. “Esperaba algunos problemas después de la presentación de la demanda, pero la magnitud de las amenazas me hizo temer mucho por la seguridad de mi familia y significaba que teníamos que escondernos”, dijo Mutombo[viii].
La esencia de losdispositivos tecnológicos
En apenas tres décadas, nuestros dispositivos han evolucionado a tal punto que no concibimos el día a día sin ellos. Su papel es protagónico y hemos pasado a ser dependientes de nuestro teléfono inteligente, tablet, ordenador portátil. De distintas formas, nuestros dispositivos digitales son imprescindibles, porque son los que nos permiten la conectividad con la membrana digital que hemos creado. Pero realmente sorprende que desconozcamos el origen de los dispositivos tecnológicos que alimentan nuestras vidas, ¿ por qué razón nos molesta tan poco ?
Apple, por ejemplo, ha vendido cerca de mil 500 millones de iPhones en la última década, y con el creciente escrutinio sobre dónde obtiene los metales y minerales de tierras raras, necesarios para producir estos productos a tal escala, la compañía ha tenido que considerar la huella ambiental de sus operaciones de manera similar a una empresa minera, o una empresa de petróleo y gas en alta mar[ix]. Pero lo mismo sucede con Google, Tesla, Microsoft o Dell.
De hecho, las empresas tecnológicas no podrían ser entendidas sin la minería a cielo abierto. De igual forma, la mayoría de los consumidores podrían no ser conscientes de que los componentes principales utilizados en sus teléfonos inteligentes, y gran parte de su tecnología personal, incluyen tierras raras, además de cobalto, oro, plata, paladio, cobre y estaño.
Las materias primas para la electrónica personal provienen de lugares dispares en todo el mundo: el paladio proviene principalmente de Sudáfrica y Norilsk, Rusia, mientras que la plata proviene de minas en todos los continentes. Mientras tanto, la fabricación de piezas tiene lugar en Corea, Taiwán, China, Tailandia, Malasia y Japón, antes de que los dispositivos se ensamblen en países como Brasil e India, así como en China y Corea. La inmensidad de estas cadenas de suministro significa que la transparencia, y la responsabilidad, son fáciles de esquivar. La producción física de productos tecnológicos también consume mucha energía, ya que el viaje global requerido en las cadenas de suministro de tecnología es un contribuyente significativo a las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta.
Una cadena “borrosa”
Todos los materiales y componentes se fabrican en una cadena de valor altamente compleja y globalizada, a partir de la extracción de recursos hasta el procesamiento de materiales y la producción de componentes (con una gran cantidad de proveedores involucrados en la producción, debido a la experiencia altamente específica requerida). Las muchas funcionalidades del teléfono móvil requieren un amplio conjunto (más de 400) de diferentes componentes (por ejemplo, batería, placa base, cámaras, motor de vibración, altavoces, condensadores, diodos y varistores) .
Los teléfonos móviles forman parte de una categoría de productos denominada “EEE”, que quiere decir “Equipos eléctricos y electrónicos”. Esto incluye cualquier producto con un enchufe de alimentación o batería con circuitos o componentes eléctricos, que van desde lavadoras y computadoras portátiles hasta máquinas de afeitar eléctricas.
En comparación con otros ”EEE”, los teléfonos móviles son uno de los elementos más pequeños, y, por lo tanto, no son los únicos que contribuyen a muchos problemas relacionados con esta categoría. Por ejemplo, en lo que respecta a la extracción de metales y minerales, que es donde tiene lugar el mayor impacto ambiental y socioeconómico.
En países de bajos ingresos, los metales y minerales a menudo se extraen a través de operaciones artesanales informales y de minería a pequeña escala (ASM). Mientras que las operaciones mineras a gran escala (LSM) son formales, mecanizadas, intensivas en capital con trabajadores altamente calificados, los ASM son en gran medida operaciones informales, intensivas en mano de obra y con una gran fuerza laboral poco calificada.
Los ASM suministran una parte significativa de los metales que son críticos para los teléfonos móviles, como el estaño, el tantalio y el oro (que cubren respectivamente el 20%, 25% y 26% del suministro global) de países como Ruanda, Brasil, Venezuela o Colombia.
Los ASM también proporcionan medios de subsistencia a millones de personas en países de bajos ingresos. Especialmente donde las actividades agrícolas y rurales se están volviendo menos lucrativas, ASM proporciona ingresos para aquellos que tienen pocas oportunidades alternativas de empleo. Para algunos países de bajos ingresos, la minería también contribuye significativamente al PIB (20%, 13% y 6.5% para la República Democrática del Congo, Zambia y Ghana, respectivamente) .
Las operaciones mineras ilegales que producen los llamados “minerales de conflicto” están utilizando trabajo forzado, incluido el trabajo infantil, y hacen cumplir poco o nada los estándares de seguridad y salud. Las malas prácticas ambientales también resultan en una alta ecotoxicidad para el aire, el agua y el suelo. La ecotoxicidad causada por la minería puede contaminar la cadena alimentaria y el agua potable, así como degradar las tierras de cultivo, lo que afecta la producción de alimentos[x].
En el caso de los teléfonos móviles, estos poseen una vida útil relativamente corta, pero demandan altas cantidades de materiales vírgenes y energía. En 2018, el 49% de todos los teléfonos fabricados eran de China, lo que lo convierte en el país líder en la producción de teléfonos móviles para el mercado global. Si bien la fundición de los metales y minerales tienen lugar en ubicaciones geográficas por todo el planeta, la mayor parte de la producción de componentes y el ensamblaje final ocurre en China, con un alto índice de polución ambiental.
Ahora bien, la demanda de nuevos productos EEE está creciendo, con tendencias imparables como los “hogares inteligentes”, tecnología de realidad virtual y drones personales. En segundo lugar, existe una creciente demanda de los metales críticos que se encuentran en los teléfonos móviles debido a las tendencias en la electrificación y las energías renovables, con una creciente necesidad de, por ejemplo, baterías, turbinas eólicas, pilas de combustible y energía fotovoltaica. Por último, con una clase media de crecimiento mundial, se espera un mayor consumo de EEE.
La era de los metales avanzados
El Premio Nóbel de Física, George Thomson, la llama la “era de los materiales avanzados”. Sus propiedades especiales han hecho posible lo que parecía imposible a nivel de electrónica, digital o científico. Dicho lo cual, su ausencia creará un serio desequilibrio en el modelo que se ha impuesto.
La línea de desarrollo que hemos seguido nos sitúa en esta realidad. El rostro de estos materiales ha ido variando en el tiempo, pero lo que no ha variado es la base del modelo y paradigma. La industria digital y la industria de energías limpias está enroscada a un fodo básico de metales y minerales absolutamente imprescindibles.
¿Por qué razón se está ocultando? ¿Qué es lo que no se quiere revelar? Una rápida vista a Baotou, en Mongolia, o al Amazonas en Brasil, a Guanía, en Colombia, al Arco Minero en Venezuela, es suficiente para entender que la revolución digital y la revolución verde no se alimentan de bambú.
En el caso de Australia[xi], la explotación de tierras raras también genera polémica. La empresa Lynas Corp. maneja dos instalaciones en la producción de tierras raras: la minería, que tiene lugar en Mount Weld, Australia Occidental; y el procesamiento, que sucede fuera de casa, en Kuantan, Malasia. El grueso de la contaminación se genera en Kuantan, donde se han acumulado más de 450 mil toneladas de desechos tóxicos y radioactivos. Esa nube tóxica preocupa al gobierno de Malasia. Y las autoridades de Malasia exigen a Lynas Corp. que retire los desechos radioactivos producidos por las instalaciones de refinado en Kuantan. En la memoria colectiva del país, aún pesa la catástrofe ambiental y de salud que tuvo lugar en Bukit Merah, precisamente por los residuos tóxicos derivados de la explotación de tierras raras. El problema de Lynas Corp. es que la legislación autraliana prohíbe la importación de desechos radioactivos. ¿Entonces dónde colocarlos?
Cada metal y mineral nos plantea en distintas regiones del planeta una realidad de impacto ambiental severo[xii], violaciones a la salud y seguridad de los trabajadores, además de abusos a los derechos humanos. En el caso de América Latina, es algo que documentó la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) al elaborar el primer mapa de minería illegal en la Amazonía[xiii], una radiografía interactiva que confirma la presencia de 2 mil 312 puntos y 245 áreas de extracción no autorizada de minerales en plena selva tropical y 30 ríos donde tiene lugar el accionar de la actividad minera. “La extracción minera en la Amazonia no tiene comparación con ningún otro momento de la historia”, se puede leer en el informe de la RAISG, que también recuerda que la Amazonía es uno de los lugares de donde se extraen los insumos de nuestro ecosistema digital.
La industria de la minería
Los mineros son colectivamente responsables de 22% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Estos gigantes devoran el 6% de la demanda energética mundial mientras mueven rocas y tierra para desbloquear los metales y minerales[xiv] utilizados en el proceso de fabricación de todas las formas y tamaños de nuestra modernidad digital, y de los que depende el interruptor de la energía limpia.
Según la firma de análisis McKinsey, en la última década las corporativas tecnológicas descubrieron en la industria minera uno de sus clientes “vitales”, haciendo que adoptaran diferentes estrategias: inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la automatización y la robótica, la tecnología digital móvil, el Internet industrial de las cosas y la arquitectura de datos moderna (incluida la nube).
Estas nuevas tecnologías han permitido una ejecución que permite eliminar la variabilidad inherente a la actividad minera. ¿El resultado? La productividad mineral aumentó aproximadamente 2.8% anual desde 2014.
¿La consecuencia? Que las reservas de minerales y metales está disminuyendo, mientras que la escasez de agua ha amenazado con vaciar los activos en el suelo, y las licencias de operación se han vuelto más difíciles de obtener[xv].
Es importante no olvidar que las Big Tech son empresas y, como tales, buscarán oportunidades para vender sus productos y servicios a quienes los necesiten y puedan pagarlos, sea Big Mining, Big Oil, Big Pharma, Big brother, la CIA, Interpol, Shell, Monsanto, el Pentágono o la industria militar.
Y todos necesitan de las tierras raras.
El senador de Texas Ted Cruz dijo[xvi] que el primer trillonario del mundo se haría en el espacio, refiriéndose al potencial financiero de la minería de asteroides. En abril de 2020, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que reafirma el interés estadunidense en la explotación corporativa de recursos lunares y de asteroides[xvii]. Un mes antes del comunicado de la Casa Blanca, Elon Musk, a través de su empresa SpaceX, cerraba con la NASA el acuerdo de una misión que despegará en julio 2022 y cuyo destino será Psique 16, “un asteroide metálico, misterioso y gigante. Hay tantos metales preciosos enterrados dentro del asteroide que podría convertir a cada persona en la Tierra en multimillonaria[xviii]”.
Pero antes de que “viajemos” a Psique 16, tendrá que resolverse la demanda presentada contra Apple, Google Alphabet, Dell, Microsoft y Tesla en una corte federal de Washington.
Imagen: Mina a cielo abierto en Samalayuca. Foto: contralacorrupcion.mx
Compartimos este vídeo publicado en Educa Oaxaca sobre el aniversario 13 del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde – A 29 de julio de 2020
El 11 de julio de 2007 se constituye el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) ante la amenaza de represar el río Verde, uno de los ríos vivos más caudalosos del estado de Oaxaca. El COPUDEVER es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la sierra sur y costa oaxaqueña, donde participan autoridades tradicionales, autoridades agrarias y municipales, comités comunitarios, ciudadanos, ciudadanas, ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, también jóvenes y mujeres. La organización tiene la encomienda de proteger y salvaguardar los territorios, bienes naturales y culturales de los pueblos chatinos, mixtecos, afro oaxaqueños y mestizos de la región de la costa y sierra sur del estado de Oaxaca frente a los Proyecto Hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde”, además de otros proyectos extractivos. El COPUDEVER promueve la paz, el respeto a todas las formas de vida, la ayuda mutua, la comunidad, la noviolencia y la solidaridad entre personas y pueblos.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA a propósito del 6to aniversario de desastre minero en el río Sonora – A 10 de agosto de 2020
El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.
Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.
El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.
La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.
Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.
Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.
Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.
La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.
CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES
Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.
ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:
¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Río Sonora – Hector Guerrero – Pie de página
Compartimos esta nota publicada en El Universal sobre el desastre en el Río Sonora provocado por una mina de Grupo México que cumple 6 años – A 5 de agosto de 2020
Hermosillo.- Justicia, remediación y no repetición es el reclamo de los pobladores del Río Sonora, afectados el 6 de agosto de 2014, cuando una inmensa laguna de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, con alrededor de 20 kilómetros a la redonda de lixiviados, sufrió una rotura en una de las piletas de almacenamiento.
En el hecho se vertieron a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas.
Atravesaron desde Cananea por los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.
Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, y se contuvieron en la Presa El Molinito, que abastece de agua potable a miles de hermosillenses.
Además de dejar enfermeades, se contaminaron los pozos abastecedores de agua potable, los cultivos y el ganado.
Para atender la emergencia ambiental y sanitaria derivada de este derrame, el 11 de septiembre del 2014, Grupo México creó un fideicomiso, operado junto con el gobierno federal, por 2 mil millones de pesos pero solo gastaron 61% de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017, por decisión unilateral sin considerar a los afectados.
En marzo de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto la extinción de Fideicomiso Río Sonora e hizo público el engrose de la sentencia del asunto 640/2019, así como la conclusión del programa de remediación ambiental.
Ante este ecocidio ocurrido hace 6 años, está el deseo de más de 22 mil damnificados que anhelan atención médica y agua limpia.
Exigen atención al presidente López Obrador
Este aniversario coincide con la visita al sur del estado del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que María de Jesús Maldonado Moreno hizo un llamado al mandatario y le pidió voltear al Río Sonora “que también es México”.
“A seis años del desastre ecológico más grande de México, levanto mi voz por todos los afectados del Río Sonora, a nombre del que fue mi esposo Apolonio Fimbres, él que luchó en todos los niveles y sólo pedía justicia, por lo que por derecho nos tocaba, como una clínica para atender a los afectados por la contaminación de las aguas, también pedía agua limpia, ya que las potabilizadoras jamás fueron instaladas y un resarcimiento económico para poder salir adelante. Mientras que Grupo México se ahoga en dinero, nosotros no contamos ni con agua limpia, ni con atención a nuestra salud, prácticamente quedamos en el olvido”, reclamó.
Por su lado, Maura Gutiérrez Pineda, de la comunidad de San Rafael de Ures, recordó que estuvo en la lucha desde el inicio e incluso participó en la toma de las instalaciones de Grupo México en Cananea de donde se derramaron los metales venenosos hacia los ríos Bacanuchi y Sonora.
“Llegaron los soldados y nos sacaron, Grupo México no nos ayudó, yo no sé el Presidente qué piensa. Nosotros somos pobres, no tenemos nada, dejé mi casita para irme a luchar, nunca nos dieron nada. Estamos muy necesitados mi esposo murió, mi hijo está enfermo y aquí estoy batallando, ya no puedo trabajar me duele el cuerpo, señor Presidente”, expresó la mujer.
Reyna Castro Longoria, doctora en Ecología que desde el derrame mantiene una lucha ambiental en las comunidades a lo largo del Río Sonora, dijo a EL UNIVERSAL que quisiera preguntar al Presidente “¿cuál es el trabajo que han realizado los secretarios de Estado a quienes ha girado instrucciones en pro del resarcimiento y la remediación?”.
“¿Dónde quedó la promesa de un hospital en Ures?, seguimos en la lucha, la remediación es tan urgente como como la reactivación económica e implementación de programas sociales”, señaló.
“Llamamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, a dar una respuesta clara para los ríos Sonora y Bacanuchi y su gente. Exigimos participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de nosotras y nosotros”, expusieron los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).
Además, exigieron acceso a la información y transparencia total sobre las inspecciones de la Profepa a la presa de jales de Grupo México, que las autoridades prometieron hace más de un año. “Demandamos que se cancele la megapresa, cuya construcción violó nuestro derecho a la participación y cuya presencia en la región llena de angustia y temor a las comunidades”, señalaron.
Reconoce Semarnat incumplimiento a pobladores
“Luego de seis años del derrame hay acciones que aún no se han realizado y persiste la incertidumbre y la zozobra entre los habitantes de los municipios afectados”, reconoció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Semarnat se comprometió a trabajar para resolver lo que le corresponde estableciendo un diálogo claro con los pobladores, las autoridades locales, el gobierno del estado y Grupo México.
Informó avances para dar atención a las demandas de las comunidades: “Desde el año pasado, la dependencia federal ha mantenido el diálogo con las comunidades, con los tres niveles de gobierno, el sector académico y Grupo México con el objetivo de recuperar la confianza, tras años de promesas incumplidas por parte de la pasada administración”.
En lo que se refiere a los amparos promovidos por 36 personas de varios de los municipios, respecto al manejo del Fideicomiso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está en espera de lo que emita el Juez de Distrito para dar cumplimiento, por lo cual en estos meses el organismo se concentró en la elaboración de una plataforma que será de mucha ayuda para dar celeridad a los procedimientos.
La plataforma integra datos de las personas que recibieron beneficios y de las cantidades totales que se erogaron, las cuales se refleja que fueron inferiores a las inicialmente señaladas y que la suma entregada no cubre los dos mil millones comprometidos por la empresa. Esta base de datos permitirá cotejar la información con la que presenta Grupo México, reveló.
Residentes de la comunidad de Bacanuchi exigieron el cierre de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, cuya capacidad es de 2 mil 40 millones de metros cúbicos (m3) para contener tóxicos; más de 8 veces de capacidad de la presa El Molinito de Hermosillo, que puede almacenar 219 millones de m3, y en este contexto, un derrame sería fatal para más de un millón de sonorenses.
Al respecto, informó que en cumplimiento al mandato de la Corte y a lo establecido por el Juzgado Noveno de Agua Prieta sobre la restitución del derecho a la información sobre este proyecto del Grupo México, la Secretaría realizó tres reuniones en la plaza pública de Bacanuchi, el 5 de junio y 6 de septiembre del 2019, y el 25 de enero de este año. Asistieron más de 300 personas, entre las que estaban las que recibieron el amparo, población de la comunidad y representantes de comités de los municipios de la cuenca del Río Sonora.
Como resultado de estos acercamientos, además de brindar información amplia y accesible a la comunidad sobre el análisis técnico y la normativa para otorgar la autorización, también se retomaron las propuestas de la comunidad para ampliar las medidas de mitigación y compensación con el fin de garantizar mejores condiciones de seguridad a la comunidad y de protección a la flora y fauna nativa. El acta circunstanciada fue entrada la Juzgado Noveno de Distrito para su valoración y se espera su resolución.
Compartimos esta nota publicada en el Diario Formato Siete sobre la minería en Veracruz – A 22 de julio de 2020
En Veracruz los trabajos de las mineras no han parado ni con la pandemia generada por el coronavirus Covid-19, advirtió el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Emilio Rodríguez.
En el marco del Día Contra la Megaminería a Cielo Abierto, el activista indicó que en zonas como Actopan en donde el proyecto minero “El Cobre” sigue en marcha y la empresa Candelaria Minning Group sigue convenciendo a pobladores para que den su anuencia a este tipo de proyectos con la promesa de realizar acciones que son de competencia municipal.
“Sí están realizando trabajos especialmente en El Cobre, sobre todo con convencimiento de pobladores, prometen mejora de caminos, pintura, situaciones que le competen a los municipios”, dijo.
Recordó que en el país el 13 por ciento de su superficie está concesionada a mineras, y en el caso de Veracruz es el 3 por ciento del territorio en el tiene proyectos concesionados focalizados en cuatro regiones.
“Pareciera que es poco, pero están en zonas de alta importancia cultural para el estado, con presencia de comunidades originarias, estamos preocupados por estos temas”.
En el sur, los proyectos mineros incluyen a regiones de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta; en la zona costera central en Actopan y Alto Lucero.
Además de proyectos que impactarían en uno de los ríos más limpios del estado, el Bobos, así como la ribera del Actopan en los municipios de Las Minas y Tatatila y la cuarta región con proyectos se ubica en sierra norte de Veracruz, en Huayacocotla.
Se trata de concesiones emitidas en 2000 y 2005 con permisos de 50 años y que son renovables por otros 50 años; los dos proyectos más avanzados son la mina Caballo Blanco “La Paila”, ahora divido en dos, que incluye El Cobre.
El otro proyecto que está avanzado es en Las Minas y Tatatila, cuya mina se denomina como los municipios “Las Minas y Tatatila” y que está en etapa de exploración final, por lo que es posible que el próximo año ingresen su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para solicitar permisos para explotación.
Por ello, insistió en que la Ley Minera en el país es ilegal y que por tanto no basta la declaración del gobernador Cuitláhuac García ni del presidentes de la República, Andrés Manuel López Obrador, si no emiten un decreto en el que se prohíba la minería a cielo abierto en el país y en el estado.
“No nos han dicho nada, sólo las declaraciones públicas, son responsables de la seguridad y ambiente de los veracruzanos, tienen las facultades para emitir controversias constitucionales por leyes lesivas como la Ley Minera”.
Recordó que hasta ahora han logrado que siete cabildos declaren a sus municipios como libres de minería tóxica, entre los que se encuentran Huayacocotla, Mecayapan ,Soteapan, Alto Lucero, Actopan y el más reciente Naolinco.
Compartimos este vídeo de Avispa Midia sobre la minería en Oaxaca – A 29 de julio de 2020
El pasado 10 de julio, mujeres y hombres de la comunidad de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, ubicada al sur de México, se alertaron por una nueva contaminación en las aguas que bebe su ganado y de dónde se nutren sus cultivos.
La comunidad tomó acciones intuyendo que está contaminación recae en la responsabilidad de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, la cual se encuentra a menos de 300 metros explotando diariamente, a través de túneles, más de 8 millones de onzas de plata y 50 mil onzas de oro.
En 2018 se registró una de las contaminaciones más severas de esta mina, al derramarse la presa de jales (estructura que contiene residuos de la explotación de los minerales). En 2019, cuándo Andrés Manuel López Obrador (Amlo), presidente de México, se dirigía de visita a otra comunidad los campesinos de Magdalena Ocotlán le cerraron el paso para exponerle está contaminación.
¿Qué fue lo que dijo?
En este video-documental recogemos las voces de la comunidad de Magdalena Ocotlán y la voz de Amlo a su paso por esta comunidad.➜ https://bit.ly/306zhYW
Les compartimos esta nota publicada en Página 3 sobre la minería en Oaxaca – A 27 de julio de 2020
PorPedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Por segunda ocasión, la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines (FSM) fue denunciada por contaminar el agua en Valles Centrales y esperan que esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su palabra de atender esta problemática y evitar que estos daños al medio ambiente no queden impunes.
Así lo denunció el Frente No a la Minería y el Colectivo en Defensa del Territorio, al tiempo que evidenció que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales.
El presidente municipal de Magdalena Ocotlán, Pedro máximo Aquino, fue mas contundente al pedir al gobierno federal y estatal que no autoricen mas permisos ambientales para continuar que la empresa minea siga operaciones en Valles Centrales porque “nos están sentenciado a una muerte segura con tantos metales pesados en la sangre, un cáncer”.
Razón por la que el Frente No a la Minería integrado por 12 comunidades entre ellas Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, El Vergel, Los Ocotes, Santa Catarina Minas, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, insistieron en rechazar la explotación de minerales en sus territorios.
Las autoridades de Magdalena Ocotlán denunciaron que el pasado 14 de julio, atestiguaron la contaminación de sus cuerpos de agua al constatar que un pozo de captación de agua pluvial, construido para recargar los mantos acuíferos presentó una coloración rojiza.
Detallaron que este pozo se encuentra aproximadamente a 300 metros de la planta de beneficio del proyecto minero.
Recordaron lo mismo sucedió en octubre de 2018, cuando se derramó la presa de jales contaminando el arroyo El Coyote, hecho que continua en la impunidad en la región.
Por lo pronto, las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán han hecho una denuncia popular ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA) y exigen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), intervengan para que realicen una investigación apegada a derecho y transparenten los resultados de los estudios que se han realizado con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Así como la reparación del daño de comunidades afectadas por la explotación minera.
Mientras, la compañía minera Cuzcatlán, empresa filial de Fortuna Silver Mines presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un nuevo permiso ambiental para la continuidad de la extracción de minerales en los Valles Centrales de Oaxaca.
El documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Modalidad Regional “San José II” fue presentado el pasado 07 de julio de 2020.
En este documento Cuzcatlán-FSM expresa que “…su operación no supone un riesgo para ninguno de los objetos de conservación de estas áreas”, no obstante, la realidad que viven las comunidades es diferente porque “hemos constatado que en los últimos años existen daños irreparables a nuestro medio ambiente, donde el agua, principal líquido para nuestra supervivencia ha sido contaminado en dos ocasiones”.
Por tal motivo, las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería rechazaron tajantemente cualquier actividad que tenga por objeto la explotación de sus bienes comunes.
Consideran que la presentación de esta nueva MIA desacata las determinaciones comunitarias expresadas en sus asambleas y actas de Territorio Prohibido para la Minería, mismas que respetan y retoman la legislación vigente en los ámbitos municipal, estatal y federal.
El Frente No a la Minería demanda a la SEMARNAT respetar y proteger nuestro derecho a la libre determinación, autonomía, territorio, salud y medio ambiente sano, por lo que exigieron nuevamente no autorizar dicho permiso.
Y es que FSM-Cuzcatlán, pretenden asegurar la explotación irracional de plata y oro por diez años más en los Valles Centrales, además de justificar obras ilegales dentro de San José del Progreso.
Es importante mencionar que en mayo de 2019 presentó un permiso similar a este, el cual fue negado por la SEMARNAT en enero de 2020. En esta segunda ocasión, en su “extracto” del proyecto, la empresa argumenta dolosamente que “San José II no se trata de un nuevo proyecto o ampliación del mismo, sino a obras previamente desarrolladas”. Advirtieron que autorizar dicho permiso representa una violación sistemática a nuestros derechos territoriales.
Compartimos esta nota publicada en POPLab sobre la minería en Comonfort Guanajuato – A 28 de julio de 2020
Los barrenos de la minería, como el fuego cruzado, perforan el territorio de Guanajuato dejando tras de sí secuelas de sangre y lodo. Comonfort, municipio guanajuatense que colinda al sureste con el estado de Querétaro, no sólo se encuentra en zona caliente de cárteles, sino que está en el foco de una silenciosa especulación minera que despertó la alerta de sus pobladores. El día de hoy, 28 de julio de 2020, se clausuraron las actividades de exploración de la empresa Minera Adularia como resultado de la resistencia de las comunidades afectadas.
De acuerdo con información de la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA) y la organización guanajuatense Acción Colectiva Socioambiental A.C., el pasado 17 de abril habitantes de las comunidades Neutla, Don Diego, Delgado de Arriba y Delgado de Abajo del municipio de Comonfort se presentaron en una sesión del pleno del ayuntamiento local para denunciar que la empresa Minera Adularia Exploración, S. de R.L. de C.V., filial mexicana de la estadounidense Electrum Group LLC, estaba afectando los suelos de sus comunidades mediante la descarga de desechos tóxicos, así como usando agua potable en cantidades excesivas.
Como resultado de la organización de las comunidades, el Ayuntamiento de Comonfort clausuró finalmente las operaciones de Minera Adularia, tras descubrir un cúmulo de irregularidades en los permisos municipales de operación, así como después de comprobar la contaminación de acuíferos y la obstrucción de pozos de agua de los que dependen habitantes de la zona.
Foto: Especial
Minera Adularia Exploración (Electrum Group LLC) cuenta con concesiones sobre el suelo de Comonfort desde 2016. Sin embargo, son dos los proyectos vigentes autorizados en 2019 (como continuación de proyectos anteriores) para explorar el territorio en busca de yacimientos mineros en Celaya, Juventino Rosas y, también, Comonfort, principalmente en las zonas internas y aledañas al Área Natural Protegia (ANP) de la Presa de Neutla con declaratoria estatal desde 2006. De acuerdo con GeoComunes, existen otras concesiones mineras vigentes y en trámite sobre la misma región.
Mapa: GeoComunes
Electrum Group LLC pertenece al billonario Thomas S. Kaplan —filántropo coleccionista de arte y, paradójicamente, conservacionista— cuyas concesiones en Comonfort a título de Minera Adularia Exploración fueron autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT).
Juntas permiten a Adularia perforar 255 barrenos de 1 km de profundidad repartidos en 6 mil 423.68 hectáreas (64, 236, 800 m2). Una extensión similar a 9 mil veces una cancha de futbol de la FIFA y mil veces el Estadio Azteca en las que la empresa está extrayendo muestras de suelo para decidir dónde abrir una mina de plomo, cobre, oro y/o plata. En 2018, la actividad exploratoria de Minera Adularia perforó el manto freático del Acuífero del Valle de Celaya, transgrediendo la NOM-120-SEMARNAT-2011, motivo por el cual la SEMARNAT solicitó a Adularia una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.
La inconformidad de los habitantes de dichas comunidades fue lo que puso el acento sobre el caso. Reclaman que Minera Adularia Exploración está secando sus pozos a la mitad de la pandemia y que esta dispone ilegalmente los lodos residuales de la exploración sobre su territorio y manantiales . El pasado 03 de junio de 2020, el presidente municipal de Comonfort, José Carlos Nieto Juárez, reveló ante medios de comunicación los resultados de un análisis de agua y suelo hecho por el laboratorio LAQUIMIA en diferentes puntos señalados como contaminados por las comunidades.
Foto: Acción Colectiva
Según el comunicado con respecto al análisis de agua, “conforme a la norma NOM-001-SEMARNAT-1996, [la carga contaminante] no cumple y sobrepasa significativamente algunos parámetros máximos permitidos”. Los contaminantes que rebasan la norma son: DBOs (demanda bioquímica de oxígeno), grasas y aceites, nitrógeno, sólidos sedimentales, sólidos suspendidos totales, fósforo total, color verdadero, toxicidad aguda, temperatura y pH.
En ese sentido, los puntos de muestreo de la exploración son focos de contaminación de acuíferos que desde la superficie lixivia los contaminantes del suelo llevándolos hasta el agua subterránea, lo que explica el desabasto o taponeamiento de pozos de agua en la región.
Foto: Acción Colectiva
El proceso de exploración minera es un paso previo a la explotación. Con este las empresas toman muestras de minerales que extraen de un área específica en el mapa perforando a 1.5 kilómetros promedio de profundidad con barrenos. Después, las empresas deciden a partir de las características de los suelos, la técnica de explotación: subterránea o a cielo abierto.
“A la hora de que perforan y meten un barreno, lo más probable es que estén tocando las venitas de agua que alimentan los pozos y entonces las taponean. Si tu metes un tubo y atraviesas una venita de agua, ya la tapaste”, explica Gustavo Lozano de Acción Colectiva Socioambiental.
“Va a brincar la liebre”
Del apersonamiento de los pobladores en el cabildo han surgido dos procesos en paralelo con la intención de frenar las actividades de exploración de Minera Adularia en Comonfort. Derivado de ello, las comunidades y el Ayuntamiento comonforense han descubierto que la empresa opera sin permisos de uso de suelo y de construcción desde que le autorizaron las concesiones en junio y diciembre de 2019. Una pregunta que surge, por lo tanto, es si Minera Adularia ha tenido los permisos de ley desde su presencia en Guanajuato en 2016.
El presidente municipal, José Carlos Nieto Juárez, presentó por su parte dos denuncias por contaminación derivadas de la actividad exploratoria y señaladas por los pobladores: una a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y otra ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Estas se construyen con el argumento de que:
“…varias personas habitantes de la región manifiestan que dicha empresa ha realizado la descarga de residuos de esta actividad industrial en un cuerpo de agua sin mostrar autorización.”
Foto: Ayuntamiento Comonfort
Sin embargo, los regidores del cabildo fueron más allá de las denuncias formales ante las instancias de regulación y justicia ambiental, buscando expresamente la clausura inmediata de Minera Adularia por faltarle el permiso básico de uso de suelo.
El Ayuntamiento de Comonfort creó una Comisión Especial Plural que atendiera la denuncia presentada al pleno por los habitantes en abril. La comisión trabajó durante ese mes y mayo para indagar si la empresa contaba o no con los permisos requeridos. Después del trabajo de investigación de la comisión, la Dirección de Desarrollo Urbano respondió que se había entregado un documento llamado “factibilidad de uso de suelo” a solicitud de la propia empresa, pero nunca un “permiso de uso de suelo” como lo estipula la ley.
La Comisión Especial Plural consultó el Código Territorial del Estado de Guanajuato y descubrió que el único documento similar que puede otorgar una autoridad en el estado es una “constancia de factibilidad”. No obstante, desde el punto de vista legal no existe un documento que Desarrollo Urbano pueda emitir conforme a la ley llamado “factibilidad de uso de suelo” y la constancia —por su parte— tampoco es un permiso. Por lo tanto, la empresa no cuenta con el permiso de uso de suelo para operar. A Minera Adularia le ayudó también la SMAOT, haciendo pasar el documento “factibilidad de uso de suelo” como si fuera el permiso en cuestión.
—”Va abrincar la liebre, pues alguien está mintiendo”, dijo el representante de Acción Colectiva.
El 27 de mayo la comisión preparó el dictamen para realizar visitas de inspección administrativas a la minera y solicitarle los documentos municipales con los que está operando. Este pasó finalmente al pleno del Ayuntamiento el día 29 mayo. En el dictamen se especifica que tras haber preguntado a todas las dependencias municipales de Comonfort si habían entregado algún permiso a Adularia, todas contestaron que no.
Foto: Acción Colectiva
Pese a que la empresa se defiende diciendo que cuenta con los permisos, el dictamen votado por la Comisión Especial Plural y aprobado por el pleno desvirtúa legalmente la “factibilidad de uso de suelo”. Cabe decir que entre la conformación de la comisión en abril y la aprobación por unanimidad del dictamen, se celebraron numerosas audiencias a las que acudieron las comunidades y donde se convocó también a la empresa Minera Adularia.
Por lo tanto, “al no existir un permiso de uso de suelo que es facultad exclusiva de los Ayuntamientos entregar, pues los trabajos que ha venido haciendo la minera son ilegales, no cuentan con los permisos municipales que requieren las mineras para operar. Toda vez que no tienen ese permiso, se ordena la clausura de la empresa”, dice Lozano.
La orden de clausura se emitió y finalmente se ejecutó el día de hoy mediante la visita de la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio de Comonfort al domicilio de la minera.
UGATS no coinciden y la ANP de Neutla no autoriza la actividad minera
POPLab revisó las autorizaciones de exploración emitidas por la SEMARNAT y la SMAOT, encontrando que las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT) del proyecto Exploración Minera Celaya 2 con oficio 131.1/0376/2019 autorizado por Eduardo Vázquez Ávila, encargado de la Delegación de la SEMARNAT en el Estado de Guanajuato, no corresponden territorialmente con la zona de exploración en la que se ha barrenado (387, 443, 449, 463), y que las UGAT que deberían tomarse como referencia no se contemplan (425 y 464).
La autorización de la SEMARNAT es del 06 de junio del 2019 y la última modificación al Programa Estatal Desarrollo Urbano y Ordenado Ecológico 2040 (PEDUOET) es del 02 de abril de 2019, por lo que lo anterior corresponde a una autorización irregular de la oficina local de la dependencia federal.
Además, en la autorización de la SMAOT al Proyecto de Exploración Minera Celaya-ANP, se toma como base el documento ilegal de Desarrollo Urbano llamado “factibilidad de uso de suelo” para considerar viable la realización de las actividades de exploración en el Área Natural Protegida de la Presa de Neutla y su zona de influencia, argumentando, por añadidura, que la declaratoria oficial “no restringe las actividades de exploración minera”.
Foto: Acción Colectiva
Sin embargo, pese a tales afirmaciones, en el programa de manejo de la ANP no se contemplan las actividades mineras. El tipo de actividades que determina la declaratoria son muy claras dentro de las que no se incluye la minería por ser un área natural protegida de carácter estatal:
preservación y protección de la biodiversidad, manejo sustentable de recursos forestales, de especies de flora y fauna; conservación del suelo y del agua, agricultura con uso limitado de agroquímicos, monitoreo y vigilancia, restauración, reforestación y recuperación especies nativas; actividades educativas, de divulgación y de investigación científica, capacitaciones y talleres con comunidades; producción local sustentable, ecoturismo; promoción de la salud comunitaria, entre otras.
Asimismo, dentro de la Zona de Aprovechamiento Sustentable, Zona de Restauración y Zona de Uso Público, el programa prohibe “verter, descargar o inflitrar aguas residuales, aceite, grasa, combustible o cualquier tipo de contaminante sólido o líquido al suelo, cauces o vasos de agua; el desarrollo de infraestructura y servicios en las comunidades existentes; y el establecimiento de sitios de disposición final de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos”. Afectaciones que han sido comprobadas por el estudio de LAQUIMIA ordenado por el presidente municipal de Comonfort.
En el marco de un panorama ambiental en entredicho, con proyectos extractivistas en curso a lo largo y ancho del país, esta primer conquista para los pobladores de Comonfort es resultado de la resistencia. Se confirma, pues, que la organización de las comunidades, así como la voluntad política de las autoridades en apego a la ley, son fundamentales para la justicia social y ecológica en el estado de Guanajuato.
