Modelo extractivo

Los dueños de México son además dueños del agua: Kimberly, Femsa, Azteca, Bachoco, Herdez, minas…

Publicada el 18/12/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota de Sin Embargo sobre el acaparamiento del agua en México – A 14 de diciembre de 2020

A partir de las concesiones otorgadas por la Conagua por la Ley de Aguas Nacionales de 1992, millonarios acaparan este bien que por su escasez ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Estados Unidos. Un artículo de la UAM revela que, a falta de regulación vigente y vigilancia, solo un 1.1 por ciento concentra una quinta parte del recurso para fines lucrativos. Entre ellos, Claudio X. González con Kimberly Clark y Ricardo Salinas Pliego con Banco Azteca.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– Mientras más del 30 por ciento de los hogares mexicanos (Inegi, 2016) padece a diario cortes o tanteo de su derecho al agua y saneamiento, 3 mil 304 grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al concentrar 13 millones 183 de hectómetros cúbicos anuales para fines lucrativos, en su mayoría en acuíferos sobreexplotados, expone la investigación “Los millonarios del Agua” publicada por la Universidad Autónoma de México (UAM), con ciencia de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) hasta enero de 2020.

Esto es, el 1.1 por ciento de todos los usuarios del agua en México explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional (22.3 por ciento). Entre ellos, Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota-Velasco, entre otros.

A partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, aún vigente porque el Congreso sigue sin aprobar una iniciativa ciudadana para una Ley General de Aguas que garantice acceso equitativo, estos denominados “millonarios del agua” son empresas, asociaciones civiles y personas físicas, quienes emplean el agua principalmente para uso agrícola, industrial y de servicio turístico. La Ley de Aguas Nacionales, aprobada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue “la expresión más acabada” de los lineamientos exigidos por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Estado mexicano para “la neoliberalización del agua”, otrora bien nacional, con el fin de dar mayor certeza a la inversión privada en materia de derechos de agua, dice el texto de los investigadores Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma.

El 1.1 por ciento acapara 22.3 por ciento del agua. Gráfica: Los millonarios del agua, UAM, 2020.

“Legalmente no existe un límite en cuanto al volumen de agua a concesionar para un actor privado dentro del margen de disponibilidad, de ahí que algunas empresas hayan acaparado grandes cantidades de agua. Bajo esta lógica, no importa si se pone en riesgo el bienestar colectivo o si se degrada la calidad del agua, lo que importa es la utilidad de las empresas y consorcios privados que gestionan y explotan este bien común”, afirma la investigación. “Los Millonarios del Agua pagan de forma diferenciada de acuerdo con el uso del agua (por ejemplo, se paga más por el uso industrial o servicios). Un usuario tiene la libertad de tener concesiones para distintos tipos de usos, lo que permite ahorrar millones de pesos por no pagar el uso debido y hace más difícil rastrear el destino final”.

En conclusión, exponen Gómez y Moctezuma, hay tres maneras en que la actual administración del agua con la presente Ley de casi 30 años permite que el sector privado monopolice legalmente el agua en el país para fines de lucro, en un marcado contexto de desigualdad: los usuarios pueden acceder a una sola concesión con grandes volúmenes de agua, ya que no se establece un límite preciso; un mismo usuario puede tener distintas concesiones de diversos tipos con diferentes volúmenes y diferentes usos; o un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombre de parientes, socios y/o prestanombres, como en el caso de la Coca-Cola y la familia Tricio de Grupo Lala. También se puede acceder y controlar este recurso gracias a la transmisión de concesiones, o incluso se extrae agua sin contar con una concesión, como ocurrió en Ayutla Mixe, Oaxaca, en donde un grupo paramilitar se apoderó del manantial dejando a la comunidad sin agua desde hace dos años o las cerca de 400 mil tomas de agua clandestinas en la Ciudad de México, donde se anunció un recorte hasta 2021 por disminución del sistema Cutzamala.

El mapa representa el porcentaje del volumen de agua explotada respecto al volumen de agua de recarga
de los acuíferos. Mapa: Los Millonarios del Agua, UAM, 2020.

La iniciativa ciudadana en consenso con legisladores que exige un acceso equitativo al agua y mayor control a las grandes concesiones sigue atorada en la Cámara de Diputados. En entrevista, uno de los autores del artículo, Wilfrido Gómez, dijo que con la actual Ley (1992) no hay una regulación ni vigilancia del agua y descargas de manera democrática y limitada, esto es, la adquiere en volúmenes quien primero solicite una concesión y no se consulta a la comunidad o colonia de la zona que padece la escasez. Por lo que debe regularse el tipo de uso y la transmisión de concesiones para evitar mayor “especulación” de oferta-demanda del agua de la que habrá ahora que su uso cotiza en el mercado de futuros de California, Estados Unidos, lo cual de cierta manera “legitimiza el mercado ilegal del agua en México”.

“La Conagua publica cada dos años la disponibilidad del agua en acuíferos y cuencas. Aunque hay acuíferos sobreexplotados, se siguen entregando concesiones. En la nueva Ley primero se debe garantizar el derecho humano al agua, es decir, que no se cree el acaparamiento y desigualdad”, dijo Gómez. “Si hay sobreexplotación, se tiene que restringir para poder restablecer la cantidad y calidad del agua”.

EMPRESAS ACAPARADORAS

De norte a sur del país, los millonarios del agua se reparten en 966 empresas de energía eléctrica, cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, entre otras; mil 537 personas físicas y 801 asociaciones civiles que realizan distintas actividades productivas. En total, los 3 mil 304 tienen concesionado un volumen de agua de 13 millones 208 hm³/año, equivalente al 22.3 por ciento de toda el agua concesionada en el país. De los 653 acuíferos que existen en el país, 115 están sobreexplotados y de éstos, 99 tienen la presencia de algún Millonario del Agua.

“Cada uno de estos usuarios y sus concesiones, en muchos casos, representan, una serie de conflictos con distintos actores locales respecto a un bien natural, y representan también un despojo, en donde los ciudadanos, los pueblos y comunidades no fueron considerados en ningún sentido y de un momento a otro se encuentran enfrentados ante una empresa o individuos que tienen grandes volúmenes de agua”, expone el artículo “Los millonarios del agua”.

Entre los Millonarios del Agua que tienen mayores volúmenes concesionados para uso único industrial, se encuentra la trasnacional Kimberly-Clark, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos de limpieza, cuidado e higiene y denunciada por contaminar ríos y manantiales en los estados de Veracruz, Querétaro y Michoacán. El conglomerado de Claudio X. González tiene concesionado un volumen de 27.3 hm³/ año de agua.

Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo industrial-único. Gráfica: Los Millonarios del Agua, UAM, 2020.

Además, en el marco de la especulación y escasez a futuro, es de destacar la presencia de bancos con grandes concesiones, por ejemplo, el español BBVA tiene 1.6 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Atemajac, cerca de Guadalajara, Jalisco. Y el Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego cuenta con 2.2 hm³/año en el acuífero sobreexplotado de la Zona Metropolitana, de la cuenca de México.

“La creciente participación de bancos como usuarios de grandes concesiones de agua no deja de ser un tema de preocupación que responde posiblemente a la creación de un mercado internacional del agua y a su control como un bien que cada vez toma más importancia, ante un futuro de inminente degradación de dicho recurso”, expone el informe.

Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, que ha puesto en encrucijada a comunidades totonacas cercanas al río Ajajalpan, Puebla, dispone de un volumen de 369.5 hm³/año de agua. ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo, explota cada año en México 100.5 hm³/año de agua, con lo que se llenarían 100 y medio estadios Azteca (el estadio más grande del país). Sus extracciones principales se realizan en el ejido Las Truchas, donde tiene su mayor mina a cielo abierto, y en su complejo siderúrgico ubicado en el Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. El agua se destina principalmente para la elaboración de acero. La magnitud de la extracción de este recurso natural se ve reflejada en los constantes reclamos ejidales que exigen la remediación de tierras afectadas por la minería y su contaminación, así como de pescadores.

En el caso de uso único para diferentes usos, se encuentran termoeléctricas, agroindustrias y constructoras, entre las que sobresale el megaproyecto turístico inmobiliario El Coyote Baja Resort, que posee 90 por ciento del agua del acuífero 0325 de La Paz, Baja California. En uso único para servicios hay principalmente grandes cadenas hoteleras como Quiroocan, con un volumen de 30.1 hm³/año de agua y varias empresas turísticas de este tipo en la Península de Yucatán. También se encuentra la empresa Acueducto Pánuco Al Norte, de capital mixto, con un volumen de 315.4 hm³/año, la cual se dedica al transporte de gas por gasoductos.

Deforestación y sequía en un cultivo en Estado de México. Foto: Cuartoscuro.

Para uso-único agrícola, por el que no pagan por la explotación, se emplea 48.7 por ciento de toda el agua concesionada a los Millonarios del Agua. Aunque se atribuye a los campesinos el gasto de agua, el sector privado tiene bastante cabida como la empresa Agroforestal Uumbal Chiapas Sapi, que explota 54.4 hm³/año de agua y cultiva y cosecha palma de aceite en Chiapas, Tabasco y Campeche, cultivo causante de la deforestación en el sureste. Y la empresa Agropecuaria La Norteñita, a la que se le han entregado 31.9 hm³/año de agua y es una de las principales productoras de manzana del país, tiene 74 por ciento de su volumen concesionado con una serie de irregularidades.

Además, tienen una tarifa preferencial de energía eléctrica ante la CFE y también se ha documentado que algunas empresas y personas físicas utilizan el agua de uso agrícola para otros usos. La extinta inmobiliaria Casas GEO adquirió concesiones de uso agrícola para urbanizar en Querétaro, Morelos, Estado de México y otros.

La investigación de la UAM también enfatiza personas físicas como José Manuel Tricio Cerro, quien cuenta con 3.8 hm³/año de agua al año a su nombre. Este personaje está relacionado con accionistas del Grupo Industrial Lala, acusada de sobreexplotar el agua de la Comarca Lagunera, debido a la compra de alfalfa que realiza para la alimentación de las vacas. Los grandes volúmenes de agua que se utilizan para ello han provocado que para uso doméstico se deba extraer agua de mantos acuíferos profundos con alto contenido en arsénico, ocasionado una gran incidencia de diferentes enfermedades, como cáncer y diabetes, entre los habitantes de la región.

En el Valle de México habrá recorte de agua hasta 2021 por escasez en el sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro.

LOS “USOS-OTROS”

La Ley de Aguas Nacionales (1992) permite no solo que los usuarios puedan tener grandes volúmenes de agua en una concesión, sino también varias concesiones para distintos tipos de usos (usos-otros). Esta clasificación agrupa a 613 Millonarios del Agua, que suman un volumen de un millón 851 hm3 /año de agua concesionada, volumen que representa 14 por ciento del agua total concesionada a los millonarios del agua.

En el caso industrial-otros, destacan la minera Peñasquito, de la empresa canadiense Goldcorp, que explota un volumen de 50 hm³/año y que ha sido acusada de contaminar los cuerpos de agua de comunidades, en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Bebidas Mundiales y Bepensa (del grupo FEMSA) que juntas explotan 21.9 hm³/ año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca-Cola. Si se suman los demás usuarios que forman parte de la familia Coca-Cola (Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo), el volumen concesionado es de 39.4 hm³/año. Este grupo ha sido denunciado por sobreexplotar los mantos acuíferos en Chiapas y Tlaxcala, y estar dejando sin agua a la población, dice la investigación de la UAM.

Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo industrial-otros. Gráfica: Millonarios del Agua, UAM, 2020.

En el caso de agrícola-otros, destacan la empresa exportadora de frutos rojos Berrymex (estadounidense), que explota en San Quintín, Baja California, 23.7 hm³/año de agua. Esta empresa agroindustrial fue la principal responsable en la región en el conflicto con los jornaleros y sus trabajadores por los bajos salarios otorgados y precarias condiciones de vida, las cuales incluían carencia de servicios de agua potable y drenaje. El agotamiento de los acuíferos de San Quintín obligó a la empresa a instalar una planta desaladora de agua. Otras de las agroindustrias que tienen presencia sobre estos acuíferos sobreexplotados son Agro Industrias Vigor y la enorme productora de semillas a nivel mundial ahora perteneciente a Bayer, Seminis Vegetable Seeds Mexicana.

En uso agrícola-otros, los datos analizados por los investigadores también detectaron a la empresa exportadora de tomates cherry NatureSweet Invernaderos, con 12.5 hm³/año de agua (también estadounidense) y a a empresa biotecnológica Enerall, que explota un volumen de 12.9 millones de m³ de los mantos acuíferos de Yucatán cada año, en las reservas de agua dulce más importante del país y cuyo fundador es Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de México, cuya compañía fue investigada por periodistas en 2018 por destruir un cenote en la Riviera Maya.

Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo agrícola-otros. Gráfica: Millonarios del Agua, UAM, 2020.

La empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, acusada de contaminar grandes volúmenes de agua, tiene concesionados 53 hm³/año, donde el 61 por ciento de esa agua es para uso industrial y 39 por ciento para diferentes usos, lo que los ha eximido de pagar en un porcentaje considerable la tarifa más alta que es la de uso industrial, en vez de la de diferentes usos que es una tarifa más baja.

Para usos mixtos, 16 Millonarios del Agua tienen concesiones con un volumen equivalente al 0.5 por ciento del total concesionado a los usuarios privados que tienen más de 1 hm3 /año de agua. Los usuarios que disponen de más agua para este tipo de usos son Bachoco, que explota 17.6 hm³/año de agua en 20 estados de la república, principalmente en Guanajuato, Sinaloa y Yucatán; cooperativa La Cruz Azul (Cementos Cruz Azul) con 3.7 hm³/año de agua y la multinacional Herdez, dedicada a la producción agroindustrial de alimentos con 2.2 hm³/año de agua.

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Un nuevo estudio revela un aumento dramático de de los envenenamientos por causas de plaguicidas en el mundo

Publicada el 17/12/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta información de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México RAPAM – A 9 de diciembre de 2020

A nivel mundial los envenenamientos han pasado de 25 millones en 1990 a 385 millones hoy en día

En un estudio exhaustivo publicado hoy, científicos reportan que los envenenamientos por plaguicidas en el sector agrario han aumentado dramáticamente desde la última evaluación global hace 30 años. En base a una evaluación de datos de envenenamientos disponibles de países en todo el mundo, los investigadores concluyen que hay alrededor de 385 millones de casos de envenenamientos agudos cada año, frente a 25 millones de casos estimados en 1990.

Esto significa que alrededor del 44% de la población mundial que trabaja en el sector agrario – 860 millones campesinos y trabajadores agrícolas, son envenenados cada año.

La revisión sistemática de los envenenamientos agudos, no intencionales, por plaguicidas, fue publicada hoy en la revista arbitrada (revisada por pares), BMC Public Health. El artículo, titulado „La distribución global de envenenamientos agudos no intencionales por plaguicidas: Estimaciones basadas en una revisión sistemática”, es la primera estimación mundial de ese tipo desde 1990.

“Estos hallazgos destacan la urgencia de reducir y eliminar el uso de plaguicidas altamente peligrosos” dice Kristin Schafer, coordinadora de Pesticide Action Network (PAN) Internacional. “Estos pesticidas causan envenenamientos inaceptables a las personas que producen nuestros alimentos, pero también tienen efectos crónicos de salud como el cáncer e impactos ecológicos como el colapso de la biodiversidad. Hace mucho tiempo que se deberían haber tomado medidas a nivel mundial”.

El estudio revela que el numero mayor de casos no fatales de envenenamientos se da en el sur de Asia seguido del sudeste asiático y el este de África. La incidencia nacional más alta se registró en Burkina Faso, donde casi el 84% de los campesinos o trabajadores agrícolas sufren envenenamientos agudos no intencionales por plaguicidas.

Se estima que el total mundial de fatalidades por envenenamientos agudos, no intencionales por plaguicidas, resulta en 11.000 muertes anuales. Casi 60% de ellas acontecen en un solo país, la India, indicando problemas serios con el uso de pesticidas, según los investigadores.

“Los envenenamientos por plaguicidas constituyen una crisis de salud pública, que debe ser abordada” afirma Sarojeni Rengam, Director Ejecutivo de PAN Asia Pacífico. “más allá de los sufrimientos inmediatos, los envenenamientos reflejan también una exposición que causa problemas de salud crónicos a largo plazo. Es chocante y vergonzoso que este problema haya empeorado en lugar de mejorar en los últimos 30 años”.

Los autores del nuevo estudio realizaron una revisión sistemática de la literatura científica publicada entre 2006 y 2018, seleccionando un total de 157 trabajos después de evaluar más de 800 trabajos para determinar su elegibilidad de acuerdo con criterios establecidos, y datos adicionales de la base de datos de la OMS sobre las causas de muerte.

Los datos abarcan 141 países en total. La mayoría de los estudios se enfocan en los envenenamientos ocupacionales, en particular de los agricultores y los trabajadores agrícolas.

“Reconocemos que hay limitaciones en los datos sobre envenenamientos por plaguicidas”, señala Javier Souza, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en América Latina RAP-AL. “Sin embargo este estudio muestra claramente que se trata de un problema grave y global que requiere acciones inmediatas. Plaguicidas altamente peligrosos deben ser eliminados progresivamente hasta 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mundiales y debemos cambiar hacia sistemas más sanos y resilientes como la agroecología».

El número estimado de envenenamientos mundiales no mortales, no intencionales, por plaguicidas en el presente estudio, es significativamente mayor que las estimaciones anteriores. Esto se debe en parte a que el estudio actual abarca un mayor número de países, y también a que ha habido un aumento del 81% en el uso de plaguicidas desde 1990 (se estima que en 2017 se utilizaron 4.1 millones toneladas de plaguicidas en todo el mundo). Los investigadores apuntan a la falta de información para explicar las estimaciones relativamente bajas de casos mortales.

El subregistro también es un problema para los envenenamientos por plaguicidas en general, ya que muchos sistemas de presentación de informes de países específicos carecen de un punto central de información o de un mecanismo jurídico que exija la presentación de informes sobre incidentes.

Los autores concluyen que la pesada carga que suponen los envenenamientos no intencionados y no mortales por plaguicidas, en particular para los agricultores y los trabajadores agrícolas, pone de relieve el sesgo de las políticas actuales, que se centran únicamente en las muertes, y la necesidad de abordar más seriamente el problema general de del envenenamiento por plaguicidas en las políticas y reglamentos internacionales y nacionales.

Nota para los periodistas: Si bien este estudio no abarca los suicidios por envenenamiento con pesticidas, se estima que 14 millones de personas han muerto por suicidio utilizando plaguicidas desde la Revolución Verde en la década del 1960. En un reciente examen sistemático de los datos sobre suicidios de 2006 a 2015, que este estudio no abarcó, se determinó que los plaguicidas representaban entre el 14 y el 20% de los suicidios a nivel mundial, lo que provocó entre 110.000 y 168.000 muertes anuales durante el período 2010-2014.

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Contactos de prensa:

Ahna Kruzic, PAN North America, ahna@panna.org, 510 927 5379
Ilang-Ilang Quijano, PAN Asia Pacific, ilang.quijano@panap.net

Disponible para entrevistas:

Javier Souza, PAN Latinoamérica (español) – javierrapal@yahoo.com.ar

Sarojeni Rengam, PAN Asia Pacific – sarojeni.rengam@panap.net

Susan Haffmans, PAN Germany – susan.haffmans@pan-germany.org

Maimouna Diene, PAN Africa (français) – maimounadiene@pan-afrique.org

Pesticide Action Network International (PAN) es una red de más de 600 organizaciones no gubernamentales, instituciones y personas participantes en más de 90 países que trabajan para sustituir el uso de plaguicidas peligrosos por alternativas ecológicamente racionales y socialmente justas. PAN fue fundada en 1982 y cuenta con cinco Centros Regionales independientes y colaborativos que implementan sus proyectos y campañas. Se puede encontrar más información en http://pan-international.org.

Comunidades tzeltales reiteran su rechazo a megaproyecto carretero en Chiapas

Publicada el 14/12/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la resistencia a megaproyectos en Chiapas – A 8 de diciembre de 2020

Por Sare Frabes

El pasado 2 de diciembre, funcionarios del estado de Chiapas asistieron a una asamblea con comuneros y autoridades de los Bienes Comunales del municipio de San Juan Cancuc para tratar de convencerles acerca de la construcción de la denominada “carretera de las culturas”.

En contexto ⇒ Chiapas: Gobierno condiciona presupuesto municipal a cambio de aprobación de la carretera San Cristóbal-Palenque

Con la presencia del presidente municipal, José López y el coordinador de delegaciones de la Secretaría de Obras Públicas del estado, Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo, los funcionarios abundaron en los supuestos beneficios que traería la obra carretera, la cual forma parte de un proyecto para conectar la costa de Chiapas, desde el municipio de Pijijiapan hasta Palenque, donde se enlazaría con una estación del llamado “tren maya”.

Los funcionarios también prometieron inversión para mantenimiento de los caminos en la cabecera municipal, lo cual fue interpretado por los asistentes como condicionamiento para aprobar la “carretera de las culturas”

Representantes de las comunidades tzeltales de Cancuc escuchan las palabras de los funcionarios del estado.

Integrantes del Modevite presentes en la asamblea en Cancuc. También sumaron su voz al rechazo del mega proyecto carretero.

El presidente municipal de Cancuc aprovechó su intervención para hablar de la “derrama económica” que traerá la construcción de la obra carretera.

Sin embargo, representantes de las comunidades tzeltales de 45 comunidades pertenecientes al municipio de Cancuc, así como integrantes de otros seis municipios adheridos al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) reiteraron su rechazo al proyecto carretero.

Leer también ⇒ Gobierno de Chiapas insiste en proyecto de súper autopista; comunidades indígenas rechazan la construcción

A continuación, el mensaje de las comunidades indígenas ante la sordera del estado y su interés para imponer megaproyectos de despojo.

https://archive.org/details/no-carretera-culturas

Imagen: AvispaMidia

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Durango: Tribunal Federal Declara Nulidad de Proyecto Chemours Laguna

Publicada el 09/12/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este boletín de prensa del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, Acción Colectiva Socioambiental y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados REMA por la Minería – A 8 de diciembre de 2020

Tribunal Federal declara la nulidad del Proyecto Chemours Laguna

Luego de más de tres años de un sinuoso litigio planteado por habitantes de las comunidades afectadas, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó sentencia en la que declaró, por unanimidad de votos, la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna.

El Proyecto de la empresa ”The Chemours Company” comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año para abastecer a la industria minera mexicana. El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y su producción, frente a comunidad de “El Siete Pueblo Nuevo” del municipio de Gómez Palacio en el Estado de Durango, podría afectar los ecosistemas circundantes, poner en riesgo a las poblaciones vecinas y a la Comarca Lagunera en su conjunto.

El 2 de marzo del 2017, luego de no ser bienvenidos en el municipio de Salamanca en Guanajuato y mientras aún intentaban obtener la autorización para su proyecto “Chemours San Luis”, en el municipio de San Luis de la Paz, también en Guanajuato y donde tampoco fueron bienvenidos, The Chemours Company presentó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la solicitud de autorización para la realización de las obras y las actividades contempladas en su Proyecto “Chemours Laguna”.

Ha sido y es nuestra opinión, sin embargo, que la autorización de fecha 8 de mayo de 2017, contenida en el Oficio Nº SGPA/DGIRA/DG03273, nunca debió concederse ya que la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por The Chemours Company contiene múltiples irregularidades que incumplen con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) pues presenta información inconsistente, incompleta, omisa y, en consecuencia, falsa, con relación a los impactos ambientales, a los documentos y a las fuentes consultadas, así como a los riesgos a la salud pública.

Por ello, el 22 de agosto del 2017, un grupo de ciudadanas y ciudadanos que resultarían afectados por el Proyecto “Chemours Laguna” acudieron ante el TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA a demandar la nulidad de la autorización, ya que al incumplir con lo que establece la LGEEPA y con diversos instrumentos de política ambiental que la misma ley regula, la autorización viola el derecho humano a un medio ambiente sano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales en los que el Estado mexicano es Parte.

Para arribar a su determinación, al Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le fue suficiente el análisis de sólo uno de los diez conceptos de impugnación consignados en la demanda, consistente en la ausencia de información sobre la denominada “Terminal” en la que sería recibido, descargado y almacenado el amoníaco que se utiliza como insumo para la producción del cianuro.

De acuerdo con la sentencia, el concepto de impugnación analizado resultó fundado toda vez que la falta de información impidió que la autoridad realizará una valoración de riesgo basada en datos apegados a la realidad y que se tomarán las medidas necesarias evitar daños ambientales.

En virtud de lo anterior, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) consideró procedente declarar la nulidad de la resolución de la SEMARNAT que autoriza el Proyecto Chemours Laguna para el efecto de que la autoridad le solicite a la empresa las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones necesarias para conocer el impacto ambiental real que generará su proyecto y, con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que la analice, evalúe y determine si concede o no la autorización del Proyecto.

En esencia, esta resolución nos devuelve a marzo del 2017 y coloca al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en una mejor posición para combatir, desde el inicio, al Proyecto Chemours Laguna.

8 de diciembre del 2020, Goméz Palacio, Durango

!FUERA CHEMOURS DE NUESTROS TERRITORIOS¡

Firma

Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

Acción Colectiva Socioambiental

Más información en:Correo electrónico: informacionacolectiva@gmail,com Tfno. 4772755124

Imagen: Verónica Salinas – Diario El Sol de la Laguna

El Tren Maya deja estela de «daños colaterales» a su paso

Publicada el 08/12/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este artículo publicado en Chiapas Paralelo sobre el Tren Maya – A 30 de noviembre de 2020

La construcción del Tren Maya va dejando una estela a su paso: “daños colaterales” que impactan vidas y comunidades. Desde caminos de paso que ya no van a existir, flora y fauna que perderá su sitio y su equilibrio; casas derrumbadas, poblados divididos, “indemnizaciones” cuestionables, incertidumbre; afectaciones que van sumando

Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

PALENQUE, CHIAPAS. El “derecho de vía” se convirtió en las palabras más temidas para los pobladores que se asientan a lo largo de los 232 kilómetros de lo que se conoce como el Primer Tramo del Tren Maya. Esas palabras van dejando una estela a su paso.

Para Maria Antonia Vázquez y su esposo, dos ancianos de más de 60 años, esas palabras significaron no solo que las tuberías de agua que abastecen su casa quedaron colapsadas cuando una máquina excavadora las rompió, y que ahora montones de tierra dificultan la salida de su vivienda ubicada en el Ejido Guadalupe, ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad de Palenque.

Esas palabras significaron también que la pared principal de su vivienda va a ser derribada, que van a perder una parte de su cocina, que el baño y la fosa séptica desaparecerán. Porque, técnicamente, la vivienda que habitan desde hace más de dos décadas, quedaron dentro del “derecho de vía” del tren, un derecho que pasa sobre sus propios derechos.

Ahora, cuenta Maria Antonia, no duermen pensando que “el dinero que el ingeniero dijo nos iban a pagar para poder construir nuestra casa en otro lugar no ha llegado. Y en cualquier momento las máquinas pueden pasar y tirarnos todo esto”.

La anciana y su esposo no cuentan con ningún documento que les permita tener certeza que van a ser indemnizados, porque en estos lugares el Despacho Barrientos y Asociados, -empresa contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para “liberar el derecho de vía”, mediante la adquisición o desocupación de los terrenos que se requieren para las obras del Tren Maya, solo ha hecho acuerdos “de palabra”. Y quienes sí han firmado algún acuerdo indemnizatorio no han recibido comprobante alguno.

Desde junio pasado en el que iniciaron las obras, María Antonia y sus vecinos se levantan con la misma incertidumbre, escuchando como máquinas excavadoras van derribando árboles y cualquier obstáculo de lo que el gobierno de México presenta como un proyecto que “va a detonar el crecimiento económico y desarrollo social”.

Para Gregori Mendoza Mendoza, un indígena de la etnia cho´ol, el “derecho de vía” no sólo le quitó algunos metros del lugar donde se ubica su vivienda. Ahora él y su familia podrían perder su casa completa, porque una parte del ejido quedará en un extremo de donde se espera pase el Tren Maya, a una velocidad de 160 kilómetros por hora.

Esto implica que para que los pobladores puedan cruzar de un lado a otro, se construiría un puente a desnivel, que pasaría justo donde está su casa.

“El ingeniero nos enseñó un plano, dijo que el puente pasará 18 metros dentro del terreno donde está mi casa. Después de eso no nos han dicho nada más, no nos han explicado nada, pero mi familia y yo ya no estamos en paz”, explica mientras afuera de su casa se estacionan excavadoras y camiones que van sacando miles de toneladas de tierra.

Lo que sucede con Gregori Mendoza y su familia son lo que las autoridades llaman “daños colaterales”, de los que no habla claramente en esta obra.

Los mismos daños serán para miles de campesinos y propietarios de ganado, porque al levantar cercas o muros a lo largo de la ruta del tren, quedarán cortados los caminos de tránsito de los animales que les dan sustento.

Homero Cambrano, de la Ranchería San Marcos, recuerda que él fue una de las personas que tomó a bien el proyecto del Tren Maya. “Yo les decía que esto iba a ser para bien de la comunidad, pero ahora ya no pienso lo mismo”.

“Ahorita quieren que nosotros busquemos caminos alternos, porque va a pasar el Tren Maya, ya se metieron con las obras y nos cortaron los pasos. Si no tenemos paso para movilizar ganado, hay que recorrer al menos kilómetro y medio para cruzarlo de un corral a otro”.

También, explica que estos “cortes de los pasos” afectan a “armadillos, monos, iguanas, y hasta las culebras” que tenían su hábitat establecido. “¿Pensará esta gente que también los animales van a cruzar por los puentes?”, se cuestiona.

La señora María Antonia Vázquez y su esposo en su hogar ubicado en el Ejido Guadalupe / Foto: Ángeles Mariscal

El precio de la tierra

José Luis León es el coordinador del proyecto del Tramo 1 del Tren Maya; él es encargado del Despacho Barrientos y Asociados para “liberar el derecho de vía”, que va de Palenque a Escárcega-Campeche. En la zona lo conocen como “el ingeniero”.

Para él, las obras van avanzando “conforme a derecho (…) prácticamente sin ningún obstáculo, sin mayor contratiempo”. Es el encargado de negociar con los habitantes de los ejidos Guadalupe, Chakamax, Estrella de Belén y El Jibarito en Chiapas; y con alrededor de 200 propietarios en este mismo estado.

También con los ejidos Pénjamo, Reforma Independencia, Tenosique 3ª Sección, El Águila, El Último Esfuerzo y Barí, en Tabasco; y El Naranjito, Candelaria, Pejelarto, entre otros de Campeche.

Su percepción sobre el proceso que encabeza, es distinta a la de los ejidatarios de Guadalupe. Los ejidatarios, por ejemplo, calculan que por esta obra perderán unas 10 hectáreas de sus tierras, y que el metro cuadrado de esta tierra vale unos 200 pesos. Por tanto, piden, además de reparar los “daños colaterales”, una indemnización justa por la pérdida de esos terrenos.

El tono de las negociaciones que encabeza, se puso sobre la mesa en la asamblea ejidal del pasado 22 de noviembre. Ahí, Doris Ethel de Atocha Cámara Sánchez, quien se presenta como “la encargada de darle seguimiento a la parte social” por parte de FONATUR, les dijo a los campesinos que no tienen ningún derecho sobre esta tierra, porque las vías del tren se construyeron antes que el poblado quedará registrado ante el Registro Agrario, y que cualquier pago que se les de es ante todo un acto de consideración.

“Primero fue Ferrocarriles (en llegar a la zona hace más de 40 años), mientras que su poblado fue registrado legalmente hasta 1996. Entonces, no se tendría porque indemnizar el ejido; pero, porque el presidente hizo una promesa al sureste, de apoyar para que salieran del rezago, se va a dar este apoyo al ejido”, les dijo durante la reunión.

El “apoyo” al ejido, explicó, es que sólo se va a reconocer una afectación por las obras del Tren maya, de poco más de 3 hectáreas, cuyo valor oficial asignado es de 12 pesos el metro cuadrado, “pero, por ser una situación especial, se les pagará a 32 pesos el metro cuadrado”, explicaron los funcionarios del Fonatur y del Despacho Barrientos y Asociados.

José Luis León, justifica el avalúo que hacen de esta tierra ubicada en uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, señalando que el precio se da “en base a un avalúo que entregó Fonatur, y que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). Los valores no los ponemos nosotros, lo hizo un especialista en la materia, no podemos hacer pagos que no estén avalados por la institución encargada. Son avalúos comerciales, porque aquí hay terrenos que valen 8 pesos el metro cuadrado”.

Ángel Palomeque de la Cruz, uno de los ejidatarios que también perdió parte de su vivienda por este proyecto, explica por qué el avalúo que tienen sobre sus terrenos, es injusto: “aquí, a 500 metros del ejido, el precio al que podemos adquirir un nuevo solar de 200 metros cuadrados, es de 80 mil a 100 pesos; es decir, cada metro cuadrado vale 400 pesos. ¿Por qué entonces a nosotros nos lo quieren pagar a 12 pesos, o a 32 pesos? ¿Acaso valemos menos? ¿Con ese dinero qué vamos a poder comprar?”, se pregunta.

Habitantes de la colonia Los Olvidados protestan con una manta contra el desplazamiento forzado que provocará el Tren Maya / Foto: Ángeles Mariscal

La incertidumbre

Los habitantes del ejido Guadalupe no son los únicos que en estos primeros kilómetros, han cuestionado el impacto que va dejando el Tren Maya. Sólo en la puerta de entrada del primer tramo, entre el kilómetro cero y seis, se ubica el Barrio Los Olvidados, que según el diagnóstico del portal MarketDataMéxico Inteligencia Comercial, “tiene un output económico estimado en 260 millones anuales”.

“Adicionalmente, se estima que en la colonia laboran 800 personas, lo que eleva el total de residentes y trabajadores a 3,000. En la colonia Barrio Los Olvidados se registran unos 150 establecimientos comerciales en operación”, se detalla en la página web.

En una parte de este barrio se ubicará la primera estación del Tren Maya, y un número importante de familias deberán salir de ahí. Hasta el momento no tienen certeza de quiénes, la información no ha sido clara ni transparente para ellos. José Luis León está consciente de ello.

“La gente tiene la incertidumbre de saber qué va a pasar con ellos. El gobierno federal está haciendo el diagnóstico para poderles dar una alternativa de solución, llámese reubicación o llámese de alguna otra manera. Hay ahí personas que tienen casas, otras de madera o lámina…”. Explica que, por ahora, las obras ahí no han iniciado.

Sin embargo, los pobladores del Barrio Los Olvidados que se encuentran “el derecho de vía”, ya se vislumbraron como población desplazada, y han pedido insistentemente ser escuchados.

“Señor presidente AMLO, somos familias vulnerables y nos vimos en la necesidad de vivir en derecho de vía. Pedimos ser escuchados por usted, FONATUR es prepotencia e intimidación para echarnos”, explican en una lona que van desplegando en los eventos donde se congregan funcionarios públicos.

También piden ser escuchados los transportistas propietarios de camiones de carga de Palenque. Ellos, aseguran que una de las promesas del gobierno federal era darles trabajo desde el inicio de las obras, una promesa que no se ha concretado.

Elin Ramírez Betancur, representante de los camioneros, detalla que la mano de obra local ha sido ignorada, y las empresas que ganaron la licitación, han contratado a personas de otros estados.

Para contratar a los palencanos, explica, les impusieron su afiliación al sindicato CATEM, y establecieron el costo de su servicio en más del 70 por ciento menos que el precio comercial. Elin detalla que el pago por un flete de carga de material está valuado a en 2 mil 700 pesos, “y a nosotros nos lo quieren dar en 800 pesos”.

“Prácticamente el gobierno nos dejó en manos de la empresa Mota-Engil -quien obtuvo la licitación para la construcción de las obras del primer tramo-, y las autoridades no han querido escucharnos”, lamenta.

Las obras del Tren Maya en esta región iniciaron en junio pasado, en medio de la etapa más fuerte de la pandemia; a sólo cinco meses los impactos e inconformidad en las comunidades se van sumando.

Aún cuando apenas el 26 de noviembre pasado, el director general de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, insistió durante una conferencia con estudiantes, la versión de que “el Tren Maya generará nuevos escenarios de desarrollo (…) permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes”.

No hay coincidencia en esto. Lo que sucede entre quienes habitan los primeros kilómetros de la obra, es prueba de ello.

El pasado 20 de noviembre, se dio a conocer públicamente una carta de seis relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enviada al gobierno de México.

En ella señalan una serie de violaciones en contra de derechos humanos cometidas en contra de personas que habitan en la región por donde pasará el denominado Tren Maya.

Imagen: Ángeles Mariscal

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Transnacionales y Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe: violaciones a la soberanía popular

Publicada el 07/12/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este material de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A 18 de noviembre de 2020

Desacargue aquí el Mapeo completo en PDF

Es imposible entender las configuraciones del sistema capitalista de los últimos años sin considerar el rol que cumplen las Empresas Transnacionales (ETN) en el proceso de acumulación de capital. Las ETN son actores centrales que lideran los procesos de expansión del capital, tanto a nivel territorial, como en todas las esferas de la vida en sociedad. Las políticas de liberalización del comercio y las inversiones, que incluyen nuevas normas en materias de servicios, compras públicas, propiedad intelectual, así como los regímenes de solución de controversias incorporados en los tratados de libre comercio y en los tratados bilaterales de inversiones, han sido diseñados para promover y proteger los intereses de las ETN. Por ello, es necesario entender cómo opera la arquitectura de la impunidad que las beneficia y permite que no tengan que rendir cuentas por sus violaciones de derechos humanos, ambientales y de los pueblos, para comprender cómo imponen la primacía de sus intereses, por ejemplo a través de agendas políticas y comerciales.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) mapeó a lo largo de la región distintos casos en los que las ETN intentaron -o lograron- imponer sus intereses generando y/o exacerbando las crisis sistémicas, violando o vulnerando los derechos de los pueblos, destruyendo los territorios y medios de sustento.

Este trabajo se confeccionó con casos propuestos por los grupos miembro de ATALC, que denuncian el accionar y las violaciones de derechos perpetradas por las ETN, a partir de sus experiencias de lucha territorial y en defensa de los derechos de los pueblos. Los casos son mencionados en el segundo capítulo del informe, donde se caracterizan los distintos sectores en los que operan las ETN, y serán desarrollados en una serie de podcast producidos por Radio Mundo Real.

El mapeo no pretende ser exhaustivo, pero sí brindar una caracterización fundamentada sobre el papel y la actuación de las ETN en la región y la ofensiva que ejercen en los territorios y sociedades contra los derechos de las clases populares, los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y las mujeres. A la vez, se describen los esfuerzos por parte de los pueblos afectados por rechazar y resistir las imposiciones corporativas.

Morelos: La Minera Canadiense Alamos Gold, El mismo modelo de siempre

Publicada el 04/12/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de diciembre de 2020

Una reciente nota periodística que forma parte de la campaña publicitaria de la empresa canadiense Alamos Gold anuncia que la “inversión minera” en Tetlama sigue vigente(https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/vigente-la-inversion-minera-en-tetlama-6075356.html). Como bien se sabe, las empresas de minería depredadora utilizan la desinformaciónpara imponer sus proyectos de despojo, a menudo con el apoyo de “periodistas” bajo pago,como elemento clave para encubrir sus intereses económicos disfrazándolos de una supuesta “preocupación por el bienestar de las comunidades”.

Tampoco es raro que las empresas extractivistasutilicen personal que trabajó en instituciones públicas para aprovechar lo que aprendieron trabajando enel gobierno, a fin de incorporar a sus estrategias de manipulación el conocimiento de cómo operan las dependencias oficiales, en una conocida maniobraque se llamaen todo el mundo“la puerta giratoria”, donde un día el empleado está en el gobierno y al otro día se pasa a la iniciativa privada que le paga mejor para vender el conocimiento que adquirió como “funcionario público”.

Como muchas otras empresas de su tipo, Alamos Gold y los empleados mexicanos al servicio de sus intereses, que son siempre ajenos al bienestar de las comunidades, se presentan como damas de la caridad que llegan a salvar de la miseria a los pobres campesinos, cuando es la propiamiseria moral de esas empresas y sus empleados la que queda de manifiesto. Como en tantas otras cosas, laspromesas vienen primero y al cabo de unos cuantos años llega el abandono, la enfermedad y la muerte, pero para entonces los saqueadores y sus sirvientes nacionales se habrán ido.

Ninguna de esas personas se queda a vivir en los desiertos que dejan a su paso. Hay que ir no lejos, por ejemplo,a Carrizalillo en Guerrero, para ver ese futuro y no creer esas mentiras pagadas porla empresa. ¿O irán esos empresarios y sus sirvientesa establecerse con su familia en una residencia edificada al fondo de alguno de los cráteres de muerte que dejan, para dar de beber a sus hijos el agua ácida y contaminada, paradarles a respirar el aire que ensucian con diminutas partículas de metales pesados, que son el verdadero pago que entregan a las comunidades, y eso por no contar la estela de conflictos internos, de violencia, de sufrimiento y desesperanza que estas empresas construyen, mientras construyen al mismotiempo sus patios de lixiviados y amontonan sus nuevos cerros de desechostóxicos?

Y así, les queda de maravilla que falte agua en las comunidades, que no exista suficiente cobertura médica,ni educativa, o que otros muchos servicios públicos sean escasos o nulos, porque esas deficiencias gubernamentales serán usadas para engatusar a las poblaciones, tal como hacen a menudo los partidos políticos. Ahora resulta que la empresase muestra muy preocupada por limpiar un pozo de agua de Tetlama, y sí, porque está siempre preocupada por el oro y los otros mineralesde los que ya calculó la ganancia, preocupada por el precio internacional de las onzas del oroque pretende extraer del subsuelo de nuestra patria, minerales que no verán jamás los habitantes deTetlama y de otras numerosas comunidades, lasque viven con la amenaza de los efectos del despojo que se anuncia como “beneficio”.

Alamos Gold casi estáexigiendo el Premio Nobel de la Paz por su caridad. Anuncia que “entre los trabajos que se mantienen están los de vinculación y apoyos a la comunidad a través del trabajo social con grupos específicos”, y claro, siempre con la mira puesta en“la neta”: los miles de millones de pesos que pretende obtener de la miseria de nuestro campesinado, de modo que encuentra que la Covid-19 le queda “como anillo al dedo”. Y por eso promete “mil 500 empleos directos y unos 6 mil indirectos, contribuyendo con ello a la recuperación económica del estado”. Como si el despojo recuperara la economía de los territorios. La lengua es tan larga como la desvergüeza.

Es cosa de pasear un poco, de hacer una gira tóxica por los lugares a dondeestas empresas llegan, despojan y luego se van forradas de billetes: vamos a la mina de Mulatos, en Sonora, donde Alamos Gold expulsó a los pobladores con las mismas ofertas, con empleos precarios y temporales en los niveles salariales más bajos. O platiquemos en Guerrero con los padres de familia que han recibido dinero por rentar unas tierras que ahora son agujeroscontaminados, y quienes con ese dinero no recuperarán jamás su salud, ni se quitarán de encima el cáncer, la insuficiencia renal y las malformaciones congénitas que las empresas brindarán con los añosgenerosamente, como parte de sus apoyos y su vinculación.

La canadiense AlamosGold a través de su empresa “Esperanza Silver”, así como sus sirvientes nacionales, en efecto,tienen mucha esperanza en sacar el “gold” y el “silver”de nuestro subsuelo. Para eso están las migajas que ofrecen. Es decir, el cebo de la trampa, la carnada para esconder el anzuelo: esas migajasse llaman “personal técnico”, “equipo especializado”, “transformador de energía eléctrica”, “campañas de apoyo directo a la población”, “dotación de apoyos visuales”, “becas para estudiantes”.

Vaya, la empresa, llena de misericordia, con esos tremendos gestos de desprendimiento, de caridad, está copiando a los políticos en campaña, y de paso usurpando las funciones del gobierno del estado y sus dependencias, con verdades a medias, porque sí tienen personal técnico y equipo especializado, lo tenemos que reconocer, pero para presionar a funcionarios, comprar a la prensa y dividir a las comunidades, y sí transforman la energía positiva en negativa, y sí tienen campañas, pero de apoyo directo a sus planes de despojo, y sí dotan de apoyospara problemas visuales, pero no para ver, sino para no ver.

Y por si faltara lengua, el servicial vocero técnico del despojo declaraal reportero que se consiguió: “esta labor de apoyo a la comunidad forma parte de un modelo empresarial que tiene sus bases en un Nuevo Modelo de Minería Social y Ambientalmente Responsable, en donde nuestras prioridades son el trabajo con la comunidad y el respeto al medioambiente”. Al parecer el empleado no entiende lo que dice, ni el reportero tampocoentendió el mensaje, no: la prioridad es otra, porque ese modelito es la mismagata pero revolcada, puesde acuerdo con “los parámetros trazados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas”que llenan laboca del muy entendido vocero del despojo, para llegar efectivamente en la agenda al recalentado 2030, el modelo se llama,por sus siglas,oficialmente,MEI-SAD-DCE, es decir, Modelo Extractivo Intensivo, Social y Ambientalmente Depredador, cuyas prioridades son el Despojo de la Comunidad y el Ecocidio.

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: El Universal

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La 4T…Reduce su distancia y cada vez se acerca más y más a las similitudes con el pasado

Publicada el 02/12/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA apropósito de lo acontecido en recientes días en Morelos con defensores de la vida por el Proyecto Integral Morelos – A 25 de noviembre 2020

De madrugada, tal cual lo hicieran decenas de veces los gobiernos anteriores, se presentó la policía del presidente López Obrador, la Guardia Nacional (GN), para implementar el desalojo violento de las y los que de forma estoica permanecían en el plantón de Apatlaco, con el cual mantenían detenida la culminación de la Termoeléctrica de Huexca y el Proyecto Integral de Morelos (PIM).

La acción concluye con la destrucción del corazón de quienes hace algunos años, creyeron que en AMLO habría alguna diferencia significativa comparada con los gobiernos anteriores. El amanecer no puede ser más que elocuente y evidente. AMLO mintió en campaña y continúa mintiendo como Presidente de la República. Seguro saldrá en su programa mañanero a decir que no, pero es igual o peor que los gobernantes anteriores, porque de los anteriores ya sabíamos a qué atenernos, pero de AMLO había un ligero sabor a esperanza que esta madrugada del 23 de noviembre ha quedado sepultada.

Efectivamente, hoy el despiadado desalojo de la GN ratifica que, el discurso de “primero los pobres” dictado hasta el cansancio por AMLO, no es más que una persistente hipocresía de un presidente que se piensa divino y por ello intocable a causa de una legitimidad artificial que ha sido mediatizada hasta el cansancio incluso por medios de comunicación que antes daban equilibrio a una mejor opinión pública.

AMLO tiene incendios por todas partes; sin embrago, solo sus fanáticos continúan sin mirar el cambio prometido no llegará, pero si continuara la violencia, la desregularización, los mega proyectos y la imposición desde el poder, a través de sus operadores políticos quienes se ajustan y acomodan alrededor de él, porque tienen miedo de contrariarlo y atrever a decirle que sus decisiones políticas están más cercanas al pasado que a un futuro distinto.

Habrá que preguntarle a AMLO y a su reluciente GN; ¿Que ha pasado con la investigación que derive en terminar con la impunidad por el asesinato del compañero Samir?

AMLO es decepción creciente para las y los movimientos en resistencia por la defensa del territorio, de la comunalidad y en contra de cada uno de los mega proyectos que se venían impulsando, así como los ahora promovidos por el presidente de la República que en algún momento se pregonaba era la esperanza de México.

Durante el operativo, seguido de la GN llegaron las máquinas y los trabajadores para reiniciar los trabajos del acueducto y comenzaron a colocar paredes de láminas para evitar el libre tránsito y el derecho de defensa y manifestación de los 17 de los ejidos y comunidades quienes han impulsado procesos legales ante la falta de imparcialidad de los Poderes de la Unión, además de solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atienda el caso bajo el expediente de solicitud de medidas cautelares MC-1056-20.

Desde REMA denunciamos este nuevo agravio contra los pueblos de Morelos que resisten en contra de la falsa visión de progreso y desarrollo, a quienes abrazamos en solidaridad y los exhortamos a continuar la lucha.

AMLO, que legos estas de aquella frase “Nunca daré una orden para reprimir al pueblo , y, sin embrago, que cerca te encuentras de los gobiernos anteriores.

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

Imagen: Desinformemonos

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Colima: El RAN se niega a recibir acta de la Comunidad Indígena de Canoas

Publicada el 20/11/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha antiminera en Colima- A 17 de noviembre de 2020

El viernes pasado el Comisariado Ejidal de Canoas. Municipio de Manzanillo, Colima se dirigieron al Registro Agrario Nacional (RAN) para solicitar el registro de su Acta de Asamblea del mes de agosto del presente año, en la que la Asamblea Ejidal como máxima autoridad, por unanimidad rechazó rotundamente el proyecto minero Rufus5 de la empresa minera canadiense Hematie S.A. de C.V., así como cualquier otro proyecto minero en su comunidad. Con anterioridad la Lic María Concepción Núñez Escobedo había citado al Comisariado para atenderlas/os. Sin embargo, unos minutos antes de la cita les llamó para cancelarla.

El comisariado se dirigió a las oficinas para ingresar la solicitud en la ventanilla y se encontraron con un letrero 8Que también se puede ver en la página del RAN ) que dice “Atento aviso: Se suspenden trámites y servicios en oficinas centrales del Registro Agrario y sus 32 representaciones en el país, así como en el Archivo General Agrario, del 06 de abril y hasta nuevo aviso”.

Después de insistir fueron atendidas/os por el Sr. Carlos Anguiano quien recibió documentos de otro asunto que llevaban, pero se negó a recibir el acto con la justificación de que, por la pandemia, desde oficinas centrales se suspendieron todos los servicios desde el mes de abril. Cabe señalar que en el año 2014 esta misma Comunidad también en Asamblea Agraria declaró su Territorio como “Libre de Mineria” y en esa ocasión, sin pandemia, el RAN también se negó a registrar el acta. Esto evidencia la mala fe del RAN y su complicidad con las empresas mineras.

Por otro lado vemos que esta justificación de la pandemia no se ha aplicado a otras instituciones donde las empresas tiene que llevar a cabo trámites para sus proyectos, como es el caso de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturalres (SEMARNAT) que tan solo desde que el RAN cerró sus puertas, -de lo que la REMA lleva contabilizado-, tenemos registrados 881 proyectos recibidos para su evaluación y 479 resolutivos que en su gran mayoría han sido proyectos autorizados

En contraparte, desde marzo que la SEMARNAT, como las otras instituciones del gobierno, han ampliado los plazos legales de respuesta a solicitudes de información vía transparencia con el pretexto de la pandemia. Por ejemplo, una solicitud de transparencia emitida por la REMA a la SEMARNAT el 27 de marzo del 2020 solo fue recibida oficialmente hasta el 18 de septiembre y la respuesta a la solicitud fue entregada el 16 de octubre, es decir 7 meses después de la solicitud, cuando normalmente el plazo legal es de 40 días.

Esto denota la gran desigualdad que existe entre en apoyo (contubernio) que el gobierno federal otorga a las empresas que destruyen y despojan el territorio y la atención a las comunidades que lo defienden. En estos tiempos de pandemia las autoridades mexicanas han operado bajo favoritismo, de un lado permitiendo las actividades declaradas erróneamente esenciales para el país, como la minería, de poder seguir avanzado con toda normalidad en sus trámites para sus procesos de despojo y del otro lado, impidiendo a los pueblos y a la ciudadanía en general ejercer sus derechos de autodeterminación, de tener certeza sobre la tenencia de su tierra o de acceder a información pública.

Así mismo nos muestra el gran desprecio, discriminación, indiferencia y humillación con la que el gobierno trata a las Comunidades Indígenas. No sólo por no llevar a cabo un trámite sino el hecho de obstaculizar el registro de un proceso que es un derecho otorgado por la propia Constitución y Acuerdos Internacionales, que es la “Libre Determinación de los Pueblos”, derecho ya ejercido por la Comunidad Indígena de Canoas.

¡RESPETO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

¡ALTO A LA DEVASTACIÓN DEL MODELO EXTRACTIVO!

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

Imagen: Minería Canoas – Rotativa Libre

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Equinox Gold vuelve a traicionar acuerdos en Carrizalillo, Guerrero.

Publicada el 19/11/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por Minería REMA – A 14 de noviembre de 2020

La empresa minera canadiense Equinox Gold, en un juego perverso y déspota, vuelve a impedir acuerdos con las y los ejidatarios de Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri en el Estado de Guerrero, que mantienen cerradas las operaciones de la mina “Los Filos” desde hace 71 días por incumplimiento del convenio.

La Comunidad de Carrizalillo que ha vivido un infierno por años a causa de la destrucción de su territorio, las enfermedades por el uso de agua contaminada, el incremento exponencial de la violencia, así como la pérdida de su calidad de vida por la actividad minera; ha hecho enormes esfuerzos por llegar a un acuerdo que termine con este paro de actividades. Sin embargo, la empresa de manera prepotente intenta culpar a la comunidad de querer sacar “mayores beneficios”, cuando es la propia empresa, la que sin ninguna consideración ha violentado los derechos mínimos fundamentales de la comunidad como es el derecho al agua aceptable, saludable y asequible; pues los manantiales de donde se abastecía la comunidad, algunos se han perdido y otros rebasan por mucho los límites permisibles del arsénico producto de la actividad minera.

En el colmo del cinismo, el Jefe Ejecutivo de la empresa Equinox Gold, Christian Milau, ha asegurado que “el agua en Carrizalillo es segura para beber”. Esto nos muestra claramente la falta total de respeto que tiene esta empresa canadiense y sus inversionistas por la vida de las personas a quienes la comunidad ha mantenido al tanto de la situación. Así mismo dan cuenta de que lo único que les importa son las ganancias que obtienen del saqueo y despojo a las comunidades.

Tanto la Vicepresidente de Asuntos Externos y Responsabilidad Social, Sra. Georgina Blanco, como el Vicepresidente de Operaciones para México, Sr Peter Burger, han demostrado su total incapacidad para llevar a buen puerto estas negociaciones. Su actitud abusiva y discriminatoria no ha permitido que avancen los acuerdos y cuando parece que ya avanzan, dan marcha atrás, burlándose del proceso.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería exigimos a la empresa canadiense Equinox Gold y a sus inversionistas que retiren a la Sra. Blanco, al Sr. Milau y al Sr. Burger de las negociaciones y que pongan a personas serias y respetuosas que en verdad ayuden a destrabar este conflicto.

A la Comunidad de Carrizalillo les decimos que estamos al pendiente y que cuenten con toda nuestra solidaridad. Las y los felicitamos por la dignidad y presistencia con la que están enfrentando esta lucha tan desigual.

¡ALTO AL ABUSO DE LAS MINERAS!

¡FUERA MINERAS DEL PAÍS!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Carrizalillo LEAGOLD LosFilos EJAtlas

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Ejidatarios exigen a AMLO frenar proyecto de mina canadiense en Colima. Infectará el agua, acusan

Publicada el 18/11/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre la lucha por la vida en Canoas Colima – A 8 de noviembre de 2020

A unos 50 kilómetros del Puerto de Manzanillo, la minera canadiense Hematite planea operar el proyecto “Rufus 5” para cambiar el uso de suelo y extraer fierro, el metal con más presencia en la entidad al suroeste del país. La Semarnat propuso consultas. Sin embargo, la comunidad de Canoas, un pueblo cafetalero, ya se autoconsultó en su Asamblea Agraria y la respuesta por unanimidad fue una rotunda negativa.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Ejidatarios y habitantes de ocho comunidades aledañas al municipio de Manzanillo, Colima, que gozan del agua limpia del río El Cacao, marcharon hacia la capital estatal y se manifestaron afuera de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) para notificar que no era necesaria una consulta, ya que en Asamblea Ejidal con acta notariada ante el Registro Agrario ya habían decidido en colectivo rechazar un proyecto minero canadiense, como previamente lo hicieron en 2014 con otro intento extractivista.

“Los de Semarnat Colima insistían en que según el protocolo se tenían que hacer varias consultas aquí en Canoas. Pero para qué, si ya fuimos a decirles que no queremos la minería y traemos las firmas [de la Asamblea Ejidal del 30 de agosto]”, dijo Salud Valencia Ramos, Secretaria del Comisariado ejidal. Para reiterarlo enviaron una misiva a la Semarnat federal, cuya respuesta siguen esperando. “La naturaleza es muy exuberante. La mayoría tenemos nuestros cafetales. Al aprobarse el proyecto todo eso se vendría abajo”.

Entre canto de gallos, el Comisario ejidal, Raymundo Campos Muñoz, agregó que de hacerse ese proyecto, justo donde nace el afluente que surte al río, “va a contaminarlo y va a cambiar nuestra forma de vida” como les sucedió a sus vecinos en Minatitlán.

No es la primera vez que inversión privada se interesa en una entidad rica en hierro. En 2014 otro proyecto minero intentó instalarse en la comunidad de Canoas, pero, como ahora, se organizaron, hicieron un Acta notariada para manifestar su rechazo, pidieron estudios de impactos ambiental y los echaron. Seis años después, la empresa canadiense Hematite llegó a solicitar el cambio de uso de suelo, les informó el municipio de Manzanillo y les mandó al Delegado municipal de Medio Ambiente para que les informara detalles del proyecto y su impacto.

“Somos varias comunidades –Canoas, zona alta cafetalera pegada a la montaña, y hacia abajo Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, Ciruelito, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo– las que seríamos afectadas en medio ambiente, salud y todas vivimos de la agricultura y ganadería. Imagínese que venga alguien a contaminarnos el agua, que viene siendo la vida de la región”, aseguró Campos.

Río en los Altos de Canoas, zona cafetalera. Foto: Captura de video.

Los vecinos de Minatitlán, a unos 30 kilómetros en el límite con Jalisco, ya tienen su agua contaminada. Ahí el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, con capital italiano, indio y argentino, extrae fierro. Solo ese municipio representa el 1.80 por ciento del total del valor de la producción minera nacional, reporta la Secretaría de Economía. “Está lleno de explotación minera donde quiera, y vienen a Canoas a tomar del recurso. Estamos previendo que se va a convertir en un conflicto social por el agua”, afirmó el Comisario ejidal.

Colima, si bien solo tiene un 1 por ciento de la superficie concesionada del país, es la entidad con mayor porcentaje de su superficie destinado a la minería: un 39.1 por ciento (más de 226 mil hectáreas de sus 580 mil hectáreas), documentó Manuel Llano de la organización CartoCrítica, con datos de febrero de 2020 de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. En Villa Álvarez, la empresa Peña Colorada también registró un proyecto para extraer fierro en los ayanamientos de Arrayane y Llanitos.

“A febrero de 2020 hay 10 por ciento del territorio nacional concesionado, más bajo que en otros años. Sin embargo, parte del discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que no se han otorgado concesiones, sí, pero los proyectos mineros siguen vigentes e incluso hay más. La concesión es el paso inicial, pero algunas concesiones no tienen aún proyectos y otras se prestan a la especulación”, explicó Llano.

La Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, dijo durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que no se ha dado ningún permiso para fase de exploración ni explotación de minería a cielo abierto o a tajo abierto, como este caso. “En lugares que tienen esa concesión no en 2020 ni 2019, sino desde hace tiempo, son concesiones que ya se entregaron. y hay que revisarlo”, dijo.

La solicitud de cambio de uso de suelo se metió en julio de 2020. El municipio de Manzanillo planea no otorgar el permiso. Imagen: Gaceta ecológica 24-2020 de Semarnat.

Los alrededor de 400 habitantes de Canoas, que se dedican principalmente a la agricultura y ganadería, también temen que sus cultivos, la flora y fauna sean dañados por la actividad minera. Hematite busca extraer más de 2 millones de metros cúbicos de fierro, con la apertura de un tajo dividido en cuatro secciones con un aprovechamiento gradual de 16 años, de acuerdo con la gaceta ecológica 24 de la Semarnat de julio. Para la operación y extracción en terrenos forestales de casi 30 hectáreas se requiere cambio de uso de suelo. En el predio El Agostadero la minera ofreció la restauración del sitio y se integrará una plantación de café terminando el proceso de extracción.

La Semarnat local les advirtió que mientras su concesión no sea revocada, seguirán insistiendo para echar a andar el proyecto “Rufus 5”. Y cada vez la comunidad lo rechazará, dijo Salud Valencia, Secretaria del Comisariado ejidal.

“SU CONSULTA FAVORECE A LA EMPRESA”

Los ejidatarios y avecindados de Canoas se enteraron de las intenciones del proyecto minero porque representantes de la empresa Hematite se acercaron con los directivos ejidales. Trataron de sobornar a cada ejidatario, contó Salud Valencia, Secretaria del Comisariado ejidal. No aceptaron. Luego les ofrecieron beneficios como una planta purificadora de agua y pavimentación. Pero los ejidatarios les explicaron que en la comunidad las decisiones se toman en colectivo a través de una Asamblea Ejidal. Y así fue.

“Canoas es libre de minería. Es nuestro lema desde 2014. Cómo vienen otra vez con lo mismo a incomodar. Para qué queremos una planta purificadora si acá tenemos agua limpia del río. No necesitamos sus obras, porque sabemos que es el precio para que se metan”, dijo Valencia. En la Asamblea de agosto, sin ser invitado, un representante de la minera acudió, pero se le pidió que se fuera para debatir después, si así lo deseaba el pueblo. “Lo sacamos, era para ejidatarios y no tenía nada qué hacer ahí”, evocó la ejidataria. Formalmente, nunca han dialogado empresa y Asamblea Ejidal.

El 8 de octubre fue cuando los ejidatarios y comuneros se manifestaron contra el proyecto “Rufus 5” afuera de las oficinas de la Delegación Colima de la Semarnat. Se les informó que junto con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se planea realizar una consulta. El INPI, que hace años los reconoció como población indígena, no se ha acercado a ellos. El 20 de octubre enviaron una carta a la Secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Albores, donde le hicieron saber que no necesitan otra consulta.

“Rechazamos rotundamente que se haga una consulta, porque no tenemos la confianza con las instituciones que la harían. La población ya se autoconsultó. Tenemos un Acta protocolizada desde 2014 cuando hubo otro proyecto y ahora el 30 de agosto de este año hicimos otra Asamblea donde volvimos a ratificar que Canoas es territorio libre de minería”, aseveró el Comisario ejidal Raymundo Campos. Entregaron las actas de la asamblea de hace dos meses y la de 2014 a la delegación en Colima de Semarnat. “Estamos exigiendo nuestro derecho como pueblo indígena a que se nos respete nuestra decisión. Si nosotros no queremos, por qué se nos va a hacer una consulta favoreciendo a la empresa”, cuestionó Campos.

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La Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA) publicó la carta a la Secretaria Albores. “Nos parece lamentable –dice– que las instituciones de Gobierno se estén coordinando para validar proyectos de muerte y pretendan que, por medio de las ya maltrechas y violentadas consultas que este Gobierno impone, sea la vía que posibilite la entrada de este tipo de proyectos”, escribieron. Y, advirtieron en la misiva, no están dispuestos a permitir el ingreso a su comunidad a ninguna autoridad que pretenda “violentar” el ejercicio de su derecho y libre determinación. Aunque tiene el sello de recibido, en más de una semana después no han recibido respuesta.

También le han escrito al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en más de una ocasión ha dicho que en su Gobierno ya no se dan concesiones mineras, porque desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a través de la Ley Minera de 1992 se han otorgado más de 20 millones de hectáreas a nivel nacional.

“Apelamos a lo que usted siempre ha dicho: que no se autorizan nuevos proyectos. Solicitamos su apoyo para echar abajo el proyecto minero ‘Rufus 5’ y cualquier otro proyecto minero en el ejido”, le pidieron las autoridades ejidales. Pero dejar de dar concesiones no implica que dejen de brotar proyectos en las ya otorgadas.

Imagen: Sin Embargo

Más información:

Carta de Grupos y Colectivos instan al fondo de pensiones de Columbia Británica, Canadá, para que presione a la empresa Equinox Gold en torno a su mina en Guerrero, México

Publicada el 10/11/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos carta publicada en MiningWacht C anadá sobre la resistencia antiminera en Carrizalillo – A 6 de noviembre de 2020

Exigen que la empresa trate con respeto al ejido de Carrizalillo e incorpore una nueva relación basada en un convenio de prestaciones sociales que resuelva los problemas de fondo de la comunidad.

Hoy, 50 organizaciones canadienses, mexicanas e internacionales, entre ellas el Sindicato de Empleados Generales de Columbia Británica y la Unión de Jefes Indígenas de Columbia Británica, escribieron a la Corporación de Manejo de Inversiones de Columbia Británica (BCI por sus siglas en inglés) sobre su inversión en la empresa minera Equinox Gold con sede en Vancouver.

Las organizaciones instan al fondo de pensión entrar en un proceso de diálogo respetuoso y de solución de parte de Equinox sobre sus incumplimientos al convenio de cooperación social con el Ejido de Carrizalillo en Guerrero, México, en cuyas tierras se ubica su mina principal. Las violaciones del acuerdo llevaron a la comunidad a ejercer sus derechos establecidos en ese mismo acuerdo y cerrar las operaciones de la mina, ya por 64 días. Algunos de los asuntos relacionados con el fondo del conflicto, se originaron a partir de la irregularidad e incumplimiento de aspectos fundamentales para el bienestar de la población tales como; la provisión de agua potable, medicamentos, becas educativas, empleo y contratos de equipos y maquinaria. Cabe destacar que durante todo este proceso, Equinox a respondido con un trato discriminatorio y racista cada que la comunidad a intentado establecer procesos de diálogo que resolvieran los incumplimientos. Señalamos que desde que la mina Los Filos entró en operación en 2008, varias fuentes de agua de Carrizalillo han desaparecido y otras más se encuentran contaminadas con arsénico y otros metales pesados.

La carta destaca una preocupación profunda sobre la seguridad, la salud y el bienestar económico de la comunidad, afirmando: “No entendemos por qué la empresa, en lugar de responder de manera pronta y con buena fe, ha decidido adoptar una postura dilatoria, discriminatoria y abusiva, incluso criminalizando las acciones de la comunidad.” El 4 de septiembre, la empresa emitió una declaración pública en la que calificaba el campamento comunitario como un “bloqueo ilegal de carreteras”, poniendo a la población en grave riesgo de la persecución legal y la violencia, algo demasiado común en las zonas mineras de México.

El campamento de la comunidad a sobrepasado en tiempo al último cierre realizado en Los Filos en abril del 2014, el cual duró 33 días después de que la empresa Goldcorp, anterior dueño de la mina, no logró renegociar un convenio sobre el uso de las tierras con la comunidad. Equinox requiere el uso y acceso de las tierras comunales del Ejido de Carrizalillo para poder operar la mina Los Filos.

Las organizaciones firmantes de la carta, algunas de ellas contribuyentes del fondo de pensión, hacen eco a las principales demandas del Ejido de Carrizalillo:

Participar en negociaciones respetuosas y serias sobre un nuevo acuerdo de cooperación social que podría aliviar los daños al agua, la salud, el empleo y la seguridad del ejido.
Abstenerse de cualquier acto de criminalización, discriminación, racismo y abuso de su influencia económica y política.

Se puede encontrar la carta que fue enviada esta mañana con la lista completa de las organizaciones firmantes aquí.

Imagen: Community members look on Los Filos open pit mine in Guerrero, Mexico; Photo: Christian Leyva

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