Informe: Un salto al vacío: Los riesgos de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS)

Compartimos este informe de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre el negocio del carbono – A 20 de enero de 2021

La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) es una distracción riesgosa, no validada, costosa y peligrosa que nos desvía de la reducción urgente y drástica de las emisiones, requerida para evitar un cambio climático catastrófico. Sin embargo, la industria de los combustibles fósiles se ha esmerado para presentarla como una fórmula mágica para el clima, simplemente porque le permitiría seguir obteniendo ganancias a partir de la destrucción de nuestras comunidades y ecosistemas.

Amigos de la Tierra Internacional se opone a la BECCS porque:

  1. La BECCS es una distracción que desvía la atención de las medidas verdaderas que hay que adoptar ahora mismo.
  2. BECCS tendrá impactos sociales y ecológicos inimaginables.
  3. La BECCS es una tecnología no validada e ineficaz.
  4. La BECCS le abre las puertas al sistema corrupto de compensación de emisiones.

La BECCS no proporcionará una solución para la creciente violencia de los impactos climáticos. Las soluciones ya existen dentro de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Para lograr la justicia climática requerimos sistemas energéticos limpios, accesibles, asequibles y de propiedad de las comunidades.

En nuestro informe “Un salto al vacío: Los riesgos de la bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS)” desentrañamos los riesgos y peligros de la BECCS y por qué debemos oponernos a ella.

Introducción

La bioenergía con captura y almacenamiento de carbono (BECCS, por sus siglas en inglés) es una distracción riesgosa, no validada, costosa y peligrosa que nos desvía de la reducción urgente y drástica de las emisiones, requerida para evitar un cambio climático catastrófico. El presente informe describe por qué Amigos de la Tierra Internacional se opone a la BECCS y presenta los riesgos, costos e impactos negativos de esta tecnología.

La meta del Acuerdo de París de lograr un balance neto de cero emisiones de carbono, o “cero neto”, fue la luz verde que permitió que las emisiones negativas figuren entre los esfuerzos mundiales para combatir el cambio
climático durante las próximas décadas. La BECCS es la principal tecnología que se propone para alcanzar la “neutralidad de carbono” (emisiones negativas netas). Depender de emisiones negativas para lograr cualquier
meta de temperatura se basa en la suposición de que será posible eliminar grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera en el futuro. En realidad, no se ha comprobado que ni la BECCS ni la tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CAC, o CCS por sus siglas en
inglés) por sí solas logren esta meta en la escala necesaria. Depender de BECCS es una estrategia inadmisiblemente riesgosa para los pueblos y el planeta. Las políticas climáticas deben basarse en acciones contundentes e inmediatas de reducción de emisiones en la fuente, en lugar de apostar a
estrategias no validadas y de alto riego.

Resumen:

¿Por qué se opone Amigos de la Tierra
Internacional a la BECCS?

1- La BECCS es una distracción que desvía la atención de las medidas verdaderas que hay que adoptar ahora mismo. Hemos sido testigos de cómo los mercados de emisiones de carbono y la compensación de emisiones les han permitido a los países ricos y a las grandes empresas contaminantes retrasar la aplicación de reducciones radicales de emisiones y la transformación de nuestros sistemas energéticos a sistemas sustentables de energías renovables para todas y todos en manos del Estado/las comunidades.1 De la misma manera, el concepto de “emisiones negativas” ahora les permite a los países seguir retrasando la reducción de emisiones en origen. Se dice que la BECCS es una solución conveniente para el problema del clima porque permite “cancelar” las emisiones actuales -y cualesquier emisiones futuras- en algún momento más adelante. Esto es falso, por supuesto. Cualquier lectura seria de los argumentos científicos en materia climática indica que se debe actuar ahora, no dentro de 40 años. La BECCS no es una fórmula mágica.

La pandemia mundial del COVID-19 ha puesto al descubierto que el sistema político-económico actual ha fracasado en hacerle frente tanto a la crisis climática como a la crisis del coronavirus. La privatización de los servicios públicos, el esmantelamiento de los derechos de las trabajadoras y trabajadores y la explotación del trabajo de las mujeres en virtud de las doctrinas neoliberales han dejado a nuestras sociedades sin capacidad para satisfacer las necesidades más básicas de nuestros pueblos y han provocado una ruptura nefasta entre nuestras sociedades y la naturaleza. La crisis del COVID-19 ha demostrado una vez más que la destrucción continua de los ecosistemas pone en peligro la salud de nuestro mundo. En este contexto, es más urgente que nunca ofrecer soluciones verdaderas y justas.

Hay que conminar a los gobiernos a actuar rápidamente y con determinación para dejar de depender de los combustibles fósiles. No es justo que los ricos y quienes hoy tienen un mejor pasar sometan a los pueblos del Sur Global y a las generaciones futuras a la carga de la contaminación que ellos provocaron y a los impactos negativos de estas tecnologías.

2- BECCS tendrá impactos sociales y ecológicos inimaginables. Suministrar suficiente biomasa para BECCS, a la escala necesaria, sólo sería posible deforestando, acaparando tierras y convirtiendo grandes superficies cultivables en plantaciones de monocultivos. Esto significa que la BECCS generará competencia por la tierra entre las/os productores/ as de alimentos, a medida que más y más tierras cultivables se destinen a la producción de cultivos para combustibles. De hecho, se calcula que desarrollar BECCS a gran escala requerirá hasta 3 mil millones de hectáreas, es decir, casi el doble de las tierras cultivadas hoy en día en todo el mundo.

Sencillamente no hay suficientes tierras cultivables en el mundo para plantar suficientes cultivos para combustibles sin afectar seriamente la producción de alimentos. Si la BECCS se implementa a gran escala, las tierras de cultivo de las/os productores/as de alimentos cambiarán de uso en tal magnitud que se agravará profundamente el hambre en el mundo. Los precios de los alimentos se dispararán y las comunidades que dependen directamente de la tierra y los ecosistemas locales se verán severamente afectadas. Un cambio de uso del suelo de tales proporciones exacerbará las amenazas ambientales ya existentes, tales como la degradación de los suelos y el estrés hídrico.

Las/os productores/as de alimentos a pequeña escala y las/os campesinos se cuentan entre los más afectados por la crisis del COVID-19, y hemos sido testigos del efecto devastador que ha tenido el acaparamiento de tierras en lo que hace a la capacidad de respuesta de los Pueblos Indígenas frente a la pandemia. Ahora que enfrentamos una crisis alimentaria inminente y de gran envergadura, no podemos darnos el lujo de permitir que la BECCS aumente la vulnerabilidad de nuestra tierra y de los pueblos cuyas vidas y medios de sustento dependen de ella.

El informe especial de 2019 del IPCC sobre el cambio climático y la tierra señala que si se pretende usar la BECCS al nivel “necesario para remover CO2 de la atmósfera al ritmo de varios miles de millones de toneladas de CO2 por año, eso podría “aumentar la presión sobre la tierra” y provocar “degradación del suelo”. El informe también hace hincapié en investigaciones que muestran que emplear BECCS y bioenergía podría dar lugar a que 150 millones de personas más corran riesgo de padecer hambre. 3

3- La BECCS es una tecnología no validada e ineficaz. El problema de la disponibilidad de tierras es sólo el comienzo. Hay muchas interrogantes sin respuesta que ponen en cuestión la viabilidad de la BECCS, particularmente referidas a: la penalidad energética* asociada a la CAC; la cantidad neta de CO2 que podría capturarse; los impactos negativos; su alto costo; los riesgos de fuga. A diferencia de la efectividad comprobada y la absoluta necesidad de ejecutar reducciones verdaderas de las emisiones, la BECCS está plagada de incertidumbres.

4- La BECCS le abre las puertas al sistema corrupto de compensación de emisiones. La compensación de emisiones de carbono significa que una actividad para reducir emisiones o remover carbono de la atmósfera (tal como plantar árboles) está diseñada para “compensar” por las emisiones generadas en otro lugar.

En vez de reducir realmente las emisiones, la compensación de emisiones permite que los contaminadores sigan contaminando. Amigos de la Tierra Internacional se opone a todas las formas de compensación y comercio de emisiones de carbono. 4

Se corre el riesgo de que el carbono retirado o las emisiones reducidas mediante BECCS se contabilicen como “compensación” de las emisiones que siguen generando los países por usar combustibles fósiles. Esto implica que no habría una reducción neta de emisiones, lo que echaría por tierra el objetivo de la BECCS como tecnología de emisiones negativas.

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Video: Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos – ¿Que significa energía?

Con mucha alegría les compartimos el primer capitulo de la serie Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos.

La serie Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos nos invita a reflexionar sobre el actual modelo energético y las alternativas que nacen en la búsqueda de un nuevo modelo desde la autosuficiencia. En este primer capítulo participantes de una serie de talleres que llevamos a cabo para la construcción de un biodigestor nos hablan sobre la energía.

Esta publicación es financiado con recursos de de la Rosa Luxemburg Stiftung con fondos del BMZ

¡Otro Artero Crimen contra un Defensor del Territorio en Oaxaca!

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de enero de 2021

Fidel Heras Cruz presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, Oaxaca, y miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, fue asesinado este sábado 23 de enero a la entrada de la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

Como en muchos pueblos de Oaxaca, la extracción de material pétreo de los ríos por parte de autoridades y caciques les significa a éstos un gran negocio a costa de los bienes comunales de los pueblos circunvecinos. En Paso de la Reyna, la concesión para la extracción de este recurso la ostenta la familia Iglesias, caciques de larga data que, junto con la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec: Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar la extracción, no obstante, ante el incumplimiento del convenio suscrito previamente y los adeudos en el
pago, el ejido solicitó a su presidente que exigiera el pago del adeudo. Las amenazas previas que recibió Fidel Heras Cruz por parte de la familia Iglesias bien puede ser la hoja de ruta para esclarecer este artero crimen, sin descartar su papel como activista contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.

Exigimos se atienda con la debida diligencia la solicitud de las Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna y del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para que el Gobierno Estatal y a la Fiscalía del Estado de Oaxaca esclarezcan el móvil del asesinato y se tomen las medidas cautelares de protección tanto de las autoridades municipales como de las autoridades agrarias.

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Oaxaca: Asesinan a Fidel Heras Cruz defensor comunitario de Paso de la Reina

Compartimos este comunicado de Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER. y Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA Oaxaca – A 24 de enero de 2021

Este sábado 23 de enero de 2021, fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.

Las autoridades de la agencia de Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.

En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.

La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.

En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.

El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.

Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacemos esta denuncia. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que abra la carpeta de investigación correspondiente, sin descartar ninguna de las causas mencionadas en el presente escrito. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina.

“Ríos para la vida, No para la muerte”

Atentamente

Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 24 de enero de 2021.

Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec.
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM
Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA
Ecosta Yutu Cuii

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LEGALIDAD NO ES JUSTICIA – Ante la negación de amparo a comunidades frente la megaminería tóxica

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de enero de 2020

En un mundo que no esté al revés, la vida de cualquier individuo, comunidad o territorio, sea o no indígena, merece respeto. Merece que no se le despoje y que no se le atropelle. Un Estado que permite el despojo y lo justifica es un Estado diseñado para el atropello.

Para cualquier ser vivo, cualquier modelo de “desarrollo” basado en el despojo, en la extracción de sus medios de vida, es un atropello. Y eso, aunque la devastación y saqueo han sido parte de un proceso continuo a lo largo de la historia y siguen siendo tan comunes que se ven como algo “natural”.

En un mundo que no esté al revés, quien atropella no debe quedar en la impunidad. Y una Ley que justifica y permite el despojo debe ser erradicada por injusta. Y los legisladores y jueces que han hecho del despojo una Ley no deben quedar en la impunidad. Aunque sea insuficiente, saludamos que funcionarios de la Semarnat se atrevan a asomar la cabeza y sugerir con diplomática moderación lo que tenían que haber planteado sin ambages desde hace años, o al menos desde el inicio de este sexenio: algo tan elemental como que la ley debe de respetar la integridad ambiental. Hay que animarlos a que se atrevan a más, que es lo menos: a exigir y a ocuparse de lleno en que la Ley Minera sea sujeta a una transformación profunda, no importa si esa transformación es la primera o la quinta.

En un mundo que no esté al revés, haciendo a un lado cualquier moderación diplomática ante la estructura jurídica actual y ante el poder del capital, es una responsabilidad básica el que todas las dependencias del Estado, cada una desde su respectivo ámbito, sea el de la salud, el ambiental, el educativo, el económico, el cultural, desde todos los ámbitos, se exijan a sí mismos, de entrada y en su propio desempeño y el de sus funcionarios, y a todo el sistema en su conjunto, el respeto a la vida y al futuro de los habitantes de este país, sean o no indígenas, y el respeto a la vida en su conjunto y al futuro de sus territorios sin discriminación étnica, de género y de clase, como un postulado fundamental ya impostergable. Sin ese acuerdo plasmado en hechos, no hay Estado que valga.

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas – Foto La Jornada/ archivo

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Presenta Morena una Iniciativa para aumentar los impuestos a la minería

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 15 de enero de 2021

¿Hasta cuándo van a seguir legislando los corporativos empresariales en este país?
¿Qué le pasa a los legisladores de Morena? ¿Pueden superar su propia ingenuidad?
¿Hay alguien que pueda orientarlos en lo más básico, para que entiendan las implicaciones y responsabilidades del quehacer legislativo?

Hay un grave equívoco en pretender resolver la pretensión minera del despojo de los territorios exigiendo a las empresas que paguen más impuestos al erario público. En efecto, las empresas extractivistas se han
beneficiado de las ridículamente mínimas tasas impositivas fijadas por el Estado mexicano a sus actividades, en un ordenamiento fiscal que ha sido estructurado para su ventaja económica, a un grado tal que sólo demuestra el servilismo de los legisladores y gobernantes que han permitido ese estado de cosas, quienes por años han doblado dócilmente el espinazo ante los intereses particulares de esas empresas a costa del bien común.

Sin embargo, aumentar los impuestos a la minería depredadora solamente legitima la depredación. Es como si el asesino o el ladrón pagaran un impuesto para tener el derecho de quitarle la vida o los bienes a una persona. El pago de impuestos, independientemente del monto, no pueden dispensar el crimen. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no debe ser convertido en un cómplice del despojo. Es más, ponerle precio a la vida, al bienestar, a la salud y a la economía local mediante una tarifa fiscal, cualquiera que ésta sea, es legalizar la muerte, porque los impuestos no previenen las afectaciones ineludibles, documentables e irreversibles que la megaminería tóxica genera en los territorios donde se instala. Los impuestos no impiden que se agujere la tierra, que se dispersen los contaminantes en el agua y el aire, no revierten las enfermedades y muertes por contaminación, ni reparan las heridas del divisionismo, del desarraigo y de la violencia que conllevan las explotaciones de la megaminería.

Llamamos a los legisladores a proceder con información certera y objetiva, a pesar de la permanente campaña de desinformación que acompaña sistemáticamente a las iniciativas de minería a tajo abierto por metales en todo el mundo. Hablan de “remediaciones”, de minería “sustentable”, de “beneficio a las comunidades”, pero operan en los hechos generando afectaciones que no tienen remedio, no sólo en los territorios, sino en la vida de las personas y de las comunidades. Esa información certera y objetiva no está en las campañas desorientadoras y encubridoras, motivadas por el afán de lucro y la codicia de las empresas que llegan, despojan y se van. Desde el principio precautorio más elemental, los legisladores conscientes de su responsabilidad para con el pueblo mexicano deben, por dignidad y por coherencia, prohibir en definitiva este tipo de explotaciones; deben prohibir el despojo en lugar de legitimarlo mediante impuestos, sean altos o bajos.

LLAMAMOS A LOS LEGISLADORES DE MORENA Y DE CUALQUIER OTRA AGRUPACIÓN PARTIDARIA A NO FACILITAR EL DESPOJO MEDIANTE EL PAGO DE IMPUESTOS, Y A IMPULSAR VERDADERAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS, PROPIAS Y EFICACES, PARA LAS COMUNIDADES

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Minería Canadiense- Agencia EFE

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Hostigamiento y criminalización, acusan totonacos en proyecto hidroeléctrico

Compartimos esta nota publicada en Ángulo 7 sobre la represión a quienes defienden la vida en la sierra norte de Puebla – A 14 de enero de 2021

Comunidades totonacas en defensa del río Ajajalpan en la Sierra Norte de Puebla, hicieron un recuento de diversas irregularidades como hostigamiento y criminalización, además de consultas simuladas para realizar el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de la firma Deselec 1 Comexhidro.

Así consta en el documento denominado Comunidades totonacas en defensa del río Ajajalpan. El caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, elaborado por Itzel Silva Monroy, experta en defensa de derechos humanos y colaboradora del Centro de Análisis e Investigación (Fundar).

Dicho documento recordó que fue en 2009 cuando los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán otorgaron a Deselec 1 las licencias municipales de cambio de uso de suelo, construcción y movimiento de tierras y posteriormente en los años siguientes, la Comisión Reguladora de Energía (CRE)Semarnat delegación Puebla, Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Antropología (INAH) le han ido otorgando permisos para continuar en su proyecto.

Criticó que el Estado mexicano también incumplió con su obligación internacional de efectuar un estudio de impacto social, ambiental y de derechos, previo al otorgamiento de los permisos que dan lugar al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.

Puntualizó que se otorgaron los permisos sin haber analizado los posibles impactos sociales y de derechos sobre las comunidades involucradas, y para el caso de los impactos ambientales.

Consulta pública fue simulada

Añadió que la Secretaría de Energía (Sener) organizó una supuesta consulta indígena, con base en la cual, tanto el Estado mexicano como la empresa, afirman que el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 fue consentido.

Sin  embargo,  un  conjunto  de  irregularidades  son  las  que  caracterizaron  el  supuesto  proceso,  resaltando  ya  sólo  el  hecho  de  haber  sido  realizado  seis  años  después  del  otorgamiento de la primera licencia.

Finalmente, a  pesar  del  conflicto  social  que  este proyecto  había  detonado,  la  Sener  consideró  concluido el procedimiento de consulta respecto de las siete comunidades indígenas y determinó que fue consentido por los pobladores, aunque por ejemplo, en la comunidad de San Felipe Tepatlán, las autoridades alegan que no se pudo llevar a cabo la fase consultiva debido a que “fue viciada con la participación de comunidades fuera de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto.

Irregularidades en juicio de amparo

Ante  el  cúmulo  de  violaciones  a  sus  derechos,  las  comunidades  totonacas  de  San  Mateo  Tlacotepec,  Altica  y  San  Felipe  Tepatlán,  con  el  acompañamiento  legal  del  Consejo  Tiyat  Tlali  y  de  Fundar,  presentaron,  el  4  de  abril  de  2016,  demanda  de  amparo en contra de las autoridades que otorgaron los permisos para el PHP1. Se trata del juicio 598/2016 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa  y  de  Trabajo  y  de  Juicios  Federales  en  el  estado  de  Puebla.

Este documento señaló que a lo largo de estos años de juicio acontecieron irregularidades y que fueron denunciadas en su momento, como el supuesto desistimiento de demanda de algunos de los quejosos, que nunca comparecieron al juzgado a confirmar su deseo de renunciar al juicio.

Además de la existencia de firmas en ciertos documentos que no fueron reconocidas por sus titulares o el extravío de ocho tomos anexos al expediente de amparo principal.

También se han dado situaciones  de  descalificación,  hostigamiento  y  criminalización,  no  sólo hacia las personas integrantes de las comunidades demandantes que forman parte de los Comités de Defensa del río Ajajalpan, del Consejo Tiyat Tlali y Fundar.

Revocar o no sentencia de 2019

Recientemente el Consejo Tiyat Tlali y Fundar lanzaron a través de la plataforma Change.org la petición dirigida para Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Distrito Consejo de la Judicatura Federal, de la cancelación de los permisos existentes dados a Deselec, pues rechazan la construcción de esta hidroeléctrica.

Este 14 de enero de 2021, el Primer Tribunal Colegiado decidirá si revoca o no la sentencia de octubre de 2019, cuando se negó el amparo interpuesto en 2016 por mil 96 integrantes de tres comunidades totonacas, en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que pretende implementarse en los Municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla.

Cabe mencionar que enero de 2020, el ayuntamiento de Ahuacatlán señaló que los permisos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 son ilegales por lo que ya le fueron revocados a la empresa Deselec 1 Comexhidro, y cuya instalación daría electricidad a Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.

Imagen: Hostigamiento y criminalización, acusan totonacos en proyecto hidroeléctrico. Foto: Especial – Ángulo 7

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Urgen en este país Jueces que no hayan perdido el Sentido de Justicia. La Ley Minera es totalmente anticonstitucional

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la Ley Minera – A 14 de enero de 2021

¿Cómo es posible que sea constitucional la Ley Minera,que a todas luces favorece al capital?

En México,como en toda América Latina, el Banco Mundial impulsó a modo una Ley Mineraen1992 que a todas luces sentaba las bases para favorecer al gran capital en el marco del modelo neoliberal. Para muestra, en su artículo sexto señala que“serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”. Es decir, pasa por encima de cualquier otra actividad que las comunidades y pueblos lleven a cabo en sus propios territorios, dando privilegio a intereses particulares sobre los de la colectividad, aun cuando ésta,reivindique su derecho a vivir de acuerdo con el bien común y el interés público. Este hecho jurídico es anticonstitucional porque va justo en contra del espíritu mismo de nuestra Constitución, que es el bien común.

Hoy, a pesar de que en el 2019, AMLO decretó “abolido”de una vez y para siempre el neoliberalismo(ver: https://www.nytimes.com/es/2019/07/08/espanol/opinion/lopez-obrador-neoliberalismo.html),un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)continua negándose a “desneoliberalizar”la Ley Minera de nuestro país, rechazando el amparo de comunidades indígenas de Puebla, quienes denuncian precisamente la inconstitucionalidad de la Ley Minera, porque atenta de forma directa y flagrante contra el bien común y comunitario, contra la naturaleza y contra el territorio.

En este país,el subsuelo de los territorios es otorgado/entregado en concesión a privados de forma arbitraria e irracional, justo porque lo privado atenta contra el interés y la utilidad pública, así como se atenta contra el bien común de las poblaciones que son dueñas de su territorio. Además, las concesiones se entregan mirando como irrelevantes a los seres humanos, la vida y la salud de quienes habitan arriba del “subsuelo nacional”,a ser explotado intensamente a través de los proyectos de megaminería tóxica. Así, a la ley y a los magistrados no les importan los pueblos, como en este caso, los de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso en la Sierra Norte de Puebla, quienes promovieron el amparo en revisión 928/2019, denunciando discriminación, entre otros elementos,al ni siquiera ser consultados en ese sentido (La Jornada, 11 de enero, 2021, pág. 11).

En REMA nos preguntamos silos jueces en este país estarían dispuestos a aceptar, sin luchar, el que puedan ser expulsados de su casa sin siquiera ser consultados al respecto;y también cabe preguntarles si están dispuestos a aceptar que sus medios de vida y su salud sean sometidos a una irreparable devastación. Y seguimos preguntando si quienes administran “la justicia” de este país seguirían recurriendo a las ya clásicas artimañas burocráticas y legaloides y a facciosas posturas en donde favorecen, no el interés social ni público, sino el interés de privados que establecen el saqueo y el desplazamiento forzado como sus propios medios de vida.Nosotros tenemos fuertes dudas de que,en la SCJN, tengan siquiera acaso la menor idea de lo que significa ese tipo masivo de despojo y el respeto a la vida. Podrían imaginarlo, al menos.

Este tipo de preguntas que hacemos desde la REMA, sabemos que resultan subversivas para quienes se asumen en los hechos como siervos del capital, porque se han vuelto encubridores de hechos punibles. La actual Ley Minera permite cientos de atropellos y violaciones relacionadas con múltiples derechos de los pueblos y de la naturaleza, pero eso no lo ven o han aprendido a no verlo. Y así, las leyes permisivas y sus protectores,manifiestos en instancias de procuración de justicia, son una vergüenza para la nación.

El Despojo No es de Utilidad Pública

Exigimos Respeto a la Constitución y Respeto a la Vida

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Rompe Viento

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La conexión escondida de una siderúrgica de EE.UU. con la polémica mina de Los Pinares en Honduras

Compartimos este reportaje especial publicado en Contra Corriente sobre la resistencia y la lucha por la vida en Honduras – A Noviembre 2020

El conflicto ambiental en Guapinol, Honduras, donde pobladores locales resisten a la explotación de óxido de hierro en un parque natural, ha sido violento. Una alianza periodística transfronteriza* ahora descubre que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, fue la poderosa socia tras bambalinas del proyecto minero.

Texto: Jennifer Ávila y Danielle Mackey 

Colaboraron con este artículo Gerardo Reyes, director de Univision Investiga y María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Discretamente y sin anuncios públicos, la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras, fuertemente cuestionado por la presunta persecución a los líderes sociales que protestan por el impacto ecológico que tendría en un parque natural, según documentos obtenidos por una alianza periodística internacional entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga.

Nucor, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se asoció en 2015 con el conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversiones Los Pinares. Esta última es la empresa que ha protagonizado una batalla con los pobladores de Guapinol, municipio de Tocoa, que se oponen a la incursión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano. Un conflicto que ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados. 

Según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña, NE Holdings.  El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos.  Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera. 

Inversiones Los Pinares no ha comenzado aún a explotar la concesión minera de 200 hectáreas dentro de un parque nacional de reserva forestal que le otorgó el Estado. No obstante, desde 2018, la empresa minera inició la construcción de una carretera a la mina que servirá para transportar el óxido de hierro hasta la planta peletizadora de acero en la ciudad de Tocoa. Esta fábrica, fundirá el hierro con el carbón o coque y lo convertirá en bolitas del aglomerado, un proceso de peletización para producir acero. Esta parte del proyecto minero es propiedad de Inversiones  Ecotek S.A. de C.V creada en 2017 en Honduras por Pérez y Facussé en la que Inversiones los Pinares tiene el 99,6% de las acciones y la Empresa Minera La Victoria S.A  el 0.4%. Esta última intentó desarrollar otro proyecto minero que resultó conflictivo y también es propiedad del empresario Lenir Pérez.

Según los registros panameños, la asociación entre hondureños y estadounidenses contemplaba un acuerdo por el cual una subsidiaria de la corporación estadounidense, Nucor Trading, registrada en Suiza, compraría la materia prima producida por la mina.  

La asociación se realizó bajo el mayor hermetismo. En respuesta a un cuestionario de esta alianza periodística, Nucor no ofreció explicaciones sobre por qué firmó el acuerdo tras bastidores y no registró su inversión en Honduras. Dijo por escrito Katherine Miller, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Corporativas de la Corporación Nucor, que, como es «común con las empresas de riesgo compartido cuyas sedes están en el extranjero, los participantes escogieron un lugar neutral y equitativo con las partes para formar el negocio», refiriéndose a Panamá.

La corporación ha informado sobre la existencia de subsidiarias en sus reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero hasta donde esta alianza pudo constatar, no ha reportado a la SEC las dos subsidiarias involucradas en el proyecto minero en Honduras. Tweet

La empresa no respondió dos preguntas relacionadas con el tema de los reportes a la SEC ni a una insistencia posterior para que las contestaran.

«Siempre estamos buscando oportunidades para asegurarnos una fuente abundante de productos del mineral de hierro que nos ayude a fabricar el acero», respondió Miller al cuestionario. La vocera explicó que Honduras ofrece una ventaja logística porque ha sido un lugar donde Nucor evaluó oportunidades para fortalecer su cadena de suministro «a través de una inversión minoritaria en NE Holdings, Inc».

La empresa explicó que se retiró del proyecto a raíz de la agitación social que suscitó en la comunidad. «Como los disturbios en el sitio (Guapinol) se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019», dijo la vocera Miller. «Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía».

Nucor cuenta con otra subsidiaria, Nucor South America, registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Según los documentos de NE Holdings, Nucor South America podía retirarse del negocio vendiendo sus acciones a Aluminios y Techos de Guatemala (Alutech).

Los registros de Alutech en Guatemala, consultados por esta colaboración periodística, reportan que es una empresa propiedad de Pérez y Facussé dedicada a la distribución de elementos para la construcción, pero de objeto social amplio. La empresa no registra compra de acciones en 2019. El único cambio significativo que registró recientemente fue en octubre de 2018, cuando aumentó su capital de 5 mil a 60 millones de quetzales (de 650 dólares a unos 7.6 millones de dólares).

Ni Nucor, ni el empresario Pérez, a quien Univision Investiga entrevistó en Miami, quisieron dar mayores detalles del negocio, tales como el monto de la inversión, cuál sería el plan de manejo ambiental o social, entre otras. Pérez insistió en que un acuerdo de confidencialidad con la siderúrgica le impedía hablar. Tweet

Pérez dijo en un mensaje de whatsapp anterior a la entrevista personal: «Nucor no está con nosotros; tuvo la intención de arrancar el proyecto pero con todo este problema se retiró. Ellos son una empresa seria y no pude concretar la transacción por este problema».

En su respuesta a esta alianza periodística Nucor asegura haber vendido sus acciones en NE Holdings en octubre de 2019, pero los documentos panameños señalan que dos meses antes, en agosto, sus funcionarios ya habían salido de la junta directiva de esa empresa.

La siderúrgica tampoco respondió por qué, en cambio, en esa misma fecha, según los citados registros de Panamá, dos ejecutivos de Nucor fueron ratificados en la junta directiva de la otra empresa, NE Holdings Subsidiary. Se trata de Christopher Adam Goebel, quien aparece en LinkedIn como gerente de operaciones, y John Lowry Pressly, quien aparece identificado en una publicación institucional de la empresa como gerente general de Latinoamérica. Pressly no respondió los mensajes enviados por Univision Investiga al correo electrónico corporativo de Nucor, pero transfirió la petición de entrevista a la vocera de la empresa. Estos mismos funcionarios de Nucor también figuran entre los directivos de Ecotek, la empresa dueña de la planta peletizadora que se planea construir en Tocoa.

Consultada al respecto, la vocera de Nucor no confirmó ni negó las posiciones de Goebel y Pressly. Sólo dijo que los documentos serán actualizados en los próximos días para reflejar que la empresa ya no está involucrada en el proyecto.

Esta no es la primera incursión de Nucor Corp en el sector siderúrgico en Honduras pues pagó 12 millones de dólares por acciones de Aceros Alfa, la acería más grande de ese país, según sostiene en su perfil público la abogada Grossnie Velásquez de Consortium Legal que facilitó el negocio. Esta alianza preguntó a Velásquez la fecha de esta inversión pero declinó responder por la confidencialidad del arreglo. Nucor tampoco se refirió a esa inversión cuando se le preguntó sobre sus negocios en Honduras.

El principal socio hondureño de Nucor en Aceros Alfa es Juan Antonio Kattan, miembro de la reconocida y adinerada familia que creó la empresa y que tiene negocios en los sectores bancario y petrolero. Hoy Nucor, a través de otra subsidiaria registrada en Delaware llamada Nucor Harry US Holdings y reportada ante la SEC, es propietaria del segundo mayor paquete de acciones de Aceros Alfa, después de la empresa American Holdings LTD, según documentos del registro público de Honduras.

Otro de los socios de Aceros Alfa, Jacobo Atala Zablah, es integrante de la familia dueña de la hidroeléctrica Agua Zarca, contra la cual estaba protestando la emblemática ambientalista hondureña Berta Cáceres antes de ser asesinada en 2016. No existe ningún proceso legal que comprometa a la firma, ni a sus socios, en el crimen.

Distintas organizaciones acompañan al COPINH durante una marcha de antorchas para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, La Esperanza, 2 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.

La movida legal 

La mina de Inversiones Los Pinares queda en un área que hasta diciembre de 2013 hacía parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, donde nacen 34 ríos que riegan la verde región. Este parque fue bautizado en honor de un ambientalista asesinado en 1997, cuando se oponía a la instalación de la planta procesadora de palma africana de Dinant, una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez y padre de Ana Isabel Facussé.  

¿Cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable? 

El 8 de octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96,724.4  hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro. En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN).

Ocho meses después de esa solicitud, en diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante el Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la zona de amortiguamiento, donde la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica, entre las que se cataloga a la extracción de óxido de hierro en el país. Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.  

En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras al dictaminar que su impacto sobre flora y fauna sería severo. Es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales podrían verse afectados por la mina.  

A pesar de este informe, y que, según una fuente del ICF, el Congreso Nacional nunca consultó con ellos la reducción de la zona núcleo del parque, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. José Galdámez, ministro de esta secretaría cuando se le otorgó a Los Pinares la licencia ambiental, fue después cuestionado por otorgar una licencia en otra zona protegida en Tegucigalpa, la capital del país. Galdámez finalmente salió de su cargo. 

Pérez explicó a Univision Investiga que su empresa promovió reuniones en la región con el gobierno para que escuchara las inquietudes de los habitantes de la zona a fin de replantear el área del parque nacional.  

«El parque tenía 12 meses de haber sido declarado parque nacional y nos reunimos todos los actores y se pidió replantearlo’», explicó Pérez en un correo electrónico. «Trabajamos limpio’»,  agregó el empresario. 

Con una reforma legal que les vino como anillo al dedo a los mineros y la aprobación de la licencia ambiental en firme, pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Además, la Minera La Victoria, que también aparece como socia en los holdings panameños, obtuvo dos concesiones de 1000 hectáreas cada una en el colindante departamento de Atlántida, para extraer óxido de hierro. 

erar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida». 

El dueño de la minera, Lenir Pérez, ve las cosas de otra manera. Según dijo en la mencionada entrevista, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona donde además construyó cuatro escuelas con un valor promedio de 50 mil dólares cada una y 147 letrinas. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a mil personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto. Sostiene que en Guapinol también la gente lo apoya y envió a esta alianza periodística firmas y testimonios de personas que acudieron a las reuniones de socialización del proyecto a finales de noviembre de 2017. La socialización es un proceso mediante el cual las comunidades afectadas expresan sus opiniones sobre la conveniencia o no de un proyecto minero.

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Ilustración por Miguel Méndez.

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Se publica decreto presidencial que prohibe el glifosato y el maíz transgénico en un período de transición a enero de 2024

Compartimos esta información de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México RAPAM sobre la prohibición del glifosato y el maíz transgénico en México – A 31 de diciembre de 2020

Fernando Bejarano / Director de RAPAM

El 31 de diciembre de 2020 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial que establece la sustitución gradual del uso del glifosato, con cuotas de importación hasta la eliminación total de su uso al 31 de enero del 2024, en un período de transición donde se promoverán alternativas sustentables, incluidas alternativas agroecológicas. El decreto también establece la revocación y abstención de permisos de siembra de maíz transgénico, y del uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos hasta sustituirlo totamente en el mismo período.

Este es un triunfo de las organizaciones de la sociedad civil que por décadas lucharon contra la liberación del maíz trangénico, como las organizaciones campesinas y académicos agrupadas en la Campaña Sin Maíz No hay Pais y Greenpeace. Así como de organizaciones como RAPAM que hemos insistido en la problemática de los plaguicidas altamente peligrosos en México. La publicación del decreto muestra también la voluntad política de cambio dentro de las distintas secretarías que están interesadas en una transformación del sistema alimentario mexicano y que pudieron enfrentar con éxito las opiniones contrarias del titular de la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, del coordinador jurídico de la Presidencia, de las presiones de embajadas de Estados Unidos, Alemania, y del Consejo Nacional Agropecuario en el que participan las empresas transnacionales de plaguicidas como Monsanto.

En los considerandos del decreto presidencial, se invoca al principio de precaución, procedente de la Cumbre de la Tierra y el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. También se indica que la adopción de esta medida se debió entre otras razones a que, “con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, nuestro país debe orientarse a establecer una producción agrícola sostenible y culturalmente adecuada, mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos que resulten seguros para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente, así como congruentes con las tradiciones agrícolas de México. Además porque, “en los últimos años, distintas investigaciones científicas han alertado que dicha sustancia química tiene efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como en algunas especies animales, y ha sido identificada como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer; y porque en “ diversos países han prohibido el uso de la citada sustancia en agroquímicos y muchos otros se encuentran evaluando la implementación de medidas similares y de otro tipo para proteger a la población”.

El artículo Primero del Decreto “tiene por objeto establecer las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. En ese sentido, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de enero de 2024, se establece un período de transición para lograr la sustitución total del glifosato”.

En el Artículo Segundo del Decreto “Se instruye a las dependencias y entidades de la administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias y a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”.

El Artículo Tercero establece que “ Con el propósito de disminuir el posible impacto de la sustitución gradual del uso e importación de glifosato en la agricultura comercial, las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales promoverán e implementarán alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas al uso del glifosato, ya sea con otros agroquímicos de baja toxicidad, con productos biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.

El artículo tercero indica que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología coordinará, articulará y apoyará las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos e innovaciones para la sustitución del glifosato, Para tal fin podrá convocar a las instituciones de educación superor o centros de investigación pública e invitar a organizaciones de productores agrícolas, a la industria de agroquímicos, a las asociaciones de usuarios y productores de bioinsumos e insumos agrícolas orgánicos.

Según el Artículo Sexto, “ Con el propósito de contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentarias y como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado”.

Esperamos que este decreto impulse un cambio de cambio de política más amplio para la prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos en México y la transformación del sistema alimentario. Por nuestra parte continuaremos en nuestra demanda para que de manera inmediata se cancelen el uso del glifosato como desecante antes de la cosecha en los culivos agrícolas y para los usos en jardinería y otros usos urbanos. Y seguiremos planteando que para establecer esas cuotas de importación del herbicida y vigilar su cumplimiento se debe territorializar y reconocer el derecho a la información para saber dónde, quién y cuánto gifosato se usa en los distintos cultivos agrícolas.

Como parte de la Campaña sin Maíz no hay Maíz celebramos también que el decreto requiera que a más tardar en el primer semestre de 2023 se promuevan las reformas legales para evitar no solo el uso del glifosato sino también el de maíz genéticamente modificado en México, como medida que contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria, para “proteger al maíz nativo, la milpa y la riqueza biocultural”.

Ver decreto completo en http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609365&fecha=31/12/2020

Imagen: Frank Meriño / Pexels

Más información:

La organización indígena MODEVITE rechaza la construcción de la autopista SCLC-Palenque

Compartimos esta nota publicada por Gabriela Coutiño sobre el rechazo a mega proyectos en Chiapas – A 5 de enero de 2021

La agrupación ambientalista también esta en contra de la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional

La organización indigiena Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio MODEVITE colocaron este lunes en el municipio de San Juan Cancuc letreros manifestando su rechazo a la construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas – Palenque y la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional.

«Como pueblo creyente MODEVITE y Derechos Humanos San Juan Cancuc rechazamos totalmente el megaproyecto «eje carretero transversal» igual o antes se llamaba; supercarreterra, autopista, proyecto carretero y carretera de las culturas ya que solamente beneficia para los empresarios transnacionales» señalan en un escrito difundido

En el documento, el Modevite rechaza totalmente la carretera, porque señalan: «Como pueblo originario no nos beneficia, al contrario atenta nuestra vida y ademas traerá consecuencias como son las siguientes: Destrucción y despojo de la madre tierra; apertura de camino de megaproyecotos, por ejemplo represas, centro turísticos, etcétera; despojo del pueblo, contaminación, militarización, división del pueblo».

En los letreros colocados en la localidad de Chacté, centro y en el banco de grava en Chilojá, escribiendo; » Los pueblos originarios rechazamos la autopista San Cristóbal de Las Casas -Palenque. No a la instalación de los cuarteles de la Guardia Nacional».

Los mienbros de la agrupación exigieron que se respete su derecho a la libre autodeterminación y se aplique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OTI), así como la declaración de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Imagen: MODEVITE

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