Megaproyectos de muerte: la Termoeléctrica en Huexca ante la devastación ambiental de Morelos

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada Morelos sobre la Termo Electrica – A 25 de septiembre de 2020

JOSEMANUEL LUNA…

La urbanización e industrialización del estado de Morelos ha resultado en una devastación socioambiental, la cual se ha agudizado con la prospección y desarrollo de una serie de megaproyectos presuntamente sustentables que han propiciado el desarrollo de cierto tipo de infraestructuras que acompañan, convalidan y retroalimentan la reconfiguración capitalista del territorio. Por ejemplo, la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado que se ha instalado en la comunidad de Huexca, en el municipio de Yecapixtla, y que hoy día amenaza con sobreexplotar y contaminar los recursos hídricos subterráneos y superficiales del estado de Morelos.

La termoeléctrica en Huexca representa una megainfraestructura que ha producido un escenario de conflictividad socioambiental frente a la devastación latente del territorio. Recuérdese que la inversión multimillonaria del capitalismo español representado por las empresas Abengoa, Elecnor y Enagás han construido —en contubernio con la Comisión Federal de Electricidad— una infraestructura que consta de tres turbogeneradores de gas y uno de vapor y un acueducto que pretende extraer agua del caudal del Río Cuautla para la operación y enfriamiento de los turbogeneradores.

El proyecto energético de la Central Termoeléctrica en la comunidad de Huexca representa un foco rojo para la devastación socioambiental en el estado de Morelos. En primer lugar, se ha de considerar que la infraestructura que se requiere para su funcionamiento necesita de un acueducto de poco más de 10 kilómetros de longitud para extraer más de 500 litros por segundo del caudal del Río Cuautla. Aunque presuntamente dicho volumen será obtenido del agua excretada por la Planta de Tratamiento del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento del Río Cuautla (soaps), en realidad, expertos en ingeniería hidráulica y pobladores de Anenecuilco han denunciado la existencia de diversos puntos de conexión del acueducto a canales del Río Cuautla y la perforación de pozos para la extracción de agua subterránea. En segundo lugar, la Central Termoeléctrica representa un factor de impacto socioambiental en tanto que se producen altas concentraciones de dióxido de nitrógeno y ozono que terminaría por provocar una fuente de disminución de la función pulmonar para los habitantes de la comunidad de Huexca y una reducción en la capacidad agrícola y forestal, en tanto que el proceso de fotosíntesis se ve atrofiado.

El problema del consumo productivo del agua por parte de la termoeléctrica no sólo queda en la construcción del acueducto que busca extraer agua del cauce del Río Cuautla, sino que al interior de la Central Termoeléctrica —según testimonios de los pobladores de Huexca y de expertos en hidroingeniería que han visitado la comunidad— se están llevando a cabo diversos trabajos que presuponen la perforación de pozos al interior de las instalaciones para poder abastecer de la cantidad de agua a la Termoeléctrica, una vez que el caudal de los manantiales y del Río Cuautla, se ha visto disminuido en los últimos años, por lo que en sí mismos no representan una fuente de agua suficiente para el funcionamiento de la megainfrasestructura.

Los peligros derivados de la entrada en operación de la Termoeléctrica, no se quedan, desafortunadamente, en supuestas especulaciones alarmistas de la comunidad, ambientalistas y de científicos críticos que se han opuesto activamente en contra de este megaproyecto; la realidad hídrica de zonas del país en los cuales se han construido Centrales Termoeléctricas muestran, precisamente, la inviabilidad ecológica e hídrica de este tipo de megaproyectos. Tal es el caso de la Termoeléctrica en Tula, Hidalgo, para cuyo funcionamiento se han perforado diversos pozos de los cuales se extraen importantes volúmenes de agua tanto para su operación directa, como para el suministro de energía a los parques industriales que se han establecido en dicho territorio.

Ante la creciente incertidumbre que representa la devastación ambiental e hídica que actualmente se ha producido en Morelos por la reconfiguración urbana e industrial del territorio, se puede establecer que el estado de Morelos no es viable para la operación de la Termoélectrica en la comunidad de Huexca, en tanto que el Río Cuautla, de por sí ha visto disminuido y contaminado su caudal, así como la sobreexplotación de los recursos hídricos de la entidad, se verían impactados negativa e, incluso, catastróficamente tanto por la extracción de agua por medio del acueducto, pozos y demás tomas clandestinas que se instalen para abastecer de agua a la megainfraestructura, así como también por el calentamiento del agua excretada y devuelta al Río Cuautla una vez de haber sido utilizada por la termoeléctrica.

La Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado construida en la comunidad de Huexca no sólo resulta hídrologicamente inviable sino que, también, es innecesaria, pues ni en los municipios circunvecinos, ni en el estado de Morelos se requiere de la cantidad de electricidad que se generaría con la entrada en funcionamiento de la termoeléctrica, a menos que, en realidad, ésta fuese ofertada para abastecer a la industria que actual y proyectivamente se busca emplazar en la región como parte del Proyecto Integral Morelos. Es decir que la Termoeléctrica de Huexca representa no sólo una superexplotación del agua por medio del sobreconsumo del recurso hídrico sino que, también, ésta cantidad de agua saqueada, implicaría un inminente apuntalamiento del proceso de industrialización de los territorios de la región, que terminaría por impulsar la ya de por sí acelerada devastación ambiental de Morelos.

Dada la inviabilidad hídrica y el talante innecesario de la Termoeléctrica en la comunidad de Huexca, se tiene que impedir a toda costa que esta megainfraestructura entre en funcionamiento. De lo contrario, se estaría dando la estocada final tanto a la vocación agrícola y campesina de la región, así como se impactaría negativamente sobre el metabolismo natural y social del agua, en tanto que el agua superficial y subterránea se vería contaminada y sobreexplotada, en primer lugar, por la propia Central Termoeléctrica y, en segundo lugar, por todos los procesos de industrialización que se generarían posteriormente a la entrada en funcionamiento de la Termoeléctrica.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha fijado una postura referente a la Termoeléctrica en Huexca que, de mantenerse, daría continuidad a las dinámicas neoliberales de contaminación, despojo y devastación ambiental del territorio morelense. Sin embargo, dado el talante transformador y de rectitud moral y humanista social con el que el actual Presidente fija su ética política, se abre una posibilidad ante la coyuntura que marcaría una ruptura con la larga tradición de devastación ambiental llevada a cabo de forma sistemática por los gobiernos neoliberales que le antecedieron; y, con ello, se vuelve posible poder detener el avance de uno de bastiones más agresivos que hoy día amenazan con embestir desde diversas aristas al estado de Morelos: el Proyecto Integral Morelos.

Para impulsar que el Gobierno Federal recapacite respecto a su posicionamiento sobre el perfil presuntamente sustentable de la Termoeléctrica en Huexca, se deben de ofrecer caminos de solución al problema que, presuntamente, esta megainfraestructura busca atender. Por ejemplo, ante el controvertido avance del megaproyecto de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado en la comunidad de Huexca, el Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana, a cargo de la Dra. Elena Burns, ha presentado un proyecto para que la infraestructura de la termoeléctrica sea reemplazada por una planta de energía solar para la producción de electricidad.

Los costos de operación y mantenimiento de esta interesante propuesta de producir energía a partir de paneles solares, serían de 3.16 mil millones de dólares; mientras que la operación de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado está costeada en 5.3 mil millones de dólares. El costo de operación de la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado estimado en 5.3 mil millones de dólares no contempla el mantenimiento al acueducto ni al gasoducto; además no considera la variación en el precio del gas lutita (shale gas) que se importaría de Texas (Estados Unidos) para poner en funcionamiento la termoeléctrica.

Además, la propuesta de sustituir la termoeléctrica por una planta de energía solar, permitiría que no se sobreexploten y contaminen los recursos hídricos de la región, en tanto que no se requeriría hacer un uso energético-productivo de los casi 8 mil millones de litros agua que se necesitan para el funcionamiento de la Central Termoeléctrica. Esta u otras soluciones deben provenir del diálogo horizontal entre la comunidad de Huexca, la Academia y los representantes tanto del gobierno local como Federal. Por lo anterior resulta urgente que se diseñen propuestas concretas que tengan como principal objetivo el cancelar o transformar la serie de megaproyectos productivos, energéticos y de comunicación y transporte que se promueven actualmente bajo la forma del Proyecto Integral Morelos. Y si bien la resistencia social se ha topado con la barrera institucional burocrática y política del Estado mexicano neoliberal, esta postura no debe de traducirse en la desmovilización y despolitización de aquellas comunidades que tendrán que sufrir directamente los efectos derivados de la devastación ecológica y social del territorio.

Por lo pronto se tiene que hacer un llamado urgente para que el Gobernador del estado de Morelos e, incluso, el propio Gobierno Federal reconsideren la entrada en funcionamiento de la Termoeléctrica en Huexca. Más allá de los resultados de una consulta “popular” en la que no se vieron reflejados los derechos ambientales y de autodeterminación de las comunidades afectadas, así como de la evaluación supuestamente neutral por expertos internacionales, se tiene que reconocer con ugencia la amenaza de muerte y devastación ambiental que representa la entrada en funcionamiento de la Termoélectrica en Huexca, en tanto que se vendrían a complicar aún más los diversos escenarios de riesgo, vulnerabilidad, injusticia y conflictividad socioambiental, en tanto que las megainfraestructuras que contempla el Proyecto Integral Morelos han propiciado la destrucción del tejido comunitario, la violación de derechos humanos y ambientales, la criminalización de la protesta y el asesinato de activistas sociales frente a la vulnerabilidad socioambiental múltiple y la creciente sobreexplotación y contaminación de la riqueza hídrica y ambiental de la entidad.

Imagen: La Jornada

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“El Gobierno Trabajando Para Empresa Minera Canadiense”, Respuesta del Movimiento Morelense ante el Servilismo Oficial

Comunicado del Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras por Metales y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 12 de octubre de 2020

Constantito Maldonado Krinis,titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos, informó en el periódico El Regionalel 4 de octubre del año en curso(https://www.elregional.com.mx/comenzaron-estudios-de-impacto-para-proyecto-minero-en-tetlama), que la dependencia “inició los trabajos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para confirmar la viabilidad del proyecto minero Esperanza Silver en el Cerro del Jumil, en la comunidad de Tetlama, en el municipio de Temixco”.

Según lo declarado por el titular de esta dependenciaen Morelos,dicho “estudio de impacto ambiental del proyecto minero esimportante para darle paso para al avance y factibilidad de la minería”.

Al parecer, el titular de esta dependencia en Morelos desconoce que por ley, en los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,y en el artículo 5 inciso L del Capítulo II del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental,corresponde al promovente -la empresa minera canadiense-realizar la Manifestación de Impacto Ambiental, y que es una instancia federal, la SEMARNAT, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA),la encargada de evaluar y emitir una resolución de manera imparcial respecto a la MIA presentada por la empresa. Ello, además de contravenir los artículos 38 al 49 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental.

El que la dependencia del gobierno de Morelos denominada “Secretaría de Desarrollo Sustentable” se involucre en la realización de un trabajo que por ley corresponde a la empresa minera, demuestra:

a) Un desconocimientototal de la normativa legal en cuestión

b) Lacolocación de esta dependencia pública al servicio de intereses particulares

c) Ladegradación de esta dependencia pública, encargada de velar por la integridad ambiental del estado de Morelos, haciendo lo contrario a su función, al facilitar una iniciativa de depredación que, como se ha demostrado a cabalidad con evidencias a nivel nacional y mundial, vulnera esa integridad, afectando el bienestar de la población.

d)La instrumentación mediáticade dicha dependencia como parte de la campaña de desinformación emprendidapor la empresa canadiense en los medios de comunicación de Morelos.

e)Que a la referida dependencia no le interesa abordar este tema de manera precautoria directamente con las comunidades afectables, teniendo como su exclusivo interlocutora la empresa canadiense.

f)Elabsurdo ético y jurídico de destinar dinero públicode los impuestos que aporta la población,para pagarun estudio que corresponde a la empresa minera deenormecapital privado realizar.

DESDE EL MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LASCONCESIONES DE MINERÍA A TAJO ABIERTO POR METALES:

  1. Expresamos nuestro más enérgicaprotesta al Gobierno Estatalpor la actitud tendenciosa, parcial y fraudulentacon que se conduce esta dependencia estatal (Secretaría de Desarrollo Sustentable) colocándoseal servicio de intereses particulares,cuando se ha demostrado a cabalidad con evidencia científica a nivel nacional y mundial que la minería es un modelo extractivista que deja daños a perpetuidad al medio ambiente y vulnera la integridad de la población ya que la expone a severos daños a la salud, contaminación del aguaydestrucción de la flora y fauna del entorno en el que se lleve a cabo la explotación minera y el territorio próximo al mismo,ignorando las posturas de rechazo a la imposición del desarrollo de un proyecto minero en nuestro Estado.
  2. Exigimos que esta dependencia pública(Secretaría de Desarrollo Sustentable)retome su vocación de velar por la integridad ambiental del estado de Morelos abordando dicho estudio con apego al principio precautorio, ya que de lo contrario estaría facilitando una iniciativa de depredación afectando de manera irremediable el bienestar de la población morelense.
  3. Solicitamos que la referida dependencia abra un canal de interlocución directamente con las comunidades afectadas y afectables ya que actualmente tiene como su exclusivo interlocutor a la empresa canadiense dejando a las comunidades de Morelos sin posibilidad de ejercer sus derechos democráticos en función de decidir qué modelo de desarrollo eligen sin la imposición de una empresa privada.
  4. Reprobamos la instrumentación mediática de dicha dependencia que pudiese estar formando parte de la campaña de desinformación emprendida por la empresa canadiense en los mediosde comunicación del estado de Morelos.
  5. Solicitamos se inicie una campaña de comunicación del riesgo entre la población morelense en la que se den a conocer las afectaciones a la población que han sufrido comunidades en las que se han desarrollado proyectos mineros de similares características.
  6. Solicitamos a la Cámara de Diputados del Estado de Morelos que cite al funcionarioen sesión públicapara dar cuenta de estas acciones yse procedaa medidas correctivas.

Todo lo anterior posibilitaun ejercicio auténtico de gobernanza con el único objetivo de preservar la vida en las mejores condiciones para las futuras generaciones de quienes habitamos nuestro Estado.

¡NO A LA MINA, SÍ A LA VIDA!

Firman

MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LAS CONCESIONES MINERAS POR METALES y RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Morelos sin Mina

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Con engaños, Fonatur se adueña de tierras para el Tren Maya: asesora

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el Tren Maya – A 3 de octubre de 2020

Lorenzo Chim

Campeche, Cam., Mediante argucias legales, engaños, sobornos a los comisariados ejidales, avalúos amañados y presiones, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y representantes de los consorcios que construirán los tramos del Tren Maya engañan a los ejidatarios para expropiarles las tierras por donde pasarán las vías férreas, denunció la asesora independiente de los ejidos 5 de Febrero, Miguel Colorado, Xbacab y Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Champotón, Naayeli Ramírez.

Acusó que ha faltado transparencia en la firma de los convenios de ocupación de tierras para el paso del tren por esas comunidades y que la Procuraduría Agraria ha incumplido su obligación de acompañar este proceso de diálogo con los campesinos. “No acuden sus visitadores a las asambleas ejidales –máxima autoridad para decidir el destino de las tierras– y cuando algunos comisariados han presentado quejas por irregularidades en el proceso, evaden su responsabilidad y ponen trabas”, añadió la también investigadora y académica por el Tecnológico de Monterrey.

Por ley, recordó Ramírez, toda afectación a tierras ejidales tiene que tomarse por acuerdo de asamblea, pero en varios casos acordaron la integración de una comisión gestora con los mismos poderes y facultades de una asamblea ejidal. Ha habido abusos, pues emiten documentos sin sustento legal y se toman acuerdos sin el respaldo real de los ejidatarios.

“Tampoco son transparentes en cuanto al valor de la tierra, los avalúos del Instituto Nacional de Bienes Nacionales han sido amañados y, en el peor de los casos, entregan una cantidad menor a la que ya se había acordado y dejan en la indefensión a los ejidatarios.

“La falta de información de los campesinos los ha obligado a aceptar esos convenios y, en otros casos, a los comisariados ejidales se les entrega dinero para que ‘convenzan’ a los demás de aceptar los términos que impone el Fonatur.”

Narró que, en el caso del ejido 5 de Febrero, firmaron un convenio de ocupación, pero al final terminará siendo una expropiación de más de 29 hectáreas a un precio de 2 millones 283 mil pesos. “Cuando los ejidatarios inconformes vieron sus cheques con un pago menor a lo acordado, les dijeron ‘esto es lo que hay, no tenemos más’ y no les ha quedado más que aceptar”.

Se supone que se nombraron comisiones de seguimiento que integran, entre otros, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria y Fonatur, a fin de acompañar este proceso en los ejidos, pero por el pretexto de la pandemia no se han reunido para atender quejas e inconformidades. La Procuraduría Agraria no trabaja, no manda visitadores, no revisa actas de asamblea, tampoco atiende las quejas de los comisariados y lo peor es que, en otros casos, ni siquiera ha habido asambleas, dijo.

Ante estas irregularidades, los comisarios ejidales de las comunidades afectadas exigen transparencia en la información sobre las afectaciones a los ejidos, pues en varios casos tendrá que haber desalojos, pero en el convenio de ocupación no se estableció alguna indemnización adicional para esas familias, no se toman decisiones informadas, sino con promesas y con dinero, abusando de la pobreza de los campesinos, sostuvo Naayeli Ramírez.

Lo que pedimos es que las autoridades ejidales puedan ir a la Procuraduría Agraria para verificar los contratos, que haya un acompañamiento real del gobierno federal, pues hasta ahora se puede asegurar que Fonatur está tratando de convencer a los ejidos de manera irregular, ilegal y corrupta, afirmó la investigadora.

Imagen: Protesta realizada en Mérida, Yucatán, en junio pasado.Foto Cuartoscuro

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Seguridad a las empresas mineras, pero no para los Pueblos

Compartimos el comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de octubre de 2020

Como un hecho insólito en el país y como un símbolo de falta de respeto al pueblo de México, el  gobierno federal inaugura la primera generación 118 policías de Servicio de Protección Federal (SPF), equipados con fusiles de asalto, especializados en garantizar la seguridad de las instalaciones mineras. Con este curso de Especializaciones en Instalaciones Mineras se pretende proteger del crimen organizado a las corporaciones del sector, especialmente a las extranjeras que se llevan el oro, la plata y otros minerales al mercado internacional.

La minería de despoja, deforesta, no paga impuestos, incumple contratos con los campesinos e indígenas, viola resoluciones judiciales, está involucrado en la violencia, crímenes como el de Mariano Abarca o Bernardo Vázquez, contamina irremediablemente cuencas como el Rio Sonora en total  impunidad, deja población enferma, fulmina los suelos, no aporta a la economía local más que miseria y pobreza, y sin embargo es para el gobierno “una industria clave para el desarrollo del país y para su economía” por lo que es necesario que con recursos del pueblo mexicano se le otorgue seguridad por ser una “prioridad”.

Un pueblo que paga impuestos y  que genera economía, que además es víctima de la actividad minera que depreda los territorios e incumple contratos ¿no merece un equipo especializado para protegerse de las empresas mineras?

Una policía de élite para proteger los intereses de las grandes corporaciones  mineras no solo es un insulto para el país, sino para los pueblos que se ven despojados de sus territorios, en comunidades enfermas y contaminan sus ríos.  Comunidades con desplazamiento forzado ya sea por las mineras o por el crimen organizado producto de la actividad minera. Comunidades divididas que han perdido familias enteras asesinadas a manos de estor cárteles por el control del negocio en zona minera.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería,  Rechazamos rotundamente la creación de una policía de élite que se destine a proteger los intereses de las corporaciones que tanto daño causan a este país. Repudiamos la utilización de recursos públicos para destinarlos al cuidado de quienes nos saquean; nos contaminan, nos destierras, nos enferman y nos matan. Para la 4T no son primero los pobres, sino primero los mercedarios.  

¡BASTA DE PRIVILEGIOS A LAS EMPRESAS!

¡POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO DE EXTRACTIVO MINERO!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas

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Conversatorio: Panorama de los Pueblos ante el Extractivismo Minero en la Región Mesoamericana

El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- invit al conversatorio: PANORAMA DE LOS PUEBLOS ANTE EL EXTRACTIVISMO MINERO EN LA REGIÓN MESOAMERICANA

Sábado 3 de octubre, 2020

Hora: 3pm Centroamérica / 4pm Méx, Pan, Col

Dónde: transmisión en vivo por YouTube y Facebook del M4

Integrantes del M4 en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá nos compartirán cómo se ha profundizado la minería durante el COVID y sus procesos de lucha contra el extractivismo en la región.

No necesita inscripción previa, estar atentos/as a los enlaces! en nuestras cuentas del Movimiento Mesoamérica contra el Modelo Extractivo Minero M4

Conversatorio. Panorama de los pueblos ante el extractivismo minero en la región mesoamericana

Colima: Canoas territorio libre de minería, amenazado por minera canadiense

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 24 de septiembre de 2020

La comunidad de Canoas, Municipio de Manzanillo, Colima se enfrenta a una nueva amenaza de explotación minera e n su territorio, ya que la empresa canadiense Hematite S. A. de C.V. ingreso una Manifestación de Impacto Ambiental para su evaluación ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), esto a pesar de que esta comunidad se declara legalmente como “territorio libre de la minería” en Asamblea Ejidal desde el mes de febrero de 2014, así como otras Asambleas posteriores.

Canoas llevan más de 10 años resistiendo ante las insistencias de diversas empresas mineras que en distintos momentos han tratado de saquear principalmente hierro de su territorio. Inclusive, la empresa RM Pacific Group S. A. de C. V. se atrevió a invadir territorio y comenzó a talar árboles sin ninguna autorización del Ejido, lo que fue denunciado por el comisariado ante la PROFEPA en abril de 2014.

Este nuevo proyecto que lleva por nombre Rufus 5 de la empresa Hematite en el predio El Agostadero, contaminaría directamente el Rio Cacao y nacimiento de agua de la que se abastecen no solo Canoas, sino ocho comunidades más que dependen de la agricultura.

Desde la REMA exhortamos a la nueva titular de la SEMARNAT, Maestra María Luisa Albores González, a NO autorizar este proyecto y respetar la decisión de la Comunidad de Canoas, ya que se autoconsultó legalmente en Asamblea Agraria y determino, por unanimidad, rechazar cualquier proyecto minero en su territorio.

De la misma forma nos solidarizamos con la Comunidad de Canoas y les decimos que desde que los conocimos en el Foro Nacional de Afectados por la Minería realizado en la Comunidad Indígena de Zacualpa, en Colima en el año 2014; no hemos dejado de tenerlos presentes, conociendo las duras luchas que han librado por defender su territorio de los proyectos de muertes que azotan a nuestro país.

¡VIVA LA LUCHA POR LA DEFENSA DE CANOAS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Rotativa Libre

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El litio y la Falsa Transición Energética

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 23 de septiembre de 2020

El martes 22 de septiembre la empresa estadounidense Tesla celebro el Día de la Batería Tesla que coincide con la reunión anual de su junta directiva, es el más importante productor de baterías de litio y autos eléctricos en Norteamérica, y tiene como accionista mayoritario al empresario ElonMusk quien ha aparecido en los últimos años como promotor de la llamada “transición energética”  para impulsar la venta de sus productos. Las baterías de litio, al tener una capacidad de almacenamiento más eficiente que las fabricadas con otros minerales, ha incrementado su demanda por parte de la industria automotriz y de  aparatos electrónicos. Por este hecho, durante la última década el litio ha sido caracterizado por el servicio Geológico de los Estados Unidos como un elemento “critico” y las empresas mineras, la industria automotriz, y los gobiernos han empezado a promocionar el litio como un metal “verde” esencial para la “transición energética”.

El énfasis mundial que se le ha puesto al litio, está provocando un proceso de especulación  financiera, así como disputas por la fuente de suministro entre los países europeos y EEUU, frente a China y otros países asiáticos que actualmente dominan el mercado de este mineral. En este contexto, el nuevo Tratado de Libre Comercio (TMEC) firmado entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá, señala que las baterías de litio son un componente “esencial” para la industria interna, y determina un plazo de 3 años para alcanzar el 75% de contenido regional de litio para estas baterías para autos eviten pagar aranceles. A raíz de este acuerdo, hace unas semanas de eliminaron en México los aranceles para la importación de autos eléctricos. Estas medidas para incrementar el consumo de productos de litio extraído en la región, sumadas al hecho de que la producción mundial está actualmente concentrada en Austria,  Sudamérica y Asia; ponen más presión sobre los yacimientos ubicados en México y Canadá, en los que algunas empresas están intentando instalarse para suministrar litio a la industria automotriz regional.

Un resultado en México de esta “fiebre de litio”, es una oleada de especulación que ha significado la concesión de grandes áreas en el país, con la finalidad de especular sobre su precio, inflar las reservas e incrementar el valor de las acciones de las empresas, lo que ha provocado el despojo de tierra en lagunas comunidades. Actualmente existe en México 97 mil hectáreas concesionadas y 537 mil más en trámite, para la extracción de litio, repartidas en 36 proyectos controlados por 10 empresas, en su mayoría  empresas canadienses  pequeñas al borde de la quiebra, que dependen mucho del proceso de especulación para generar recursos en la bolsa de valores de Toronto. De los 36 proyectos en el país, solamente el proyecto de la empresa Bacanora Lithium en Sonora, es el que ha avanzado en su desarrollo. Los demás se encuentran buscando financiamiento, tratando de encontrar un comprador o socio, o haciendo exploraciones básicas.

El proyecto Sonora, de la empresa Bacanora Lithium, tiene entre sus socios a la empresas japonesa  Hanwa la cual firmo un acuerdo con Bacanora Lithium, para el suministro de litio extraído durante los  10 primeros años del proyecto.  Además de este acuerdo, el proyecto involucra a la compañía china GanfengLithium como socia del mismo. En 2019 Ganfeng invirtió directamente en Bacanora Lithium y en el proyecto Sonora, convirtiéndose en dueña del 2.5% de las acciones del proyecto en México. Como parte del acuerdo de inversión, Ganfeng tiene derecho al 50% de la producción del carbonato de litio  que se extraiga. Esta relación  del proyecto con la empresa Ganfeng, es sumamente importante debido a que esta compañía tiene acuerdos firmados directamente con Tesla. En 2015 GanfengLithium firmó un acuerdo con Tesla para asegurar el suministro  de litio para sus operaciones en la planta de autos y baterías que tiene en Nevada, EEUU en sociedad con la empresa Panasonic. La posible extracción de litio en Sonora, relacionada al crecimiento de industrias disfrazadas de verde como Tesla o la empresa japonesa Hanwa, generan los mismo impactos de siempre. Al ser un depositó de litio en roca, para este proyecto se utilizaran los métodos propios de la extracción minera a tajo abierto, que se acompañan de plantas de procesamiento y  concentración con uso de reactivos químicos.

Este modelo se ve claro en las minas de litio en Chile y Argentina, en las que no existe información clara sobre los verdaderos impactos hidrológicos provocados por una extracción sumamente intensiva de agua, y en donde las empresas violan constantemente la libre determinación de los pueblos Indígenas, destrozando sus modos de vida ancestrales y en muchos casos provocando el despojo de sus territorios. La producción de baterías de iones de litio de empresas como Tesla, también han generado graves impactos en la República Democrática del Congo, en donde se extraen grandes cantidades de cobalto, otro mineral necesario para su producción. Esta supuesta “transición energética” solo provocara el aumento en las zonas de “sacrificio” que el capitalismo requiere para sostener su modelo de consumo desmedido y enriquecimiento privado.

La “transición energética” promovida por este capitalismo verde, tiene una relación inseparable con el rublo minero. En un estudio reciente del Banco Mundial, se estima que la producción de minerales como el grafico, litio y e cobalto deberá crecer un 500% hacia el año 2050 para satisfacer las necesidades de la llamada transición energética  a escala mundial. La producción de baterías eléctricas como las que fabrica Tesla, podría generar un aumento en la extracción de hasta 250 millones de toneladas de minerales (principalmente grafito, niquel y cobalto) de aquí al 2050. Este aumento desbordado de la actividad minera para la “transición energética” no se limita al consumo de estos minerales, sino que incluye otros más comunes como el cobre, el aluminio, la plata o el plomo, necesarios en grandes cantidades para la instalación por ejemplo de parques solares o eólicos. La apuesta de los gobiernos, bancos de desarrollo y empresas frente al problema que representa el cambio climático, se centra en una engañosa “transición energética”, que favorece y fomenta el extractivismo minero, que ha sido una de las actividades más depredadoras y problemáticas en términos de impactos socio-ambientales. Los actores responsables de la grave situación ambiental en la que nos encontramos, cínicamente se promueven como los salvadores del planeta con sus propuestas tecnológicas de minería verde o climáticamente inteligentes.

Basta de engañar a los pueblos o a la opinión pública  con estas falsas salidas “verdes”. Sus propuestas de “transición energéticas” no significan ningún cambio de modelo y repiten las misma estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce en el mundo. ¿Cómo se puede hablar de una transición, cuando lo que se busca es un incremento acelerado de la extracción minera, para el aumento de las ganancias para sus empresas que solo generan despojo e impactos a los pueblos y comunidades? Es el mismo modelo capitalista, al que ahora se quiere pintar de verde.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

AMLO viola suspensiones provisionales con gasoducto Morelos: Frente de Pueblos

Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre la defensa del territorio en Morelos, Tlaxcala y Puebla – A 17 de septiembre de 2020

PUEBLA, Pue. (apro).- El Frente de Pueblos Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPMPT) informó que este jueves interpuso cuatro incidentes de violación a suspensiones de amparo que estarían cometiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador; el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Barttlet Díaz, y la directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Elena Jiménez, entre otros funcionarios.

Lo anterior, luego de que el mandatario anunció que ya no hay impedimento legal para que el gasoducto Morelos entre en operación en diciembre próximo.

De acuerdo con el FPMPT, están vigentes suspensiones que protegen los derechos al agua de los ejidos de Ayala, así como las tierras del ejido de Amilcingo sobre el gasoducto y la integridad ambiental del Río Cuautla que reclama la comunidad de Huexca, en el estado de Morelos.

“Si se demuestra que las autoridades están violando o no cumplen con la suspensión, como es el caso, el juez de Distrito les requerirá que en el término de 24 horas rectifiquen su actuar o de lo contrario se dará vista al Ministerio Público Federal sobre el delito de incumplimiento de suspensión, lo que amerita una pena de tres a nueve años de prisión”, advierten los opositores al gasoducto.

Explican que el incidente promovido es “por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión” contemplado en los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo, y obliga a las autoridades responsables para que, en el plazo de tres días a partir de su notificación, respondan sobre las acusaciones que les hacen.

A los 10 días hábiles de la interposición de estos cuatro incidentes se tendría que realizar las respectivas audiencias.

“El presidente (López) Obrador, el director de la CFE y de la Conagua tendrán que informar ante el juzgado federal por qué han dicho que todos los amparos se han resuelto, cuando existen vigentes suspensiones”, recalcan.

Y advierten que los pueblos y ejidos “que se defienden contra la imposición del PIM (Proyecto Integral Morelos) agotarán todos los recursos legales que tengan para proteger su vida y patrimonio, pero si el poder del gobierno pretende pasar por encima del llamado Estado de Derecho y corromper aún más al Poder Judicial y a falsos representantes, para aparentar acuerdos y diálogos, será el pueblo entonces quien, por sus propios medios, haga valer sus derechos”.

En el amparo 1185/2019 del ejido de Amilcingo, el 5 de diciembre de 2019 el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito confirmó la suspensión de plano del funcionamiento del gasoducto Morelos.

“…dicha suspensión se encuentra vigente y el amparo apenas está en periodo de desahogo de pruebas, por lo que su resolución definitiva podría tardar dos años más aproximadamente”, explica el FPMPT.

En el caso de la protección al agua de los ejidos, en los amparos 1180/2019 y 162/2020 también se dictaron suspensiones de plano “para el efecto de que no se altere, modifique, desvíe y/o cambie” el rumbo de las aguas del río Cuautla, hasta que se resuelva en definitiva el juicio.

Por último, en el caso de las aguas contaminadas de descarga de la termoeléctrica hacia el Río Cuautla reclamadas en el amparo 1823/2014, la defensa argumenta que se ha incumplido con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) al aumentar el volumen de agua que recibe la planta tratadora.

Imagen: Manifestantes frente a la termoeléctrica de Huexca. Foto: Margarito Pérez Retana

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Ejido de Carrizalillo confronta al fiscal de Guerrero

Compartimos comunicado del las y los ejidatarios de Carrizalillo publicado a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 23 de septiembre de 2020

Imagen: Community members look on Los Filos open pit mine in Guerrero, Mexico; Photo: Christian Leyva

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ALERTA:En un Irresponsable y Flagrante Acto de Provocación Equinox Gold y el Fiscal del Estado de Guerrero Entran Ilegalmentea las tierras del Ejido de Carrizalillo

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de septiembre de 2020

A la atención de la opinión pública, la solidaridad nacional e internacional, al gobierno del estado de Guerrero y al Gobierno Federal de la República:

Denunciamos enérgicamente la presencia ilegal dentro de las instalaciones de la mina Los Filos en tierras del Ejido de Carrizalillo, tanto del titular de fiscalía estatal de Guerrero, el Lic. Jorge Zuriel de los Santos Barrilla, como de dos representantes supuestamente negociadores por parte de la empresa Equinox Gold, el Vicepresidentepara México, Peter Burger, y la Vicepresidente de Sustentabilidad, Georgina Blanco Mancilla.

Al alrededor de las 10 de la mañana de hoy, el Fiscal del Estado llegó por helicóptero y descendió hasta las instalaciones de la zona conocida como Acillares,cercanos a laPuerta 5 de la mina en lasección de oficinas. Paralelamente, un contingente de 7 u 8 camionetas con alrededor de 40 policías ministeriales arribópor tierraal campamento. Mientras el Fiscalentró por aire, 5 integrantes de su guardia personal se mantuvieron con él dentro de las tierras del ejido,mientras el resto de su guardia se desplegó sobre la entrada en una clara acción de protección en contra del campamento en donde hay familias enteras del Ejido de Carrizalilloque se mantienen firmesdesde el 3 de septiembre, al cerrar la mina Los Filos por incumplimientos de la empresa ensu convenio socialypor laactitud racista y discriminatoria, solicitando un nuevo convenio con la suficiente fuerza para que este tipo de acciones no vuelvan a repetirse.

La presencia de dos funcionarios de la empresa dentro de las tierras del ejido, sabiendo que no deben estar ahí presentes, deja en claro que la empresa y sus “negociadores” son incapaces de entender el conflicto y con su displicencia e irracionalidad, generan un acto de provocación que puede derivar en una confrontación innecesaria.

¿Por qué si hay apertura al diálogopor parte del Ejido,tanto el fiscal como la empresa trasgreden las leyes?¿Porqué si ayer se le pidió al Fiscal de manera respetuosa que no se entrometierasi no era invitado por el Ejido,llega hoy abusando de supoder y haciendo sentir que la soberbia de la empresa le alcanza para entrar a tierras ajenas sin permiso de los dueños?Si ayer mismo el Fiscal presentó una buena intención de acercamiento, hoy acaba de echar por la borda su pequeño esfuerzo, además de visibilizar aun más la actitud de desprecio y racismo de la empresa.

Alertamos esta intromisión que esperamos no acabe en una confrontación innecesaria porla actitud negativa al diálogopor parte de la empresa yla imposición por parte de la mismay el Fiscal. La entrada del Fiscal por helicóptero a las tierras de Carrizalillo, sin pedir permiso del Ejido,solamente sirve para incrementar las tensiones en el campamento. Llamamos al Gobierno Estatal y Federal para que conduzcanal Fiscal u otros operadores políticos a que si no ayudan no estorben y menos si se realiza desde un operador político que nada, absolutamente nada tiene que ver con su quehacer gubernamental.

Denunciamos a la empresa Equinox Gold de estar generando actos de provocación en contra del Ejido que solamente apuestana seguir demostrando su actitud racista y prepotente, abonandoa la confrontación yno ala negociación,pretendiendo unasoluciónpor medio de la imposición,en lugar de tomar la responsabilidad del diálogo con respeto. Este es un conflicto generado por la empresa. Se trata del incumplimiento y ruptura del convenio social y de ninguna manera se justifica que,por la fuerza del Estado, con presencia de las fuerzas armadasy la soberbia de los supuestos negociadores de la empresa,quieran establecer sus condiciones para avanzar y destrabar el conflicto.

Responsabilizamos de todo lo que sucede en contra del Ejido durante la presencia del Fiscal y los integrantes de la empresa Equinox. De forma enérgica pedimos que salgan de sus tierras y dejen de sembrarmiedo en la población.

Esta estrategia provocadora, agresiva y neocolonialista, solo generamás distanciamientoentre la empresa y el Ejido en lugar de buscar un acercamiento que podría derivarse en un proceso de diálogo.En repetidas ocasiones el Ejidoha dicho estar dispuesto a dialogar,pero no bajo condiciones de sumisión eimposición, sino con respeto y dignidad.

¡No a la intromisión del Fiscaldel Estado en el conflicto entre Carrizalillo y Equinox Gold!

¡Basta con la actitud de racismo y prepotencia neocolonial de la empresa Equinox Gold!

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Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

Imagen: Diario Bajo Palabra

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La Minera Canadiense Barrick Gold fuera de los territorio de Chile y Argentina

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 20 de septiembre de 2020

Durante más de 20 años la Minera Canadiense Barrick Gold ha extraído oro, plata y cobre entre otros minerales, en la Región de Atacama en la Comunidad de Alto del Carmen en la Provincia de Huasco y con la frontera con Argentina en la Provincia de San Juan en el Departamento de de Iglesias.

Desde entonces, comunidades originarias de Valle de Huasco, organizaciones argentinas, miles de personas de muchos sectores han denunciado la depredación ambiental de Proyecto Pascua-Lama, la destrucción de Los Andes, de las fuentes de agua que alimentan a los pueblos y ciudades, la impunidad con la que la empresa Barrick Gold se adueñó de los territorio y privatizó los territorios en medio de corrupción y contubernio con los gobiernos de ambos países.

Los resultados de la lucha y resistencia de los pueblos tienen frutos ya que el fallo del Tribunal Ambiental de Chile a clausurado de manera definitiva el Proyecto Aurífero Binacional (Chile-Argentina) y mantiene una multa de 7 mil millones de pesos chilenos a la empresa Minera Canadiense Barrick Gold por la contaminación de los ríos con metales pesados, pérdida de biodiversidad y otros daños ambientales irreversibles por la devastación gigantesca de los glaciares.

La REMA envía una felicitación a todos los sectores involucrados en esta gran victoria por los derechos humanos y de la naturaleza, que nos demuestra que sí se puede defender los territorios del Modelo Extractivo Minero y que la autodeterminación de los pueblos es fundamental en la construcción de otros modelos de vida. La lucha del Valle de Huasco, así como todas las organizaciones, abogados, iglesias y tantos otros que han luchado contra este proyecto minero, nos enseñan y ratifican que la estrategias de prevención es la mejor manera de enfrentar la depredación minera.

Enviamos un saludo fraterno y compartimos la alegría porque su lucha y su victoria es para toda America Latina y el Caribe.

¡Felicidades!

FUERA MODELO EXTRACTIVO MINERA DE LOS TERRITORIOS

Firma

Red Mexicana de Afectadas y Afectados de Minería REMA

“Los monocultivos son la cara visible del modelo del agronegocio”

Compartimos esta Entrevista hecha por Radio Mundo Real RMR con Isaac Rojas, co-coordinador del Programa Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional – A 12 de septiembre de 2020

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El 21 de septiembre se conmemora el Día internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Fue declarado en 2004 por comunidades rurales reunidas en el interior de Brasil, para denunciar y visibilizar los impactos de los proyectos de plantaciones industriales de árboles que se expandían en sus territorios, y afirmar su determinación de resistir contra las plantaciones y recuperar sus territorios de manos de las empresas.

Junto a Isaac Rojas (co-coordinador Programa Bosques y Biodiversidad Amigos de la Tierra Internacional) trazamos un panorama sobre cuál es la presencia de los monocultivos hoy en la región y en el mundo, por qué se está denunciando que podrían avanzar en forma masiva las plantaciones industriales en el Sur Global, especialmente en África y qué podemos hacer para frenar este avance.

“Son las comunidades las que enfrentan día a día todos los impactos negativos que traen estas plantaciones industriales de árboles, que son la cara visible del modelo de monocultivo, del modelo del agronegocio”, dijo Isaac Rojas de la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional a Radio Mundo Real.

Las resistencias hoy

Rojas destacó las luchas y resistencias visibles en Brasil hoy, en lugares que son vitales para este mundo, con una articulación fuerte de movimientos sociales luchando contra este tipo de problemas. También nombró una articulación más pequeña en Costa Rica y el Movimiento de Afectadas y Afectados por el Cambio Climático presente en Centroamérica.

Además de denunciar como los incendios están arrasando con la Amazonía o con los humedales en Argentina, son preocupantes incendios similares que se dan en países de Asia. En Malasia, por ejemplo, la población tiene serios problemas respiratorios debido al humo por los incendios que ocurren en Indonesia, donde a su vez muchas veces debe suspenderse el tráfico aéreo y terrestre por la neblina de humo.

Por otra parte, este día, el Movimiento Mundial de Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) junto a numerosas organizaciones, entre las cuales se encuentra Amigos de la Tierra, exhortaron este 21 de septiembre a detener el avance de los monocultivos de árboles en el Sur global.

Desde WRM denuncian que un informe producido en 2019 por un equipo de consultores para el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y la ONG conservacionista World Wildlife Fund (WWF)-Kenia identifica a África como el continente con “el mayor potencial económico para la plantación de árboles en el mundo”.

La carta de WRM -firmada por 120 organizaciones de 47 países- detalla que ese estudio «identificó 500.000 hectáreas de tierras viables para las plantaciones en diez países: Angola, República Democrática del Congo, Gana, Mozambique, Malaui, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda, Zambia y Zimbabue”. El estudio propone la creación de un Fondo a corto plazo, con sede en un paraíso fiscal (Isla Mauricio), para financiar el plantío de las primeras 100.000 hectáreas de árboles. Para que estas plantaciones generen ganancias para los inversores privados, el estudio alega que será necesaria la ayuda de las agencias públicas europeas para la cooperación internacional: dinero de los contribuyentes de los países nórdicos de Europa (es decir Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca e Islandia), del Reino Unido y de los Países Bajos, además del Banco Mundial a través de la Corporación Financiera Internacional (CFI) que presta dinero a empresas privadas.

“Ese medio millón de hectáreas no están vacías: allí viven comunidades locales, pueblos indígenas, que serán desalojados para tener el monocultivo de árboles -criticó el coordinador de Bosques y Biodiversidad de Amigos de la Tierra Internacional-. Si a esto le sumamos el avance de otro tipo de plantaciones en el mundo, el panorama es bastante desolador porque estos avances no solo vienen con los impactos que conocemos muy bien (contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, deforestación), sino también una gran parte de impactos sociales: desplazamiento de comunidades locales, la pérdida de cultura y conocimientos tradicionales, de formas de vida que han probado ser sustentables y que son un bastión para la conservación de ecosistemas alrededor del mundo”.

Falsas promesas, falsas soluciones

Rojas recordó que estos proyectos suelen venir acompañados de “falsas promesas” de empleos y obras en las localidades donde se instalan, como la construcción de escuelas o canchas de fútbol; así como “falsas soluciones” al decir que este tipo de plantaciones ayudarán a combatir el cambio climático “cuando, en verdad, estamos ahondando en las causas del mismo”. El activista insistió en que verdaderas soluciones al cambio climático son aquellas que proponen acciones como el manejo comunitario de los bosques.

Advirtió que hablar de “soluciones basadas en la naturaleza” es una nueva forma de llamar a las falsas soluciones, como otra de las expresiones que utilizan las grandes corporaciones para maquillar sus acciones violatorias de los derechos de los pueblos.

Si bien las corporaciones son responsables, muchos gobiernos también lo son al promover este tipo de negocios y de falsas soluciones. Por eso trabajamos desde la federación ATI para llevar este tema a discutir en la Convención de Diversidad Biológica que, en algún momento, el próximo año retomará las discusiones sobre el nuevo marco que tendrá el Convenio sobre Diversidad Biológica, y ahí es importante hablar sobre los impactos de los monocultivos, de quiénes son responsables, de cómo vienen a maquillar su discurso y hacen promesas que no son reales, para contar con mecanismos efectivos y vinculantes para la protección de la naturaleza y realizar sanciones a nivel internacional por las violaciones a los derechos colectivos que se producen al territorio, a los conocimientos tradicionales, sumado a asesinatos, violaciones y amenazas [contra defensores y defensoras ambientales]», concluyó Rojas.

Imagen: Radio Mundo Real

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