Compartimos esta nota publicada en Ángulo 7 sobre la represión a quienes defienden la vida en la sierra norte de Puebla – A 14 de enero de 2021
Comunidades totonacas en defensa del río Ajajalpan en la Sierra Norte de Puebla, hicieron un recuento de diversas irregularidades como hostigamiento y criminalización, además de consultas simuladas para realizar el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de la firma Deselec 1 Comexhidro.
Así consta en el documento denominado Comunidades totonacas en defensa del río Ajajalpan. El caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, elaborado por Itzel Silva Monroy, experta en defensa de derechos humanos y colaboradora del Centro de Análisis e Investigación (Fundar).
Dicho documento recordó que fue en 2009 cuando los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán otorgaron a Deselec 1 las licencias municipales de cambio de uso de suelo, construcción y movimiento de tierras y posteriormente en los años siguientes, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Semarnat delegación Puebla, Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Antropología (INAH) le han ido otorgando permisos para continuar en su proyecto.
Criticó que el Estado mexicano también incumplió con su obligación internacional de efectuar un estudio de impacto social, ambiental y de derechos, previo al otorgamiento de los permisos que dan lugar al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.
Puntualizó que se otorgaron los permisos sin haber analizado los posibles impactos sociales y de derechos sobre las comunidades involucradas, y para el caso de los impactos ambientales.
Consulta pública fue simulada
Añadió que la Secretaría de Energía (Sener) organizó una supuesta consulta indígena, con base en la cual, tanto el Estado mexicano como la empresa, afirman que el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 fue consentido.
Sin embargo, un conjunto de irregularidades son las que caracterizaron el supuesto proceso, resaltando ya sólo el hecho de haber sido realizado seis años después del otorgamiento de la primera licencia.
Finalmente, a pesar del conflicto social que este proyecto había detonado, la Sener consideró concluido el procedimiento de consulta respecto de las siete comunidades indígenas y determinó que fue consentido por los pobladores, aunque por ejemplo, en la comunidad de San Felipe Tepatlán, las autoridades alegan que no se pudo llevar a cabo la fase consultiva debido a que “fue viciada con la participación de comunidades fuera de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto.
Irregularidades en juicio de amparo
Ante el cúmulo de violaciones a sus derechos, las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, con el acompañamiento legal del Consejo Tiyat Tlali y de Fundar, presentaron, el 4 de abril de 2016, demanda de amparo en contra de las autoridades que otorgaron los permisos para el PHP1. Se trata del juicio 598/2016 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla.
Este documento señaló que a lo largo de estos años de juicio acontecieron irregularidades y que fueron denunciadas en su momento, como el supuesto desistimiento de demanda de algunos de los quejosos, que nunca comparecieron al juzgado a confirmar su deseo de renunciar al juicio.
Además de la existencia de firmas en ciertos documentos que no fueron reconocidas por sus titulares o el extravío de ocho tomos anexos al expediente de amparo principal.
También se han dado situaciones de descalificación, hostigamiento y criminalización, no sólo hacia las personas integrantes de las comunidades demandantes que forman parte de los Comités de Defensa del río Ajajalpan, del Consejo Tiyat Tlali y Fundar.
Revocar o no sentencia de 2019
Recientemente el Consejo Tiyat Tlali y Fundar lanzaron a través de la plataforma Change.org la petición dirigida para Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Distrito Consejo de la Judicatura Federal, de la cancelación de los permisos existentes dados a Deselec, pues rechazan la construcción de esta hidroeléctrica.
Este 14 de enero de 2021, el Primer Tribunal Colegiado decidirá si revoca o no la sentencia de octubre de 2019, cuando se negó el amparo interpuesto en 2016 por mil 96 integrantes de tres comunidades totonacas, en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que pretende implementarse en los Municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla.
Cabe mencionar que enero de 2020, el ayuntamiento de Ahuacatlán señaló que los permisos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 son ilegales por lo que ya le fueron revocados a la empresa Deselec 1 Comexhidro, y cuya instalación daría electricidad a Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.
Imagen: Hostigamiento y criminalización, acusan totonacos en proyecto hidroeléctrico. Foto: Especial – Ángulo 7
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la Ley Minera – A 14 de enero de 2021
¿Cómo es posible que sea constitucional la Ley Minera,que a todas luces favorece al capital?
En México,como en toda América Latina, el Banco Mundial impulsó a modo una Ley Mineraen1992 que a todas luces sentaba las bases para favorecer al gran capital en el marco del modelo neoliberal. Para muestra, en su artículo sexto señala que“serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que establece la misma, y únicamente por ley de carácter federal podrán establecerse contribuciones que graven estas actividades”. Es decir, pasa por encima de cualquier otra actividad que las comunidades y pueblos lleven a cabo en sus propios territorios, dando privilegio a intereses particulares sobre los de la colectividad, aun cuando ésta,reivindique su derecho a vivir de acuerdo con el bien común y el interés público. Este hecho jurídico es anticonstitucional porque va justo en contra del espíritu mismo de nuestra Constitución, que es el bien común.
Hoy, a pesar de que en el 2019, AMLO decretó “abolido”de una vez y para siempre el neoliberalismo(ver: https://www.nytimes.com/es/2019/07/08/espanol/opinion/lopez-obrador-neoliberalismo.html),un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)continua negándose a “desneoliberalizar”la Ley Minera de nuestro país, rechazando el amparo de comunidades indígenas de Puebla, quienes denuncian precisamente la inconstitucionalidad de la Ley Minera, porque atenta de forma directa y flagrante contra el bien común y comunitario, contra la naturaleza y contra el territorio.
En este país,el subsuelo de los territorios es otorgado/entregado en concesión a privados de forma arbitraria e irracional, justo porque lo privado atenta contra el interés y la utilidad pública, así como se atenta contra el bien común de las poblaciones que son dueñas de su territorio. Además, las concesiones se entregan mirando como irrelevantes a los seres humanos, la vida y la salud de quienes habitan arriba del “subsuelo nacional”,a ser explotado intensamente a través de los proyectos de megaminería tóxica. Así, a la ley y a los magistrados no les importan los pueblos, como en este caso, los de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan del Progreso en la Sierra Norte de Puebla, quienes promovieron el amparo en revisión 928/2019, denunciando discriminación, entre otros elementos,al ni siquiera ser consultados en ese sentido (La Jornada, 11 de enero, 2021, pág. 11).
En REMA nos preguntamos silos jueces en este país estarían dispuestos a aceptar, sin luchar, el que puedan ser expulsados de su casa sin siquiera ser consultados al respecto;y también cabe preguntarles si están dispuestos a aceptar que sus medios de vida y su salud sean sometidos a una irreparable devastación. Y seguimos preguntando si quienes administran “la justicia” de este país seguirían recurriendo a las ya clásicas artimañas burocráticas y legaloides y a facciosas posturas en donde favorecen, no el interés social ni público, sino el interés de privados que establecen el saqueo y el desplazamiento forzado como sus propios medios de vida.Nosotros tenemos fuertes dudas de que,en la SCJN, tengan siquiera acaso la menor idea de lo que significa ese tipo masivo de despojo y el respeto a la vida. Podrían imaginarlo, al menos.
Este tipo de preguntas que hacemos desde la REMA, sabemos que resultan subversivas para quienes se asumen en los hechos como siervos del capital, porque se han vuelto encubridores de hechos punibles. La actual Ley Minera permite cientos de atropellos y violaciones relacionadas con múltiples derechos de los pueblos y de la naturaleza, pero eso no lo ven o han aprendido a no verlo. Y así, las leyes permisivas y sus protectores,manifiestos en instancias de procuración de justicia, son una vergüenza para la nación.
El Despojo No es de Utilidad Pública
Exigimos Respeto a la Constitución y Respeto a la Vida
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos este reportaje especial publicado en Contra Corriente sobre la resistencia y la lucha por la vida en Honduras – A Noviembre 2020
El conflicto ambiental en Guapinol, Honduras, donde pobladores locales resisten a la explotación de óxido de hierro en un parque natural, ha sido violento. Una alianza periodística transfronteriza* ahora descubre que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, fue la poderosa socia tras bambalinas del proyecto minero.
Discretamente y sin anuncios públicos, la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras, fuertemente cuestionado por la presunta persecución a los líderes sociales que protestan por el impacto ecológico que tendría en un parque natural, según documentos obtenidos por una alianza periodística internacional entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga.
Nucor, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se asoció en 2015 con el conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversiones Los Pinares. Esta última es la empresa que ha protagonizado una batalla con los pobladores de Guapinol, municipio de Tocoa, que se oponen a la incursión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano. Un conflicto que ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados.
Según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña, NE Holdings. El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos. Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera.
Inversiones Los Pinares no ha comenzado aún a explotar la concesión minera de 200 hectáreas dentro de un parque nacional de reserva forestal que le otorgó el Estado. No obstante, desde 2018, la empresa minera inició la construcción de una carretera a la mina que servirá para transportar el óxido de hierro hasta la planta peletizadora de acero en la ciudad de Tocoa. Esta fábrica, fundirá el hierro con el carbón o coque y lo convertirá en bolitas del aglomerado, un proceso de peletización para producir acero. Esta parte del proyecto minero es propiedad de Inversiones Ecotek S.A. de C.V creada en 2017 en Honduras por Pérez y Facussé en la que Inversiones los Pinares tiene el 99,6% de las acciones y la Empresa Minera La Victoria S.A el 0.4%. Esta última intentó desarrollar otro proyecto minero que resultó conflictivo y también es propiedad del empresario Lenir Pérez.
Según los registros panameños, la asociación entre hondureños y estadounidenses contemplaba un acuerdo por el cual una subsidiaria de la corporación estadounidense, Nucor Trading, registrada en Suiza, compraría la materia prima producida por la mina.
La asociación se realizó bajo el mayor hermetismo. En respuesta a un cuestionario de esta alianza periodística, Nucor no ofreció explicaciones sobre por qué firmó el acuerdo tras bastidores y no registró su inversión en Honduras. Dijo por escrito Katherine Miller, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Corporativas de la Corporación Nucor, que, como es «común con las empresas de riesgo compartido cuyas sedes están en el extranjero, los participantes escogieron un lugar neutral y equitativo con las partes para formar el negocio», refiriéndose a Panamá.
La corporación ha informado sobre la existencia de subsidiarias en sus reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero hasta donde esta alianza pudo constatar, no ha reportado a la SEC las dos subsidiarias involucradas en el proyecto minero en Honduras. Tweet
La empresa no respondió dos preguntas relacionadas con el tema de los reportes a la SEC ni a una insistencia posterior para que las contestaran.
«Siempre estamos buscando oportunidades para asegurarnos una fuente abundante de productos del mineral de hierro que nos ayude a fabricar el acero», respondió Miller al cuestionario. La vocera explicó que Honduras ofrece una ventaja logística porque ha sido un lugar donde Nucor evaluó oportunidades para fortalecer su cadena de suministro «a través de una inversión minoritaria en NE Holdings, Inc».
La empresa explicó que se retiró del proyecto a raíz de la agitación social que suscitó en la comunidad. «Como los disturbios en el sitio (Guapinol) se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019», dijo la vocera Miller. «Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía».
Nucor cuenta con otra subsidiaria, Nucor South America, registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Según los documentos de NE Holdings, Nucor South America podía retirarse del negocio vendiendo sus acciones a Aluminios y Techos de Guatemala (Alutech).
Los registros de Alutech en Guatemala, consultados por esta colaboración periodística, reportan que es una empresa propiedad de Pérez y Facussé dedicada a la distribución de elementos para la construcción, pero de objeto social amplio. La empresa no registra compra de acciones en 2019. El único cambio significativo que registró recientemente fue en octubre de 2018, cuando aumentó su capital de 5 mil a 60 millones de quetzales (de 650 dólares a unos 7.6 millones de dólares).
Ni Nucor, ni el empresario Pérez, a quien Univision Investiga entrevistó en Miami, quisieron dar mayores detalles del negocio, tales como el monto de la inversión, cuál sería el plan de manejo ambiental o social, entre otras. Pérez insistió en que un acuerdo de confidencialidad con la siderúrgica le impedía hablar. Tweet
Pérez dijo en un mensaje de whatsapp anterior a la entrevista personal: «Nucor no está con nosotros; tuvo la intención de arrancar el proyecto pero con todo este problema se retiró. Ellos son una empresa seria y no pude concretar la transacción por este problema».
En su respuesta a esta alianza periodística Nucor asegura haber vendido sus acciones en NE Holdings en octubre de 2019, pero los documentos panameños señalan que dos meses antes, en agosto, sus funcionarios ya habían salido de la junta directiva de esa empresa.
La siderúrgica tampoco respondió por qué, en cambio, en esa misma fecha, según los citados registros de Panamá, dos ejecutivos de Nucor fueron ratificados en la junta directiva de la otra empresa, NE Holdings Subsidiary. Se trata de Christopher Adam Goebel, quien aparece en LinkedIn como gerente de operaciones, y John Lowry Pressly, quien aparece identificado en una publicación institucional de la empresa como gerente general de Latinoamérica. Pressly no respondió los mensajes enviados por Univision Investiga al correo electrónico corporativo de Nucor, pero transfirió la petición de entrevista a la vocera de la empresa. Estos mismos funcionarios de Nucor también figuran entre los directivos de Ecotek, la empresa dueña de la planta peletizadora que se planea construir en Tocoa.
Consultada al respecto, la vocera de Nucor no confirmó ni negó las posiciones de Goebel y Pressly. Sólo dijo que los documentos serán actualizados en los próximos días para reflejar que la empresa ya no está involucrada en el proyecto.
Esta no es la primera incursión de Nucor Corp en el sector siderúrgico en Honduras pues pagó 12 millones de dólares por acciones de Aceros Alfa, la acería más grande de ese país, según sostiene en su perfil público la abogada Grossnie Velásquez de Consortium Legal que facilitó el negocio. Esta alianza preguntó a Velásquez la fecha de esta inversión pero declinó responder por la confidencialidad del arreglo. Nucor tampoco se refirió a esa inversión cuando se le preguntó sobre sus negocios en Honduras.
El principal socio hondureño de Nucor en Aceros Alfa es Juan Antonio Kattan, miembro de la reconocida y adinerada familia que creó la empresa y que tiene negocios en los sectores bancario y petrolero. Hoy Nucor, a través de otra subsidiaria registrada en Delaware llamada Nucor Harry US Holdings y reportada ante la SEC, es propietaria del segundo mayor paquete de acciones de Aceros Alfa, después de la empresa American Holdings LTD, según documentos del registro público de Honduras.
Otro de los socios de Aceros Alfa, Jacobo Atala Zablah, es integrante de la familia dueña de la hidroeléctrica Agua Zarca, contra la cual estaba protestando la emblemática ambientalista hondureña Berta Cáceres antes de ser asesinada en 2016. No existe ningún proceso legal que comprometa a la firma, ni a sus socios, en el crimen.
Distintas organizaciones acompañan al COPINH durante una marcha de antorchas para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, La Esperanza, 2 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.
La movida legal
La mina de Inversiones Los Pinares queda en un área que hasta diciembre de 2013 hacía parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, donde nacen 34 ríos que riegan la verde región. Este parque fue bautizado en honor de un ambientalista asesinado en 1997, cuando se oponía a la instalación de la planta procesadora de palma africana de Dinant, una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez y padre de Ana Isabel Facussé.
¿Cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable?
El 8 de octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96,724.4 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro. En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN).
Ocho meses después de esa solicitud, en diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante el Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la zona de amortiguamiento, donde la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica, entre las que se cataloga a la extracción de óxido de hierro en el país. Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras al dictaminar que su impacto sobre flora y fauna sería severo. Es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales podrían verse afectados por la mina.
A pesar de este informe, y que, según una fuente del ICF, el Congreso Nacional nunca consultó con ellos la reducción de la zona núcleo del parque, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. José Galdámez, ministro de esta secretaría cuando se le otorgó a Los Pinares la licencia ambiental, fue después cuestionado por otorgar una licencia en otra zona protegida en Tegucigalpa, la capital del país. Galdámez finalmente salió de su cargo.
Pérez explicó a Univision Investiga que su empresa promovió reuniones en la región con el gobierno para que escuchara las inquietudes de los habitantes de la zona a fin de replantear el área del parque nacional.
«El parque tenía 12 meses de haber sido declarado parque nacional y nos reunimos todos los actores y se pidió replantearlo’», explicó Pérez en un correo electrónico. «Trabajamos limpio’», agregó el empresario.
Con una reforma legal que les vino como anillo al dedo a los mineros y la aprobación de la licencia ambiental en firme, pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Además, la Minera La Victoria, que también aparece como socia en los holdings panameños, obtuvo dos concesiones de 1000 hectáreas cada una en el colindante departamento de Atlántida, para extraer óxido de hierro.
erar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».
El dueño de la minera, Lenir Pérez, ve las cosas de otra manera. Según dijo en la mencionada entrevista, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona donde además construyó cuatro escuelas con un valor promedio de 50 mil dólares cada una y 147 letrinas. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a mil personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto. Sostiene que en Guapinol también la gente lo apoya y envió a esta alianza periodística firmas y testimonios de personas que acudieron a las reuniones de socialización del proyecto a finales de noviembre de 2017. La socialización es un proceso mediante el cual las comunidades afectadas expresan sus opiniones sobre la conveniencia o no de un proyecto minero.
Compartimos esta información de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México RAPAM sobre la prohibición del glifosato y el maíz transgénico en México – A 31 de diciembre de 2020
Fernando Bejarano / Director de RAPAM
El 31 de diciembre de 2020 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto presidencial que establece la sustitución gradual del uso del glifosato, con cuotas de importación hasta la eliminación total de su uso al 31 de enero del 2024, en un período de transición donde se promoverán alternativas sustentables, incluidas alternativas agroecológicas. El decreto también establece la revocación y abstención de permisos de siembra de maíz transgénico, y del uso de grano de maíz genéticamente modificado en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos hasta sustituirlo totamente en el mismo período.
Este es un triunfo de las organizaciones de la sociedad civil que por décadas lucharon contra la liberación del maíz trangénico, como las organizaciones campesinas y académicos agrupadas en la Campaña Sin Maíz No hay Pais y Greenpeace. Así como de organizaciones como RAPAM que hemos insistido en la problemática de los plaguicidas altamente peligrosos en México. La publicación del decreto muestra también la voluntad política de cambio dentro de las distintas secretarías que están interesadas en una transformación del sistema alimentario mexicano y que pudieron enfrentar con éxito las opiniones contrarias del titular de la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, del coordinador jurídico de la Presidencia, de las presiones de embajadas de Estados Unidos, Alemania, y del Consejo Nacional Agropecuario en el que participan las empresas transnacionales de plaguicidas como Monsanto.
En los considerandos del decreto presidencial, se invoca al principio de precaución, procedente de la Cumbre de la Tierra y el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. También se indica que la adopción de esta medida se debió entre otras razones a que, “con el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y la soberanía alimentaria, nuestro país debe orientarse a establecer una producción agrícola sostenible y culturalmente adecuada, mediante el uso de prácticas e insumos agroecológicos que resulten seguros para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente, así como congruentes con las tradiciones agrícolas de México. Además porque, “en los últimos años, distintas investigaciones científicas han alertado que dicha sustancia química tiene efectos nocivos en la salud, tanto de los seres humanos como en algunas especies animales, y ha sido identificada como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer; y porque en “ diversos países han prohibido el uso de la citada sustancia en agroquímicos y muchos otros se encuentran evaluando la implementación de medidas similares y de otro tipo para proteger a la población”.
El artículo Primero del Decreto “tiene por objeto establecer las acciones que deberán realizar las dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, para sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas, que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente. En ese sentido, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta el 31 de enero de 2024, se establece un período de transición para lograr la sustitución total del glifosato”.
En el Artículo Segundo del Decreto “Se instruye a las dependencias y entidades de la administración Pública Federal para que, en el ámbito de sus competencias y a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se abstengan de adquirir, utilizar, distribuir, promover e importar glifosato o agroquímicos que lo contengan como ingrediente activo, en el marco de programas públicos o de cualquier otra actividad del gobierno”.
El Artículo Tercero establece que “ Con el propósito de disminuir el posible impacto de la sustitución gradual del uso e importación de glifosato en la agricultura comercial, las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y Recursos Naturales promoverán e implementarán alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas al uso del glifosato, ya sea con otros agroquímicos de baja toxicidad, con productos biológicos u orgánicos, con prácticas agroecológicas o con uso intensivo de mano de obra, que resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente”.
El artículo tercero indica que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología coordinará, articulará y apoyará las investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos e innovaciones para la sustitución del glifosato, Para tal fin podrá convocar a las instituciones de educación superor o centros de investigación pública e invitar a organizaciones de productores agrícolas, a la industria de agroquímicos, a las asociaciones de usuarios y productores de bioinsumos e insumos agrícolas orgánicos.
Según el Artículo Sexto, “ Con el propósito de contribuir a la seguridad y a la soberanía alimentarias y como medida especial de protección al maíz nativo, la milpa, la riqueza biocultural, las comunidades campesinas, el patrimonio gastronómico y la salud de las mexicanas y los mexicanos, las autoridades en materia de bioseguridad, en el ámbito de su competencia, de conformidad con la normativa aplicable, revocarán y se abstendrán de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado”.
Esperamos que este decreto impulse un cambio de cambio de política más amplio para la prohibición gradual de los plaguicidas altamente peligrosos en México y la transformación del sistema alimentario. Por nuestra parte continuaremos en nuestra demanda para que de manera inmediata se cancelen el uso del glifosato como desecante antes de la cosecha en los culivos agrícolas y para los usos en jardinería y otros usos urbanos. Y seguiremos planteando que para establecer esas cuotas de importación del herbicida y vigilar su cumplimiento se debe territorializar y reconocer el derecho a la información para saber dónde, quién y cuánto gifosato se usa en los distintos cultivos agrícolas.
Como parte de la Campaña sin Maíz no hay Maíz celebramos también que el decreto requiera que a más tardar en el primer semestre de 2023 se promuevan las reformas legales para evitar no solo el uso del glifosato sino también el de maíz genéticamente modificado en México, como medida que contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria, para “proteger al maíz nativo, la milpa y la riqueza biocultural”.
Compartimos esta nota publicada por Gabriela Coutiño sobre el rechazo a mega proyectos en Chiapas – A 5 de enero de 2021
La agrupación ambientalista también esta en contra de la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional
La organización indigiena Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio MODEVITE colocaron este lunes en el municipio de San Juan Cancuc letreros manifestando su rechazo a la construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas – Palenque y la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional.
«Como pueblo creyente MODEVITE y Derechos Humanos San Juan Cancuc rechazamos totalmente el megaproyecto «eje carretero transversal» igual o antes se llamaba; supercarreterra, autopista, proyecto carretero y carretera de las culturas ya que solamente beneficia para los empresarios transnacionales» señalan en un escrito difundido
En el documento, el Modevite rechaza totalmente la carretera, porque señalan: «Como pueblo originario no nos beneficia, al contrario atenta nuestra vida y ademas traerá consecuencias como son las siguientes: Destrucción y despojo de la madre tierra; apertura de camino de megaproyecotos, por ejemplo represas, centro turísticos, etcétera; despojo del pueblo, contaminación, militarización, división del pueblo».
En los letreros colocados en la localidad de Chacté, centro y en el banco de grava en Chilojá, escribiendo; » Los pueblos originarios rechazamos la autopista San Cristóbal de Las Casas -Palenque. No a la instalación de los cuarteles de la Guardia Nacional».
Los mienbros de la agrupación exigieron que se respete su derecho a la libre autodeterminación y se aplique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OTI), así como la declaración de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Compartimos esta nota de Sin Embargo sobre el acaparamiento del agua en México – A 14 de diciembre de 2020
A partir de las concesiones otorgadas por la Conagua por la Ley de Aguas Nacionales de 1992, millonarios acaparan este bien que por su escasez ha comenzado a cotizar en el mercado de futuros de Estados Unidos. Un artículo de la UAM revela que, a falta de regulación vigente y vigilancia, solo un 1.1 por ciento concentra una quinta parte del recurso para fines lucrativos. Entre ellos, Claudio X. González con Kimberly Clark y Ricardo Salinas Pliego con Banco Azteca.
Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).– Mientras más del 30 por ciento de los hogares mexicanos (Inegi, 2016) padece a diario cortes o tanteo de su derecho al agua y saneamiento, 3 mil 304 grandes usuarios privados acaparan las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) al concentrar 13 millones 183 de hectómetros cúbicos anuales para fines lucrativos, en su mayoría en acuíferos sobreexplotados, expone la investigación “Los millonarios del Agua” publicada por la Universidad Autónoma de México (UAM), con ciencia de datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) hasta enero de 2020.
Esto es, el 1.1 por ciento de todos los usuarios del agua en México explota más de una quinta parte del recurso hídrico nacional (22.3 por ciento). Entre ellos, Kimberly Clark y Banco Azteca, empresas de los millonarios Claudio X. González Laporte y Ricardo Salinas Pliego, así como FEMSA, Bachoco, Herdez, Lala, las mineras GoldCorp, y Buenavista de Grupo México, propiedad del otro millonario Germán Larrea Mota-Velasco, entre otros.
A partir de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, aún vigente porque el Congreso sigue sin aprobar una iniciativa ciudadana para una Ley General de Aguas que garantice acceso equitativo, estos denominados “millonarios del agua” son empresas, asociaciones civiles y personas físicas, quienes emplean el agua principalmente para uso agrícola, industrial y de servicio turístico. La Ley de Aguas Nacionales, aprobada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue “la expresión más acabada” de los lineamientos exigidos por Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Estado mexicano para “la neoliberalización del agua”, otrora bien nacional, con el fin de dar mayor certeza a la inversión privada en materia de derechos de agua, dice el texto de los investigadores Wilfrido Gómez y Andrea Moctezuma.
El 1.1 por ciento acapara 22.3 por ciento del agua. Gráfica: Los millonarios del agua, UAM, 2020.
“Legalmente no existe un límite en cuanto al volumen de agua a concesionar para un actor privado dentro del margen de disponibilidad, de ahí que algunas empresas hayan acaparado grandes cantidades de agua. Bajo esta lógica, no importa si se pone en riesgo el bienestar colectivo o si se degrada la calidad del agua, lo que importa es la utilidad de las empresas y consorcios privados que gestionan y explotan este bien común”, afirma la investigación. “Los Millonarios del Agua pagan de forma diferenciada de acuerdo con el uso del agua (por ejemplo, se paga más por el uso industrial o servicios). Un usuario tiene la libertad de tener concesiones para distintos tipos de usos, lo que permite ahorrar millones de pesos por no pagar el uso debido y hace más difícil rastrear el destino final”.
En conclusión, exponen Gómez y Moctezuma, hay tres maneras en que la actual administración del agua con la presente Ley de casi 30 años permite que el sector privado monopolice legalmente el agua en el país para fines de lucro, en un marcado contexto de desigualdad: los usuarios pueden acceder a una sola concesión con grandes volúmenes de agua, ya que no se establece un límite preciso; un mismo usuario puede tener distintas concesiones de diversos tipos con diferentes volúmenes y diferentes usos; o un mismo usuario puede tener varias concesiones a nombre de parientes, socios y/o prestanombres, como en el caso de la Coca-Cola y la familia Tricio de Grupo Lala. También se puede acceder y controlar este recurso gracias a la transmisión de concesiones, o incluso se extrae agua sin contar con una concesión, como ocurrió en Ayutla Mixe, Oaxaca, en donde un grupo paramilitar se apoderó del manantial dejando a la comunidad sin agua desde hace dos años o las cerca de 400 mil tomas de agua clandestinas en la Ciudad de México, donde se anunció un recorte hasta 2021 por disminución del sistema Cutzamala.
El mapa representa el porcentaje del volumen de agua explotada respecto al volumen de agua de recarga de los acuíferos. Mapa: Los Millonarios del Agua, UAM, 2020.
La iniciativa ciudadana en consenso con legisladores que exige un acceso equitativo al agua y mayor control a las grandes concesiones sigue atorada en la Cámara de Diputados. En entrevista, uno de los autores del artículo, Wilfrido Gómez, dijo que con la actual Ley (1992) no hay una regulación ni vigilancia del agua y descargas de manera democrática y limitada, esto es, la adquiere en volúmenes quien primero solicite una concesión y no se consulta a la comunidad o colonia de la zona que padece la escasez. Por lo que debe regularse el tipo de uso y la transmisión de concesiones para evitar mayor “especulación” de oferta-demanda del agua de la que habrá ahora que su uso cotiza en el mercado de futuros de California, Estados Unidos, lo cual de cierta manera “legitimiza el mercado ilegal del agua en México”.
“La Conagua publica cada dos años la disponibilidad del agua en acuíferos y cuencas. Aunque hay acuíferos sobreexplotados, se siguen entregando concesiones. En la nueva Ley primero se debe garantizar el derecho humano al agua, es decir, que no se cree el acaparamiento y desigualdad”, dijo Gómez. “Si hay sobreexplotación, se tiene que restringir para poder restablecer la cantidad y calidad del agua”.
EMPRESAS ACAPARADORAS
De norte a sur del país, los millonarios del agua se reparten en 966 empresas de energía eléctrica, cerveceras, acereras, agroindustrias, mineras, papeleras, automotrices, embotelladoras, entre otras; mil 537 personas físicas y 801 asociaciones civiles que realizan distintas actividades productivas. En total, los 3 mil 304 tienen concesionado un volumen de agua de 13 millones 208 hm³/año, equivalente al 22.3 por ciento de toda el agua concesionada en el país. De los 653 acuíferos que existen en el país, 115 están sobreexplotados y de éstos, 99 tienen la presencia de algún Millonario del Agua.
“Cada uno de estos usuarios y sus concesiones, en muchos casos, representan, una serie de conflictos con distintos actores locales respecto a un bien natural, y representan también un despojo, en donde los ciudadanos, los pueblos y comunidades no fueron considerados en ningún sentido y de un momento a otro se encuentran enfrentados ante una empresa o individuos que tienen grandes volúmenes de agua”, expone el artículo “Los millonarios del agua”.
Entre los Millonarios del Agua que tienen mayores volúmenes concesionados para uso único industrial, se encuentra la trasnacional Kimberly-Clark, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de productos de limpieza, cuidado e higiene y denunciada por contaminar ríos y manantiales en los estados de Veracruz, Querétaro y Michoacán. El conglomerado de Claudio X. González tiene concesionado un volumen de 27.3 hm³/ año de agua.
Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo industrial-único. Gráfica: Los Millonarios del Agua, UAM, 2020.
Además, en el marco de la especulación y escasez a futuro, es de destacar la presencia de bancos con grandes concesiones, por ejemplo, el español BBVA tiene 1.6 hm³/año en el acuífero sobreexplotado Atemajac, cerca de Guadalajara, Jalisco. Y el Banco Azteca de Ricardo Salinas Pliego cuenta con 2.2 hm³/año en el acuífero sobreexplotado de la Zona Metropolitana, de la cuenca de México.
“La creciente participación de bancos como usuarios de grandes concesiones de agua no deja de ser un tema de preocupación que responde posiblemente a la creación de un mercado internacional del agua y a su control como un bien que cada vez toma más importancia, ante un futuro de inminente degradación de dicho recurso”, expone el informe.
Proyectos Hidroeléctricos de Puebla, que ha puesto en encrucijada a comunidades totonacas cercanas al río Ajajalpan, Puebla, dispone de un volumen de 369.5 hm³/año de agua. ArcelorMittal, la siderúrgica más grande del mundo, explota cada año en México 100.5 hm³/año de agua, con lo que se llenarían 100 y medio estadios Azteca (el estadio más grande del país). Sus extracciones principales se realizan en el ejido Las Truchas, donde tiene su mayor mina a cielo abierto, y en su complejo siderúrgico ubicado en el Puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán. El agua se destina principalmente para la elaboración de acero. La magnitud de la extracción de este recurso natural se ve reflejada en los constantes reclamos ejidales que exigen la remediación de tierras afectadas por la minería y su contaminación, así como de pescadores.
En el caso de uso único para diferentes usos, se encuentran termoeléctricas, agroindustrias y constructoras, entre las que sobresale el megaproyecto turístico inmobiliario El Coyote Baja Resort, que posee 90 por ciento del agua del acuífero 0325 de La Paz, Baja California. En uso único para servicios hay principalmente grandes cadenas hoteleras como Quiroocan, con un volumen de 30.1 hm³/año de agua y varias empresas turísticas de este tipo en la Península de Yucatán. También se encuentra la empresa Acueducto Pánuco Al Norte, de capital mixto, con un volumen de 315.4 hm³/año, la cual se dedica al transporte de gas por gasoductos.
Deforestación y sequía en un cultivo en Estado de México. Foto: Cuartoscuro.
Para uso-único agrícola, por el que no pagan por la explotación, se emplea 48.7 por ciento de toda el agua concesionada a los Millonarios del Agua. Aunque se atribuye a los campesinos el gasto de agua, el sector privado tiene bastante cabida como la empresa Agroforestal Uumbal Chiapas Sapi, que explota 54.4 hm³/año de agua y cultiva y cosecha palma de aceite en Chiapas, Tabasco y Campeche, cultivo causante de la deforestación en el sureste. Y la empresa Agropecuaria La Norteñita, a la que se le han entregado 31.9 hm³/año de agua y es una de las principales productoras de manzana del país, tiene 74 por ciento de su volumen concesionado con una serie de irregularidades.
Además, tienen una tarifa preferencial de energía eléctrica ante la CFE y también se ha documentado que algunas empresas y personas físicas utilizan el agua de uso agrícola para otros usos. La extinta inmobiliaria Casas GEO adquirió concesiones de uso agrícola para urbanizar en Querétaro, Morelos, Estado de México y otros.
La investigación de la UAM también enfatiza personas físicas como José Manuel Tricio Cerro, quien cuenta con 3.8 hm³/año de agua al año a su nombre. Este personaje está relacionado con accionistas del Grupo Industrial Lala, acusada de sobreexplotar el agua de la Comarca Lagunera, debido a la compra de alfalfa que realiza para la alimentación de las vacas. Los grandes volúmenes de agua que se utilizan para ello han provocado que para uso doméstico se deba extraer agua de mantos acuíferos profundos con alto contenido en arsénico, ocasionado una gran incidencia de diferentes enfermedades, como cáncer y diabetes, entre los habitantes de la región.
En el Valle de México habrá recorte de agua hasta 2021 por escasez en el sistema Cutzamala. Foto: Cuartoscuro.
LOS “USOS-OTROS”
La Ley de Aguas Nacionales (1992) permite no solo que los usuarios puedan tener grandes volúmenes de agua en una concesión, sino también varias concesiones para distintos tipos de usos (usos-otros). Esta clasificación agrupa a 613 Millonarios del Agua, que suman un volumen de un millón 851 hm3 /año de agua concesionada, volumen que representa 14 por ciento del agua total concesionada a los millonarios del agua.
En el caso industrial-otros, destacan la minera Peñasquito, de la empresa canadiense Goldcorp, que explota un volumen de 50 hm³/año y que ha sido acusada de contaminar los cuerpos de agua de comunidades, en el municipio de Mazapil, Zacatecas. Bebidas Mundiales y Bepensa (del grupo FEMSA) que juntas explotan 21.9 hm³/ año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca-Cola. Si se suman los demás usuarios que forman parte de la familia Coca-Cola (Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo), el volumen concesionado es de 39.4 hm³/año. Este grupo ha sido denunciado por sobreexplotar los mantos acuíferos en Chiapas y Tlaxcala, y estar dejando sin agua a la población, dice la investigación de la UAM.
Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo industrial-otros. Gráfica: Millonarios del Agua, UAM, 2020.
En el caso de agrícola-otros, destacan la empresa exportadora de frutos rojos Berrymex (estadounidense), que explota en San Quintín, Baja California, 23.7 hm³/año de agua. Esta empresa agroindustrial fue la principal responsable en la región en el conflicto con los jornaleros y sus trabajadores por los bajos salarios otorgados y precarias condiciones de vida, las cuales incluían carencia de servicios de agua potable y drenaje. El agotamiento de los acuíferos de San Quintín obligó a la empresa a instalar una planta desaladora de agua. Otras de las agroindustrias que tienen presencia sobre estos acuíferos sobreexplotados son Agro Industrias Vigor y la enorme productora de semillas a nivel mundial ahora perteneciente a Bayer, Seminis Vegetable Seeds Mexicana.
En uso agrícola-otros, los datos analizados por los investigadores también detectaron a la empresa exportadora de tomates cherry NatureSweet Invernaderos, con 12.5 hm³/año de agua (también estadounidense) y a a empresa biotecnológica Enerall, que explota un volumen de 12.9 millones de m³ de los mantos acuíferos de Yucatán cada año, en las reservas de agua dulce más importante del país y cuyo fundador es Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de México, cuya compañía fue investigada por periodistas en 2018 por destruir un cenote en la Riviera Maya.
Millonarios del Agua usuarios con mayor volumen de agua de tipo agrícola-otros. Gráfica: Millonarios del Agua, UAM, 2020.
La empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, acusada de contaminar grandes volúmenes de agua, tiene concesionados 53 hm³/año, donde el 61 por ciento de esa agua es para uso industrial y 39 por ciento para diferentes usos, lo que los ha eximido de pagar en un porcentaje considerable la tarifa más alta que es la de uso industrial, en vez de la de diferentes usos que es una tarifa más baja.
Para usos mixtos, 16 Millonarios del Agua tienen concesiones con un volumen equivalente al 0.5 por ciento del total concesionado a los usuarios privados que tienen más de 1 hm3 /año de agua. Los usuarios que disponen de más agua para este tipo de usos son Bachoco, que explota 17.6 hm³/año de agua en 20 estados de la república, principalmente en Guanajuato, Sinaloa y Yucatán; cooperativa La Cruz Azul (Cementos Cruz Azul) con 3.7 hm³/año de agua y la multinacional Herdez, dedicada a la producción agroindustrial de alimentos con 2.2 hm³/año de agua.
Compartimos esta información de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México RAPAM – A 9 de diciembre de 2020
A nivel mundial los envenenamientos han pasado de 25 millones en 1990 a 385 millones hoy en día
En un estudio exhaustivo publicado hoy, científicos reportan que los envenenamientos por plaguicidas en el sector agrario han aumentado dramáticamente desde la última evaluación global hace 30 años. En base a una evaluación de datos de envenenamientos disponibles de países en todo el mundo, los investigadores concluyen que hay alrededor de 385 millones de casos de envenenamientos agudos cada año, frente a 25 millones de casos estimados en 1990.
Esto significa que alrededor del 44% de la población mundial que trabaja en el sector agrario – 860 millones campesinos y trabajadores agrícolas, son envenenados cada año.
La revisión sistemática de los envenenamientos agudos, no intencionales, por plaguicidas, fue publicada hoy en la revista arbitrada (revisada por pares), BMC Public Health. El artículo, titulado „La distribución global de envenenamientos agudos no intencionales por plaguicidas: Estimaciones basadas en una revisión sistemática”, es la primera estimación mundial de ese tipo desde 1990.
“Estos hallazgos destacan la urgencia de reducir y eliminar el uso de plaguicidas altamente peligrosos” dice Kristin Schafer, coordinadora de Pesticide Action Network (PAN) Internacional. “Estos pesticidas causan envenenamientos inaceptables a las personas que producen nuestros alimentos, pero también tienen efectos crónicos de salud como el cáncer e impactos ecológicos como el colapso de la biodiversidad. Hace mucho tiempo que se deberían haber tomado medidas a nivel mundial”.
El estudio revela que el numero mayor de casos no fatales de envenenamientos se da en el sur de Asia seguido del sudeste asiático y el este de África. La incidencia nacional más alta se registró en Burkina Faso, donde casi el 84% de los campesinos o trabajadores agrícolas sufren envenenamientos agudos no intencionales por plaguicidas.
Se estima que el total mundial de fatalidades por envenenamientos agudos, no intencionales por plaguicidas, resulta en 11.000 muertes anuales. Casi 60% de ellas acontecen en un solo país, la India, indicando problemas serios con el uso de pesticidas, según los investigadores.
“Los envenenamientos por plaguicidas constituyen una crisis de salud pública, que debe ser abordada” afirma Sarojeni Rengam, Director Ejecutivo de PAN Asia Pacífico. “más allá de los sufrimientos inmediatos, los envenenamientos reflejan también una exposición que causa problemas de salud crónicos a largo plazo. Es chocante y vergonzoso que este problema haya empeorado en lugar de mejorar en los últimos 30 años”.
Los autores del nuevo estudio realizaron una revisión sistemática de la literatura científica publicada entre 2006 y 2018, seleccionando un total de 157 trabajos después de evaluar más de 800 trabajos para determinar su elegibilidad de acuerdo con criterios establecidos, y datos adicionales de la base de datos de la OMS sobre las causas de muerte.
Los datos abarcan 141 países en total. La mayoría de los estudios se enfocan en los envenenamientos ocupacionales, en particular de los agricultores y los trabajadores agrícolas.
“Reconocemos que hay limitaciones en los datos sobre envenenamientos por plaguicidas”, señala Javier Souza, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas en América Latina RAP-AL. “Sin embargo este estudio muestra claramente que se trata de un problema grave y global que requiere acciones inmediatas. Plaguicidas altamente peligrosos deben ser eliminados progresivamente hasta 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible mundiales y debemos cambiar hacia sistemas más sanos y resilientes como la agroecología».
El número estimado de envenenamientos mundiales no mortales, no intencionales, por plaguicidas en el presente estudio, es significativamente mayor que las estimaciones anteriores. Esto se debe en parte a que el estudio actual abarca un mayor número de países, y también a que ha habido un aumento del 81% en el uso de plaguicidas desde 1990 (se estima que en 2017 se utilizaron 4.1 millones toneladas de plaguicidas en todo el mundo). Los investigadores apuntan a la falta de información para explicar las estimaciones relativamente bajas de casos mortales.
El subregistro también es un problema para los envenenamientos por plaguicidas en general, ya que muchos sistemas de presentación de informes de países específicos carecen de un punto central de información o de un mecanismo jurídico que exija la presentación de informes sobre incidentes.
Los autores concluyen que la pesada carga que suponen los envenenamientos no intencionados y no mortales por plaguicidas, en particular para los agricultores y los trabajadores agrícolas, pone de relieve el sesgo de las políticas actuales, que se centran únicamente en las muertes, y la necesidad de abordar más seriamente el problema general de del envenenamiento por plaguicidas en las políticas y reglamentos internacionales y nacionales.
Nota para los periodistas: Si bien este estudio no abarca los suicidios por envenenamiento con pesticidas, se estima que 14 millones de personas han muerto por suicidio utilizando plaguicidas desde la Revolución Verde en la década del 1960. En un reciente examen sistemático de los datos sobre suicidios de 2006 a 2015, que este estudio no abarcó, se determinó que los plaguicidas representaban entre el 14 y el 20% de los suicidios a nivel mundial, lo que provocó entre 110.000 y 168.000 muertes anuales durante el período 2010-2014.
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Contactos de prensa:
Ahna Kruzic, PAN North America, ahna@panna.org, 510 927 5379
Pesticide Action Network International (PAN) es una red de más de 600 organizaciones no gubernamentales, instituciones y personas participantes en más de 90 países que trabajan para sustituir el uso de plaguicidas peligrosos por alternativas ecológicamente racionales y socialmente justas. PAN fue fundada en 1982 y cuenta con cinco Centros Regionales independientes y colaborativos que implementan sus proyectos y campañas. Se puede encontrar más información en http://pan-international.org.
El pasado 2 de diciembre, funcionarios del estado de Chiapas asistieron a una asamblea con comuneros y autoridades de los Bienes Comunales del municipio de San Juan Cancuc para tratar de convencerles acerca de la construcción de la denominada “carretera de las culturas”.
Con la presencia del presidente municipal, José López y el coordinador de delegaciones de la Secretaría de Obras Públicas del estado, Mauricio Alejandro Gutiérrez Astudillo, los funcionarios abundaron en los supuestos beneficios que traería la obra carretera, la cual forma parte de un proyecto para conectar la costa de Chiapas, desde el municipio de Pijijiapan hasta Palenque, donde se enlazaría con una estación del llamado “tren maya”.
Los funcionarios también prometieron inversión para mantenimiento de los caminos en la cabecera municipal, lo cual fue interpretado por los asistentes como condicionamiento para aprobar la “carretera de las culturas”
Representantes de las comunidades tzeltales de Cancuc escuchan las palabras de los funcionarios del estado.
Integrantes del Modevite presentes en la asamblea en Cancuc. También sumaron su voz al rechazo del mega proyecto carretero.El presidente municipal de Cancuc aprovechó su intervención para hablar de la “derrama económica” que traerá la construcción de la obra carretera.
Sin embargo, representantes de las comunidades tzeltales de 45 comunidades pertenecientes al municipio de Cancuc, así como integrantes de otros seis municipios adheridos al Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) reiteraron su rechazo al proyecto carretero.
Compartimos este boletín de prensa del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, Acción Colectiva Socioambiental y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados REMA por la Minería – A 8 de diciembre de 2020
Tribunal Federal declara la nulidad delProyecto Chemours Laguna
Luego de más de tres años de un sinuoso litigio planteado por habitantes de las comunidades afectadas, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó sentencia en la que declaró, por unanimidad de votos, la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna.
El Proyecto de la empresa ”The Chemours Company” comprende la instalación y operación de una planta química dedicada a la producción de 65,000 toneladas de Cianuro de Sodio al año para abastecer a la industria minera mexicana. El cianuro de sodio es uno de los venenos más potentes del mundo y genera daños irreversibles a la salud y al medio ambiente y su producción, frente a comunidad de “El Siete Pueblo Nuevo” del municipio de Gómez Palacio en el Estado de Durango, podría afectar los ecosistemas circundantes, poner en riesgo a las poblaciones vecinas y a la Comarca Lagunera en su conjunto.
El 2 de marzo del 2017, luego de no ser bienvenidos en el municipio de Salamanca en Guanajuato y mientras aún intentaban obtener la autorización para su proyecto “Chemours San Luis”, en el municipio de San Luis de la Paz, también en Guanajuato y donde tampoco fueron bienvenidos, The Chemours Company presentó ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) la solicitud de autorización para la realización de las obras y las actividades contempladas en su Proyecto “Chemours Laguna”.
Ha sido y es nuestra opinión, sin embargo, que la autorización de fecha 8 de mayo de 2017, contenida en el Oficio Nº SGPA/DGIRA/DG03273, nunca debió concederse ya que la Manifestación de Impacto Ambiental presentada por The Chemours Company contiene múltiples irregularidades que incumplen con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) pues presenta información inconsistente, incompleta, omisa y, en consecuencia, falsa, con relación a los impactos ambientales, a los documentos y a las fuentes consultadas, así como a los riesgos a la salud pública.
Por ello, el 22 de agosto del 2017, un grupo de ciudadanas y ciudadanos que resultarían afectados por el Proyecto “Chemours Laguna” acudieron ante el TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA a demandar la nulidad de la autorización, ya que al incumplir con lo que establece la LGEEPA y con diversos instrumentos de política ambiental que la misma ley regula, la autorización viola el derecho humano a un medio ambiente sano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales en los que el Estado mexicano es Parte.
Para arribar a su determinación, al Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) le fue suficiente el análisis de sólo uno de los diez conceptos de impugnación consignados en la demanda, consistente en la ausencia de información sobre la denominada “Terminal” en la que sería recibido, descargado y almacenado el amoníaco que se utiliza como insumo para la producción del cianuro.
De acuerdo con la sentencia, el concepto de impugnación analizado resultó fundado toda vez que la falta de información impidió que la autoridad realizará una valoración de riesgo basada en datos apegados a la realidad y que se tomarán las medidas necesarias evitar daños ambientales.
En virtud de lo anterior, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) consideró procedente declarar la nulidad de la resolución de la SEMARNAT que autoriza el Proyecto Chemours Laguna para el efecto de que la autoridad le solicite a la empresa las aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones necesarias para conocer el impacto ambiental real que generará su proyecto y, con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que la analice, evalúe y determine si concede o no la autorización del Proyecto.
En esencia, esta resolución nos devuelve a marzo del 2017 y coloca al Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio, en una mejor posición para combatir, desde el inicio, al Proyecto Chemours Laguna.
8 de diciembre del 2020, Goméz Palacio, Durango
!FUERA CHEMOURS DE NUESTROS TERRITORIOS¡
Firma
Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Acción Colectiva Socioambiental
Más información en:Correo electrónico: informacionacolectiva@gmail,com Tfno. 4772755124
Imagen: Verónica Salinas – Diario El Sol de la Laguna
Compartimos este artículo publicado en Chiapas Paralelo sobre el Tren Maya – A 30 de noviembre de 2020
La construcción del Tren Maya va dejando una estela a su paso: “daños colaterales” que impactan vidas y comunidades. Desde caminos de paso que ya no van a existir, flora y fauna que perderá su sitio y su equilibrio; casas derrumbadas, poblados divididos, “indemnizaciones” cuestionables, incertidumbre; afectaciones que van sumando
Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo
PALENQUE, CHIAPAS. El “derecho de vía” se convirtió en las palabras más temidas para los pobladores que se asientan a lo largo de los 232 kilómetros de lo que se conoce como el Primer Tramo del Tren Maya. Esas palabras van dejando una estela a su paso.
Para Maria Antonia Vázquez y su esposo, dos ancianos de más de 60 años, esas palabras significaron no solo que las tuberías de agua que abastecen su casa quedaron colapsadas cuando una máquina excavadora las rompió, y que ahora montones de tierra dificultan la salida de su vivienda ubicada en el Ejido Guadalupe, ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad de Palenque.
Esas palabras significaron también que la pared principal de su vivienda va a ser derribada, que van a perder una parte de su cocina, que el baño y la fosa séptica desaparecerán. Porque, técnicamente, la vivienda que habitan desde hace más de dos décadas, quedaron dentro del “derecho de vía” del tren, un derecho que pasa sobre sus propios derechos.
Ahora, cuenta Maria Antonia, no duermen pensando que “el dinero que el ingeniero dijo nos iban a pagar para poder construir nuestra casa en otro lugar no ha llegado. Y en cualquier momento las máquinas pueden pasar y tirarnos todo esto”.
La anciana y su esposo no cuentan con ningún documento que les permita tener certeza que van a ser indemnizados, porque en estos lugares el Despacho Barrientos y Asociados, -empresa contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para “liberar el derecho de vía”, mediante la adquisición o desocupación de los terrenos que se requieren para las obras del Tren Maya, solo ha hecho acuerdos “de palabra”. Y quienes sí han firmado algún acuerdo indemnizatorio no han recibido comprobante alguno.
Desde junio pasado en el que iniciaron las obras, María Antonia y sus vecinos se levantan con la misma incertidumbre, escuchando como máquinas excavadoras van derribando árboles y cualquier obstáculo de lo que el gobierno de México presenta como un proyecto que “va a detonar el crecimiento económico y desarrollo social”.
Para Gregori Mendoza Mendoza, un indígena de la etnia cho´ol, el “derecho de vía” no sólo le quitó algunos metros del lugar donde se ubica su vivienda. Ahora él y su familia podrían perder su casa completa, porque una parte del ejido quedará en un extremo de donde se espera pase el Tren Maya, a una velocidad de 160 kilómetros por hora.
Esto implica que para que los pobladores puedan cruzar de un lado a otro, se construiría un puente a desnivel, que pasaría justo donde está su casa.
“El ingeniero nos enseñó un plano, dijo que el puente pasará 18 metros dentro del terreno donde está mi casa. Después de eso no nos han dicho nada más, no nos han explicado nada, pero mi familia y yo ya no estamos en paz”, explica mientras afuera de su casa se estacionan excavadoras y camiones que van sacando miles de toneladas de tierra.
Lo que sucede con Gregori Mendoza y su familia son lo que las autoridades llaman “daños colaterales”, de los que no habla claramente en esta obra.
Los mismos daños serán para miles de campesinos y propietarios de ganado, porque al levantar cercas o muros a lo largo de la ruta del tren, quedarán cortados los caminos de tránsito de los animales que les dan sustento.
Homero Cambrano, de la Ranchería San Marcos, recuerda que él fue una de las personas que tomó a bien el proyecto del Tren Maya. “Yo les decía que esto iba a ser para bien de la comunidad, pero ahora ya no pienso lo mismo”.
“Ahorita quieren que nosotros busquemos caminos alternos, porque va a pasar el Tren Maya, ya se metieron con las obras y nos cortaron los pasos. Si no tenemos paso para movilizar ganado, hay que recorrer al menos kilómetro y medio para cruzarlo de un corral a otro”.
También, explica que estos “cortes de los pasos” afectan a “armadillos, monos, iguanas, y hasta las culebras” que tenían su hábitat establecido. “¿Pensará esta gente que también los animales van a cruzar por los puentes?”, se cuestiona.
La señora María Antonia Vázquez y su esposo en su hogar ubicado en el Ejido Guadalupe / Foto: Ángeles Mariscal
El precio de la tierra
José Luis León es el coordinador del proyecto del Tramo 1 del Tren Maya; él es encargado del Despacho Barrientos y Asociados para “liberar el derecho de vía”, que va de Palenque a Escárcega-Campeche. En la zona lo conocen como “el ingeniero”.
Para él, las obras van avanzando “conforme a derecho (…) prácticamente sin ningún obstáculo, sin mayor contratiempo”. Es el encargado de negociar con los habitantes de los ejidos Guadalupe, Chakamax, Estrella de Belén y El Jibarito en Chiapas; y con alrededor de 200 propietarios en este mismo estado.
También con los ejidos Pénjamo, Reforma Independencia, Tenosique 3ª Sección, El Águila, El Último Esfuerzo y Barí, en Tabasco; y El Naranjito, Candelaria, Pejelarto, entre otros de Campeche.
Su percepción sobre el proceso que encabeza, es distinta a la de los ejidatarios de Guadalupe. Los ejidatarios, por ejemplo, calculan que por esta obra perderán unas 10 hectáreas de sus tierras, y que el metro cuadrado de esta tierra vale unos 200 pesos. Por tanto, piden, además de reparar los “daños colaterales”, una indemnización justa por la pérdida de esos terrenos.
El tono de las negociaciones que encabeza, se puso sobre la mesa en la asamblea ejidal del pasado 22 de noviembre. Ahí, Doris Ethel de Atocha Cámara Sánchez, quien se presenta como “la encargada de darle seguimiento a la parte social” por parte de FONATUR, les dijo a los campesinos que no tienen ningún derecho sobre esta tierra, porque las vías del tren se construyeron antes que el poblado quedará registrado ante el Registro Agrario, y que cualquier pago que se les de es ante todo un acto de consideración.
“Primero fue Ferrocarriles (en llegar a la zona hace más de 40 años), mientras que su poblado fue registrado legalmente hasta 1996. Entonces, no se tendría porque indemnizar el ejido; pero, porque el presidente hizo una promesa al sureste, de apoyar para que salieran del rezago, se va a dar este apoyo al ejido”, les dijo durante la reunión.
El “apoyo” al ejido, explicó, es que sólo se va a reconocer una afectación por las obras del Tren maya, de poco más de 3 hectáreas, cuyo valor oficial asignado es de 12 pesos el metro cuadrado, “pero, por ser una situación especial, se les pagará a 32 pesos el metro cuadrado”, explicaron los funcionarios del Fonatur y del Despacho Barrientos y Asociados.
José Luis León, justifica el avalúo que hacen de esta tierra ubicada en uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, señalando que el precio se da “en base a un avalúo que entregó Fonatur, y que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). Los valores no los ponemos nosotros, lo hizo un especialista en la materia, no podemos hacer pagos que no estén avalados por la institución encargada. Son avalúos comerciales, porque aquí hay terrenos que valen 8 pesos el metro cuadrado”.
Ángel Palomeque de la Cruz, uno de los ejidatarios que también perdió parte de su vivienda por este proyecto, explica por qué el avalúo que tienen sobre sus terrenos, es injusto: “aquí, a 500 metros del ejido, el precio al que podemos adquirir un nuevo solar de 200 metros cuadrados, es de 80 mil a 100 pesos; es decir, cada metro cuadrado vale 400 pesos. ¿Por qué entonces a nosotros nos lo quieren pagar a 12 pesos, o a 32 pesos? ¿Acaso valemos menos? ¿Con ese dinero qué vamos a poder comprar?”, se pregunta.
Habitantes de la colonia Los Olvidados protestan con una manta contra el desplazamiento forzado que provocará el Tren Maya / Foto: Ángeles Mariscal
La incertidumbre
Los habitantes del ejido Guadalupe no son los únicos que en estos primeros kilómetros, han cuestionado el impacto que va dejando el Tren Maya. Sólo en la puerta de entrada del primer tramo, entre el kilómetro cero y seis, se ubica el Barrio Los Olvidados, que según el diagnóstico del portal MarketDataMéxico Inteligencia Comercial, “tiene un output económico estimado en 260 millones anuales”.
“Adicionalmente, se estima que en la colonia laboran 800 personas, lo que eleva el total de residentes y trabajadores a 3,000. En la colonia Barrio Los Olvidados se registran unos 150 establecimientos comerciales en operación”, se detalla en la página web.
En una parte de este barrio se ubicará la primera estación del Tren Maya, y un número importante de familias deberán salir de ahí. Hasta el momento no tienen certeza de quiénes, la información no ha sido clara ni transparente para ellos. José Luis León está consciente de ello.
“La gente tiene la incertidumbre de saber qué va a pasar con ellos. El gobierno federal está haciendo el diagnóstico para poderles dar una alternativa de solución, llámese reubicación o llámese de alguna otra manera. Hay ahí personas que tienen casas, otras de madera o lámina…”. Explica que, por ahora, las obras ahí no han iniciado.
Sin embargo, los pobladores del Barrio Los Olvidados que se encuentran “el derecho de vía”, ya se vislumbraron como población desplazada, y han pedido insistentemente ser escuchados.
“Señor presidente AMLO, somos familias vulnerables y nos vimos en la necesidad de vivir en derecho de vía. Pedimos ser escuchados por usted, FONATUR es prepotencia e intimidación para echarnos”, explican en una lona que van desplegando en los eventos donde se congregan funcionarios públicos.
También piden ser escuchados los transportistas propietarios de camiones de carga de Palenque. Ellos, aseguran que una de las promesas del gobierno federal era darles trabajo desde el inicio de las obras, una promesa que no se ha concretado.
Elin Ramírez Betancur, representante de los camioneros, detalla que la mano de obra local ha sido ignorada, y las empresas que ganaron la licitación, han contratado a personas de otros estados.
Para contratar a los palencanos, explica, les impusieron su afiliación al sindicato CATEM, y establecieron el costo de su servicio en más del 70 por ciento menos que el precio comercial. Elin detalla que el pago por un flete de carga de material está valuado a en 2 mil 700 pesos, “y a nosotros nos lo quieren dar en 800 pesos”.
“Prácticamente el gobierno nos dejó en manos de la empresa Mota-Engil -quien obtuvo la licitación para la construcción de las obras del primer tramo-, y las autoridades no han querido escucharnos”, lamenta.
Las obras del Tren Maya en esta región iniciaron en junio pasado, en medio de la etapa más fuerte de la pandemia; a sólo cinco meses los impactos e inconformidad en las comunidades se van sumando.
Aún cuando apenas el 26 de noviembre pasado, el director general de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, insistió durante una conferencia con estudiantes, la versión de que “el Tren Maya generará nuevos escenarios de desarrollo (…) permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes”.
No hay coincidencia en esto. Lo que sucede entre quienes habitan los primeros kilómetros de la obra, es prueba de ello.
El pasado 20 de noviembre, se dio a conocer públicamente una carta de seis relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enviada al gobierno de México.
En ella señalan una serie de violaciones en contra de derechos humanos cometidas en contra de personas que habitan en la región por donde pasará el denominado Tren Maya.
Es imposible entender las configuraciones del sistema capitalista de los últimos años sin considerar el rol que cumplen las Empresas Transnacionales (ETN) en el proceso de acumulación de capital. Las ETN son actores centrales que lideran los procesos de expansión del capital, tanto a nivel territorial, como en todas las esferas de la vida en sociedad. Las políticas de liberalización del comercio y las inversiones, que incluyen nuevas normas en materias de servicios, compras públicas, propiedad intelectual, así como los regímenes de solución de controversias incorporados en los tratados de libre comercio y en los tratados bilaterales de inversiones, han sido diseñados para promover y proteger los intereses de las ETN. Por ello, es necesario entender cómo opera la arquitectura de la impunidad que las beneficia y permite que no tengan que rendir cuentas por sus violaciones de derechos humanos, ambientales y de los pueblos, para comprender cómo imponen la primacía de sus intereses, por ejemplo a través de agendas políticas y comerciales.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) mapeó a lo largo de la región distintos casos en los que las ETN intentaron -o lograron- imponer sus intereses generando y/o exacerbando las crisis sistémicas, violando o vulnerando los derechos de los pueblos, destruyendo los territorios y medios de sustento.
Este trabajo se confeccionó con casos propuestos por los grupos miembro de ATALC, que denuncian el accionar y las violaciones de derechos perpetradas por las ETN, a partir de sus experiencias de lucha territorial y en defensa de los derechos de los pueblos. Los casos son mencionados en el segundo capítulo del informe, donde se caracterizan los distintos sectores en los que operan las ETN, y serán desarrollados en una serie de podcast producidos por Radio Mundo Real.
El mapeo no pretende ser exhaustivo, pero sí brindar una caracterización fundamentada sobre el papel y la actuación de las ETN en la región y la ofensiva que ejercen en los territorios y sociedades contra los derechos de las clases populares, los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y las mujeres. A la vez, se describen los esfuerzos por parte de los pueblos afectados por rechazar y resistir las imposiciones corporativas.
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de diciembre de 2020
Una reciente nota periodística que forma parte de la campaña publicitaria de la empresa canadiense Alamos Gold anuncia que la “inversión minera” en Tetlama sigue vigente(https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/vigente-la-inversion-minera-en-tetlama-6075356.html). Como bien se sabe, las empresas de minería depredadora utilizan la desinformaciónpara imponer sus proyectos de despojo, a menudo con el apoyo de “periodistas” bajo pago,como elemento clave para encubrir sus intereses económicos disfrazándolos de una supuesta “preocupación por el bienestar de las comunidades”.
Tampoco es raro que las empresas extractivistasutilicen personal que trabajó en instituciones públicas para aprovechar lo que aprendieron trabajando enel gobierno, a fin de incorporar a sus estrategias de manipulación el conocimiento de cómo operan las dependencias oficiales, en una conocida maniobraque se llamaen todo el mundo“la puerta giratoria”, donde un día el empleado está en el gobierno y al otro día se pasa a la iniciativa privada que le paga mejor para vender el conocimiento que adquirió como “funcionario público”.
Como muchas otras empresas de su tipo, Alamos Gold y los empleados mexicanos al servicio de sus intereses, que son siempre ajenos al bienestar de las comunidades, se presentan como damas de la caridad que llegan a salvar de la miseria a los pobres campesinos, cuando es la propiamiseria moral de esas empresas y sus empleados la que queda de manifiesto. Como en tantas otras cosas, laspromesas vienen primero y al cabo de unos cuantos años llega el abandono, la enfermedad y la muerte, pero para entonces los saqueadores y sus sirvientes nacionales se habrán ido.
Ninguna de esas personas se queda a vivir en los desiertos que dejan a su paso. Hay que ir no lejos, por ejemplo,a Carrizalillo en Guerrero, para ver ese futuro y no creer esas mentiras pagadas porla empresa. ¿O irán esos empresarios y sus sirvientesa establecerse con su familia en una residencia edificada al fondo de alguno de los cráteres de muerte que dejan, para dar de beber a sus hijos el agua ácida y contaminada, paradarles a respirar el aire que ensucian con diminutas partículas de metales pesados, que son el verdadero pago que entregan a las comunidades, y eso por no contar la estela de conflictos internos, de violencia, de sufrimiento y desesperanza que estas empresas construyen, mientras construyen al mismotiempo sus patios de lixiviados y amontonan sus nuevos cerros de desechostóxicos?
Y así, les queda de maravilla que falte agua en las comunidades, que no exista suficiente cobertura médica,ni educativa, o que otros muchos servicios públicos sean escasos o nulos, porque esas deficiencias gubernamentales serán usadas para engatusar a las poblaciones, tal como hacen a menudo los partidos políticos. Ahora resulta que la empresase muestra muy preocupada por limpiar un pozo de agua de Tetlama, y sí, porque está siempre preocupada por el oro y los otros mineralesde los que ya calculó la ganancia, preocupada por el precio internacional de las onzas del oroque pretende extraer del subsuelo de nuestra patria, minerales que no verán jamás los habitantes deTetlama y de otras numerosas comunidades, lasque viven con la amenaza de los efectos del despojo que se anuncia como “beneficio”.
Alamos Gold casi estáexigiendo el Premio Nobel de la Paz por su caridad. Anuncia que “entre los trabajos que se mantienen están los de vinculación y apoyos a la comunidad a través del trabajo social con grupos específicos”, y claro, siempre con la mira puesta en“la neta”: los miles de millones de pesos que pretende obtener de la miseria de nuestro campesinado, de modo que encuentra que la Covid-19 le queda “como anillo al dedo”. Y por eso promete “mil 500 empleos directos y unos 6 mil indirectos, contribuyendo con ello a la recuperación económica del estado”. Como si el despojo recuperara la economía de los territorios. La lengua es tan larga como la desvergüeza.
Es cosa de pasear un poco, de hacer una gira tóxica por los lugares a dondeestas empresas llegan, despojan y luego se van forradas de billetes: vamos a la mina de Mulatos, en Sonora, donde Alamos Gold expulsó a los pobladores con las mismas ofertas, con empleos precarios y temporales en los niveles salariales más bajos. O platiquemos en Guerrero con los padres de familia que han recibido dinero por rentar unas tierras que ahora son agujeroscontaminados, y quienes con ese dinero no recuperarán jamás su salud, ni se quitarán de encima el cáncer, la insuficiencia renal y las malformaciones congénitas que las empresas brindarán con los añosgenerosamente, como parte de sus apoyos y su vinculación.
La canadiense AlamosGold a través de su empresa “Esperanza Silver”, así como sus sirvientes nacionales, en efecto,tienen mucha esperanza en sacar el “gold” y el “silver”de nuestro subsuelo. Para eso están las migajas que ofrecen. Es decir, el cebo de la trampa, la carnada para esconder el anzuelo: esas migajasse llaman “personal técnico”, “equipo especializado”, “transformador de energía eléctrica”, “campañas de apoyo directo a la población”, “dotación de apoyos visuales”, “becas para estudiantes”.
Vaya, la empresa, llena de misericordia, con esos tremendos gestos de desprendimiento, de caridad, está copiando a los políticos en campaña, y de paso usurpando las funciones del gobierno del estado y sus dependencias, con verdades a medias, porque sí tienen personal técnico y equipo especializado, lo tenemos que reconocer, pero para presionar a funcionarios, comprar a la prensa y dividir a las comunidades, y sí transforman la energía positiva en negativa, y sí tienen campañas, pero de apoyo directo a sus planes de despojo, y sí dotan de apoyospara problemas visuales, pero no para ver, sino para no ver.
Y por si faltara lengua, el servicial vocero técnico del despojo declaraal reportero que se consiguió: “esta labor de apoyo a la comunidad forma parte de un modelo empresarial que tiene sus bases en un Nuevo Modelo de Minería Social y Ambientalmente Responsable, en donde nuestras prioridades son el trabajo con la comunidad y el respeto al medioambiente”. Al parecer el empleado no entiende lo que dice, ni el reportero tampocoentendió el mensaje, no: la prioridad es otra, porque ese modelito es la mismagata pero revolcada, puesde acuerdo con “los parámetros trazados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas”que llenan laboca del muy entendido vocero del despojo, para llegar efectivamente en la agenda al recalentado 2030, el modelo se llama,por sus siglas,oficialmente,MEI-SAD-DCE, es decir, Modelo Extractivo Intensivo, Social y Ambientalmente Depredador, cuyas prioridades son el Despojo de la Comunidad y el Ecocidio.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
