Modelo extractivo

¿Por qué nos oponemos al Tren Maya?

Publicada el 29/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este artículo de opinión publicado en El Heraldo de México sobre el proyecto del Tren Maya – A 22 de julio de 2020

Por Marco Antonio Ortiz Salas*

Lo preocupante del Tren Maya es la insistencia del Estado en negarse a evaluar de manera integral el impacto socio ambiental

Los programas y obras insignes de la cuarta transformación han sido duramente criticados, a veces por la falta de resultados a pesar de las cifras oficiales y veces por los daños ambientales, culturales y sociales que provocarán a las comunidades. Tanto en el Tren Maya cómo en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía se han tratado de minimizar las diversas afectaciones que consigo acarrean, de las que sin duda las ambientales son las que generan mayor preocupación.

Reiteradamente se dice que la causa de la pobreza, marginación y desigualdad en México es por el “modelo neoliberal” del que todos (incluido el presidente) alardean, sin embargo, lo que no se plantea desde el ejecutivo es que el desarrollo de sus megaproyectos son desde una óptica económica y social contraria a la sustentabilidad. La construcción del Tren Maya ocupa mayor atención ya que seguramente alcanzará otras esferas del derecho internacional, no sólo porque viola gravemente los derechos humanos de los habitantes de la zona que verán trasgredida su autonomía y, cómo ha sido una constante en este gobierno, no tendrán acceso a la información necesaria que les permita saber el grado de afectación. Por si fuera poco, dejarán de tener el acceso ancestral a los recursos naturales que representan la mayor parte de lo que para ellos es su identidad.

Los intereses del capital, los grandes depredadores siempre menosprecian al medio ambiente. Aquí en México la contaminación del aire y del agua, la deforestación, así como la erosión indiscriminada han alcanzado los niveles más alarmantes de los que se tenga memoria. Ahí radica nuestra preocupación sobre el Tren Maya porque su justificación sólo se basa en un discurso demagógico que aduce al crecimiento económico, la creación de empleos, el desarrollo sostenible de cinco Estados, el fin de la tala clandestina e ilegal y la protección al medio ambiente. Sin embargo, no se ahonda en datos de suma importancia que deberían estar plasmados en la manifestación de impacto ambiental o en el proyecto ejecutivo. Situación similar se vivió en la administración de Enrique Peña Nieto en la que, tras las denuncias de organizaciones campesinas y ecologistas, se logró tener acceso al proyecto ejecutivo en el que se constató la enorme corrupción ligada a la construcción del NAICM, lo que provocó un largo enfrentamiento social y jurídico que demostró las afectaciones ambientales y las violaciones a los derechos de los campesinos de la zona.

Por eso es muy grave el problema ambiental y el desdén de las autoridades ambientales y de gobernación, porque más allá del aprovechamiento de las líneas ferroviarias existentes, que por supuesto es correcto, lo preocupante del Tren Maya es la insistencia del Estado en negarse a evaluar de manera integral el impacto socio ambiental, pues no se consideran algunas de las afectaciones que se generarán cómo la contaminación al acuífero de Yucatán, la deforestación, la extinción de la flora y la fauna y la fragmentación de los ecosistemas a pesar de su enorme riqueza biocultural. Cualquier estudio ambiental riguroso advertiría sobre la reducción significativa de los suelos de conservación ecológica y de las áreas naturales protegidas o la aceleración en los cambios de uso de suelo a nivel estatal y municipal. Por cierto, resultaría interesante saber si la 4T ha analizado si los 50 municipios que atravesará el Tren Maya cuentan con la infraestructura para hacer frente a este proyecto. La respuesta es anticipada: ni siquiera han sido tomados en cuenta. Y socialmente hay que mencionarlo cómo es: el Tren Maya fomentará la desigualdad y contribuirá a la división en las comunidades pues lejos de construir verdaderas estructuras de diálogo que deriven en el consentimiento de las mayorías, se ha optado por maquillar consultas en las que la respuesta se conoce desde antes. ¿En qué democracia se recurre a simular consultas cuando se tiene la oportunidad de generar los consensos necesarios para legitimar una obra de este alcance? Un gobierno que se dice de izquierda, no legitima sus megaproyectos con una consulta amañada, se legitima con la inclusión de todas las voces, a pesar de que haya quienes estén en contra.

En fin, manifestarnos en contra de la construcción del Tren Maya no es a partir de una posición beligerante como quieren hacerlo ver. Esas posturas sólo tienen cabida en BOA o FRENAA. Nosotros nos oponemos al atentado en contra de las comunidades indígenas y campesinas, al ecocidio que se pretende llevar a cabo, al desplazamiento forzado del que seguramente serán presa nuestros hermanos indígenas. Si López Obrador contara con el más mínimo sentido de humildad buscaría acercarse a la totalidad de los sectores, incluso con el EZLN pues no habría mejor señal de voluntad política que el mandatario nombrara una comisión de funcionarios con absoluta credibilidad que visite a los zapatistas, que inicien un diálogo permanente en el que se diriman las opiniones diversas. AMLO tiene una enorme puerta de acceso con el zapatismo llamada “diálogo” que pudiera darle cause a la solución de este conflicto y que además generaría condiciones para resolver las demandas pendientes desde los acuerdos de San Andrés. Quizá la 4T no encuentre forma humilde de acercarse al movimiento icónico alzado contra Salinas de Gortari en 1994, allá ellos, en cambio habemos quiénes contamos con la suficiente hermandad y solidaridad para iniciar una nueva realidad con los zapatistas y hacer frente a cualquier megaproyecto, empero aspiraríamos a que AMLO tome conciencia sobre la importancia de escuchar al EZLN y su enorme aportación a transformar la realidad de los indígenas. Eo haría que valga la pena tanto esfuerzo para llegar a la presidencia.

*POR MARCO ANTONIO ORTÍZ SALAS
*SECRETARIO GENERAL DE LA COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, CODUC A.C.

Imagen: Alejandro Salvidar – La Jornada

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El juicio contra el maíz transgénico en México

Publicada el 28/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este artículo de opinión publicado en Contralínea sobre la lucha por defender las semillas nativas en México – A 18 de julio de 2020

Autor: Centro Vitoria *

Ya pasaron 7 años desde que 53 personas, muchas de ellas de 20 organizaciones defensoras del maíz, el ambiente, los derechos humanos, la salud, el arte y la ciencia independiente –comprometidas con la sociedad y la Naturaleza– y también en calidad de consumidoras de maíz, decidimos ejercer una novedosa acción jurídica emanada de la reforma constitucional de 2010 sobre Acciones Colectivas y su regulación en ley secundaria en 2011, vigente desde 2012.

Aquel 5 de julio de 2013, interpusimos una Demanda de Acción Colectiva contra la siembra del maíz transgénico en México, ante el Juzgado Federal 12 de Distrito en Materia Civil en el entonces Distrito Federal. Las demandadas fueron las Secretarías de Agricultura (Sagarpa, ahora Sader) –por haber otorgado los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz de tipo experimental y en programa piloto precomercial– y la de Medio Ambiente (Semarnat) –por sus dictámenes favorables a los permisos a pesar de contar con las opiniones contrarias del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). También demandamos a Monsanto, ahora Bayer, Dow AgroSciences, Syngenta y PHI-México filial de Pioneer-Dupont, ahora Corteva, empresas transnacionales beneficiarias de dichos permisos en nuestro país.

En septiembre de 2020 se cumplen siete años de la Medida Precautoria judicial que ordenó suspender los permisos de siembra del maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras dura el juicio, en cumplimiento de una sentencia previa del magistrado Marroquín Zaleta. Por supuesto, esta primera gran victoria ha sido combatida a la par de la propia Demanda Colectiva por las empresas y el gobierno federal a su servicio, que han compartido argumentos y ataques, obligándonos a atender más de 150 impugnaciones. Entre ésas, destacan los 26 juicios de amparo contra la Demanda y contra la Medida Precautoria, de los que sólo faltan cuatro por resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Medida Precautoria que prohíbe al gobierno dar permisos de siembra ha sufrido muchos embates, en dos ocasiones fue levantada y reinstalada gracias a la celeridad de los recursos de apelación interpuestos por el abogado principal de la Colectividad Demandante, René Sánchez Galindo. Sin embargo, en 2016, un magistrado redujo la amplitud de esa medida cautelar, al permitir las siembras entre una y 50 hectáreas, exclusivamente con fines de investigación científica, con medidas de contención y bajo vigilancia judicial y de los científicos demandantes, con la obligación para la Sader que informe mensualmente sobre el estado en que se encuentran los permisos, además debe proporcionar informes con análisis por cada cultivo, sobre los posibles impactos del herbicida glifosato a cargo de la Semarnat y de la Comisión Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A la fecha no se ha tramitado ninguna solicitud ni otorgado permiso alguno para ese tipo de siembra con fines científicos.

Ha sido un proceso laborioso y complejo, con recursos muy desiguales, obligando a un seguimiento cotidiano y ágil de todos esos actos jurídicos del gobierno federal y de las empresas en 19 tribunales distintos (incluso en fechas navideñas o de Semana Santa). Ha habido engaños por parte de las empresas demandadas que presentaron traducciones mutiladas de estudios científicos para resaltar sólo elementos a su favor; el gobierno federal ocultó información relevante, como los 89 casos de contaminación transgénica reconocidos por el INECC y los 130 del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Alimentaria (SENASICA), y ha litigado en favor de las corporaciones con recursos públicos, cuestión que denunciamos en 2014 como desvío de poder ante el Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México.

Desde finales de 2017 ha habido un vaivén entre el Tribunal Colegiado donde se hallaba la Medida Precautoria y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya Primera Sala decidió en 2018 atraer el caso de la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ésta fue impugnada por una transnacional, con respecto a las medidas precautorias que posibilitan “Cualquier otra medida que el juez considere pertinente dirigida a proteger los derechos e intereses de una colectividad”. Es decir, la industria cuestiona la facultad que tienen los jueces de dictar medidas cautelares que protejan la materia del juicio, así como la de aplicar el Principio de Precaución que estipula que “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente y de la diversidad biológica”. Este principio –reconocido en la Declaración de Río (1992), el Convenio de Diversidad Biológica (1993) y el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (2003), firmados por México– obliga los Estados a proteger frente a una duda razonable, es decir prever, prevenir y atacar en su fuente los riesgos y amenazas.

Así, a 7 años de haber lanzado la Demanda contra el maíz transgénico en México, nuestro futuro común sigue en el aire… La sentencia sobre la Demanda Colectiva y la Medida Precautoria tendrá implicaciones trascendentales para la gran Colectividad de Maíz, es decir para los más de 126 millones de personas que lo consumimos. La Demanda es de todos, es para defender los derechos que están en peligro: el acceso a la diversidad de maíces nativos y a un ambiente sano sin los cuales no pueden garantizarse nuestros derechos a una alimentación nutritiva, sana y segura, ni la protección de la salud. Sigue vigente nuestra petición de la Demanda: que la autoridad judicial federal declare que la liberación o siembra de maíces transgénicos daña el derecho humano a la diversidad de los maíces nativos de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud, los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios http://demandacolectivamaiz.mx/.

Ya es hora de que el gobierno mexicano asuma su obligación y responsabilidad de proteger integralmente el centro de origen y diversificación continua del maíz, desistiendo de litigar en favor de las corporaciones y aplicando cabalmente el Principio de Precaución en defensa del bien común.

Centro Vitoria*

*Escribe Catherine Marielle, Coordinadora General de Grupo de Estudios Ambientales, GEA, AC, e integrante de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, de la cual forma parte el CDHVitoria. Participaron en la revisión de este texto René Sanchez Galindo, Ana Ruiz Díaz, David Rivero Fragoso, Carlos A Ventura y Víctor Manuel Chima Ortíz

Imagen: David Manrique – Contralínea

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Foro virtual: No más Calentamiento, No más Guerra

Publicada el 24/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Les compartimos esta invitación para ver ese foro virtual este lunes 27 de julio del 2020

Del militarismo al extractivismo, pasando por la migración climática y la militarización de las fronteras, reunimos a panelistas de Estados Unidos, México y Filipinas, quienes nos expondrán los fuertes nexos entre el militarismo y el cambio climático en el mundo, y nos compartirán su apreciación sobre las iniciativas actuales para enfrentar los retos del clima, sus limitantes y las futuras oportunidades de cooperación global.

Lunes, 27 de julio del 2020
7:00 PM México

Este seminario está siendo presentado por el Institute for Policy Studies y co-patrocinada por The Leap, Climate Mobilization y la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

El seminario en línea se llevará a cabo en inglés y en español, y contará con interpretación simultánea en los dos idiomas.

22 de Julio: Día Internacional de Acción en Contra de la Minería

Publicada el 24/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de julio de 2020

Como todos los años desde el 2009, este 22 de julio los pueblos del mundo nos manifestamos en forma coordinada ante la devastación y desposesión provocadas por la ambición de los poseedores de capitales que imponen el extractivismo sobre nuestros territorios a lo largo y ancho del orbe. Más que considerarla una efeméride –como otras tantas en el “calendario ambiental”-, se trata de una fecha en que los movimientos en defensa del territorio denunciamos y ponemos al descubierto la complicidad entre gobiernos y capitales quienes lucran a costa de la salud, la vida y derechos de los pueblos. Es una denuncia y defensa que sostenemos a lo largo de los 365 días del año puesto que, cuando la vida está en juego, no hay espacio para bajar los brazos en una lucha profundamente asimétrica por la supervivencia.

El Día Internacional de Acción en Contra de la Minería tiene su origen en México, que se gesta en el contexto de la lucha contra el proyecto de extracción de oro por tajo a cielo abierto impulsado por Minera San Xavier -New Gold Incorporated de Canadá-. Este proyecto -al que ya se le denomina como el Museo Nacional del Ecocidio-, opera sobre los restos del despojo en las proximidades al Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí y, una vez que arrasaron con todo el territorio, incluyendo la vida comunitaria y el pueblo de quienes ahí habitaban, la empresa dio inicio a la fase de abandono, a la cual, la propia empresa denomina eufemísticamente como el “cierre de mina ejemplar”. La compañía Minera San Xavier deja tras de sí; un tajo de grandes dimensiones, una montaña de pasivos ambientales sobresaliendo sulfatos y metales pesados; otra montaña de óxidos residuales ya lixiviados; pérdida de especies de flora y fauna locales; la destrucción total del cerro emblemático que dio origen al escudo de armas de San Luis Potosí; coloca en un riesgo severo el abasto de agua para la capital de San Luis Potosí, así como también ocasionó la contaminación de otras fuentes de agua que abastecen a pueblos circunvecinos, del mismo modo deja a la intemperie miles de toneladas de partículas de metales tóxicos que estarán suspendidas en el aire que son causal de un daño potencial para quienes habitan el valle de la metrópoli y pueblos contiguos; un historial de múltiples derrames de la presa de jales; del mismo modo que son parte de su historia las múltiples sentencias judiciales desacatadas por la empresa sin que tuviera sanciones por parte del gobierno. Igual sucede con la desatención a las graves afectaciones a la salud que ha generado y, por supuesto deja también una irreversible división comunitaria que fue creada por la empresa, así como el abandono de la región por desplazamiento forzado. En resumen, este proyecto es el mejor ejemplo del evidente contubernio que persiste entre el gobierno y las empresas.

El proyecto minero de Cerro de San Pedro es emblemático porque marcó la ruta del verdadero significado de la devastación de la minería a cielo abierto. Al día de hoy México se encuentra plagado de extremo a extremo por este tipo de proyectos, con aproximadamente 1,500 proyectos mineros operando, mismos que marcan un futuro sin retorno para quienes habitan esos territorios. Peor aún es que el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) constantemente se queja de la entrega desmedida del territorio nacional, al mismo tiempo que muestra su total complacencia al no mover un ápice su postura para cancelar las más de 25 mil concesiones mineras vigentes, al mismo tiempo que reiteradamente mencionan y se ufanan de ello, que NO entregarán más concesiones mineras, queriendo mostrar ante la opinión pública una falsa postura de que la 4T significa un cambio de fondo. Mentira, con las concesiones que ya estaban operando y las que se encuentran vigentes enfrentamos una debacle sin retorno, tal como lo hemos documentado desde hace más de 11 años en la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), En ese contexto, este gobierno se niega a detener y cambiar la política neoliberal del extractivismo minero.

En la temática minera –aunque no sólo en ese rubro-, el gobierno de la 4T es igual de decepcionante que sus antecesores, porque continúa de la mano de los grandes depredadores nacionales quienes, a pesar de los cientos de agravios que existen en su contra, no sólo NO LOS LLAMA a la rendición de cuentas, sino que les continúa entregando pedazos enteros de nuestro país. Los Larrea, Slim, Salinas Pliego, Bailléres, Romo, son una muestra fehaciente de que la impunidad continúa. Igual de deprimente es escuchar a este gobierno decir que en Canadá o en Estados Unidos la minería es responsable y ambientalmente correcta, porque con ese tipo de declaraciones sólo muestran el cinismo o la ignorancia para hacernos creer que, un llamado desde la Presidencia es suficiente para que las empresas extranjeras se “porten bien en México, tal como lo hacen en sus países”. De igual manera, es un insulto que se piense que el litio sea considerado como el petróleo blanco del futuro, porque muestra una visión cortoplacista y reduccionista que revela, entre otras cosas, un gran desconocimiento sobre las cadenas de valor asociadas al extractivismo que retroalimentan a las mal llamadas energías renovables, verdes, limpias o sustentables.

Es en ese sentido que nos parece absurdo que, desde la Secretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, a través del Subsecretario Julio Trujillo Segura, anuncie que harán modificaciones a las Normas Oficiales Mexicanas para impulsar al sector minero con el fin de iniciar la transición a energías “sustentables, limpias y renovables”. Es claro que SEMARNAT, aun con la auto-presunción de estar integrada por científicos especializados, actúan igual que el resto de los gobiernos del mundo, solamente afinando o “mejorando” reglas o procedimientos, los cuales, de antemano, más allá de si lo hacen bien o mal, ni siquiera se tiene capacidad instalada para supervisar si las empresas llevan a cabo los procesos que les “imponen” o peor aun, cuando el sector presiona políticamente -como sucedió con el tema del Glifosato, el cual, cuando la industria y el sector dominante presionaron, la SEMARNAT tuvo que “negociar” entre los daños a la salud y al ambiente ante la continuidad del uso del Glifosato–, está claro que la “ciencia” no les alcanzará para soportar la intimidación e influencia política de sectores empoderados.

Otro sinsentido, es que las empresas extractivas paguen impuestos cuando estos para nada subsanan el destrozo de la vida, el territorio y los bienes naturales. De nada sirve hablar todos los días en contra de la corrupción si ésta fluye cada vez con más fuerza en los territorios mineros. De nada sirve militarizar al país si la inseguridad en donde hay empresas mineras se incrementa. Por supuesto tampoco servirá una Ley Minera renovada, justa, con el goce de derechos humanos a plenitud, tal cual se pregona con el mal llamado derecho al consentimiento previo libre e informado, así como igualmente de infructuosa será la incorporación de los estándares internacionales más altos, porque simple y llanamente la verdadera vocación de la minería es la depredación de la vida y la continuidad del despojo.

La minería actual genera daños permanentes integrales y cancela el futuro de las próximas generaciones en donde se desarrolla.

Este día también es para recordar a nuestras y nuestros compañeros asesinados por y entre el contexto de las empresas mineras. Sirva también para recordar fraternalmente a las y los compañeros que han muerto en accidentes mineros por la negligencia de los empresarios sin que, a la fecha, ni gobierno, ni empresas hayan actuado para la reparación del dolor de miles de familias. Un abrazo fraterno a las familias de los compañeros fallecidos de Pasta de Conchos, quienes continúan con la esperanza de recuperar a sus hijos, esposos, hermanos, amigos y que el delincuente socioambiental del Sr. Larrea vaya a la cárcel. Abrazamos a todas las luchas del mundo que en este día refrendan su lucha cotidiana contra la actividad más depredadora del mundo, tan depredadora que es un sinsentido realizarla y una majadería intentar regularla.

Un abrazo especial y combativo para nuestras hermanas y hermanos de los Movimientos Sociales de Haití y República Dominicana, con quienes coincidimos plenamente cuando afirman que; “en el contexto del Covid-19 y ante las pretensiones de expansión de la actividad extractiva, lanzamos un grito para denunciar la manipulación de las empresas mineras, en complicidad con los gobiernos, quienes presentan a la actividad minera como una actividad esencial que dará solución para la recuperación económica que sufrimos, negando una vez más, la importancia del agua, de los árboles, de las reservas forestales, del patrimonio colectivo y la necesidad de poner la salud de los pueblos al centro de toda agenda política y toda estrategia de inversión”.

REMA refrenda su denuncia. La 4T salvaguarda la continuidad del modelo extractivo minero que ocasiona despojo y desplazamiento forzado, mata la vida y atenta de forma masiva contra los pueblos de México.

LA MINERÍA DEBE ESTAR PROHIBIDA EN MÉXICO Y EN EL MUNDO

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mina Peñasquito – Desinformémonos

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El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; otro componente para el despojo

Publicada el 23/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 17 de julio de 2020

El Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado (OPD), denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, da vida a todo el engranaje público y privado para la extracción, comercialización y distribución de los bienes naturales y comunes del territorio nacional hacia los mercados asiáticos y de otros continentes. Este OPD podrá celebrar cualquier tipo de acto jurídico o contrato para el “desarrollo” de la región del Istmo de Tehuantepec, y le otorga la capacidad de coadyuvancia con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para los procedimientos de “consulta” a los pueblos indígenas en la región.

El Decreto dota una esfera de atribuciones que permite el fomento de la transformación territorial en la región. Si bien esta región ha sido venerada por su posicionamiento global desde el régimen Porfirista, siempre fue un espejo de la realidad política que ha imperado en las distintas administraciones que enfatizan, en el valor comercial y su potencial para el “desarrollo global”, siempre a costa de los pueblos del Istmo.

Paradójicamente, los sueños de las élites económicas nacional y global, hasta la administración pasada no han logrado hacerse realidad, no obstante, hoy más que nunca, el gobierno actual y la autodenominada 4T, parece que harán todo lo posible por, finalmente, alcanzar el tan añorado sueño. Las luchas más recientes por la defensa del territorio del Istmo de Tehuantepec iniciaron cuando, a principios de año 2000, se anunció el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que implicaba nuevos megaproyectos para la región Sur-Sureste de México, tales como; represas, puertos, aeropuertos, tendido eléctrico, sistemas modernizados de telecomunicaciones como la fibra óptica, entre otras. Millones de dólares se invirtieron, a costa incluso, de la adquisición de deuda por parte de los países de la región, para mejorar la infraestructura al servicio de las inversiones que prometían arribar a la región. Sin embargo, la resistencia y la lucha de los pueblos contra los gobiernos del PAN y del PRI, impidieron que diversos megaproyectos no se llevaran a cabo, entre ellos, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no sin costos al respecto, ya que algunos de sus componentes han logrado imponerse, como sucede con los parques eólicos, los cuales, más allá de la supuesta energía que generan, han sido impuestos con los clásicos procedimientos y artimañas que, entre otras cosas, han y continúan ocasionando división comunitaria.

Este tipo de planes de desarrollo va emparentado con los procesos relacionados con la desregulación y la armonización y alineamiento de mecanismos, leyes, reglamentos, normas y procedimientos para el despojo. El decreto en si mismo significa la activación de toda la maquinaria legal, pero también la simulada y de coacción, como sucede por ejemplo con el tema de las consultas, en donde sin duda alguna, persiste, como antaño, una estrecha relación de contubernio entre el estado y el poder de las empresas y sus dueños que insisten en la comercialización global. De tal manera que, por ejemplo, la ley minera o los decretos para suprimir vedas en las cuencas hidrológicas que se dictan bajo el “interés público”, en realidad funcionan para establecer un mercado de concesiones que son entregadas al uso de privados, mientras en los pueblos, ejidos y comunidades agrarias -dueños de la tierra y los usufructuarios preferenciales de los bienes naturales dentro de su territorio-, aspiran a la visión decrépita, sumisa y alineada de varias instancias de gobierno quienes se supone debieran defenderlos, tal como sucede con el INPI -continuidad de la añeja política indigenista-, así como la envilecida procuraduría agraria, dos de las principales promotoras gubernamentales del despojo, aunque no las únicas.

Actualmente la región del Istmo es azotada por una nueva desgracia; el COVID-19 que no sólo se propaga rápidamente entre la población, mientras muestra el colapso del sistema de salud pública, sino además impone una condición de confinamiento que limita la movilidad organizativa. De la misma manera en el 2017 la región sufrió las consecuencias de sismos que los devastaron, al igual que muchas y muchos defensores del territorio y de los derechos colectivos, han sido criminalizados, asesinados o desaparecidos, sin que en ningún caso el gobierno apareciera de manera consistente sea para apoyar las emergencias o para acabar con la impunidad. Cada hecho profundiza los ataques contra el territorio, la comunalidad, la cohesión social, al mismo tiempo que debilita las estructuras productivas y económicas locales, que no son cosa menor porque, para los grandes capitales y el gobierno significa mejores condiciones para imponer el discurso del “progreso y desarrollo del sur sureste”, a partir de aprovechar el potencial regional para mejorar el flujo de mercancías y propiciar maquilas, fábricas o armadoras conectadas a otros segmentos de cadenas de valor, en donde el empleo como centro del discurso, se ofrece a cambio de la extracción de minerales y otros bienes naturales comunes, que varios pueblos indígenas de la región no están dispuesto a ceder al capital.

Para los anteriores gobiernos, para el actual y para los subsiguientes el Istmo no está pensado para el mejoramiento de su población, sino para fortalecer uno de los puntos nodales del capitalismo global; el flujo de mercancías del golfo al pacífico y viceversa, la extracción de bienes naturales relacionados con empresas maquiladoras de cadenas de valor, muchas de ellas relacionadas con la venta de servicios superfluos, pero también relacionados a la acumulación por desposesión y, sobre todo, que dan continuidad al proyecto neoliberal del saqueo en donde las mineras, las petroleras, la extracción y suministro de gas, el fracking, así como de la generación de energía para empresas y no para los pueblos, si no se les detiene, continuarán siendo la misma retórica de la ya conocida política neoliberal que hoy, desde el gobierno, se dice ha terminado, pero la cual, en los hechos, el proyecto de “El Corredor Interoceánico” muestra que estamos lejos de ello.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: La Jornada

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22 julio Día Mundial contra la Megaminería de tajo a cielo abierto

Publicada el 22/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Cada 22 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Megaminería de tajo a cielo abierto, la conmemoración de este año será dedicada a la defensa del Valle de Putaendo, Chile.

Te invitamos a que sigas la transmisión en vivo de este panel donde participaron integrantes de diferentes organizaciones de Chile, Argentina, México, Estados Unidos y Canadá.

>>Sigue la transición en vivo aquí<<

Habrá participación musical de Rubén Albarrán y Juan Pablo Rivera desde México y de Madhava Priya Devi Dasi y Kruch desde Chile

#VidaSi #MinaNo

“El modelo militar tras la Amazonía brasileña”

Publicada el 20/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Era de desafíos: priorizar la protección de la vida en tiempos de un gobierno de muerte

Compartimos este informe de Amigos de la Tierra ATI sobre las constantes amenazas en la Amazonía brasileña – A 6 de julio de 2020

“Una tierra quemada es una tierra prácticamente vacante, que no tiene nada. Ahí surge la especulación. Porque la tierra con bosque puede tornarse un área de preservación, pero quemada se vuelve limpia, propicia para la llegada de más gente”.

Así explica el campesino Sávio Freitas Araújo, alumno de la Casa Familiar Rural de Santarém, estado de Pará, las razones de los incendios en la Amazonía, para un video que es parte de una investigación periodística que acaba de presentar Amigos de la Tierra Brasil. Se titula “¿Qué pasa realmente en la Amazonía?”.

Esa selva brasileña está militarizada. Y en el mismo camino avanzan las instituciones estatales que deben velar por su preservación. ¿El objetivo? Limpiar el terreno para que el ingreso de capitales del agronegocio, de las hidroeléctricas, las madereras y la minería de gran escala, sea aún más alevoso. Comunidades negras, campesinas, indígenas, quilombolas, entre otras, son expulsadas en el proceso y no pocas veces pagan con sus vidas la resistencia.

La Amazonía brasileña sorprendió al mundo en 2019: de enero a agosto de ese año, tuvo un 34% más de brotes de fuego, un 55% más de deforestación y un 11% más de lluvia, en comparación con el mismo período de los tres años anteriores. El agronegocio arrasó.

La militarización de la Amazonía no tiene nada de sorpresivo en un gobierno militarista como el de Jair Bolsonaro, plagado de demostraciones de respaldo al capital, odio de clase, racismo y misoginia. Es la lógica de un modelo de desarrollo que elimina las formas de vida tradicionales e impone la lógica capitalista.

“El único papel que podrían desempeñar las Fuerzas Armadas sería el de apoyar a las instituciones de protección en la Amazonía. Darles apoyo táctico, operativo y logístico a los agentes de inspección. Siempre subordinados a los técnicos”,

dice Fernando Campos, de Amigos de la Tierra Brasil.

Esa organización alerta que actualmente los Comandos Militares del Norte y el Amazonas se niegan a proporcionar ese tipo de apoyo. Además, agrega que en abril, el gobierno despidió a varios de los funcionarios de carrera dedicados a la fiscalización ambiental en el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA), luego que el organismo realizara una operación para combatir la minería ilegal y prevenir la propagación del coronavirus. La administración Bolsonaro nombró en lugar de los cesados a ex policías militares de la violenta tropa de elite de la policía militar del estado de Sao Paulo conocida como “Rota”.

Con el respaldo del aparato militar, los diversos capitales avanzan desenfrenados. El caso del agronegocio es paradigmático.

“Cerca de Santarém, los campos de soja se extienden hasta perderse en el horizonte. Las escuelas están rodeadas de plantaciones, en las cuales la manipulación de agrotóxicos ni siquiera respeta el horario de clases”,

expresa el reportaje de Amigos de la Tierra Brasil.

“Las personas terminan vendiendo sus tierras debido a la falta de trabajo y van a buscar mejores oportunidades a las ciudades. Esto ha sucedido mucho aquí”,

cuenta la productora rural Dorilene Pereira de Lima.

Organizaciones y movimientos sociales brasileños denuncian desde hace décadas los procesos de “grilagem” de tierras en varias partes de Brasil. Se trata de una antigua (y siempre actual) práctica del capital de envejecimiento y deterioro de documentos falsos (con grillos que mastican los papeles), para presentarlos como títulos de propiedad de tierras antiguos y así hacerse de determinadas áreas. Según el nuevo trabajo de Amigos de la Tierra Brasil, la “grilagem” es también una de las prácticas preferidas del agronegocio en la Amazonía, para avanzar con el acaparamiento de tierras.

En los hechos, esto se traduce en familias de agricultores/as familiares perseguidas judicialmente, expulsadas de las tierras en que se han asentado durante varias generaciones. El aparato estatal, que no es eficiente para regularizar la posesión de tierras de las familias que tradicionalmente las han habitado, es muy ágil a la hora de desalojarlas. Y no faltan las veces que tiene “ayuda” de grupos armados, pagados por los empresarios, que atacan y expulsan a los/as pobladores/as de esos campos.

“Desde mi punto de vista el Estado es el gran responsable de los conflictos que existen hoy en el campo, la ausencia del Estado. Porque cuando el Estado no lleva la política pública al campo, deja a las familias vulnerables. Y los padres de familia, sin una escuela secundaria allí, electricidad, agua corriente ni carreteras transitables, tienen que dejar las tierras e irse a la ciudad”,

considera el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores/as Rurales de Alenquer (Pará), João Gomes da Costa.

En mayo de 2019, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), que asesora a la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas, alertó: es central el papel de los pueblos indígenas y las comunidades locales en la defensa de los ecosistemas y la biodiversidad, para enfrentar la actual amenaza de un colapso ecológico mundial y la extinción masiva de especies.

“Continuaremos las articulaciones con los grupos de Amigos de la Tierra en todo el mundo, apelamos a la solidaridad internacionalista, y a fortalecer nuestras acciones locales y alianzas con los movimientos campesinos, indígenas, feministas, sindicales, que tienen un proyecto político similar al nuestro. La verdadera defensa de la Amazonía pasa por un cambio radical del sistema, para colocar la vida en el centro de la economía y la política. El cambio de sistema tendrá lugar en la lucha de clases y en la construcción del poder popular, para lograr la soberanía y autodeterminación de los pueblos”,

cierra Lucia Ortiz, de Amigos de la Tierra Brasil.

Imágenes de Carol Ferraz, Amigos de la Tierra Brasil.

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T-MEC y Corredor Transístmico, partes de política expansionista de Estados Unidos: APIIDTT

Publicada el 17/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos este pronunciamiento de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) publicado en la web de Educa Oaxaca sobre el T-MEC – A 1 de julio de 2020

En el marco de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hoy 1 de julio, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) expresa su “preocupación ante la ola de violencia que azota nuestra región vinculada a la imposición de los megaproyectos y las poĺiticas extractivistas del gobierno mexicano”. Han reflexionado sobre la imposición de corredores multimodales en el mundo y “vemos con mucho peligro el hoy llamado Corredor-Tren Transistmico/Interoceánico, proyecto histórico que desde mediados del siglo XIX planteo utilizar la posición geoestratégica del Istmo Mexicano como nodo comercial para el comercio global, esto como parte del proyecto expansionista de EEUU”. Con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), teniendo en cuenta otros tratados importantes vigentes que se han modernizado este 2020. como el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea “cimientan los marcos jurídicos para usar la fuerza por derecho en la imposición de los megaproyectos en México”, advierte APIIDTT. Por su parte, la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) invita a la “Jornada de Lucha contra el T-MEC y los megaproyectos, Tren Maya y Corredor Interoceánico”.

Boletín de la APIIDTT aquí.

Imagen: Educa Oaxaca

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Comunidades del Istmo denuncian abandono sanitario y crean frente contra Tren Transístmico

Publicada el 13/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta información publicada en Educa Oaxaca sobre el proyecto de Tren o Corredor Transístmico – A 1 de julio de 2020

En asamblea celebrada ayer en la comunidad Rincón Viejo, Oaxaca, grupos de mujeres, comités de salud, ferrocarrileros y comunidades indígenas crearon un frente común por los derechos de los pueblos, mujeres y trabajadores de la región y contra el Tren Transístmico. En la reunión, en el municipio indígena de Santa María Petapa, se denunció el abandono sanitario en que se encuentra la región del Istmo en el contexto de la pandemia, lo que ha ocasionado que la gente se encierre a morir en sus casas. Se han detectado al menos 8 casos en Juchitán, 15 en la comunidad Cotzocon Mixe, 5 en Piedra Blanca, 3 en San Juan Guichicovi, y 4 en Santa María Petapa, de personas que han muerto en sus casas con los síntomas del Covid-19. Además se dijo que en Matías Romero se hacen entierros de noche, a escondidas, en algo que se empezó a denominar “los muertos sin rostro” por no aparecer en los registros oficiales. Los comités de salud, formados principalmente por mujeres, en diversas comunidades de la región, exigieron la instalación de un hospital de campaña covid para la zona norte del Istmo.

Comunicado de Prensa aquí.

Imagen: Educa Oaxaca

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CFE obligada a pagar 200 millones de dólares, por no garantizar construción de hidroeléctrica Chicoasén II

Publicada el 10/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre los proyectos de hidroeléctricas en Chiapas – A 2 de julio de 2020

La Corte de Arbitraje Internacional de Londres sentenció a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pagar 200 millones de dólares a las empresas privadas que iban a construir la hidroeléctrica Chicoasén II, como indemnización porque la obra no han podido llevarse a cabo, derivado de inconformidades y protestas que se han presentado en la zona, entre ella la de propietarios de terrenos que fueron afectados por obras de la paraestatal.

El dictamen es derivado de la demanda de las empresas contra la CFE, por concepto de lo que consideraron, son «pérdidas» que les ocasionó la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.

La CFE informó a través de un comunicado, que está evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio.

Cabe recordar que en 2015, las empresas Caabsa, de Luis y Mauricio Amodío; Omega de Jorge Melgarejo; y la china Sinohydro, ganaron la licitación que lanzó la paraestatal, para construir la hidroeléctrica, en donde invertirían 386.4 millones de dólares.

Debido a las protestas, el proyecto fue cancelado en 2017, cuando tenía apenas un avance de alrededor de 17 por ciento. Los empresarios inversotes demandaron entonces a la CFE ante la corte londinense -de arbitraje entre empresas y gobiernos-. La corte emitió su sentencia esta semana, argumentando «falta de certidumbre jurídica y seguridad física para llevar a cabo la obra».

Imagen: Carpeta con el Proyecto Hidroeléctrico Chicoasén II. Fotografía: Chiapas Parelelo

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Con el T-MEC se profundiza el modelo extractivo minero

Publicada el 09/07/2020 | por Otros Mundos AC | 2 comentarios

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de julio de 2020

El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción o por sometimiento por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras, participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.

En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:

“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).

“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)

Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.

Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticas voluntarias de responsabilidad social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)

Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias.En este punto, es importante tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita para las empresas canadienses. Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica

(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34 demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6^o. lugar mundial y el 3^o. en América Latina por ser el más demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por $16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de Baja California Sur, en donde este proyecto tendrá un impacto devastador sobre la biodiversidad, la

pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de demandas en los tribunales internacionales del TMEC.

Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company[1], la principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500 millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años[2]. Cabe mencionar los estrechos lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y 2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo acciones de 300 mil dólares en la empresa lo que representa un claro conflicto de interés[3].

Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.

¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Internet

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La MIA del Tren Maya: ¿una mera formalidad?

Publicada el 08/07/2020 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Les compartimos este articulo de opinión publicado en Sin Embargo sobre el Tren Maya – A 23 de junio de 2020

Por: Itzel Silva Monroy*

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) presentó el pasado 16 de junio ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el estudio o evaluación de impacto ambiental –llamado en la legislación mexicana Manifestación de Impacto Ambiental o MIA– del Tren Maya, con miras a que dicha Semarnat le autorice las obras y actividades para desarrollar el proyecto.

La presentación de la MIA fue anunciada por el propio Fonatur mediante un comunicado de prensa en el que señala, entre otras cosas, que la presentación del documento se da “en el marco de inicio de obras del Tren”, y que “actualmente, las empresas que ganaron las licitaciones han iniciado los trabajos y estudios a detalle para elaborar el Proyecto Ejecutivo”.

Es decir, Fonatur ha pedido a la autoridad federal ambiental le dé luz verde para la construcción del Tren, cuando en realidad las obras ya han sido licitadas e incluso iniciadas; valga simplemente recordar el formal banderazo de salida a principios de este mes para la construcción del Tren por parte del Presidente de la República.

Pero, ¿esta situación es válida? ¿No existen acaso normas en materia de estudios de impacto que deben seguirse para la autorización e implementación de este tipo de proyectos llamados de inversión o desarrollo? ¿Sobre todo tratándose de territorios donde existen pueblos indígenas, como es el caso del pueblo maya de donde el tren toma su nombre?

A pesar de que Fonatur afirma reiteradamente en su comunicado que está cumpliendo con la legislación mexicana e incluso la internacional, la realidad es que en el caso del Tren Maya, como en otros tantos existentes en la Península de Yucatán y en el país, se han venido violando desde hace años, normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos de pueblos indígenas, incluyendo lo relativo a la realización de estudios o evaluaciones de impacto.

La vulneración a derechos más conocida ha sido a la consulta indígena y al consentimiento previo, libre e informado, ya sea porque las autoridades omitieron dicho proceso, o porque éste fue violatorio de los criterios internacionales en la materia. Pero, tratándose de proyectos sobre territorios indígenas, el Estado Mexicano también ha incumplido sistemáticamente con su obligación de efectuar estudios previos de impacto social, ambiental y de derechos, que analicen los impactos negativos que los proyectos de inversión o desarrollo pueden ocasionar a los pueblos indígenas. Bajo esta obligación, dichos estudios o evaluaciones son un requisito ineludible que permiten al Estado decidir si autoriza o no el proyecto en cuestión, más no una mera formalidad.

La obligación de realizar estudios previos de impacto existe para México desde 1991, en que entró en vigor el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En su artículo 7.3, el Convenio señala que los gobiernos deben velar porque se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual, cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo puedan tener sobre esos pueblos.

Pero además, esta obligación fundamental se encuentra reforzada y su contenido profundizado y ampliado con las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió en 2007 y 2008 en el Caso Pueblo Saramaka Vs. Surinam, en las que estableció los estándares mínimos que los estudios de impacto deben satisfacer, y que los Estados parte deben cumplir, entre ellos:

– Deben ser concluidos de manera previa a la autorización y realización del proyecto de desarrollo o inversión en cuestión, es decir, no puede autorizarse y mucho menos implementarse un proyecto sin que se hayan estudiado los impactos.

– Deben ser de carácter social (entendido en el sentido más amplio) y ambiental, así como de derechos, siendo lo deseable la integración y análisis de todos los impactos en un solo proceso. Para la autorización de un proyecto, el análisis de los impactos no puede limitarse al aspecto ambiental, sino que debe efectuarse un estudio integral, que contemple el resto de los ámbitos de vida de los pueblos.

– Deben tratar el impacto acumulado; es decir, no sólo debe analizarse el impacto que el proyecto que pretende autorizarse puede causar de manera aislada e individual, sino el que puede generar en relación con otros proyectos del territorio que se efectuaron en el pasado o que están ocurriendo en el presente. Es decir, permitirá conocer en su justa y verdadera dimensión los impactos que se ocasionarán, incluyendo si son a corto, pero también a más largo plazo.

– Deben ser realizados en colaboración con los pueblos interesados y sus resultados compartidos y consultados con ellos. Si los estudios pretenden documentar los posibles impactos negativos del proyecto de que se trata, la participación efectiva de los pueblos indígenas es innegable, pues son quienes pueden identificar los posibles impactos negativos sobre sus propias vidas. Pero además, el resultado de los estudios debe ser compartido y consultado con las comunidades, a fin de que puedan brindar aportes y tomar una decisión informada. De hecho, los estudios previos de impacto son parte del proceso de consulta indígena.

Resulta indudable que en el caso del Tren Maya hay una vulneración clara a estos estándares, pues aunque ya están en marcha las obras, apenas se está presentando el estudio de impacto ambiental o MIA para su autorización. Asimismo, sólo se está contemplando el aspecto ambiental del proyecto, omitiendo un análisis de los impactos sociales y en derechos que se pueden generar (y que de hecho, ya se están ocasionando). Además, no sólo no se están evaluando en la MIA los impactos acumulados del Tren, sino que se está fragmentado el proyecto, pues la MIA sólo comprende la Fase 1 de este. Finalmente, tampoco hubo para esta evaluación ambiental una participación efectiva de los pueblos, pues múltiples han sido sus reclamos por la falta de estudios en materia ambiental respecto del proyecto.

La Semarnat tiene ahora en sus manos la resolución, en su ámbito de competencia, de las obras y actividades del Tren Maya, y para ello debe tener presente que los estándares internacionales en materia de estudios de impacto establecidos por el Convenio 169 de la OIT y la Corte Interamericana le son de obligatorio cumplimiento. Debe observarlos, y con ello proteger y garantizar los derechos de los pueblos originarios y de las y los habitantes que los integran.

* Itzel Silva Monroy, es abogada litigante de casos de defensa de tierra y territorio de pueblos indígenas en @FundarMexico.

Imagen: El Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la inauguración de obras del Tren Maya. Foto: Isabel Mateos, Cuartoscuro.

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