Compartimos esta boletín informativo del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 23 de abril de 2020
El COVID-19 COMO EXCUSA PARA LIBERAR A ASESINOS
El pasado 7 de Abril COPINH denunció que trabajadores de la familia Atala Zablah, Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de Berta Cáceres, pudiesen ser puestos en libertad aprovechando la crisis por el Covid-19. Así también la posible excarcelación para David Castillo, el único autor intelectual que ha sido capturado hasta la fecha.
La liberación selectiva de violadores de derechos humanos, es una muestra más de la corrupción e impunidad que promueve la dictadura de Juan Orlando Hernández. Mientras defensores y defensoras de los ríos, de la tierra, son criminalizados y judicializados, como es el caso de los compañeros de Guapinol y como lo hicieron con Berta Cáceres, el Estado de Honduras y el Instituto Nacional Penitenciario (INP) demuestran claramente la injusticia en los privilegios y la protección de la que gozan -como es el caso de David Castillo- agresores, asesinos y responsables de crímenes como el de Berta Cáceres.
Hasta la fecha el INP no ha contestado las exigencias de información sobre la posible excarcelación y privilegios en que se mantienen los asesinos de Berta Cáceres.
A 4 meses del término de privilegiada prisión preventiva que cumple David Castillo por su responsabilidad en el crimen de Berta Cáceres, a su defensa no le ha quedado más que inventar otra campaña de difamación en contra del COPINH, ante la claridad de las pruebas que lo vinculan al crimen. El pasado 10 de Octubre se suspendió por tercera vez la audiencia preliminar en contra de David Castillo por las acciones dilatorias de su defensa.
Actualmente, se está a la espera de que la Corte de Apelaciones resuelva un recurso que fue interpuesto de manera irregular por la defensa de David Castillo, hace más de 6 meses, con el que buscan anular prueba fundamental sobre la vinculación de los criminales.
Este juicio pondrá en evidencia pública la participación de David Castillo en la coordinación del asesinato junto a Douglas Bustillo, así como su rol de enlace como eslabón clave hacia la familia Atala Zablah. Los medios de prueba son claros e involucran a sectores de poder económico, político y militar, que hoy mismo, en medio de esta crisis, representan la descomposición del estado hondureño.
BCIE vende su participación para desvincular su responsabilidad en crimen de Berta Cáceres.
La desvinculación del BCIE de dicho proyecto de muerte, responde a la claridad que ya existe en la responsabilidad que tuvieron sus socios, la familia Atala Zablah, como responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, y por lo cual, sus empleados fueron ya condenados con una sentencia que ratificó el “consentimiento de la junta directiva de DESA” en los sistemáticos ataques, persecución, violencia y finalmente asesinato de Berta.
El BCIE no retiró su financiamiento consciente de su responsabilidad en la muerte de 6 compañeras y compañeros en Río Blanco y de Berta. La salida que escogió el BCIE es la de vender la deuda a un consorcio suizo, dando paso a que se pueda reactivar el proyecto hidroeléctrico.
Es decir, el Río Gualcarque, que defendió Berta Cáceres, aún sigue concesionado ilegalmente y con inversionistas. Así también siguen amenazadas las comunidades del proyecto “Tren de carga para Honduras”, que invadiría a las comunidades garífunas en la costa norte y a las comunidades de la zona Sur en la isla de Amapala, territorios ya criminalizados y amenazados de ser desplazados, y detrás de esto el apoyo económico del BCIE..AQUI PUEDEN DESCARGAR NUESTRO BOLETIN La justicia para Berta está en riesgo.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería en medio de una emergencia sanitaria por COVID 19 – A 30 de abril de 2020
Desde el inicio de las medidas de restricción generadas para controlar el nivel del contagio por la Covid-19, uno de los sectores que han estado muy activos es el minero. Aunque no hay un diagnóstico concreto por parte del Estado mexicano, aquellas empresas, que como REMA hemos logrado investigar, siguen operando bajo la argumentación de la aplicación de medidas propuestas en la “Guía de mejores prácticas de operación minerometalúrgica”: Contingencia sanitaria 2020 SARS-CoV2 (COVID-19), https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545863/Protocolo_de_contingencia_COVID19_REV1.0._07042020.pdf, la cual, por cierto, se escribió mucho más rápido que la controvertida “Guía bioética”, burlando de facto el que no fueron consideradas como actividad esencial, y por tanto debieron cerrar totalmente.
Al margen de no obedecer el requerimiento del Estado y de aprovechar la incapacidad de éste para supervisar su cierre -muy diferente por cierto a lo que hace con comercios establecidos en toda la ciudad-, las empresas han salido a mostrar su supuesta cara “amable y responsable en “total solidaridad para apoyar las acciones para que la población se mantenga sana”, a partir de impulsar una serie de iniciativas, mismas que, para quienes conocemos de primera mano su proceder, no podemos dejar de señalar como ofensivas.
La Covid-19 no es para ellos un problema de salud pública, sino una oportunidad más para medrar. Les permite simular lo que no son y disimular lo que son en realidad. Y esto es así, porque estas empresas, en su proceder generando como lo hacen daño ambiental, sanitario y social, constituyen un verdadero problema de salud pública. Así, por ejemplo, el día de ayer se anunció que la Minera Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Bailléres González donará un hospital para atender casos de Covid-19 en Fresnillo, Zacatecas, aunque no precisó si dicha obra la edificará dentro de los 2 millones 260,193 hectáreas que tiene concesionadas para la minería. En este torneo del oportunismo extractivista, por su parte, el 20 de abril, la empresa Esperanza Silver “de México” entregó mascarillas, guantes y despensas en hospitales y algunas comunidades circundantes a donde, desde hace varios años, pretende extraer minerales en el estado de Morelos a costa de comprar voluntades y medios de comunicación ocultando su potencial de daño múltiple. Lo mismo sucedió con la empresa minera Media Luna, filial de Torex Gold que opera en Guerrero, entregando, en un gesto de generosidad ejemplar a los pobladores de Nuevo Balsas, nada menos que “kits sanitizantes con jabón, gel antibacterial y mascarillas”, cuando el mejor kit sanitizante debe ser, en realidad, aquel que, en aras de la sensatez más básica, sanitice con eficacia a los territorios, expulsando a quienes pretenden maquillar, en el marco de la pandemia, la grave contaminación que ha ocasionado en el río Balsas dejando, que entre otros efectos, a los pescadores sin sustento para sus familia.
Así, todos los días nos vamos enterando por su publicidad de acciones de parte de este sector, que con esta comedia de la caridad sólo muestran el impresionante cinismo con el que estas empresas se desempeñan. Ya varios siglos han pasado desde la llegada de los extractivistas europeos que repartían cuentas de vidrio y espejitos, y éstos extractivistas de ahora, nacionales y extranjeros, siguen suponiendo que en este país hay muchos minerales, pero no dignidad ni ciudadanía. Y se equivocan, pretendiendo hacer creer a la opinión pública que se preocupan por la salud de la población. Mentira. Como es bien sabido, la actividad minera es una de las que más daños a la salud y al ambiente ha generado en este país. El impacto a la salud por contaminación en todas las fases de la minería, así como la violencia que esta actividad genera, van matando lentamente a miles de personas en las comunidades donde se instalan y dejando arrasados los territorios.
Con sus despensas de miseria utilizan la pandemia, al igual que la usa el crimen organizado, para incrementar el control sobre el territorio, pero en el fondo, sabemos que tarde o temprano regresarán a cobrar ese “apoyo” que hoy ofrecen de forma “incondicional”.
Habrá que investigar qué sucede al interior de cada empresa con el tema del empleo, los casos de Covid-19 que han aparecido, los despidos injustificados y otra serie de acciones que violentan los derechos, mismas que son bastante conocidas en las regiones en donde operan.
Es importante recordar que garantizar la salud en este país es competencia y responsabilidad del Estado. La pregunta no es qué hacen las empresas para evitar el Covid-19, sino qué hará el Estado para que finalmente se les aplique un marco para la rendición de cuentas a cada empresa minera por la contaminación al suelo, aire, los ríos y daños graves a la salud de la población, además del despojo y el desplazamiento forzado, generado en cientos de comunidades. Los daños e impactos acumulativos y sin fecha de caducidad, no serán borrados ni lavados con mascarillas, gel antibacterial o instalaciones hospitalarias. Estamos siendo testigos de una clara política de omisión por parte del Estado.
Las dependencias públicas encargadas de proteger la integridad de la salud de la población y del medio ambiente, carecen de una política proactiva que responda al Principio Precautorio y se adelante verdaderamente y no en el discurso a la generación de daños. La megaminería tóxica constituye un problema de salud pública y de salud ambiental ampliamente documentado. Pasar por alto este hecho incontrovertible por parte del Estado al adoptar conductas meramente expectantes, fragmentarias y parciales, lo convierte en cómplice de este modelo extractivo delictuoso.
LA OMISIÓNDEL ESTADO ES COMPLICIDAD
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Pronunciamiento de la Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC), Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH), Otros Mundos Chiapas A. C. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Colonia Maya – A 5 de mayo de 2019
Entre el 4 de diciembre de 1995 y el mismo día de 2015, las concesiones de agua otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) a la compañía inmuebles del Golfo S.A. de C.V. para la fabricación de la bebida conocida como Coca-Cola, permitieron que esta fábrica extranjera durante ese lapso DIEZ MIL MILLONEZ de litros de agua; un volumen equivalente a diez veces el cupo del Estadios Azteca. Las dos concesiones que la empresa tiene fueron renovadas por otros 20 años, sin ninguna consulta a las y los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, por lo que esta explotación ha continuado a un ritmo similar.
Cuando CONAGUA entregó la concesión a la fábrica de la empresa Femsa-Coca-Cola en 1995, el municipio tenía 116,729 habitantes. En veinticuatro años la población ha aumentado a 185,917, es decir, entre un 25 y 30%, tomando en cuenta a la población flotante. Durante este periodo las necesidades hídricas de la zona han aumentado de manera considerable. A pesar de que no existen estudios técnicos públicamente disponibles y confiables sobre la disponibilidad de los recursos hídricos del Valle de San Cristóbal y dado el incumplimiento de obligaciones de CONAGUA, entre ellos el monitoreo de los medidores, existen dudas razonables de que el ritmo de extracción de la planta de Femsa-Coca Cola sea sostenible. En contraste, una gran cantidad de viviendas e incluso hospitales enfrentan graves insuficiencias del líquido. Esta situación, fácilmente constatable para cualquiera, permite afirmar que el agua que se destina al uso industrial de la mencionada empresa pone en riesgo el abastecimiento de agua para la población actual y futura de San Cristóbal de Las Casas. Asimismo, los impactos en la salud de la población debido al alto consumo de refrescos, que hace que el estado de Chiapas ocupe el primer lugar a nivel nacional en diabetes, sobrepeso, obesidad y desnutrición, deben de ser asumidos como una prioridad del gobierno en sus tres niveles. También es importante considerar que en el momento en el que CONAGUA otorgó estas concesiones de agua, no se hacía ninguna proyección sobre los efectos del cambio climático y la importante reducción de las zonas de recarga de agua, fenómenos que afectarán substantivamente la disponibilidad de este líquido en un futuro cada vez más próximo.
Los innegables beneficios derivados de la generación de empleos (obreros, repartidores, vigilantes, personal administrativo) por parte de la fábrica de Femsa-Coca-Cola, así como los recursos que destina para el financiamiento de algunas organizaciones civiles (actividad que permite a la empresa deducir impuestos), quedan anulados y superados por los daños y riesgos que la extracción de agua produce en contra de los derechos al agua, a la salud y al ambiente sano y las necesidades de los habitantes del municipio, así como a la estabilidad de sus ecosistemas.
Por todo lo anterior, los abajo firmantes sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad; así como la de hacer uso de todos los recursos disponibles, tanto jurídicos como administrativos, para proteger la vida y sus derechos, y con ello, la sostenibilidad de la misma.
Por lo anterior, vimos con agrado que el C. Lic. Miguel Ángel de Los Santos Cruz, síndico del gobierno municipal de San Cristóbal de Las Casas, asuma con responsabilidad su función de defensor del pueblo y respaldamos la solicitud a la CONAGUA para revocar la concesión de aprovechamiento de agua. Cabe mencionar que esta petición recoge el sentir de miles de habitantes de barrios y colonias, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, que han exigido que se adopte esta misma medida durante muchos años.
De ahí que recibamos con profunda preocupación la negativa de la CONAGUA a atender la petición del síndico De los Santos, renunciando con ello a las obligaciones que la institución tiene con la población. Es por ello que pedimos de manera contundente que el Ayuntamiento en su conjunto respalde esta solicitud a la vez que exigimos a la CONAGUA que reconsidere su postura y cancele inmediatamente la concesión de agua a cualquiera de las figuras jurídicas que utilice Femsa-Coca-Cola.
#YoProtejoElAgua #AguaSi #CocaColaNo
Firman
Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud – CCESC Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C. (CEPAZDH) Otros Mundos Chiapas A. C. Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente A. C. Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas Red por el Cuidado de la Vida y en Defensa de la Madre Tierra del Valle de Jovel Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en el Valle de Jovel Colonia Maya
Compartimos este posicionamiento del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 – A 27 de abril de 2020
La crisis de salud que atraviesa a la humanidad y su entorno, es motivo para repensar el rol y deber que debemos ejercer para la sustentabilidad de nuestro planeta. Es por eso que:
Las organizaciones socioambientales, comunitarias y rurales, que conformamos el M4, extendemos nuestra solidaridad y apoyo a los pueblos del mundo ante la crisis sanitaria producido por el COVID 19.
El M4, cuyo accionar y actividades son en Latinoamérica, expresa su profunda preocupación por las miles de familias que además de ser víctimas del COVID 19, son aquellas que históricamente han sido afectada por un modelo de desarrollo que los ha mantenido en una desigualdad social y marginados de una salud digna.
El M4 ha sostenido como principios que ante la crisis ambiental global, un mejor modelo económico, es aquel que conserva su patrimonio ecológico, condición para optar por un ambiente sano para los ciudadanos.
El M4, ante la crisis del COVID 19, expresa y repudia enérgicamente, que la carga y secuelas negativas para la economía general, sea asumida a futuro por nuestros pueblos.
La pandemia del COVID 19 pone de manifiesto que los conflictos socioambientales provocados por el capital financiero sobre el espacio natural, han quedado a merced del descontrol, desamparo e intemperie de las protección ambiental de los derechos humanos.
El M4 hace un profundo llamado a los gobiernos, defensorías del pueblos, y organismos de Derechos Humanos de la región, para que cumplan con los oficios y exigencia para la la suspensión de operaciones de las empresas extractivas mineras. Dicha operaciones están violando las leyes nacionales en materia de salud y ambiente y poniendo en riesgo a los trabajadores y comunidades aledañas, sin ningún control o medidas que eviten la propagación del COVID 19.
Ante la crisis del COVID 19, queda en evidencia que las empresas mineras apuestan a sus ganancias sin importar los efectos negativos que generan en la población. Además se suma su falta de cumplimiento de medidas de contención y prevención ante cualquier hecho que atente con la vida de sus trabajadores.
En cumplimiento de las medidas de salud y cuarentena, el M4 junto a pueblos asechados por el COVID 19, exigen a los gobiernos priorizar la atención a salud, alimentación y servicios básicos de superviviencia para sus poblaciones, en especial aquellas comunidades marginadas que son las que más están sufriendo las consecuencias de la propagación de esta pandemia.
Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-
Revocar la concesión de aprovechamiento del agua a Coca cola FEMSA en Chiapas
Ayúdanos a defender el agua en San Cristóbal de Las Casas, a proteger nuestros humedales de montaña, al popoye; pez endémico de la región y a todo ser vivo en el Valle de Jovel. Por el agua es un derecho y es de todas y todos #YoProtejoElAgua.
Durante más de 20 años esta empresa refresquera Coca cola a extraído 1.3 millones de litros al día y explotado los mantos acuíferos de San Cristóbal de Las Casas. Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel.
Aunado a esto dicho bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y a la vez de los mayores consumidores de esta bebida.
Durante el periodo de emergencia sanitaria por COVID-19 la empresa a seguido laborando a pesar de ser una industria NO esencial, por lo que pedimos a la Comisión Nacional del Agua la revocación de la concesión de aprovechamiento de agua en San Cristóbal de Las Casas.
¡AGUA SÍ, COCA COLA NO! #YoProtejoElAgua
Imagen: Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas
El Síndico municipal de San Cristóbal de Las Casas, solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) revocar la concesión de aprovechamiento de agua que le ha sido otorgada a la “Inmobiliaria del Golfo S.A. de C.V.”, razón social utilizada por Coca-Cola FEMSA en Chiapas.
El pasado día 26 de marzo del presente año, el Síndico Municipal Miguel Ángel de los Santos Cruz, envió comunicación oficial a la titular de la Comisión Nacional del Agua, Doctora Blanca Elena Jiménez Cisneros, así como al Director del Organismo de Cuenca Frontera Sur de la CONAGUA, Licenciado Francisco Zebadúa Alba, la revocación de la concesión otorgada a la empresa Coca-Cola FEMSA para aprovechar el agua del subsuelo en el municipio. La comunicación presentada se justifica en los efectos negativos de los refrescos en la salud, pone en riesgo el abasto del vital líquido, así como en los graves daños colaterales relacionados con el consumo de refrescos, como son la diabetes, obesidad, hipertensión, caries, entre otros. “La cancelación de la concesión se solicita a fin de dar prioridad a las necesidades de la población sancristóbalense sobre el uso comercial e industrial, en virtud de que nuestro municipio sufre de escasez de agua. Con independencia de que no existan datos actualizados y precisos sobre el aprovechamiento que del vital líquido realiza la empresa, sí tenemos precisión de la carencia de agua en el municipio, puesto que cada vez son más los barrios y colonias que no disponen de agua.”
Actualmente San Cristóbal de Las Casas cuenta con una población aproximada de 209, 591 habitantes, y el Organismo Operador, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SAPAM), reporta un consumo aproximado de agua de 10, 688, 520, 000.00 L. (diez mil seiscientos ochenta y ocho millones, quinientos veinte mil litros) al año en la ciudad; así mismo manifiesta no contar con el líquido suficiente para proveer el flujo continuo y constante de agua a los hogares, recibiendo múltiples quejas por la falta de disponibilidad y suministro de agua, por lo que es evidente la imperiosa necesidad de contar con la cantidad suficiente y disponible de este vital líquido para satisfacer su creciente demanda.
Es nuestra expectativa que el organismo federal con facultades para otorgar las concesiones sobre aprovechamiento de agua, revise la solicitud presentada en el marco de las disposiciones en materia de derechos humanos, considerando los principios precautorios y de prevención previsto en la legislación nacional e internacional y claramente reivindicados en las decisiones de los organismos que protegen los derechos humanos, así como en los casos analizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además deberá analizarla, teniendo en cuenta los estudios sobre disponibilidad del agua en la región, privilegiando el aprovechamiento para el consumo humano.
El Síndico municipal cuenta entre sus principales atribuciones y obligaciones, previstas en el artículo 58 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de Gobierno y Administración Municipal, la de “procurar, defender y promover los intereses del municipio”, razón por la cual, la solicitud presentada representa un imperativo legal, dadas las consecuencias en la población generadas por la concesión otorgada.
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el tren maya – a 18 de abril de 2020
Millones de personas queremos un cambio radical (de raíz), como lo expresó Andrés Manuel López Obrador (2018) al ganar la Presidencia, que modifique la situación indignante de pobreza y marginación que vive una inmensa mayoría de mujeres y hombres en este país, sobre todo los pueblos campesinos e indígenas. Pero no sabemos si dentro del gobierno actual, tan diverso y de múltiples orígenes, todos quieren esta transformación.
Esto lo digo porque estamos a unos días de que inicie la fase de construcción del primer tramo del Tren Maya y las autoridades responsables nunca presentaron una manifestación de impacto ambiental (MIA), mucho menos una social, cultural y arqueológica. Su argumento es que ya están las vías y que, por tanto, el impacto ambiental ya está hecho. Sin embargo, este es un proyecto nuevo que implica la edificación de nuevas vías y 30 estaciones. No obstante, el tren comenzará sin una MIA del proyecto en su conjunto, que sin lugar a dudas tendrá múltiples impactos. ¿Esto es parte de la transformación? Sólo conocemos la versión pública del Análisis costo-beneficios ACB (2020), como si sólo se tratara de un negocio empresarial. En donde por cierto, se señalaron riesgos (de liberación de derecho de vía, geológicos, arqueológicos, de interfase y de demanda, entre otros) que hasta la fecha no conocemos cómo se van a solventar. Algunos de ellos, con la gran recesión que se avecina, producto del Covid-19, se podrían intensificar.
Aunado a esto, especialistas que trabajan con el instrumento bursátil propuesto para financiar parte del Tren Maya, los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces (Fibra), insisten que en este momento no le ven viabilidad (H. Calzada, Rankia LATAM –2020– y Jorge Castañares, Xpertha Capital –2020–), no sólo por la crisis económica que viviremos (ya empiezan a colapsar los Fibra), sino porque hay una gran incertidumbre sobre la propiedad social. Todavía existe la gran duda de si la Ley Agraria, permite que los ejidatarios aporten sus tierras a los Fibra, para ser socios. Desde la perspectiva del procurador agrario de la nación, Luis Hernández Palacios (2020), esto no es posible, porque la ley sólo prevé asociaciones agrícolas, ganaderas o forestales. Pero parece que esto no ha sido escuchado por la autoridad responsable del Tren Maya. Claro que, como me lo manifestó Castañares (2020), podrían cambiar la ley para que dicha asociación sea posible, una práctica que ya vivimos durante los diversos gobiernos neoliberales.
Se argumenta que no hay dinero, y que por eso tiene que arribar la inversión privada, que no está demás decir que el fondo del problema no es si hay inversión privada o no, sino el tipo de instrumento financiero, que sostengo implica la financiarización de la tierra ejidal. La pregunta es si nada dice y significa la propiedad social. Recordemos que ésta fue producto de una revolución, que transformó la estructura agraria (1 por ciento de la población, poseía 97 por ciento del territorio –Stavenhagen, 1982–). Sé que dirán que el ejido está en crisis. Sí, porque deliberadamente los gobiernos neoliberales lo intentaron matar y desaparecer. No lo lograron, 50 por ciento de la propiedad de la nación sigue perteneciendo a ejidos y comunidades agrarias (RAN, 2019). En este sentido, la gran preocupación, que también se manifestó en el proceso de consulta (ver actas de asambleas), es qué pasará y cuál será el destino de las tierras ejidales, aunado a los impactos ambientales, arqueológicos, culturales que inevitablemente se vivirán por la llegada e incremento de millones de turistas como se proyecta (según el documento de ACB –2020–, se habla hasta de 50 millones de turistas).
Qué hacer ante esto. Los pueblos del sur lo decidirán, pero es urgente apropiarse, no sólo del proyecto (porque se les prometió que sería su tren), sino más que nunca, de sus territorios a fin de quelos especuladores inmobiliarios no se apropien en un futuro de sus tierras, que insisto, los analistas financieros expresan que esto ocurrirá. Además, para los empresarios será extraordinario el Fibra, ya que tiene un beneficio fiscal, la exención de impuesto sobre la renta (Ley del ISR). ¿Este será el cambio?
El sur tiene que transformarse. La pregunta es si es aceptable, con una visión colonial, que se les debe llevar el desarrollo. De esto ya se sabe mucho. Es al sur, a donde el Estado mexicano dirigió más recursos para el supuesto combate a la pobreza (Chiapas es emblemático –ver Presupuesto de Egresos de la Federación, desde 1990–). También en el sur, a lo largo de la historia, se desarrollaron grandes proyectos (madereros, chicleros, caucheros, henequeneros, turísticos), avalados o impulsados por el propio Estado y por las empresas, sobre todo vinculadas al mercado mundial. Así que el sur no es que sea pobre porque ha estado abandonado, sino más bien es el resultado de un proceso continuo de explotación de sus recursos naturales y de la mano de obra (desde la Colonia), que esperamos no continúe.
*Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Autora del libro Minería mexicana en el capitalismo del siglo XXI
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la extración minera – A 30 de marzo de 2020
Por Alfredo Valadez Rodríguez / LA JORNADA
Mazapil, Zac., 30 de Marzo del 2020.- Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina, propiedad de la estadounidense Newmont, anunció la implementación de medidas “cautelares”, para reducir el riesgo de la exposición y propagación del Covid-19, entre los 6 mil 500 trabajadores y contratistas que emplea.
El propósito es que la mina ubicada en el semidesierto norte de Zacatecas, no pare sus operaciones. Newmont pretende producir este año 2020 en Peñasquito, 575 mil onzas de oro (Minería en Línea y Banaméricas).
La cotización del metal dorado este lunes 30 de marzo, por cada onza (30 gramos), es de 1 mil 623 dólares, con una tendencia alcista del metal dorando, en el presente año, del 25 por ciento.
Eso significa que la minera estadounidense con sede en Denver, Colorado, ganará (a precios de hoy), este año más de 933 millones de dólares, por el oro que produzca en Mazapil.
Traducido a pesos mexicanos, de acuerdo con la cotización del dólar estadounidense en México para el mismo lunes, de 23.7 pesos por dólar, esa riqueza equivale a más de 22 mil millones de pesos, sólo de oro.
Sin contar los valores de la plata (Peñasquito es el primer productor de plata del país), plomo y zinc, que también extraerá Newmont este año en Zacatecas.
Y aún con esos gigantescos rendimientos, Newmont se niega a pagar el Impuesto Ecológico estatal, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ordenó cubrir, pagadero retroactivamente de 2017 a la fecha.
Imagen: En laimagen, tres camiones “yucles” –un Caterpillar y dos Komatsu-, con una capacidad de carga superior a las 300 toneladas por viaje, acarrean material rocoso dentro de las instalaciones de Peñasquito, el pasado 20 de marzo. Foto Alfredo Valadez Rodríguez / LA JORNADA
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República
Olga Sánchez Cordero, Secretariade Gobernación
Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de DH, población y Migración de la Secretaría de Gobernación
Alejandro Tello Cristerna, Gobernador del Estado de Zacatecas
Gregorio Macías Zúñiga, Presidente del Municipio de Zacatecas
Ma. de la Luz Domínguez Campos, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del AltoComisionado de la ONU
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los derechos Humanos de la ONU
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos de su conocimiento y solicitamos atención e intervención urgente sobre la siguiente situación:
Hostigamiento y Posible Detención Arbitraria en contra del C.Roberto de la Rosa Dávila, defensor dela Vida y el Territorio en la localidad de Salaverna, del municipio de Mazapil,estado de Zacatecas, México.
El pasado 25 de abril, aproximadamente a las 15:00 horas, un hombre de apellido Hernández, jefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecas, acompañado de otro hombre, acudieron a la localidad de Salaverna del Mpio de Mazapil, buscando al ciudadano Roberto de la Rosa Dávila. Llegaron en una camioneta tipo pick up blanca y al no encontrarlo, los vigilantes de la empresa minera Ocampo Mining Tayahua-filial de Grupo Frisco, dela cual es dueño Carlos Slim Helú, dijeron que se encontraba en su parcela, al mismo tiempo que les indicaron el lugar. Cabe mencionar que la seguridad privada de dicha empresa vigila a Roberto de la Rosa las 24 horas del día,por ser el principal referente de una larga lucha, de más de 10 años,emprendida contra el saqueo que dicho empresario ha realizado contra toda la población de Salaverna (https://especiales.piedepagina.mx/resistencias/dos-campesinos-contra-carlos-slim.php)
Al llegar a la puerta de su parcela lo comenzaron a cuestionar sobre; su situación conyugal, su edad, cuántos integrantes de familia tiene, ocupación y si tiene antecedentes penales, si consume alcohol, si fuma o consume alguna droga, todas preguntas a las que respondió el C. Roberto. Después de increparlo con ese absurdo interrogatorio, el cual implementaron sin ninguna orden u oficio al respecto, le dijeron que él debe presentarse a “declarar”en la oficina de investigación, a lo que Don Roberto atinadamente respondió que no lo haría, a menos que le llegue un citatorio oficial firmado y sellado por la dependencia que lo requiere, al mismo tiempo que, los hombres amenazantes, le dijeron que regresarían pronto con el citatorio.
No es la primera vez que el Sr. Carlos Slimutiliza a las instancias de poder del estado de Zacatecas, para intimidar, hostigar y amenazar a quienes, en total ejercicio de su derecho por la vida, se oponen a sus proyectos extractivos, como sucede en este caso con la Ocampo Mining Tayahua, la cual extrae cobre, plata, zinc y oro de forma subterránea pero que, desde hace algunos años, inicio un violento proceso de saqueo y de desplazamiento forzado, en total contubernio con el gobierno estatal y federal, para cambiar su proyecto extractivo subterráneo ahora a la modalidad de tajo a cielo abierto en un área que abarca 300 hectáreas donde se excavará un enorme cráter de 40 hectáreas y 230 metros de profundidad, con la pequeña salvedad de que encima del “potencial tajo” se encuentra el poblado y las viviendas de Salaverna, muchas de las cuales ha sido literalmente destruidas por el penosa y recientemente nombrado “Ingeniero del año 2019 Carlos Slim” (https://www.researchgate.net/publication/316363393_Salaverna_cronica_de_un_despojo).
No es menor que, en plena contingencia contra el Covid-19, este empresario además de no quedarse en casa, como tanto pregonan por radio, prensa y televisión lo deben hacer aquellas actividades no esenciales, tal cual sucede con la minería, aproveche la inmovilidad social y política para avanzar en sus absurdos e inadmisibles procesos de saqueo y desplazamiento forzado, dejando de manifiesto que al parecer NUNCA habrá un gobierno capaz de detenerlo mientras proteja los intereses capitalistas, menos aun de llevarlo a la rendición de cuentas,a este magnate que ha hecho su fortuna no de trabajar, sino de, en cada sexenio recibir canonjías que son patrimonio social y natural de México.
Esta nueva amenaza al compañero Roberto, no ha venido sola, ya que el 13 de abril de este año, en el camino a Salaverna tuvo un altercado con el C. Jaime Alberto Contreras Barrientos, trabajador de la empresa minera,quien le dijo ser el encargado de los trabajos para “cercar a la comunidad y también para electrificar el perímetro de Salaverna”,lo que supone sería un incremento en las acciones para iniciar la explotación del tajo a cielo abierto, a pesar que en esas tierras hay un juicio que se encuentra en tribunales contra la empresa y el cual lleva años sin resolverse,lo que evidentemente hace que cualquier acto y acción sobre las mismas sean ilegales. En este contexto, Don Roberto actuó para evitar que la cuadrilla de aproximadamente 20 trabajadores, entre ellos cuatro personas de seguridad privada, continuaran obstruyendo el camino que conduce a la comunidad.
Después de este altercado, el 21 de abrilDon Roberto encontró en la puerta de su casa un papel, a modo de recado, que decía: “debe presentarse en casa de justicia en Concepción del Oro lo antes posible enla oficina de Policía de Investigación”, misma a la que no acudió, lo cual dio pie a que ahora,de forma directa pero ilegal, eljefe de investigación de la casa de justicia del Mpio. Concepción del Oro Zacatecasse presentará tanto en su casa como en su parcela para hostigarlo e intimidarlo sin ninguna orden al respecto.
Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos las siguientes precisionesy exigencias:
Desde antes de tomar el poder en sus manos, este Gobierno ha manifestado una y otra vez que la corrupción y el neoliberalismo han concluido en este país, pero nosotros como REMA,y cientos de otros grupos organizados en defensa por la vida, no vemos ni remotamente que ese cambio llegue más allá de lo que se cita todos los días DENTRO DE PALACIO NACIONAL. Diversos actores federales, estatales y municipales continúan operando en contubernio con empresarios a favor del despojoy si se les denuncia, son la intimidación, la desaparición o la muerte la única respuesta que tenemos.
Exigimos quede forma inmediata cese el hostigamiento, las amenazas y la represión en contra del compañero C.Roberto de la Rosa Dávila, ejercida por parte del gobierno mexicano y del Sr.Carlos Slim, quien actúa escondido a través de los operadores de su empresa Ocampo Mining Tayahua.
Que el Estado mexicano garanticen la seguridad de Roberto de la Rosa Dávila y demás personas que continúan habitando en las tierras de Salaverna luchando por una vida digna como campesinos y pastores.
Que se realice una investigación exhaustiva sobre los hechos, apegada al marco internacional de Derechos Humanos y se castigue a los/as culpables.
Hacemos un llamado a las organizaciones nacionales e internacionales afines en la defensa de la vida, para que de forma solidaria se sumen a esta exigencia que derive en la defensa de los derechos humanosy colectivos de la población de Salaverna y por supuesto, del compañero Roberto de la Rosa Dávila DEFENSOR DE LA VIDA Y EL TERRITORIO.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de abril de 2020
Mujer fuerte, mujer de mil batallas que llevaste a través de la educación para la autonomía junto a tus hermanas indígenas de Oaxaca, la esperanza de libertad, que peleaste con rabia por los derechos humanos para la justicia y la dignidad de los pueblos, sobretodo los derechos de las mujeres; que peleaste buscando un sistema que protegiera la soberanía alimentaria y defendiste con coraje a la madre tierra del extractivismo.
Han pasado ya 10 años desde aquel 27 de abril de 2010 en que la noticia de tu asesinato nos dejó sin aliento, en el que nuestros corazones se detuvieron por un instante y se llenaron de tristeza. El día en el que tus cobardes asesinos (materiales e intelectuales) te castigaron porque con gran determinación decidiste tender la mano a tus hermanas y hermanos triquis que estaban sufriendo de acoso y hostigamiento por fuerzas paramilitares. En esa caravana en la que llevaban medicinas y alimento, se encontraba el compañero Jiry Jaakkola a quien también como a ti le fue arrebatada la vida.
Años antes, en 2008 habías alzado la voz con rabia para exigir justicia por el asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínes. Tere y Feli como tú las llamabas, eran locutoras de la radio comunitaria “La voz que rompe el silencio”, que tú ayudaste a conformar. Las compañeras eran parte esencial del proceso de autonomía en la región. En ese mismo año fuiste pilar para la conformación de nuestra Red, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) que hasta la fecha sigue caminando con tu ejemplo; seguimos apostando por la vida.
Esos cobardes asesinos pensaron que pronto serías olvidada, que en unos meses nadie se acordaría de ti, pero se equivocaron, pues tus hermanas y hermanos con el mismo anhelo de justicia que tú abanderabas, seguimos aquí caminando contigo, honrando esa fuerza, ese encono, ese espíritu de cambio: Seguimos “sembrando sueños para cosechar esperanzas”.
¡JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JIRY JAAKKOLA!
¡NI PERDÓN NI OLVIDO!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el agua en Chihuahua – A 24 de marzo de 2020
El pasado domingo 19 de abril, integrantes de la familia LeBarón entraron de manera ilegal a terrenos del Ejido Constitución, municipio de Buenaventura, en el Estado de Chihuahua; con el fin de conectar la electricidad para la operación de 12 pozos de los cuales pretenden extraer agua para abastecer al rancho “La Mojinia”. Cuando lxs ejidatarixs trataron de detenerlos, fueron agredidos dejando a dos jóvenes de la comunidad ejidal lesionados.
Desde hace muchos años los ejidos Constitución, Benito Juárez y Flores Magón, todos del mismo Municipio, han denunciado ante distintas instituciones, la ilegalidad en la que opera la familia LeBarón en la zona, así como las afectaciones que las comunidades están teniendo por la perforación de pozos, que ésta familia ha hecho, sin contar con los permisos correspondientes.
La escasez de agua en viviendas y escuelas ha llevado a lxs ejidatarixs a acudir a la Conagua, Semarnat, Profepa, PGR, entre otras instancias, para que se abra una investigación sobre las irregularidades en que han incurrido miembros de la familia LeBarón, quienes aseguran tener documentos de la concesión de un pozo de agua y que de acuerdo a las comunidades ejidales ese documento es un traspaso que se hizo de forma ilegal.
La familia LeBarón tiene interpuestos dos amparos (280/82018 y 294/2018 radicados, en el Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, respectivamente); por la negativa de la Conagua de otorgarles permiso para abrir más pozos. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien emitió una resolución donde los recursos de reclamación de Joel LeBarón son infundados.
El día 22 de abril del presente la Conagua lanza un comunicado en relación a los acontecimientos del domingo 19. El comunicado claramente dice “Esta Comisión no ha autorizado la perforación de pozos nuevos en beneficio de Joel LeBarón ni de sus familiares, particularmente en el predio denominado Rancho La Mojina”. https://www.gob.mx/conagua/prensa/la-conagua-no-ha-autorizado-la-perforacion-depozos-nuevos-en-el-rancho-la-mojina-en-chihuahua-240802?idiom=es
Por su parte la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a través del Ing. Antonio Luna Mendoza declaró ante la prensa el 22 del presente que; “Julián LeBarón no cuenta con el permiso definitivo, ni autorización para que terceros instalen la red eléctrica de los pozos en La Mojina.”
El compañero Joaquín Solórzano, representante de el Barzón y miembro de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), en una entrevista con Carmen Aristegui señala que en el supuesto de que el pozo que está operando en el predio “la Mojina” fuera legal, sólo podría regar 19 hectáreas y no las 300 hectáreas que los LeBarón tienen sembradas de nogales, además de que estos cultivos son ilegales pues no cuentan con la autorización de cambio de uso de suelo por parte de la Semarnat.
Así mismo recordó que a causa de este mismo conflicto han sido asesinadxs lxs compañerxs Manuelita Solís, Ismael Solorio, Alberto Almeida, Ramón Hernández Nevárez y su hijo Anselmo Hernández Andujo.
Desde la REMA exigimos al Primer y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que se resuelvan ya los amparos 280/82018 y 294/2018, basándose en el principio pro-persona, para que este conflicto sea resuelto y la familia LeBarón deje de seguir operando con total impunidad.
¡BASTA DE ARREBATAREL AGUA A LOS PUEBLOS! ¡BASTA DE SEGUIR VIOLENTANDO A LAS Y LOSDEFENSORES DELAGUA!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOSPOR LA MINERÍA (REMA)
Compartimos esta análisis publicado por GeoComunes sobre el Corredor Transístmico – Abril 2020>>Descargar aquí<<
Este texto es la síntesis de la investigación que hemos realizado en los últimos meses alrededor del proyecto llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este trabajo, como todos los que hacemos desde el colectivo, se ha enriquecido con el diálogo y el trabajo colaborativo con muchas organizaciones hermanas, y busca ser un material de apoyo para la información y discusión entre las comunidades directamente afectadas, así como también entre el resto de la sociedad.
ÍNDICE
Mapa 1. Las necesidades del capital por acelerar la circulación del comercio, frente a las necesidades de los pueblos que habitan estos territorios
Mapa 2. El Transístmico es mucho más que un ferrocarril interoceánico: es un proyecto de producción y transporte de mercancías.
Mapa 3. Los primeros contratos han sido para la modernización de las vías,
Mapa 4: Insuficiente Información en las Manifestaciones de Impacto Ambiental sobre los tramos a “renovar” y la posibilidad latente de que excedan el Derecho de Vía.
Mapa 5. Energía en el sur-sureste del país y en el istmo de Tehuantepec
Mapa 6. Coatzacoalcos: la concentración de la cadena de extracción, transformación y transporte de hidrocarburos
Mapa 7. La cadena de explotación de hidrocarburos en la zona norte del istmo
Mapa 8. El Corredor Interoceánico detonaría más megaproyectos en la zona sur del istmo de Tehuantepec
Mapa 9. Concesiones mineras vigentes y en trámite en el istmo de Tehuantepec
Mapa 10. Ampliación del puerto de Salina Cruz
Mapa 11. Las comunidades agrarias bajo amenaza por el proyecto transístmico
Mapa 12. Las piezas del proyecto de reconfiguración del Sureste
Mapa 1. Las necesidades del capital por acelerar la circulación del comercio, frente a las necesidades de los pueblos que habitan estos territorios
Desde años muy tempranos de la época colonial se han realizado proyectos y exploraciones para identificar pasos interoceánicos en el continente americano y, particularmente, en su región ístmica central, donde se identificaban muy tempranamente tres posibles pasos: en la zona del Darién, en Nicaragua y Tehuantepec.
Hernán Cortés fue el primer encomendado para explorar la existencia de ríos navegables en el Istmo de Tehuantepec por donde pudieran cruzar navíos y, ante la ausencia de éstos, se presentaron proyectos para la construcción de un canal que posibilitara este tránsito1. Los proyectos que imaginaban la construcción de un canal siguieron surgiendo a lo largo de los siglos XVI I y XVI I I , pero fue hasta el siglo XI X, con el surgimiento del ferrocarril, que los proyectos de comunicación transístmica para esta zona se han elaborado con base en una idea de paso interoceánico seco.
La historia de la proyección de este tránsito interoceánico es, como vemos, larga y compleja. Aquí, actores extranjeros y estatales se han disputado un tramo de 200 km de largo que, en realidad, es una región mucho más amplia habitada, compartida y disputada a otra escala por comunidades, pueblos urbanos, rurales, indígenas y élites locales.
Este documento busca describir y analizar el Proyecto de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y, para contextualizarlo, recordamos brevemente los proyectos de aprovechamiento del carácter interoceánico del Istmo que el capital ha diseñado recientemente,2 y que tienen como marco histórico la disputa por el paso ya consolidado por Canal de Panamá, a través de promover no sólo un paso interoceánico, sino uno que, al mismo tiempo, sea de explotación y transformación de mercancías, y uso de fuerza de trabajo.
En 1980 se anunció formalmente la implementación del Plan Alfa-Omega, cuyo objetivo era desarrollar transporte de carga intermodal asociado a la expansión de un polo industrial de procesamiento de hidrocarburos (producción de fertilizantes y refinadoras) que, si bien no se concluyó totalmente, sí logró la penetración y concentración la infraestructura de producción y transformación de hidrocarburos en la región. Varios años después, surgió el Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec, promovido en la administración de Zedillo en 1996, y que contemplaba 64 proyectos distribuidos en once paquetes que agrupaban al sector de la petroquímica y química, de la comercialización de petrolíferos, plantaciones forestales, agroindustria, pesca, industria maquiladora, desarrollo de explotación de minerales, desarrollo de infraestructura urbana, turística, y de transporte.
Pocos años más tarde, ya en el siglo XXI , este proyecto fue retomado y ampliado en el Plan Puebla Panamá (PPP), que señalaba a este Corredor I nteroceánico como uno de los proyectos prioritarios del mismo3, y que siguió siendo central en los subsecuentes proyectos regionales con los que se retomó y avanzó en lo que contenía el mencionado Plan Puebla Panamá. Nos referimos en específico a dos proyectos regionales. En primer lugar, al que en 2008 se dio a conocer como Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) y que explicita, en su acta constitucional, el buscar ser un proyecto amplio que continúe y avance lo que dejó pendiente el PPP [ver documentos oficiales del PM en 3 ProyectoMesoamérica]. Conocido como Plan o Proyecto Mesoamérica, esta iniciativa abarca diez países (los siete países de América Central, República Dominicana, Colombia y México) y sigue promoviendo proyectos regionales de “integración comercial” a través de agendas sectorizadas.
El segundo proyecto regional es el de las Zonas Económicas Especiales. Promovido por el peñismo desde 2016, este proyecto que se promocionaba como la “solución a los problemas de la pobreza” de los estados de sur-sureste de México, impulsaba la creación de enclaves altamente especializados, con una estructura legal que atrajera la inversión extranjera y la llegada de eslabones de cadenas productivas que vienen y van hac ia mercados ajenos al país.
Este modelo de maquilización, promovido por el Banco Mundial desde la década de los ochenta en países con fuerza de trabajo pauperizada, no logró concretarse en prácticamente ninguno de los estados en donde se promovió4 y formalmente fueron canceladas en noviembre del 2019 con un la publicación de decreto para abrogar las Declaratorias de ZEE que habían sido emitidas para siete de ellas (Lázaro Cárdenas-La Unión, Coatzcoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Progreso, Campeche y Tabasco [ver Decreto publicado en Diario Ofical de la Federación]. La ley federal de ZEE sigue vigente, pero sin ningún decreto de declaración de ZEE al cual aplicarse. Posteriormente el 30 de diciembre de 2019 se emitió otro decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento interior de la secretaría de hacienda y crédito público [ver Decreto publicado en Diario Ofical de la Federación]. Este decreto precisa que “Los recursos humanos, materiales y financieros de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, serán reasignados o, en su caso, donados, al organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de conformidad con lo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Es lo que ocurre con los terrenos de las secciones federales de las ZEE de Coatzacoalcos y Salina Cruz que ahora pretenden ser usados para un parque industrial en el caso de Coatzacoalcos y la construcción de un nuevo puerto en el caso de Salina Cruz como lo veremos más adelante.
Mapa 2. El Transístmico es mucho más que un ferrocarril interoceánico, es un proyecto de producción y transporte de mercancías
El proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, anunciado durante la campaña presidencial de López Obrador, decretado en Junio de 2019 y del que se han presentado retazos de información a cuentagotas, ha sido promocionado básicamente como un corredor de transporte carretero y ferroviario que, además de unir el G olfo de México con el Océano Pacífico, pretende ser un medio para extender las zonas industriales del sur de Veracruz y Tabasco hacia el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, promoviendo la instalación de nuevos parques industriales a lo largo de este eje interportuario. De acuerdo con los documentos de la Cámara de Diputados [ver: carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio], el llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es la pieza central del “Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”. Este corredor, que abarcará 79 municipios (33 en Veracruz y 46 en Oaxaca), está compuesto por los siguientes elementos:
I. Proyectos de infraestructura de transporte ferroviario, portuario, aeroportuario y carretero.Se trata principalmente de la ampliación y “modernización” de infraestructura ya existente pero que, sin embargo, implica grandes cambios e impactos socio ambientales al intensificar el volumen y la velocidad del tránsito mercantil en la región (algunos de estos cambios son presentados en el texto del mapa 3). En este rubro, la rectificación y restauración de varios tramos de la vía ferroviaria que comunica los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca., constituye el elemento más conocido. Sin embargo, también se contempla la ampliación de los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos y, de acuerdo con algunos documentos, también del puerto Salinas del Marqués (también en Oaxaca); así como la de los aeropuertos de Minatitlán y de Ixtepec [ver: Carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio].
II. Proyectos industriales. La modernización y ampliación de toda esta infraestructura de transporte constituye una pieza clave para la operación del segundo elemento de este proyecto: el desarrollo de corredores industriales donde el sector manufacturero pueda aprovechar la mano de obra de la región. Este elemento es una constante en los principales corredores interoceánicos secos de América, que promueven como una ventaja comparativa de los mismos, la abundancia de fuerza de trabajo pauperizada, con la particularidad de que en el istmo de Tehuantepec también se realiza la extracción/producción de materias primas para la industria existente y la que pretende instalarse. Aunque los pocos documentos oficiales no mencionan con claridad en qué consistirá lo que ya se nombra como la Zona Libre del Istmo de Tehuantepec, lo que hasta ahora sabemos es que es un área constituida por una franja de 20 kilómetros a cada lado de los 300 kilómetros de largo del ferrocarril, área que involucra 48 municipios de los 79 que contempla el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, configurándose así la zona libre con mayor cantidad de municipios involucrados (la también recientemente decretada Zona Libre de la Frontera Norte, incluye 43 municipios).5 En un documento muy sintético, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) menciona que se trata de una zona con exenciones de impuestos (I SR e I VA) entre otros atractivos fiscales para las empresas que ahí se instalen [ver: Programa para el Desarrollo del I stmo de Tehuantepec]. Sin embargo, la población no cuenta con información más precisa, ya que si bien se había dicho que esta zona se iba a decretar en agosto del 2019, al día de hoy no hemos encontrado documento que detalle sus características [Ver: Se creará «zona libre» a lo largo del Transístmico]. Además de esta Zona Libre, el eje manufacturero de este megaproyecto considera el desarrollo de otros eslabones como es el caso de seis “Polígonos de Desarrollo e Innovación (PDI)” [ver aquí los municipios donde se instalarían Programa para el Desarrollo para el I stmo de Tehuantepec (SHCP)], así como un número incierto de parques industriales (en algunos documentos se mencionan 5, 9 o hasta 10 de ellos), de los cuales no existen más detalles públicos [ver, por ejemplo: AMLO ofrece zona libre en Corredor Interoceánico; immex analiza llegada; Carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio; y Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec ]
III. Proyectos energéticos. El proyecto pretende intensificar las redes de transporte y consumo de energía en la región, así como una mayor articulación de la zona de mayor producción de energía del país (el Sur del Golfo de México) con diferentes mercados a escala regional e internacional. El proyecto contempla la “creación de un enclave energético-industrial que mejore la integración manufacturera y el potencial exportador” [ver: carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio], para lo cual se requerirían de diversas obras de transporte y transformación de energía, que si bien aún no han sido detalladas en los documentos públicos conocidos hasta el momento, seguramente re-impulsarán diversos proyectos que algunos años atrás habían sido planteados en la región, como los son: gasoductos, poliductos, terminales de gas natural licuado, y nuevas redes de trasmisión eléctrica. En esta región ampliada del Istmo de Tehuantepec, ya se encuentran en construcción algunos proyectos como por ejemplo la Refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, que si bien no aparece como parte del proyecto Corredor Interoceánico, claramente está relacionada directamente con la dinámica que se pretende intensificar en la región en relación a la producción, circulación y consumo de la energía fósil al servicio de la industria o para su exportación mediante las redes de transporte que pretenden atravesar el istmo.
Mapa 3. Los primeros contratos a empresas privadas fueron para la modernización de las vías
Si bien el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto compuesto por distintas piezas, la promoción oficial del mismo se ha centrado en la infraestructura ferroviaria. En este ámbito, lo que se menciona como modernización del ferrocarril es, en realidad, la rectificación de sus principales curvas, con lo cual éste podría convertirse en un tren de gran velocidad, trastocando con ello la dinámica local y regional del istmo.
La inversión pública que esto representa se ha publicitado como un acto de utilidad públicaque, supuestamente, reafirma la soberanía nacional. Y es que, recordemos, hasta hace unos meses, el Ferrocarril I stmo de Tehuantepec (FI T) era, ni más ni menos, una de las dos únicas líneas ferroviarias que quedaban en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (el otro es el Ferrocarril que corre en la península de Y ucatán y que forma parte del también muy promocionado Tren Maya). Y decimos era, porque el primer paso para la realización del megaproyecto del Corredor I nteroceánico fue el decreto de desincorporación de los 300 km que constituían el FI T para, en su lugar, dárselo al recién creado Corredor I nteroceánico del I stmo de Tehuantepec, un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, que será el encargado de promover, lic itar y, en su momento, operar, cada una de las piezas que conforman este megaproyecto [ver: Diario Oficial de la Federación]. Además del FI T, al nuevo Organismo Público Descentralizado le fueron otorgados la Administración Portuaria I ntegral (API ) de Coatzacoalcos y la API de Salina Cruz [ver también: Desincorpora SCT dos puertos y el tren del I stmo].7 En este sentido, y reconociendo la dimensión estratégica de esta infraestructura, consideramos fundamental que como pueblo le demos seguimiento puntual a las figuras de asociación público privada que emerjan de esta reconfiguración y a los capitales privados que vayan interviniendo en este proyecto.
En este sentido, es importante señalar que el pasado 5 de febrero el mencionado nuevo Organismo Público anunció el resultado de las primeras cinco licitaciones que se abrían para la rehabilitación y modernización del tren, sobre alrededor de 200 kilómetros de su Línea Z, por un monto total de 2.6 mil millones de pesos. Las ganadoras de estos cinco contratos fueron, en total, 13 empresas privadas: 10 de capital mexicano y 3 de capital español (ver mapa 2).
Con ello se otorgan los primeros contratos a empresas de capital extranjero, a pesar de que el actual presidente había declarado que la inversión privada sólo sería de origen nacional. [ver declaración de López Obrador en abril del 2019: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/161800].
“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del istmo . Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros. Para que quede claro.»
Mapa 4: Insuficiente Información en las Manifestaciones de Impacto Ambiental sobre los tramos a “renovar” y la posibilidad latente de que excedan el Derecho de Vía
Llama la atención que esos contratos fueron otorgados sin contar con la totalidad de los estudios ambientales locales y regionales necesarios. Y es que, a pesar de que se ha mencionado repetidamente que toda esta renovación se hará sobre el mismo derecho de vía ya existente, la disminución del trayecto a sólo tres horas y media, conlleva impactos socio-ambientales a considerar, no sólo por el riesgo o imposibilidad de cruce que esto implica para personas y animales, sino también por la necesaria construcción de vallas protectoras alrededor de las vías.
Así, la renovación de cada uno de estos tramos requiere de la autorización de una Manifestación de I mpacto Ambiental (MIA) específica y, pese a ello, únicamente el tramo de 12 km entre Mogoñe y La Mata tiene una MI A autorizadaconcondicionantes [Ver resolutivo: http://consultaspublicas.semarnat.gob.mx/…/20OA2019V0020.pdf]. Por su parte, la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero, no había sido aprobada al momento de la licitación y el proceso de evaluación ha sido suspendido. [Ver MI A: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/…/estudios/2020/20OA2020…].
Los proyectos de rectificación de los tramos mencionados deben presentar una Manifestación de I mpacto Ambiental a pesar de que se insista en que usarán el mismo derecho de vía. Pese a esto, al momento de otorgar las licitaciones (5 de febrero) la Semarnat no había aprobado ninguno de éstos (existía una aprobación, pero con condicionantes). Sumado a esto y luego de las denuncias de comunidades por las omisiones, errores y ocultamiento de información de una de las MI As, sobre las posibles afectaciones a la fauna y flora y posibles desalojos de habitantes que generará la obra; el tres de marzo de este año, la Semarnat decidió suspender la evaluación de la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero[ver: Semarnat suspende aprobación de estudio de I mpacto Ambiental del Tren Transístmico].
11Llama la atención que esos contratos fueron otorgados sin contar con la totalidad de los estudios ambientales locales y regionales necesarios. Y es que, a pesar de que se ha mencionado repetidamente que toda esta renovación se hará sobre el mismo derecho de vía ya existente, la disminución del trayecto a sólo tres horas y media, conlleva impactos socio-ambientales a considerar, no sólo por el riesgo o imposibilidad de cruce que esto implica para personas y animales, sino también por la necesaria construcción de vallas protectoras alrededor de las vías. Así, la renovación de cada uno de estos tramos requiere de la autorización de una Manifestación de I mpacto Ambiental (MIA) específica y, pese a ello, únicamente el tramo de 12 km entre Mogoñe y La Mata tiene una MI A autorizadaconcondicionantes [Ver resolutivo: http://consultaspublicas.semarnat.gob.mx/…/20OA2019V0020.pdf]. Por su parte, la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero, no había sido aprobada al momento de la licitación y el proceso de evaluación ha sido suspendido. [Ver MI A: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/…/estudios/2020/20OA2020…]. Los proyectos de rectificación de los tramos mencionados deben presentar una Manifestación de I mpacto Ambiental a pesar de que se insista en que usarán el mismo derecho de vía. Pese a esto, al momento de otorgar las licitaciones (5 de febrero) la Semarnat no había aprobado ninguno de éstos (existía una aprobación, pero con condicionantes). Sumado a esto y luego de las denuncias de comunidades por las omisiones, errores y ocultamiento de información de una de las MI As, sobre las posibles afectaciones a la fauna y flora y posibles desalojos de habitantes que generará la obra; el tres de marzo de este año, la Semarnat decidió suspender la evaluación de la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero[ver: Semarnat suspende aprobación de estudio de I mpacto Ambiental del Tren Transístmico]. Los pueblos tienen razón: analizando con detalle esta MI A, es notorio que en ellas existe una importante ausencia de información. En este documento, si bien se indica la ubicación del inicio y fin de los tramos de curvas a rectificar, omiten totalmente precisar por dónde pasará el nuevo trazo (ver sobre esto Mapa 3). Así, si bien la MI A estipula que las obras se realizarán dentro del derecho de vía de 35 m de cada lado del ferrocarril, no precisa las coordenadas completas de los trazos a rectificar, poniendo para cada curva solo el punto inicial y final, lo que no permite determinar si realmente dichas obras se realizarán dentro del derecho de vía. En el mapa siguiente se ve claramente que, para la rectificación de algunas curvas, pareciera casi inevitable exceder el tan mencionado Derecho de Vía. En efecto, el derecho de vía existente les da muy poco margen para disminuir el ángulo de algunas curvas muy pronunciadas (pusimos los ejemplos de las curvas 6 y 19 pero se identificó un riesgo de salirse del derecho de vía para 20 de las 32 rectificaciones de curvas previstas.
Mapa 5. Energía en el sur-sureste del país y en el Istmo de Tehuantepec
Sumado a todo esto que hace del Corredor I nteroceánico un proyecto de reconfiguración territorial de amplia escala y efectos, encontramos un eslabón energético. Pocas veces mencionado en la publicitación del proyecto, y contradictoriamente señalado en los documentos oficiales, el eslabón energético nos parece uno de los elem entos más estratégicos del mismo y, posiblemente, sobre el que mayor discusión social se requiere.
El I stmo de Tehuantepec, contrario a lo que han decidido dignamente sus pueblos [ver G eocomunes: Megaproyectos en el I stmo de Tehuantepec], es hoy la región con mayor generación de energía eólica de México: concentra la mitad de todos los parques operando a nivel nacional y el 46% de la capacidad instalada.8 A esto hay que sumar que la región colinda al noreste con la zona de mayor extracción y reservas probadas de hidrocarburos en el país, sin dejar de lado que también [ver: G eocomunes: Análisis I stmo ] es el paso terrestre obligado de cualquier conexión para el transporte de energía entre el centro y norte del territorio nacional con la península de Y ucatán y el istmo centroamericano. Por todas estas características, el I stmo de Tehuantepec es para el capital un espacio de articulación entre diversas redes de producción, transporte y consumo de energía, y no solamente un potencial corredor interoceánico.
Desde la perspectiva del complejo industrial de energía fósil resulta claro el carácter estratégico de la región, ya que el conjunto de mercancías de este tipo que ahí se producen o que por ahí transitan, podrían ampliar sus redes terrestres y marítimas de mediano y largo alcance, intensificando la articulación de la región con los mercados de energía subcontinentales y mundiales. Con la realización del corredor transístmico se intensificaría el flujo de energía fósil que es transportada desde la costa del G olfo de México hacia la cuenca del pacífico.
A partir de esto es que debemos analizar lo que implicaría la construcción de este proyecto, considerando también que es la zona aledaña al istmo donde se encuentran las mayores reservas de hidrocarburos y la que es, actualmente, la zona de mayor producción (extracción) de los mismos(para ilustrar cuán importante es la región, sirve mencionar que la Secretaría de Energía (SENER) señaló que en 2017 el 81.2% de la extracción de petróleo en el país y el 56.9 % de la extracción de gas natural, tuvo lugar en pozos ubicados en esta área, y es también ahí mismo donde se localiza el 75.6 % de las reservas probadas (1P) de hidrocarburos que se tienen cuantificados). Así, sumada a esta existencia de recursos fósiles cercana al istmo, también existe la concentración de la transformación industrial de los mismos. Para el 2017, el 30% de la producción de petrolíferos en el país, tuvo lugar en esta región, concentración que aumentaría en los próximos años en caso de que iniciarse operaciones la séptima refinería del país, en Dos Bocas, Tabasco (proyecto que se comenzó a construir en 2019). Así mismo, también en el caso de la producción de la industria petroquímica, la región concentra la mayor proporción a escala nacional que para el 2017 llegó a representar el 92 % del total de los petroquímicos básicos producidos en el país [Estadísticas de hidrocarburos].
Para lograr esta articulación e intensificación del transporte de energía, uno de los elementos que están en el horizonte del Corredor I nteroceánico es la ampliación de la red de ductos de transporte de hidrocarburos en la región que actualmente está compu esta por ductos para transportar gas natural, gas LP, petróleo, petrolíferos [ver tabla 1].
