[Artículo] De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso de la Conagua

Compartimos este artículo publicado en Sin Embargo sobre las aguas residuales de algunas grandes empresas en México – A noviembre 2019

Por Dulce Olvera, SinEmbargo. noviembre 14, 2019 12:05am

N. del Editor: esta nota fue actualizada el miércoles 15 de noviembre con una carta de FEMSA y Bio Pappel, con la respectiva aclaración de la reportera. 

Un mapa realizado por la Coordinadora Agua para Todos con datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestra un enjambre de descargas de aguas residuales sin permiso de norte a sur de México en 5 mil pozos y 455 tomas, por parte de empresas de bebidas, alimentos, higiene, construcción, minería, textiles y otros sectores.

Ante la falta de supervisores suficientes de la Conagua, sin datos fiscales de los concesionarios para rastrearlos, y la “debilidad” de la Ley de Aguas Nacionales, “están envenenando” los ríos, lagos y acuíferos del país, dijo a este diario digital la investigadora Elena Burns.

Ciudad de México, 14 noviembre (SinEmbargo).– En el pueblo náhua Santa Cruz Huitziltepec, del municipio de Molcaxac al sur de Puebla, cerca del río Balsas, están preocupados porque no alcanzan a pagar la tarifa industrial por derecho al uso de un pozo, cobrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano que por otro lado ha permitido a las industrias la descarga de aguas residuales sin permisos ni cobro de derecho, documenta la Coordinadora de Agua para Todos.

“En Santa Cruz, un pueblo de 1,608 personas, la Conagua les está exigiendo que paguen el derecho a usar el pozo cuando no deberían por ser una población rural con menos de 2 mil 500 habitantes”, expuso Elena Burns, integrante de esta coordinadora conformada por pueblos originarios, investigadores, organizaciones y sistemas. “Después de sufrir discriminación, para muchas comunidades el control sobre su propio sistema de agua es de un valor profundo”.

En una carta enviada a SinEmbargo y firmada por el Alcalde de Molcaxac, Félix Huerta Medel, se expone que es un asunto de más de seis años del ámbito federal, entre la Asociación Pro Perforación de Pozo Santa Cruz y la Conagua. Esta asociación civil y un Comité de Administración obtuvo la concesión con número de permiso 21000513.

El Comité de Mantenimiento y Operaciones de la comunidad cobra 20 pesos mensuales por el acceso al agua, instala tomas y realiza los cortes a deudores. Pero también debe cobrar a los habitantes 150 pesos trimestrales, para pagar las deudas que se tienen con la Conagua por el derecho al pozo.

La Conagua, de acuerdo con la Coordinadora Agua para Todos, les negó registrar su pozo como uso público-urbano bajo el argumento de que la Ley Nacional de Aguas solo lo permite a nivel municipal, y Santa Cruz Huitziltepec es poblado y se le cobra como uso industrial.

“Existen multas de la Conagua por ‘la mala administración del pozo de agua potable’. Se desconocen cifras ya que, a pesar de que el Ayuntamiento de Molcaxac solicitó esa información, a través de la Sindicatura Municipal, la Conagua no nos pudo proporcionar esos datos, bajo el argumento de que ‘pertenecen a una Asociación Civil’”, dice la misiva del Alcalde.

Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de Administración del Agua de Conagua, comentó a Agua para Todos que aunque lo están trabajando, “el obstáculo legal” es que la modificación de la Ley de Aguas Nacionales estableció las asignaciones para uso público-urbano exclusivamente para los municipios.

En octubre, Barrios destacó en entrevista con SinEmbargo que por el decreto presidencial publicado el 1 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “se protege el agua para consumo humano, en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios”.

Pero Elena Burns, de Agua para Todos, afirmó que no ocurre con pueblos indígenas como el del sur de Puebla. “No puedo más que explicarlo por el racismo. Y lo sabe Eugenio”, comentó.

Antes de la Ley de Aguas Nacionales, solo se otorgaron 2 mil concesiones en todo el país de 1917 hasta 1992, documentó. De 1992 a la fecha, van más de 500 mil concesiones para diferentes usos.

“El desastre que estamos viviendo con el agua en el país tiene que ver con las tremendas debilidades que existen en la Ley de Aguas Nacionales (1992). Su función fue poner las aguas nacionales a la disposición de particulares a través del sistema de concesiones, y son objeto de compra y venta. A esto se ha dedicado la Conagua, que no ha tenido ninguna voluntad política para proteger las aguas de la nación y los bienes nacionales inherentes”, consideró Burns.

DESCARGAS SIN PERMISO 

Del norte al sur del país, de Tijuana a Tapachula, en 5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no se cuentan con permisos de descarga a pesar de que lo obliga la Ley Federal de Derechos, de acuerdo con los datos de Agua para Todos y el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de Conagua. Con ello se evitan inspecciones y el cobro de derechos a diferencia del caso del poblado náhua Santa Cruz Huitziltepec de menos de 2 mil habitantes.

Las concesiones sin permisos de descarga de aguas subterráneas para uso industrial están registradas de enero de 1994 a abril de 2019, y las de aguas superficiales de noviembre de 1993 a enero de 2019.

“He hablado con funcionarios de la Conagua y esto es en parte porque no se exige la información fiscal al dar la concesión, entonces no tienen manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los derechos de agua y vigilar los permisos de descarga”, dijo Elena Burns, de la Coordinadora Agua para Todos.

Como muestra la tabla por estados, entre las empresas locales y globales que descargan sin permiso aguas residuales en ríos, lagos y acuíferos de las diferentes regiones del país, figuran la Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Modelo,  Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez, Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter & Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de FEMSA-CocaCola (su carta se publica al final de esta nota), Jugos del Valle (Coca-Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.

Al respecto, Nestlé de México aclaró a SinEmbargo que “no tiene operaciones en Tlaxcala”, como se indica en la tabla de datos oficiales.

También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación, producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, de acuerdo con Agua para Todos.

https://infogram.com/empresas-sin-permiso-para-descargar-aguas-residuales-1h8j4xdl1kv86mv

“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el colapso por el manejo de las aguas superficiales y las subterráneas”, alertó Elena Burns de Agua Para Todos. “La propia Conagua admite que el 60 por ciento de las aguas superficiales están seriamente contaminadas”.

La Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de descarga, si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al suelo. Pero el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos expone que las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación.

“No solo no exigen que tengan permisos de descarga, sino que menos del 5 por ciento de los concesionados obligados a pagar derechos por usar aguas nacionales, pagan”, expuso Burns de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación.

“La única excepción sería que estén descargando en los sistemas de drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la Conagua, no hay control en los municipios ni en las grandes ciudades. Las industrias están descargando sus aguas sin permisos, sin tratamiento”, aseguró Burns.

“Hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque están infiltrando sus aguas muy contaminadas de presas de jale”, reiteró.

En Sonora, la minera María, unidad de Frisco propiedad del empresario más rico del país, Carlos Slim Helú; la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco, así como las mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères, la Penmont (de Fresnillo) y Peñoles, no cuentan con permisos de descarga luego de “lavar” los minerales en agua, muestran los datos de Agua para Todos y Conagua.

Burns explicó que también parte de la “impunidad” se debe a que solo hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 500 mil concesiones de agua otorgadas de 1992 a mayo de 2019 para los diversos usos, incluyendo el industrial.

“Actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el punto de toma o del pozo”, dijo Burns.

CARTA DE FEMSA A SINEMBARGO

Coca-Cola FEMSA informa

En relación a la nota publicada por la periodista Dulce Olvera titulada “De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso de la CONAGUA: FEMSA, LALA, Nestlé…”, la empresa expresa:

Que sus plantas de producción cumplen con los requisitos vigentes necesarios para descargar de forma legal y en cumplimiento con los permisos, licencias y concesiones vigentes emitidos por CONAGUA para realizar esta actividad.

Que el uso y tratamiento del recurso se realiza en apego a los estándares y normas establecidos por autoridades ambientales, municipales, estatales, federales e internacionales.

Que las unidades operativas han sido certificadas por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente con los distintivos Industria Limpia y Excelencia Ambiental, por el cumplimiento y superación de políticas y compromisos de conservación y preservación ambiental.

Que cumple con el pago de cuotas y tarifas establecidas por la CONAGUA, así como por la Ley Federal de Derechos Art. 276, para el uso, tratamiento y descarga del recurso nacional.

Que es una empresa 100% mexicana comprometida y colaborativa con la sostenibilidad del medio ambiente del país.

Coca-Cola FEMSA reitera su apertura y disposición de aclarar los cuestionamientos que se le imputan en un marco veracidad, transparencia y colaboración, para un entendimiento mutuo.

CARTA DE BIO PAPPEL A SINEMBARGO

RESPUESTA DE LA PERIODISTA DULCE OLVERA

Cualquier concesión otorgada por la Comisión Nacional de Agua (Conagua) que no sea para uso agrícola debe de obtener un permiso de descarga de agua residual, incluyendo el uso industrial. La única excepción es si descargan en un sistema municipal.

Después de que la Coordinadora Agua para Todos rastreó todas las concesiones dadas a personas físicas y morales para uso industrial halló los sitios donde no hubo permiso de descarga en nombre de esta persona física o moral, lo cual se representa en el mapa.

En el caso de FEMSA, un título de concesión es a través de “Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío” en Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y Guanajuato. En el caso de Bio Pappel, mencionan su título de concesión sin el número de permiso que dicen tener.

La Conagua, resalta Agua para Todos, no tiene un sistema para verificar y para vincular la concesión con el permiso de descarga.

“Puede haber empresas que estén cumpliendo con el permiso de descarga, pero no se detecta en el rastreo porque tiene su título de concesión registrado bajo una persona moral y su trámite de descarga bajo otro nombre de otra persona física o moral. Pero lo que se busca demostrar con el mapa es que la Conagua no tiene control frente a la contaminación masiva e impune de las aguas nacionales”, dijo Elena Burns, investigadora de Agua para Todos.

Exigen wixaritari cancelar concesiones mineras en Wirikuta

Compartimos la siguiente nota publicada en La Jornada sobre las luchas anti mineras y resistencias en Wirikuta – A 6 de enero de 2020

Juan Carlos García Partida Corresponsal Periódico La Jornada
Lunes 6 de enero de 2020, p. 22

Guadalajara, Jal., Enfrascados desde 2010 en una disputa legal para impedir actividades mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, los wixaritari (huicholes) exigieron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean canceladas todas las concesiones mineras, que abarcan 70 por ciento del área natural protegida donde la cosmogonía wixárika dice que se origina la vida y nace el Sol.

Exigimos la protección y el reconocimiento efectivo de Wirikuta como patrimonio cultural y natural de la humanidad ante la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura); además, que se implementen de manera urgente programas y proyectos armónicos con el medio ambiente y no destructivos para los habitantes (ejidatarios mestizos) que son los guardianes de Wirikuta, pidió el Consejo Regional Wixárika.

Wirikuta abarca 140 mil hectáreas de los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí, donde luego de la defensa en tribunales realizada por el consejo que integran autoridades tradicionales de las diversas comunidades wixaritari se logró la suspensión temporal de al menos 78 concesiones mineras a grupos canadienses como First Majestic y Revolution Resources, así como a la minera Frisco del empresario Carlos Slim, aunque todavía faltan las sentencias de fondo.

Exigimos una audiencia o una reunión de trabajo de alto nivel con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de desahogar los puntos anteriores y buscar alternativa de solución, principalmente en lo relativo a las concesiones mineras otorgadas en el lugar sagrado de Wirikuta, expusieron los wixaritari en un comunicado.

En semanas recientes la disputa legal se recrudeció luego de que ejidatarios de la región de Wirikuta acusaron a Santos de la Cruz Carrillo, coordinador jurídico del Consejo Regional Wixárika y uno de los principales activistas y opositores a la minería en el territorio sagrado, de comercializar peyote hacia Europa, lo que motivó a las autoridades tradicionales del pueblo wixárika a emitir un desmentido.

El 23 de diciembre el diario Pulso, de San Luis Potosí, publicó una entrevista con quien identificó como asesor de la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, Juan Reyes Hernández, quien declaró que un grupo de huicholes provenientes de Jalisco está comercializando el peyote y lo exportan a Europa.

Santos de la Cruz declaró a La Jornada: La difamación sigue en contra de los que luchamos en favor de nuestro lugar sagrado de Wirikuta. Detrás de todo esto están las empresas mineras.

El líder wixárika recordó que en el territorio de Wirikuta se encuentran las esencias de la vida; es un sitio indispensable y trascendente en su cosmogonía e identidad cultural para dar subsistencia y continuidad a los wixaritari como pueblo originario.

El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, conformado por las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades de Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango; Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco y San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, rechazamos esa difamación contra nuestro compañero Santos de la Cruz, coordinador de la mesa jurídica y defensor de nuestra madre tierra, puntualizaron.

Imagen: Arturo Campos Cedillo

Más información:

[Artículo] Niños orinan agrotóxicos en Jalisco

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada – A 4 de enero de 2020

Por Silvia Ribeiro

Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente han encontrado repetidamente que niñas, niños y adolescentes en varias comunidades rurales de Jalisco tienen residuos en orina de dos o más (¡hasta 12!) agroquímicos altamente peligrosos. Esto se refleja en diversos problemas de salud, que van de dolores de cabeza, vómitos y náuseas a problemas graves, como insuficiencia renal y, potencialmente, cáncer.

El gobierno de Jalisco presenta la entidad como gigante agroalimentario, pero nada menciona sobre esto. Con casi 12 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, principalmente industrial, la entidad es terreno asiduo de las mayores trasnacionales de agroquímicos y semillas, que son cobijadas por gobiernos locales, estatales y federal. Esta relación, que no tiene que ver con alimentar a la gente y sí con aumentar las ganancias empresariales vendiendo veneno, trata de ocultar una grave realidad: la extendida contaminación con agrotóxicos de suelo, agua y aire que ha provocado este modelo de producción, que envenena a los pobladores, especialmente los más vulnerables: niños y niñas.

A principios de 2019 un estudio de Erick Sierra-Díaz, de la UDG; Humberto González-Chávez, de Ciesas Occidente, y otros investigadores, publicado en la revista científica international Journal of Environmental Research and Public Health (https://tinyurl.com/rda57tj) mostró que de 281 muestras de orina tomada a niñas, niños y adolescentes en las comunidades de Agua Caliente, cerca del lago Chapala, y Ahuacán, próxima a Autlán, todas tenían residuos de dos o más plaguicidas.

Seis agrotóxicos fueron recurrentes en 70 por ciento de los casos: malatión, metoxuron, glifosato, dimetoato, uniconazole y acetoclor. Los investigadores explican que en ambas comunidades hay exposición a siembras industriales, pero además, en el caso de la comunidad de Agua Caliente, el riego y consumo de agua contaminada con químicos del lago Chapala aumentó el nivel de ciertos tóxicos. La mayor prevalencia fue de herbicidas, seguida de funguicidas e insecticidas. En Ahuacán, todas las muestras contenían residuos de glifosato.

El equipo de investigadores de la UDG y del Ciesas Occidente continuó tomando muestras de orina en niñas y niños escolares y prescolares en otras zonas de Jalisco en 2019. Una de las áreas seleccionadas, por la alta frecuencia de enfermedades que allí ocurren, fue El Mentidero, próxima a Autlán, Jalisco.

Allí, las madres de los alumnos de secundaria les solicitaron que incluyeran en los análisis de orina de sus hijos, explicando que, desde que comienzan los cursos, los jóvenes se sienten mal y sufren constantes dolores de cabeza, vómitos y náuseas. La secundaria está al lado de un campo de siembra, donde fumigan varias veces a la semana, incluso cuando están los alumnos en clase o en el patio. El equipo de investigadores tomó 146 muestras a adolescentes, escolares y prescolares. El 100 por ciento de las muestras arrojó residuos de dos a seis agrotóxicos. Los principales fueron el glifosato y el 2-4 D, ambos inventados por Monsanto y declarados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud.

Debido al estudio y a la movilización de las madres para detener el uso de agrotóxicos, o como mínimo que no se aplique cerca de secundarias y escuelas, las empresas de venta de venenos están en campaña para desprestigiar los estudios y poder seguir contaminando. La asociación civil Proccyt, en realidad fachada de la industria trasnacional de agrotóxicos (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras), ofreció al gobierno de Jalisco y a autoridades de Autlán dar talleres de capacitación, especialmente en las áreas donde se han realizado los estudios que muestran la presencia de agrotóxicos en la orina de los niños. Las autoridades lo aceptaron e incluso patrocinaron su estadía. La reportera Mayra Vargas documentó cómo el capacitador de Proccyt aseguró en esos talleres que solamente si le hubieran dado a beber Faena (nombre comercial del glifosato) antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. (11/11/19, Letra Fría, https://tinyurl.com/wn6xlgc). Los estudios muestran que el Proccyt miente, pero además hay casi 43 mil juicios contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por haber causado cáncer con glifosato a sabiendas de su peligrosidad. Tres juicios le han otorgando razón y millones de dólares en indemnización a los demandantes. Pero en México, las secretarías de Agricultura (estatales y federal) le abren espacio y pagan gastos a esta burda fachada de las empresas para atacar con mentiras los estudios científicos de investigadores de universidades públicas de México y así engañar a los agricultores y pobladores sobre su inocuidad.

No necesitamos echar veneno a nuestra comida. Hay muchas alternativas buenas y sanas en la producción local, campesina y agroecológica. Relata Humberto González que son las madres las que insisten en la denuncia y están empujando un cambio, las que no tienen miedo y no se van a dar por vencidas, como no la han hecho en muchos otros temas. Defienden a sus hijos e hijas y el derecho a la salud de todos. Hay que apoyarlas.

* Investigadora del Grupo ETC

Más información:

[Vídeo] Florecer: Historias de Migración

Compartimos un vídeo sobre la migración realizado por La Sandía Digital y la Fundación Avina – A 13 de diciembre de 2019

Florecer: es video de animación cuyo objetivo es promover la inserción sociolaboral de personas #migrantes, refugiadas, retornadas y deportadas en #México

¡Porque #TodosSomosMigrantes y #LaMigraciónEnriquece!

[INFORME en PDF] 17 Personas defensoras de DDHH ejecutadas extrajudicialmente en el 1 er año del gobierno de AMLO: Comité Cerezo México

Compartimos el siguiente informe del Comité Cerezo México a través de Voces Mesoamericanas – A 13 de diciembre 2019

“El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 defensores de derechos humanos, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia.”

Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”
(ONU, 2005).

Este informe es el resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos en México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primer año que inició el 01 de diciembre de 2018 y terminó el 30 de noviembre de 2019.

Desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el lenguaje cambió, dijo que la estrategia de guerra era equivocada, que la nueva política sería de “abrazos y no balazos”, que su gobierno estaría basado en atender a la población más pobre del país, en disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres, en atacar la corrupción como fuente de todo mal e incluso producto de la política neoliberal implementada hacía 35 años atrás[…]

Cabe recalcar como en todos nuestros informes que las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia. Por nuestro mandato como organización de derechos humanos no documentamos los homicidios cometidos por particulares y sólo incluimos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos[…]

DATOS DUROS DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN EL PRIMER AÑO DE AMLO

El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 personas defensoras de derechos humanos.

La cifra anterior corresponde a los casos que cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial:

  • Fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y
  • Los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia[…]

CONCLUSIÓN

La práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto (EPN) incluso, la cifra es menor desde el año 2011, aunque supera la cifra de los cuatro primeros años del periodo presidencial de Felipe Calderón que fueron 3 casos en 2007; 6 casos en 2008; 4 casos en 2009; y 11 casos en 2010.

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Ley Minera… Permiso para el despojo

Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de diciembre de 2019

En cualquier país del mundo aspiramos a tener marcos regulatorios, leyes, normas, etc., que sean prominentes generadoras de mejores condiciones de calidad de vida en su sentido amplio, pero sucede que, en el caso de los bienes naturales; la conservación, la protección, la restauración y el buen manejo y aprovechamiento de los mismos, desde hace décadas son parte del lenguaje jurídico, de derechos y de un rebasado discurso de desarrollo sustentable, que ha sido avasallado por la imposición global de una política decidida para sí misma hacia la mercantilización de la naturaleza.

Actualmente las consecuencias y agravantes que todos vivimos y que han empeorado de manera acelerada durante los últimos 50 años, no hay duda alguna que se deben a causa de la ponderación del enfoque neoliberal, la tecnología de “vanguardia”acompañada por ciencia,científicos y tecnócratas de corte comercial, y la homogeneización del consumo que a nivel planetario se dinamiza literalmente desde la leche que consumimos proveniente de sistemas de producción depredadores de los bienes naturales, los cuales, además de crear dependencia económica y suplantar sistemas productivos y de gobernanza locales, durante los procesos de competencia comercial crean despojo y desplazamiento forzado de la población.

Así es como actualmente nos encontramos al inicio de la 4T,y así se encuentra el resto de las naciones de Latinoamérica y del mundo, quienes prácticamente al mismo tiempo transitamos por cambios constitucionales y reformas estructurales que en su conjunto retrocedieron y desregularizaron leyes y reglamentos abonando a la degradación de los derechos colectivos, el abandono del estado en sus funciones sociales, incrementando las asimetrías durante las relaciones de competencia y la productividad basada en el enfoque comercial, apostando a la descampesinización y en consecuencia al abandono del campo que no sólo se relaciona con la pérdida de soberanía alimentaria, sino también al abandono de estructuras sociales y debilitar las resistencias contra el embate de las empresas que desean bienes naturales relacionados con la acumulación por despojo, lo que a su vez generó la aglomeración poblacional en zonas urbanas para convertirlos en centros de consumo masivos y homogeneizados creando una alta dependencia de servicios privados.

Esta política tiene décadas que se elabora y se instrumenta desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) encabezadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM)o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)por mencionar los más comunes, quienes envían a sus órganos operadores que deben paliar el proceso de despojo utilizando marcos regulatorios amigables, menos violentos, de buen comportamiento,pero que al final funcionan como administradores del despojo,al mismo tiempo que regulan los conflictos, tal como sucede con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas (ONU)y otras instancias que proponen y disponen marcos normativos algunos audaces, otros deprimentes, pero cualquiera que sea tendrá muy pocas posibilidades de aplicación en su sentido amplio,porque un marco justo en el modelo actual de consumo es contradictorio con el mejoramiento de la calidad de vida.

Luego interviene cada país quienes, de acuerdo a las mal llamadas riquezas naturales que tenga disponibles para el mercado, ajustará el marco normativo que facilite el saqueo en su sentido más amplio o lo matice y lo vuelva adecuado y sustentable si todavía las resistencias y las rebeldías comunitarias no se encuentran totalmente domesticadas al proyecto del consumismo global, que en una simple frase significa invitarlos, por ejemplo,a través delas consultas, a cambiar la calidad de vida (agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria) por dinero, empleo y aspiraciones materiales que el modelo global pone como bocadillos para la población, a partir de un fuerte despliegue publicitario,de medios y con reglas comerciales que nos atrapan en lo cotidiano.

Por supuesto que esta condición crea paradigmas y confrontaciones y ahí aparecen grupos organizados, sociedad civil, académicos sueltos, pero también desde sus instituciones y agrupaciones, toman la bandera por los derechos humanos y se plantean apoyar y defender a los pueblos, a la naturaleza y otros temas que el propio sistema va degradando,pero que, desde una posición piensan que el despojo del modelo extractivo sí puede resolverse con leyes más fuertes y robustas, más justas, más igualitarias, más horizontales, más participativas, más democráticas.

Todo lo anterior viene pasando desde hace varios años en toda la región de Latinoamérica. En cada país, sino al mismo tiempo, sí en términos geopolíticos en la misma fase del neoliberalismo se han abierto y cerrado coyunturas para la participación social en marcos normativos, desde la regulación de consultas, hasta leyes verdes para temas significativos, como el agua, los minerales, la biodiversidad, hidrocarburos, los bosques y selvas, las energías verdes, etc. Los resultados están a la vista en el contexto latinoamericano y cada caso ha derivado en la administración de conflictos que se dirimen en tribunales, mientras el planeta continúa incrementando su temperatura, las tierras mueren paulatinamente por el enfoque de los agrotóxicos para los agronegocios, el agua se agota y se contamina, la gente se enferma de manera irreversible por habitaren amplias regiones contaminadas por tóxicos que llegan a la gente por contacto, ingesta e inhalación, la desigualdad crece y las comunidades se dividen más y más, quedando a la deriva y con la esperanza de que sea la justicia de la ley que finalmente dirima su destino.

La desregulación es un hecho, el cambio climático y sus consecuencia una realidad, el despojo y el desplazamiento forzado una expresión creciente que pronto también empezará a administrase de forma política, aunque muy pronto, como ya sucede en otros lados, sólo se podrá contener con represión mandatada desde los estados y, en esa vorágine, por supuesto el mismo sistema busca más y más fórmulas para legitimar el despojo, tal como sucede, con el paquete de consultas que de manera vergonzosa el INPI y el indigenista Adelfo Regino, opera de forma rampante, en los estados donde se proyecta el Tren Maya,por cierto uno de los proyectos más neoliberales de la 4T, aunque aun hay otro más neoliberal,conocido como Corredor Transístmico, un proyecto que desde hace muchos años AMLO trae en su cabeza.

Entender de facto ese contexto para quienes integramos REMA,nos sirve para evitar enredarnos en lo que legitima el modelo neoliberal, y por ello preferimos dedicar nuestros esfuerzos a cuidar y defenderla continuidad de tener agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria y por ello, no entendemos por qué otros defensores del territorio, continúan aspirando a la incidencia política, cuando son acompañantes de procesos en donde el despojo se ha hecho presente.

Querer garantizar estándares internacionales que han sido construidos desde la estructura vertical del sistema económico que no está dispuesto a cambiar el modelo de producción y consumo, para nosotros es un contrasentido, y sólo debemos abrir un poco los ojos para darnos cuenta que,incluso reconocidos y distinguidos investigadores que hoy ocupan cargos en la 4T ya tienen en el discurso que,“gracias” a que México tiene Litio, podemos ser potencia mundial y que contribuiremos a la transición de un nuevo modelo energético, en el cual venderemos energía solar, etc., poniendo en duda y en evidencia parte de las promesas y de los discursos de la 4T, la cual al parecer, parece terminará por entregar nuevas concesiones a mineras como ya se mira en el horizonte de la explotación de Litio.

El modelo energético del mundo entero no es sustentable, ni verde, ni justo, ni responsable socialmente, ni soporta tampoco la aplicación de los más altos estándares internacionales, porque en si mismo es un modelo que atenta contra la vida en su sentido amplio, peor aun si se trata del modelo extractivo minero, el más rapaz de todas las actividades extractivas, a tal grado que si la clase gobernante de este país realmente tuviera una buena intención de mejorar la ley minera o hacer una nueva minera, esta debería tener un sólo artículo: La minería debe estar prohibida en México.

Sin contexto y realidad,de verdad no entendemos como grupos legislativos, Ong ́s y académicos pretenden caminar una vez más, porque tampoco están transitando en un tema inédito, a seguir impulsando marcos normativos relacionados a la Ley Minera en México, que en sí misma es una actividad violatoria de derechos humanos, agrarios y ambientales que deja a las comunidades en desamparo prácticamente sin opciones para defenderse de estos proyectos.

Hace unos días, en el marco de la conferencia Megaminería en México: escenarios y consecuencias, impulsada por Morena, diputadas del partido sostuvieron que “es necesaria una legislación justa y respetuosa de las comunidades y el medio ambiente”y apuestan a incorporar la consulta como un mecanismo que la legitime, sin siquiera observar o detenerse a dirimir las barbaridades y vergüenzas que el INPI y Fonatur actualmente implementan en las comunidades de la península maya. Para los no legisladores que actúan en esa misma dirección, creer que la tribuna es una expresión de democracia, participación, igualdad, equidad e incidencia, sin siquiera detenerse a observar por qué el senador Monreal detuvo algo más simple y necesario como la regulación del Outsourcing que daña tanto los derechos laborales de millones de trabajadores, nos parece un sinsentido, pero además consideramos que en el fondo reta, confunde y golpetea la as diversas expresiones para la defensa del territorio que hay en contra de los megaproyectos, en donde la prohibición minera es un proceso que ha y está costando vidas, nos parece aun más grave no se considere en su análisis.De verdad hacernos creer que desde la ley se puede regular “adecuadamente” el saqueo, el despojo, los daños irremediables y las muertes de personas entre otras barbaridades, nos parece totalmente desproporcionado, y peor aun de soñador, es creer que el estado, este gobierno o el que siga, van reconocerlos daños y a atender a la población y el medio ambiente.

La minería es una amenaza para las comunidades porque atenta contra las formas de organización política y social, elimina sus referentes socio-culturales, mercadea por falsas promesas la permanencia de las actividades para la subsistencia económica, con lo cual evaporiza la autonomía alimentaria, lo que en consecuencia destierra la existencia de factores subjetivos,emocionales y afectivos,que son un pilar en la afectividad y comunalidad y solidaridad de los pueblos. Es una burla y un despropósito hablar de “beneficios” en un contexto de muerte, enfermedad, desplazamiento forzado y con impactos ambientales irreversibles que ponen en riesgo la vida de todo lo viviente. Peor aúnes reducir,a la retórica de las consultas,lo que se considera “justo”para imponer y legitimarla destrucción de la vida de las comunidades. En ese contexto, no tenemos duda alguna; hay un gran desconocimiento de quienes legislan sobre la temática.

Hacer leyes siendo ignorante de diversas temáticas, como en este caso la minería, debería estar prohibido en México, esa si sería una buena ley para el país,porque entonces si aspiraríamos a levantar un país con sujetos políticos que construimos en colectivo nuestro futuro, porque mientras ello no suceda,todo lo que se legisle seguirá teniendo como eje una visión colonialista y neoliberal;de arriba para abajo, de las clase medias, altas y empoderadas para luego preguntarles, a las clases bajas y desposeídas si están de acuerdo en continuar con el despojo de su vida.No hay que mirar muy lejos para corroborar lo anterior, basta observar como la 4T sigue aplicando una política indigenista que tributa bajo el tradicional mecanismo del subsidio y aprovechando esos procesos de coacción para crearla misma situación que ya estaba arraigada desde hace años.La sumisión.

Mientras este modelo económico persista, nunca habrá condiciones ni de equidad, ni de igualdad, por lo tanto, en consecuencia, las asimetrías seguirán incrementándose. Nuestra estancia en comunidades que conviven con empresas mineras, nos permite tener contundencia en nuestros argumentos y con gusto lo compartimos con quienes quieran mirar desde adentro esa experiencia, para ver si esa vivencia les ayuda a reflexionar con mayor seriedad sobre la temática. Necesitamos leyes y marcos que terminen con la impunidad que protejan a los pueblos y no leyes que legitimen el despojo con el clásico lenguaje que se impone desde las multinacionales o la ONU.

De verdad invitamos a aquellas y aquellos diputadas/os, funcionarios, organizaciones y académicas/os que pretenden impulsar la Ley Minera, para que pasen uno o dos días con nosotros en proyectos mineros, por ejemplo en Guerrero o en San Luis Potosí o en Zacatecas,y ahí, en el mismísimo infierno,tengamos un análisis y reflexión seria, profunda, con datos concretos, científicos pero también con datos construidos desde la epistemología social y entonces, ahí mismo debatir si hay que mejorar el despojo minero. Reflexionar desde la curul, el salón, el confort, sin saber ni entender cada uno de los vericuetos del modelo extractivo minero y sólo pensar que las normas, los estándar eso lo que manda el Banco Mundial o la ONU es la ruta o lo que dictaminan los derechos humanos,es para nosotros legitimar el despojo. Esto ya ha sucedido en muchos países y acá pareciera que de nuevo estamos descubriendo el agua tibia.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro desacuerdo en seguir apostándole a mecanismos de simulación y a procesos de consulta que legitiman el despojo.

Hacemos un llamado a legisladas/es, organizaciones, academia y otros actores a repensar y replantear su papel y a tomar una postura seria y respetuosa para los pueblos que viven las atrocidades de la minería.

A T E N T A M E N T E

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Foto: Grupo México. A través de Forbes

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[Mapas] Tren Maya como nueva infraestructura de articulación de los capitales agroindustriales y turísticos inmobiliarios en la península

A propósito de la próxima consulta que realizará Gobierno Federal sobre el Tren Maya este 14 y 15 de diciembre, les compartimos estos mapas de GeoComunes sobre el tema

El trazo del “Tren Maya” retoma la lógica espacial de los ejes troncales incluídos en el proyecto “México 2030”, el proyecto de articulación del territorio nacional a partir de autopistas de cuota que impulsó la administración de Felipe Calderón. La principal diferencia entre ambos proyectos es el tránsito hacia una red ferroviaria que permite disminuir aún más los costos de traslado de mercancías.

Mapa 2. Genera impactos socioambientalesPara adecuar las vías existentes a este proyecto de articulación territorial, el Tren Maya generará ajustes en zonas donde no existe derecho de vía para el transporte de mercancías donde existe mayor riesgo de expropiación, particularmente en las periferias de ciudades como Mérida, Tulúm, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Campeche, pero también en el trayecto de 100 km entre Izamal y Valladolid y en los 16 km que conducen de la carretera hacia la zona de Calakmul.En el resto del trazo, el proyecto del Tren Maya atraviesa zonas de la península de Yucatán que se caracterizan por la concentración de riqueza cultural y ambiental que combinan núcleos ejidales de comunidades mayas, zonas de humedales y reservas naturales.

Mapa 2 Crédito: GeoComunes

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Mapa 3. Afectación al patrimonio histórico y culturalDesde la perspectiva del patrimonio histórico y cultural de la península de Yucatán, la ubicación de la gran cantidad de sitios arqueológicos registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) permite distinguir zonas con mayores concentraciones, como en el estado de Yucatán. Sin embargo, la menor cantidad relativa de sitios registrados en Campeche y Yucatán señala que se trata de zonas con menor cantidad de investigaciones. La experiencia acumulada con los proyectos de trazado de carreteras, permite concluir que es muy probable que los trabajos del Tren Maya saquen a la luz una cantidad importante de nuevos descubrimientos arqueológicos.Total de sitios arqueológicos registrados por el INAH en la península de Yucatán: 3,657 sitiosTotal de sitios ubicados a menos de 6km de las vías del proyecto del Tren Maya: 826 Total de sitios ubicados a menos de 10km de las vías del proyecto del Tren Maya: 1,288

Mapa 4: Estaciones del Tren como nodos de articulación y expansión de los capitales agroindustriales, inmobiliarios, turísticos y financierosA lo largo de las vías de tren se pretenden instalar estaciones y mal llamados polos de desarrollos (no hay claridad aún sobre el número, por el momento se han anunciado alrededor de 20) que se financiará bajo esquemas de Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA). Este esquema financiero complejo y engañoso pretende integrar a los dueños de la tierra como “socios” de esos polos de desarrollo. Con este discurso, las expropiaciones de tierras son enmascaradas como áreas de desarrollo que permitirían que los ejidatarios se convirtieran en socios capitalistas de los proyectos de despojo. Junto a los corredores de expropiación impulsados por las estaciones del Tren Maya, también podrían incluirse algunos proyectos de reordenamiento territorial anunciados en las imágenes de las estaciones que difundió el gobierno actual, mismas que, hasta ahora, constituyen la principal fuente de información sobre el trayecto del Tren Maya.

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[Nota] Tren Maya fragmentaría 8 áreas naturales protegidas

Compartimos la siguiente nota informativa publicada en Pie de Página- A 29 de noviembre de 2019

La construcción del Tren Maya podría fragmentar los hábitats de ocho áreas naturales protegidas de cinco estados, advierten investigadores de distintas disciplinas. Dio inicio la fase informativa en 15 asambleas regionales de la consulta del proyecto

Texto: Daliri Oropeza

Foto: Lucía Vergara

El diagnóstico: impacto en ríos subterráneos, cenotes, selvas, humedales, manglares, palmares y arrecifes de 8 áreas naturales protegidas. Es el resultado de la investigación de un grupo multidisciplinario sobre los efectos del Tren Maya, en el marco de la consulta que se llevará a cabo en cinco estados: Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

De acuerdo con cuatro instancias de gobierno, Fonatur, INPI, Segob [1] y Presidencia, el proyecto contempla una ruta de 1,460 km, con 18 estaciones. Con ello, servicios de transporte para pasajeros locales, turistas y carga. Estiman una inversión120 mil millones de pesos para la construcción del tren. Trazan su viabilidad en 4 ejes, medio ambiente, ordenamiento territorial, desarrollo económico y patrimonio cultural.

Tanto Fonatur (oficina encargada del proyecto) como el INPI aseguran que en medioambiente, buscarán proteger los recursos hídricos y acuíferos, en particular cenotes y ríos subterráneos y respetar las reservas ambientales aunque no detallan cómo. Proyectan 18 “polos de desarrollo”, entre ellos Calakmul en el corazón de la reserva.

Sobre el ordenamiento territorial, hablan de llevar a cabo procesos de planeación con participación ciudadana, pero no dicen si van a comprar tierras o van a expropiar. Hablan del derecho de vía ya existente, pero eso solo está en una parte de la ruta.

Del desarrollo económico dicen que es prioridad facilitar el acceso a los mercados laborales y “generar nuevas oportunidades económicas”. En cuanto al patrimonio cultural, dicen que es prioridad “facilitar el acceso a múltiples zonas arqueológicas y poblaciones de valor turístico” .

Mapa oficial de la ruta del Tren Maya. Fuente: Fonatur, INPI, Segob, Presidencia

El efecto barrera lo provocarían al intervenir la selva. Esto deriva en perdida de hábitat provocado por desmonte, entonces los animales se desplazan, puede pasar atropellamiento de fauna y efecto de atracción hacia zonas urbanas por búsqueda de alimento.

En el equipo de investigación están la antropóloga Giovanna Gasparello, la pedagoga Violeta Núñez, el periodista Jaime Quintana, la historiadora Eliana Acosta, el biólogo David Jiménez, el antropólogo Antonio Machuca, y de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Heber Uc.

Ellas enlistan los ocho territorios protegidos en el trazo del Tren Maya:

  • Parque Nacional Palenque, Chiapas
  • Área de Protección Cañón del Usumacinta, Tabasco
  • Reserva de la Biosfera de Calakmul, Campeche
  • Reserva de la Biosfera Los Petenes, Campeche
  • Área de Protección Yum Balam, Quintana Roo
  • Área de Protección Manglares de Nichupté, Quintana Roo
  • Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, Quintana Roo
  • Área de Protección Uaymil, Quintana Roo

Una nueva consulta…

Nunca antes se había hecho una consulta de este tipo en la región Maya. De acuerdo con las cuatro instancias de gobierno federal, es un proceso de consulta que contempla tres fases a lo largo de un mes: difusión de información, fase deliberativa y un ejercicio participativo con votación y urnas a la que denominaron fase consultiva.

Dentro de la etapa de difusión e información, que inició desde el 15 de noviembre, este 28 comenzó la fase informativa realizada a través de 15 asambleas regionales. A partir del 30 iniciará la fase deliberativa para desembocar en la fase consultiva de votación en urnas el 14 de diciembre.

La etapa de difusión e información inició desde el 15 de noviembre. La fase informativa inició el 28 de noviembre, realizada a través de 15 asambleas regionales. A partir del día 30 de noviembre iniciará la fase deliberativa, para desembocar en la fase consultiva de votación en urnas el 14 de diciembre.

a dinámica de la consulta fue anunciada en una conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Habitantes de la región han expresado confusión sobre el proceso de consulta y la falta de información tanto de la dinámica de la propia convocatoria, como detalles del proyecto.

Por su parte, aún sin haber consulta, el titular de Fonatur Rogelio Jiménez Pons anunció el 9 de agosto a las empresas ganadoras de la licitación para construir el tren: el consorcio integrado por SENERMEX Ingeniería y Sistemas, S.A. de C.V., Daniferrotools, S.A. de C.V., Geotecnia y Supervisión Técnica, S.A. de C.V. y Key Capital, S.A.P.I. de C.V.

Jiménez dijo que esto integra la ingeniería y diseño de diversos estudios y proyectos: cartografía, topografía, geología, geotecnia, geofísica, trazo geométrico, terracerías, estructuras, obras inducidas, entre otros.

Para garantizar los derechos de consulta, de acuerdo con la el Convenio 169 de la OIT, debe haber consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Pero ya estaba la licitación antes de que los pueblos definieran si les interesa el proyecto.

Detalle de los impactos

El proyecto, de acuerdo con los investigadores, además de implicar la deforestación de la selva, la venta de tierras, el cambio de uso de suelo y la especulación inmobiliaria, conlleva la penetración de una lógica de mercado que privatiza la tierra y la vida.

Aseguran que esto afectará las propias formas de valoración de los pueblos indígenas, “los cuales por cientos de años con sus saberes y prácticas ancestrales han sabido cuidar y conservar, y hacer del Sureste una de las regiones con mayor riqueza y diversidad biológica y cultural del país”.

Los investigadores advierten que el Tren Maya implica un “reordenamiento territorial que podría cambiar profundamente las formas de vida de la población indígena y campesina en la región”. A través de los llamados “polos de desarrollo” se edificarán ciudades para abastecer las necesidades turísticas como hoteles, restaurantes, centros comerciales, mano de obra, explican.

Mapa de los “polos de desarrollo” proyectados por el gobierno federal. Fuente: Fonatur, INPI, Segob, Presidencia.

El equipo de investigadores muestra preocupación por varios puntos, el primero es que el proyecto está a cargo de Fonatur:

“Fonatur no es una institución destinada al desarrollo de servicios sociales o de infraestructura pública. Se trata de una instancia intermediaria entre el Estado (que ‘posee’ la tierra y la riqueza natural, paisajística y cultural ofrecida en el mercado turístico) y los empresarios (que tienen el capital para invertir en hoteles e infraestructura turística)”.

También expresan:

“Sólo 30 por ciento de los habitantes de los estados por donde cruza el tren tienen acceso al agua, y este impacto se va volver más grave porque no hay una estrategia de potabilización del agua ni de alcantarillado o de tratamiento de aguas residuales”.

Sobre el agua, los investigadores cuestionan qué pasará en Calakmul ya que actualmente no hay agua suficiente para la población: ¿de dónde se abastecerán de agua si imponen el proyecto?

Las entidades donde cruzará el Tren Maya -Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán- albergan 63.6 por ciento de la superficie de manglar.

Los investigadores advierten además sobre la contaminación de cenotes, grutas, impactados por turismo:

“El proyecto del tren amenaza los ecosistemas y hábitats de las especies endémicas como el jaguar, puma, tapir, pecarí de labios blancos, saraguato de manto, mono araña, zopilote rey, águila elegante y pavo ocelado”.

Más información:

Zacatecas: La lucha Organizada avanza en contra de la Presa Milpillas

Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 3 de diciembre de 2019

La noticia sobre la cancelación de los 504 millones de pesos del presupuesto federal para la construcción de la Presa Milpillas, es un peldaño más a favor de la lucha organizada de las comunidades de Zacatecas, pero sobre todo de las y los habitantes del municipio de Jiménezde Teul, así como de los ejidos que integran el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, porque ratifica, no sólo el pobre papel emprendido por parte de diferentes actores políticos del gobierno de Zacatecas, encabezados por el Gobernador Alejandro TelloCisterna, -así como titulares y operadores de la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Agua y Medio Ambiente y la Policía Estatal entre otras dependencias-, sino además demuestra que la lucha por la vida, por la esperanza, por la no violación de los derechos de los pueblos, se encuentra en manos de las comunidades que deciden defender el territorio y que no se dejan manipular por los discursos de progreso que tanto pregonan los gobernantes a nombre de los pueblos.

A pesar de las amenazas, calumnias, campañas de desprestigio, coacción, acoso policiaco, represión e intentosde criminalizar para las y los integrantes del Movimiento, con el propósito de dividirlos internamente y lograr sus pretensiones de ocupar el territoriocon una presa que nadie de los habitantes pidió, las mujeres y hombres, jóvenes y niñ@s de los ejidos de Atotonilco (Cortina), El Potrero (embalse), Estancia de Guadalupe (caminos), Corrales (planta de rebombeo) y las comunidades río abajo,han logrado darle varios reveses legales y jurídicos, quedando al desnudo la ilegalidad de un proyecto con claros tintes privados, que pretenden despojar de los bienes naturales a quienes tienen una forma de disfrutarlos de manera libre y ordenada.

Esta noticia sobre la cancelación de 504 millones originalmente destinados para iniciar la construcción de la presa Milpillas, desmontade facto un proyecto que, de acuerdo a documentos oficiales tiene un costo total equivalente a poco más de 6 milmillones de pesos de inversióntotal, en donde prevalecen grandes procesos de colusión para el uso del agua con fines empresarialesy privados.

No obstante el anuncio sobre la cancelación del recurso financiero, sirve para que estemos atentos y alertas porque ahora ya de manera directa, el gobierno zacatecano menciona que será el sector empresarial quien pretende inyectar más de 4 mil millones depesos para iniciar la construcción de un acueducto, el cual afectará el territorio de los ejidos de Niño Artillero y Nuevo México en Sombrerete; La Presa, Misericordia y Anexos, Primero de Mayo, Trujillo y Buenavista, Melchor Ocampo, Tapias, San Cristóbal, El Salto, Eréndira, México Nuevo y Providencia en Fresnillo; Hacienda Nueva en Morelos; y La Pimienta en Zacatecas.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro máximoreconocimiento y solidaridad al llevar la lucha por elterritorio con tanta dignidada todas y a todos los que forman parte del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.

# LaPresaMilpillasNoEsLaOpción #RíoAtencoLibre #NoALaPresaMilpillas

A T E N T A M E N T E

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Más información:

ZACATECAS: PROCURADURÍA AGRARIA DE ZACATECAS A CUENTAS POR CASO MILPILLAS

Zacatecas: Advierten que habrá desplazamiento forzado y pobreza por la Presa Milpillas

[Línea del tiempo] Lucha por la vida y contra el Despojo por el proyecto Presa Milpillas

[PDF] Boletín El Zanate n° 2 «¿Extractivismo o conservación?»

Compartimos la 2da edición del Boletín «El Zanate» una producción de Otros Mundos A.C. – A Diciembre de 2019

En este número del Zanate hablamos sobre el extractivismo, te invitamos a lo descargues y compartas desde la web de Materiales.

Esperamos les sea muy útil en sus luchas y resistencias

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Este manual fue publicado bajo la licencia Creative Commons. Pueden reproducirlo libremente, siempre y cuando mencionen los créditos y no lo comercialicen.

Más Zanates:

[Material en pdf] Boletín «El zanate»

Galería de fotos: Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas «Mariano Abarca»

Compartimos algunas fotos de la entrega del Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas y del Foro.

Agradecemos enormemente a todas las organizaciones que avalaron el reconocimiento y a todas las personas que asistieron.

Más información:

[Video] MODEVITE Recibe el Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental «Mariano Abarca»

PRIMER RECONOCIMIENTO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS 2019 “MARIANO ABARCA”

Acción global #JusticiaParaBerta

Compartimos esta acción para exigir justicia para Berta Cáceres del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN)

¡Únete a la acción global #JusticiaParaBerta!

Envía una carta al Fiscal General exigiendo verdad y justicia en el caso Berta Cáceres.

No habrá justicia para Berta hasta que TODOS los involucrados en la planificación y pago por su asesinato sean investigados y juzgados.

Envía tu carta aquí ??
https://www.amnesty.org/es/get-involved/take-action/verdad-y-justicia-para-berta-caceres/