México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019

Compartimos la siguiente nota publicada en Avispa Midia sobre el hostigamiento y asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en México – A 8 de enero de 2020

Por Eugenia López

El año que acabamos de despedir fue particularmente violento para defensores de derechos humanos y activistas: a lo largo del año 2019 se registraron más de 30 asesinatos, principalmente en el sureste del país.

Enero sangriento

El primer asesinato fue registrado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas. Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos fue atacado cerca de su domicilio después de haber participado en protestas en demanda de agua potable.

Pocos días después, el 18 de enero, en la misma entidad fueron asesinados Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez en Amatán, Chiapas. Jimenez Pablo era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional y Gómez era parte del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común. En ese entonces, los dos estaban involucrados en un plantón que exigía la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, quien fue destituido dos semanas después.

Para saber más, Chiapas: Paramilitares cobijados por Morena atacan movimiento social en Amatán

El día 20 de enero, Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda después de haber manifestado su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca.

Al día siguiente, Bernardino García Hernández fue asesinado en Zimatlán, Oaxaca. Él era el enlace de su comunidad para la resolución del conflicto por la delimitación de tierras que mantienen con la localidad de San Sebastián Nopalera.

Defensores del territorio y comunicadores

El mes de febrero fue marcado por el asesinato de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl, originario de Amilcingo, Morelos. Él era fundador de la radio comunitaria Amilzinko 100.7, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala y era conicido por oponerse férreamente al Proyecto Integral Morelos (PIM).

En contexto: México: a 2 días de que se realice consulta sobre la Termoeléctrica en Morelos, es asesinado un activista

El 2 de mayo, el director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”,  Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.

Durante el último mes del año, Josué Bernardo Marcial Santos conocido como “TíoBad” fue asesinado y su cuerpo abandonado en el acceso a San Juan Evangelista, en el sur de Veracruz. Originario de  Sayula de Alemán, luchaba con rap para preservar la lengua mixe-popoluca, y denunciaba el despojo en su territorio por el fracking, el narco estado y los asesinatos a periodistas. También fue delegado de su pueblo en el Congreso Nacional Indígena (CNI).

Ver también : TíoBad, el jaranero que defendió con rap la lengua mixe-popoluca

En el estado de Guerrero fueron asesinadas al menos 5 personas.

El 5 de mayo, fueron encontrados los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, miembro del Concejo Indigena de Gobierno (CIG), y Modesto Verales Sebastián, delegado del CNI, después de varios días de haber desaparecido tras asistir a una reunión en la ciudad de Chilpancingo.

Un mes después, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del  Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).

El 11 de octubre, un grupo armado atacó a Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt), quien luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá. Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfort.

Leer también, México: Alertan sobre aumento en violencia contra organizaciones indígenas en Guerrero

La Sierra Tarahumara de Chihuahua también fue el escenario de varios asesinatos de defensores del territorio a lo largo del año.

El 1 de mayo, un grupo armado mató a Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruzv en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En 2018, un familiar de las víctimas, Julián Carrillo Martínez, también había sido asesinado. Él indígena rarámuri era defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.

El domingo 13 de octubre, fue secuestrado y asesinado el activista Cruz Soto Caraveo en la comunidad Los Llanos, Chihuaha. Él había recibido amenazas previas por parte de civiles armados y desde hace un par de años se encontraba desplazado, luego que un grupo delictivo lo despojó de sus tierras y las convirtió en un sembradío de marihuana y amapola.

Represión de la comunidad LGBTQI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual y más)

El sábado 9 de febrero, murió asesinado el activista muxe Óscar Cazorla, defensor de los derechos LGBT en Juchitán, Oaxaca. El activista fue fundador de “Las Auténticas intrépidas buscadoras del peligro”, una de las mayores festividades de la diversidad sexual.

En Veracruz, el joven activista Miguel Ángel Medina fue asesinado a golpes de piedras. Localizaron su cuerpo en el cementerio Gregorio Vidal Alor, en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como desaparecido.

Buscadores de personas desaparecidas

El activista Abiram Hernández Fernández, quien era conocido por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas, fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo.

El 19 de julio de 2019 Zenaida Pulido Lombera murió asesinada después de un ataque a balazos mientras circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la desaparición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.

Imagen: Cuartoscuro

Más información:

Agricultores de Chihuahua inician resistencia contra mina canadiense

Compartimos esta nota de Notimex a través del Diario Rotativo sobre otro caso más de resisencia a proyectos mineros de muerte en México – A 2 de enero de 2020

Samalayuca, Chih., 2 Ene (Notimex).- Los agricultores de la región conformada por los cuatro ejidos Samalayuca, Ojo de la Casa, El Vergel y Villaluz, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso de la maquinaria y a ampararse si las empresas participantes en el proyecto insisten en su explotación.

Gregorio Valtierra Porras, secretario del comisariado ejidal, expresa su rotunda desaprobación a la instalación de la mina porque, dice, eliminará la actividad agropecuaria de los ejidos.

“Hacer un paro a mi ver, a mi ver, definitivo, que no pasara ninguna persona de ellos hacia donde se va a hacer la mina. No dejar pasar la maquinaria. Mucha gente, que es la mayoría del pueblo, gente que viene de Ciudad Juárez, gente que viene de las rancherías también cercanas están de acuerdo con nosotros; y con el apoyo de todas esas personas me imagino yo –confía-, vamos a salir triunfadores”.

Valtierra dijo que están decididos a evitar que las mineras Samalayuca Cobre y VVC Exploration de Vancouver, Canadá, comiencen a demoler la sierra.

“A estas alturas se trata de no nada más de proteger el beneficio mío, se trata de defender a la comunidad entera. Creo que hasta allá llegaremos a hacer el paro definitivo, bloquear, obstruir las entradas a la mina, donde sea posible llegar y hacerlo”, reafirmó.

Daniel Zamarrón, profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), integrante del Frente Eco-social Paso del Norte, indicó que los agricultores cuentan con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad académica.

“Estamos haciendo conciencia del impacto que significa un emprendimiento de estas características. Hemos hecho foros en la UACJ, en el Tecnológico Ciudad Juárez, secundarias y primarias de la ciudad. Se han llevado a cabo asambleas informativas”, expuso.

En el desfile del 16 de septiembre se manifestaron y han instalado brigadas informativas en distintos puntos de Ciudad Juárez donde reparten trípticos con toda la información relativa a los efectos negativos del proyecto.

En tanto, Valtierra Porras recuerda que desde niño ha arado la tierra, su padre le enseñó a usar el azadón y ahora de adulto, proporciona 48 empleos en temporada de cosecha.

“Le pediría a las autoridades federales que hicieran un poco más de conciencia, que se pongan en nuestro lugar, que nosotros como pobladores, somos de muchísimos años aquí en Samalayuca para que llegue una cosa de esa magnitud, de la contaminación que va a provocar y nos destruya nuestras vidas”, advirtió.

Por ello insiste en pedir a las dependencias federales que “se pongan en nuestro lugar y nos echaran la mano con esto, que la mina no se llevar a cabo”.

Manuel Belmontes Rea, asegura que “van a meter un amparo en contra de la mina”.

Puntualiza que la justificación de las empresas de que generará mil 200 empleos no es argumento porque aquí lo que sobra es el trabajo.

“Alcanza para 600 plazas en tiempo de cosecha de hortalizas en las 800 hectáreas de cultivo. Con decirle que aquí viene gente a trabajar de Durango, Puebla, Oaxaca, de la sierra de Chihuahua, en los tiempos que hay cosecha. Empieza desde mayo hasta octubre, hasta que cae la primera helada y luego sigue la cosecha de la nuez, como ahorita que está la cosecha de la nuez”, explicó.

“Por el lado del comercio, a lo mejor nos convendría que pusieran la mina. Y luego, ¿qué ganamos si como comerciantes nos vamos a llenar de billetes y al rato nos los vamos a acabar en el hospital porque vamos a estar enfermos por lo que respiramos, el agua que tomemos, todo eso de qué sirve?”, cuestionó Belmontes Rea.

Intentan pasar a “la mañanera”
La presión sobre los pobladores los obligó a acudir a la Ciudad de México a intentar entrevistarse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Conferencia Matutina del pasado dos de diciembre, a quien no pudieron ver.

Jesús Ernesto Pedroza Pineda, uno de los agricultores que acudió a la capital del país, explicó que se entrevistaron con una diputada federal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien les dijo que los apoyará en su petición.

El poblado de Samalayuca comenzó la resistencia contra el proyecto, algunas viviendas muestran su rechazo al mismo con mensajes colocados en las bardas y cercas de las casas, han hecho manifestaciones y acciones para la concientización de la población afectada.

“Hemos estado manifestándonos aquí en el pueblo y en Juárez, fuimos hasta México, fuimos ahí con el presidente, fuimos al Mañanero (sic), y no nos dejaron entrar. Y fuimos a Cámara de Diputados, estuvimos ahí y ya nos regresamos para acá”, explicó.

No queremos ese monstruo
“Como nosotros somos agricultores de siembra, la mina dicen que trae mucho dinero, las ganancias se las van a llevar los canadienses nada más, aquí van a dejar puro desastre en nuestro pueblo. Que no nos pongan ese monstruo aquí en el poblado de Samalayuca. Nosotros estamos peleando por nuestra vida”, añadió Pedroza Pineda.

Dijo que la preocupación al concretarse el proyecto minero son los efectos en la salud de la población.

Porque como es una mina a cielo abierto trae muchos gases y todo, aquí pues sembramos y dicen que da cáncer y es un peligro para aquí para el pueblo”.

Añadió que los trabajos mineros se realizarán muy cerca tanto de la zona de siembra y cultivo de hortalizas como de la población que radica en los cuatro ejidos mencionados.

“De aquí para allá empiezan las hortalizas, las calabacitas, ahí tenemos la Comisión (la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, CFE), ahorita está jalando, está echando mucho vapor”, explica Pedroza Pineda mientras va señalando la serie de cultivos que tienen en esta región donde también producen nueces.

Y añade cada uno de los aspectos que hacen fuerte económicamente esta parte de Chihuahua, que a su juicio no requiere más oferta de trabajos que dañarán el medio ambiente.

“Es que aquí es un pueblo turístico, viene mucha gente a visitarnos de Estados Unidos y de Juárez. Están las albercas, tenemos las dunas, el Ojo de la Casa, los petrograbados, ahí donde está la mina. Es piedra laja, con las vibraciones de la mina se van a destrozar los petrograbados y es lo que no queremos”, reitera.

“Aparte –agrega Ramiro Herrera Alvarado-, aquí hay venado, hay jabalí, coyote, puma, gato montés, víbora de cascabel, tortuga del desierto, que casi se extinguieron con otra mina”, alertó.

Por ello solicitó la intervención presidencial:
“Que no se haga la mina, aquí hay mucho trabajo, aquí no trabaja y no se supera el que no quiere. Queremos que le llegue la información al presidente López Obrador para que nos ayude, queremos dejar de herencia este ecosistema a nuestros hijos y nuestros nietos”, finalizó.

Imagen: Agricultores de la región conformada por los ejidos Samalayuca, iniciaron la resistencia civil al proyecto minero y están dispuestos a impedir el paso. FOTO: NOTIMEX.

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Guanajuato: 2020 será año clave en la lucha contra mina en el Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo

Compartimos el comunicado del Movimiento Acción Colectiva, la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y una nota publicada en Zona Franca a través de Sin Embargo sobre la lucha que se realiza en contra de una minera canadiense en Dolores Hidalgo – A 15 de enero de 2020

El Proyecto Minero Cerro del Gallo no va. Comunidades de Dolores Hidalgo en defensa de su territorio contra el despojo minero

Ante la pretensión de la empresa canadiense Argonaut Gold de explotar una mina a tajo abierto en el Cerro del Gallo en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato y luego de una lucha continuada de las y los pobladores de las comunidades que habrían sido afectadas por la defensa de su territorio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) resolvió negar la autorización en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo solicitados por la empresa.

Apenas en noviembre del 2019, a invitación del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, integrantes de las comunidades afectables visitaron el Cerro San Pedro en San Luis Potosí para constatar, de primera mano, las afectaciones concretas al territorio, a la salud y al medio ambiente que produce la minería en su paso por los territorios de extracción.

Mediante un proceso de información, que concitó la participación de mujeres y hombres de las comunidades del municipio de Dolores Hidalgo en oposición al proyecto minero (Santa Bárbara, Cerrito de Guadalupe, La Colmena, El Durazno, Palacio de Abajo, El Potrero de Guadalupe, San José de la Campana, San José de la Palma, El Llanito, La Ventilla, San Isidro el Sisote, San Marcos, Purísima de Cebolletas, Cabaña de San Jerónimo, La Tinaja, Cerrito de Santa Cecilia, San Vicente, Silleros, San Francisco de la ERRE y El Capulín) las y los potenciales afectados cobraron concienca de la capacidad criminal de la megaminería tóxica.

No olvidamos que apenas en julio del año pasado, en la ciudad de Guanajuato, durante el acto de inauguración de la “Expo México Minero”, Salvador García Ledesma, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, calificó como “ridícula” la preocupación de las comunidades por los daños a la salud y al medio ambiente que genera la actividad minera. Se refería a la preocupación de las comunidades por las posibles afectaciones del Proyecto Cerro del Gallo. Desde la REMA, advertimos entonces, cómo esa declaración revelaba justamente la actitud con la que la actual industria minera en México se relaciona con las comunidades que habitan los territorios que pretenden explotar: desprecio a sus intereses y preocupaciones, desprecio por su vida, su salud y su territorio.

Pues bien, aquí siguen de pie estas comunidades y las organizaciones que las acompañan, dispuestas a la “ridícula” idea de defender su territorio, su vida y su futuro.

Durante este proceso de defensa, las comunidades han contado con el apoyo sostenido de las organizaciones que conforman la Hermandad de la Cuenca de la Independencia (nombre del acuífero que sería afectado por la minera), del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier y de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).

Para combatir la estrategia de desinformación utilizada por las empresas del Modelo Extractivo Minero, la cual implica el ocultamiento de las consecuencias nocivas de sus proyectos y la oferta de beneficios ficticios, nuestro trabajo consiste en acercar información objetiva y real sobre las diversas afectaciones que produce la minería: contaminación de la tierra, del agua y del aire, erosión y desertificación del territorio y afecciones a la salud; pérdida de soberanía alimentaria, de biodiversidad y del paisaje así como altísimas contribuciones al cambio climático; empleos precarios, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, debilitamiento del tejido social, división de comunidades; atentados contra la integridad física y emocional de opositores así como su criminalización, son algunos de ellos cuando las mineras aparecen.

Pese al estado de necesidad que impera en las comunidades que habitan los territorios donde la minera canadiense Argonaut Gold y su filial mexicana San Antón de las Minas, S.A. de C.V. pretenden explotar el Cerro del Gallo, las y los pobladores han expresado su rechazo demostrando dignidad y capacidad de organización. Ello refrenda que desde la organización, la información técnica y la movilización, los pueblos tienen la autoridad y legitimidad necesaria para hacer valer el respeto a la vida y el respeto a su futuro.

Felicitamos a las comunidades que se han movilizado en esta lucha dando un ejemplo de unidad y de capacidad de respuesta en la Cuna de la Independencia de México. Nos congratulamos y felicitamos a las organizaciones que han apoyado este proceso y a nuestros compañeros de REMA implicados en esta batalla por la integridad de los territorios. La confluencia de capacidades y de dignidad prevalece y nos da bríos para continuar esta lucha contra el despojo y por la vida.

¡NO AL DESPOJO DE NUESTROS TERRITORIOS! ¡ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN Y MOVILIZACIÓN POR LA VIDA Y CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO! ¡EL DESPOJO NO ES DE UTILIDAD PÚBLICA!

2020 será año clave en la lucha contra mina en el Cerro del Gallo en Dolores Hidalgo

Por Roberto Gutiérrez Torres, 1 de enero de 2020

Cientos de comuneros, campesinos, y habitantes de alrededor de 20 comunidades, han dado la batalla en este 2019, para que no se instale la empresa  Canadiense Argonaut Gold, señalando el caos ambiental y los daños inherentes daño a la salud , que esto provocaría si llega a explotarse la mina en el Cerro del Gallo.

Dolores Hidalgo, Gto. En 2019 la población dolorense y en específico quienes habitan en alrededor de 20 comunidades aledañas a San Antón de las Minas, a unos 15 kilómetros de la cabecera, han iniciado una lucha ciudadana, pacifica cuyo objetivo es buscar la concientización entre los habitantes de la región que incluye a otros municipios, y hacer saber al gobierno municipal, estatal y federal que no quieren la explotación de la mina ubicada dentro de su territorio.

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Foto: Roberto Gutiérrez.

Dentro de su página oficial la compañía canadiense Argonaut Gold precisa que: “Argonaut adquirió el proyecto Cerro del Gallo por 15 millones de dólares en noviembre de 2017. Es el tipo de proyecto que históricamente hemos operado bastante bien y se sitúa justo dentro del nivel de habilidades de nuestro equipo. Los recursos y reservas conocidos de mineral solo representan una porción muy pequeña de la tenencia minera controlada a través de varios objetivos de exploración en San Antón”, se señala en palabras de Bob Rose, vicepresidente de Servicios Técnicos.

El Proyecto

La empresa canadiense Argonaut Gold pretende desarrollar su etapa de explotación en el Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia, misma que ya se encuentra operando en nuestro país, entre ellos en el complejo El Castillo en el Estado de Durango y en la mina La Colorada en  Sonora.

Entre sus proyectos de exploración avanzada está trabajando en la mina de San Antonio, en Baja California Sur y en la del Cerro del Gallo; es en este último proyecto donde la compañía canadiense se ha encontrado con el rechazo frontal de pobladores, activistas y ambientalistas .

De realizarse su proyecto abarcaría un área total de más de 20 mil hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a la salud de las poblaciones aledañas.

Así como el uso y contaminación de grandes cantidades de agua han señalado ambientalistas y activistas de la Cuenca de la Independencia.

En el contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del “Acuífero Cuenca de la Independencia”, el acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterránea por empresas y la aguda escasez para los habitantes de las comunidades rurales, donde hace años se señalado la crisis hídrica.

Organizaciones civiles, comunales, campesinas y pobladores en lucha

Son diversas organizaciones las que se han estado sumando de manera activa en conjunto con los pobladores en el diseño y ejecución de acciones de concientización sobre lo negativo que traería la explotación de la mina.

Foto: Roberto Gutiérrez.

Las comunidades vecinas de San Antón de las Minas y ella misma tienen organizaciones campesinas y comunales que han estado trabajando en métodos alternativos de producción comunitaria entre ellas se encuentra el Centro de Desarrollo Agropecuario y Social CEDESA, quien tiene ya más de 50 años en coadyuvancia con los campesinos y pobladores de esa región.

Otras organizaciones que han encabezado la lucha de “No a la Mina “ es la Coalición por la Defensa de la Cuenca de la Independencia CODECIN y junto a ellos un colectivo de jóvenes denominados “Guardianes de la Cuenca de la Independencia”, todas ellas con trabajo continuo municipal y regional  con una  gran base activa de miembros.

En otra vertiente otras organizaciones con presencia estatal, nacional e internacional como la Red de afectados por la Minería Rema, Acción  Colectiva Socio-ambiental, A.C. y la Hermandad de la Cuenca han estado trabajando sobre el mismo objetivo.

Todos ellos han realizado ya actividades que  han tomado resonancia nacional e internacional iniciaron con foros de información, la realización de una magna marcha realizada el pasado 21 de Julio en esta ciudad, y partir de ahí se han sumado plenarias, conversatorios, platicas, y exposición de posibles afectaciones en diversos eventos, así mismo se han ido sumando activistas y pobladores de otros municipios en específico de San Miguel de Allende y San Luis de la Paz entre otros.

Actualidad

En estos momentos el proyecto minero dependería de que se den en conjunto tres factores: los permisos correspondientes del gobierno municipal y federal y la permisibilidad de los propietarios de la tierra para que la empresa pueda usar sus terrenos y explotar la mina de acuerdo a declaraciones del activista y abogado Gustavo Lozano, miembro de Acción Colectiva Socio-ambiental.

Gustavo Lozano precisa que actualmente la empresa está en el proceso de exploración de la zona para posteriormente, si obtiene los permisos necesarios por parte de la SEMARNAT, pasar a a la etapa de la explotación de la mina.

En septiembre pasado SEMARNAT le anuncio a la empresa que en ese momento no podría determinar los permisos para explotar la mina, iniciados a principios de este año por la minera y la institución dio un plazo más largo para analizar el permiso solicitado.

En términos municipales, el edil Miguel Angel Rayas Ortiz, se ha solidarizado con las organizaciones civiles locales, a las cuales le manifestado su apoyo en contra la minera, y hasta el momento el gobierno no ha otorgado ningún permiso de cambio de uso de suelo, ni de construcción.

Los pobladores con propiedades de tierras en la zona de la mina, explica el activista que una gran mayoría aun ha no han accedido a vender sus terrenos. En conclusión señala, Gustavo Lozano ” al cierre del año 2019 tenemos un tramite en SEMARNAT mismo que  esperemos que sea negado a la brevedad, y de acuerdo a lo declarado por el gobierno de Dolores Hidalgo, quien ha manifestado que  no ha otorgado ni un permiso de cambio de suelo, ni de construcción así como los pobladores de San Anton de las Minas un mayoría de ellos no han negociado sus tierras para que la minera pueda realizar sus actividades ”

Imagen: Roberto Gutiérrez, Diario Zona Franca

Más información:

[Artículo] Por años bebieron agua de pozos llenos de arsénico. Hoy el cáncer invade a habitantes en Coahuila

Compartimos este artículo publicado en Sin Embargo sobre algunas de las tantas consecuencias que deja la minería a su paso – A 5 de enero de 2020

Por Redacción / Sin Embargo

Samuel, de 58 años, originario del Ejido El Venado, municipio de Madero, en la región del arsénico, vive con diabetes y una malformación congénita en su pierna derecha, que lo mantienen atado a una silla de ruedas en el portal de su casa de Salvador.

Los estudios más recientes realizados por la la Universidad Juárez del Estado de Durango, en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, revelan que la ingesta de agua con elevadas concentraciones de arsénico, puede ocasionar infertilidad e incluso trastornos como la obesidad.

Por Jesús Peña

Coahuila, 5 de enero (Vanguardia).– A las 3:00 de una tarde húmeda en “La Manada”, el pequeño rancho jaspeado de espesos pinabetes y nopaleras frondosas, un enjambre de moscas gordas, atraído por el hedor a muerto, a carne podrida, revolotea ávido en derredor de la mano gangrenada, destrozada, de don Santos Martínez.

La mano izquierda de don Santos: apenas un amasijo de carne sanguinolento, pestilente, donde no hace mucho hubo una mano.

La mano de don Santos.

De vez en vez Santos se espanta las moscas, tercas, hambrientas, con su otra mano regordeta y tostada por el sol, que de un tiempo a la fecha ha empezado también a picarse.

“Mire lo que tengo ái. Mire, esto, esto… Me resultaron todos estos cuerillos en las dos manos. Es por el agua, por el arsénico del agua…”, masculla Santos.

Se lo dijo un doctor de Madero: que es por el agua que desde crío tomó Santos de los pozos contaminados con arsénico en el Ejido 18 de Marzo, municipio de Francisco I. Madero, en la Comarca Lagunera de Coahuila.

De Francisco I. Madero, conocido como “el corazón de la Laguna”, un corazón cuyas arterias están corroídas por el arsénico.

Los procesos de saneamiento del agua son rebasados por las cantidades de arsénico. En la imagen, una bomba de agua en Francisco I. Madero. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Santos había migrado de su natal San Luis Potosí, con una hermana suya, a esta feroz región de soles y tolvaneras, hace unos 60 años, cuando él tenía 13.

Desde entonces, como el resto de los pobladores del 18 y de toda esta ruta, la ruta del arsénico, bebió y bebió el agua de los pozos infestados con veneno.

Cuenta Santos, 73 años, bajito, menudo, el rostro morocho y curtido por el trabajo en las pizcas de algodón.

Mientras, el parloteo de una radio hiere el silencio de la finca, con sus cuartos de tierra y sus cercos de espinos, que es la casa de don Santos Martínez, enclavada en los límites de la estepa, a orillas de una angosta y larga carretera que lleva y trae a otras rancherías por cuyos veneros corren historias con sabor a arsénico, como la de Santos.

Santos había entregado el alma en el riego y las pizcas, en las tierras de los ranchos y pequeñas propiedades de la región.

Hoy vive pobre y enfermo.

Y casi, se mantiene con la ayuda de dos mil pesos que cada dos meses le pasa el Gobierno.

En el 18 de Marzo, la gente habla del anciano que vive solo en la última casucha que hay a unos 100 metros de la salida, en los márgenes de la vereda, y que está “malo” de las manos.

Santos machetea con una mano, su mano buena y sana, una rama de mezquite, y el golpeteo seco del machete que cercena, destaza, corta, mutila, el palo, hace eco, como un grito, al otro lado de la leprosa, y a ratos desolada, autovía: el camino del arsénico y acaso de la muerte.

“Me dicen que aquí murieron dos, de esto… Había otro señor que también estaba ansina. Tiene poquito que murió…”, dice Santos.

Aquí, en los pueblos de la Laguna, cuyos bajos fondos son la morada del demonio del arsénico, ha habido muertos.

No hay números.

Jesús Burciaga, médico general, especializado en hidroarsenicismo. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Nadie sabe cuántos.

Pero aquí, en los solares de estas rancherías se cuentan en voz alta las historias de personas que han fallecido por tomar agua con arsénico; y de otras que viven con cáncer de piel o mutilaciones de manos o piernas por haber bebido y bebido de las norias contaminadas con este metaloide.

Lo de don Santos empezó hace 10 años.

“Yo estaba sano, nomás de buenas a primeras me resultó esta enfermedad. Yo andaba bien, bien”, cuenta.

Primero fue ese extraño adormecimiento en las manos, luego las llagas y después la infección que le carcomió, como un ácido letal, el pulgar de la mano izquierda y de a poco la mano completa.

“El arsénico se aloja en las extremidades: en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, en las piernas…”, dice Jesús Burciaga, médico general que por más de 30 años ha estudiado el impacto del hidroarsenicismo en la salud humana.

Santos se espanta las moscas que vuelan, que se le pegan obstinadas a la herida en carne viva, de la que mana a distancia un penetrante y viscoso olor a cadáver.

Aquí ya huele a muerto.

“Hicimos unas entrevistas allá para Tlahualilo, Durango, a mucha gente amputada, con pie negro… Había un señor abandonado con 100 millones de moscas a su alrededor… Son casos patéticos que se conocen y nadie hace nada. No hay un programa de salud para atender a toda esa gente. Hay un abandono total…”, dice Jesús Burciaga.

Sólo ver la mano de don Santos desgarrada, descarnada, por el arsénico, es inevitable el vahído, la náusea.

“Fui con el doctor y me recetó medicina, pero no me hizo”, platica Santos.

El médico le dijo que para lo de él, para su enfermedad, ya no hay tratamiento.

Matilde Suárez Rivera es la auxiliar de salud del Ejido Finisterre. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

“Le dije ‘mire doctor, deme un medicamento que sea güeno pa la infección’, dice ‘no señor, no hay, ya no hay…’”.

El único remedio que puede salvarle la vida, le advirtió el galeno, es que le amputen la mano izquierda, que a Santos le mochen la mano.

Pero Santos, tiene miedo y no lo disimula.

“Pos yo tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo que me la mochen”.

Repite Santos y sus palabras, como torbellinos, se pierden en la inmensidad del páramo.

Santos camina despacio por su finca solitaria, dice que cada día que pasa le cuesta más trabajo mover sus manos, su cuerpo.

“Toy todo inválido…”, dice sin gota de resignación.

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“Las personas que ustedes conocieron, que salieron en sus portadas, en sus entrevistas, ya no están, ya fallecieron…”, dice Matilde Suárez Rivera, la auxiliar de salud del Ejido Finisterre, en Madero.

Ya están muertos, dice Matilde, y sus casas en ruinas.

Matilde evoca el caso de don J. Manuel Donato Mejía, un anciano con el cuerpo lacerado por las llagas negras del cáncer de piel, el mismo que en 2010 documentó SEMANARIO.

“Ya falleció”, dice Matilde.

Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en medicina molecular y catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Es la 1:00 de la tarde en el solar de la casa con portal amarillo de Matilde poblado de tupidos árboles, pero ni eso ahuyenta los más de 40 grados de calor que a esta hora castigan a la sombra.

“Dicen que (el hidroarsenicismo)ya no es tanto, pero yo no creo…”, suelta Matilde, se vuelve de espalda, se alza la blusa celeste y muestra las manchas parduzcas que hace no mucho le aparecieron a la altura de los omóplatos.

“Me dice la doctora que puede ser a raíz del agua que consumíamos”.

Y como si fuera un obituario Matilde recita uno por uno los nombres de los lugareños de Finisterre que ya se han ido de este mundo por culpa del hidroarsenicismo:

María Sandoval Casillas, “en paz descanse”, Julia Rodríguez Nery, Telésforo López y Manuel Donato.

Eran los tiempos en que todavía los ojos del orbe estaban puestos en Finisterre.

“El doctor Luis Maeda Villalobos, un oncólogo muy importante en esta región, fue el que determinó, por primera vez, la incidencia de hidroarsenicismo en problemas de deformaciones y de cánceres, allá en el municipio de Francisco I. Madero, por la zona de Finisterre. Él hizo los primeros estudios”, comenta Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular.

Jesús Burciaga, médico general que por más de 30 años ha estudiado el impacto del hidroarsenicismo en la salud humana, dice que en la Laguna existen antecedentes, desde 1958, sobre los efectos del consumo de metales como el arsénico, el plomo y el cadnio, en el hombre.

“Ya desde 1958 hay antecedentes de cáncer de vejiga, de pulmón, de hígado, de colón; píe negro, de la frecuencia con la que se presenta el cáncer. Para 1960 se dieron 260 casos clínicos de enfermos que se quejaban del crecimiento del hígado…”.

De Japón vinieron a Finisterre médicos y periodistas para ver lo qué pasaba con el arsénico.

“Anduvieron buscando a esas personas que le acabo de mencionar que ya fallecieron. Yo los llevé con ellas, así como a ustedes”, dice Matilde.

Matilde llegó de Tamaulipas, a este pueblo de chozas de adobe y calles sin asfaltar, en 1982.

Eusebio dice que desde hace algunos años viene de Madero, dos veces por la semana, un camión que surte a la gente de garrafones con 20 litros de agua purificada, a cambio de 15 pesos. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

“Nomas hágale…”, suelta.

37 años ya de aplacarse la sed, bañarse, lavar la ropa, con el agua arsenicada que rezuma bajo la piel, por las venas abiertas de la Comarca Lagunera.

“En aquellos años hubo una persona, un vecino, joven, él murió de 42 años, todo su problema vino por el hidroarsenicismo. Tenía cáncer en la vejiga… Usted sabe que en estas comunidades rurales a veces no contamos con los recursos necesarios para ir a un doctor…”, dice Matilde.

Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, explica cómo es que el arsénico, una vez alojado en el cuerpo, desencadena el cáncer y otros males:

“Los metales pesados interactúan directamente con el DNA y el DNA es el motor que controla todos los procesos celulares. A nivel molecular hay una interacción de los metales eh. Hay activación de algunos mecanismos que generan enfermedades serias. El problema está en la interacción a nivel molecular y el metal pesado llega hasta el centro de las moléculas que controlan la vida. El cáncer es uno de los problemas más frecuentes porque el arsénico activa y multiplica los oncogenes”.

Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en medicina molecular y catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango, explica así el daño que el arsénico puede causar en el ADN:

“Genera radicales de oxígeno, que esas son moléculas que oxidan otras moléculas, en este caso el DNA. Cuando se oxida el DNA puede degenerar en muerte celular o cáncer, que ésta es una de las principales preocupaciones…”.

Matilde cuenta que en aquella época pasó vista, notificó, de todos esos casos a las autoridades sanitarias de Madero, pero nada ocurrió.

Ahora está preocupada porque, dice, a últimas fechas en Finisterre se han presentado casos nuevos de lesiones causadas por el consumo prolongado de agua con altas concentraciones de arsénico.

Itzel Tapia Pérez, es la doctora en la clínica del IMSS Salvador. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

“Sí, puede ser, pero se tendrían que valorar las lesiones porque no son exclusivas del arsénico. De hecho, la exposición al sol provoca algunas de esas lesiones o muy parecidas. Se pueden asociar al arsénico, si la persona está expuesta al arsénico o vivido en una región con arsénico…”, dice Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Uno de esos casos es el de don Eusebio López Bernal, oriundo de Sombrerete, Zacatecas, 72 años, 30 de vivir en este pueblo, 30 años de tomar agua con arsénico

Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en medicina molecular, asegura que el problema del hodroarcenismo ya se ha incrementado por la cada vez mayor sobreexplotación de los mantos acuíferos en la Laguna.

“Estamos haciendo pozos más profundos, situación que provoca que ese arsénico, que siempre ha estado ahí, ahora lo estemos consumiendo en mayores concentraciones y eso genera más problemas en la población”.

Ya va para cinco años que en este pueblo no tienen clínica, farmacia ni médico de planta. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

“En aquellos años, – dice don Eusebio-, la gente tomaba agua de esa y de ái se nos acumuló el arsénico. Yo tengo mucha mancha. Wache bien…”,

Eusebio deja ver debajo de su camiseta unos lunares cafés que motean sobre su espalda, cuello, pecho y el nacimiento de sus axilas.

“El arsénico es malo, el arsénico es malo y ni modo, Mire wáchele estas manchas…Eso es del arsénico”, repite Eusebio.

“Y el Gobierno dice que el agua ya está limpia…”, lo secunda Matilde.

“No, no cuál limpia. Esto viene del cabrón arsénico que trae el agua. Esa agua del arsénico, la de las norias, es como la que nos echan de la tubería. Trae arsénico toda esa agua. Que nos alivianen mejor con un medicamento pa eso de las manchas”, revira don Eusebio.

Eusebio dice que desde hace algunos años viene de Madero, dos veces por la semana, un camión que surte a la gente de garrafones con 20 litros de agua purificada, a cambio de 15 pesos.

Pero son más los años que Eusebio, Matilde y los pobladores de esta comunidad, han tomado agua mezclada con veneno.

Matilde dice que extraña aquella época en la que cada 15 días venía a Finisterre una unidad móvil de salud.

Ya va para cinco años que en este pueblo no tienen clínica, farmacia ni médico de planta.

“Los habitantes de esta comunidad que es Finisterre, con una pastillita que a lo mejor nos calmará un poco, pero… sabiendo que tal vez podemos tener un problema ya de años atrás, relacionado con el hidroarsenicismo… Tenemos grande necesidad de una clínica rural”.

Paradójicamente en la mayoría de las comunidades de la región del arsénico en Madero, Coahuila, escasea el agua de la red municipal y los naturales tienen que ir hasta las norias contaminadas y acarrear el líquido hasta sus casas para bañarse y realiza sus labores domésticas.

Luz es originaria de Salvador y bebió agua de arsénico desde que estaba en el vientre de su madre, que también nació aquí. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

“Lo que está sucediendo es que en los poblados no hay suficiente presión de agua. Sus norias tienen 400, 500, 600 microgramos de arsénico por litro. El agua que les llega de la red tiene alrededor de 50. Pero a veces tienen agua, a veces no tiene agua, cuando no tienen agua deben que ir a las norias cercanas, que esas tienen 400 microgramos de arsénico por litro, entonces siguen exponiéndose”, dice Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango

“Ahorita, – dice Matilde-, la necesidad más grande es el vital líquido, limpio y sano, que no nos acarree enfermedades, que no nos deje secuelas ni al final… la muerte…”.

• • •

Lo primero es el tanque elevado amarrillo chillante, con unas letras redondas y azules que dicen “Bienvenidos al Ejido El Salvador”.

Es la noria con arsénico de la que por mucho tiempo, unos dicen que 20, otros que 30 años, se abastecieron los nativos de esta ranchería perdida en el horizonte de Madero, justo donde acaba la ruta del arsénico.

Mediodía bajo del cobertizo de la casa de María de la Luz Herrera Rodríguez, en el pueblo de San Salvador de Arriba, Madero.

Luz está sentada en una silla de ruedas viendo girar el mundo por las calles del pueblo con sus casas pastel, su gritería de chiquillos y sus perros echados al sol.

Las calles que un día Luz caminó, hasta que tuvieron que amputarle su pierna derecha, a consecuencia de la diabetes que padece.

“Pos, ¿qué quiere que le platique?, nada más que me amputaron el pie por la diabetes”, dice Luz.

Que era hereditaria, le dijo el médico a Luz, el día que le anunció que tenía diabetes.

Lo que el doctor omitió decirle es que, según las investigaciones que durante años ha realizado la Universidad Juárez del Estado de Durango, en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, el arsénico es precursor de la diabetes porque bloquea la producción de insulina y con ello aumenta el riesgo de padecer azúcar en la sangre.

A la sazón Luz era una muchacha de 20 años.

Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Hoy tiene 46 y es paciente de hemodiálisis.

“Tengo insuficiencia renal”, dice con pesar.

Luz es originaria de Salvador y bebió agua de arsénico desde que estaba en el vientre de su madre, que también nació aquí.

Luz dice que el recuerdo más vívido que guarda de su abuelita, son esas manchas, como lunares rojos en la piel, que se le abrían…

“Decían que era por el arsénico. Ella ya tiene 29 años que murió de eso, de cáncer en la piel”.

“El problema ya no es tanto como antes del 86, pero sigue habiendo exposición al arsénico y entonces sigue habiendo problemas de cáncer, problemas vasculares, pulmonares. Las lesiones cutáneas sí aparecen en aquellos lugares, pero ya no son tan frecuentes ni tan aparatosas como las que había antes que sí, algunas eran monstruosas”, dice Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, dice que la Laguna es un referente mundial de la presencia de cáncer y otras enfermedades, asociadas con el consumo de metales pesados.

“No solamente es el arsénico, son otros metales: cadmio, flúor, boro; y no solamente es cáncer, es otro tipo de enfermedades: problemas de deformaciones óseas, que son muy frecuentes en esas regiones, problemas de dientes…”.

Hace ya siete meses que a don Samuel Maciel le cortaron uno de los dedos de su pie izquierdo y la herida no cierra.

Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Samuel, 58 años, originario del Ejido El Venado, municipio de Madero, en la región del arsénico, vive con diabetes y una malformación congénita en su pierna derecha, que lo mantienen atado a una silla de ruedas en el portal de su casa de Salvador.

“Yo le voy a hablar la verdad: donde quiera tomé agua. Ayudaba a los vaqueros que ‘cuídame las vacas’, me daba sed por allá en el monte y allá tomaba agua, donde fuera”.

-¿De las norias?

-Sí, de las norias, del tajo y de donde fuera. Ái donde estaban las vacas miándose, donde tomaban los burros y las chivas…

La bomba del ejido Cantabro, una noria contaminada en el ejido Salvador y el cerrado Centro de Salud de La Pinta, tienen un mismo denominador: el abandono y la indiferencia ante pueblos pequeños donde la gente muere por la contaminación. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Desde nene Samuel escuchaba a los viejos del pueblo averiguar de una cosa que tenía el agua.

Cuando se hizo mayor y supo de lo que hablaban sintió miedo.

Sí, se oía del arsénico, que por eso estábamos todos… y teníamos esto y lo otro. Antes donde más se oía era en Finisterre, que estaban todos cancerosos porque había mucho arsénico y que sabe qué”.

-¿Y qué piensa?

-Que antes, Dios lo ayudó a uno. Tanto mugrero que uno toma…

Durante los 20 años que lleva de enfermera en Salvador, Santa Rocha ha visto desfilar rumbo a la muerte a muchos pacientes con manchas en la piel y otros tipos de cáncer, como el pulmonar.

“Ellos ya fallecieron”, dice Santa.

Nunca se supo con certeza si esos males habían tenido que ver con la ingesta de agua envenenada de los pozos.

“Puede ser que sí, pero no se hizo un estudio muy claro que dijéramos, ‘sí, es por el arsénico…’, que se fueran más a fondo”.

Santa dice que en los últimos años los casos de hidroarsenicismo han bajado debido a que la gente dejó de beber el líquido de la noria y ahora compra botellones de agua purificada.

“¿Ahorita?, ¿gente machada?, no. Aquí ahorita… la diabetes, la hipertensión…”, dice Santa.

Don Felipe Cárdenas Aguilar, es uno de los vecinos más antiguos de Salvador y ha presenciado la muerte y el dolor de familiares y seres queridos. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

“Yo tengo manchas, sí. Ái me empezaron a salir, sabe de qué serán”, dice María del Carmen Morales. Y, se remanga la sudadera hasta los codos para descubrir sus brazos salpicados de lunares cafés.

-¿Ya le dieron medicamento?

-Pos no me dan nada, sí les he dicho, pero no me dan nada.

Habla Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango:

“No hay guías clínicas ni protocolos clínicos para atender a la gente que tiene problemas por arsénico. Hay guías para manejar la diabetes, para manejar la obesidad, el HIV. Hay guías para eso, pero en lo del arsénico no ¿Qué se tiene que hacer? La prevención primaria es disminuir el arsénico en el agua, pero hay gente que ya se expuso por muchos años. Hay que detectar a la gente que tiene lesiones tempranas por arsénico, tanto en pie, como en pulmón, como a nivel de sus vasos; y una detección temprana de condiciones que pueden generar cáncer. Ya tuvieron las lesiones, ya están avanzando… Hay que hacer una prevención. Se hace la prevención secundaria. La prevención terciaria es evitar las complicaciones, trabajar para que a la gente no le vayan a amputar una pierna, no vaya a llegar a un cáncer que sea incurable, que llegué a tener una mayor complicación por diabetes…”.

A lo largo de sus 64 años Carmen, natural de Salvador, ha vivido ya un rosario de enfermedades.

Es diabética, tuvo cáncer de mama, herpes, recién fue diagnosticada con presión alta y ahora… esto de las manchas…

“Tengo como un año que me empezaron a salir”, dice.

-¿Que oía decir de niña en Salvador sobre el arsénico?

-Nada más decían que el agua tenía algo, pero no sabían qué. Hasta que ya investigaron y todo.

Itzel Tapia Pérez, es la pasante de medicina asignada a la clínica del IMSS en Salvador, desde hace cuatro meses.

“Tengo pacientes de control, adultos de más de 40, 50 años, que padecen de manchas en los dientes y manchas en la piel… Obviamente es el arsénico, más el trabajo que… ”.

Se ha visto que los niños expuestos al arsénico, durante el periodo intrauterino o en la infancia, en la edad adulta son más propensos a desarrollar cáncer. Foto: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

Itzel dice que la mayoría de los hombres de esta ranchería labora en la pizca de algodón, de sorgo, de pepino, de cebolla, de melón, bajo el sol quemador de la Laguna.

“Presentan heridas en la piel, pero es complicado poder hablar… Hacer bien el diagnóstico… Falta… para saber bien cómo diferenciarlo… Pero que yo tenga una estadística de alguna enfermedad por metal pesado; arsénico, plomo y esas cosas, no”.

“Hay muchas muertes, – advierte Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, – que se dan en las comunidades, en los ejidos donde solamente se murió y lo enterraron. Hay poca, muy poca información al respecto”.

“Las instituciones de salud, – afirme el médico Jesús Burciaga -, no te dicen, ‘este cáncer es por arsénico’, están fallando y los médicos contaminan el diagnóstico. En los setentas, ochentas, se dio la incidencia de cáncer de piel y de pie negro, amputaciones, y se concluyó que era el arsénico”.

Además, dice Itzel, el IMSS no cuenta con los reactivos, la prueba, para medir el arsénico en sangre.

Y mandar la muestra a un laboratorio particular sería costoso, platica Itzel en su consultorio – farmacia de Salvador.

Las dos pacientes que esperan turno detrás de la puerta, auguran una tarde tranquila.

Itzel dice que en Salvador hay gente de la tercera edad que todavía, por razones de economía o de cultura, consume agua de la llave, el agua de la red que manda el ayuntamiento de Madero y que, se sabe, contiene arsénico.

“El del agua nada más viene una vez a la semana. Si tienen para comprarla se compra, si no, así, de la llave. Yo tengo una cisterna, con esa agua me baño y me traigo mi bote de agua purificada de mi casa para los días que aquí me quedo…”.

Fernando Ulises Adame de León, doctor en biología molecular, sostiene que casi todos los pozos de la Laguna, casi todos, están en problemas.

“El nivel de toxicidad permitido, el nivel de concentración permitida por la Norma Mexicana es de .025 partes por millón.

Los expertos en la salud señalan que arriba de .017 hay problemas en la salud y nosotros tenemos arriba de .025”.

“Hay pozos, – dice Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en medicina molecular -, que rebasan la norma como al triple, al cuádruple del nivel aceptado”.

“Lo que estamos demostrando, – dice Gonzalo García Vargas, doctor en toxicología y maestro investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango -, es que aun en concentraciones bajas, como las que hay en la ciudad, el arsénico está provocando alteraciones que pueden desencadenar, aumentar el riesgo de cáncer”.

Itzel comenta que la mayoría de sus pacientes, arriba de los 40 años, en Salvador, son diabéticos o hipertensos, sufren dislipidemias, colesterol, triglicéridos altos… y lógicamente sus consecuencias.

“Hay personas que ya han tenido infartos recurrentes…”.

Los estudios más recientes realizados por la la Universidad Juárez del Estado de Durango, en coordinación con la Universidad Autónoma de Coahuila, revelan que la ingesta de agua con elevadas concentraciones de arsénico, puede ocasionar infertilidad e incluso trastornos como la obesidad.

“Altera, aparentemente, el metabolismo de los lípidos y favorece la aparición de obesidad o aumenta el riesgo de ser obeso y de ser diabético porque se modifica el metabolismo de los lípidos y los carbohidratos”, expone Jorge Antonio Espinosa Fematt, médico cirujano con doctorado en medicina molecular y catedrático de la Universidad Juárez del Estado de Durango.

Así mismo, las últimas investigaciones han arrojado que el consumo de agua con arsénico en mujeres embarazadas puede derivar en deficiencias del desarrollo o afecciones neurológicas en el bebé.

Se ha visto que los niños expuestos al arsénico, durante el periodo intrauterino o en la infancia, en la edad adulta son más propensos a desarrollar cáncer.

“Es un efecto que puede ser a largo plazo. El niño puede nacer completamente bien, pero a la larga aumenta el riesgo de padecer ciertas enfermedades”, dice Espinosa Fematt.

Los trabajos han mostrado también que la presencia de arsénico en el organismo incrementa el riesgo de asma y de padecer problemas crónicos en pulmón.

Don Felipe Cárdenas Aguilar, es uno de los vecinos más antiguos de Salvador.

Ha visto pasar por aquí a cantidad de médicos de todas partes que vinieron para tomar muestras pelo y de sangre, pero que jamás volvieron con los resultados.

“Se llevaron todos esos datos, se fueron y ya no supimos”, cuenta Felipe.

-¿Usted tiene manchas?

-Sí, sí tengo una, en la espalda. Se me cae, pero no me supura…

Dice Felipe, se para de la mecedora donde suele contemplar los atardeceres en Salvador y se levanta el suéter para develar una úlcera parduzca como cráter de volcán en el espinazo que parece a punto de hacer erupción.

“¿Se fija?, es ésta. Se me cae y me vuelve a salir…”

A Felipe le tocó sufrir los peores años de pobreza en Salvador, los años en que los algunos críos todavía andaban con huaraches y los más descalzos.

Entonces en Salvador no había luz eléctrica, no había carretera, no había plaza, no había nada.

“Ora se las están comiendo todas maduras”, dice Felipe.

-¿Usted es de aquí?

-Soy nacido aquí, criado aquí y aquí me voy a quedar.

• • •

Amanece en el Ejido Covadonga, municipio de Madero.

Elvira Gallegos Hernández, la asistente de salud, recorre los senderos polvorientos por donde pasaron sus ancestros.

“Poco a poco se nos van acabando”, dice.

-¿Por qué?

-Pos yo digo que más que nada es por… el arsénico.

Elvira, 59 años, platica que uno de los lastres que en el presente fustiga a los pobladores de esta aldea lagunera, es el llamado pie negro, causado por la mala circulación, causada por la diabetes, causada por el consumo prolongado de agua con altas concentraciones de arsénico.

“Yo también tengo esa mala circulación, mire…”, dice Ramona Chavarría López. 88 años, y se baja la calceta de un tirón para mostrar su tobillo izquierdo roído por el arsénico.

“Dicen que el arsénico y que el arsénico, pero pos no, solamente Dios uno no sabe esas cosas”, dice Ramona.

Y dice que en Covadonga conoció a personas que tenían manchas en la piel o el pie negro, pero ya murieron…

El arsénico se las llevó…

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE EL CÁNCER Y EL ARSÉNICO?

A nivel molecular hay una interacción de los metales. Hay activación de algunos mecanismos que generan enfermedades serias. El problema está en la interacción a nivel molecular y el metal pesado llega hasta el centro de las moléculas que controlan la vida. El cáncer es uno de los problemas más frecuentes. porque el arsénico activa y multiplica los oncogenes.

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Imágenes: Marco Medina y Jesús Peña, Vanguardia

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Zacatecas: Atotonilco y El Potrero ratifican nuevamente: Dicen no a la Presa Milpillas

Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas – A 13 de enero de 2020

Mientras el gobierno del estado de Zacatecas, encabezado por el Gobernador Alejandro Tello, desde hace más de año y siete meses se esforzó en crear todas las condiciones posibles para generar confusión, división comunitaria y familiar, además de fomentar la confrontación mediante el uso desproporcionado de actos de autoridad –como recurrir a la policía municipal y estatal para intervenir en la vida interna de los ejidos– en las comunidades que serían afectadas de forma directa por la Presa Milpillas, la población apostó y avanzó en disponer de un mejor proceso informativo y organizativo, el pasado 4 y 9 de enero del 2020, demostrando que en los ejidos Atotonilco y El Potrero, respectivamente, uno de sus mejores momentos de consolidación social y comunitaria, ya que en ambas asambleas agrarias, DE MANERA UNÁNIME RATIFICARON, de forma legal, tal cual se señala en la Ley Agraria, su posición de RECHAZO A LA AUTORIZACIÓN para construir la “Presa Milpillas” en las tierras de propiedad social que les corresponden.

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, felicitan a las mujeres y hombres de ambos ejidos, quienes finalmente lograron sortear de manera positiva una férrea confrontación interna promovida por diversos actores relacionados con la estructura del gobierno estatal.

Nos da gusto que ambas asambleas hayan logrado, por unanimidad, un acuerdo de enorme trascendencia para su vida, no sólo porque ratifican la fuerza e importancia de los procesos basados en la libre determinación de las comunidades y la determinación de que los gobiernos dejen de tratar como menores de edad a sus habitantes, sino porque en ambos ejidos fueron capaces de superarla división y la confrontación para, finalmente, asumir de forma colectiva –tal cual les compete como propietarios sociales– una posición unitaria sobre un proyecto que pretendía poner en riesgo sus formas y medios de vida. Tanto en REMA como en el OCMZac, somos totalmente conscientes sobre lo complicado que resulta restituir procesos de vida comunitaria fragmentados a causa de este tipo de megaproyectos, y por ello enviamos a toda la población de ambos ejidos un gran abrazo solidario y fraterno.

Estos acuerdos basados en la unanimidad de la decisión de ambos ejidos, ponen nuevamente en evidencia que el gobierno de Zacatecas mintió al decir que las y los ejidatarios estaban especulando sobre la tierra para poder venderla a mayor costo. Hoy se desmonta otra de las varias falsedades que ha promovido irresponsablemente en los medios, tanto el gobernador Alejandro Tello, como el resto las/os promotores de la Presa Milpillas.

Recordemos que en el mundo existen 55 mil presas (Castro, 2019), de las cuales a México le corresponden 4 mil 462 (INEGI, 2016) y en Zacatecas se han construido 356 a lo largo de su historia (Castro, 2019). De acuerdo al Informe de la Comisión Mundial de Represas del año 2000, está comprobado que éstas generan más pobreza, accidentes y rupturas, acarreando inundaciones mortíferas y también desplazamiento de poblaciones y desarraigo. Así, el mismo informe reconoce que son 80 millones los desplazados en el mundo por represas, las cuales además generan altos índices de gases efecto invernadero, todo lo cual deriva en el reconocimiento de que las represas no son iniciativas sustentables, a tal grado que no en pocos países se ha iniciado la deconstrucción de las mismas para liberar a sus ríos. Son muchos los motivos sociales, ambientales, económicos y productivos en juego, y represar que el agua genera más condiciones de asimetría y desigualdad. Es por ello que año con año el movimiento anti represas en el mundo se va incrementando y creando alternativas contra el interés capitalista que se encuentra detrás de la represa de ríos, impulsando, en cambio iniciativas de verdadera sustentabilidad que son indispensables para la vida y no para la muerte.

Es cierto que Zacatecas enfrenta estrés hídrico y esa condición pone en riesgo la distribución equitativa del bien Agua; sin embargo, esa problemática ha sido generada y acrecentada por falta de planificación, tomando de decisiones a favor de grupos privados, como sucede con la minería, en un sinsentido político de priorizar un negocio particular a costo de lo que sea, ocasionando ya que de los 34 acuíferos del estado, 20 están sobreexplotados y los 14 restantes está sin disponibilidad, y justamente uno de estos últimos se encuentra en el ejido Corrales. Es obvio que el gobierno y las empresas no sólo están detrás del agua del río Atenco, sino que pretenden acceder a éste acuífero con el pretexto de instalar la planta de bombeo para la Presa Milpillas y continuar sus procesos criminales de privatización del agua.

Cabe destacar que en Zacatecas existen alrededor de 230 concesiones mineras, y de ellas, una la posee una de las minas más grandes del continente que se encuentra en Mazapil, que todas y todos conocemos como la mina de Peñasquito, la cual, de acuerdo con una investigación publicada en el diario La Jornada (2019), consume 55 millones de metros cúbicos al año, dejando al municipio con sed, enfermedades y muerte. Este consumo desmedido de líquido vital en una región del país donde éste es escaso y para una actividad que genera despojo y muerte, es sumamente contradictorio con el Estudio de Factibilidad denominado “Construcción de la Presa Milpillas en Jiménez del Teul y línea de conducción para abastecer de agua potable al corredor FresnilloZacatecas-Guadalupe” (2015), donde se menciona la pretensión de, a través de la Presa Milpillas, trasladar 59 millones de metros cúbicos de agua, es decir, literalmente la cantidad de agua que consume la mina Peñasquito.

La disponibilidad de agua es vida y significa a su vez la oportunidad de trabajo y de producción agropecuaria. La lucha emprendida y los logros alcanzados por las mujeres y hombres de Atotonilco, El Potrero y el resto de los ejidos vinculados al proyecto de la Presa Milpillas, nos demuestra que, como lo decía la querida Bety Cariño, es momento de los pueblos, y basta de políticos incapaces y corruptos, así como de políticas que se construyen desde taburetes y sin ninguna relación con los bienes naturales y las necesidades de las comunidades. También nos demuestra que la organización social en Zacatecas, en México y en el mundo es posible y que “ni el gobierno manda, ni las empresas mandan”.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas hacemos expresa y extensa nuestra felicitación y enviamos nuestro máximo reconocimiento y solidaridad a todos y todas las integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Especialmente a los ejidos de Atotonilco y Potrero por blindar su territorio.

#LaPresaMilpillasNoEsLaOpción #RíoAtencoLibre #NoALaPresaMilpillas

A T E N T A M E N T E,
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS DE ZACATECAS

Imagen: NTR Zacatecas

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[Artículo] De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso de la Conagua

Compartimos este artículo publicado en Sin Embargo sobre las aguas residuales de algunas grandes empresas en México – A noviembre 2019

Por Dulce Olvera, SinEmbargo. noviembre 14, 2019 12:05am

N. del Editor: esta nota fue actualizada el miércoles 15 de noviembre con una carta de FEMSA y Bio Pappel, con la respectiva aclaración de la reportera. 

Un mapa realizado por la Coordinadora Agua para Todos con datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestra un enjambre de descargas de aguas residuales sin permiso de norte a sur de México en 5 mil pozos y 455 tomas, por parte de empresas de bebidas, alimentos, higiene, construcción, minería, textiles y otros sectores.

Ante la falta de supervisores suficientes de la Conagua, sin datos fiscales de los concesionarios para rastrearlos, y la “debilidad” de la Ley de Aguas Nacionales, “están envenenando” los ríos, lagos y acuíferos del país, dijo a este diario digital la investigadora Elena Burns.

Ciudad de México, 14 noviembre (SinEmbargo).– En el pueblo náhua Santa Cruz Huitziltepec, del municipio de Molcaxac al sur de Puebla, cerca del río Balsas, están preocupados porque no alcanzan a pagar la tarifa industrial por derecho al uso de un pozo, cobrada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), órgano que por otro lado ha permitido a las industrias la descarga de aguas residuales sin permisos ni cobro de derecho, documenta la Coordinadora de Agua para Todos.

“En Santa Cruz, un pueblo de 1,608 personas, la Conagua les está exigiendo que paguen el derecho a usar el pozo cuando no deberían por ser una población rural con menos de 2 mil 500 habitantes”, expuso Elena Burns, integrante de esta coordinadora conformada por pueblos originarios, investigadores, organizaciones y sistemas. “Después de sufrir discriminación, para muchas comunidades el control sobre su propio sistema de agua es de un valor profundo”.

En una carta enviada a SinEmbargo y firmada por el Alcalde de Molcaxac, Félix Huerta Medel, se expone que es un asunto de más de seis años del ámbito federal, entre la Asociación Pro Perforación de Pozo Santa Cruz y la Conagua. Esta asociación civil y un Comité de Administración obtuvo la concesión con número de permiso 21000513.

El Comité de Mantenimiento y Operaciones de la comunidad cobra 20 pesos mensuales por el acceso al agua, instala tomas y realiza los cortes a deudores. Pero también debe cobrar a los habitantes 150 pesos trimestrales, para pagar las deudas que se tienen con la Conagua por el derecho al pozo.

La Conagua, de acuerdo con la Coordinadora Agua para Todos, les negó registrar su pozo como uso público-urbano bajo el argumento de que la Ley Nacional de Aguas solo lo permite a nivel municipal, y Santa Cruz Huitziltepec es poblado y se le cobra como uso industrial.

“Existen multas de la Conagua por ‘la mala administración del pozo de agua potable’. Se desconocen cifras ya que, a pesar de que el Ayuntamiento de Molcaxac solicitó esa información, a través de la Sindicatura Municipal, la Conagua no nos pudo proporcionar esos datos, bajo el argumento de que ‘pertenecen a una Asociación Civil’”, dice la misiva del Alcalde.

Eugenio Barrios Ordóñez, Subdirector General de Administración del Agua de Conagua, comentó a Agua para Todos que aunque lo están trabajando, “el obstáculo legal” es que la modificación de la Ley de Aguas Nacionales estableció las asignaciones para uso público-urbano exclusivamente para los municipios.

En octubre, Barrios destacó en entrevista con SinEmbargo que por el decreto presidencial publicado el 1 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF) “se protege el agua para consumo humano, en especial para las comunidades marginadas y grupos originarios”.

Pero Elena Burns, de Agua para Todos, afirmó que no ocurre con pueblos indígenas como el del sur de Puebla. “No puedo más que explicarlo por el racismo. Y lo sabe Eugenio”, comentó.

Antes de la Ley de Aguas Nacionales, solo se otorgaron 2 mil concesiones en todo el país de 1917 hasta 1992, documentó. De 1992 a la fecha, van más de 500 mil concesiones para diferentes usos.

“El desastre que estamos viviendo con el agua en el país tiene que ver con las tremendas debilidades que existen en la Ley de Aguas Nacionales (1992). Su función fue poner las aguas nacionales a la disposición de particulares a través del sistema de concesiones, y son objeto de compra y venta. A esto se ha dedicado la Conagua, que no ha tenido ninguna voluntad política para proteger las aguas de la nación y los bienes nacionales inherentes”, consideró Burns.

DESCARGAS SIN PERMISO 

Del norte al sur del país, de Tijuana a Tapachula, en 5 mil 964 pozos industriales y 455 tomas de aguas superficiales para uso industrial no se cuentan con permisos de descarga a pesar de que lo obliga la Ley Federal de Derechos, de acuerdo con los datos de Agua para Todos y el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de Conagua. Con ello se evitan inspecciones y el cobro de derechos a diferencia del caso del poblado náhua Santa Cruz Huitziltepec de menos de 2 mil habitantes.

Las concesiones sin permisos de descarga de aguas subterráneas para uso industrial están registradas de enero de 1994 a abril de 2019, y las de aguas superficiales de noviembre de 1993 a enero de 2019.

“He hablado con funcionarios de la Conagua y esto es en parte porque no se exige la información fiscal al dar la concesión, entonces no tienen manera de rastrear y saber quién es y cómo cobrar los derechos de agua y vigilar los permisos de descarga”, dijo Elena Burns, de la Coordinadora Agua para Todos.

Como muestra la tabla por estados, entre las empresas locales y globales que descargan sin permiso aguas residuales en ríos, lagos y acuíferos de las diferentes regiones del país, figuran la Cervecería Cuauhtémoc, Cervecería Modelo,  Tequila Cuervo, Sigma Alimentos, Herdez, Pilgrim’s Pride, Lala, Santa Clara, Sabritas, Barcel, Unilever, Procter & Gamble, Kimberly Clark, Nestlé, Embotelladoras de FEMSA-CocaCola (su carta se publica al final de esta nota), Jugos del Valle (Coca-Cola), Bonafont (Danone), Electropura, Gamesa, Rotoplas y Cemex.

Al respecto, Nestlé de México aclaró a SinEmbargo que “no tiene operaciones en Tlaxcala”, como se indica en la tabla de datos oficiales.

También lo hacen las estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de la refinación, producción y termoeléctricas, así como Iberdrola y Exxon Mobil, de acuerdo con Agua para Todos.

https://infogram.com/empresas-sin-permiso-para-descargar-aguas-residuales-1h8j4xdl1kv86mv

“Tenemos una impunidad terrible. Están envenenando los ríos, los lagos y acuíferos del país. Estamos en una carrera hacia el colapso por el manejo de las aguas superficiales y las subterráneas”, alertó Elena Burns de Agua Para Todos. “La propia Conagua admite que el 60 por ciento de las aguas superficiales están seriamente contaminadas”.

La Ley de Aguas Nacionales solo exige tramitar permiso de descarga, si las aguas residuales desembocan en aguas nacionales o infiltran al suelo. Pero el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos expone que las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en ríos, cuencas, cauces, vasos, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua están obligados a pagar el derecho por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación.

“No solo no exigen que tengan permisos de descarga, sino que menos del 5 por ciento de los concesionados obligados a pagar derechos por usar aguas nacionales, pagan”, expuso Burns de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación.

“La única excepción sería que estén descargando en los sistemas de drenaje de los municipios, que tienen su manera de controlar las descargas. Pero cuando una industria tira su agua a través de la Conagua, no hay control en los municipios ni en las grandes ciudades. Las industrias están descargando sus aguas sin permisos, sin tratamiento”, aseguró Burns.

“Hay fábricas que descargan drenajes en canales de riego y las mineras no se molestan en obtener permisos de descarga, aunque están infiltrando sus aguas muy contaminadas de presas de jale”, reiteró.

En Sonora, la minera María, unidad de Frisco propiedad del empresario más rico del país, Carlos Slim Helú; la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México del segundo millonario, Germán Larrea Velasco, así como las mineras del cuarto empresario más rico del país, Alberto Baillères, la Penmont (de Fresnillo) y Peñoles, no cuentan con permisos de descarga luego de “lavar” los minerales en agua, muestran los datos de Agua para Todos y Conagua.

Burns explicó que también parte de la “impunidad” se debe a que solo hay 85 inspectores de la Conagua para vigilar las más de 500 mil concesiones de agua otorgadas de 1992 a mayo de 2019 para los diversos usos, incluyendo el industrial.

“Actúan como si la responsabilidad en cuanto al manejo de aguas nacionales solo fuera otorgar la concesión relacionado con el punto de toma o del pozo”, dijo Burns.

CARTA DE FEMSA A SINEMBARGO

Coca-Cola FEMSA informa

En relación a la nota publicada por la periodista Dulce Olvera titulada “De norte a sur, empresas vierten aguas residuales sin permiso de la CONAGUA: FEMSA, LALA, Nestlé…”, la empresa expresa:

Que sus plantas de producción cumplen con los requisitos vigentes necesarios para descargar de forma legal y en cumplimiento con los permisos, licencias y concesiones vigentes emitidos por CONAGUA para realizar esta actividad.

Que el uso y tratamiento del recurso se realiza en apego a los estándares y normas establecidos por autoridades ambientales, municipales, estatales, federales e internacionales.

Que las unidades operativas han sido certificadas por la Procuraduría Federal del Medio Ambiente con los distintivos Industria Limpia y Excelencia Ambiental, por el cumplimiento y superación de políticas y compromisos de conservación y preservación ambiental.

Que cumple con el pago de cuotas y tarifas establecidas por la CONAGUA, así como por la Ley Federal de Derechos Art. 276, para el uso, tratamiento y descarga del recurso nacional.

Que es una empresa 100% mexicana comprometida y colaborativa con la sostenibilidad del medio ambiente del país.

Coca-Cola FEMSA reitera su apertura y disposición de aclarar los cuestionamientos que se le imputan en un marco veracidad, transparencia y colaboración, para un entendimiento mutuo.

CARTA DE BIO PAPPEL A SINEMBARGO

RESPUESTA DE LA PERIODISTA DULCE OLVERA

Cualquier concesión otorgada por la Comisión Nacional de Agua (Conagua) que no sea para uso agrícola debe de obtener un permiso de descarga de agua residual, incluyendo el uso industrial. La única excepción es si descargan en un sistema municipal.

Después de que la Coordinadora Agua para Todos rastreó todas las concesiones dadas a personas físicas y morales para uso industrial halló los sitios donde no hubo permiso de descarga en nombre de esta persona física o moral, lo cual se representa en el mapa.

En el caso de FEMSA, un título de concesión es a través de “Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío” en Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y Guanajuato. En el caso de Bio Pappel, mencionan su título de concesión sin el número de permiso que dicen tener.

La Conagua, resalta Agua para Todos, no tiene un sistema para verificar y para vincular la concesión con el permiso de descarga.

“Puede haber empresas que estén cumpliendo con el permiso de descarga, pero no se detecta en el rastreo porque tiene su título de concesión registrado bajo una persona moral y su trámite de descarga bajo otro nombre de otra persona física o moral. Pero lo que se busca demostrar con el mapa es que la Conagua no tiene control frente a la contaminación masiva e impune de las aguas nacionales”, dijo Elena Burns, investigadora de Agua para Todos.

Exigen wixaritari cancelar concesiones mineras en Wirikuta

Compartimos la siguiente nota publicada en La Jornada sobre las luchas anti mineras y resistencias en Wirikuta – A 6 de enero de 2020

Juan Carlos García Partida Corresponsal Periódico La Jornada
Lunes 6 de enero de 2020, p. 22

Guadalajara, Jal., Enfrascados desde 2010 en una disputa legal para impedir actividades mineras en el territorio sagrado de Wirikuta, los wixaritari (huicholes) exigieron audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador para que sean canceladas todas las concesiones mineras, que abarcan 70 por ciento del área natural protegida donde la cosmogonía wixárika dice que se origina la vida y nace el Sol.

Exigimos la protección y el reconocimiento efectivo de Wirikuta como patrimonio cultural y natural de la humanidad ante la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura); además, que se implementen de manera urgente programas y proyectos armónicos con el medio ambiente y no destructivos para los habitantes (ejidatarios mestizos) que son los guardianes de Wirikuta, pidió el Consejo Regional Wixárika.

Wirikuta abarca 140 mil hectáreas de los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz, en San Luis Potosí, donde luego de la defensa en tribunales realizada por el consejo que integran autoridades tradicionales de las diversas comunidades wixaritari se logró la suspensión temporal de al menos 78 concesiones mineras a grupos canadienses como First Majestic y Revolution Resources, así como a la minera Frisco del empresario Carlos Slim, aunque todavía faltan las sentencias de fondo.

Exigimos una audiencia o una reunión de trabajo de alto nivel con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de desahogar los puntos anteriores y buscar alternativa de solución, principalmente en lo relativo a las concesiones mineras otorgadas en el lugar sagrado de Wirikuta, expusieron los wixaritari en un comunicado.

En semanas recientes la disputa legal se recrudeció luego de que ejidatarios de la región de Wirikuta acusaron a Santos de la Cruz Carrillo, coordinador jurídico del Consejo Regional Wixárika y uno de los principales activistas y opositores a la minería en el territorio sagrado, de comercializar peyote hacia Europa, lo que motivó a las autoridades tradicionales del pueblo wixárika a emitir un desmentido.

El 23 de diciembre el diario Pulso, de San Luis Potosí, publicó una entrevista con quien identificó como asesor de la Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, Juan Reyes Hernández, quien declaró que un grupo de huicholes provenientes de Jalisco está comercializando el peyote y lo exportan a Europa.

Santos de la Cruz declaró a La Jornada: La difamación sigue en contra de los que luchamos en favor de nuestro lugar sagrado de Wirikuta. Detrás de todo esto están las empresas mineras.

El líder wixárika recordó que en el territorio de Wirikuta se encuentran las esencias de la vida; es un sitio indispensable y trascendente en su cosmogonía e identidad cultural para dar subsistencia y continuidad a los wixaritari como pueblo originario.

El Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta, conformado por las autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades de Bancos de San Hipólito, municipio de Mezquital, Durango; Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Mezquitic, Jalisco y San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, Jalisco, rechazamos esa difamación contra nuestro compañero Santos de la Cruz, coordinador de la mesa jurídica y defensor de nuestra madre tierra, puntualizaron.

Imagen: Arturo Campos Cedillo

Más información:

[Artículo] Niños orinan agrotóxicos en Jalisco

Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada – A 4 de enero de 2020

Por Silvia Ribeiro

Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente han encontrado repetidamente que niñas, niños y adolescentes en varias comunidades rurales de Jalisco tienen residuos en orina de dos o más (¡hasta 12!) agroquímicos altamente peligrosos. Esto se refleja en diversos problemas de salud, que van de dolores de cabeza, vómitos y náuseas a problemas graves, como insuficiencia renal y, potencialmente, cáncer.

El gobierno de Jalisco presenta la entidad como gigante agroalimentario, pero nada menciona sobre esto. Con casi 12 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura, principalmente industrial, la entidad es terreno asiduo de las mayores trasnacionales de agroquímicos y semillas, que son cobijadas por gobiernos locales, estatales y federal. Esta relación, que no tiene que ver con alimentar a la gente y sí con aumentar las ganancias empresariales vendiendo veneno, trata de ocultar una grave realidad: la extendida contaminación con agrotóxicos de suelo, agua y aire que ha provocado este modelo de producción, que envenena a los pobladores, especialmente los más vulnerables: niños y niñas.

A principios de 2019 un estudio de Erick Sierra-Díaz, de la UDG; Humberto González-Chávez, de Ciesas Occidente, y otros investigadores, publicado en la revista científica international Journal of Environmental Research and Public Health (https://tinyurl.com/rda57tj) mostró que de 281 muestras de orina tomada a niñas, niños y adolescentes en las comunidades de Agua Caliente, cerca del lago Chapala, y Ahuacán, próxima a Autlán, todas tenían residuos de dos o más plaguicidas.

Seis agrotóxicos fueron recurrentes en 70 por ciento de los casos: malatión, metoxuron, glifosato, dimetoato, uniconazole y acetoclor. Los investigadores explican que en ambas comunidades hay exposición a siembras industriales, pero además, en el caso de la comunidad de Agua Caliente, el riego y consumo de agua contaminada con químicos del lago Chapala aumentó el nivel de ciertos tóxicos. La mayor prevalencia fue de herbicidas, seguida de funguicidas e insecticidas. En Ahuacán, todas las muestras contenían residuos de glifosato.

El equipo de investigadores de la UDG y del Ciesas Occidente continuó tomando muestras de orina en niñas y niños escolares y prescolares en otras zonas de Jalisco en 2019. Una de las áreas seleccionadas, por la alta frecuencia de enfermedades que allí ocurren, fue El Mentidero, próxima a Autlán, Jalisco.

Allí, las madres de los alumnos de secundaria les solicitaron que incluyeran en los análisis de orina de sus hijos, explicando que, desde que comienzan los cursos, los jóvenes se sienten mal y sufren constantes dolores de cabeza, vómitos y náuseas. La secundaria está al lado de un campo de siembra, donde fumigan varias veces a la semana, incluso cuando están los alumnos en clase o en el patio. El equipo de investigadores tomó 146 muestras a adolescentes, escolares y prescolares. El 100 por ciento de las muestras arrojó residuos de dos a seis agrotóxicos. Los principales fueron el glifosato y el 2-4 D, ambos inventados por Monsanto y declarados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud.

Debido al estudio y a la movilización de las madres para detener el uso de agrotóxicos, o como mínimo que no se aplique cerca de secundarias y escuelas, las empresas de venta de venenos están en campaña para desprestigiar los estudios y poder seguir contaminando. La asociación civil Proccyt, en realidad fachada de la industria trasnacional de agrotóxicos (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC, Basf y otras), ofreció al gobierno de Jalisco y a autoridades de Autlán dar talleres de capacitación, especialmente en las áreas donde se han realizado los estudios que muestran la presencia de agrotóxicos en la orina de los niños. Las autoridades lo aceptaron e incluso patrocinaron su estadía. La reportera Mayra Vargas documentó cómo el capacitador de Proccyt aseguró en esos talleres que solamente si le hubieran dado a beber Faena (nombre comercial del glifosato) antes de tomar la muestra a los niños, podrían aparecer residuos en la orina. (11/11/19, Letra Fría, https://tinyurl.com/wn6xlgc). Los estudios muestran que el Proccyt miente, pero además hay casi 43 mil juicios contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por haber causado cáncer con glifosato a sabiendas de su peligrosidad. Tres juicios le han otorgando razón y millones de dólares en indemnización a los demandantes. Pero en México, las secretarías de Agricultura (estatales y federal) le abren espacio y pagan gastos a esta burda fachada de las empresas para atacar con mentiras los estudios científicos de investigadores de universidades públicas de México y así engañar a los agricultores y pobladores sobre su inocuidad.

No necesitamos echar veneno a nuestra comida. Hay muchas alternativas buenas y sanas en la producción local, campesina y agroecológica. Relata Humberto González que son las madres las que insisten en la denuncia y están empujando un cambio, las que no tienen miedo y no se van a dar por vencidas, como no la han hecho en muchos otros temas. Defienden a sus hijos e hijas y el derecho a la salud de todos. Hay que apoyarlas.

* Investigadora del Grupo ETC

Más información:

[Vídeo] Florecer: Historias de Migración

Compartimos un vídeo sobre la migración realizado por La Sandía Digital y la Fundación Avina – A 13 de diciembre de 2019

Florecer: es video de animación cuyo objetivo es promover la inserción sociolaboral de personas #migrantes, refugiadas, retornadas y deportadas en #México

¡Porque #TodosSomosMigrantes y #LaMigraciónEnriquece!

[INFORME en PDF] 17 Personas defensoras de DDHH ejecutadas extrajudicialmente en el 1 er año del gobierno de AMLO: Comité Cerezo México

Compartimos el siguiente informe del Comité Cerezo México a través de Voces Mesoamericanas – A 13 de diciembre 2019

“El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 defensores de derechos humanos, dichas ejecuciones extrajudiciales fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y cuyos perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia.”

Una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia (cuando mandatan a particulares), cometen una privación ilegítima de la vida; por lo tanto se define como un “homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya, de manera mediata o inmediata, en las potestades del Estado”
(ONU, 2005).

Este informe es el resultado de la documentación de ejecuciones extrajudiciales en contra de personas defensoras de derechos humanos en México que, de manera ininterrumpida, ha realizado el Comité Cerezo México durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primer año que inició el 01 de diciembre de 2018 y terminó el 30 de noviembre de 2019.

Desde la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actual Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el lenguaje cambió, dijo que la estrategia de guerra era equivocada, que la nueva política sería de “abrazos y no balazos”, que su gobierno estaría basado en atender a la población más pobre del país, en disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres, en atacar la corrupción como fuente de todo mal e incluso producto de la política neoliberal implementada hacía 35 años atrás[…]

Cabe recalcar como en todos nuestros informes que las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes de Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia. Por nuestro mandato como organización de derechos humanos no documentamos los homicidios cometidos por particulares y sólo incluimos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en contra de personas defensoras de derechos humanos que han sufrido esta grave violación a los derechos humanos como respuesta estatal a su trabajo de defensa de derechos humanos[…]

DATOS DUROS DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL EN EL PRIMER AÑO DE AMLO

El total de ejecuciones extrajudiciales cometidas en el primer año de gobierno de AMLO, que va del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019 es de 17 personas defensoras de derechos humanos.

La cifra anterior corresponde a los casos que cumplen con los elementos de una ejecución extrajudicial:

  • Fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras de derechos humanos estaban realizando y
  • Los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de Comisión o Aquiescencia[…]

CONCLUSIÓN

La práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto (EPN) incluso, la cifra es menor desde el año 2011, aunque supera la cifra de los cuatro primeros años del periodo presidencial de Felipe Calderón que fueron 3 casos en 2007; 6 casos en 2008; 4 casos en 2009; y 11 casos en 2010.

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Ley Minera… Permiso para el despojo

Compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 16 de diciembre de 2019

En cualquier país del mundo aspiramos a tener marcos regulatorios, leyes, normas, etc., que sean prominentes generadoras de mejores condiciones de calidad de vida en su sentido amplio, pero sucede que, en el caso de los bienes naturales; la conservación, la protección, la restauración y el buen manejo y aprovechamiento de los mismos, desde hace décadas son parte del lenguaje jurídico, de derechos y de un rebasado discurso de desarrollo sustentable, que ha sido avasallado por la imposición global de una política decidida para sí misma hacia la mercantilización de la naturaleza.

Actualmente las consecuencias y agravantes que todos vivimos y que han empeorado de manera acelerada durante los últimos 50 años, no hay duda alguna que se deben a causa de la ponderación del enfoque neoliberal, la tecnología de “vanguardia”acompañada por ciencia,científicos y tecnócratas de corte comercial, y la homogeneización del consumo que a nivel planetario se dinamiza literalmente desde la leche que consumimos proveniente de sistemas de producción depredadores de los bienes naturales, los cuales, además de crear dependencia económica y suplantar sistemas productivos y de gobernanza locales, durante los procesos de competencia comercial crean despojo y desplazamiento forzado de la población.

Así es como actualmente nos encontramos al inicio de la 4T,y así se encuentra el resto de las naciones de Latinoamérica y del mundo, quienes prácticamente al mismo tiempo transitamos por cambios constitucionales y reformas estructurales que en su conjunto retrocedieron y desregularizaron leyes y reglamentos abonando a la degradación de los derechos colectivos, el abandono del estado en sus funciones sociales, incrementando las asimetrías durante las relaciones de competencia y la productividad basada en el enfoque comercial, apostando a la descampesinización y en consecuencia al abandono del campo que no sólo se relaciona con la pérdida de soberanía alimentaria, sino también al abandono de estructuras sociales y debilitar las resistencias contra el embate de las empresas que desean bienes naturales relacionados con la acumulación por despojo, lo que a su vez generó la aglomeración poblacional en zonas urbanas para convertirlos en centros de consumo masivos y homogeneizados creando una alta dependencia de servicios privados.

Esta política tiene décadas que se elabora y se instrumenta desde las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) encabezadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM)o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)por mencionar los más comunes, quienes envían a sus órganos operadores que deben paliar el proceso de despojo utilizando marcos regulatorios amigables, menos violentos, de buen comportamiento,pero que al final funcionan como administradores del despojo,al mismo tiempo que regulan los conflictos, tal como sucede con organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización de las Naciones Unidas (ONU)y otras instancias que proponen y disponen marcos normativos algunos audaces, otros deprimentes, pero cualquiera que sea tendrá muy pocas posibilidades de aplicación en su sentido amplio,porque un marco justo en el modelo actual de consumo es contradictorio con el mejoramiento de la calidad de vida.

Luego interviene cada país quienes, de acuerdo a las mal llamadas riquezas naturales que tenga disponibles para el mercado, ajustará el marco normativo que facilite el saqueo en su sentido más amplio o lo matice y lo vuelva adecuado y sustentable si todavía las resistencias y las rebeldías comunitarias no se encuentran totalmente domesticadas al proyecto del consumismo global, que en una simple frase significa invitarlos, por ejemplo,a través delas consultas, a cambiar la calidad de vida (agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria) por dinero, empleo y aspiraciones materiales que el modelo global pone como bocadillos para la población, a partir de un fuerte despliegue publicitario,de medios y con reglas comerciales que nos atrapan en lo cotidiano.

Por supuesto que esta condición crea paradigmas y confrontaciones y ahí aparecen grupos organizados, sociedad civil, académicos sueltos, pero también desde sus instituciones y agrupaciones, toman la bandera por los derechos humanos y se plantean apoyar y defender a los pueblos, a la naturaleza y otros temas que el propio sistema va degradando,pero que, desde una posición piensan que el despojo del modelo extractivo sí puede resolverse con leyes más fuertes y robustas, más justas, más igualitarias, más horizontales, más participativas, más democráticas.

Todo lo anterior viene pasando desde hace varios años en toda la región de Latinoamérica. En cada país, sino al mismo tiempo, sí en términos geopolíticos en la misma fase del neoliberalismo se han abierto y cerrado coyunturas para la participación social en marcos normativos, desde la regulación de consultas, hasta leyes verdes para temas significativos, como el agua, los minerales, la biodiversidad, hidrocarburos, los bosques y selvas, las energías verdes, etc. Los resultados están a la vista en el contexto latinoamericano y cada caso ha derivado en la administración de conflictos que se dirimen en tribunales, mientras el planeta continúa incrementando su temperatura, las tierras mueren paulatinamente por el enfoque de los agrotóxicos para los agronegocios, el agua se agota y se contamina, la gente se enferma de manera irreversible por habitaren amplias regiones contaminadas por tóxicos que llegan a la gente por contacto, ingesta e inhalación, la desigualdad crece y las comunidades se dividen más y más, quedando a la deriva y con la esperanza de que sea la justicia de la ley que finalmente dirima su destino.

La desregulación es un hecho, el cambio climático y sus consecuencia una realidad, el despojo y el desplazamiento forzado una expresión creciente que pronto también empezará a administrase de forma política, aunque muy pronto, como ya sucede en otros lados, sólo se podrá contener con represión mandatada desde los estados y, en esa vorágine, por supuesto el mismo sistema busca más y más fórmulas para legitimar el despojo, tal como sucede, con el paquete de consultas que de manera vergonzosa el INPI y el indigenista Adelfo Regino, opera de forma rampante, en los estados donde se proyecta el Tren Maya,por cierto uno de los proyectos más neoliberales de la 4T, aunque aun hay otro más neoliberal,conocido como Corredor Transístmico, un proyecto que desde hace muchos años AMLO trae en su cabeza.

Entender de facto ese contexto para quienes integramos REMA,nos sirve para evitar enredarnos en lo que legitima el modelo neoliberal, y por ello preferimos dedicar nuestros esfuerzos a cuidar y defenderla continuidad de tener agua limpia, aire limpio, comida sana, buena salud y convivencia comunitaria y por ello, no entendemos por qué otros defensores del territorio, continúan aspirando a la incidencia política, cuando son acompañantes de procesos en donde el despojo se ha hecho presente.

Querer garantizar estándares internacionales que han sido construidos desde la estructura vertical del sistema económico que no está dispuesto a cambiar el modelo de producción y consumo, para nosotros es un contrasentido, y sólo debemos abrir un poco los ojos para darnos cuenta que,incluso reconocidos y distinguidos investigadores que hoy ocupan cargos en la 4T ya tienen en el discurso que,“gracias” a que México tiene Litio, podemos ser potencia mundial y que contribuiremos a la transición de un nuevo modelo energético, en el cual venderemos energía solar, etc., poniendo en duda y en evidencia parte de las promesas y de los discursos de la 4T, la cual al parecer, parece terminará por entregar nuevas concesiones a mineras como ya se mira en el horizonte de la explotación de Litio.

El modelo energético del mundo entero no es sustentable, ni verde, ni justo, ni responsable socialmente, ni soporta tampoco la aplicación de los más altos estándares internacionales, porque en si mismo es un modelo que atenta contra la vida en su sentido amplio, peor aun si se trata del modelo extractivo minero, el más rapaz de todas las actividades extractivas, a tal grado que si la clase gobernante de este país realmente tuviera una buena intención de mejorar la ley minera o hacer una nueva minera, esta debería tener un sólo artículo: La minería debe estar prohibida en México.

Sin contexto y realidad,de verdad no entendemos como grupos legislativos, Ong ́s y académicos pretenden caminar una vez más, porque tampoco están transitando en un tema inédito, a seguir impulsando marcos normativos relacionados a la Ley Minera en México, que en sí misma es una actividad violatoria de derechos humanos, agrarios y ambientales que deja a las comunidades en desamparo prácticamente sin opciones para defenderse de estos proyectos.

Hace unos días, en el marco de la conferencia Megaminería en México: escenarios y consecuencias, impulsada por Morena, diputadas del partido sostuvieron que “es necesaria una legislación justa y respetuosa de las comunidades y el medio ambiente”y apuestan a incorporar la consulta como un mecanismo que la legitime, sin siquiera observar o detenerse a dirimir las barbaridades y vergüenzas que el INPI y Fonatur actualmente implementan en las comunidades de la península maya. Para los no legisladores que actúan en esa misma dirección, creer que la tribuna es una expresión de democracia, participación, igualdad, equidad e incidencia, sin siquiera detenerse a observar por qué el senador Monreal detuvo algo más simple y necesario como la regulación del Outsourcing que daña tanto los derechos laborales de millones de trabajadores, nos parece un sinsentido, pero además consideramos que en el fondo reta, confunde y golpetea la as diversas expresiones para la defensa del territorio que hay en contra de los megaproyectos, en donde la prohibición minera es un proceso que ha y está costando vidas, nos parece aun más grave no se considere en su análisis.De verdad hacernos creer que desde la ley se puede regular “adecuadamente” el saqueo, el despojo, los daños irremediables y las muertes de personas entre otras barbaridades, nos parece totalmente desproporcionado, y peor aun de soñador, es creer que el estado, este gobierno o el que siga, van reconocerlos daños y a atender a la población y el medio ambiente.

La minería es una amenaza para las comunidades porque atenta contra las formas de organización política y social, elimina sus referentes socio-culturales, mercadea por falsas promesas la permanencia de las actividades para la subsistencia económica, con lo cual evaporiza la autonomía alimentaria, lo que en consecuencia destierra la existencia de factores subjetivos,emocionales y afectivos,que son un pilar en la afectividad y comunalidad y solidaridad de los pueblos. Es una burla y un despropósito hablar de “beneficios” en un contexto de muerte, enfermedad, desplazamiento forzado y con impactos ambientales irreversibles que ponen en riesgo la vida de todo lo viviente. Peor aúnes reducir,a la retórica de las consultas,lo que se considera “justo”para imponer y legitimarla destrucción de la vida de las comunidades. En ese contexto, no tenemos duda alguna; hay un gran desconocimiento de quienes legislan sobre la temática.

Hacer leyes siendo ignorante de diversas temáticas, como en este caso la minería, debería estar prohibido en México, esa si sería una buena ley para el país,porque entonces si aspiraríamos a levantar un país con sujetos políticos que construimos en colectivo nuestro futuro, porque mientras ello no suceda,todo lo que se legisle seguirá teniendo como eje una visión colonialista y neoliberal;de arriba para abajo, de las clase medias, altas y empoderadas para luego preguntarles, a las clases bajas y desposeídas si están de acuerdo en continuar con el despojo de su vida.No hay que mirar muy lejos para corroborar lo anterior, basta observar como la 4T sigue aplicando una política indigenista que tributa bajo el tradicional mecanismo del subsidio y aprovechando esos procesos de coacción para crearla misma situación que ya estaba arraigada desde hace años.La sumisión.

Mientras este modelo económico persista, nunca habrá condiciones ni de equidad, ni de igualdad, por lo tanto, en consecuencia, las asimetrías seguirán incrementándose. Nuestra estancia en comunidades que conviven con empresas mineras, nos permite tener contundencia en nuestros argumentos y con gusto lo compartimos con quienes quieran mirar desde adentro esa experiencia, para ver si esa vivencia les ayuda a reflexionar con mayor seriedad sobre la temática. Necesitamos leyes y marcos que terminen con la impunidad que protejan a los pueblos y no leyes que legitimen el despojo con el clásico lenguaje que se impone desde las multinacionales o la ONU.

De verdad invitamos a aquellas y aquellos diputadas/os, funcionarios, organizaciones y académicas/os que pretenden impulsar la Ley Minera, para que pasen uno o dos días con nosotros en proyectos mineros, por ejemplo en Guerrero o en San Luis Potosí o en Zacatecas,y ahí, en el mismísimo infierno,tengamos un análisis y reflexión seria, profunda, con datos concretos, científicos pero también con datos construidos desde la epistemología social y entonces, ahí mismo debatir si hay que mejorar el despojo minero. Reflexionar desde la curul, el salón, el confort, sin saber ni entender cada uno de los vericuetos del modelo extractivo minero y sólo pensar que las normas, los estándar eso lo que manda el Banco Mundial o la ONU es la ruta o lo que dictaminan los derechos humanos,es para nosotros legitimar el despojo. Esto ya ha sucedido en muchos países y acá pareciera que de nuevo estamos descubriendo el agua tibia.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería hacemos expreso nuestro desacuerdo en seguir apostándole a mecanismos de simulación y a procesos de consulta que legitiman el despojo.

Hacemos un llamado a legisladas/es, organizaciones, academia y otros actores a repensar y replantear su papel y a tomar una postura seria y respetuosa para los pueblos que viven las atrocidades de la minería.

A T E N T A M E N T E

RED MEXICANA DE AFECTADAS y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Foto: Grupo México. A través de Forbes

Más información:

[Mapas] Tren Maya como nueva infraestructura de articulación de los capitales agroindustriales y turísticos inmobiliarios en la península

A propósito de la próxima consulta que realizará Gobierno Federal sobre el Tren Maya este 14 y 15 de diciembre, les compartimos estos mapas de GeoComunes sobre el tema

El trazo del “Tren Maya” retoma la lógica espacial de los ejes troncales incluídos en el proyecto “México 2030”, el proyecto de articulación del territorio nacional a partir de autopistas de cuota que impulsó la administración de Felipe Calderón. La principal diferencia entre ambos proyectos es el tránsito hacia una red ferroviaria que permite disminuir aún más los costos de traslado de mercancías.

Mapa 2. Genera impactos socioambientalesPara adecuar las vías existentes a este proyecto de articulación territorial, el Tren Maya generará ajustes en zonas donde no existe derecho de vía para el transporte de mercancías donde existe mayor riesgo de expropiación, particularmente en las periferias de ciudades como Mérida, Tulúm, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Campeche, pero también en el trayecto de 100 km entre Izamal y Valladolid y en los 16 km que conducen de la carretera hacia la zona de Calakmul.En el resto del trazo, el proyecto del Tren Maya atraviesa zonas de la península de Yucatán que se caracterizan por la concentración de riqueza cultural y ambiental que combinan núcleos ejidales de comunidades mayas, zonas de humedales y reservas naturales.

Mapa 2 Crédito: GeoComunes

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Mapa 3. Afectación al patrimonio histórico y culturalDesde la perspectiva del patrimonio histórico y cultural de la península de Yucatán, la ubicación de la gran cantidad de sitios arqueológicos registrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) permite distinguir zonas con mayores concentraciones, como en el estado de Yucatán. Sin embargo, la menor cantidad relativa de sitios registrados en Campeche y Yucatán señala que se trata de zonas con menor cantidad de investigaciones. La experiencia acumulada con los proyectos de trazado de carreteras, permite concluir que es muy probable que los trabajos del Tren Maya saquen a la luz una cantidad importante de nuevos descubrimientos arqueológicos.Total de sitios arqueológicos registrados por el INAH en la península de Yucatán: 3,657 sitiosTotal de sitios ubicados a menos de 6km de las vías del proyecto del Tren Maya: 826 Total de sitios ubicados a menos de 10km de las vías del proyecto del Tren Maya: 1,288

Mapa 4: Estaciones del Tren como nodos de articulación y expansión de los capitales agroindustriales, inmobiliarios, turísticos y financierosA lo largo de las vías de tren se pretenden instalar estaciones y mal llamados polos de desarrollos (no hay claridad aún sobre el número, por el momento se han anunciado alrededor de 20) que se financiará bajo esquemas de Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (FIBRA). Este esquema financiero complejo y engañoso pretende integrar a los dueños de la tierra como “socios” de esos polos de desarrollo. Con este discurso, las expropiaciones de tierras son enmascaradas como áreas de desarrollo que permitirían que los ejidatarios se convirtieran en socios capitalistas de los proyectos de despojo. Junto a los corredores de expropiación impulsados por las estaciones del Tren Maya, también podrían incluirse algunos proyectos de reordenamiento territorial anunciados en las imágenes de las estaciones que difundió el gobierno actual, mismas que, hasta ahora, constituyen la principal fuente de información sobre el trayecto del Tren Maya.

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