Les compartimos algunas fotografías de la acción global #JusticiaParaBerta en San Cristóbal de Las Casas, gracias a todas y todos quienes llegaron.
Berta no se murió, Berta no se murió, Berta se hizo millones, se hizo millones, Berta soy yo
Les dejamos el comunicado de Otros Mundos >>Ver comunicado<<
Compartimos este pronunciamiento del grupo de trabajo de mujeres de la Red DESC
Las organizaciones feministas y sus aliados en todo el mundo hacemos un llamado al Paro Internacional de Mujeres el 9 de marzo de 2020. Pedimos que las feministas y sus aliados suspendan su trabajo en este día para reconocer las raíces de los derechos laborales del Día Internacional de la Mujer y mostrar al mundo que cuando las mujeres se detienen, el mundo se detiene.
Porque la desigualdad ha crecido al mismo tiempo que la riqueza [1]. Porque esa riqueza ha sido en gran parte creada por mujeres que no llegan a compartirla. Vivimos dentro de un orden económico que explota a las mujeres y se beneficia del trabajo de cuidado gratuito o mal pagado que realizamos, y de los bajos salarios y la flexibilización de las condiciones de trabajo.
Porque la codicia de las empresas de combustibles fósiles ha destruido el medio ambiente y los efectos del cambio climático también se sienten más profundamente en las mujeres. Es más probable que nos veamos desplazadas [2], que tengamos que viajar más lejos para buscar agua y que suframos los efectos sobre la salud del aumento de la salinidad causado por el aumento del nivel del mar [3].
Porque en todo el mundo, las mujeres y niñas continúan realizando más de tres cuartos del total de trabajo de cuidado no remunerado. Este trabajo continúa siendo subvalorado y no se incluye en el cálculo de los PIB nacionales, a pesar de que la economía no funcionaría sin él. Las mujeres dedican más tiempo al cuidado no remunerado que los hombres en todas las regiones, lo que va de 1,7 veces en América Latina a 3,4 veces en Africa, 4 veces en Asia y 4,7 veces en los países árabes [4]. Asimismo, el trabajo doméstico remunerado suele realizarse en condiciones precarias y con muy bajos salarios.
Porque las diferencias salariales entre hombres y mujeres están estancadas en muchos países, y en algunos están aumentando. La brecha salarial mundial podría tardar hasta 202 años en cerrarse [5].
En 2020, cuando se cumplan 25 años desde que se contrajeron los compromisos en favor de los derechos de la mujer en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, conocida como la Plataforma de Acción de Beijing [6], es el momento de unirnos intergeneracionalmente, a través de los diferentes movimientos, para solidarizarnos unas con otras y paralizar el mundo.
Creemos que nuestras demandas son comunes en todo el mundo:
A lo largo de la historia, las huelgas han sido una táctica efectiva para aprovechar el poder de los movimientos para influir en el cambio. El Día Internacional de la Mujer no es una campaña de marketing para hacer que las mujeres se sientan bellas: es un día en que las mujeres se han levantado y protestado, un día en que exigieron sus derechos y pusieron sus vidas en peligro por ellos. Honremos esa historia, reivindiquemos este día y revivamos el poder colectivo de las mujeres para exigir nuestros derechos humanos.
>>Descargar boletín informativo<<
[1] “El 1% de los más ricos capturó el doble del crecimiento del ingreso mundial que el 50% de los más pobres desde 1980”. Informe sobre la Desigualdad Global 2018. https://wir2018.wid.world/files/download/wir-presentation.pdf
[2] “El 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres”. Halton, Mark. BBC (2018) El cambio climático ‘afecta más a las mujeres que a los hombres’. https://www.bbc.com/news/science-environment-43294221
[3] “Se está invirtiendo mucho dinero en intervenciones relacionadas con el cambio climático, […] pero casi nada de ello se destina a la investigación, al menos no en cuanto al efecto sobre la salud pública. Todo el mundo está pensando en los desastres medioambientales. Nadie está pensando en la salud pública”. BBC (2018) Cómo el cambio climático podría estar causando abortos espontáneos en Bangladesh https://www.bbc.com/news/world-asia-45715550
[4] International Labour Organization, ILO (2018). Care work and care jobs for the future of decent work. Ginebra: OIT
[5] World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2018. http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf
[6] Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 27 de febrero de 2020
Durante la segunda mitad del 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (SEMARNATH) dirigida por el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, inició el proceso de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo (POETH) y hasta el momento se tiene información de que ha concluido con las etapas de Diagnóstico y Pronóstico. Dicho ordenamiento debería ser el principal instrumento de la política ambiental para regular el uso del suelo y para promover el desarrollo sustentable del estado, sin embargo, el Ing. Rico Moreno está utilizando el POETH para facilitar, mediante la desregulación, la entrega del territorio del Estado de Hidalgo a las Compañías Mineras (nacionales y extranjeras) para que éstas puedan saquearlo y devastarlo a placer.
Esto ya que durante las etapas del proceso de actualización del POETH, con el fin de determinar la aptitud del uso del suelo para la minería, la SEMARNATH utilizó mañosamente-, una metodología que consiste en ponderar atributos exclusivamente geográficos y geológicos tales como: concesiones, minas, geología, vías de comunicación y pendiente del terreno; de tal modo que toda aquella área del suelo hidalguense donde existe alguna concesión minera sea considerada por el Gobierno del Estado de Hidalgo como un “ÁREA CON MUY ALTA APTITUD PARA LA MINERÍA”, es decir, un área a disposición de las compañías mineras para su rapiña y destrucción.
Esto es alarmante para los hidalguenses, principalmente, porque; 1) Hasta diciembre de 2017 la superficie concesionada para la minería en el Estado de Hidalgo equivalía a 779,336.38 hectáreas, y 2) La gran mayoría de esa superficie se encuentra sobre comunidades indígenas, comunidades agrarias, ejidos, pueblos, zonas urbanas, parques nacionales y reservas ecológicas, todas susceptibles de ser despojadas y contaminadas por las actividades mineras.
La minería “moderna” es la actividad más depredadora del medio ambiente que existe, debido al empleo de tecnologías y técnicas que se expanden por el mundo a partir de procesos de explotación bajo procedimientos a cielo abierto, tumbe y relleno, al uso de grandes cantidades de sustancias peligrosas como el Cianuro de Sodio y el Ácido Sulfúrico, al elevadísimo consumo de agua que se asocia también a su contaminación y desaparición de mantos freáticos, a la generación de millones de toneladas de desechos, escombreras y jales repletos de metales pesados que literalmente quedan como pasivos ambientales. Es sumamente decepcionante que sea la SEMARNATH, quien defina como preferente a la actividad minera, en un Estado como el de Hidalgo que está tipificado como uno de los peores ejemplos de la contaminación y del saqueo del extractivismo minero.
Basta señalar que, después de poco más de 400 años de minería:
Es perverso que el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, Secretario de Medio Ambiente de Hidalgo, privilegie los intereses de la industria extractiva sobre la salud de la población y sobre el cuidado de la naturaleza, sin embargo, el designado por el Gobernador Omar Fayad Meneses para el cuidado del medio ambiente, ha dado numerosas muestras de sometimiento y servilismo con las empresas extractivas, por ejemplo, estando al frente de la SEMARNATH Rico Moreno ha presionado una y otra vez para que el Parque Nacional Los Mármoles y el Parque Nacional El Chico sean recategorizados y pierdan su carácter de Área Natural Protegida, con la finalidad de que las compañías mineras puedan explotar las vetas metalíferas existentes en el subsuelo de esos sitios; él mismo, desde finales del 2019, implementó el programa denominado “Confiando en tu palabra” o “3 de 3” el cual consiste en que la SEMARNATH debe entregar a las empresas la autorización de impacto ambiental en tan sólo 3 días si éstas prometen no dañar el medio ambiente y si presentan 3 simples requisitos administrativos, es decir, dispensa a las empresas, que elijan instalarse en Hidalgo, de cumplir con el más mínimo cuidado del medio ambiente.
Además, es preciso señalar que durante las etapas de la actualización del POETH, Rico Moreno organizó una serie de foros evidentemente manipulados y sesgados en los que convocó a diversos sectores para que supuestamente participaran, todo esto con la finalidad de legalizar y legitimar la intervención, el despojo y la destrucción del territorio por las mineras.
Dado que estamos ciertos de que la aprobación y la ratificación de la Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo elaborada por Rico Moreno, validaría el despojo y la destrucción de los territorios de los pueblos indígenas, de la propiedad social (Ejidos), de la propiedad privada, de las zonas urbanas e incluso de los espacios naturales considerados claves y esenciales, tanto para la provisión de servicios ambientales, como para la conservación de la flora y la fauna, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA):
¡Territorios Libres de Minería Ya!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Minera Autlán en Hidalgo. Crédito: La silla rota Hildago
Más información:
Cada año publicamos nuestro informe global de actividades para que ustedes puedan conocer mejor nuestro trabajo. Gracias por consultar nuestra página y seguir nuestras acciones.
>>DESCARGAR EL INFORME COMPLETO EN PDF<<
En este informe compartimos con ustedes nuestro trabajo durante el año 2019 y nuestro andar en las luchas, resistencias y defensa de la vida, así como en la construcción de alternativas a este sistema capitalista, porque creemos que otros mundos son posibles. Es importante para nosotres transmitir algunos procesos comunitarios para la defensa de la tierra y territorio, aquí los podrás encontrar organizados por área de trabajo.
Las actividades realizadas en este año como parte de los objetivos de fortalecer los procesos comunitarios para la defensa de la tierra y territorio, amenazados por los megaproyectos; así como contribuir a la formación política, construcción de redes de alianza en los diferentes movimientos en resistencia.
Concretamos un encuentro del Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo donde participaron 40 personas representantes del MODEVITE, ZODEVITE, MOCRI, FPDS, Las Abejas de Acteal, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Consejo Autónomo Regional de la Costa, Comité Cívico Tonalteco, La Voz del Pueblo, Reddeldia de Montes Azules, para la discusión y análisis sobre el tema Economía Verde.
Llevamos a cabo dos módulos de la Escuela de Justicia Energética, donde participan organizaciones de base se diferentes zonas de Chiapas, de la Sierra de Puebla y diferentes departamentos de Guatemala para construir una relación binacional. En este espacio buscamos la formación sobre las represas, el análisis de la realidad energética en el estado, así como también a nivel nacional e internacional.
Bajo la Estrategia de la Prevención, participamos en reuniones y asambleas comunitarias y ejidales, y se logró junto con el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” la declaratoria de Municipio Libre de Minería en Acacoyagua y Huehuetán a 3 años mediante Acta de cabildo.
En el caso del asesinato del defensor ambiental Mariano Abarca continuamos con el proceso de denuncia, exigencia de justicia. Y reuniones con el equipo legal en México y Canadá. Llevamos a cabo una reunión en Canadá para avanzar en el proceso de la demanda contra el gobierno de ese país. En la conmemoración del Décimo Aniversario Luctuoso de Mariano Abarca realizamos la primera entrega del Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca” 2019 otorgado a la organización indígena MODEVITE, con el aval y acompañamiento de 32 organizaciones y redes nacionales e internacionales, a la par efectuamos el Foro para la Defensa Ambiental en Chiapas.
Apoyamos en el seguimiento de seis asambleas con las comunidades indígenas que demandan la conformación del proyecto político de Gobierno Comunitario. Junto con JASS -Asociadas por lo Justo-, llevamos a cabo una investigación denominada “Denir la Solidaridad en Momentos de Crisis en Mesoamérica/Una reexión interseccional del contexto actual que fortalezca la solidaridad y el cuidado de nuestros movimientos en la región”.
Con la Red Desc Internacional, realizamos un taller de Educación Política sobre cómo desarrollar nuestra crítica sistémica, en nuestro Centro Alter Natos, con la participación de miembros de la Red de diversos continentes.
En la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) realizamos diferentes comunicados para denunciar el Modelo Extractivo en el país. En el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) llevamos a cabo diversas reuniones virtuales de coordinación y de cara al encuentro 2020. Iniciamos el diseño de la Universidad itinerante en Haití para el apoyo en la formación y capacitación de la resistencia contra la minería. Apoyamos en la formación de un sistema de ayuda a las comunidades que se ven amenazadas por los proyectos de los bancos de Desarrollo junto a la Red Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo.
Logramos aumentar el tráco en la página web de Otros Mundos A.C., con 40,614 nuevas visitas (499,693 visitas en total). Ampliamos nuestra audiencia en redes sociales, con 12, 389 seguidores (+318) y 12,238 “Me Gusta” en Facebook (+266), en Twitter 3,073 seguidores (+396) y 111 suscriptores en Telegram. Nuestro boletín mensual llega a 1,153 personas (+22) a lo largo de 10 emisiones y las invitaciones a nuestro “Seminario Permanente de la sustentabilidad” a 407 personas.
Realizamos la migración de nuestra página web a una plataforma segura y a un administrador más seguro y versátil para dinamizar y agilizar nuestros contendidos en la web. Seguimos con nuestro ritmo de 1 o 2 publicación por día en la página web, y la promoción de cada publicación en nuestras redes sociales. Hemos publicado 8 Escaramujos con los temas: Razones del éxodo hondureño, El gobierno de Canadá a la corte federal, ¿Qué es el protocolo de Nagoya?, Chiapas: el programa Sembrando Vida, Radiografía de las represas en México Parte I y Parte II, La Presa Milpillas y Proyecto de transición energética 2018-2024. De igual manera publicamos 3 ediciones del Boletín “El Zanate”, con los temas: La economía verde, ¿Extractivismo o conservación?, y ¿Qué es una represa?. Siempre divulgamos comunicados de nuestras redes hermanas como la REMA, el Movimiento M4, ATI y ATALC así como importantes informes sobre temas de defensa del territorio, impactos de megaproyectos y construcción de alternativas.
Hemos mejorado nuestras relaciones con los medios locales, nacionales e internacionales, nuestra lista de contactos en medios de prensa paso de 149 contactos a 215, de los cuales 51 son internacionales.
En cuanto al caso del asesinato del defensor antiminero Mariano Abarca, el área de Comunicación contribuyó en el proceso de búsqueda de justicia que Otros Mundos A.C. lleva junto con la familia Abarca de Chiapas a Canadá, a travé s de la implementación de una campaña mediática la cual incluye un vídeo, así como una conferencia de prensa en la ciudad de México y otra en Tuxtla Gutiérrez, la producción de materiales informativos (notas, audios) a partir de las mismas. Gracias al trabajo consiente y solidario de periodistas de Chiapas, México y Canadá, nuestra denuncia de la impunidad ha tenido eco en medios locales (Chiapas Paralelo, Diario de Chiapas, El Heraldo), nacionales (Contralínea, Proceso, La Jornada, Aristegui) e internacionales (Radio Canada Internacional). Así como la entrega del Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca” al Movimiento en Defesan de la Vida y el Territorio “MODEVITE” y un video sobre su lucha.
Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelosobre la reciente ola de violencia hacia las mujeres – A 16 de febrero de 2020
Por Andrés Domínguez
*Durante 2019, organizaciones registraron 199 feminicidios en Chiapas. En contraste, la autoridad solo confirmó 20.
*El reconocimiento del feminicidio como delito en la normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres en México: CNDH.
Carmen Villa, Directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH), afirmó que la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) en reclasificar como delito de alto impacto al feminicidio a una agravante del homicidio, significaría una salida errónea.
La Fiscalía General de la República ha justificado esta acción como una opción para que las investigaciones se hagan de forma más expedita y con mayores fundamentos legales, sin embargo, Villa afirmó que hay señalamiento de organizaciones y colectivas feministas que lo denominan como un retroceso.
No obstante, Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República, aseguró ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados, que la institución no tiene tal intención.
A su vez, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, comentó que esta decisión no coadyuva con el trabajo en favor de las mujeres, por lo que se deben de tener mayores capacidades para atender la violencia feminicida y no ajustar las leyes.
“Hay una serie de retos, capacitar a los primeros respondientes, analizar a detalle los elementos de prueba e integrar de mejor forma las carpetas, ahí esta los puntos de oportunidad en mejorar las capacidades” añadió Villa.
La Directora del OCCH comentó que el delito de feminicidio se encuentra marcado en Tratados Internacionales, en las cuales México es firmante.
“Quitar esta conceptualización, significa hacer un retroceso a la lucha, ante las limitantes que se tienen para atender eficazmente los delitos (…) Es una propuesta que no está basada en evidencia, en un diagnóstico de la realidad para atender el feminicidio desde lo justicial. Además, este delito no puede ser atraído por la FGR” afirmó Villa.
Panorama
Villa comentó que 2019 fue el año con más feminicidios según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que es un acontecimiento que sigue en crecimiento y en la que las autoridades deben implementar e incursionar para resolverlas.
En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres contabilizó al menos 199 muertes violentas de mujeres. No obstante, la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo registró 20.
En específico, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en su Balance Anual 2019, informó que de enero 2015 y julio de 2019, Estado de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, las entidades más letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes, con 55, 33, 23, y 21 víctimas de este delito, de manera respectiva.
Ante este panorama, Villa agregó que el Observatorio Ciudadano de Chiapas prepara un informe detallado desde el decreto de Alerta de Violencia de Género, sucedido el 18 de noviembre de 2016, a la fecha, en la cual detallarán diversos aspectos que se ven inmersos de la violencia feminicida dentro de los 7 municipios bajo la declaratoria.
Llamado
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a la Fiscalía General de la República para no persistir en la intención de modificar el tipo penal del feminicidio y pone de manifiesto la obligación del Estado mexicano de prevenir, erradicar, investigar y repara la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio.
“Es inadmisible el aumento de los feminicidios en nuestro país, constituyendo ya una gravísima crisis en materia del respeto y garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” CNDH.
Además, el Organismo Nacional comentó que la tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal es el resultado del cumplimiento de México respecto de las obligaciones contraídas para el pleno respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, de un serio y experto trabajo de legisladoras y legisladores.
“La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad del contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a través de él se busca perpetuar los patrones culturales de subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres, niega de iure y de facto el acceso a la justicia de las mujeres” Comisión Nacional.
¿Qué es un feminicidio?
De acuerdo con la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se deberá entender por violencia, “…cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.”
Asimismo, determina que la violencia feminicida, es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad de género y las consecuencias extremas de la misma, en la vida de las mujeres.
Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia feminicida”, que de acuerdo con esta “…es la forma extrema de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres…”
Por ello, para contribuir a garantizar que las instituciones reconozcan y castiguen los asesinatos de mujeres, en 2012 se aprobó una Reforma al Código Penal Federal, en el que se establece el Delito de feminicidio y se definen los criterios para investigar y determinar si tal homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, si al menos cumple con uno de dichos criterios. Desde entonces, las entidades federativas han incorporado en sus propios Códigos Penales ese tipo penal, no sin tropiezos y limitaciones para su aprobación, adoptando o adaptando el ya reconocido a nivel federal.
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de Chiapas consideró en el reporte estadístico del mes de enero como el inició con un mayor nivel de gravedad y agudización de violencia feminicida durante los últimos 4 años.
El Observatorio contabilizó 18 muertes violentas de mujeres: 5 homicidios, 11 feminicidios, 1 suicidio sin carta póstuma y 1 muerte por caso fortuito.
Además, contabilizaron 52 denuncias de mujeres desaparecidas, de las cuales 25 aún continúan bajo este perfil y 27 ya fueron localizadas.
Así como 3 feminicidios en grado de tentativa.
La cifra más alarmante es que en los registros de violencia sexual hacia mujeres ubicados en los municipios de Mapastepec, San Cristóbal de las Casas, Suchiate, Tapachula, Tecpatán y Villa Comaltitlán, el 43 por ciento son niñas de entre a 17 años, el 29 mujeres de 18 en adelante y el 28 por ciento niñas de entre 0 a 12 años.
Imágenes: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020
En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.
Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de “Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma africana.
En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han desaparecido.
Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.
La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.
Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva. Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para sembrar la palma africana”.
El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para la ganadería.
En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América Latina.
Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en zonas selváticas.
El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.
Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma africana, no hay más flora.
Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”. Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las comunidades.
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Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.
El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo. Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal, “las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.
Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.
Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.
La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y nacionales para propagar el cultivo de palma.
“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.
El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10 naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México estableció su programa de reconversión productiva.
Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.
Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de sus parientes se enfermaron de gravedad.
Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”, recuerda.
En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana. Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia el cultivo que les es redituable.
Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que trabajan de noche.
Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería, pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados clandestinamente.
La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra que están aumentando exponencialmente sus ganancias.
Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.
La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva genera una ganancia de 100 000 pesos al año.
Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está talando la selva para sembrar palma”.
Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.
Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta 1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos, dueño de una de las casas más amplias del pueblo.
“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.
Imágenes: Moysés Zuñiga
Más información:
Comunicado de Otros Mundos Chiapas en el marco de acciones de la Jornada de la Defensa del Territorio y de la Madre Tierra «Samir Somos Todas y Todos» – A 20 de febrero de 2020 >>Descargar comunicado en pdf<<
20 de febrero de 2020, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Otros Mundos Chiapas nos unimos a las exigencias de justicia para el compañero Samir Flores Soberanes, a un año de su asesinato. Samir era habitante de Amilcingo Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo un defensor de la vida.
En el marco de las Jornadas en Defensa del Territorio y la Madre Tierra “Samir Somos Todas y Todos”, recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminción de los pueblos. Denunciamos la grave imposición de megaproyectos en todo México. Mientras esto siga continuará la lucha por el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.
Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. Durante el 2019 fueron asesinados 32 defensores y en lo que van de este año se suman dos muertes que, junto con Samir Flores, exigimos justicia para Homero Gómez y Raúl Hernández, defensores de las Mariposas Monarcas en Michoacán, y justicia para todas y todos que pierdan la vida en esta lucha. Nadie que defienda la vida tiene que morir, pero su partida son semillas que se siembran para seguir defendiéndola.
¡Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida!
¡Alto a la devastación ambiental y cancelación de megaproyectos!
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Otros Mundos Chiapas
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Imágenes: Brigada de arte comunitario «Talimakalsinan nanu» y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell
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Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre – A 13 de febrero de 2020
Texto: Arturo Contreras Camero
Los guardianes del medio ambiente son los más amenazados del mundo. 40 por ciento de los defensores de derechos humanos asesinados el año pasado estuvieron vinculados con este tipo de temas según el informe Análisis Global 2019 de la organización internacional Front Line Defenders.
En el caso mexicano la situación es peor. El 75 % de los defensores asesinados trabajaban temas ambientales, defensa de la tierra y pueblos indígenas. El año pasado 304 personas que defienden derechos humanos fueron asesinadas en el mundo.
América Latina es la peor región del mundo para ser defensor de Derechos Humanos, pues concentra el 90 por ciento de los asesinatos, y de los 5 países con más defensores asesinados, 4 son de este continente. En primer lugar está Colombia con 106 asesinatos, seguido por Filipinas, 43; Honduras, 31; México con 24, y Brasil con 23.
Los casos en México podrían aumentar, pues la organización sigue documentando casos. En el país, en lo que va de este año, han sido asesinados tres defensores. A este contexto hay que añadir la impunidad, pues de las 24 muertes de 2019, 11 cuentan con carpetas de investigación, pero en ninguno hay indicios de justicia.
Así como en el caso de la violencia contra periodistas, las agresiones en contra de defensores de Derechos Humanos son perpetradas o facilitados por personas en el poder, ya sean funcionarios del gobierno, policías o miembros del ejército. Entre ellos destaca el papel de los poderes municipales, quienes se ven involucrados en lso casos por omisión, acción o aquiescencia, es decir, que se hayan beneficiado de alguna manera por las agresiones
Desde la entrada de la nueva administración federal se implementó una política de combate a la pobreza a través de la creación de megaproyectos ambientales que buscan desarrollar zonas rurales del país. Con ello, según dice el informe, aumentó la criminalización en contra de estos actores, que son los menos visibilizados y quienes mayor acceso tienen a estas comunidades.
“El continente fue testigo de la creciente privatización de los servicios públicos básicos, la flexibilización de la legislación ambiental y laboral, la creación de nuevas leyes para debilitar el activismo de derechos humanos y el desmantelamiento de las políticas diseñadas para hacer frente a la desigualdad” señala el informe.
Ángeles Hernández, de la red Todos los Derechos para Todas y Todos señaló que es importante identificar y reconocer la diversidad de personas defensoras. “Son los que están allá afuera luchando por construir un mejor panorama y por cambiar el mundo que vivimos, que están luchando porque la dignidad de todos sea respetada”.
Al respecto, Jesús Peña, representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, dijo: “La mitad de las persona defensoras tenían un vínculo con la defensa del medio ambiente por el contexto en el que viven. Don escritoras, maestras o comunicadoras que decidieron no quedarse calladas. Estas personas son los agentes fundamentales para asegurar un futuro sostenible. Sus asesinatos y desaparición es el culmen de la agresión, resultado de una criminalización que señala que quienes protegen el medio ambiente se oponen al desarrollo”.
En este esquema de agresiones, hay un subregistro de las mujeres, aseguró Sandra Patargo, coordinadora de protección para las Américas de Front Line Defenders.
“Las defensoras jugaron un gran papel importante liderando esfuerzos por defender a personas defensoras de derechos Humanos, impulsando estos proyectos a nivel nacional. Son ellas quienes, mientras más levanta la voz, mientras más ocupan espacios, encuentran imposiciones de grupos locales. Las señalan, usan contra ellas lenguaje que estigmatiza, que es misógino, y buscan exponer su vida privada. Lo hemos visto con mujeres periodistas y defensores de derechos reproductivos.
Esto obliga a que las defensoras muchas veces opten por tener menos visibilidad en sus casos. Por ello, en este tipo de agresiones es muy probable que exista un subregistro, pues el número de casos que son públicos no empatan con los niveles de violencia de género que existen en el país.
A la par de la invisibilización de las mujeres, en el país hubo una crecida en las agresiones contra defensores de la población migrante. Desde el cambio en la política migratoria del Gobierno de México, a raíz de las presiones comerciales de Estados Unidos, hay una mayor criminalización en contra de la migración, y por tanto una restricción a los que los defienden.
Desde la primera caravana de migrantes a finales de 2018 a la fecha hay 64 hechos de agresiones a defensores de migrantes, entres ellas destacan los ataques a albergues, entre los que hay intentos de allanamiento de la Guardia Nacional, revisiones migratorias afuera de los albergues y criminalización de defensores, como el caso de Irineo Mújica y Cristóbal Sánchez, quienes enfrentaron cargos de trata de personas y fueron detenidos sin pruebas.
“En este panorama encontramos un discurso estigmatizante a partir de acciones criminales. Se habló de que los albergues podrían estar inmiscuidos en trata de personas. Incidentes como el incendio al albergue de La Sagrada Familia en Tlaxcala, o la desaparición del defensor Aarón Méndez. Incluso, en esta situación hay otras personas que ni siquiera pueden dar sus nombres, pues pueden ser deportados”, aseguró Ángeles Hernández, de la red TDT.
Durante la presentación del informe Efraín Avilés, del Consejo Ciudadano Indígena Nahuatzen compartió su testimonio sobre las agresiones que enfrentan en su comunidad. Desde hace unos años el poblado de Nahuatzen, en la meseta purépecha de Michoacán lucha por un proceso de autonomía y autodeterminación. “En 2015 nuestra comunidad decide tomar ese camino por la inseguridad y por los problemas de Tala Clandestina que tenemos. Ese año tuvimos muertes por luchar en contra del rezago histórico que tenemos en atención a servicios básicos”.
De acuerdo con el último informe de Coneval, este municipio es el más pobre de Michoacán. Actualmente hay tres personas detenidas ilegalmente por defender el ambiente.
“Enfrentamos una situación difícil. No recibimos atención por parte de las instituciones de defensa del medio ambiente, por lo que el proceso de reforestación que queremos llevar a cabo parece imposible. Pedimos que nos apoyen en algo, en lo que sea. Esperemos se logre en este año”, dijo el representante de la comunidad.
“Lo que buscamos es que se tomen las medidas que se tengan que tomar para que se reconozca nuestra autonomía. Estamos convencidos que con hace falta un proceso de reconocimiento por parte del gobierno federal; que reconozca que nuestra cultura ha sido poco menos que forzada a desaparecer”.
Imagen: Cuartoscuro
Más información:
México: Más de 30 defensores de Derechos Humanos y activistas asesinados en 2019
Compartimos esta nota publicada en Página 3 a través de Pie de Página – A 12 de febrero de 2020 — Comunicado de la REMA (aquí)
Por Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Pese a que pueblo zapoteco de Capulálpam de Méndez ganó el amparo donde el Juzgado Tercero de Distrito cancela todas las concesiones mineras en su territorio, la minera canadiense Continuum Resources LTD, la compañía Minera la Natividad y Anexas y otros particulares, desacataron este mandato judicial federal.
Las autoridades municipales y comunales cuestionaron al gobierno de la Cuarta Transformación porque la Secretaría de Economía también se amparo contra esa sentencia judicial, lo que calificaron como una incongruencia presidencial porque con esa actitud “el presidente Andrés Manuel nos niega el derecho al territorio que el tribunal nos reconoce, hay una contradicción en el discurso del presidente de la república”.
En una conferencia de prensa, el presidente municipal de Capulálpam de Méndez, Adrián Pedro Arreortúa Méndez; el presidente del comisariado de Bienes Comunales, Néstor Baltazar Hernández Bautista y el presidente del Consejo de Caracterizados, Miguel Ramírez Domínguez, reiteraron la decisión de su asamblea comunitaria para decir: “Si a la vida, no a la minería”.
Aunque su lucha lleva 15 años, fue en febrero de 2015 cuando la comunidad indígena agraria de Capulálpam de Méndez interpuso una Demanda de Amparo para solicitar la protección de la justicia federal ante la autorización de concesiones mineras ubicadas en su territorio comunal.
Explicaron que estas concesiones fueron otorgadas a la minera canadiense Continuum Resources LTD, a la Minera la Natividad y Anexas y otros particulares por la Dirección General de Regulación Minera de la Secretaría de Economía para la exploración y explotación de oro, plata y otros minerales sin haber consultado a la comunidad indígena como prevé el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Después de un largo litigio de casi cinco años, el Juzgado Tercero dictó Sentencia en octubre de 2019 donde reconoce jurídicamente la ancestralidad indígena de la comunidad de Capulálpam y, por tanto, su propiedad y posesión de sus tierras comunales que ocupa desde la época prehispánica.
La Sentencia establece que la comunidad indígena agraria de Capulálpam fue fundada antes de que se formara el actual Estado mexicano y por tanto tiene el derecho a la protección de la justicia federal como lo establece el Artículo Segundo Constitucional federal.
En consecuencia, el Juzgado Tercero en su sentencia cancela todas las concesiones mineras que fueron otorgadas a las empresas mineras en el territorio de Capulálpam por haber sido otorgadas sin la Consulta Previa Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la OIT.
Así, el Estado mexicano protege la ancestralidad indígena de Capulálpam de Méndez en materia de extractivismo de minerales, le reconoce su derecho a tener una vida digna y a permanecer como comunidad indígena libre del extractivismo de minerales pro encima de los intereses de particulares.
Mencionaron que la sentencia también hace justicia a las comunidades y pueblos indígenas de Oaxaca quienes históricamente han padecido discriminación y racismo en la impartición de justicia.
Sin embargo, tanto las empresas mineras como la Secretaría de Economía se ampararon contra esta sentencia.
“Ya se dio a la sentencia ahora sigue la lucha mas fuerte porque la empresa aun no se retira, está en desacato, ya impugnaron la sentencia la empresa y Secretaría de Economía federal. Esperamos que la sentencia se mantenga firme y se ejecute. La lucha legal sigue; estamos luchando contra un monstruo económico y no podemos dar marcha atrás y esta lucha de 15 años que iniciamos, cinco años duro el proceso de amparo y ahora sigue la lucha más fuerte”, comentaron las autoridades.
El comunero Salvador Aquino recordó que en este año 2020 se cumplen 30 años de que el Senado de la República ratificó el convenio 169 de la OIT y “en esos 30 años no ha habido una sentencia similar en México y América Latina como la que gano Capulálpam en octubre de 2019.
Mencionó que efectivamente ha habido sentencias pero por múltiples razones jurídicas y artificios legales estas sentencias no se han llevado a cabo, pero ahora “tenemos la firme convicción que esta sentencia va a llegar a ser efectiva y se tiene que cumplir”.
Respecto a la postura presidencial dijo que “nosotros hemos estado siguiendo de manera muy detallada las conferencias del presiente Andrés Manuel López Obrador y en efecto él ha dicho que protege los derechos de las comunidades indígenas, sin embargo, ya nos demostró lo contrario porque la Secretaría de Economía interpuso una impugnación derivado de la sentencia de octubre de 2019 donde el Juzgado tercero cancela las concesiones”.
“Es decir, el presidente actual, a través de la Secretaria de
Economía, nos está negando el derecho que ya un tribunal federal nos
está asignando en términos de nuestro reconocimiento como comunidad
indígena ancestral en el estado mexicano. Es decir hay una contradicción
en el discurso del presidente”, abundó.
Sin embargo, agregó, “lo sentimos pero nosotros como pueblos vamos a
seguir defendiendo nuestro derecho a nuestra identidad indígena”.
Finalmente resaltó que “las leyes en este país se mueven por el dinero, por la corrupción, pese que el impacto al medio ambiente ha sido brutal y nos afecta a todas las comunidades que vivimos en la cuenca del río Capulálpam, río San Pedro y del río Grande. Todos padecemos la cuestión ambiental que hemos padecido por casi 300 años y ninguna institución han hecho absolutamente nada”.
Insistió en que “las empresas mineras se basan en las corruptelas para funcionar pero no cuentan con argumentos ambientales ni jurídicos para poder operar y ahí están las consecuencias, el impacto en los veneros de agua porque 13 manantiales han desaparecido debido a los trabajos subterráneos de la minera”.
Imagen: Conferencia de Prensa 11 de febrero 2020, Capulálpan de Méndez Crédito: Agencia EF
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Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre las conseciones de agua a grandes empresas extractivistas – A 9 de Febrero de 2020
Una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobierno de Baja California y a la Conagua por violar el derecho humano al agua de los pobladores de Mexicali alcanzó a la cervecera Constalleation Brands. La CNDH hizo un llamado a proteger el acceso al agua de la población
Texto José Ignacio De Alba
La instalación de la empresa Constellation Brands pone en peligro el acceso al agua de la población y de los agricultores del Valle de Mexicali. Esa es la conclusión que se desprende de la recomendación 1/2020 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual está dirigida a la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Baja California .
La recomendación hace énfasis en las irregularidades de una entidad federal y otra estatal para permitir a la mayor cervecera del mundo instalarse en un área con escasez de agua.
Esta es la primera recomendación emitida por la CNDH desde que Rosario Piedra Ibarra se encuentra al frente de la institución.
El documento señala que la “La Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y la legislación en materia de agua del estado de Baja California presentan insuficiencias que obstaculizan el acceso al agua para el consumo personal y doméstico”.
Mexicali se encuentra en una zona desértica de clima seco, con poca vegetación, “con acuíferos sobreexplotados, vedados y con un río sujeto a un Tratado Internacional desde 1944 para su control”, dice el texto.
La CNDH señala que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el gobierno de Baja California Norte deben privilegiar el acceso al agua de la población, antes que el uso comercial. La propia comisión estima que para elaborar un litro de cerveza se requieren 6 de agua.
Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100 marcas de vinos, licores y cervezas. En 2013 la compañía compró Grupo Modelo, la empresa cervecera más importante de México.
Constaleation Brands tiene plantas de producción en Nava, Coahuila y Ciudad Obregón, Sonora. Las actividades de la Empresa se orientan fundamentalmente a la producción de cerveza para su exportación y posterior distribución en los Estados Unidos, de ahí la necesidad de realizar sus procesos industriales en puntos estratégicos de la frontera con ese país.
México es el cuarto exportador de bebidas alcohólicas en el mundo, el principal lugar de destino es Estados Unidos.
En Mexicali el proyecto ha tenido descalabros desde que se anunció su instalación en 2015. Primero fue la movilización campesina que se desenvolvió en uno de los movimientos ciudadanos más importantes de los últimos años en Baja California, con el llamado Mexicali Resiste. Desde entonces la empresa ha sufrido retrasos para concluir la obra.
León Fierro, integrante de Mexicali Resiste, explica en entrevista telefónica que “la CNDH no es la institución que nos va a garantizar el acceso al derecho al agua, pero si es un un punto de apoyo. Porque todas las instituciones le estaban dando la venia a la empresa”.
Fierro relata que el gobierno morenísta de Jaime Bonilla y el gobierno federal siguen apoyando la instalación de la cervecera. A pesar de la recomendación, explica, las acciones contra la instalación de la empresa continúan:
“Seguimos analizando las vías jurídicas, seguimos con movilizaciones, estamos articulándonos a nivel nacional. Estamos con la iniciativa Agua Para Todos, queremos una ley que permita la democratización del acceso al agua; no solo a los empresarios y sus representantes, en los partidos políticos”.
Fierro explica que pese a las movilizaciones sociales, Constellation Brands mantiene irregularidades en la forma de obtener permisos. Incluso asegura, que no se ha establecido la cantidad de agua que consumirá la empresa. La propia CNDH señala la necesidad de que la Conagua “haga públicas las cesiones de derechos tramitadas ante esa autoridad, por parte de la Empresa”.
Hasta el momento hay, al menos, 30 integrantes de Mexicali Resiste con procesos judiciales por oponerse a la instalación de la compañía, explica Fierro.
Entre las recomendaciones de la CNDH a Conagua y al gobierno de Baja California Norte se pide el diseño de “un protocolo para la evaluación de factibilidad del suministro de usuarios industriales con alto consumo por parte de las comisiones estatales de servicios públicos, mismo que deberá prever, entre otros, el análisis de disponibilidad de recursos hídricos, estudio de riesgos e impactos en la provisión a otros usuarios del servicio público, al igual que medidas para la protección prioritaria del abastecimiento humano para fines personales y domésticos”.
Imagen: Proceso 2018
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Compartimos esta nota publicada en Chiapas Paralelo sobre la exigencia que la refresquera salga de San Cristóbal en marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa de Ley Ciudadana del Agua – A 5 de Febrero de 2020
Por Andrés Domínguez
Alma Rosa Rojas, integrante del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio, afirmó que la empresa FEMSA-Coca Cola ha visitado diversos municipios en los últimos meses con la intención de identificar afluentes de agua; materia prima para la producción de refrescos embotellados.
En el marco de la movilización nacional para impulsar la Iniciativa de Ley Ciudadana del Agua, la ambientalista comentó que ese esfuerzo busca garantizar el derecho humano al agua bajo principios de equidad y sustentabilidad, por ello, esta lucha se ve clara en San Cristóbal con el control del vital líquido de la empresa, así como en otros sitios que requieren grandes cantidades para minería, agroindustria, empresas lecheras, cerveceras y refresqueras.
“Esta iniciativa de alguna manera demuestra esperanza, hay muchos colectivos, pueblos y organizaciones que buscan acercarse al agua y no permitir que sea CONAGUA, sino la federación quien detalle los procesos de aprovechamiento. Se está dejando a la gente sin agua” explicó.
En este contexto, Rosa Rojas afirmó que FEMSA-Coca Cola mantiene un permiso de extracción de un pozo profundo hasta el 2030. Sobre el aprovechamiento, Otros Mundos, ha señalado que la empresa extrae 1.3 millones de litros al día de San Cristóbal de las Casas.
En diciembre pasado, Colectivos y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio en México se pronunciaron en contra de otorgar a la empresa Coca-Cola el derecho de explotar un tercer pozo en Chiapas, así como no organizar consultas simuladas y manipuladas sobre megaproyectos. Sin embargo, la propia empresa desmintió tal intención.
“Coca Cola gestionó un permiso para perforar, pero la idea era saber si el acuífero tenia agua, eso fue lo que nos dijeron vía solicitudes de transparencia. Si se autorizó la perforación, pero era solo para ver los niveles” ahondó sobre este punto la activista.
Además, Rosa Rosa comentó que en los últimos dos o tres años, la empresa ha buscado otros sitios para encontrar mantos acuíferos, tal es el hecho de la Laguna de la Candelaria, en San Cristóbal de las Casas.
“Es una laguna sagrada, varias comunidades, incluso Huixtán y Tenejapa se abastecen de ella, llegó la empresa pero la gente se organizó” mencionó.
Hace unas semanas, por el municipio de Marqués de Comillas, en el corazón de la Selva Lacandona, se documentó que la empresa realizó el mismo sondeo, sin embargo, los pobladores no le permitieron la entrada.
Por último, la activista reconoció que si bien la demanda por la salida de la empresa no es de todo el municipio de San Cristóbal, ya que existe una fuerte demanda por el consumo e interés que se trastocan. “Somos grupos sensibles, buscamos se le retire la concesión por el daño que implica la extracción” finalizó.
Fotos: Un grupo de San Cristóbal de las Casas se manifestó a las afueras del Senado de la República para exigir la salida de la empresa. 4 de febrero 2020
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En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad
de Otros Mundos A.C.
Martes 11 de febrero de 2020, a las 18.00h en en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. Av. Miguel Hidalgo #8, Centro histórico, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
¿Cual es el balance de México a un año del cambio de gobierno? ¿Como sigue la economía en el país? ¿Cuales son los proyectos estrella de este gobierno? ¿Cuales son los indices de violencia en el país? ¿Que pasa con la migración en la frontera sur y norte?
Estas y algunas otras preguntas estaremos conversando en nuestro seminario de febrero, nos acompañaran: Isain Madujano: Periodista, Colaborador en Chiapas Paralelo y corresponsal de Proceso. Integrantes de la organización Voces Mesoamericanas.
Información para consultar