Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 9 de abril 2020
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el asesinato del ambientalista y defensor del territorio Adán Vez Lira, ocurrido el día de ayer en el Estado de Veracruz.
Este asesinato se suma a la lamentable ola de violencia, desapariciones forzadas y asesinatos en contra de hombres y mujeres que han dedicado su vida al cuidado del ambiente y defensa de los territorios en nuestro país, lo que claramente muestra la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en contubernio con las empresas extractivas que siguen empeñadas en seguir saqueando los bienes comunes naturales de nuestra nación, sin que veamos voluntad de los gobiernos por investigar todos los casos que se vienen denunciando y van quedando en la impunidad y el olvido.
El compañero Adán era un gran defensor de los humedales costeros y los manglares, año con año organizaba el “Festival de las Aves y los Humedales”, así mismo había estado involucrado en la lucha por impedir que empresas mineras se instalen en la región del Alto Lucero y Actopan en las montañas del Golfo de México.
Lamentamos también lo insensible que ha sido este gobierno, a tal grado que es inevitable compararlo con los gobiernos anteriores, porque están decididos a continuar la política de oídos sordos ante tantos gritos de ¡YA BASTA! ¡NO MAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL TERRITORIO ASESINADOS!
Hacemos llegar nuestro más sentido pésame y un abrazo solidario a familiares y amigos/as cercanos del compañero Adán Vez Lira, en especial a nuestros compañeras y compañeros de La Vida quienes mantenían una relación muy cercana con Adán, uniéndonos a la exigencia de que se esclarezca este crimen y se castigue a los responsables.
Adán tu nombre quedará tatuado en los humedales costeros y manglares de México y las aves no pararán de cantar agradecidas por tu lucha.
¡JUSTICIA PARA ADÁN VEZ LIRA!
¡JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO ASESINADXS!
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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de abril de 2020
Querida Ana Paula Hernández Pontón, querida Ana, como siempre te llamamos, que falta nos hace tu apoyo incondicional en estos momentos en los que requerimos del buen tino y las ideas frescas y distintas que nos sirvan para combatir todo aquello que atenta contra la vida. Sin darnos cuenta, rápidamente avanzó un largo año en el cual, de un golpe injusto, un accidente nos arrebató tu siempre cálida presencia, tu sonrisa, tu alegría de vivir para apoyar y fortalecer a las comunidades que están bajo el flagelo de la minería, pero también de las drogas, las armas y la desaparición forzada, tanto en México como en otras regiones de América Latina donde promoviste e hiciste lazos entrañables.
Hace un año que, junto a tus compañeros de viaje Sally O´ Neil, Ana Velásquez y Daniel Tuc, con quienes regresabas de hacer una visita en algunas comunidades de Guatemala, la muerte les tomó por sorpresa dejándonos un gran vacío en el corazón para quienes integramos REMA, así como también de tanta gente con quienes compartiste ese coraje, esa rabia de saber que era necesario luchar contra la avaricia y las injusticias creadas por todo el Modelo Extractivo, pero en particular por el orquestado por las empresas mineras.
Quienes integramos la REMA y el M4, te hemos extrañado tanto cada día, en cada foro y cada reunión donde sentimos la ausencia de tus palabras, así como en cada reunión de amigxs en las que siempre disfrutábamos tanto de tu risa, tu cordialidad y fraternidad hoy tan invaluables ante este nuevo reto viral que enfrentamos en el mundo. Estamos segurxs que son muchas las comunidades -esas que visitabas aun sabiendo los riesgos que implicaban para tu seguridad, mismas que aun sitiadas por el ejercito, la única “certeza” era la violación de los derechos humanos-, quienes en este día pondrán una flor, una veladora, harán un rezo y un pensamiento, intentando te hagas presente y sigas acompañándoles como siempre lo hiciste, en sus luchas que no cesan, que no conocen tregua, pero que, sumando tu energía, evitarán y evitaremos se perpetúen en el territorio.
En donde estés…… sabes que estamos viviendo un fuerte momento de incertidumbre y acompañado de mucha tristeza por las vidas de tanta gente quienes han adelantado su viaje al Mictlán, por culpa de ese capitalismo voraz contra el que tanto luchaste, gente muy valiosa que también su quehacer lo destino a la vida; músicxs, artistas, gente creativa, pensadorxs, defensorxs de la vida, periodistas valientes con la verdad.
Desde acá te decimos que mientras tengamos fuerzas, avivaremos tu mejor herencia; pelear por la vida y continuar cerrando el camino de quienes quieren arrebatarnos todo.
¡ANA PAULA VIVE!
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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
En ocho años se documentaron 499
agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que
se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la
minería.
El homicidio es la agresión más recurrente; en
2019 se documentaron 15 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la
situación de las personas defensoras de los derechos humanos
ambientales.
Los asesinos llegaron a su casa la
mañana del 20 de febrero de 2019. Dijeron que llevaban un mensaje para
que se difundiera en la radio, pero en cuanto Samir Flores Soberanes
salió, le dispararon. El campesino náhuatl, fundador y locutor de Radio
Comunitaria Amiltzinko y uno de los principales opositores a la
termoeléctrica en Huexca, fue asesinado días antes de que el gobierno
mexicano realizara la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral
Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica y que contempla la
construcción de un gasoducto y un acueducto.
Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del ambiente y el
territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se
documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos
naturales.
El más reciente Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales,
realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra
que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de
defensores ambientales.
Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas
organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness: México es
uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa
del ambiente y el territorio.
En ese mismo período de 2012 a 2019, en México se registraron 499
ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y
territorio. “Esta cifra no es absoluta, ya que un gran número de
agresiones ni siquiera son denunciadas”, resalta Alejandra Leyva
Hernández, abogada de CEMDA y coordinadora del informe.
Ataques contra defensores de ambiente y territorio en México. Gráfico: CEMDA.
Homicidios e impunidad
Las agresiones que sufren los defensores del ambiente y el territorio
en México son diversas: homicidio, amenazas, intimidación, agresiones
físicas, criminalización, hostigamiento, difamación, desalojo, privación
ilegal de la libertad, allanamiento, robo, secuestro y desaparición
forzada.
Los datos recabados en el Informe realizado por CEMDA muestran que si
bien en 2019 disminuyó el número general de agresiones contra
defensores, el homicidio continúa teniendo los mismos números que 2017 y
2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años);
además, se coloca como una de las agresiones más recurrentes en contra
de los defensores en México.
En 2019, además del asesinato de Samir Flores, se documentaron 14
casos más. Entre ellos el de Luis Álvarez Flores, quien fue asesinado el
10 de junio de 2019. “Tío Guato”,
como también se le conocía, era defensor del santuario del mono
saraguato y del río Usumacinta, en Chiapas; en varias ocasiones denunció
la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río.
Los casos ocurridos en 2019 también muestran que varios de los
defensores que han sido asesinados, vivieron diferentes tipos de
agresiones antes de su homicidio.
Samir Flores Soberanes, por ejemplo, fue criminalizado y
estigmatizado. En 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo
acusó por “obstrucción de obra”. Y días antes de su asesinato, el
presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “radicales de
izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir.
Luis
Álvarez Flores fue asesinado el 10 de junio de 2019. Sus colegas
señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que
extraía ilegalmente arena de su propiedad. Foto: UMA Saraguatos.
Otros casos ilustran las consecuencias de la impunidad que cobija a los autores de las agresiones contra defensores.
Por ejemplo, en mayo de 2019, fueron asesinados los indígenas
rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en
Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en donde
persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. La mayoría de la
población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas
agresiones que viven desde hace ya varios años.
Otilia era sobrina de Julián Carrillo,
defensor de ambiente y territorio que denunció a quienes están detrás
de la tala ilegal de su comunidad. Julián fue asesinado en octubre de
2018, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas
Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado por el Estado
mexicano en 2012.
Ricardo Neves, representante de la Alta Comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos en México, señala que el mecanismo ha
demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de los
defensores.
Tania Reneaum Paszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional
México, remarca que en el país “persiste la impunidad. El Estado no
actúa cuando se denuncia alguna agresión”.
Los
habitantes de Coloradas de la Virgen llevan años padeciendo diversas
agresiones. De esta comunidad era Julián Carrillo, quien denunció la
tala ilegal en su territorio y fue asesinado en octubre de 2019. Foto:
Cortesía Alianza Sierra Madre.
Proyectos energéticos, minería y agresiones
En 2012 se registraron 24 agresiones contra defensores de ambiente y
territorio. Ese número creció en forma significativa conforme avanzó el
sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los años más violentos fueron 2015 y 2016, cuando se registraron 107 y 85 ataques, respectivamente,
resalta Manuel Llano Vázquez, fundador de CartoCrítica, organización
que analizó los datos sobre ataques contra defensores documentados por
CEMDA desde 2012.
El informe de CEMDA resalta que el alza en las agresiones se presentó
después de entrar en vigor la llamada “reforma energética”, la cual
tenía entre sus objetivos impulsar la participación privada en la
producción y refinación de hidrocarburos, así como en la generación de
la energía eléctrica.
Esta reforma trajo consigo un incremento de megaproyectos en todo el
país, desde gasoductos, explotaciones petroleras, así como parques para
la producción de energía eólica y solar.
Infografía: CartoCrítica.
El análisis realizado por CartoCrítica también permite observar que
durante el periodo de 2012 al 2019, la mayoría de las agresiones (141)
fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos
relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y
parques eólicos.
Las agresiones contra defensores que se oponen a proyectos mineros e
hidráulicos también están entre las que más se registraron durante ese
periodo.
Las entidades con el mayor número de agresiones son Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz.
En el caso de Oaxaca, resalta el municipio de Juchitán de Zaragoza,
donde los ataques se han producido contra defensores que se han opuesto a
la construcción de proyectos para la generación de energía eólica.
Actualmente, en la zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, en
Oaxaca, hay 28 parques eólicos que suministran energía a grandes
empresas e industrias.
Los defensores de ambiente y territorio
—resalta Alejandra Leyva— se enfrentan a intereses económicos basados en
un modelo y una visión de desarrollo que no toma en cuenta a las
comunidades y la diversidad cultural. “Existe una presión sobre los
territorios y la biodiversidad, que se beneficia de legislaciones
flexibles (como la Ley Minera) y la falta de cumplimiento de derechos
básicos, entre ellos la consulta libre e informada”, resalta la abogada
de CEMDA.
Comunidades
indígenas de la Sierra Norte de Puebla se oponen a la construcción de
una hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Foto: Cortesía Fundar.
Evolución y persistencia de las agresiones
Manuel Llano, de CartoCrítica, resalta que se identificaron 140
ataques, registrados entre 2012 y 2018, que tuvieron como agresores a
las fuerzas de seguridad. “Los tres órdenes de policía (federal, estatal
y municipal) generaron agresiones de manera constante. Ante una
disminución de las agresiones de la policía federal al final del
periodo, hay un aumento en el uso de la Marina. El ejército aparece
intermitente, pero constante”.
Entre los probables agresores también se señala a personal de las
empresas, grupos paramilitares, narcotráfico y personas de las mismas
comunidades.
Al analizar las agresiones también es posible observar que durante
los primeros años de gobierno de Peña Nieto (2013-2014), los ataques más
recurrentes fueron amenazas, agresiones físicas y uso indebido de la
fuerza. Esto se modificó a la mitad del sexenio, cuando aumentó la
difamación y el hostigamiento en contra de los defensores. Y al final
del periodo, se incrementaron —a más del doble— el homicidio y la
privación ilegal de la libertad. Una constante fueron la criminalización
y la intimidación.
Infografía: Cartocrítica.
La legislación de México —destaca Tania Reneaum— permite que se
criminalice a quienes están en contra de proyectos públicos. Amnistía
Internacional ha acompañado casos de defensores del Estado de México,
Puebla y Chiapas a quienes se les ha procesado, encarcelado y condenado a
pagar reparaciones millonarias.
Con el gobierno de Andrés López Obrador (el cual comenzó en diciembre
de 2018), la situación para los defensores de ambiente y territorio no
ha cambiado mucho.
En el actual sexenio, además de los 15 asesinatos registrados en
2019, se suman amenazas que han recibido defensores —entre ellos Pedro
Uc Be— que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.
Después del asesinato de Samir, durante 2019 se registraron cuatro
agresiones —criminalización y hostigamiento— contra otros miembros del
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y
Tlaxcala.
Los datos de 2019 también muestran que 40.5 % de las agresiones
tienen como presunto responsable al gobierno en sus distintos niveles.
“No hay un cambio estructural que permita disminuir las agresiones
contra los defensores, continúa el impulso de megaproyectos y la
política energética sin cambios”, resalta Alejandra Leyva, de CEMDA.
Mongabay Latam solicitó al subsecretario de derechos humanos de la
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, su postura sobre el
informe, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat), pero no se tuvo respuesta.
Mujeres
que por las amenazas y ataques contra sus familiares fueron forzadas a
salir de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara,
Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019. Foto: Ginnette Riquelme
Urge que México ratifique Acuerdo de Escazú
Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, destaca
que en aún “no se entiende que los defensores ambientales y de
territorio son víctimas directas de un modelo económico extractivista; víctimas de la omisión del Estado”.
Los defensores ambientales y de territorio, insiste, “no solo
defienden agua, aire, tierra, árboles. Defienden la vida, la identidad
cultural de una comunidad”.
Ante la crítica situación que viven los defensores de ambiente y
territorio en México, la directora de Amnistía Internacional, el
representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en México y CEMDA llamaron al gobierno mexicano a
ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales
en América Latina, conocido como el Acuerdo de Escazú.
Este es el primer tratado en el mundo y la región que plantea la
obligación, por parte de los Estados, de proteger la labor de las
personas defensoras ambientales. Entre otras cosas, obliga a los
gobiernos a contar con mecanismos claros de consulta a las comunidades.
Hasta ahora este acuerdo solo ha sido ratificado por siete países y
hay dos más que están en proceso de hacerlo. Para que el tratado entre
en vigor se requiere que, por lo menos, once países lo ratifiquen.
El Acuerdo de Escazú otorgaría mayores herramientas de lucha —les
permitiría llevar sus casos a tribunales internacionales— a defensores y
las comunidades que no están dispuestos a bajar la guardia y que exigen
justicia para sus compañeros asesinados.
Este es el caso de los integrantes de la Asamblea de la Resistencia
de Amilcingo, Morelos, a la que pertenecía Samir Flores Soberanes, y que
es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua,
Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone al Proyecto Integral Morelos.
Para Jorge Velázquez, miembro de la Asamblea, la mejor forma de
hacerle justicia a su compañero Samir es “seguir firmes en la lucha.
Seguir en la defensa de nuestros recursos naturales”.
*Imagen principal: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos, después del asesinato de Samir Flores en febrero de 2019.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA apropósito del aniversario de la fundación del COPI- Abril 2020
En estos momentos difíciles para todas y todos no olvidamos la lucha que las comunidades indígenas siguen librando por proteger el planeta del saqueo de los territorios y la devastación. Con especial cariño recordamos el 27 Aniversario del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Queridas y queridos compañeros del COPINH, desde la REMA les hacemos llegar una felicitación y un abrazo fuerte a la distancia, por su compromiso, por la lucha que sigue dando la comunidad lenca por defender los ríos, la madre tierra y la vida, a pesar de la criminalización que tanto han sufrido.
Esperamos que la alegría y la rebeldía siga siendo el sello que las y los caracterice, para seguir exigiendo justicia por una vida digna libre de violencia y de megaproyectos.
Estamos seguras y seguros que nuestra querida compañera Berta, quien fuera un pilar en el COPINH, se encuentra feliz de ver que la comunidad lenca sigue luchando fuerte, con el corazón en la mano por defender el Río Gualcarque y su territorio.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta información publicada en Comité Cerezo México – Organización de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el COVID 19 – A 19 de marzo de 2020
Desde el 5 de enero de 2020, en el mundo comenzó el debate y las acciones ante el Coronavirus o Covid-19, ante una emergencia sanitaria los Estados deben cumplir con su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. Los pueblos del mundo, en medio de estas condiciones, tienen el derecho de defenderlos.
¿Cuáles son los ejes fundamentales para lograr que la vida digna no se vea más afectada en esta pandemia?
La obligación del Estado es la de lograr el grado máximo de salud posible , para lo cual debe contar con políticas y programas que permitan contar, mínimamente con los siguientes derechos humanos:
Servicios de salud disponibles
Condiciones de trabajo que sean seguras
Vivienda adecuada (incluye acceso a agua)
Alimentación adecuada
Las acciones del Estado para garantizarlo, deben ser una política integral que trasciende a la Secretaría de Salud, pues debe ser capaz de responder a la situación actual, de sentar las bases para fortalecer su capacidad de prevención para el futuro e incluso, de desmantelar medidas del pasado, como las políticas neoliberales, que merman la capacidad de reacción del Estado.
El pueblo de México se encuentra en pésimas condiciones debido al arrebato sistemático de derechos humanos y al despojo que se han vivido en los últimos años. La epidemia ocurre en condiciones en las que la mayoría de la población no cuenta con un trabajo formal, con seguro médico, con un salario suficiente para vivir dignamente, con jornadas máximas de 8 horas. En medio de ello tanto el impacto en términos de salud como en términos económicos golpeará con fuerza a quienes menos tienen como resultado de la profundización del modelo capitalista y su sistemático arrebato de derechos humanos.
A eso se suma el hecho de que las medidas implementadas por el nuevo gobierno, como parte de su programa y como parte del programa de sana distancia ante la epidemia, no han sido suficientes ni han sido claras en el desmantelamiento del neoliberalismo, lo que sólo agrava los hechos pues enfrentaremos la pandemia no sólo con todos los daños que ya nos han hecho mella por los años anteriores, sino con la deuda por eliminar todas las reformas neoliberales.
Si bien el Gobierno Federal adelantó el apoyo para adultos mayores, éste debería ser un apoyo duplicado y no sólo adelantado, para realmente ser suficiente.
Si el Estado actual quiere verdaderamente demostrar su compromiso anti neoliberal debe de desplegar una serie de medidas, que no sólo eviten que el arrebato de derechos afecten con más fuerza al pueblo trabajador, sino que lo protejan ante las empresas y los especuladores.
Como Comité Cerezo consideramos que estas medidas deben incluir, al menos:
Decálogo para garantizar la salud y la vida digna ante la pandemia del #Covid_19:
Proteger las condiciones laborales para toda persona trabajadora, especialmente para quienes están más expuestos al riesgo. Exigir a patrones el cumplimiento de espacios seguros (distancia y limpieza) o la suspensión de actividades, manteniendo un salario digno para quien debe cuidar a alguien en casa o cuando la fase de reacción a la emergencia lo requiera. Sancionar despidos injustificados o suspensión de pago de cuotas a la seguridad social. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que no cumplan estos lineamientos, dichas empresas seguirán operando como cooperativa de todas las personas trabajadoras, con un administrador nombrado por el Estado.
Garantizar el abasto de agua para la población. Esto implica, garantizar suministro en zonas de tandeo, levantar las restricciones donde previamente se han colocado y suspender el pago del servicio dos bimestres, el actual y el siguiente. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que cobran el agua si no cumplen estas medidas.
Aprobar un paquete de protección social que suspenda el pago de rentas, y de todos los servicios públicos, agua, luz, predial o insumos de necesidad básica como gas natural y LP y alimentos contenidos en la canasta básica. Suspender los cortes de luz por falta de pago y reconectar la luz en las viviendas en dónde el servicio ha sido cortado durante esta epidemia. De esta manera, se da una efectiva protección al trabajador, especialmente a más de 50% de la fuerza laboral que vive al día, cuyos ingresos se verán fuertemente afectados.
Provisión de una despensa gratuita semanal o mensual para toda la población que percibe menos de tres salarios al día, aquella que se sostiene del comercio informal y vive del día a día (con alimentos no perecederos, arroz, frijol, aceite, sal, azúcar, carne envasada al vacío y verduras en salmuera), parecido al apoyo que se da a las escuelas.
Aplicar la Ley de Expropiación a las grandes empresas que eleven precios, especulen y oculten los insumos de limpieza y los necesarios para la salud, así como alimentos. (Por ejemplo: Industrias Bachoco, Productos Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agropecuaria, Proteína Animal, Avícola y Porcícola de los Altos; Buhler, OMG International, Del Campo Productos; Grupo Industrial Maseca; del sector melaza: Beta San Miguel, Zucarmex, Promotora Industrial Azucarera, Almacenadora México; Alcoholera de Zapopan, Ingenio La Gloria, Ingenio Constancia; Cargill de México, Bayer de México, Bartlett de México.)
Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que restrinjan o condicionen la distribución o lucren de forma alguna con la venta de medicamentos o material requerido para la atención de personas en el grupo de mayor vulnerabilidad y de las personas afectadas por el Covid-19.
Atender de forma expedita las denuncias sobre abusos de empresas, ya sea en cuestiones laborales, [Por ejemplo: La empresa Alsea de los hermanos TORRADO cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips entre otras empresas, quienes han decidido en contra de la Ley mandar a casa a miles de trabajadores sin salario durante 30 días, esta empresa es candidata a la la aplicación de la Ley de expropiación] venta de servicios (incluidos los de salud), aplicación de pruebas para Covid-19 a un precio mayor al costo de producción o todas las anteriormente señaladas, para la aplicación de la Ley de Expropiación.
Crear un impuesto progresivo a la ganancia de las empresas que venden los insumos de mayor demanda y necesidad en estos momentos. La recaudación correspondiente debe ser utilizada para la atención de las necesidades esenciales de la población durante este periodo. Por la misma razón las grandes empresas deben pagar una prima de contingencia a sus trabajadores.
Como ha venido sucediendo, mantener el derecho a la información y la transparencia por parte de la Secretaría de Salud.
Derogación de las reformas estructurales que han mermado la capacidad de respuesta del Estado en la prevención, atención y aprendizaje de emergencias como la actual, si bien se sientan las bases para la universalidad de la salud, debe ser este momento el idóneo para eliminar el outsourcing que vulnera entre otros el derecho a la seguridad social. Eliminar las concesiones a farmacias y laboratorios que desde antes de esta pandemia no han cumplido con el objetivo de tener los medicamentos para la población o que han lucrado a costa de la salud del pueblo. Por lo cual el estado debe renacionalizar los servicios estratégicos nacionales, eliminar a las empresas que por convenios con los gobiernos siguen lucrando con el derecho a la salud y otros servicios públicos.
Como pueblo ¿Qué podemos hacer?
Necesitamos enfatizar que poder quedarse en casa no es un “privilegio”, si comenzamos a nombrar a los derechos humanos como “privilegios”, estaríamos replicando un pensamiento neoliberal que históricamente ha avalado el despojo de la vida digna para todo el Pueblo. Nuestra exigencia debe enfocarse en que el Estado genere las condiciones para que toda la población pueda resguardarse en casa, como una medida de protección comunitaria ante una pandemia como la actual. Ningún derecho humano es un privilegio, pues existen gracias a las conquistas del pueblo que decide organizarse y luchar ¿Estaremos a la altura?
Si en estos 30 días, o después de ellos, alguna autoridad comete una violación a nuestros derechos humanos, podemos documentarlas como el inicio de la lucha por la justicia y sanción a los responsables, incluso si éstas implican la omisión de los funcionarios públicos ante el actuar rapaz de las empresas que, ante la emergencia, buscan mayores ganancias, a costa del bienestar general.
Si logramos organizarnos para exigir el presente decálogo, las posibilidades para sobrevivir esta pandemia aumentan, e incluso, estaríamos logrando fortalecer las condiciones materiales para una vida más digna, más allá de la emergencia.
Una vez que pase la emergencia, sigue los eventos, talleres y actividades que el Comité Cerezo México lleva a cabo, de forma solidaria, para aumentar la claridad sobre nuestros derechos y cómo exigirlos para que logremos, de forma organizada, una vida digna para el pueblo.
Compartimos el pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras – A 20 de marzo de 2020
Mesoamérica, 20 de marzo de 2020 – Desde hace unos días, nuestros abrazos se han convertido en palabras de aliento que se diluyen en la distancia. La
incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en
situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo
de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades.
La crisis provocada por la irrupción a escala global del COVID-19 llega a un mundo que ya enfrenta serias crisis
(de cuidados, de cambio climático, de violencia, desigualdad, derechos
humanos, entre otras) y expresa la insostenibilidad del modelo
político, social y económico imperante en el planeta, reproducido por
los Estados cada vez más controlados por intereses privados. Por ello esta situación está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre nosotras, nuestras comunidades y nuestras luchas.
Este
modelo, basado en la depredación “capitalista, racista y patriarcal”, en
palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, durante décadas se ha
centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las
estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado
colectivo, dejando a la mayoría de personas sin acceso a una vida digna.
Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos
dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de derechos
humanos y justicia social.
Nos preocupa que los Gobiernos se
aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión
pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo manifestaron recientemente un grupo de Relatores y Relatoras independientes de Naciones Unidas.
En
Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia
basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o
toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las
formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las
condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta
crisis son patentes. En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su
responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el
acceso a información de salud.
La aplicación de estos planes de emergencia afecta profundamente el trabajo de las defensoras.
Limita su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de
sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por
actores estatales (a la fecha hemos registrado agresiones contra
defensoras en Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco de esta crisis) y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares.
Desde nuestra apuesta política por el
cuidado colectivo y la protección integral feminista contemplamos el
panorama abierto por la crisis del COVID-19 con mucha preocupación, pero
también vemos en el horizonte la posibilidad de cambiar colectivamente
las estructuras sobre las que organizamos nuestras sociedades.
Las
mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra región,
como advirtió la lideresa afroindígena garífuna Miriam Miranda, además
de ser los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, son
también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y
superar esta crisis: el saber del cuidado mutuo y la reproducción de la
vida, la construcción de autonomías, el cuidado y cultivo de la tierra y
el agua que nos alimenta o sistemas de salud alternativa y
espiritualidades emancipadoras.
Desde la IM-Defensoras exigimos a los Estados:
Que
afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado
colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria,
social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de
clase, etnia, edad, orientación sexual y género.
Que se
abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en
funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los
derechos humanos.
Que no
aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para
agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y
personas defensoras de derechos humanos.
Que
reconozcan y establezcan una interlocución abierta con las mujeres, las
defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para
construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el
mantenimiento de la sociedad y de la vida.
Que
implementen políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de
riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad,
poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de
corporaciones, empresas y élites económicas.
Que
garanticen mecanismos efectivos de prevención, protección y atención
urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que
potencialmente pueden generar las situaciones de confinamiento.
Que
garanticen el flujo de información transparente, objetiva y contrastada
hacia el conjunto de la población, con el fin de contrarrestar fake-news (noticias falsas) y otras informaciones que contribuyen a exacerbar el miedo y la confusión.
Que dejen
de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y
estigmatización de las personas con COVID-19 y que la atención de
pacientes se maneje de forma responsable, científica y laica.
Asimismo, hacemos un llamado a
organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general a
cuidarnos y acuerparnos colectivamente, a promover la
solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios,
creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas,
vigilantes y activas en la construcción de alternativas de vida que, tal
y como pone de relieve la crisis actual, cada vez son más urgentes y
necesarias.
¡Transformemos el miedo en abono de libertades y derechos para el presente y el futuro!
¡Viralicemos la solidaridad!
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Compartimos esta nota publicada en Notas sin Pautas sobre la resistencia a proyectos mineros en Oaxaca – A 14 de Marzo de 2020
Reflexiones sobre el Primer Foro Antiminería y Megaproyectos
Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Santiago Chazumba es una población encallada en la región mixteca del
estado de Oaxaca; cabecera del municipio que lleva su mismo nombre, se
encuentra rodeada por la cordillera montañosa del estado de Puebla.
Chazumba, al igual que toda la mixteca oaxaqueña, es territorio de gran
diversidad ecológica y con enorme riqueza de recursos minerales lo que
ha hecho que la región se encuentre en la mira de corporativos mineros y
sus agresivas prácticas de despojo. Es por ello que esta localidad se
convirtió en la sede del Primer Foro Antiminería y Megaproyectos convocado por el Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca el pasado domingo 8 de marzo.
Con la participación de habitantes de las comunidades oaxaqueñas de
San Sebastián Frontera, Guadalupe Cuautepec, Santa Cruz Acatepec,
Huajuapan de León, San José Miahuatlán, Yucuquimi de Ocampo, entre
otras; así como las comunidades poblanas de Tehuacán, Acatitlán,
Zapotitlán Salinas, San José Mihuatlán, Acatlán de Osorio, entre otras; y
la participación de organizaciones sociales como el Movimiento Agrario
Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Periodistas Independientes
de la Mixteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de
Morelos-Puebla-Tlaxcala, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo
en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo de Investigación
Independiente, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de
Tehuacán, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Frente
Oriente; el foro se convirtió en una importante tribuna de denuncia y
organización en contra del intento por convertir esta región en rehén de
los intereses de las grandes corporaciones mineras.
Desde hace 15 años, el apetito voraz de las mineras se dispone a engullir la Mixteca Oaxaqueña
En el año 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca publicó, en su revista Temas de ciencia y tecnología,
un ensayo titulado “Grado de concentración potencial relativa de los
recursos minerales de la Mixteca Oaxaqueña”. En ese texto el autor
expresa que “el objetivo del presente trabajo fue diseñar un
indicador cualitativo que muestre la magnitud, en primera instancia, de
la concentración relativa de los recursos minerales en un espacio
geográfico, en este caso, de los municipios y distritos de la Región
Mixteca oaxaqueña. Lo anterior es útil para coadyuvar a orientar y
fomentar la exploración y posible aprovechamiento de los yacimientos
minerales existentes”. Desde luego que la ayuda ofrecida por la investigación no es para las comunidades originarias, sino para “el
diseño de planes y programas públicos y privados y fortalecer la
eficacia y la eficiencia de las acciones en la consecución de los
objetivos y metas del sector minero (…), y en consecuencia, tomar la
decisiones para su exploración y su posible explotación, beneficio y
comercialización”. Asimismo, la investigación fundamenta que en la mixteca oaxaqueña “las
concentraciones minerales más relevantes se ubican en los distritos de
Huajuapan, Juxtlahuaca y Nochixtlán; sin embargo, Silacayoapan destaca
por sus yacimientos de oro, plata y yeso; Juxtlahuaca por sus depósitos
de antimonio y carbón y Teposcolula por su producción de cal”[1].
En ese mismo año, la Secretaría de Energía del gobierno federal
anunció que en el estado entregaron 20 concesiones para proyectos de
explotación minera equivalentes al 12.5% del territorio oaxaqueño. Entre
las corporaciones mineras beneficiadas en esa época con los proyectos
se encontraban Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco
Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp,
Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources,
Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius
Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura
Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd., entre muchas otras.
Seis años después de publicado el diagnóstico minero de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Gerencia Regional Sur del Servicio Geológico Mexicano
informó que Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor
potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes
extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no
metálicos, por lo que despertó el interés de empresas mineras
internacionales. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Enrique
Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales,
contenidas en la Reforma Energética, que posibilitaron el despojo de
tierras en zonas campesinas e indígenas del país. Bajo estas reformas
jurídicas, el capital extranjero logró la plena apertura para explotar
los recursos naturales y energéticos nacionales y, a través de la Ley
Nacional de Hidrocarburos, establecer esquemas de servidumbre donde los
campesinos recibirán únicamente una renta ínfima a cambio del despojo de
sus recursos a través de la explotación petrolera, gasera y de
minerales. Huelga decir que con estas disposiciones se declara la
explotación energética y mineral como prioritaria ante, por ejemplo, la
producción alimentaria.
Desde entonces, más de 15 años, Oaxaca ha estado en la mira de las
trasnacionales mineras quienes, a través del Estado, impulsaron el
decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales mediante las
cuales se construirían espacios para el capital trasnacional que les
permita desarrollar la infraestructura de enclave necesaria para la
explotación de los recursos energéticos, minerales y de agrocombustibles
que posee la región. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales se
han eliminado, pero no la convicción entreguista de los recursos al
capital trasnacional, como lo evidencia el actual Plan Nacional de
Infraestructura elaborado por las mismas corporaciones que tienen
intereses específicos en Oaxaca.
Por ejemplo, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines,
afirmó que Oaxaca, es un estado “premium” por el alto potencial minero
que, sin embargo, se encuentra en una “fase embrionaria” y “necesita dar
otro paso” y realizar un banco de datos para facilitar el desarrollo de
la exploración minera que a su vez “podría llevar desarrollo a las
comunidades que se encuentran en rezago”. Agregó que “hay una buena
relación con las comunidades con las cuales se celebran convenios para
apoyarles en materia de salud, educación y sostenibilidad social”; sin
embargo, la realidad muestra lo contrario: ante el panorama de invasión
de las corporaciones mineras a la región mixteca, comunidades han
desarrollado permanentemente procesos de organización para rechazar los
megaproyectos mineros en sus localidades.
La organización de los pueblos ante la voracidad minera
En febrero de 2016 habitantes de 48 comunidades y representantes de
30 organizaciones sociales exigieron la cancelación de 400 concesiones y
35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca.
La respuesta de la burguesía minera y del Estado fue criminalizar,
asesinar y desparecer de manera forzada a miembros de organizaciones y
defensores ambientales con el objetivo de sembrar terror en todo el
estado y poder realizar plenamente las actividades de minería con sus
ulteriores efectos en la vida y la cultura indígena, en el medio
ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.
A pesar de esto, la resistencia y lucha en contra de los proyectos
mineros no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde el año 2009,
la comunidad de Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la
imposición del proyecto minero pues, mediante un acta de sesión solemne
de cabildo, reafirmaron su lucha por la tierra y determinaron declarar
su territorio totalmente libre de actividades mineras. Igualmente,
habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca iniciaron en 2018 la resistencia
para evitar la actividad minera de la empresa canadiense Fortuna Silver
Mines que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.
También en Valles Centrales las comunidades en resistencia
realizaron, en 2019, la “Guelaguetza Antiminera” con la que conmemoraron
tres décadas de lucha y resistencia. En ese acto, varias comunidades se
declararon “territorios prohibidos para la minería”.
Esta lucha por la defensa de sus territorios y en contra de la
minería cada vez se hace más general en todas las regiones de Oaxaca.
Las comunidades indígenas han desarrollado procesos de organización y
articulación regional para evitar que las corporaciones mineras devasten
sus comunidades y la biodiversidad que poseen.
Pero ante estos procesos de resistencia popular, la estrategia de
división en las comunidades ha sido una práctica que el Estado ha
implementado a través de los partidos políticos de todos los colores.
Entre la represión, el hostigamiento, la división y las falsas promesas
de cambio, se intenta dar el golpe de fuerza que permita a los intereses
mineros romper los lazos sociales y de autogestión comunitaria.
El Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca
A partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han
otorgado en la zona mixteca de Oaxaca y Puebla, autoridades comunales,
habitantes y organizaciones sociales de la región comenzaron a reunirse
en asambleas comunitarias para discutir y tomar acciones contra la
imposición de estos proyectos. Así, colectivamente las comunidades
tomaron la decisión de formar un frente regional para implementar
acciones de defensa y resistencia. Fue así como nació el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca,
con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a
mineras extranjeras para la explotación de la tierra en sus comunidades.
Ya constituídos como frente, el pasado 1 de febrero desarrollaron en la comunidad de Santiago Chazumba la Segunda Asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales,
a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos,
población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca. Durante la
asamblea informaron que los proyectos mineros, establecidos desde la
Sierra Norte poblana hasta la Mixteca Alta oaxaqueña, atentan contra los
ecosistemas de los municipios de la región, y denunciaron las amenazas
que enfrentan por los responsables de los proyectos existentes en sus
comunidades entre los que se encuentran: el proyecto hidroeléctrico
Coyolapa-Atzala; concesión minera Newmont Mining Co. en Cerro Colorado,
Tehuacán; parque eólico en Miahuatlán, Puebla; fumigación de nubes con
yoduro de plata en el valle de Tehuacán y en comunidades de la Mixteca
oaxaqueña; concesión minera en Tequixtepec; así como la concesión minera
Arco Resources Corporation en San Jerónimo Silacayoapilla; San Marcos
Arteaga y Santiago Ayuquililla, aunado a la extracción de material
pétreo en ríos de la región por pequeños concesionarios.
Ante este contexto de afectaciones y conflictividad, el Frente acordó
declarar sus comunidades como “pueblos libres de minería, megaproyectos
y en permanente resistencia” y, asimismo, la realización de acciones de
resistencia y movilización en Oaxaca y Puebla para la defensa de sus
territorios. Su primera acción fue la realización del Primer Foro
Antiminería y Magaproyectos, celebrado el 8 de marzo en Santiago
Chazumba.
La minería es feminicida
El Primer Foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), giró en torno al tema de la minería como feminicida. Ahí se destacó que la minería extermina la vida, en particular de las mujeres, pues “el
modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y
patriarcales del sistema capitalista el cual no duda en asesinarnos, en
desaparecernos y enfermarnos”.
Las mujeres de REMA, denunciaron firmemente “los agravios de este
sistema patriarcal que se esconde en empresarios nacionales e
internacionales; en gobernantes a nivel federal, estatal y municipal;
también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos
extranjeros”. Por ello, no dudaron en sentenciar que “no creemos en la minería sustentable, ni responsable, ni verde. Las mujeres no negociamos la vida”.
Finalmente, REMA fue contundente al manifestar que “le decimos al
gobierno federal que si ellos no están dispuestos a acabar con el
saqueo y la rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios
parásitos que operan en nuestro país, lo haremos con la fuerza de las
mujeres. Si este gobierno no está dispuesto a acabar de tajo con la
impunidad, lo haremos nosotras”.
“Estamos comenzando tarde… pero podemos ganar”
“En Oaxaca existen 427 concesiones mineras. En la Región Mixteca, por lo menos, hay 61 concesiones diferentes”
para la explotación de titanio, plomo, cobre, zinc, barita, hierro, oro
y plata; manifestaron durante su ponencia los investigadores delGrupo de Investigación Independiente de Oaxaca.
Asimismo, manifestaron que en la lucha contra el despojo minero las
comunidades de la región están comenzando tarde, por la rapidez con que
avanzan las exploraciones mineras; sin embargo, confiaron en que aún hay
tiempo para revertir esta problemática. Destacaron que el patrimonio de
las comunidades y sus habitantes, concretamente de los niños, están en
un grave riesgo pues de acuerdo con la Ley Minera las concesiones tienen
vigencia de 50 años con renovación automática de otros 50 años más. “Todos
tenemos que estar involucrados mujeres, niños, hombres, ancianos,
ancianas. ¿Por qué? Muchos de estos niños tal vez tienen por lo mucho
cuatro o cinco años. Si la concesión la otorgaron en el [año] 2016, esa
concesión va a estar vigente cuando esos niños tengan cincuenta años y
muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí”. Con esta duración en las concesiones “están hipotecando el futuro de nuestros pueblos por 100 años; y eso, el gobierno no lo ha echado para atrás”, expresó el mencionado grupo.
También informaron a los participantes un dato sorprendente: en la
mixteca se encuentra el yacimiento de hierro más grande del planeta y
éste se encuentra en las ambiciones del magnate acerero Lakshmi Mittal,
dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA), en
Michoacán, quien en junio de 2019 se reunión con el presidente Andrés
Manuel López Obrador quien se comprometió a generar las condiciones
idóneas para que el “Rey del Acero” pueda invertir en nuestro país mil
millones de dólares. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la
República, “estamos llegando al acuerdo de explorar, de que invierta más
en México, cuando menos unos mil millones de dólares más, tanto en
Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas”. La garantía que
AMLO ofrece a Mittal es respaldar el proyecto minero implementado por su
antecesor Enrique Peña Nieto que establece, de acuerdo con la Ley
Minera, que la concesión minera cuesta 5 pesos por hectárea al año y
después de los diez años, aumenta a 111 pesos. Sin duda un negocio
redondo a la medida de la voracidad minera extranjera.
El panorama resulta complejo, por ello el grupo de investigación insiste en que “estamos empezando tarde”.
De acuerdo a sus consideraciones, se necesita difundir ampliamente la
información de lo que rodea al negocio minero a toda la sociedad y,
principalmente, a dos instancias fundamentales: la presidencia municipal
y la autoridad agraria “porque la empresa tendrá la venia del
gobierno federal, pero si no tiene el permiso del municipio y no tiene
el permiso del núcleo agrario, no puede entrar. Y eso está establecido
en las leyes”.
Desde la óptica del Grupo de Investigación Independiente, para
avanzar en la lucha de resistencia es necesario allegarse y difundir
información lo más completa y certera posible. También considera que es
fundamental desarrollar una política de medios que les permita insertar
en la opinión pública la problemática que viven las comunidades mixtecas
ante el avance de los proyectos mineros. Igualmente es necesaria la
asesoría jurídica, pero siempre bajo las directrices de los mandatos de
la asamblea comunitaria.
“Tenemos que estar preparados para movilizarnos y para
confrontarnos. La empresa no nos va a decir ‘por favor déjame entrar’.
En el momento en que vea que no tiene el permiso, va a aplicar la
fuerza; y nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ser
conscientes de que tenemos que tener la fuerza para demostrar que esa
razón es válida”.
Y concluyó: “Podemos ganar, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo”.
Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Compartimos esta nota publicada en La Cooperacha sobre un proyecto hidroeléctrico en Oaxaca – A 16 de marzo 2020
Comunidades chatinas, mixtecas y afromexicanas, que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) denunciaron un nuevo intento por construir una presa hidroeléctrica en el Río Verde, Oaxaca, a pesar de que han expresado su rechazo y el presidente López Obrador dijo que no se construirá la presa Paso de la Reina.
En el “Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los
Ríos”, reunidos en el ejido de Paso de la Reyna, municipio de Santiago
Jamiltepec, Oaxaca, los integrantes del Copudever informaron que el 20
de febrero la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) publicó la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Hidroeléctrico Río
Verde, promovido por la empresa ENERSI.
La empresa ya había presentado la MIA en 2019, misma que fue
rechazada en noviembre por Semarnat al presentar varias inconsistencias.
El Copudever denunció además, actos de intimidación a la población
posiblemente relacionados con el nuevo proyecto hidroeléctrico, pues el
08 de marzo un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad
sobrevoló desde Pinotepa Nacional hasta Corral de Piedra y San Lucas
Atoyaquillo, todos ellos, pueblos que viven del Río Verde.
La organización de pueblos y ejidos de Oaxaca reiteraron su rechazo a
la imposición de cualquier proyecto hidroeléctrico y exigieron a la
Semarnat y a las instancias del Gobierno Federal respetar esa decisión.
El proyecto hidroeléctrico de la empresa ENERSI contempla la
construcción de una central hidroeléctrica para generar 30 MW de energía
que afectaría los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago
Ixtlayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés
Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.
A lo largo de 10 años, el Copudever rechazó un primer intento de
construir una presa en el Río Verde, por parte de la Comisión Federal de
Electricidad, el cual pretendía contar con una cortina de agua de 180
metros que afectaría siete comunidades por inundación o por desecación.
Además, en 2018 integrantes del Copudever ganaron un juicio de amparo
contra la declaración de zonas de reserva que decretó Enrique Peña
Nieto, para evitar construir cualquier proyecto de infraestructura,
resolución que fue impugnada por la Conagua y Semarnat en el gobierno de
AMLO.
El 13 y 14 de marzo, el Copudever conmemoró el Día Internacional
Contra las Presas con ceremonias y fiesta al margen del Río Verde, así
como con la proyección del documental La Sangre de la Tierra.
Para los pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos el Río Verde es “la madre de nuestras aguas y nos permite alimentarnos, crecer, divertirnos y valorar a la naturaleza”.
Imagen: Conmemoración del día mundial el defensa de los ríos, Copudever, Crédito: Educa Oaxaca
Les compartimos algunas fotos de la acción mundial en contra de las represas y por los ríos libres que conmemoramos en el Río Cacaluta en Acacoyagua junto con algunos integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio»
El Río Cacaluta abastece de agua a la gente de Acacoyagua y es una fuente de alimentación con los peces que pueden pescar ahí. Hace unos años se vio amenazado por la contaminación de la mina Cristina y por un proyecto de una represa para producir energía eléctrica para la mina. Este 14 de marzo decimos #RíosLibres ¡¡QUEREMOS EL RÍO CACALUTA LIBRE!! #AguasParaLaVida #NoParaLaMuerte
Compartimos esta nota publicada en ADN Informa sobre la resistencias a la minería en Morelos- A 27 de febrero de 2020
El territorio que explotarán es equivalente al Bosque de Chapultepec en CDMx y expertos coinciden en que representa graves riesgos para la salud, sociales y al medio ambiente
Morelos.- De acuerdo con la Asociación de Consultoría Ambiental
Geoinnova la minería a cielo abierto es una industria que genera
inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales, se basa
en la explotación de recursos no renovables, Morelos está en riesgo de
tenerlos con el reinicio de trabajos de la mina de Tetlama ubicada en
Temixco operada por la empresa canadiense Alamos Gold, a la cual
ciudadanos, especialistas y autoridades han señalado sus riesgos pero
nadie ha podido parar.
Todo inició el 2009 cuando el gobierno federal dio la concesión a la
empresa canadiense Esperanza Silver, el uso del un territorio
equivalente a 695 hectáreas, desmontado 170 de selva baja caducifolia,
con un consumo de agua anual de 760 metros cúbicos de recursos
subterráneos, un territorio equivalente a al del Bosque de Chapultepec
en Ciudad de México. Este permiso tiene una vigencia hasta el 14 de mayo
de 2059. En julio de 2013, Esperanza Silver vendió sus acciones en
Morelos por 45 millones de dólares a otra empresa canadiense Alamos
Gold.
Desde que se dio a conocer la explotación de recursos naturales en
esta zona ciudadanos, ambientalistas, especialistas en el tema e incluso
las autoridades han señalado las consecuencias que tendrá el ambiente y
las personas que viven en Temixco, Miacatlán y Xochitepec, si opera
esta mina en los cerros El Jumil y Colotepec.
De acuerdo con la arqueóloga Silvia Garza Tarazona del Centro del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos, este
proyecto afectará gravemente la zona arqueológica de Xochicalco,
patrimonio cultural de la humanidad, ya que el uso de explosivos para
demolición del suelo pone en riesgo los túneles prehispánicos e incluso
el descubrimiento de nuevos hallazgos.
En 2013 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) a la empresa canadiense Esperanza Silver de México, SA de CV.
El gobierno en curso, señaló afectaciones por la explotación del suelo para extraer oro y plata en el municipio de Temixco.
Entonces expusieron que el proyecto no cuenta con los estudios de
geohidrología, para la categorización del patio de lixiviación, y se
consideró un clima que no corresponde al sitio del proyecto. Además
calculaban una extracción agua menor que la real, Esperanza Silver de
México, SA de CV, calculó 36% de la disponibilidad media del acuífero,
cuando el cálculo correcto es de 51.4% de la disponibilidad existente.
El 29 de mayo del 2013, la UAEM realizó el Foro de análisis
Multidisciplinario sobre Minería a Tajo Abierto en Morelos, donde
expertos coincidieron en que la mina a tajo abierto traerá contaminación
del aire, tierra y agua debido a la utilización de cianuro y metales
pesados altamente tóxicos en el proceso de extracción de oro, afectando a
más de 560 mil habitantes.
Además denunciaron que la empresa Esperanza Silver a través de una
campaña de desinformación y marketing estratégico, pretendió minimizar
el conocimiento sobre los riesgos a la salud humana.
En octubre del 2019, autoridades federales manifestaron que el
proyecto cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López
Obrador, a pesar de que desde el 2011 se ha cancelado ante el impacto
negativo social y ambiental.
Además los diputados morelenses alertaron sobre posible instalación
ilegal e 2020, pues carece de los permisos estatales para iniciar
operaciones.
Destacaron que en el libro “Patrimonio Bicultural y Megaminería: Un
reto múltiple”, escrito en colaboración por varios autores y que se
presentó en Morelos el mes de julio de 2018, se documentó como la
minería a tajo abierto provoca destrucción de la cubierta vegetal y del
subsuelo, así como graves riesgos para la salud, debido al uso
indiscriminado de sustancia de alta toxicidad como el cianuro y el
mercurio.
A pesar de todos los señalamientos negativos, las acciones de la empresa minera son latentes para operar en Morelos, pero ¿cuándo actuarán para detenerlos?
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 8 de marzo de 2020
Este 8 de marzo para las integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), mujeres defensoras de la tierra y el territorio, campesinas, indígenas, mujeres rurales, maestras, educadoras, investigadoras, es importante denunciar que el modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y patriarcales del sistema capitalista, el cual no duda en asesinarnos, desaparecernos o enfermarnos.
A partir de nuestra resistencia en los territorios y de hacer y ser parte de una red que se conforma por organizaciones de base, colectivos y sociedad civil en diferentes lugares del país, es como caminamos en la REMA y nos enfocamos en documentar y reflexionar acerca de los impactos diferenciados que la actividad minera nos está causando, con irreversibles y graves consecuencias a nuestra salud física, psicológica y emocional. Las mujeres en los territorios que somos afectadas por la minería, nos sumamos a nuestras hermanas para denunciar los agravios de este sistema patriarcal que se esconde en empresarios, nacionales y transnacionales, y gobernantes a nivel federal, estatal, y municipal, también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos extranjeros quienes respaldan y sostienen este sistema que nos imponen y que estamos dispuestas a derribar. Además, denunciamos la violencia que vivimos en nuestras casas y comunidades, y con nuestros compañeros adentro de las resistencias cuando no nos respetan o valoran, lo cual debilita nuestros procesos de lucha y construcción de la libre determinación para poder enfrentar junt@s la falta de información, la injerencia de las empresas y los gobiernos, la coacción, la violencia y las divisiones generadas, todo lo cual los poderes económicos y políticos utilizan para imponer los proyectos extractivos que agravan de manera significativa los de por sí daños que ya nos genera el machismo y el patriarcado.
¡LA MINERÍA NOS MATA, NOS CONTAMINA, ¡NOS DAÑA!
¡TAMPOCO CREEMOS EN LA MINERÍA SUSTENTABLE, NI RESPONSABLE, ¡NI VERDE!
¡LAS MUJERES NO NEGOCIAMOS LA VIDA!
En ese contexto, nos hemos organizado en REMA/Mujeres para analizar las formas en las cuales el patriarcado se expresa en contra de nosotras y que, en conjunto al modelo extractivo pretenden desaparecer nuestras vidas y es por ello que, con el objetivo de hermanarnos con otras expresiones y movimientos de mujeres en México, América Latina y en el mundo, en estos momentos de esta lucha de todas nosotras, hoy exponemos públicamente nuestras reflexiones dentro de este proceso, ¿POR QUÉ DECIMOS QUE LA MINERÍA ES FEMINICIDA?
El modelo extractivo salvaje se ha impuesto en los últimos años con una voracidad y codicia sin precedentes en México, América Latina y en todo el mundo para saquear los minerales. En México, el gobierno federal ha otorgado más de 25 mil concesiones a empresas mineras privadas quienes -además de gozar de grandes privilegios, como la impunidad por los crímenes y daños que se cometen con estos proyectos mineros-, afectan de manera irreversible a nosotras las mujeres, porque rápidamente nos vemos despojadas de nuestro territorio, de nuestros bienes naturales, de nuestra agua limpia, de nuestra salud, de nuestras familias y de nuestra vida.
La minería que opera en las comunidades de México, ha venido a agravar e incrementar aún más el sistema patriarcal y colonial existente, porque ese sistema de explotación de los bienes naturales desaparece todo lo que para nosotras significa vida. El capitalismo, bajo los artilugios del patriarcado, el colonialismo y el extractivismo, son la parte central de un complejo sistema de control y dominación para nosotras las mujeres, las niñas, los niños y nuestros territorios que nos pone en vulnerabilidad permanente sea en nuestra casa, la calle, el campo, la lucha o en nuestros trabajos. POR ELLO;
¡TAJANTEMENTE GRITAMOS NO A LA MINERÍA!
La minera contamina y devasta los sistemas ambientales y los bienes naturales, especialmente las fuentes de agua, sea por que las contamina con sustancias tóxicas como plomo, cadmio y arsénico, entre muchos otros, o seca arroyos, ríos, manantiales y mantos freáticos por su uso indiscriminado; afecta de manera directa e indirecta la salud de la población, la cual, en porcentajes muy altos, sufre de diversas enfermedades, pero sobre todo nos afecta de manera irreversible, particularmente a nosotras como mujeres que a partir de estar expuestas a diversos neurotóxicos, nos provoca abortos y partos prematuros muchos de ellos con malformaciones, retardo en el crecimiento, disminución cognitiva, disminución en la capacidad perceptiva y motora, daños neurológicos y neuro-psíquicos severos, cáncer, parálisis, deformaciones óseas, osteoporosis.
¡NOS ESTÁN MATANDO!! ¡¡ALTO A LA MINERÍA!!
Desde que la empresa minera hace presencia en la comunidad, aun cuando ni una sola máquina ha entrado, ya comenzamos a sentir diferentes impactos; la corrupción, la compra de conciencias, las intrigas y las campañas de desprestigio hacen que se comience a erosionar el tejido social, donde las mujeres son las más afectadas, pues cuando las familias se confrontan, somos nosotras quienes terminamos desafiándonos entre nuestras hermanas, primas, tías, abuelas, madres, mientras los hombres dirimen nuestro destino por dádivas y dinero fácil. Esta división termina con la solidaridad y protección comunitaria y, en consecuencia, también destruye la vida entre nosotras como mujeres, a tal grado que, cuando nosotras nos oponemos a algún proyecto minero, terminamos siendo estigmatizadas, difamadas, violentadas, criminalizadas y, en ocasiones, asesinadas, como nos ha sucedido con varias de nuestras hermanas, quienes hoy por supuesto también a través de su espíritu de lucha están con nosotras.
AUMENTA LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y NIÑAS
El arribo de trabajadores mineros de otros lados, así como la permanente presencia de militares, policías y crimen organizado en los territorios asediados por empresas mineras, ha implicado el incremento del alcoholismo y drogas, al igual que la trata de personas en todas sus “modalidades”, lo que nos pone en riesgo permanente al igual que a nuestras hijas e hijos. También la violencia se incrementa y la desaparición forzada, los secuestros las extorsiones, la violencia física y psicológica hacia nosotras, el permanente acoso sexual, las violaciones sexuales y la restricción de la libertad, tanto en nuestro pueblo como dentro de nuestros hogares, son parte de una realidad en donde el abandono del estado literalmente elimina cualquier esperanza de ser protegidas, de encontrar alivio o de aspirar a que por fin se termine la impunidad.
Gritamos que las violencias hacia las mujeres no son sólo consecuencias, porque sabemos perfectamente que han sido utilizadas como una estrategia para el control del territorio, es decir, hay una clara estrategia de someternos por parte de las empresas y del estado, ambos empecinados en imponer un “progreso y desarrollo” que lo único que ha demostrado es su fracaso para con la vida y hoy nos tienen al borde de la muerte, sin antes pretender que nuestros cuerpos sean convertidos en trofeos y espacios del patriarcado, de la colonización y de la explotación.
LA MINERÍA INCENTIVA LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA, FÍSICA, ECONÓMICA, PATRIMONIAL E INSTITUCIONAL
Las mujeres somos naturalmente defensoras de nuestra tierra y de los derechos colectivos que inician con nuestra familia, pero para el capitalismo y el patriarcado somos sus opositoras más aguerridas y decididas, razones por las cuales crean condiciones para que vivamos permanentemente en violencia, sea por parte de las empresas y sus personeros armados o sea por parte del estado y sus instituciones represoras que abonan a la creación de espacios de persecución, desacreditación, criminalización y judicialización. Las formas de represión hacia nosotras son diferenciadas, silenciadas y excluidas, porque las violaciones, las estigmatizaciones, ser invisibilizadas, amenazadas, aterrorizadas, señaladas, violadas y asesinadas en este mundo patriarcal y machista, en donde pondera la asimetría, nunca tendrán el mismo lugar o la misma valoración que las represiones hacia los hombres.
POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO
Las mujeres integrantes de la REMA nos identificamos con una defensa del territorio que nos dignifique y no nos victimice, creemos en la colectividad como espacio de lucha y no en los liderazgos individuales, creemos en la urgente y necesaria relación equitativa entre mujeres y hombres para hacer un frente común contra el capitalismo voraz y rapaz que se ha encargado de ponernos a pelear entre nosotros y nosotras con su discurso de odio para dividirnos y aislarnos. Un capitalismo que nos despoja tanto a hombres como a nosotras las mujeres, que atenta contra nuestro territorio y que pretende transformar y sustituir para que olvidemos nuestro pasado y lo que somos, a partir de eliminar nuestra cultura, nuestra cosmovisión, todo lo que hemos heredado de nuestras/os ancestros, para que seamos seres deshumanizados, sin solidaridad, ternura y amor por la vida.
LA MINERÍA PROFUNDIZA DESIGUALDADES
Hemos vivido en nuestros cuerpos las desigualdades que se establecen a través del patriarcado y sus proyectos extractivos, mismas que se profundizan cuando estos se apropian de nuestro territorio, porque es de donde proviene nuestro principal sustento, la falta de oportunidades que han sido cortadas históricamente por no reconocer y valorar nuestro trabajo, es en el territorio en donde se encuentra la tierra que nos permite gozar de una economía local para complementar la manutención de la familia y la comunidad, es el territorio que nos proporciona libertad frente al control que los hombres (padres, hermanos, esposos) pretenden tener sobre nosotras. Al ser despojadas del territorio y destruidas nuestras tierras literalmente acaban con nuestra vida, afectan nuestra libertad y en consecuencia nuestra determinación plena y libre y nuestra autonomía.
Por supuesto que nos indigna que la actividad minera asuma, bajo el pretexto de utilizar el enfoque de género, una oportunidad para presentarse como una actividad igualitaria y equitativa. Falso, la minería es una actividad capitalista, patriarcal y colonialista, que en sí misma pretende destruir el territorio y, en consecuencia, asume como objetivo el despojo y el desplazamiento forzado, razones por las cuales es incapaz de sostener una política de género. Las mujeres no pedimos empleo, ni alternativas a nuestra economía local, exigimos que nos dejen vivir con dignidad en nuestros territorios, y por eso decimos NO A LA MINERÍA…
DENUNCIAMOS FALSAS SOLUCIONES
Para la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería las directrices sobre equidad e igualdad de género impulsadas por las empresas mineras y algunas organizaciones de la sociedad civil, con apoyo de las instituciones financieras, como el Banco Mundial, implican un peligro para las mujeres. Emprender un discurso sobre las desigualdades de los estereotipos de género o a partir de la apertura de “oportunidades para mujeres dentro de los negocios”, incluyéndonos como “la fuerza laboral de la minería” o por medio de programas para incentivar el liderazgo individual de las mujeres, no sólo perpetua los sistemas de control del patriarcado, colonialismo y capitalismo, sino que facilita la justificación de estándares con los que las empresas extractivas ganan mayores canonjías financieras y fiscales, así como de falsos auto-reconocimientos como el de la Responsabilidad Social Corporativa
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y es espacial desde REMA/Mujeres, nos sumamos a nuestras hermanas que de forma firme, decidida e irreversible tomaremos las calles de forma masiva, para demostrar de forma rotunda un YA BASTA.
Le decimos al gobierno federal que, si ellos no están dispuestos a acabar con el saqueo y rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios parásitos que operan en nuestro país, LO HAREMOS CON LA FUERZA DE LAS MUJERES.
SI ESTE GOBIERNO NO ESTÁ DISPUESTO A ACABAR DE TAJO CON LA IMPUNIDAD LO HAREMOS NOSOTRAS, PORQUE…
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la presa el Zapotillo – A 17 de febrero 2020
Niega Conagua desacato a la SCJN – No se elevará la cortina sin aval de los habitantes, asegura
Por Juan Carlos G. Partida Corresponsal
Guadalajara, Jal., El gobierno federal realiza obras con
una inversión de al menos 500 millones de pesos, las cuales considera
urgentes para proteger y dar mantenimiento a la presa El Zapotillo, a
pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que las
autoridades ejerzan cualquier acto de autoridad que viole los
derechos de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo,
comunidades amenazadas con ser desplazadas por la inundación que
provocaría el embalse.
A partir de una visita de inspección que realizaron el pasado 14 de
febrero, habitantes de la región, a quienes se les permitió por vez
primera el acceso a los trabajos, cuyo proyecto fue anunciado hace casi
15 años, señalaron que con las labores en la presa la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) en efecto pretende cuidar el embalse, pero se ha
desestimado la protección a los lugareños y a sus poblados.
La obra sigue avanzando y la amenaza sobre los derechos de las
comunidades está ahí, porque todas las obras que se hacen son para
proteger la presa. Nos queda muy claro a nosotros como comunidades que
Conagua lo que está protegiendo es la infraestructura de esta obra
hidráulica, reprochó Gabriel Espinoza, vocero del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Trabajos urgentes: Conagua
Las labores que se efectúan son urgentes, indicó José Luis Acosta,
director de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago de la Conagua, quien estuvo
a cargo de responder dudas que le plantearon los visitantes, entre
quienes se hallaron funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (Cedhj), así como activistas del Instituto Mexicano de
Desarrollo Comunitario (Imdec), y del Colectivo de Abogados y
Especialistas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (Iteso).
Los trabajos implican edificar un tanque de amortiguamiento cuyo
costo se calcula en 300 millones de pesos, con el que se busca evitar un
derrame catastrófico en caso de que ocurriera en el río Verde una
avenida de agua tan fuerte que superara los 80 metros de altura de la
presa.
También se han construido represas aguas arriba de la cortina de El
Zapotillo para retener troncos o maleza que pudieran obstruir el canal
de desvío, el cual está a punto de ser concluido y forma parte de
elementos provisionales necesarios para permitir que fluya el agua del
Verde en tanto se decide el destino final del embalse.
De igual manera, se refuerzan las laderas con concreto para evitar
derrumbes de tierra y rocas sobre la presa. Una caída de material
ocurrió durante la visita de inspección en una de las áreas sin
reforzar, que no dejó daños mayores pero obstruyó un camino durante unos
minutos, hasta que llegó maquinaria para reabrir la ruta.
Acosta aseguró que la Conagua ha respetado la sentencia de la SCJN. No
rebasamos la elevación (de) 80 (metros) y se cancelaron todos los
conceptos de obra que estaban hacia arriba, y lo único que se hizo
fueron la obras necesarias para brindar la seguridad física, porque la
inversión federal que se ha hecho es muy grande.
El funcionario calculó que una vez realizadas estas labores se
requerirá que el gobierno federal se encargue del mantenimiento del
embalse, que costará unos 40 millones de pesos anuales.
En lo que se resuelve de fondo, es necesario destinar recursos. Tenemos que seguir haciendo monitoreo ambiental, la instrumentación sísmica, de inclinómetros, la vigilancia, el mantenimiento de caminos. Son cosas elementales pero que se tienen que hacer, afirmó.
En su resolución de la controversia constitucional 93/2012, la SCJN
determinó anular un convenio suscrito en 2007, que permitía que la presa
fuera construida con una cortina de 105 metros y evitar cualquier acto
de autoridad que pudiera afectar intereses de ciudadanos y habitantes de
Jalisco respecto a la dotación de agua que corresponde al estado.
La impresión de los pobladores de que la edificación continúa, si
bien no se aumenta el tamaño de la presa, fue compartida por la Cedhj y
por el Imdec.
Prevalece la incertidumbre que implica aspectos técnicos para
saber si las obras que se están realizando entran en el rubro de
acciones de protección para la población. No se tiene un estudio ni
acciones de protección civil ante una eventualidad. El riesgo no sería
solamente para las poblaciones aguas abajo, sino para Acasico, Palmarejo
y Temacapulín, porque el embalse crecería, dijo Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Cedhj.
Si bien el ombudsman ponderó la apertura del gobierno
federal para dejar entrar a la presa por primera vez a los pobladores de
las comunidades que podrían ser perjudicados por el embalse, recordó
que sobre la presa pesan dos recomendaciones de la Cedhj, porque desde
que comenzó a edificarse se violaron derechos humanos.
La obra nació sin garantizar el derecho a la consulta, sin tomar
una serie de medidas para mitigar depreciación de inmuebles, falta de
servicios públicos, hostigamiento de autoridades y desplazamiento de
personas. Pese a que hay dos recomendaciones en lo sustancial no se
avanzó, al contrario, los tres gobiernos involucrados no han entrado al
fondo del asunto, agregó.
María González Valencia, del Imdec, señaló que durante la inspección
se constató un fuerte impacto y deterioro ambiental de la cuenca, pero
en particular una inversión que no cesa para mantenimiento, pero no para salvaguarda de la seguridad de las personas y las comunidades.
Javier Claussen, especialista en presas y académico del Iteso, quien
coordinó a un grupo de estudiantes durante la visita, consideró que los
trabajos del gobierno federal claramente determinan que se
decidió dejar la cortina del embalse a 80 metros de altura y no hay
visos de que pudiera ser derrumbada, como demandan las comunidades.
Armando Alfonso Jiménez, miembro de la coordinación de asesores de la
Presidencia de la República, quien fue enviado para estar a cargo de la
inspección, manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador
tiene claros dos principios sobre El Zapotillo: la presa no aumentará de
tamaño sin la aprobación de las comunidades que serán afectadas, pero
tampoco será destruida para no desperdiciar la multimillonaria inversión
que se ha hecho en ella.
Quienes hablaron escasamente, mostrando sentimientos encontrados por estar en la cresta del dique, fueron dos pobladores de Temacapulín, María Abigaíl Ramos y Alfonso Íñiguez, quienes desde casi 15 años atrás, cuando se anunció el proyecto, cambiaron sus tranquilas vidas por el activismo en defensa de su tierra, de sus casas, de sus descendientes y de sus muertos.
Imagen: En la presa El Zapotillo, en Jalisco, la Comisión Nacional del Agua realiza obras de mantenimiento a pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la amenaza que representaría para las comunidades aledañas.Foto Arturo Campos Cedillo
