Compartimos el pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras – A 20 de marzo de 2020
Mesoamérica, 20 de marzo de 2020 – Desde hace unos días, nuestros abrazos se han convertido en palabras de aliento que se diluyen en la distancia. La
incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en
situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo
de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades.
La crisis provocada por la irrupción a escala global del COVID-19 llega a un mundo que ya enfrenta serias crisis
(de cuidados, de cambio climático, de violencia, desigualdad, derechos
humanos, entre otras) y expresa la insostenibilidad del modelo
político, social y económico imperante en el planeta, reproducido por
los Estados cada vez más controlados por intereses privados. Por ello esta situación está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre nosotras, nuestras comunidades y nuestras luchas.
Este
modelo, basado en la depredación “capitalista, racista y patriarcal”, en
palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, durante décadas se ha
centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las
estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado
colectivo, dejando a la mayoría de personas sin acceso a una vida digna.
Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos
dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de derechos
humanos y justicia social.
Nos preocupa que los Gobiernos se
aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión
pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo manifestaron recientemente un grupo de Relatores y Relatoras independientes de Naciones Unidas.
En
Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia
basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o
toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las
formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las
condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta
crisis son patentes. En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su
responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el
acceso a información de salud.
La aplicación de estos planes de emergencia afecta profundamente el trabajo de las defensoras.
Limita su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de
sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por
actores estatales (a la fecha hemos registrado agresiones contra
defensoras en Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco de esta crisis) y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares.
Desde nuestra apuesta política por el
cuidado colectivo y la protección integral feminista contemplamos el
panorama abierto por la crisis del COVID-19 con mucha preocupación, pero
también vemos en el horizonte la posibilidad de cambiar colectivamente
las estructuras sobre las que organizamos nuestras sociedades.
Las
mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra región,
como advirtió la lideresa afroindígena garífuna Miriam Miranda, además
de ser los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, son
también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y
superar esta crisis: el saber del cuidado mutuo y la reproducción de la
vida, la construcción de autonomías, el cuidado y cultivo de la tierra y
el agua que nos alimenta o sistemas de salud alternativa y
espiritualidades emancipadoras.
Desde la IM-Defensoras exigimos a los Estados:
Que
afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado
colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria,
social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de
clase, etnia, edad, orientación sexual y género.
Que se
abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en
funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los
derechos humanos.
Que no
aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para
agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y
personas defensoras de derechos humanos.
Que
reconozcan y establezcan una interlocución abierta con las mujeres, las
defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para
construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el
mantenimiento de la sociedad y de la vida.
Que
implementen políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de
riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad,
poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de
corporaciones, empresas y élites económicas.
Que
garanticen mecanismos efectivos de prevención, protección y atención
urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que
potencialmente pueden generar las situaciones de confinamiento.
Que
garanticen el flujo de información transparente, objetiva y contrastada
hacia el conjunto de la población, con el fin de contrarrestar fake-news (noticias falsas) y otras informaciones que contribuyen a exacerbar el miedo y la confusión.
Que dejen
de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y
estigmatización de las personas con COVID-19 y que la atención de
pacientes se maneje de forma responsable, científica y laica.
Asimismo, hacemos un llamado a
organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general a
cuidarnos y acuerparnos colectivamente, a promover la
solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios,
creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas,
vigilantes y activas en la construcción de alternativas de vida que, tal
y como pone de relieve la crisis actual, cada vez son más urgentes y
necesarias.
¡Transformemos el miedo en abono de libertades y derechos para el presente y el futuro!
¡Viralicemos la solidaridad!
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica) Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador Consorcio Oaxaca Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IN-Defensoras) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
Compartimos esta nota publicada en Notas sin Pautas sobre la resistencia a proyectos mineros en Oaxaca – A 14 de Marzo de 2020
Reflexiones sobre el Primer Foro Antiminería y Megaproyectos
Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Santiago Chazumba es una población encallada en la región mixteca del
estado de Oaxaca; cabecera del municipio que lleva su mismo nombre, se
encuentra rodeada por la cordillera montañosa del estado de Puebla.
Chazumba, al igual que toda la mixteca oaxaqueña, es territorio de gran
diversidad ecológica y con enorme riqueza de recursos minerales lo que
ha hecho que la región se encuentre en la mira de corporativos mineros y
sus agresivas prácticas de despojo. Es por ello que esta localidad se
convirtió en la sede del Primer Foro Antiminería y Megaproyectos convocado por el Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca el pasado domingo 8 de marzo.
Con la participación de habitantes de las comunidades oaxaqueñas de
San Sebastián Frontera, Guadalupe Cuautepec, Santa Cruz Acatepec,
Huajuapan de León, San José Miahuatlán, Yucuquimi de Ocampo, entre
otras; así como las comunidades poblanas de Tehuacán, Acatitlán,
Zapotitlán Salinas, San José Mihuatlán, Acatlán de Osorio, entre otras; y
la participación de organizaciones sociales como el Movimiento Agrario
Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Periodistas Independientes
de la Mixteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de
Morelos-Puebla-Tlaxcala, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo
en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo de Investigación
Independiente, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de
Tehuacán, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Frente
Oriente; el foro se convirtió en una importante tribuna de denuncia y
organización en contra del intento por convertir esta región en rehén de
los intereses de las grandes corporaciones mineras.
Desde hace 15 años, el apetito voraz de las mineras se dispone a engullir la Mixteca Oaxaqueña
En el año 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca publicó, en su revista Temas de ciencia y tecnología,
un ensayo titulado “Grado de concentración potencial relativa de los
recursos minerales de la Mixteca Oaxaqueña”. En ese texto el autor
expresa que “el objetivo del presente trabajo fue diseñar un
indicador cualitativo que muestre la magnitud, en primera instancia, de
la concentración relativa de los recursos minerales en un espacio
geográfico, en este caso, de los municipios y distritos de la Región
Mixteca oaxaqueña. Lo anterior es útil para coadyuvar a orientar y
fomentar la exploración y posible aprovechamiento de los yacimientos
minerales existentes”. Desde luego que la ayuda ofrecida por la investigación no es para las comunidades originarias, sino para “el
diseño de planes y programas públicos y privados y fortalecer la
eficacia y la eficiencia de las acciones en la consecución de los
objetivos y metas del sector minero (…), y en consecuencia, tomar la
decisiones para su exploración y su posible explotación, beneficio y
comercialización”. Asimismo, la investigación fundamenta que en la mixteca oaxaqueña “las
concentraciones minerales más relevantes se ubican en los distritos de
Huajuapan, Juxtlahuaca y Nochixtlán; sin embargo, Silacayoapan destaca
por sus yacimientos de oro, plata y yeso; Juxtlahuaca por sus depósitos
de antimonio y carbón y Teposcolula por su producción de cal”[1].
En ese mismo año, la Secretaría de Energía del gobierno federal
anunció que en el estado entregaron 20 concesiones para proyectos de
explotación minera equivalentes al 12.5% del territorio oaxaqueño. Entre
las corporaciones mineras beneficiadas en esa época con los proyectos
se encontraban Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco
Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp,
Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources,
Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius
Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura
Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd., entre muchas otras.
Seis años después de publicado el diagnóstico minero de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Gerencia Regional Sur del Servicio Geológico Mexicano
informó que Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor
potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes
extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no
metálicos, por lo que despertó el interés de empresas mineras
internacionales. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Enrique
Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales,
contenidas en la Reforma Energética, que posibilitaron el despojo de
tierras en zonas campesinas e indígenas del país. Bajo estas reformas
jurídicas, el capital extranjero logró la plena apertura para explotar
los recursos naturales y energéticos nacionales y, a través de la Ley
Nacional de Hidrocarburos, establecer esquemas de servidumbre donde los
campesinos recibirán únicamente una renta ínfima a cambio del despojo de
sus recursos a través de la explotación petrolera, gasera y de
minerales. Huelga decir que con estas disposiciones se declara la
explotación energética y mineral como prioritaria ante, por ejemplo, la
producción alimentaria.
Desde entonces, más de 15 años, Oaxaca ha estado en la mira de las
trasnacionales mineras quienes, a través del Estado, impulsaron el
decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales mediante las
cuales se construirían espacios para el capital trasnacional que les
permita desarrollar la infraestructura de enclave necesaria para la
explotación de los recursos energéticos, minerales y de agrocombustibles
que posee la región. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales se
han eliminado, pero no la convicción entreguista de los recursos al
capital trasnacional, como lo evidencia el actual Plan Nacional de
Infraestructura elaborado por las mismas corporaciones que tienen
intereses específicos en Oaxaca.
Por ejemplo, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines,
afirmó que Oaxaca, es un estado “premium” por el alto potencial minero
que, sin embargo, se encuentra en una “fase embrionaria” y “necesita dar
otro paso” y realizar un banco de datos para facilitar el desarrollo de
la exploración minera que a su vez “podría llevar desarrollo a las
comunidades que se encuentran en rezago”. Agregó que “hay una buena
relación con las comunidades con las cuales se celebran convenios para
apoyarles en materia de salud, educación y sostenibilidad social”; sin
embargo, la realidad muestra lo contrario: ante el panorama de invasión
de las corporaciones mineras a la región mixteca, comunidades han
desarrollado permanentemente procesos de organización para rechazar los
megaproyectos mineros en sus localidades.
La organización de los pueblos ante la voracidad minera
En febrero de 2016 habitantes de 48 comunidades y representantes de
30 organizaciones sociales exigieron la cancelación de 400 concesiones y
35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca.
La respuesta de la burguesía minera y del Estado fue criminalizar,
asesinar y desparecer de manera forzada a miembros de organizaciones y
defensores ambientales con el objetivo de sembrar terror en todo el
estado y poder realizar plenamente las actividades de minería con sus
ulteriores efectos en la vida y la cultura indígena, en el medio
ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.
A pesar de esto, la resistencia y lucha en contra de los proyectos
mineros no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde el año 2009,
la comunidad de Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la
imposición del proyecto minero pues, mediante un acta de sesión solemne
de cabildo, reafirmaron su lucha por la tierra y determinaron declarar
su territorio totalmente libre de actividades mineras. Igualmente,
habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca iniciaron en 2018 la resistencia
para evitar la actividad minera de la empresa canadiense Fortuna Silver
Mines que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.
También en Valles Centrales las comunidades en resistencia
realizaron, en 2019, la “Guelaguetza Antiminera” con la que conmemoraron
tres décadas de lucha y resistencia. En ese acto, varias comunidades se
declararon “territorios prohibidos para la minería”.
Esta lucha por la defensa de sus territorios y en contra de la
minería cada vez se hace más general en todas las regiones de Oaxaca.
Las comunidades indígenas han desarrollado procesos de organización y
articulación regional para evitar que las corporaciones mineras devasten
sus comunidades y la biodiversidad que poseen.
Pero ante estos procesos de resistencia popular, la estrategia de
división en las comunidades ha sido una práctica que el Estado ha
implementado a través de los partidos políticos de todos los colores.
Entre la represión, el hostigamiento, la división y las falsas promesas
de cambio, se intenta dar el golpe de fuerza que permita a los intereses
mineros romper los lazos sociales y de autogestión comunitaria.
El Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca
A partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han
otorgado en la zona mixteca de Oaxaca y Puebla, autoridades comunales,
habitantes y organizaciones sociales de la región comenzaron a reunirse
en asambleas comunitarias para discutir y tomar acciones contra la
imposición de estos proyectos. Así, colectivamente las comunidades
tomaron la decisión de formar un frente regional para implementar
acciones de defensa y resistencia. Fue así como nació el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca,
con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a
mineras extranjeras para la explotación de la tierra en sus comunidades.
Ya constituídos como frente, el pasado 1 de febrero desarrollaron en la comunidad de Santiago Chazumba la Segunda Asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales,
a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos,
población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca. Durante la
asamblea informaron que los proyectos mineros, establecidos desde la
Sierra Norte poblana hasta la Mixteca Alta oaxaqueña, atentan contra los
ecosistemas de los municipios de la región, y denunciaron las amenazas
que enfrentan por los responsables de los proyectos existentes en sus
comunidades entre los que se encuentran: el proyecto hidroeléctrico
Coyolapa-Atzala; concesión minera Newmont Mining Co. en Cerro Colorado,
Tehuacán; parque eólico en Miahuatlán, Puebla; fumigación de nubes con
yoduro de plata en el valle de Tehuacán y en comunidades de la Mixteca
oaxaqueña; concesión minera en Tequixtepec; así como la concesión minera
Arco Resources Corporation en San Jerónimo Silacayoapilla; San Marcos
Arteaga y Santiago Ayuquililla, aunado a la extracción de material
pétreo en ríos de la región por pequeños concesionarios.
Ante este contexto de afectaciones y conflictividad, el Frente acordó
declarar sus comunidades como “pueblos libres de minería, megaproyectos
y en permanente resistencia” y, asimismo, la realización de acciones de
resistencia y movilización en Oaxaca y Puebla para la defensa de sus
territorios. Su primera acción fue la realización del Primer Foro
Antiminería y Magaproyectos, celebrado el 8 de marzo en Santiago
Chazumba.
La minería es feminicida
El Primer Foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), giró en torno al tema de la minería como feminicida. Ahí se destacó que la minería extermina la vida, en particular de las mujeres, pues “el
modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y
patriarcales del sistema capitalista el cual no duda en asesinarnos, en
desaparecernos y enfermarnos”.
Las mujeres de REMA, denunciaron firmemente “los agravios de este
sistema patriarcal que se esconde en empresarios nacionales e
internacionales; en gobernantes a nivel federal, estatal y municipal;
también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos
extranjeros”. Por ello, no dudaron en sentenciar que “no creemos en la minería sustentable, ni responsable, ni verde. Las mujeres no negociamos la vida”.
Finalmente, REMA fue contundente al manifestar que “le decimos al
gobierno federal que si ellos no están dispuestos a acabar con el
saqueo y la rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios
parásitos que operan en nuestro país, lo haremos con la fuerza de las
mujeres. Si este gobierno no está dispuesto a acabar de tajo con la
impunidad, lo haremos nosotras”.
“Estamos comenzando tarde… pero podemos ganar”
“En Oaxaca existen 427 concesiones mineras. En la Región Mixteca, por lo menos, hay 61 concesiones diferentes”
para la explotación de titanio, plomo, cobre, zinc, barita, hierro, oro
y plata; manifestaron durante su ponencia los investigadores delGrupo de Investigación Independiente de Oaxaca.
Asimismo, manifestaron que en la lucha contra el despojo minero las
comunidades de la región están comenzando tarde, por la rapidez con que
avanzan las exploraciones mineras; sin embargo, confiaron en que aún hay
tiempo para revertir esta problemática. Destacaron que el patrimonio de
las comunidades y sus habitantes, concretamente de los niños, están en
un grave riesgo pues de acuerdo con la Ley Minera las concesiones tienen
vigencia de 50 años con renovación automática de otros 50 años más. “Todos
tenemos que estar involucrados mujeres, niños, hombres, ancianos,
ancianas. ¿Por qué? Muchos de estos niños tal vez tienen por lo mucho
cuatro o cinco años. Si la concesión la otorgaron en el [año] 2016, esa
concesión va a estar vigente cuando esos niños tengan cincuenta años y
muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí”. Con esta duración en las concesiones “están hipotecando el futuro de nuestros pueblos por 100 años; y eso, el gobierno no lo ha echado para atrás”, expresó el mencionado grupo.
También informaron a los participantes un dato sorprendente: en la
mixteca se encuentra el yacimiento de hierro más grande del planeta y
éste se encuentra en las ambiciones del magnate acerero Lakshmi Mittal,
dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA), en
Michoacán, quien en junio de 2019 se reunión con el presidente Andrés
Manuel López Obrador quien se comprometió a generar las condiciones
idóneas para que el “Rey del Acero” pueda invertir en nuestro país mil
millones de dólares. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la
República, “estamos llegando al acuerdo de explorar, de que invierta más
en México, cuando menos unos mil millones de dólares más, tanto en
Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas”. La garantía que
AMLO ofrece a Mittal es respaldar el proyecto minero implementado por su
antecesor Enrique Peña Nieto que establece, de acuerdo con la Ley
Minera, que la concesión minera cuesta 5 pesos por hectárea al año y
después de los diez años, aumenta a 111 pesos. Sin duda un negocio
redondo a la medida de la voracidad minera extranjera.
El panorama resulta complejo, por ello el grupo de investigación insiste en que “estamos empezando tarde”.
De acuerdo a sus consideraciones, se necesita difundir ampliamente la
información de lo que rodea al negocio minero a toda la sociedad y,
principalmente, a dos instancias fundamentales: la presidencia municipal
y la autoridad agraria “porque la empresa tendrá la venia del
gobierno federal, pero si no tiene el permiso del municipio y no tiene
el permiso del núcleo agrario, no puede entrar. Y eso está establecido
en las leyes”.
Desde la óptica del Grupo de Investigación Independiente, para
avanzar en la lucha de resistencia es necesario allegarse y difundir
información lo más completa y certera posible. También considera que es
fundamental desarrollar una política de medios que les permita insertar
en la opinión pública la problemática que viven las comunidades mixtecas
ante el avance de los proyectos mineros. Igualmente es necesaria la
asesoría jurídica, pero siempre bajo las directrices de los mandatos de
la asamblea comunitaria.
“Tenemos que estar preparados para movilizarnos y para
confrontarnos. La empresa no nos va a decir ‘por favor déjame entrar’.
En el momento en que vea que no tiene el permiso, va a aplicar la
fuerza; y nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ser
conscientes de que tenemos que tener la fuerza para demostrar que esa
razón es válida”.
Y concluyó: “Podemos ganar, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo”.
Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Compartimos esta nota publicada en La Cooperacha sobre un proyecto hidroeléctrico en Oaxaca – A 16 de marzo 2020
Comunidades chatinas, mixtecas y afromexicanas, que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) denunciaron un nuevo intento por construir una presa hidroeléctrica en el Río Verde, Oaxaca, a pesar de que han expresado su rechazo y el presidente López Obrador dijo que no se construirá la presa Paso de la Reina.
En el “Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los
Ríos”, reunidos en el ejido de Paso de la Reyna, municipio de Santiago
Jamiltepec, Oaxaca, los integrantes del Copudever informaron que el 20
de febrero la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) publicó la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Hidroeléctrico Río
Verde, promovido por la empresa ENERSI.
La empresa ya había presentado la MIA en 2019, misma que fue
rechazada en noviembre por Semarnat al presentar varias inconsistencias.
El Copudever denunció además, actos de intimidación a la población
posiblemente relacionados con el nuevo proyecto hidroeléctrico, pues el
08 de marzo un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad
sobrevoló desde Pinotepa Nacional hasta Corral de Piedra y San Lucas
Atoyaquillo, todos ellos, pueblos que viven del Río Verde.
La organización de pueblos y ejidos de Oaxaca reiteraron su rechazo a
la imposición de cualquier proyecto hidroeléctrico y exigieron a la
Semarnat y a las instancias del Gobierno Federal respetar esa decisión.
El proyecto hidroeléctrico de la empresa ENERSI contempla la
construcción de una central hidroeléctrica para generar 30 MW de energía
que afectaría los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago
Ixtlayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés
Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.
A lo largo de 10 años, el Copudever rechazó un primer intento de
construir una presa en el Río Verde, por parte de la Comisión Federal de
Electricidad, el cual pretendía contar con una cortina de agua de 180
metros que afectaría siete comunidades por inundación o por desecación.
Además, en 2018 integrantes del Copudever ganaron un juicio de amparo
contra la declaración de zonas de reserva que decretó Enrique Peña
Nieto, para evitar construir cualquier proyecto de infraestructura,
resolución que fue impugnada por la Conagua y Semarnat en el gobierno de
AMLO.
El 13 y 14 de marzo, el Copudever conmemoró el Día Internacional
Contra las Presas con ceremonias y fiesta al margen del Río Verde, así
como con la proyección del documental La Sangre de la Tierra.
Para los pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos el Río Verde es “la madre de nuestras aguas y nos permite alimentarnos, crecer, divertirnos y valorar a la naturaleza”.
Imagen: Conmemoración del día mundial el defensa de los ríos, Copudever, Crédito: Educa Oaxaca
Les compartimos algunas fotos de la acción mundial en contra de las represas y por los ríos libres que conmemoramos en el Río Cacaluta en Acacoyagua junto con algunos integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio»
El Río Cacaluta abastece de agua a la gente de Acacoyagua y es una fuente de alimentación con los peces que pueden pescar ahí. Hace unos años se vio amenazado por la contaminación de la mina Cristina y por un proyecto de una represa para producir energía eléctrica para la mina. Este 14 de marzo decimos #RíosLibres ¡¡QUEREMOS EL RÍO CACALUTA LIBRE!! #AguasParaLaVida #NoParaLaMuerte
Compartimos esta nota publicada en ADN Informa sobre la resistencias a la minería en Morelos- A 27 de febrero de 2020
El territorio que explotarán es equivalente al Bosque de Chapultepec en CDMx y expertos coinciden en que representa graves riesgos para la salud, sociales y al medio ambiente
Morelos.- De acuerdo con la Asociación de Consultoría Ambiental
Geoinnova la minería a cielo abierto es una industria que genera
inmensos impactos ambientales, visuales, humanos y culturales, se basa
en la explotación de recursos no renovables, Morelos está en riesgo de
tenerlos con el reinicio de trabajos de la mina de Tetlama ubicada en
Temixco operada por la empresa canadiense Alamos Gold, a la cual
ciudadanos, especialistas y autoridades han señalado sus riesgos pero
nadie ha podido parar.
Todo inició el 2009 cuando el gobierno federal dio la concesión a la
empresa canadiense Esperanza Silver, el uso del un territorio
equivalente a 695 hectáreas, desmontado 170 de selva baja caducifolia,
con un consumo de agua anual de 760 metros cúbicos de recursos
subterráneos, un territorio equivalente a al del Bosque de Chapultepec
en Ciudad de México. Este permiso tiene una vigencia hasta el 14 de mayo
de 2059. En julio de 2013, Esperanza Silver vendió sus acciones en
Morelos por 45 millones de dólares a otra empresa canadiense Alamos
Gold.
Desde que se dio a conocer la explotación de recursos naturales en
esta zona ciudadanos, ambientalistas, especialistas en el tema e incluso
las autoridades han señalado las consecuencias que tendrá el ambiente y
las personas que viven en Temixco, Miacatlán y Xochitepec, si opera
esta mina en los cerros El Jumil y Colotepec.
De acuerdo con la arqueóloga Silvia Garza Tarazona del Centro del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) Morelos, este
proyecto afectará gravemente la zona arqueológica de Xochicalco,
patrimonio cultural de la humanidad, ya que el uso de explosivos para
demolición del suelo pone en riesgo los túneles prehispánicos e incluso
el descubrimiento de nuevos hallazgos.
En 2013 la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) negó la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental
(MIA) a la empresa canadiense Esperanza Silver de México, SA de CV.
El gobierno en curso, señaló afectaciones por la explotación del suelo para extraer oro y plata en el municipio de Temixco.
Entonces expusieron que el proyecto no cuenta con los estudios de
geohidrología, para la categorización del patio de lixiviación, y se
consideró un clima que no corresponde al sitio del proyecto. Además
calculaban una extracción agua menor que la real, Esperanza Silver de
México, SA de CV, calculó 36% de la disponibilidad media del acuífero,
cuando el cálculo correcto es de 51.4% de la disponibilidad existente.
El 29 de mayo del 2013, la UAEM realizó el Foro de análisis
Multidisciplinario sobre Minería a Tajo Abierto en Morelos, donde
expertos coincidieron en que la mina a tajo abierto traerá contaminación
del aire, tierra y agua debido a la utilización de cianuro y metales
pesados altamente tóxicos en el proceso de extracción de oro, afectando a
más de 560 mil habitantes.
Además denunciaron que la empresa Esperanza Silver a través de una
campaña de desinformación y marketing estratégico, pretendió minimizar
el conocimiento sobre los riesgos a la salud humana.
En octubre del 2019, autoridades federales manifestaron que el
proyecto cuenta con el respaldo del presidente Andrés Manuel López
Obrador, a pesar de que desde el 2011 se ha cancelado ante el impacto
negativo social y ambiental.
Además los diputados morelenses alertaron sobre posible instalación
ilegal e 2020, pues carece de los permisos estatales para iniciar
operaciones.
Destacaron que en el libro “Patrimonio Bicultural y Megaminería: Un
reto múltiple”, escrito en colaboración por varios autores y que se
presentó en Morelos el mes de julio de 2018, se documentó como la
minería a tajo abierto provoca destrucción de la cubierta vegetal y del
subsuelo, así como graves riesgos para la salud, debido al uso
indiscriminado de sustancia de alta toxicidad como el cianuro y el
mercurio.
A pesar de todos los señalamientos negativos, las acciones de la empresa minera son latentes para operar en Morelos, pero ¿cuándo actuarán para detenerlos?
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 8 de marzo de 2020
Este 8 de marzo para las integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), mujeres defensoras de la tierra y el territorio, campesinas, indígenas, mujeres rurales, maestras, educadoras, investigadoras, es importante denunciar que el modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y patriarcales del sistema capitalista, el cual no duda en asesinarnos, desaparecernos o enfermarnos.
A partir de nuestra resistencia en los territorios y de hacer y ser parte de una red que se conforma por organizaciones de base, colectivos y sociedad civil en diferentes lugares del país, es como caminamos en la REMA y nos enfocamos en documentar y reflexionar acerca de los impactos diferenciados que la actividad minera nos está causando, con irreversibles y graves consecuencias a nuestra salud física, psicológica y emocional. Las mujeres en los territorios que somos afectadas por la minería, nos sumamos a nuestras hermanas para denunciar los agravios de este sistema patriarcal que se esconde en empresarios, nacionales y transnacionales, y gobernantes a nivel federal, estatal, y municipal, también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos extranjeros quienes respaldan y sostienen este sistema que nos imponen y que estamos dispuestas a derribar. Además, denunciamos la violencia que vivimos en nuestras casas y comunidades, y con nuestros compañeros adentro de las resistencias cuando no nos respetan o valoran, lo cual debilita nuestros procesos de lucha y construcción de la libre determinación para poder enfrentar junt@s la falta de información, la injerencia de las empresas y los gobiernos, la coacción, la violencia y las divisiones generadas, todo lo cual los poderes económicos y políticos utilizan para imponer los proyectos extractivos que agravan de manera significativa los de por sí daños que ya nos genera el machismo y el patriarcado.
¡LA MINERÍA NOS MATA, NOS CONTAMINA, ¡NOS DAÑA!
¡TAMPOCO CREEMOS EN LA MINERÍA SUSTENTABLE, NI RESPONSABLE, ¡NI VERDE!
¡LAS MUJERES NO NEGOCIAMOS LA VIDA!
En ese contexto, nos hemos organizado en REMA/Mujeres para analizar las formas en las cuales el patriarcado se expresa en contra de nosotras y que, en conjunto al modelo extractivo pretenden desaparecer nuestras vidas y es por ello que, con el objetivo de hermanarnos con otras expresiones y movimientos de mujeres en México, América Latina y en el mundo, en estos momentos de esta lucha de todas nosotras, hoy exponemos públicamente nuestras reflexiones dentro de este proceso, ¿POR QUÉ DECIMOS QUE LA MINERÍA ES FEMINICIDA?
El modelo extractivo salvaje se ha impuesto en los últimos años con una voracidad y codicia sin precedentes en México, América Latina y en todo el mundo para saquear los minerales. En México, el gobierno federal ha otorgado más de 25 mil concesiones a empresas mineras privadas quienes -además de gozar de grandes privilegios, como la impunidad por los crímenes y daños que se cometen con estos proyectos mineros-, afectan de manera irreversible a nosotras las mujeres, porque rápidamente nos vemos despojadas de nuestro territorio, de nuestros bienes naturales, de nuestra agua limpia, de nuestra salud, de nuestras familias y de nuestra vida.
La minería que opera en las comunidades de México, ha venido a agravar e incrementar aún más el sistema patriarcal y colonial existente, porque ese sistema de explotación de los bienes naturales desaparece todo lo que para nosotras significa vida. El capitalismo, bajo los artilugios del patriarcado, el colonialismo y el extractivismo, son la parte central de un complejo sistema de control y dominación para nosotras las mujeres, las niñas, los niños y nuestros territorios que nos pone en vulnerabilidad permanente sea en nuestra casa, la calle, el campo, la lucha o en nuestros trabajos. POR ELLO;
¡TAJANTEMENTE GRITAMOS NO A LA MINERÍA!
La minera contamina y devasta los sistemas ambientales y los bienes naturales, especialmente las fuentes de agua, sea por que las contamina con sustancias tóxicas como plomo, cadmio y arsénico, entre muchos otros, o seca arroyos, ríos, manantiales y mantos freáticos por su uso indiscriminado; afecta de manera directa e indirecta la salud de la población, la cual, en porcentajes muy altos, sufre de diversas enfermedades, pero sobre todo nos afecta de manera irreversible, particularmente a nosotras como mujeres que a partir de estar expuestas a diversos neurotóxicos, nos provoca abortos y partos prematuros muchos de ellos con malformaciones, retardo en el crecimiento, disminución cognitiva, disminución en la capacidad perceptiva y motora, daños neurológicos y neuro-psíquicos severos, cáncer, parálisis, deformaciones óseas, osteoporosis.
¡NOS ESTÁN MATANDO!! ¡¡ALTO A LA MINERÍA!!
Desde que la empresa minera hace presencia en la comunidad, aun cuando ni una sola máquina ha entrado, ya comenzamos a sentir diferentes impactos; la corrupción, la compra de conciencias, las intrigas y las campañas de desprestigio hacen que se comience a erosionar el tejido social, donde las mujeres son las más afectadas, pues cuando las familias se confrontan, somos nosotras quienes terminamos desafiándonos entre nuestras hermanas, primas, tías, abuelas, madres, mientras los hombres dirimen nuestro destino por dádivas y dinero fácil. Esta división termina con la solidaridad y protección comunitaria y, en consecuencia, también destruye la vida entre nosotras como mujeres, a tal grado que, cuando nosotras nos oponemos a algún proyecto minero, terminamos siendo estigmatizadas, difamadas, violentadas, criminalizadas y, en ocasiones, asesinadas, como nos ha sucedido con varias de nuestras hermanas, quienes hoy por supuesto también a través de su espíritu de lucha están con nosotras.
AUMENTA LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES Y NIÑAS
El arribo de trabajadores mineros de otros lados, así como la permanente presencia de militares, policías y crimen organizado en los territorios asediados por empresas mineras, ha implicado el incremento del alcoholismo y drogas, al igual que la trata de personas en todas sus “modalidades”, lo que nos pone en riesgo permanente al igual que a nuestras hijas e hijos. También la violencia se incrementa y la desaparición forzada, los secuestros las extorsiones, la violencia física y psicológica hacia nosotras, el permanente acoso sexual, las violaciones sexuales y la restricción de la libertad, tanto en nuestro pueblo como dentro de nuestros hogares, son parte de una realidad en donde el abandono del estado literalmente elimina cualquier esperanza de ser protegidas, de encontrar alivio o de aspirar a que por fin se termine la impunidad.
Gritamos que las violencias hacia las mujeres no son sólo consecuencias, porque sabemos perfectamente que han sido utilizadas como una estrategia para el control del territorio, es decir, hay una clara estrategia de someternos por parte de las empresas y del estado, ambos empecinados en imponer un “progreso y desarrollo” que lo único que ha demostrado es su fracaso para con la vida y hoy nos tienen al borde de la muerte, sin antes pretender que nuestros cuerpos sean convertidos en trofeos y espacios del patriarcado, de la colonización y de la explotación.
LA MINERÍA INCENTIVA LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA, FÍSICA, ECONÓMICA, PATRIMONIAL E INSTITUCIONAL
Las mujeres somos naturalmente defensoras de nuestra tierra y de los derechos colectivos que inician con nuestra familia, pero para el capitalismo y el patriarcado somos sus opositoras más aguerridas y decididas, razones por las cuales crean condiciones para que vivamos permanentemente en violencia, sea por parte de las empresas y sus personeros armados o sea por parte del estado y sus instituciones represoras que abonan a la creación de espacios de persecución, desacreditación, criminalización y judicialización. Las formas de represión hacia nosotras son diferenciadas, silenciadas y excluidas, porque las violaciones, las estigmatizaciones, ser invisibilizadas, amenazadas, aterrorizadas, señaladas, violadas y asesinadas en este mundo patriarcal y machista, en donde pondera la asimetría, nunca tendrán el mismo lugar o la misma valoración que las represiones hacia los hombres.
POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO
Las mujeres integrantes de la REMA nos identificamos con una defensa del territorio que nos dignifique y no nos victimice, creemos en la colectividad como espacio de lucha y no en los liderazgos individuales, creemos en la urgente y necesaria relación equitativa entre mujeres y hombres para hacer un frente común contra el capitalismo voraz y rapaz que se ha encargado de ponernos a pelear entre nosotros y nosotras con su discurso de odio para dividirnos y aislarnos. Un capitalismo que nos despoja tanto a hombres como a nosotras las mujeres, que atenta contra nuestro territorio y que pretende transformar y sustituir para que olvidemos nuestro pasado y lo que somos, a partir de eliminar nuestra cultura, nuestra cosmovisión, todo lo que hemos heredado de nuestras/os ancestros, para que seamos seres deshumanizados, sin solidaridad, ternura y amor por la vida.
LA MINERÍA PROFUNDIZA DESIGUALDADES
Hemos vivido en nuestros cuerpos las desigualdades que se establecen a través del patriarcado y sus proyectos extractivos, mismas que se profundizan cuando estos se apropian de nuestro territorio, porque es de donde proviene nuestro principal sustento, la falta de oportunidades que han sido cortadas históricamente por no reconocer y valorar nuestro trabajo, es en el territorio en donde se encuentra la tierra que nos permite gozar de una economía local para complementar la manutención de la familia y la comunidad, es el territorio que nos proporciona libertad frente al control que los hombres (padres, hermanos, esposos) pretenden tener sobre nosotras. Al ser despojadas del territorio y destruidas nuestras tierras literalmente acaban con nuestra vida, afectan nuestra libertad y en consecuencia nuestra determinación plena y libre y nuestra autonomía.
Por supuesto que nos indigna que la actividad minera asuma, bajo el pretexto de utilizar el enfoque de género, una oportunidad para presentarse como una actividad igualitaria y equitativa. Falso, la minería es una actividad capitalista, patriarcal y colonialista, que en sí misma pretende destruir el territorio y, en consecuencia, asume como objetivo el despojo y el desplazamiento forzado, razones por las cuales es incapaz de sostener una política de género. Las mujeres no pedimos empleo, ni alternativas a nuestra economía local, exigimos que nos dejen vivir con dignidad en nuestros territorios, y por eso decimos NO A LA MINERÍA…
DENUNCIAMOS FALSAS SOLUCIONES
Para la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería las directrices sobre equidad e igualdad de género impulsadas por las empresas mineras y algunas organizaciones de la sociedad civil, con apoyo de las instituciones financieras, como el Banco Mundial, implican un peligro para las mujeres. Emprender un discurso sobre las desigualdades de los estereotipos de género o a partir de la apertura de “oportunidades para mujeres dentro de los negocios”, incluyéndonos como “la fuerza laboral de la minería” o por medio de programas para incentivar el liderazgo individual de las mujeres, no sólo perpetua los sistemas de control del patriarcado, colonialismo y capitalismo, sino que facilita la justificación de estándares con los que las empresas extractivas ganan mayores canonjías financieras y fiscales, así como de falsos auto-reconocimientos como el de la Responsabilidad Social Corporativa
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y es espacial desde REMA/Mujeres, nos sumamos a nuestras hermanas que de forma firme, decidida e irreversible tomaremos las calles de forma masiva, para demostrar de forma rotunda un YA BASTA.
Le decimos al gobierno federal que, si ellos no están dispuestos a acabar con el saqueo y rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios parásitos que operan en nuestro país, LO HAREMOS CON LA FUERZA DE LAS MUJERES.
SI ESTE GOBIERNO NO ESTÁ DISPUESTO A ACABAR DE TAJO CON LA IMPUNIDAD LO HAREMOS NOSOTRAS, PORQUE…
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la presa el Zapotillo – A 17 de febrero 2020
Niega Conagua desacato a la SCJN – No se elevará la cortina sin aval de los habitantes, asegura
Por Juan Carlos G. Partida Corresponsal
Guadalajara, Jal., El gobierno federal realiza obras con
una inversión de al menos 500 millones de pesos, las cuales considera
urgentes para proteger y dar mantenimiento a la presa El Zapotillo, a
pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para evitar que las
autoridades ejerzan cualquier acto de autoridad que viole los
derechos de los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo,
comunidades amenazadas con ser desplazadas por la inundación que
provocaría el embalse.
A partir de una visita de inspección que realizaron el pasado 14 de
febrero, habitantes de la región, a quienes se les permitió por vez
primera el acceso a los trabajos, cuyo proyecto fue anunciado hace casi
15 años, señalaron que con las labores en la presa la Comisión Nacional
del Agua (Conagua) en efecto pretende cuidar el embalse, pero se ha
desestimado la protección a los lugareños y a sus poblados.
La obra sigue avanzando y la amenaza sobre los derechos de las
comunidades está ahí, porque todas las obras que se hacen son para
proteger la presa. Nos queda muy claro a nosotros como comunidades que
Conagua lo que está protegiendo es la infraestructura de esta obra
hidráulica, reprochó Gabriel Espinoza, vocero del comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo.
Trabajos urgentes: Conagua
Las labores que se efectúan son urgentes, indicó José Luis Acosta,
director de la cuenca Lerma-Chapala-Santiago de la Conagua, quien estuvo
a cargo de responder dudas que le plantearon los visitantes, entre
quienes se hallaron funcionarios de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (Cedhj), así como activistas del Instituto Mexicano de
Desarrollo Comunitario (Imdec), y del Colectivo de Abogados y
Especialistas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (Iteso).
Los trabajos implican edificar un tanque de amortiguamiento cuyo
costo se calcula en 300 millones de pesos, con el que se busca evitar un
derrame catastrófico en caso de que ocurriera en el río Verde una
avenida de agua tan fuerte que superara los 80 metros de altura de la
presa.
También se han construido represas aguas arriba de la cortina de El
Zapotillo para retener troncos o maleza que pudieran obstruir el canal
de desvío, el cual está a punto de ser concluido y forma parte de
elementos provisionales necesarios para permitir que fluya el agua del
Verde en tanto se decide el destino final del embalse.
De igual manera, se refuerzan las laderas con concreto para evitar
derrumbes de tierra y rocas sobre la presa. Una caída de material
ocurrió durante la visita de inspección en una de las áreas sin
reforzar, que no dejó daños mayores pero obstruyó un camino durante unos
minutos, hasta que llegó maquinaria para reabrir la ruta.
Acosta aseguró que la Conagua ha respetado la sentencia de la SCJN. No
rebasamos la elevación (de) 80 (metros) y se cancelaron todos los
conceptos de obra que estaban hacia arriba, y lo único que se hizo
fueron la obras necesarias para brindar la seguridad física, porque la
inversión federal que se ha hecho es muy grande.
El funcionario calculó que una vez realizadas estas labores se
requerirá que el gobierno federal se encargue del mantenimiento del
embalse, que costará unos 40 millones de pesos anuales.
En lo que se resuelve de fondo, es necesario destinar recursos. Tenemos que seguir haciendo monitoreo ambiental, la instrumentación sísmica, de inclinómetros, la vigilancia, el mantenimiento de caminos. Son cosas elementales pero que se tienen que hacer, afirmó.
En su resolución de la controversia constitucional 93/2012, la SCJN
determinó anular un convenio suscrito en 2007, que permitía que la presa
fuera construida con una cortina de 105 metros y evitar cualquier acto
de autoridad que pudiera afectar intereses de ciudadanos y habitantes de
Jalisco respecto a la dotación de agua que corresponde al estado.
La impresión de los pobladores de que la edificación continúa, si
bien no se aumenta el tamaño de la presa, fue compartida por la Cedhj y
por el Imdec.
Prevalece la incertidumbre que implica aspectos técnicos para
saber si las obras que se están realizando entran en el rubro de
acciones de protección para la población. No se tiene un estudio ni
acciones de protección civil ante una eventualidad. El riesgo no sería
solamente para las poblaciones aguas abajo, sino para Acasico, Palmarejo
y Temacapulín, porque el embalse crecería, dijo Alfonso Hernández Barrón, presidente de la Cedhj.
Si bien el ombudsman ponderó la apertura del gobierno
federal para dejar entrar a la presa por primera vez a los pobladores de
las comunidades que podrían ser perjudicados por el embalse, recordó
que sobre la presa pesan dos recomendaciones de la Cedhj, porque desde
que comenzó a edificarse se violaron derechos humanos.
La obra nació sin garantizar el derecho a la consulta, sin tomar
una serie de medidas para mitigar depreciación de inmuebles, falta de
servicios públicos, hostigamiento de autoridades y desplazamiento de
personas. Pese a que hay dos recomendaciones en lo sustancial no se
avanzó, al contrario, los tres gobiernos involucrados no han entrado al
fondo del asunto, agregó.
María González Valencia, del Imdec, señaló que durante la inspección
se constató un fuerte impacto y deterioro ambiental de la cuenca, pero
en particular una inversión que no cesa para mantenimiento, pero no para salvaguarda de la seguridad de las personas y las comunidades.
Javier Claussen, especialista en presas y académico del Iteso, quien
coordinó a un grupo de estudiantes durante la visita, consideró que los
trabajos del gobierno federal claramente determinan que se
decidió dejar la cortina del embalse a 80 metros de altura y no hay
visos de que pudiera ser derrumbada, como demandan las comunidades.
Armando Alfonso Jiménez, miembro de la coordinación de asesores de la
Presidencia de la República, quien fue enviado para estar a cargo de la
inspección, manifestó que el presidente Andrés Manuel López Obrador
tiene claros dos principios sobre El Zapotillo: la presa no aumentará de
tamaño sin la aprobación de las comunidades que serán afectadas, pero
tampoco será destruida para no desperdiciar la multimillonaria inversión
que se ha hecho en ella.
Quienes hablaron escasamente, mostrando sentimientos encontrados por estar en la cresta del dique, fueron dos pobladores de Temacapulín, María Abigaíl Ramos y Alfonso Íñiguez, quienes desde casi 15 años atrás, cuando se anunció el proyecto, cambiaron sus tranquilas vidas por el activismo en defensa de su tierra, de sus casas, de sus descendientes y de sus muertos.
Imagen: En la presa El Zapotillo, en Jalisco, la Comisión Nacional del Agua realiza obras de mantenimiento a pesar de que existe una suspensión provisional otorgada en 2013 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la amenaza que representaría para las comunidades aledañas.Foto Arturo Campos Cedillo
Compartimos este pronunciamiento del grupo de trabajo de mujeres de la Red DESC
Las organizaciones feministas y sus aliados en todo el mundo hacemos un llamado al Paro Internacional de Mujeres el 9 de marzo de 2020. Pedimos que las feministas y sus aliados suspendan su trabajo en este día para reconocer las raíces de los derechos laborales del Día Internacional de la Mujer y mostrar al mundo que cuando las mujeres se detienen, el mundo se detiene.
¿Por qué necesitamos hacer esto?
Porque la desigualdad ha crecido al mismo tiempo que la riqueza [1].
Porque esa riqueza ha sido en gran parte creada por mujeres que no
llegan a compartirla. Vivimos dentro de un orden económico que explota a
las mujeres y se beneficia del trabajo de cuidado gratuito o mal pagado
que realizamos, y de los bajos salarios y la flexibilización de las
condiciones de trabajo.
Porque la codicia de las empresas de combustibles fósiles ha
destruido el medio ambiente y los efectos del cambio climático también
se sienten más profundamente en las mujeres. Es más probable que nos
veamos desplazadas [2],
que tengamos que viajar más lejos para buscar agua y que suframos los
efectos sobre la salud del aumento de la salinidad causado por el
aumento del nivel del mar [3].
Porque en todo el mundo, las mujeres y niñas continúan realizando más
de tres cuartos del total de trabajo de cuidado no remunerado. Este
trabajo continúa siendo subvalorado y no se incluye en el cálculo de los
PIB nacionales, a pesar de que la economía no funcionaría sin él. Las
mujeres dedican más tiempo al cuidado no remunerado que los hombres en
todas las regiones, lo que va de 1,7 veces en América Latina a 3,4 veces
en Africa, 4 veces en Asia y 4,7 veces en los países árabes [4]. Asimismo, el trabajo doméstico remunerado suele realizarse en condiciones precarias y con muy bajos salarios.
Porque las diferencias salariales entre hombres y mujeres están
estancadas en muchos países, y en algunos están aumentando. La brecha
salarial mundial podría tardar hasta 202 años en cerrarse [5].
En 2020, cuando se cumplan 25 años desde que se contrajeron los
compromisos en favor de los derechos de la mujer en la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, conocida como la Plataforma
de Acción de Beijing [6],
es el momento de unirnos intergeneracionalmente, a través de los
diferentes movimientos, para solidarizarnos unas con otras y paralizar
el mundo.
Creemos
que nuestras demandas son comunes en todo el mundo:
Trabajo decente y salarios dignos para todas
Poner fin a la violencia de género
Acceso justo a los recursos
Soberanía alimentaria para todas
A lo largo de la historia, las huelgas han sido una táctica efectiva para aprovechar el poder de los movimientos para influir en el cambio. El Día Internacional de la Mujer no es una campaña de marketing para hacer que las mujeres se sientan bellas: es un día en que las mujeres se han levantado y protestado, un día en que exigieron sus derechos y pusieron sus vidas en peligro por ellos. Honremos esa historia, reivindiquemos este día y revivamos el poder colectivo de las mujeres para exigir nuestros derechos humanos.
[3] “Se está invirtiendo mucho dinero en
intervenciones relacionadas con el cambio climático, […] pero casi nada de ello
se destina a la investigación, al menos no en cuanto al efecto sobre la salud
pública. Todo el mundo está pensando en los desastres medioambientales. Nadie
está pensando en la salud pública”. BBC (2018) Cómo el cambio climático podría estar causando abortos espontáneos en
Bangladeshhttps://www.bbc.com/news/world-asia-45715550
[4] International Labour Organization, ILO (2018). Care work and care jobs for the future of decent work. Ginebra: OIT
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) – A 27 de febrero de 2020
Durante la segunda mitad del 2019 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (SEMARNATH) dirigida por el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, inició el proceso de actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo (POETH) y hasta el momento se tiene información de que ha concluido con las etapas de Diagnóstico y Pronóstico. Dicho ordenamiento debería ser el principal instrumento de la política ambiental para regular el uso del suelo y para promover el desarrollo sustentable del estado, sin embargo, el Ing. Rico Moreno está utilizando el POETH para facilitar, mediante la desregulación, la entrega del territorio del Estado de Hidalgo a las Compañías Mineras (nacionales y extranjeras) para que éstas puedan saquearlo y devastarlo a placer.
Esto ya que durante las etapas del proceso de actualización del POETH, con el fin de determinar la aptitud del uso del suelo para la minería, la SEMARNATH utilizó mañosamente-, una metodología que consiste en ponderar atributos exclusivamente geográficos y geológicos tales como: concesiones, minas, geología, vías de comunicación y pendiente del terreno; de tal modo que toda aquella área del suelo hidalguense donde existe alguna concesión minera sea considerada por el Gobierno del Estado de Hidalgo como un “ÁREA CON MUY ALTA APTITUD PARA LA MINERÍA”, es decir, un área a disposición de las compañías mineras para su rapiña y destrucción.
Esto es alarmante para los hidalguenses, principalmente, porque; 1) Hasta diciembre de 2017 la superficie concesionada para la minería en el Estado de Hidalgo equivalía a 779,336.38 hectáreas, y 2) La gran mayoría de esa superficie se encuentra sobre comunidades indígenas, comunidades agrarias, ejidos, pueblos, zonas urbanas, parques nacionales y reservas ecológicas, todas susceptibles de ser despojadas y contaminadas por las actividades mineras.
La minería “moderna” es la actividad más depredadora del medio ambiente que existe, debido al empleo de tecnologías y técnicas que se expanden por el mundo a partir de procesos de explotación bajo procedimientos a cielo abierto, tumbe y relleno, al uso de grandes cantidades de sustancias peligrosas como el Cianuro de Sodio y el Ácido Sulfúrico, al elevadísimo consumo de agua que se asocia también a su contaminación y desaparición de mantos freáticos, a la generación de millones de toneladas de desechos, escombreras y jales repletos de metales pesados que literalmente quedan como pasivos ambientales. Es sumamente decepcionante que sea la SEMARNATH, quien defina como preferente a la actividad minera, en un Estado como el de Hidalgo que está tipificado como uno de los peores ejemplos de la contaminación y del saqueo del extractivismo minero.
Basta señalar que, después de poco más de 400 años de minería:
Del Distrito Minero Real del Monte y Pachuca las compañías mineras extrajeron el 16 % de la plata que circuló a nivel nacional y el 6 % de la plata que circuló a nivel mundial hasta finales del siglo XX, dejando a cambio: 120 millones de toneladas de jales (desechos mineros) repletos de elementos altamente tóxicos como Sílice, Arsénico, Plomo, Cadmio y Mercurio que contaminaron la tierra, el agua y el aire de la zona metropolitana de la Ciudad de Pachuca; miles de mineros enfermos de silicosis quienes murieron lenta y dolorosamente sufriendo una incesante tos que les hizo escupir sus pulmones a pedazos; y, decenas de barrios mineros miserables e insalubres.
Del Distrito Minero de Zimapán las compañías mineras nacionales y extranjeras han extraído millones de toneladas de Plomo, Zinc y Plata, dejando a cambio: 20 millones de metros cúbicos de jales mineros que han contaminado el aire, el suelo y especialmente los mantos acuíferos de la zona, a tal grado que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Zimapán después de Bangladesh es el sitio QUE MÁS REBASA LOS LÍMITES DE CONCENTRACIÓN de Arsénico en el agua a nivel mundial; y, miles de personas enfermas de arsenicismo, leucemia y cáncer de mama.
Del Distrito Minero de Molango, la compañía Minera Autlán ha extraído la mayor parte del Manganeso presente en el segundo yacimiento más grande del mundo, dejando a cambio: miles de hectáreas de selva baja deforestadas; un 50 % de la población local con altas concentraciones de Manganeso en sangre que rebasan ampliamente los límites establecidos, lo cual ha causado manganosis que es un padecimiento que daña al cerebro y al sistema nervioso central, genera problemas de movilidad, de comportamiento y retraso cognitivo; y, cientos de mineros enfermos de neumonitis mangánica.
Es perverso que el Ing. Benjamín Pilar Rico Moreno, Secretario de Medio Ambiente de Hidalgo, privilegie los intereses de la industria extractiva sobre la salud de la población y sobre el cuidado de la naturaleza, sin embargo, el designado por el Gobernador Omar Fayad Meneses para el cuidado del medio ambiente, ha dado numerosas muestras de sometimiento y servilismo con las empresas extractivas, por ejemplo, estando al frente de la SEMARNATH Rico Moreno ha presionado una y otra vez para que el Parque Nacional Los Mármoles y el Parque Nacional El Chico sean recategorizados y pierdan su carácter de Área Natural Protegida, con la finalidad de que las compañías mineras puedan explotar las vetas metalíferas existentes en el subsuelo de esos sitios; él mismo, desde finales del 2019, implementó el programa denominado “Confiando en tu palabra” o “3 de 3” el cual consiste en que la SEMARNATH debe entregar a las empresas la autorización de impacto ambiental en tan sólo 3 días si éstas prometen no dañar el medio ambiente y si presentan 3 simples requisitos administrativos, es decir, dispensa a las empresas, que elijan instalarse en Hidalgo, de cumplir con el más mínimo cuidado del medio ambiente.
Además, es preciso señalar que durante las etapas de la actualización del POETH, Rico Moreno organizó una serie de foros evidentemente manipulados y sesgados en los que convocó a diversos sectores para que supuestamente participaran, todo esto con la finalidad de legalizar y legitimar la intervención, el despojo y la destrucción del territorio por las mineras.
Dado que estamos ciertos de que la aprobación y la ratificación de la Actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Estado de Hidalgo elaborada por Rico Moreno, validaría el despojo y la destrucción de los territorios de los pueblos indígenas, de la propiedad social (Ejidos), de la propiedad privada, de las zonas urbanas e incluso de los espacios naturales considerados claves y esenciales, tanto para la provisión de servicios ambientales, como para la conservación de la flora y la fauna, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA):
Nos pronunciamos en contra del POETH elaborado por Rico Moreno y de cualquier farsa montada por el gobierno federal, estatal o municipal para que las empresas implementen el saqueo y la destrucción de los territorios del Estado de Hidalgo.
Llamamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses para hacer frente a este tipo de manipulaciones, sin miedo y con la convicción de que este tipo de funcionarios deben ser desterrados de la función pública y con la garantía de que si estamos organizados y ejercemos nuestros derechos no hay forma de que el saqueo se implemente.
Convocamos a todos los pueblos y organizaciones hidalguenses a retomar sus propios procesos de libre determinación con relación al destino y al uso de sus territorios, así como a emprender la construcción colectiva del buen vivir que nos permita encontrar caminos armoniosos con lo que somos y queremos seguir siendo.
¡Territorios Libres de Minería Ya!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Minera Autlán en Hidalgo. Crédito: La silla rota Hildago
Cada año publicamos nuestro informe global de actividades para que ustedes puedan conocer mejor nuestro trabajo. Gracias por consultar nuestra página y seguir nuestras acciones.
En este informe compartimos con ustedes nuestro trabajo durante el año 2019 y nuestro andar en las luchas, resistencias y defensa de la vida, así como en la construcción de alternativas a este sistema capitalista, porque creemos que otros mundos son posibles. Es importante para nosotres transmitir algunos procesos comunitarios para la defensa de la tierra y territorio, aquí los podrás encontrar organizados por área de trabajo.
Área de Defensa de la Tierra y el Territorio
Las actividades realizadas en este año como parte de los objetivos de fortalecer los procesos comunitarios para la defensa de la tierra y territorio, amenazados por los megaproyectos; así como contribuir a la formación política, construcción de redes de alianza en los diferentes movimientos en resistencia.
Concretamos un encuentro del Grupo Chiapaneco contra el Modelo Extractivo donde participaron 40 personas representantes del MODEVITE, ZODEVITE, MOCRI, FPDS, Las Abejas de Acteal, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Consejo Autónomo Regional de la Costa, Comité Cívico Tonalteco, La Voz del Pueblo, Reddeldia de Montes Azules, para la discusión y análisis sobre el tema Economía Verde.
Llevamos a cabo dos módulos de la Escuela de Justicia Energética, donde participan organizaciones de base se diferentes zonas de Chiapas, de la Sierra de Puebla y diferentes departamentos de Guatemala para construir una relación binacional. En este espacio buscamos la formación sobre las represas, el análisis de la realidad energética en el estado, así como también a nivel nacional e internacional.
Bajo la Estrategia de la Prevención, participamos en reuniones y asambleas comunitarias y ejidales, y se logró junto con el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” la declaratoria de Municipio Libre de Minería en Acacoyagua y Huehuetán a 3 años mediante Acta de cabildo.
En el caso del asesinato del defensor ambiental Mariano Abarca continuamos con el proceso de denuncia, exigencia de justicia. Y reuniones con el equipo legal en México y Canadá. Llevamos a cabo una reunión en Canadá para avanzar en el proceso de la demanda contra el gobierno de ese país. En la conmemoración del Décimo Aniversario Luctuoso de Mariano Abarca realizamos la primera entrega del Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca” 2019 otorgado a la organización indígena MODEVITE, con el aval y acompañamiento de 32 organizaciones y redes nacionales e internacionales, a la par efectuamos el Foro para la Defensa Ambiental en Chiapas.
Apoyamos en el seguimiento de seis asambleas con las comunidades indígenas que demandan la conformación del proyecto político de Gobierno Comunitario. Junto con JASS -Asociadas por lo Justo-, llevamos a cabo una investigación denominada “Denir la Solidaridad en Momentos de Crisis en Mesoamérica/Una reexión interseccional del contexto actual que fortalezca la solidaridad y el cuidado de nuestros movimientos en la región”. Con la Red Desc Internacional, realizamos un taller de Educación Política sobre cómo desarrollar nuestra crítica sistémica, en nuestro Centro Alter Natos, con la participación de miembros de la Red de diversos continentes.
En la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) realizamos diferentes comunicados para denunciar el Modelo Extractivo en el país. En el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) llevamos a cabo diversas reuniones virtuales de coordinación y de cara al encuentro 2020. Iniciamos el diseño de la Universidad itinerante en Haití para el apoyo en la formación y capacitación de la resistencia contra la minería. Apoyamos en la formación de un sistema de ayuda a las comunidades que se ven amenazadas por los proyectos de los bancos de Desarrollo junto a la Red Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo.
Área de Comunicación
Logramos aumentar el tráco en la página web de Otros Mundos A.C., con 40,614 nuevas visitas (499,693 visitas en total). Ampliamos nuestra audiencia en redes sociales, con 12, 389 seguidores (+318) y 12,238 “Me Gusta” en Facebook (+266), en Twitter 3,073 seguidores (+396) y 111 suscriptores en Telegram. Nuestro boletín mensual llega a 1,153 personas (+22) a lo largo de 10 emisiones y las invitaciones a nuestro “Seminario Permanente de la sustentabilidad” a 407 personas.
Realizamos la migración de nuestra página web a una plataforma segura y a un administrador más seguro y versátil para dinamizar y agilizar nuestros contendidos en la web. Seguimos con nuestro ritmo de 1 o 2 publicación por día en la página web, y la promoción de cada publicación en nuestras redes sociales. Hemos publicado 8 Escaramujos con los temas: Razones del éxodo hondureño, El gobierno de Canadá a la corte federal, ¿Qué es el protocolo de Nagoya?, Chiapas: el programa Sembrando Vida, Radiografía de las represas en México Parte I y Parte II, La Presa Milpillas y Proyecto de transición energética 2018-2024. De igual manera publicamos 3 ediciones del Boletín “El Zanate”, con los temas: La economía verde, ¿Extractivismo o conservación?, y ¿Qué es una represa?. Siempre divulgamos comunicados de nuestras redes hermanas como la REMA, el Movimiento M4, ATI y ATALC así como importantes informes sobre temas de defensa del territorio, impactos de megaproyectos y construcción de alternativas.
Hemos mejorado nuestras relaciones con los medios locales, nacionales e internacionales, nuestra lista de contactos en medios de prensa paso de 149 contactos a 215, de los cuales 51 son internacionales.
En cuanto al caso del asesinato del defensor antiminero Mariano Abarca, el área de Comunicación contribuyó en el proceso de búsqueda de justicia que Otros Mundos A.C. lleva junto con la familia Abarca de Chiapas a Canadá, a travé s de la implementación de una campaña mediática la cual incluye un vídeo, así como una conferencia de prensa en la ciudad de México y otra en Tuxtla Gutiérrez, la producción de materiales informativos (notas, audios) a partir de las mismas. Gracias al trabajo consiente y solidario de periodistas de Chiapas, México y Canadá, nuestra denuncia de la impunidad ha tenido eco en medios locales (Chiapas Paralelo, Diario de Chiapas, El Heraldo), nacionales (Contralínea, Proceso, La Jornada, Aristegui) e internacionales (Radio Canada Internacional). Así como la entrega del Primer Reconocimiento a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca” al Movimiento en Defesan de la Vida y el Territorio “MODEVITE” y un video sobre su lucha.
«El violador eres tú» desde Tuxtla Gutiérrez. Foto: Roberto Ortiz
*Durante 2019, organizaciones registraron 199 feminicidios en Chiapas. En contraste, la autoridad solo confirmó 20.
*El reconocimiento del feminicidio como delito en la
normatividad nacional y, en específico en el Código Penal Federal, ha
sido un avance definitivo en el reconocimiento del carácter de violencia
extrema resultante de la posición de subordinación, marginalidad y
riesgo en la que se encuentran las mujeres en México: CNDH.
Carmen Villa, Directora del Observatorio Ciudadano de Chiapas (OCCH),
afirmó que la intención de la Fiscalía General de la República (FGR) en
reclasificar como delito de alto impacto al feminicidio a una agravante
del homicidio, significaría una salida errónea.
La Fiscalía General de la República ha justificado esta acción como
una opción para que las investigaciones se hagan de forma más expedita y
con mayores fundamentos legales, sin embargo, Villa afirmó que hay
señalamiento de organizaciones y colectivas feministas que lo denominan
como un retroceso.
No obstante, Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República,
aseguró ante las y los legisladores de la Cámara de Diputados, que la
institución no tiene tal intención.
A su vez, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional
Ciudadano, comentó que esta decisión no coadyuva con el trabajo en favor
de las mujeres, por lo que se deben de tener mayores capacidades para
atender la violencia feminicida y no ajustar las leyes.
“Hay una serie de retos, capacitar a los primeros
respondientes, analizar a detalle los elementos de prueba e integrar de
mejor forma las carpetas, ahí esta los puntos de oportunidad en mejorar
las capacidades” añadió Villa.
La Directora del OCCH comentó que el delito de feminicidio se
encuentra marcado en Tratados Internacionales, en las cuales México es
firmante.
“Quitar esta conceptualización, significa hacer un retroceso a la
lucha, ante las limitantes que se tienen para atender eficazmente los
delitos (…) Es una propuesta que no está basada en evidencia, en un
diagnóstico de la realidad para atender el feminicidio desde lo
justicial. Además, este delito no puede ser atraído por la FGR” afirmó
Villa.
Panorama
Colocan cruces rosas en la sede del congreso del Estado (1) Foto: Roberto Ortiz
Villa comentó que 2019 fue el año con más feminicidios según datos
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
por lo que es un acontecimiento que sigue en crecimiento y en la que las
autoridades deben implementar e incursionar para resolverlas.
En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las
Mujeres contabilizó al menos 199 muertes violentas de mujeres. No
obstante, la versión de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo
registró 20.
En específico, la Red por los Derechos de la Infancia en México, en
su Balance Anual 2019, informó que de enero 2015 y julio de 2019, Estado
de México, Veracruz, Jalisco y Chiapas, en ese orden, las entidades más
letales por razones de género en contra de niñas y adolescentes, con
55, 33, 23, y 21 víctimas de este delito, de manera respectiva.
Ante este panorama, Villa agregó que el Observatorio Ciudadano de
Chiapas prepara un informe detallado desde el decreto de Alerta de
Violencia de Género, sucedido el 18 de noviembre de 2016, a la fecha, en
la cual detallarán diversos aspectos que se ven inmersos de la
violencia feminicida dentro de los 7 municipios bajo la declaratoria.
Llamado
En 2019, van 163 muertes violentas en Chiapas. Foto: Francisco López Velásquez (16)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado a
la Fiscalía General de la República para no persistir en la intención
de modificar el tipo penal del feminicidio y pone de manifiesto la
obligación del Estado mexicano de prevenir, erradicar, investigar y
repara la violencia contra las mujeres, incluyendo el feminicidio.
“Es inadmisible el aumento de los feminicidios en nuestro
país, constituyendo ya una gravísima crisis en materia del respeto y
garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia” CNDH.
Además, el Organismo Nacional comentó que la tipificación del
feminicidio en el Código Penal Federal es el resultado del cumplimiento
de México respecto de las obligaciones contraídas para el pleno respeto y
garantía de los derechos humanos de las mujeres, de un serio y experto
trabajo de legisladoras y legisladores.
“La modificación del delito de feminicidio por el de homicidio
agravado significa un retroceso en la consideración de la especificidad
del contenido, implicaciones y significado de este delito, invisibiliza
el componente esencial de odio contra las mujeres, así como que a
través de él se busca perpetuar los patrones culturales de
subordinación, inferioridad y opresión de las mujeres, niega de iure y
de facto el acceso a la justicia de las mujeres” Comisión Nacional.
¿Qué es un feminicidio?
Protestas contra Velasco opacan toma de posesión de Escandón Cadenas – Fotos Francisco López Velázquez (24)
De acuerdo con la Ley General para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, se deberá entender por violencia, “…cualquier
acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento
psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en
el ámbito privado como en el público.”
Asimismo, determina que la violencia feminicida, es la forma extrema
de violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que
pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en
homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.
El concepto de feminicidio surge en medio de la difícil crisis de
mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua en los
albores del siglo XXI, como una categoría para analizar la desigualdad
de género y las consecuencias extremas de la misma, en la vida de las
mujeres.
Por ello, el primer avance para su reconocimiento aparece con la
promulgación de la Ley General para el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia en 2007, con el reconocimiento legal de la “violencia
feminicida”, que de acuerdo con esta “…es la forma extrema de
violencia, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden
conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y
otras formas de muerte violenta de mujeres…”
Por ello, para contribuir a garantizar que las instituciones
reconozcan y castiguen los asesinatos de mujeres, en 2012 se aprobó una
Reforma al Código Penal Federal, en el que se establece el Delito de
feminicidio y se definen los criterios para investigar y determinar si
tal homicidio de una mujer corresponde a un feminicidio, si al menos
cumple con uno de dichos criterios. Desde entonces, las entidades
federativas han incorporado en sus propios Códigos Penales ese tipo
penal, no sin tropiezos y limitaciones para su aprobación, adoptando o
adaptando el ya reconocido a nivel federal.
Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a
una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de
género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
– A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.
Enero de 2020, el mes más violento para las mujeres durante los últimos 4 años en Chiapas
Desde el 18 de noviembre de 2016 se encuentra vigente la Alerta de Violencia de Género, es decir, ya pasaron 4 años y 3 meses para que el estado conjuntara esfuerzos para reducir la violencia feminicida
El Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres de
Chiapas consideró en el reporte estadístico del mes de enero como el
inició con un mayor nivel de gravedad y agudización de violencia
feminicida durante los últimos 4 años.
El Observatorio contabilizó 18 muertes violentas de mujeres: 5
homicidios, 11 feminicidios, 1 suicidio sin carta póstuma y 1 muerte por
caso fortuito.
Además, contabilizaron 52 denuncias de mujeres desaparecidas, de las
cuales 25 aún continúan bajo este perfil y 27 ya fueron localizadas.
Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Así como 3 feminicidios en grado de tentativa.
La cifra más alarmante es que en los registros de violencia sexual
hacia mujeres ubicados en los municipios de Mapastepec, San Cristóbal de
las Casas, Suchiate, Tapachula, Tecpatán y Villa Comaltitlán, el 43 por
ciento son niñas de entre a 17 años, el 29 mujeres de 18 en adelante y
el 28 por ciento niñas de entre 0 a 12 años.
Fuente: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
Imágenes: Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres en Chiapas
