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Análisis General del Proyecto de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Publicada el | por Otros Mundos AC | 7 comentarios en Análisis General del Proyecto de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

Compartimos esta análisis publicado por GeoComunes sobre el Corredor Transístmico – Abril 2020 >>Descargar aquí<<

Este texto es la síntesis de la investigación que hemos realizado en los últimos meses alrededor del proyecto llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Este trabajo, como todos los que hacemos desde el colectivo, se ha enriquecido con el diálogo y el trabajo colaborativo con muchas organizaciones hermanas, y busca ser un material de apoyo para la información y discusión entre las comunidades directamente afectadas, así como también entre el resto de la sociedad.

ÍNDICE

  • Mapa 1. Las necesidades del capital por acelerar la circulación del comercio, frente a las necesidades de los pueblos que habitan estos territorios
  • Mapa 2. El Transístmico es mucho más que un ferrocarril interoceánico: es un proyecto de producción y transporte de mercancías.
  • Mapa 3. Los primeros contratos han sido para la modernización de las vías,
  • Mapa 4: Insuficiente Información en las Manifestaciones de Impacto Ambiental sobre los tramos a “renovar” y la posibilidad latente de que excedan el Derecho de Vía.
  • Mapa 5. Energía en el sur-sureste del país y en el istmo de Tehuantepec
  • Mapa 6. Coatzacoalcos: la concentración de la cadena de extracción, transformación y transporte de hidrocarburos
  • Mapa 7. La cadena de explotación de hidrocarburos en la zona norte del istmo
  • Mapa 8. El Corredor Interoceánico detonaría más megaproyectos en la zona sur del istmo de Tehuantepec
  • Mapa 9. Concesiones mineras vigentes y en trámite en el istmo de Tehuantepec
  • Mapa 10. Ampliación del puerto de Salina Cruz
  • Mapa 11. Las comunidades agrarias bajo amenaza por el proyecto transístmico
  • Mapa 12. Las piezas del proyecto de reconfiguración del Sureste

Mapa 1. Las necesidades del capital por acelerar la circulación del comercio, frente a las necesidades de los pueblos que habitan estos territorios

Desde años muy tempranos de la época colonial se han realizado proyectos y exploraciones para identificar pasos interoceánicos en el continente americano y, particularmente, en su región ístmica central, donde se identificaban muy tempranamente tres posibles pasos: en la zona del Darién, en Nicaragua y Tehuantepec.

Hernán Cortés fue el primer encomendado para explorar la existencia de ríos navegables en el Istmo de Tehuantepec por donde pudieran cruzar navíos y, ante la ausencia de éstos, se presentaron proyectos para la construcción de un canal que posibilitara este tránsito1. Los proyectos que imaginaban la construcción de un canal siguieron surgiendo a lo largo de los siglos XVI I y XVI I I , pero fue hasta el siglo XI X, con el surgimiento del ferrocarril, que los proyectos de comunicación transístmica para esta zona se han elaborado con base en una idea de paso interoceánico seco.

La historia de la proyección de este tránsito interoceánico es, como vemos, larga y compleja. Aquí, actores extranjeros y estatales se han disputado un tramo de 200 km de largo que, en realidad, es una región mucho más amplia habitada, compartida y disputada a otra escala por comunidades, pueblos urbanos, rurales, indígenas y élites locales.

Este documento busca describir y analizar el Proyecto de Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y, para contextualizarlo, recordamos brevemente los proyectos de aprovechamiento del carácter interoceánico del Istmo que el capital ha diseñado recientemente,2 y que tienen como marco histórico la disputa por el paso ya consolidado por Canal de Panamá, a través de promover no sólo un paso interoceánico, sino uno que, al mismo tiempo, sea de explotación y transformación de mercancías, y uso de fuerza de trabajo.

En 1980 se anunció formalmente la implementación del Plan Alfa-Omega, cuyo objetivo era desarrollar transporte de carga intermodal asociado a la expansión de un polo industrial de procesamiento de hidrocarburos (producción de fertilizantes y refinadoras) que, si bien no se concluyó totalmente, sí logró la penetración y concentración la infraestructura de producción y transformación de hidrocarburos en la región. Varios años después, surgió el Programa Integral de Desarrollo Económico para el Istmo de Tehuantepec, promovido en la administración de Zedillo en 1996, y que contemplaba 64 proyectos distribuidos en once paquetes que agrupaban al sector de la petroquímica y química, de la comercialización de petrolíferos, plantaciones forestales, agroindustria, pesca, industria maquiladora, desarrollo de explotación de minerales, desarrollo de infraestructura urbana, turística, y de transporte.

Pocos años más tarde, ya en el siglo XXI , este proyecto fue retomado y ampliado en el Plan Puebla Panamá (PPP), que señalaba a este Corredor I nteroceánico como uno de los proyectos prioritarios del mismo3, y que siguió siendo central en los subsecuentes proyectos regionales con los que se retomó y avanzó en lo que contenía el mencionado Plan Puebla Panamá. Nos referimos en específico a dos proyectos regionales. En primer lugar, al que en 2008 se dio a conocer como Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica (PM) y que explicita, en su acta constitucional, el buscar ser un proyecto amplio que continúe y avance lo que dejó pendiente el PPP [ver documentos oficiales del PM en 3 ProyectoMesoamérica]. Conocido como Plan o Proyecto Mesoamérica, esta iniciativa abarca diez países (los siete países de América Central, República Dominicana, Colombia y México) y sigue promoviendo proyectos regionales de “integración comercial” a través de agendas sectorizadas.

El segundo proyecto regional es el de las Zonas Económicas Especiales. Promovido por el peñismo desde 2016, este proyecto que se promocionaba como la “solución a los problemas de la pobreza” de los estados de sur-sureste de México, impulsaba la creación de enclaves altamente especializados, con una estructura legal que atrajera la inversión extranjera y la llegada de eslabones de cadenas productivas que vienen y van hac ia mercados ajenos al país.

Este modelo de maquilización, promovido por el Banco Mundial desde la década de los ochenta en países con fuerza de trabajo pauperizada, no logró concretarse en prácticamente ninguno de los estados en donde se promovió4 y formalmente fueron canceladas en noviembre del 2019 con un la publicación de decreto para abrogar las Declaratorias de ZEE que habían sido emitidas para siete de ellas (Lázaro Cárdenas-La Unión, Coatzcoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas, Progreso, Campeche y Tabasco [ver Decreto publicado en Diario Ofical de la Federación]. La ley federal de ZEE sigue vigente, pero sin ningún decreto de declaración de ZEE al cual aplicarse. Posteriormente el 30 de diciembre de 2019 se emitió otro decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento interior de la secretaría de hacienda y crédito público [ver Decreto publicado en Diario Ofical de la Federación]. Este decreto precisa que “Los recursos humanos, materiales y financieros de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, serán reasignados o, en su caso, donados, al organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de conformidad con lo que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”. Es lo que ocurre con los terrenos de las secciones federales de las ZEE de Coatzacoalcos y Salina Cruz que ahora pretenden ser usados para un parque industrial en el caso de Coatzacoalcos y la construcción de un nuevo puerto en el caso de Salina Cruz como lo veremos más adelante.

Mapa 2. El Transístmico es mucho más que un ferrocarril interoceánico, es un proyecto de producción y transporte de mercancías

El proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, anunciado durante la campaña presidencial de López Obrador, decretado en Junio de 2019 y del que se han presentado retazos de información a cuentagotas, ha sido promocionado básicamente como un corredor de transporte carretero y ferroviario que, además de unir el G olfo de México con el Océano Pacífico, pretende ser un medio para extender las zonas industriales del sur de Veracruz y Tabasco hacia el puerto de Salina Cruz en Oaxaca, promoviendo la instalación de nuevos parques industriales a lo largo de este eje interportuario. De acuerdo con los documentos de la Cámara de Diputados [ver: carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio], el llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es la pieza central del “Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec”. Este corredor, que abarcará 79 municipios (33 en Veracruz y 46 en Oaxaca), está compuesto por los siguientes elementos:

  • I. Proyectos de infraestructura de transporte ferroviario, portuario, aeroportuario y carretero.Se trata principalmente de la ampliación y “modernización” de infraestructura ya existente pero que, sin embargo, implica grandes cambios e impactos socio ambientales al intensificar el volumen y la velocidad del tránsito mercantil en la región (algunos de estos cambios son presentados en el texto del mapa 3). En este rubro, la rectificación y restauración de varios tramos de la vía ferroviaria que comunica los puertos de Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca., constituye el elemento más conocido. Sin embargo, también se contempla la ampliación de los puertos de Salina Cruz, Coatzacoalcos y, de acuerdo con algunos documentos, también del puerto Salinas del Marqués (también en Oaxaca); así como la de los aeropuertos de Minatitlán y de Ixtepec [ver: Carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio].
  • II. Proyectos industriales. La modernización y ampliación de toda esta infraestructura de transporte constituye una pieza clave para la operación del segundo elemento de este proyecto: el desarrollo de corredores industriales donde el sector manufacturero pueda aprovechar la mano de obra de la región. Este elemento es una constante en los principales corredores interoceánicos secos de América, que promueven como una ventaja comparativa de los mismos, la abundancia de fuerza de trabajo pauperizada, con la particularidad de que en el istmo de Tehuantepec también se realiza la extracción/producción de materias primas para la industria existente y la que pretende instalarse. Aunque los pocos documentos oficiales no mencionan con claridad en qué consistirá lo que ya se nombra como la Zona Libre del Istmo de Tehuantepec, lo que hasta ahora sabemos es que es un área constituida por una franja de 20 kilómetros a cada lado de los 300 kilómetros de largo del ferrocarril, área que involucra 48 municipios de los 79 que contempla el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, configurándose así la zona libre con mayor cantidad de municipios involucrados (la también recientemente decretada Zona Libre de la Frontera Norte, incluye 43 municipios).5 En un documento muy sintético, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) menciona que se trata de una zona con exenciones de impuestos (I SR e I VA) entre otros atractivos fiscales para las empresas que ahí se instalen [ver: Programa para el Desarrollo del I stmo de Tehuantepec]. Sin embargo, la población no cuenta con información más precisa, ya que si bien se había dicho que esta zona se iba a decretar en agosto del 2019, al día de hoy no hemos encontrado documento que detalle sus características [Ver: Se creará “zona libre” a lo largo del Transístmico]. Además de esta Zona Libre, el eje manufacturero de este megaproyecto considera el desarrollo de otros eslabones como es el caso de seis “Polígonos de Desarrollo e Innovación (PDI)” [ver aquí los municipios donde se instalarían Programa para el Desarrollo para el I stmo de Tehuantepec (SHCP)], así como un número incierto de parques industriales (en algunos documentos se mencionan 5, 9 o hasta 10 de ellos), de los cuales no existen más detalles públicos [ver, por ejemplo: AMLO ofrece zona libre en Corredor Interoceánico; immex analiza llegada; Carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio; y Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec ]
  • III. Proyectos energéticos. El proyecto pretende intensificar las redes de transporte y consumo de energía en la región, así como una mayor articulación de la zona de mayor producción de energía del país (el Sur del Golfo de México) con diferentes mercados a escala regional e internacional. El proyecto contempla la “creación de un enclave energético-industrial que mejore la integración manufacturera y el potencial exportador” [ver: carpeta informativa. El proyecto del tren transístmico / Novedades / CESOP / Centros de Estudio / Inicio], para lo cual se requerirían de diversas obras de transporte y transformación de energía, que si bien aún no han sido detalladas en los documentos públicos conocidos hasta el momento, seguramente re-impulsarán diversos proyectos que algunos años atrás habían sido planteados en la región, como los son: gasoductos, poliductos, terminales de gas natural licuado, y nuevas redes de trasmisión eléctrica. En esta región ampliada del Istmo de Tehuantepec, ya se encuentran en construcción algunos proyectos como por ejemplo la Refinería de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, que si bien no aparece como parte del proyecto Corredor Interoceánico, claramente está relacionada directamente con la dinámica que se pretende intensificar en la región en relación a la producción, circulación y consumo de la energía fósil al servicio de la industria o para su exportación mediante las redes de transporte que pretenden atravesar el istmo.

Mapa 3. Los primeros contratos a empresas privadas fueron para la modernización de las vías

Si bien el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto compuesto por distintas piezas, la promoción oficial del mismo se ha centrado en la infraestructura ferroviaria. En este ámbito, lo que se menciona como modernización del ferrocarril es, en realidad, la rectificación de sus principales curvas, con lo cual éste podría convertirse en un tren de gran velocidad, trastocando con ello la dinámica local y regional del istmo.

La inversión pública que esto representa se ha publicitado como un acto de utilidad públicaque, supuestamente, reafirma la soberanía nacional. Y es que, recordemos, hasta hace unos meses, el Ferrocarril I stmo de Tehuantepec (FI T) era, ni más ni menos, una de las dos únicas líneas ferroviarias que quedaban en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (el otro es el Ferrocarril que corre en la península de Y ucatán y que forma parte del también muy promocionado Tren Maya). Y decimos era, porque el primer paso para la realización del megaproyecto del Corredor I nteroceánico fue el decreto de desincorporación de los 300 km que constituían el FI T para, en su lugar, dárselo al recién creado Corredor I nteroceánico del I stmo de Tehuantepec, un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado, que será el encargado de promover, lic itar y, en su momento, operar, cada una de las piezas que conforman este megaproyecto [ver: Diario Oficial de la Federación]. Además del FI T, al nuevo Organismo Público Descentralizado le fueron otorgados la Administración Portuaria I ntegral (API ) de Coatzacoalcos y la API de Salina Cruz [ver también: Desincorpora SCT dos puertos y el tren del I stmo].7 En este sentido, y reconociendo la dimensión estratégica de esta infraestructura, consideramos fundamental que como pueblo le demos seguimiento puntual a las figuras de asociación público privada que emerjan de esta reconfiguración y a los capitales privados que vayan interviniendo en este proyecto.

En este sentido, es importante señalar que el pasado 5 de febrero el mencionado nuevo Organismo Público anunció el resultado de las primeras cinco licitaciones que se abrían para la rehabilitación y modernización del tren, sobre alrededor de 200 kilómetros de su Línea Z, por un monto total de 2.6 mil millones de pesos. Las ganadoras de estos cinco contratos fueron, en total, 13 empresas privadas: 10 de capital mexicano y 3 de capital español (ver mapa 2).

Con ello se otorgan los primeros contratos a empresas de capital extranjero, a pesar de que el actual presidente había declarado que la inversión privada sólo sería de origen nacional. [ver declaración de López Obrador en abril del 2019: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/161800].

“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del istmo . Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros. Para que quede claro.”

Mapa 4: Insuficiente Información en las Manifestaciones de Impacto Ambiental sobre los tramos a “renovar” y la posibilidad latente de que excedan el Derecho de Vía

Llama la atención que esos contratos fueron otorgados sin contar con la totalidad de los estudios ambientales locales y regionales necesarios. Y es que, a pesar de que se ha mencionado repetidamente que toda esta renovación se hará sobre el mismo derecho de vía ya existente, la disminución del trayecto a sólo tres horas y media, conlleva impactos socio-ambientales a considerar, no sólo por el riesgo o imposibilidad de cruce que esto implica para personas y animales, sino también por la necesaria construcción de vallas protectoras alrededor de las vías.

Así, la renovación de cada uno de estos tramos requiere de la autorización de una Manifestación de I mpacto Ambiental (MIA) específica y, pese a ello, únicamente el tramo de 12 km entre Mogoñe y La Mata tiene una MI A autorizadaconcondicionantes [Ver resolutivo: http://consultaspublicas.semarnat.gob.mx/…/20OA2019V0020.pdf]. Por su parte, la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero, no había sido aprobada al momento de la licitación y el proceso de evaluación ha sido suspendido. [Ver MI A: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/…/estudios/2020/20OA2020…].

Los proyectos de rectificación de los tramos mencionados deben presentar una Manifestación de I mpacto Ambiental a pesar de que se insista en que usarán el mismo derecho de vía. Pese a esto, al momento de otorgar las licitaciones (5 de febrero) la Semarnat no había aprobado ninguno de éstos (existía una aprobación, pero con condicionantes). Sumado a esto y luego de las denuncias de comunidades por las omisiones, errores y ocultamiento de información de una de las MI As, sobre las posibles afectaciones a la fauna y flora y posibles desalojos de habitantes que generará la obra; el tres de marzo de este año, la Semarnat decidió suspender la evaluación de la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero[ver: Semarnat suspende aprobación de estudio de I mpacto Ambiental del Tren Transístmico].

11Llama la atención que esos contratos fueron otorgados sin contar con la totalidad de los estudios ambientales locales y regionales necesarios. Y es que, a pesar de que se ha mencionado repetidamente que toda esta renovación se hará sobre el mismo derecho de vía ya existente, la disminución del trayecto a sólo tres horas y media, conlleva impactos socio-ambientales a considerar, no sólo por el riesgo o imposibilidad de cruce que esto implica para personas y animales, sino también por la necesaria construcción de vallas protectoras alrededor de las vías. Así, la renovación de cada uno de estos tramos requiere de la autorización de una Manifestación de I mpacto Ambiental (MIA) específica y, pese a ello, únicamente el tramo de 12 km entre Mogoñe y La Mata tiene una MI A autorizadaconcondicionantes [Ver resolutivo: http://consultaspublicas.semarnat.gob.mx/…/20OA2019V0020.pdf]. Por su parte, la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero, no había sido aprobada al momento de la licitación y el proceso de evaluación ha sido suspendido. [Ver MI A: https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/…/estudios/2020/20OA2020…]. Los proyectos de rectificación de los tramos mencionados deben presentar una Manifestación de I mpacto Ambiental a pesar de que se insista en que usarán el mismo derecho de vía. Pese a esto, al momento de otorgar las licitaciones (5 de febrero) la Semarnat no había aprobado ninguno de éstos (existía una aprobación, pero con condicionantes). Sumado a esto y luego de las denuncias de comunidades por las omisiones, errores y ocultamiento de información de una de las MI As, sobre las posibles afectaciones a la fauna y flora y posibles desalojos de habitantes que generará la obra; el tres de marzo de este año, la Semarnat decidió suspender la evaluación de la MI A del tramo de Medias Aguas a Ubero[ver: Semarnat suspende aprobación de estudio de I mpacto Ambiental del Tren Transístmico]. Los pueblos tienen razón: analizando con detalle esta MI A, es notorio que en ellas existe una importante ausencia de información. En este documento, si bien se indica la ubicación del inicio y fin de los tramos de curvas a rectificar, omiten totalmente precisar por dónde pasará el nuevo trazo (ver sobre esto Mapa 3). Así, si bien la MI A estipula que las obras se realizarán dentro del derecho de vía de 35 m de cada lado del ferrocarril, no precisa las coordenadas completas de los trazos a rectificar, poniendo para cada curva solo el punto inicial y final, lo que no permite determinar si realmente dichas obras se realizarán dentro del derecho de vía. En el mapa siguiente se ve claramente que, para la rectificación de algunas curvas, pareciera casi inevitable exceder el tan mencionado Derecho de Vía. En efecto, el derecho de vía existente les da muy poco margen para disminuir el ángulo de algunas curvas muy pronunciadas (pusimos los ejemplos de las curvas 6 y 19 pero se identificó un riesgo de salirse del derecho de vía para 20 de las 32 rectificaciones de curvas previstas.

Mapa 5. Energía en el sur-sureste del país y en el Istmo de Tehuantepec

Sumado a todo esto que hace del Corredor I nteroceánico un proyecto de reconfiguración territorial de amplia escala y efectos, encontramos un eslabón energético. Pocas veces mencionado en la publicitación del proyecto, y contradictoriamente señalado en los documentos oficiales, el eslabón energético nos parece uno de los elem entos más estratégicos del mismo y, posiblemente, sobre el que mayor discusión social se requiere.

El I stmo de Tehuantepec, contrario a lo que han decidido dignamente sus pueblos [ver G eocomunes: Megaproyectos en el I stmo de Tehuantepec], es hoy la región con mayor generación de energía eólica de México: concentra la mitad de todos los parques operando a nivel nacional y el 46% de la capacidad instalada.8 A esto hay que sumar que la región colinda al noreste con la zona de mayor extracción y reservas probadas de hidrocarburos en el país, sin dejar de lado que también [ver: G eocomunes: Análisis I stmo ] es el paso terrestre obligado de cualquier conexión para el transporte de energía entre el centro y norte del territorio nacional con la península de Y ucatán y el istmo centroamericano. Por todas estas características, el I stmo de Tehuantepec es para el capital un espacio de articulación entre diversas redes de producción, transporte y consumo de energía, y no solamente un potencial corredor interoceánico.

Desde la perspectiva del complejo industrial de energía fósil resulta claro el carácter estratégico de la región, ya que el conjunto de mercancías de este tipo que ahí se producen o que por ahí transitan, podrían ampliar sus redes terrestres y marítimas de mediano y largo alcance, intensificando la articulación de la región con los mercados de energía subcontinentales y mundiales. Con la realización del corredor transístmico se intensificaría el flujo de energía fósil que es transportada desde la costa del G olfo de México hacia la cuenca del pacífico.

A partir de esto es que debemos analizar lo que implicaría la construcción de este proyecto, considerando también que es la zona aledaña al istmo donde se encuentran las mayores reservas de hidrocarburos y la que es, actualmente, la zona de mayor producción (extracción) de los mismos(para ilustrar cuán importante es la región, sirve mencionar que la Secretaría de Energía (SENER) señaló que en 2017 el 81.2% de la extracción de petróleo en el país y el 56.9 % de la extracción de gas natural, tuvo lugar en pozos ubicados en esta área, y es también ahí mismo donde se localiza el 75.6 % de las reservas probadas (1P) de hidrocarburos que se tienen cuantificados). Así, sumada a esta existencia de recursos fósiles cercana al istmo, también existe la concentración de la transformación industrial de los mismos. Para el 2017, el 30% de la producción de petrolíferos en el país, tuvo lugar en esta región, concentración que aumentaría en los próximos años en caso de que iniciarse operaciones la séptima refinería del país, en Dos Bocas, Tabasco (proyecto que se comenzó a construir en 2019). Así mismo, también en el caso de la producción de la industria petroquímica, la región concentra la mayor proporción a escala nacional que para el 2017 llegó a representar el 92 % del total de los petroquímicos básicos producidos en el país [Estadísticas de hidrocarburos].

Para lograr esta articulación e intensificación del transporte de energía, uno de los elementos que están en el horizonte del Corredor I nteroceánico es la ampliación de la red de ductos de transporte de hidrocarburos en la región que actualmente está compu esta por ductos para transportar gas natural, gas LP, petróleo, petrolíferos [ver tabla 1].

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[Video] Aguas para la vida, no para la muerte

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El pasado 14 de marzo conmemoramos el Día Mundial en Defensa de los Ríos y en contra de las represas en el Río Cacaluta en Acacoyagua junto con integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”. Elaboramos el siguiente video que compartimos con ustedes:

El Río Cacaluta abastece de agua a la gente de Acacoyagua y es una fuente de alimentación con los peces que pueden pescar ahí. Hace unos años se vio amenazado por la contaminación de la mina Cristina y por un proyecto de una represa para producir energía eléctrica para la mina. Este 14 de marzo decimos #RíosLibres ¡¡QUEREMOS EL RÍO CACALUTA LIBRE!! #AguasParaLaVida #NoParaLaMuerte

Les compartimos un poema dedicado a este hermoso río, símbolo de fuerza, dador de vida, albergue de rica fauna acuática. Muchas personas sobreviven con el producto de la pesca, además sus frescas aguas es deleite de bañistas y sobre todo es agua que pobladores de la cabecera municipal y muchas comunicades se abastecen de este vital líquido para cubrir sus necesidades en el hogar.

Desafortunadamente está destinado a que sis aguas se contamiene con la actividad minera, e ahí la lucha para que esta mortal actividad no se active nuevamente.

Cacaluta

Autor: Prof. Luis Rojas Nomura, Acacoyagua Chiapas, Febrero 2017

Tu origen en las refulgentes e intrépidas montañas, Que vierten día y noche el fluido milagroso, Alentando vidas de los mundos que recorres, Preservando el hoy y la dicha del mañana.

En las profundas cañadas que es tu suelo, Mismo que acaricias con tu húmedo andar, Que a tu paso cantas y llevas esperanzas, Hasta llegar feliz al alejado mar.

“Cacaluta” es tu nombre de singular cariño: Eres río, eres agua, eres lágrima del gran creador, Eres fuerte, eres vida, eres ángel de bondad, Eres mago, eres lluvia y nube de amoroso llanto.

Serpenteando corres entre llanos y cascadas, Frondosas sombras que árboles prodigan, Hacen que tus corrientes bullangueras, Den el toque gentil de mis recuerdos.

Desde lo lejos vienes acariciando tu inerte lecho, Que sienten tu frescura y tenues mimos, Quiénes como aves o pasajero viento, Arrullan el suave adiós que nunca vuelve.

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La crisis del COVID-19 es una señal de alarma que exige un cambio de sistema

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Pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) ante por COVID-19 en el mundo – A 15 de abril de 2020

La crisis del coronavirus sólo puede enfrentarse con soberanía de los pueblos y justicia ambiental, social, de género y económica

Amigos de la Tierra expresa su profunda consternación y solidaridad en este momento en que el mundo enfrenta la crisis del COVID-19  que ya está afectando a tantos pueblos en todo el mundo, especialmente a quienes sufren el impacto de las desigualdades estructurales. La dramática pérdida de vidas humanas nos conmueve profundamente, en un mundo que no estaba preparado para enfrentar una catástrofe como esta. Una crisis que trasciende con creces los impactos sanitarios inconmensurables de la pandemia, develando injusticias ambientales, socioeconómicas y de género sistémicas, y causas y consecuencias políticas sumamente nocivas.

Esta crisis se ve acentuada por el sistema político-económico actual, que exacerba sus impactos e interpone obstáculos importantes a las respuestas estructurales. Las horrendas consecuencias del coronavirus son el resultado de la concentración cada vez mayor de la riqueza y la imposición de una doctrina neoliberal que sacrifica la preservación de la vida. Hoy es más evidente que nunca que la economía basada en el libre mercado es el problema, no la solución.

El neoliberalismo condujo a la  privatización y debilitamiento de los sistemas de salud pública  y seguridad social y de los servicios públicos, al desmantelamiento de los derechos de las trabajadoras/es y la precarización del empleo, y a mayor explotación del trabajo de las mujeres. Además le ha otorgado poderes y privilegios extraordinarios a las empresas transnacionales, al tiempo que redujo el rol y la posición del Estado, aumentando la vulnerabilidad de nuestro mundo ante los impactos de la crisis.

La pandemia está dejando al descubierto y agravando las violentas desigualdades del capitalismo entre y dentro de los países. Socava nuestras necesidades humanas básicas y deja vulnerables a millones de personas ante la pérdida repentina de acceso a medios de sustento. Muchas personas simplemente no pueden aislarse, distanciarse socialmente o dejar de trabajar. Los desalojos serán la norma mientras la gente no pueda pagar los alquileres e hipotecas. Las más afectadas serán la clase trabajadora rural y urbana, los Pueblos Indígenas, las mujeres, los pueblos que sufren el racismo, las/os inmigrantes, refugiadas/os, los pueblos en zonas de guerra y conflicto y los que viven en países que padecen bloqueos económicos. Cada vez será mayor el número de trabajadores que pierden su empleo y de migrantes que se enfrentan a una denegación criminal de sus derechos humanos, así como a muros más altos y largos.

El COVID-19 está develando la magnitud de la crisis del cuidado en nuestras sociedades: una crisis que se ha venido gestando desde hace siglos por la incapacidad del sistema patriarcal, racista y capitalista de cuidar a los pueblos, la naturaleza y los territorios, y porque se sostiene sobre la base del trabajo y los cuerpos de las mujeres para compensar y reparar los daños provocados por el sistema de explotación capitalista neocolonial. A través de la división sexual del trabajo, las mujeres han sido y continúan siendo socialmente responsables del trabajo de cuidado y soportando sobre sus hombros esa carga. Las mujeres, familias y madres solteras de la clase trabajadora, se ven obligadas a elegir entre el aislamiento en sus hogares o trabajar para alimentar a sus familias, a riesgo de contagiarse con el virus. Esto sucede particularmente con las mujeres que sufren el racismo. Las/os trabajadores/as del sector de la salud que están en la primera línea, en su mayoría mujeres, enfrentan una explotación creciente y reciben una compensación financiera inadecuada que no se condice con los riesgos que asumen y las responsabilidades que tienen respecto de las/os demás.

La globalización del sistema de libre mercado, en el que las empresas transnacionales juegan un papel clave, ha conducido a una ruptura devastadora entre nuestras sociedades y la naturaleza. La crisis del coronavirus pone al descubierto hasta qué punto verdaderamente el control empresarial de los alimentos, la energía, los bosques y la biodiversidad es la causa principal de la destrucción de los ecosistemas que está facilitando la propagación de los patógenos que afectarán cada vez más nuestra salud. El agronegocio y la producción de commodities agropecuarias generan enormes problemas de salud pública mediante la destrucción de hábitats naturales y/o la intensificación de la ganadería y la cría de animales. Quienes padecen afecciones respiratorias e inmunológicas debido a la energía sucia y otras industrias contaminantes, corren mayores riesgos de infección.

Los impactos devastadores de las industrias extractivas en los territorios de los Pueblos Indígenas los hacen cada vez más vulnerables al COVID-19. Sus sistemas y prácticas de conocimiento tradicional, incluidos el cuidado de la salud, la producción, almacenamiento y consumo de alimentos, se están fragilizando. Además siguen siendo excluidos de los sistemas de salud y no se les brinda información culturalmente apropiada acerca de la crisis.

La pandemia está agravando las consecuencias de décadas de inacción de los países ricos frente al cambio climático, así como de sus políticas dañinas. Los ojos del mundo están puestos con razón en la crisis sanitaria actual; pero las catástrofes relacionadas con la injusticia climática, tal como el reciente ciclón que golpeó a Vanuatu, se repiten sin parar y es necesario encararlas. Los pueblos del Sur global más azotados por los impactos climáticos son sumamente vulnerables a contraer y propagar el COVID-19 y carecen de acceso a sistemas sanitarios fuertes.

Se avecina una crisis alimentaria profunda, principalmente en países que dependen de las importaciones y donde las tierras han sido acaparadas para producir commodities agropecuarias. A medida de que los pueblos pierden sus medios de sustento e ingresos, ya no podrán acceder económicamente a los alimentos, que además están cada vez más expuestos a la especulación financiera. En muchos países, el cierre de los mercados locales impide que los alimentos de la producción campesina familiar y artesanal  lleguen a la población, al tiempo que se privilegia a grandes empresas que priorizan sus ganancias por sobre el derecho a una alimentación saludable.

Hacemos frente a esta pandemia en un contexto en el que la democracia ya venía sufriendo ataques, con elecciones manipuladas mediante el control empresarial de nuestros datos y los medios de comunicación, e incluso golpes de Estado en algunos países. El auge de la extrema derecha y el neofascismo y sus discursos y políticas misóginas, xenófobas, militaristas y racistas, está derivando en un ataque frontal contra los derechos conquistados por la ardua lucha de las clases populares y el movimiento feminista. Muchos gobiernos ya comenzaron a silenciar las voces que defienden la verdadera democracia y el poder y participación popular, criminalizándolas e intentando desmantelar las organizaciones y movimientos sociales.   

Las mujeres están enfrentando un brutal aumento de la violencia y los femicidios en todo el mundo. Las directivas de quedarse en casa encierran a muchas mujeres y sus hijas/os en hogares inseguros junto a sus agresores y perpetradores, sin ningún lugar adónde ir ni posibilidad de recibir ayuda.

En tiempos en que el escrutinio público y la capacidad de movilización y protesta se reducen, enfrentamos amenazas aún mayores de un incremento de los ataques criminales contra las defensoras/es de los territorios y derechos de los pueblos, así como la imposición de nuevos proyectos empresariales perjudiciales.

Los países con poca o nula soberanía para producir muchos insumos clave son vulnerables. El riesgo de que las grandes empresas lucren con esta crisis mediante su control de los sistemas de salud, alimentos y medicamentos es enorme. A esto se agrega el peligro real de que se usen fondos públicos para rescatar grandes empresas, tales como empresas de combustibles fósiles que destruyen el clima y la biodiversidad.

Nuestras demandas

Para hacerle frente a esta crisis y sus causas estructurales, Amigos de la Tierra Internacional se suma al  movimiento feminista, campesino, sindical, a los Pueblos Indígenas y a otros movimientos sociales, para exigir que los gobiernos cesen inmediatamente la represión, abandonen las políticas de austeridad, detengan los desalojos e incrementen los presupuestos públicos, la justicia fiscal y la distribución de ingresos.  Asimismo, nos hacemos eco del llamado a la anulación de la deuda externa.

Es necesario reconocer la centralidad de la vida y el trabajo de cuidados aplicando reglamentaciones ambientales más fuertes, revirtiendo la división sexual del trabajo y ofreciendo una respuesta sistémica a la crisis, enmarcada en la justicia  ambiental, social, de género y económica y una economía feminista.

Los gobiernos tienen que velar por que los derechos fundamentales a la salud, seguridad social, vivienda, energía, agua, educación, transporte, alimentos y los cuidados estén garantizados a través de servicios públicos proporcionados por el Estado. Deben proveer asistencia financiera a la clase trabajadora y las comunidades. Los fondos públicos deben usarse priorizando a las trabajadoras/es, el clima y la salud duradera  de nuestro planeta y los pueblos.

Los paquetes de estímulo y recuperación económica y financiera internacionales y de los gobiernos nacionales deben destinarse necesariamente a crear millones de empleos dignos que contribuyan a impulsar una transición justa que nos libere del capitalismo y la economía dependiente de los combustibles fósiles y garantice la autonomía de las mujeres. Es inadmisible que los gobiernos vayan al rescate incondicional de grandes empresas contaminantes como las empresas de combustibles fósiles y las aerolíneas. Después de esta crisis no podemos regresar a la situación que vivíamos anteriormente. Debemos sentar las bases para un mundo mejor. No podemos permitirnos otro ciclo de capitalismo agresivo y políticas neoliberales que destruyen la vida de los pueblos y nuestro planeta.

Los gobiernos deben indispensablemente fortalecer los sistemas alimentarios locales, los mercados locales descentralizados y los programas de compras públicas directas que contribuyan a garantizar la venta de la producción campesina familiar y artesanal y la disponibilidad de alimentos para quienes más los necesitan. Los programas públicos dirigidos a la niñez, las personas con discapacidad y todas las personas que padecen hambre, deben mejorarse y ampliarse radicalmente.

Es imprescindible revertir inmediatamente la tendencia actual de incremento del poder, beneficios e impunidad de las grandes empresas, lo cual incluye poner fin a todas las negociaciones sobre comercio e inversiones que empoderan aún más a las empresas transnacionales, así como garantizar un tratado jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos en el marco de la ONU.

Deben abolirse urgentemente los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado, que les permiten a las empresas transnacionales demandar a los gobiernos por llevar a cabo acciones para proteger la vida, argumentando que tales acciones en función del interés público son discriminatorias o representan una expropiación indirecta de sus inversiones.

Los medios de carácter médico para hacerle frente al coronavirus, inclusive una futura vacuna, deben ser accesibles para todas/os y se deben suspender todos los derechos de propiedad intelectual para los suministros, dispositivos y tratamientos médicos, incluidos medicamentos y vacunas.

Nuestras acciones

Las acciones que llevemos a cabo ahora determinarán lo que suceda después de la crisis. Amigos de la Tierra Internacional y nuestros aliados sabemos qué camino seguir. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para luchar por y avanzar hacia el cambio de sistema, a través del desmantelamiento del patriarcado y otros sistemas de opresión, y asimismo del poder empresarial. Debemos redoblar nuestros esfuerzos para hacer avanzar la soberanía de los pueblos y la justicia ambiental, social, de género y económica.

Es el momento de reafirmar la esperanza, nutriendo y fortaleciendo nuevos paradigmas ecológicos y emancipatorios, centrados en la justicia y la sustentabilidad de la vida y una nueva relación con el trabajo de cuidados.

La solidaridad internacionalista entre los movimientos y que atraviesa fronteras es clave, a medida que construimos nuestra respuesta colectiva a esta crisis, organizando y movilizando a nuestras comunidades, organizaciones y movimientos para fortalecer nuestras propias iniciativas y luchar por nuestras demandas.

Nuestros grupos miembro están organizando y sumándose a comités locales de solidaridad para apoyar a las/os más afectados/as. Se están sumando también a plataformas políticas de movimientos sociales, junto a sindicatos, organizaciones campesinas y feministas, para luchar por respuestas sistémicas adecuadas frente a esta crisis y las múltiples crisis interrelacionadas que enfrentamos -ambiental, climática y social. Seguiremos forjando unidad con nuestros aliados para combatir las injusticias que el COVID-19 ha develado y exacerbado, y construir el mundo que necesitamos.

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Defensa del ambiente, actividad letal en México

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Compartimos este articulo de opinión publicado en La Jornada sobre el activismo en México y los riesgos de defender la vida – A 13 de abril de 2020

Asesinados, 147 ecologistas en 24 años, En lo que va del sexenio de AMLO han matado a 18 protectores de la naturaleza

Por Angélica Enciso L.

Entre 1995 y 2019, el periodo de cinco mandatos presidenciales, 147 defensores de la naturaleza han sido asesinados. Los estados que concentran el mayor número son Guerrero con 44, Oaxaca 23 y Michoacán 18. De ellos, 134 han sido hombres y 13 mujeres, indica Lucía Velázquez.

En el reporte La defensa del ambiente en México ¿cuestión de vida o muerte?, divulgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, indica que se contabilizaron 17 asesinatos de integrantes de la Organización Campesina de la Sierra Sur en 1995, que pese a que no era ambientalista, entre sus demandas incluía el cese a la tala inmoderada, la protección de los recursos y la demanda de mejores condiciones de vida.

Indica que en el sexenio de Ernesto Zedillo 23 defensores ambientales fueron asesinados, cifra que bajó a seis con el panista Vicente Fox, para crecer casi seis veces con Felipe Calderón, cuando ascendieron a 35 los casos, y esta cifra casi se duplicó en la gestión de Enrique Peña Nieto, con 65. En la administración de Andrés Manuel López Obrador sumaban 18 hasta 2019.

El documento refiere que, de acuerdo con el Global Witness 2019, el año en que más defensores ambientales fueron privados de la vida fue en 2017, con 207 homicidios. Brasil presentó la mayor cantidad con 57. En 2018, el número se redujo, aunque aún fue alarmante: 165. Más de 50 por ciento de los crímenes ocurrieron en América Latina, indica.

Agrega que en México hay alrededor de 500 conflictos socioambientales, y en los que se han registrado asesinatos son: en el rubro forestal, 53 casos; despojo del territorio 37; minería, 24; proyectos energéticos relacionados con obras como gasoductos, eólicas e hidroeléctricas, 18; proyectos hidráulicos y políticas públicas de privatización del agua, siete; denuncias, tres; protección ambiental, proyectos turísticos y proyectos minero-forestales, uno en cada rubro.

Precisa que el sexenio de Felipe Calderón se caracterizó por su contradicción entre la política ecológica y los proyectos destructivos de gran escala, además del combate al crimen organizado, lo cual produjo un ambiente de violencia generalizado. Con Peña Nieto siguió la inercia, de gobernar verde, pero mantener megaproyectos y privatización. La actual admi-nistración puede ser el parteaguas entre una línea ambiental seria que erradique las prácticas de los anteriores presidentes y la continuación de proyectos de muerte que sólo benefician a unos cuantos.

Imagen: Agua.org.mx

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Víctor Toledo; Entre la utopía y la realidad

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 11 de abril de 2020

El martes 7 del presente mes, Víctor Manuel Toledo, funcionario federal responsable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) escribe un artículo de opinión en el diario La Jornada nombrado “El último llamado de la naturaleza” en el cual, dentro del marco de la crisis del Covid-19, hace un atinado llamado para llevar a cabo “una profunda transformación civilizatoria”, compartiendo varias recomendaciones de las cuales sin duda algunas son totalmente obligadas, por ejemplo; el fin de los monopolios, economías solidarias, energías renovables, sistemas agroecológicos, democracia participativa… entre otras. Evidentemente todas ellas -necesarias y urgentes-, incluso podrían ser aún mucho más eficientes si también, al mismo tiempo, iniciáramos el desmantelamiento de la matriz energética, la recuperación de la soberanía alimentaria y dejar de una vez por todas de mirar a la biodiversidad y los bienes naturales como mercancía. 

No obstante, no es la primera vez que el Sr. Toledo pareciera no acabar de asentarse en la nueva silla que ocupa, en donde los hechos y posturas científicas, antropológicas y sociales que recurrentemente plantea en los medios, no encuentran ni espacio, ni eco, ni fuerza dentro del aparato político, menos aun se acercan a las decisiones totalmente contradictorias impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, en la silla que hoy ocupa, es evidente no tiene espacio para hacer realidad sus declaraciones científicas, menos las filosóficas de construcción con escenarios deseables entre otras cosas porque su alrededor está lleno de personajes y personeros de una añeja tradición política que tampoco están dispuestos a dejar las “costumbres” de los rumbos económicos actuales y principales causales de los daños hoy explícitos en un pequeño pero devastador virus, ese mismo microorganismo que sólo sobrevive y se reproducen cuando se alimentan de un ser vivo, capas de poner contra la pared la forma en la que el modelo del progreso y desarrollo impuesto a toda la humanidad ahora presenta una de sus grietas más contundentes.

En ese contexto, nos gustaría ver a un Secretario de Medio Ambiente con planteamientos de tipo político -no mediáticos, ni científicos-, con posiciones y posturas fuertes, claras y sin ambigüedades, que provoquen, reten y desafíen el pensamiento y la acción del Ejecutivo Federal, simplemente porque se encuentra en crisis y en consecuencia, no sabe para dónde caminar construyendo un nuevo sendero. Hoy al mundo entero se nos presenta una gran oportunidad para empezar a cambiar el modelo político mundial –o por lo menos el mexicano-, en el cual por supuesto, está inmerso el proyecto denominado 4T, y para quien no lo cree, basta ver al presidente cómo es que enaltece a sus piezas financieras consentidas; Slim, Larrea y Bailléres, tres poderosos empresarios que han hecho su riqueza gracias al saqueo inmisericorde en nuestro país.

Por ello vemos que el Sr. Toledo pareciera que aun no sabe que hacer desde la silla que ocupa, ni tampoco se ha dado cuenta que desde ahí ya no puede hacer ciencia, ni tampoco le funciona que, bajo la retórica del uso del conocimiento científico, tenga en sus manos la forma adecuada para calificar la viabilidad de megaproyectos neoliberales como el Tren Maya y el Corredor Transístmico asegurando no habrá impactos ambientales ni sociales. Hoy el Covid-19 nos desnuda totalmente, porque si al pasar la pandemia regresamos a la misma forma de actuar antes de entrar en refugio, esa que se acompaña de; la velocidad cibernética que no necesariamente se traduce en buena información, el uso de petróleo como la principal fuente energética, el modelo de producción y de consumo con transgénicos acompañado del uso indiscriminado de agrotóxicos, el despojo simulado con procesos de participación instrumental, pero no efectiva, menos aun representativa, entre las otras barbaridades del modelo económico que todas y todos conocemos, entonces vayámonos acostumbrando a trabajar desde casa, porque parece que, ante este presente hoy obligado, parece puede transformase en un futuro económicamente muy eficiente. ¿Será que estamos en la antesala de ser los próximos insumos de confinamiento controlado por los servicios y la economía, tal cual sucede en una granja de cerdos o de pollos, en donde tendremos al alcance de la mano agua, alimento y un cuidador desde fuera…..todo resuelto con un dedo al hacer clic?

Medir los impactos o peor aún, paliar los impactos después de ser ocasionados tanto a la naturaleza como a la sociedad, no puede seguir siendo una ruta “avalada científicamente” para que tengamos un mundo culturalmente más biodiverso o más armónico, o ponerle la etiqueta de sustentable cuando el mundo en tiempo real se nos cae a pedazos. Tampoco le podemos apostar al progreso y desarrollo a partir de preguntarle a la gente, cuando ya sabemos que los megaproyectos tienen una serie de efectos adversos, irreversibles y con daños acumulativos inimaginables, porque no se trata de darle viabilidad al establecimiento de procesos participativos, sino de detener condiciones antiéticas que atentan contra la vida, en donde la permisibilidad de la destrucción a través de, por ejemplo, una consulta, rompen de facto con la construcción de un mundo diferente, menos aun si los “procesos, las consultas o la democracia participativa” se realizan en condiciones de una gigantesca asimetría, porque claramente son un engranaje que permiten la continuidad de la economía de mercado y del sistema capitalista y patriarcal que, como mencionamos, el Sr. Toledo cuestiona en su artículo, pero en su praxis como político es totalmente antípoda.

Igual de contradictorio sucedió cuando el Sr Toledo, anunció muy emocionado la nueva era de la energía renovable con el “nuevo petróleo de México: el litio”. Un insumo capital de gran relevancia y central para la mal llamada transición hacia la energía renovable. Es por ello que no entendemos su discurso de preocupación por “la madre tierra”; cuando un sólo insumo, como el litio, adscrito a una gran cadena de valor de otros componentes derivados de la minería a cielo abierto o de tumbe y relleno, es justo darle continuidad a la barbarie, esa que en la comunidad de Bacadéhuachi, Sonora, en donde opera la empresa canadiense Bacanora Minerals y la china Gangfeng Lithium, está gobernada por los carteles de Juárez, de Sinaloa y del Pacífico, en franca guerra abierta por la disputa el territorio a costa de asesinar a opositores o a quienes se atreven a realizar denuncias. Al igual como sucede en el emblemático “cinturón del oro” en el estado de Guerrero, donde los daños a la salud y al ambiente son descomunales ocasionados también por megaproyectos extractivos. ¿Será que al Sr. Toledo no tiene claro que cada proyecto mega-extractivo que se valide desde Semarnat, es potencialmente la repetición del infierno que ya viven muchos pueblos?, ¿conocerá alguno de esos infiernos de forma directa?, porque entonces no sabemos a qué se refiere cuando habla de “Proteger a la Madre Tierra”.

Ejemplos sobran en los que el responsable de la SEMARNAT ha mostrado sus incongruencias como sucede por ejemplo con las presas de el Zapotillo en Jalisco o Paso de la Reina en Oaxaca. Igual sucede cuando menciona que el Río Coatzacoalcos, el Río Atoyac y El Salto son verdaderos infiernos (que lo son), al mismo tiempo sale en defensa del proyecto más neoliberal de este sexenio El Corredor Transístmico, ese mismo que integra parques industriales, entre muchos otros componentes que verterán sus desechos tal cual sucede en los ríos de Coatzacoalcos, de Atoyac o El Salto. Parece que según sople el viento el Sr. Toledo un día está del lado de la ciencia, otro de la madre naturaleza y otro de crecimiento industrial.

Sr. Toledo, hoy más que nunca está a tiempo de clarificar su verdadero valor y peso especifico en la silla que ocupa. Lo invitamos a plantear la construcción de una postura política fuerte a favor de la madre tierra porque es urgente y necesaria, pero no en la prensa, sino en los actos que desde su envergadura le competen. No deje su prestigio en manos de un ejecutivo que va en sentido contrario.

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Vértigo político

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Adán Vez Lira, Otra víctima del modelo extractivo

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 9 de abril 2020

Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el asesinato del ambientalista y defensor del territorio Adán Vez Lira, ocurrido el día de ayer en el Estado de Veracruz.

Este asesinato se suma a la lamentable ola de violencia, desapariciones forzadas y asesinatos en contra de hombres y mujeres que han dedicado su vida al cuidado del ambiente y defensa de los territorios en nuestro país, lo que claramente muestra la impunidad con la que opera la delincuencia organizada en contubernio con las empresas extractivas que siguen empeñadas en seguir saqueando los bienes comunes naturales de nuestra nación, sin que veamos voluntad de los gobiernos por investigar todos los casos que se vienen denunciando y van quedando en la impunidad y el olvido.

El compañero Adán era un gran defensor de los humedales costeros y los manglares, año con año organizaba el “Festival de las Aves y los Humedales”, así mismo había estado involucrado en la lucha por impedir que empresas mineras se instalen en la región del Alto Lucero y Actopan en las montañas del Golfo de México.

Lamentamos también lo insensible que ha sido este gobierno, a tal grado que es inevitable compararlo con los gobiernos anteriores, porque están decididos a continuar la política de oídos sordos ante tantos gritos de ¡YA BASTA! ¡NO MAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL TERRITORIO ASESINADOS!

Hacemos llegar nuestro más sentido pésame y un abrazo solidario a familiares y amigos/as cercanos del compañero Adán Vez Lira, en especial a nuestros compañeras y compañeros de La Vida quienes mantenían una relación muy cercana con Adán, uniéndonos a la exigencia de que se esclarezca este crimen y se castigue a los responsables.

Adán tu nombre quedará tatuado en los humedales costeros y manglares de México y las aves no pararán de cantar agradecidas por tu lucha.

 ¡JUSTICIA PARA ADÁN VEZ LIRA!

¡JUSTICIA PARA TODAS Y TODOS LOS DEFENSORES DEL TERRITORIO ASESINADXS!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Agua para todxs

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Ana Paula… Te recordamos con cariño

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de abril de 2020

Querida Ana Paula Hernández Pontón, querida Ana, como siempre te llamamos, que falta nos hace tu apoyo incondicional en estos momentos en los que requerimos del buen tino y las ideas frescas y distintas que nos sirvan para combatir todo aquello que atenta contra la vida. Sin darnos cuenta, rápidamente avanzó un largo año en el cual, de un golpe injusto, un accidente nos arrebató tu siempre cálida presencia, tu sonrisa, tu alegría de vivir para apoyar y fortalecer a las comunidades que están bajo el flagelo de la minería, pero también de las drogas, las armas y la desaparición forzada, tanto en México como en otras regiones de América Latina donde promoviste e hiciste lazos entrañables.

Hace un año que, junto a tus compañeros de viaje Sally O´ Neil, Ana Velásquez y Daniel Tuc, con quienes regresabas de hacer una visita en algunas comunidades de Guatemala, la muerte les tomó por sorpresa dejándonos un gran vacío en el corazón para quienes integramos REMA, así como también de tanta gente con quienes compartiste ese coraje, esa rabia de saber que era necesario luchar contra la avaricia y las injusticias creadas por todo el Modelo Extractivo, pero en particular por el orquestado por las empresas mineras.

Quienes integramos la REMA y el M4, te hemos extrañado tanto cada día, en cada foro y cada reunión donde sentimos la ausencia de tus palabras, así como en cada reunión de amigxs en las que siempre disfrutábamos tanto de tu risa, tu cordialidad y fraternidad hoy tan invaluables ante este nuevo reto viral que enfrentamos en el mundo. Estamos segurxs que son muchas las comunidades -esas que visitabas aun sabiendo los riesgos que implicaban para tu seguridad, mismas que aun sitiadas por el ejercito, la única “certeza” era la violación de los derechos humanos-, quienes en este día pondrán una flor, una veladora, harán un rezo y un pensamiento, intentando te hagas presente y sigas acompañándoles como siempre lo hiciste, en sus luchas que no cesan, que no conocen tregua, pero que, sumando tu energía, evitarán y evitaremos se perpetúen en el territorio.

En donde estés…… sabes que estamos viviendo un fuerte momento de incertidumbre y acompañado de mucha tristeza por las vidas de tanta gente quienes han adelantado su viaje al Mictlán, por culpa de ese capitalismo voraz contra el que tanto luchaste, gente muy valiosa que también su quehacer lo destino a la vida; músicxs, artistas, gente creativa, pensadorxs, defensorxs de la vida, periodistas valientes con la verdad.

Desde acá te decimos que mientras tengamos fuerzas, avivaremos tu mejor herencia; pelear por la vida y continuar cerrando el camino de quienes quieren arrebatarnos todo.

¡ANA PAULA VIVE!

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

México: 83 defensores del ambiente y el territorio asesinados entre 2012 y 2019

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Compartimos este reportaje publicado en Mongabay sobre en panorama de las defensoras y defensores en México – A 18 de marzo de 2020

por Thelma Gómez Durán en 18 marzo 2020

  • En ocho años se documentaron 499 agresiones. El mayor número de ataques fue en contra de defensores que se oponían a proyectos relacionados con el sector energético y la minería.
  • El homicidio es la agresión más recurrente; en 2019 se documentaron 15 asesinatos, de acuerdo con el Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales.

Los asesinos llegaron a su casa la mañana del 20 de febrero de 2019. Dijeron que llevaban un mensaje para que se difundiera en la radio, pero en cuanto Samir Flores Soberanes salió, le dispararon. El campesino náhuatl, fundador y locutor de Radio Comunitaria Amiltzinko y uno de los principales opositores a la termoeléctrica en Huexca, fue asesinado días antes de que el gobierno mexicano realizara la consulta ciudadana sobre el Proyecto Integral Morelos, del cual forma parte la termoeléctrica y que contempla la construcción de un gasoducto y un acueducto.

Samir Flores Soberanes es uno de los 15 defensores del ambiente y el territorio que fueron asesinados durante 2019, un año en el que se documentaron 39 agresiones en contra de quienes defienden los recursos naturales.

El más reciente Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, realizado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), muestra que desde 2012 y hasta 2019 se han registrado 83 asesinatos de defensores ambientales.

Esta cifra reafirma lo que desde hace algunos años señalan diversas organizaciones internacionales, entre ellas Global Witness: México es uno de los países más peligrosos para quienes se dedican a la defensa del ambiente y el territorio.

En ese mismo período de 2012 a 2019, en México se registraron 499 ataques en contra de personas que defienden recursos naturales y territorio. “Esta cifra no es absoluta, ya que un gran número de agresiones ni siquiera son denunciadas”, resalta Alejandra Leyva Hernández, abogada de CEMDA y coordinadora del informe.

Agresiones a defensores México 2012-2019
Ataques contra defensores de ambiente y territorio en México. Gráfico: CEMDA.

Homicidios e impunidad

Las agresiones que sufren los defensores del ambiente y el territorio en México son diversas: homicidio, amenazas, intimidación, agresiones físicas, criminalización, hostigamiento, difamación, desalojo, privación ilegal de la libertad, allanamiento, robo, secuestro y desaparición forzada.

Los datos recabados en el Informe realizado por CEMDA muestran que si bien en 2019 disminuyó el número general de agresiones contra defensores, el homicidio continúa teniendo los mismos números que 2017 y 2018 (cuando se registraron 16 asesinatos en cada uno de los años); además, se coloca como una de las agresiones más recurrentes en contra de los defensores en México.

En 2019, además del asesinato de Samir Flores, se documentaron 14 casos más. Entre ellos el de Luis Álvarez Flores, quien fue asesinado el 10 de junio de 2019. “Tío Guato”, como también se le conocía, era defensor del santuario del mono saraguato y del río Usumacinta, en Chiapas; en varias ocasiones denunció la extracción ilegal de arena y material pétreo en el río.

Los casos ocurridos en 2019 también muestran que varios de los defensores que han sido asesinados, vivieron diferentes tipos de agresiones antes de su homicidio.

Samir Flores Soberanes, por ejemplo, fue criminalizado y estigmatizado. En 2013, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lo acusó por “obstrucción de obra”. Y días antes de su asesinato, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “radicales de izquierda” a los defensores del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, al cual pertenecía Samir.

Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Y que a pesar de que le pidió protección al estado, este nunca atendió sus pedidos. Foto: UMA Saraguatos.
Luis Álvarez Flores fue asesinado el 10 de junio de 2019. Sus colegas señalan que fue amenazado de muerte muchas veces por una banda que extraía ilegalmente arena de su propiedad. Foto: UMA Saraguatos.

Otros casos ilustran las consecuencias de la impunidad que cobija a los autores de las agresiones contra defensores.

Por ejemplo, en mayo de 2019, fueron asesinados los indígenas rarámuris Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruz, en Coloradas de la Virgen, comunidad de la Sierra Tarahumara en donde persiste la tala ilegal, ligada al cultivo de amapola. La mayoría de la población se ha visto forzada a desplazarse ante las continuas agresiones que viven desde hace ya varios años.

Otilia era sobrina de Julián Carrillo, defensor de ambiente y territorio que denunció a quienes están detrás de la tala ilegal de su comunidad. Julián fue asesinado en octubre de 2018, pese a estar bajo el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, creado por el Estado mexicano en 2012.

Ricardo Neves, representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, señala que el mecanismo ha demostrado ser insuficiente para garantizar la seguridad de los defensores.

Tania Reneaum Paszi, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, remarca que en el país “persiste la impunidad. El Estado no actúa cuando se denuncia alguna agresión”.

Defensores ambientales México. Los habitantes de Coloradas de la Virgen se oponen al aprovechamiento forestal a gran escala en su territorio. Foto: Alianza Sierra Madre.
Los habitantes de Coloradas de la Virgen llevan años padeciendo diversas agresiones. De esta comunidad era Julián Carrillo, quien denunció la tala ilegal en su territorio y fue asesinado en octubre de 2019. Foto: Cortesía Alianza Sierra Madre.

Proyectos energéticos, minería y agresiones

En 2012 se registraron 24 agresiones contra defensores de ambiente y territorio. Ese número creció en forma significativa conforme avanzó el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Los años más violentos fueron 2015 y 2016, cuando se registraron 107 y 85 ataques, respectivamente, resalta Manuel Llano Vázquez, fundador de CartoCrítica, organización que analizó los datos sobre ataques contra defensores documentados por CEMDA desde 2012.

El informe de CEMDA resalta que el alza en las agresiones se presentó después de entrar en vigor la llamada “reforma energética”, la cual tenía entre sus objetivos impulsar la participación privada en la producción y refinación de hidrocarburos, así como en la generación de la energía eléctrica.

Esta reforma trajo consigo un incremento de megaproyectos en todo el país, desde gasoductos, explotaciones petroleras, así como parques para la producción de energía eólica y solar.

Infografía: CartoCrítica.

El análisis realizado por CartoCrítica también permite observar que durante el periodo de 2012 al 2019, la mayoría de las agresiones (141) fueron en contra de defensores ambientales que se oponen a proyectos relacionados con el sector energético, en especial hidroeléctricas y parques eólicos.

Las agresiones contra defensores que se oponen a proyectos mineros e hidráulicos también están entre las que más se registraron durante ese periodo.

Las entidades con el mayor número de agresiones son Oaxaca, Sonora, Estado de México, Puebla, Chihuahua, Guerrero y Veracruz. En el caso de Oaxaca, resalta el municipio de Juchitán de Zaragoza, donde los ataques se han producido contra defensores que se han opuesto a la construcción de proyectos para la generación de energía eólica.

Actualmente, en la zona conocida como el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, hay 28 parques eólicos que suministran energía a grandes empresas e industrias.

Los defensores de ambiente y territorio —resalta Alejandra Leyva— se enfrentan a intereses económicos basados en un modelo y una visión de desarrollo que no toma en cuenta a las comunidades y la diversidad cultural. “Existe una presión sobre los territorios y la biodiversidad, que se beneficia de legislaciones flexibles (como la Ley Minera) y la falta de cumplimiento de derechos básicos, entre ellos la consulta libre e informada”, resalta la abogada de CEMDA.

Oposición Hidroeléctrica-Puebla
Comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla se oponen a la construcción de una hidroeléctrica en el río Ajajalpan. Foto: Cortesía Fundar.

Evolución y persistencia de las agresiones

Manuel Llano, de CartoCrítica, resalta que se identificaron 140 ataques, registrados entre 2012 y 2018, que tuvieron como agresores a las fuerzas de seguridad. “Los tres órdenes de policía (federal, estatal y municipal) generaron agresiones de manera constante. Ante una disminución de las agresiones de la policía federal al final del periodo, hay un aumento en el uso de la Marina. El ejército aparece intermitente, pero constante”.

Entre los probables agresores también se señala a personal de las empresas, grupos paramilitares, narcotráfico y personas de las mismas comunidades.

Al analizar las agresiones también es posible observar que durante los primeros años de gobierno de Peña Nieto (2013-2014), los ataques más recurrentes fueron amenazas, agresiones físicas y uso indebido de la fuerza. Esto se modificó a la mitad del sexenio, cuando aumentó la difamación y el hostigamiento en contra de los defensores. Y al final del periodo, se incrementaron —a más del doble— el homicidio y la privación ilegal de la libertad. Una constante fueron la criminalización y la intimidación.

Infografía: Cartocrítica.

La legislación de México —destaca Tania Reneaum— permite que se criminalice a quienes están en contra de proyectos públicos. Amnistía Internacional ha acompañado casos de defensores del Estado de México, Puebla y Chiapas a quienes se les ha procesado, encarcelado y condenado a pagar reparaciones millonarias.

Con el gobierno de Andrés López Obrador (el cual comenzó en diciembre de 2018), la situación para los defensores de ambiente y territorio no ha cambiado mucho.

En el actual sexenio, además de los 15 asesinatos registrados en 2019, se suman amenazas que han recibido defensores —entre ellos Pedro Uc Be— que se oponen a megaproyectos como el Tren Maya.

Después del asesinato de Samir, durante 2019 se registraron cuatro agresiones —criminalización y hostigamiento— contra otros miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Los datos de 2019 también muestran que 40.5 % de las agresiones tienen como presunto responsable al gobierno en sus distintos niveles.

“No hay un cambio estructural que permita disminuir las agresiones contra los defensores, continúa el impulso de megaproyectos y la política energética sin cambios”, resalta Alejandra Leyva, de CEMDA.

Mongabay Latam solicitó al subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, su postura sobre el informe, así como a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero no se tuvo respuesta.

Mujeres que por las amenazas y ataques contra sus familiares fueron forzadas a salir de su comunidad, Coloradas de la Virgen, en la Sierra Tarahumara, Estado de Chihuahua, México, febrero 7, 2019.  Foto: Ginnette Riquelme

Urge que México ratifique Acuerdo de Escazú

Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, destaca que en aún “no se entiende que los defensores ambientales y de territorio son víctimas directas de un modelo económico extractivista; víctimas de la omisión del Estado”.

Los defensores ambientales y de territorio, insiste, “no solo defienden agua, aire, tierra, árboles. Defienden la vida, la identidad cultural de una comunidad”.

Ante la crítica situación que viven los defensores de ambiente y territorio en México, la directora de Amnistía Internacional, el representante de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y CEMDA llamaron al gobierno mexicano a ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina, conocido como el Acuerdo de Escazú.

Este es el primer tratado en el mundo y la región que plantea la obligación, por parte de los Estados, de proteger la labor de las personas defensoras ambientales. Entre otras cosas, obliga a los gobiernos a contar con mecanismos claros de consulta a las comunidades.

Hasta ahora este acuerdo solo ha sido ratificado por siete países y hay dos más que están en proceso de hacerlo. Para que el tratado entre en vigor se requiere que, por lo menos, once países lo ratifiquen.

El Acuerdo de Escazú otorgaría mayores herramientas de lucha —les permitiría llevar sus casos a tribunales internacionales— a defensores y las comunidades que no están dispuestos a bajar la guardia y que exigen justicia para sus compañeros asesinados.

Este es el caso de los integrantes de la Asamblea de la Resistencia de Amilcingo, Morelos, a la que pertenecía Samir Flores Soberanes, y que es parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, que se opone al Proyecto Integral Morelos.

Para Jorge Velázquez, miembro de la Asamblea, la mejor forma de hacerle justicia a su compañero Samir es “seguir firmes en la lucha. Seguir en la defensa de nuestros recursos naturales”.

*Imagen principal: Cartel que realizaron artistas aliados a la defensa de la tierra y el agua en Morelos, después del asesinato de Samir Flores en febrero de 2019.

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Abrazamos fuertemente al COPINH en su 27 aniversario

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA apropósito del aniversario de la fundación del COPI- Abril 2020

En estos momentos difíciles para todas y todos no olvidamos la lucha que las comunidades indígenas siguen librando por proteger el planeta del saqueo de los territorios y la devastación. Con especial cariño recordamos el 27 Aniversario del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

Queridas y queridos compañeros del COPINH, desde la REMA les hacemos llegar una felicitación y un abrazo fuerte a la distancia, por su compromiso, por la lucha que sigue dando la comunidad lenca por defender los ríos, la madre tierra y la vida, a pesar de la criminalización que tanto han sufrido.

Esperamos que la alegría y la rebeldía siga siendo el sello que las y los caracterice, para seguir exigiendo justicia por una vida digna libre de violencia y de megaproyectos.

Estamos seguras y seguros que nuestra querida compañera Berta, quien fuera un pilar en el COPINH, se encuentra feliz de ver que la comunidad lenca sigue luchando fuerte, con el corazón en la mano por defender el Río Gualcarque y su territorio.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Área de comunicación del COPINH

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¿Cómo sobrevivir al #Covid_19? Propuestas desde los derechos humanos

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Compartimos esta información publicada en Comité Cerezo México – Organización de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y el COVID 19 – A 19 de marzo de 2020

Desde el 5 de enero de 2020, en el mundo comenzó el debate y las acciones ante el Coronavirus o Covid-19, ante una emergencia sanitaria los Estados deben cumplir con su obligación de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de las personas. Los pueblos del mundo, en medio de estas condiciones, tienen el derecho de defenderlos.

¿Cuáles son los ejes fundamentales para lograr que la vida digna no se vea más afectada en esta pandemia?

La obligación del Estado es la de lograr el grado máximo de salud posible , para lo cual debe contar con políticas y programas que permitan contar, mínimamente con los siguientes derechos humanos:

  • Servicios de salud disponibles
  • Condiciones de trabajo que sean seguras
  • Vivienda adecuada (incluye acceso a agua)
  • Alimentación adecuada

Las acciones del Estado para garantizarlo, deben ser una política integral que trasciende a la Secretaría de Salud, pues debe ser capaz de responder a la situación actual, de sentar las bases para fortalecer su capacidad de prevención para el futuro e incluso, de desmantelar medidas del pasado, como las políticas neoliberales, que merman la capacidad de reacción del Estado.

El pueblo de México se encuentra en pésimas condiciones debido al arrebato sistemático de derechos humanos y al despojo que se han vivido en los últimos años. La epidemia ocurre en condiciones en las que la mayoría de la población no cuenta con un trabajo formal, con seguro médico, con un salario suficiente para vivir dignamente, con jornadas máximas de 8 horas. En medio de ello tanto el impacto en términos de salud como en términos económicos golpeará con fuerza a quienes menos tienen como resultado de la profundización del modelo capitalista y su sistemático arrebato de derechos humanos.

A eso se suma el hecho de que las medidas implementadas por el nuevo gobierno, como parte de su programa y como parte del programa de sana distancia ante la epidemia, no han sido suficientes ni han sido claras en el desmantelamiento del neoliberalismo, lo que sólo agrava los hechos pues enfrentaremos la pandemia no sólo con todos los daños que ya nos han hecho mella por los años anteriores, sino con la deuda por eliminar todas las reformas neoliberales.

Si bien el Gobierno Federal adelantó el apoyo para adultos mayores, éste debería ser un apoyo duplicado y no sólo adelantado, para realmente ser suficiente.

Si el Estado actual quiere verdaderamente demostrar su compromiso anti neoliberal debe de desplegar una serie de medidas, que no sólo eviten que el arrebato de derechos afecten con más fuerza al pueblo trabajador, sino que lo protejan ante las empresas y los especuladores.

Como Comité Cerezo consideramos que estas medidas deben incluir, al menos:

Decálogo para garantizar la salud y la vida digna ante la pandemia del #Covid_19:

  1. Proteger las condiciones laborales para toda persona trabajadora, especialmente para quienes están más expuestos al riesgo. Exigir a patrones el cumplimiento de espacios seguros (distancia y limpieza) o la suspensión de actividades, manteniendo un salario digno para quien debe cuidar a alguien en casa o cuando la fase de reacción a la emergencia lo requiera. Sancionar despidos injustificados o suspensión de pago de cuotas a la seguridad social. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que no cumplan estos lineamientos, dichas empresas seguirán operando como cooperativa de todas las personas trabajadoras, con un administrador nombrado por el Estado.
  2. Garantizar el abasto de agua para la población. Esto implica, garantizar suministro en zonas de tandeo, levantar las restricciones donde previamente se han colocado y suspender el pago del servicio dos bimestres, el actual y el siguiente. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que cobran el agua si no cumplen estas medidas.
  3. Aprobar un paquete de protección social que suspenda el pago de rentas, y de todos los servicios públicos, agua, luz, predial o insumos de necesidad básica como gas natural y LP y alimentos contenidos en la canasta básica. Suspender los cortes de luz por falta de pago y reconectar la luz en las viviendas en dónde el servicio ha sido cortado durante esta epidemia. De esta manera, se da una efectiva protección al trabajador, especialmente a más de 50% de la fuerza laboral que vive al día, cuyos ingresos se verán fuertemente afectados.
  4. Provisión de una despensa gratuita semanal o mensual para toda la población que percibe menos de tres salarios al día, aquella que se sostiene del comercio informal y vive del día a día (con alimentos no perecederos, arroz, frijol, aceite, sal, azúcar, carne envasada al vacío y verduras en salmuera), parecido al apoyo que se da a las escuelas.
  5. Aplicar la Ley de Expropiación a las grandes empresas que eleven precios, especulen y oculten los insumos de limpieza y los necesarios para la salud, así como alimentos. (Por ejemplo: Industrias Bachoco, Productos Avícolas El Calvario, Empresas Guadalupe, Gena Agropecuaria, Proteína Animal, Avícola y Porcícola de los Altos; Buhler, OMG International, Del Campo Productos; Grupo Industrial Maseca; del sector melaza: Beta San Miguel, Zucarmex, Promotora Industrial Azucarera, Almacenadora México; Alcoholera de Zapopan, Ingenio La Gloria, Ingenio Constancia; Cargill de México, Bayer de México, Bartlett de México.)
  6. Aplicar la Ley de Expropiación a las empresas que restrinjan o condicionen la distribución o lucren de forma alguna con la venta de medicamentos o material requerido para la atención de personas en el grupo de mayor vulnerabilidad y de las personas afectadas por el Covid-19.
  7. Atender de forma expedita las denuncias sobre abusos de empresas, ya sea en cuestiones laborales, [Por ejemplo: La empresa Alsea de los hermanos TORRADO cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips entre otras empresas, quienes han decidido en contra de la Ley mandar a casa a miles de trabajadores sin salario durante 30 días, esta empresa es candidata a la la aplicación de la Ley de expropiación] venta de servicios (incluidos los de salud), aplicación de pruebas para Covid-19 a un precio mayor al costo de producción o todas las anteriormente señaladas, para la aplicación de la Ley de Expropiación.
  8. Crear un impuesto progresivo a la ganancia de las empresas que venden los insumos de mayor demanda y necesidad en estos momentos. La recaudación correspondiente debe ser utilizada para la atención de las necesidades esenciales de la población durante este periodo. Por la misma razón las grandes empresas deben pagar una prima de contingencia a sus trabajadores.
  9. Como ha venido sucediendo, mantener el derecho a la información y la transparencia por parte de la Secretaría de Salud.
  10. Derogación de las reformas estructurales que han mermado la capacidad de respuesta del Estado en la prevención, atención y aprendizaje de emergencias como la actual, si bien se sientan las bases para la universalidad de la salud, debe ser este momento el idóneo para eliminar el outsourcing que vulnera entre otros el derecho a la seguridad social. Eliminar las concesiones a farmacias y laboratorios que desde antes de esta pandemia no han cumplido con el objetivo de tener los medicamentos para la población o que han lucrado a costa de la salud del pueblo. Por lo cual el estado debe renacionalizar los servicios estratégicos nacionales, eliminar a las empresas que por convenios con los gobiernos siguen lucrando con el derecho a la salud y otros servicios públicos.

Como pueblo ¿Qué podemos hacer?

Necesitamos enfatizar que poder quedarse en casa no es un “privilegio”, si comenzamos a nombrar a los derechos humanos como “privilegios”, estaríamos replicando un pensamiento neoliberal que históricamente ha avalado el despojo de la vida digna para todo el Pueblo. Nuestra exigencia debe enfocarse en que el Estado genere las condiciones para que toda la población pueda resguardarse en casa, como una medida de protección comunitaria ante una pandemia como la actual. Ningún derecho humano es un privilegio, pues existen gracias a las conquistas del pueblo que decide organizarse y luchar ¿Estaremos a la altura?

Si en estos 30 días, o después de ellos, alguna autoridad comete una violación a nuestros derechos humanos, podemos documentarlas como el inicio de la lucha por la justicia y sanción a los responsables, incluso si éstas implican la omisión de los funcionarios públicos ante el actuar rapaz de las empresas que, ante la emergencia, buscan mayores ganancias, a costa del bienestar general.

Si logramos organizarnos para exigir el presente decálogo, las posibilidades para sobrevivir esta pandemia aumentan, e incluso, estaríamos logrando fortalecer las condiciones materiales para una vida más digna, más allá de la emergencia.

Una vez que pase la emergencia, sigue los eventos, talleres y actividades que el Comité Cerezo México lleva a cabo, de forma solidaria, para aumentar la claridad sobre nuestros derechos y cómo exigirlos para que logremos, de forma organizada, una vida digna para el pueblo.

¡La vida digna del pueblo, debe ser primero!

Firma

Comité Cerezo México

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[PRONUNCIAMIENTO] COVID-19: Ante la crisis, urge frenar el autoritarismo y defender la vida, el cuidado, los derechos y la dignidad humana

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Compartimos el pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras – A 20 de marzo de 2020

Mesoamérica, 20 de marzo de 2020 – Desde hace unos días, nuestros abrazos se han convertido en palabras de aliento que se diluyen en la distancia. La incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades. 

La crisis provocada por la irrupción a escala global del COVID-19 llega a un mundo que ya enfrenta serias crisis (de cuidados, de cambio climático, de violencia, desigualdad, derechos humanos, entre otras) y expresa  la insostenibilidad del modelo político, social y económico imperante en el planeta, reproducido por los Estados cada vez más controlados por intereses privados. Por ello esta situación está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre nosotras, nuestras comunidades y nuestras luchas.

Este modelo, basado en la depredación “capitalista, racista y patriarcal”, en palabras de nuestra compañera  Berta Cáceres, durante décadas se ha centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado colectivo, dejando a la mayoría de personas sin acceso a una vida digna. Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de derechos humanos y justicia social.

Nos preocupa que los Gobiernos se aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo manifestaron recientemente un grupo de Relatores y Relatoras independientes de Naciones Unidas. 

En Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta crisis son  patentes. En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el acceso a información de salud.         

La aplicación de estos planes de emergencia afecta profundamente el trabajo de las defensoras. Limita su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por actores estatales (a la fecha hemos registrado  agresiones contra defensoras en Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco de esta crisis) y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares.

Desde nuestra apuesta política por el cuidado colectivo y la protección integral feminista contemplamos el panorama abierto por la crisis del COVID-19 con mucha preocupación, pero también vemos en el horizonte la posibilidad de cambiar colectivamente las estructuras sobre las que organizamos nuestras sociedades. 

Las mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra región, como advirtió la lideresa afroindígena garífuna Miriam Miranda, además de ser los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, son también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y superar esta crisis: el saber del cuidado mutuo y la reproducción de la vida, la construcción de autonomías, el cuidado y cultivo de la tierra y el agua que nos alimenta o sistemas de salud alternativa y espiritualidades emancipadoras. 

Desde la IM-Defensoras exigimos a los Estados:

  • Que afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria, social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de clase, etnia, edad, orientación sexual y género.
  • Que se abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los derechos humanos.
  • Que no aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y personas defensoras de derechos humanos.
  • Que reconozcan y establezcan una interlocución abierta con las mujeres, las defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el mantenimiento de la sociedad y de la vida.
  • Que implementen políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de corporaciones, empresas y élites económicas.
  • Que garanticen mecanismos efectivos de prevención, protección y atención urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que potencialmente pueden generar las situaciones de confinamiento. 
  • Que garanticen el flujo de información transparente, objetiva y contrastada hacia el conjunto de la población, con el fin de contrarrestar fake-news (noticias falsas) y otras informaciones que contribuyen a exacerbar el miedo y la confusión.
  • Que dejen de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y estigmatización de las personas con COVID-19 y que la atención de pacientes se maneje de forma responsable, científica y laica.

Asimismo, hacemos un llamado a organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general a cuidarnos y acuerparnos colectivamente, a promover la solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios, creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas, vigilantes y activas en la construcción de alternativas de vida que, tal y como pone de relieve la crisis actual, cada vez son más urgentes  y necesarias. 

¡Transformemos el miedo en abono de libertades y derechos para el presente y el futuro!

¡Viralicemos la solidaridad!

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica)
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador
Consorcio Oaxaca
Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM)
Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IN-Defensoras)
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México
Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos

Oaxaca: La lucha Mixteca contra la voracidad minera

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Compartimos esta nota publicada en Notas sin Pautas sobre la resistencia a proyectos mineros en Oaxaca – A 14 de Marzo de 2020

Reflexiones sobre el Primer Foro Antiminería y Megaproyectos

Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

Santiago Chazumba es una población encallada en la región mixteca del estado de Oaxaca; cabecera del municipio que lleva su mismo nombre, se encuentra rodeada por la cordillera montañosa del estado de Puebla. Chazumba, al igual que toda la mixteca oaxaqueña, es territorio de gran diversidad ecológica y con enorme riqueza de recursos minerales lo que ha hecho que la región se encuentre en la mira de corporativos mineros y sus agresivas prácticas de despojo. Es por ello que esta localidad se convirtió en la sede del Primer Foro Antiminería y Megaproyectos convocado por el Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca el pasado domingo 8 de marzo.

Con la participación de habitantes de las comunidades oaxaqueñas de San Sebastián Frontera, Guadalupe Cuautepec, Santa Cruz Acatepec, Huajuapan de León, San José Miahuatlán, Yucuquimi de Ocampo, entre otras; así como las comunidades poblanas de Tehuacán, Acatitlán, Zapotitlán Salinas, San José Mihuatlán, Acatlán de Osorio, entre otras; y la participación de organizaciones sociales como el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos-Puebla-Tlaxcala, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo de Investigación Independiente, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Frente Oriente; el foro se convirtió en una importante tribuna de denuncia y organización en contra del intento por convertir esta región en rehén de los intereses de las grandes corporaciones mineras.

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Desde hace 15 años, el apetito voraz de las mineras se dispone a engullir la Mixteca Oaxaqueña

En el año 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca publicó, en su revista Temas de ciencia y tecnología, un ensayo titulado “Grado de concentración potencial relativa de los recursos minerales de la Mixteca Oaxaqueña”. En ese texto el autor expresa que “el objetivo del presente trabajo fue diseñar un indicador cualitativo que muestre la magnitud, en primera instancia, de la concentración relativa de los recursos minerales en un espacio geográfico, en este caso, de los municipios y distritos de la Región Mixteca oaxaqueña. Lo anterior es útil para coadyuvar a orientar y fomentar la exploración y posible aprovechamiento de los yacimientos minerales existentes”. Desde luego que la ayuda ofrecida por la investigación no es para las comunidades originarias, sino para “el diseño de planes y programas públicos y privados y fortalecer la eficacia y la eficiencia de las acciones en la consecución de los objetivos y metas del sector minero (…), y en consecuencia, tomar la decisiones para su exploración y su posible explotación, beneficio y comercialización”. Asimismo, la investigación fundamenta que en la mixteca oaxaqueña “las concentraciones minerales más relevantes se ubican en los distritos de Huajuapan, Juxtlahuaca y Nochixtlán; sin embargo, Silacayoapan destaca por sus yacimientos de oro, plata y yeso; Juxtlahuaca por sus depósitos de antimonio y carbón y Teposcolula por su producción de cal”[1].

En ese mismo año, la Secretaría de Energía del gobierno federal anunció que en el estado entregaron 20 concesiones para proyectos de explotación minera equivalentes al 12.5% del territorio oaxaqueño. Entre las corporaciones mineras beneficiadas en esa época con los proyectos se encontraban Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd., entre muchas otras.

Seis años después de publicado el diagnóstico minero de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Gerencia Regional Sur del Servicio Geológico Mexicano informó que Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no metálicos, por lo que despertó el interés de empresas mineras internacionales. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales, contenidas en la Reforma Energética, que posibilitaron el despojo de tierras en zonas campesinas e indígenas del país. Bajo estas reformas jurídicas, el capital extranjero logró la plena apertura para explotar los recursos naturales y energéticos nacionales y, a través de la Ley Nacional de Hidrocarburos, establecer esquemas de servidumbre donde los campesinos recibirán únicamente una renta ínfima a cambio del despojo de sus recursos a través de la explotación petrolera, gasera y de minerales. Huelga decir que con estas disposiciones se declara la explotación energética y mineral como prioritaria ante, por ejemplo, la producción alimentaria.

Desde entonces, más de 15 años, Oaxaca ha estado en la mira de las trasnacionales mineras quienes, a través del Estado, impulsaron el decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales mediante las cuales se construirían espacios para el capital trasnacional que les permita desarrollar la infraestructura de enclave necesaria para la explotación de los recursos energéticos, minerales y de agrocombustibles que posee la región. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales se han eliminado, pero no la convicción entreguista de los recursos al capital trasnacional, como lo evidencia el actual Plan Nacional  de Infraestructura elaborado por las mismas corporaciones que tienen intereses específicos en Oaxaca.

Por ejemplo, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines, afirmó que Oaxaca, es un estado “premium” por el alto potencial minero que, sin embargo, se encuentra en una “fase embrionaria” y “necesita dar otro paso” y realizar un banco de datos para facilitar el desarrollo de la exploración minera que a su vez “podría llevar desarrollo a las comunidades que se encuentran en rezago”. Agregó que “hay una buena relación con las comunidades con las cuales se celebran convenios para apoyarles en materia de salud, educación y sostenibilidad social”; sin embargo, la realidad muestra lo contrario: ante el panorama de invasión de las corporaciones mineras a la región mixteca, comunidades han desarrollado permanentemente procesos de organización para rechazar los megaproyectos mineros en sus localidades.

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La organización de los pueblos ante la voracidad minera

En febrero de 2016 habitantes de 48 comunidades y representantes de 30 organizaciones sociales exigieron la cancelación de 400 concesiones y 35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca.

La respuesta de la burguesía minera y del Estado fue criminalizar, asesinar y desparecer de manera forzada a miembros de organizaciones y defensores ambientales con el objetivo de sembrar terror en todo el estado y poder realizar plenamente las actividades de minería con sus ulteriores efectos en la vida y la cultura indígena, en el medio ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.

A pesar de esto, la resistencia y lucha en contra de los proyectos mineros no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde el año 2009, la comunidad de Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la imposición del proyecto minero pues, mediante un acta de sesión solemne de cabildo, reafirmaron su lucha por la tierra y determinaron declarar su territorio totalmente libre de actividades mineras. Igualmente, habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca iniciaron en 2018 la resistencia para evitar la actividad minera de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.

También en Valles Centrales las comunidades en resistencia realizaron, en 2019, la “Guelaguetza Antiminera” con la que conmemoraron tres décadas de lucha y resistencia. En ese acto, varias comunidades se declararon “territorios prohibidos para la minería”.

Esta lucha por la defensa de sus territorios y en contra de la minería cada vez se hace más general en todas las regiones de Oaxaca. Las comunidades indígenas han desarrollado procesos de organización y articulación regional para evitar que las corporaciones mineras devasten sus comunidades y la biodiversidad que poseen.

Pero ante estos procesos de resistencia popular, la estrategia de división en las comunidades ha sido una práctica que el Estado ha implementado a través de los partidos políticos de todos los colores. Entre la represión, el hostigamiento, la división y las falsas promesas de cambio, se intenta dar el golpe de fuerza que permita a los intereses mineros romper los lazos sociales y de autogestión comunitaria.

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El Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca

A partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han otorgado en la zona mixteca de Oaxaca y Puebla, autoridades comunales, habitantes y organizaciones sociales de la región comenzaron a reunirse en asambleas comunitarias para discutir y tomar acciones contra la imposición de estos proyectos. Así, colectivamente las comunidades tomaron la decisión de formar un frente regional para implementar acciones de defensa y resistencia. Fue así como nació el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca, con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a mineras extranjeras para la explotación de la tierra en sus comunidades.

Ya constituídos como frente, el pasado 1 de febrero desarrollaron en la comunidad de Santiago Chazumba la Segunda Asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales, a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos, población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca. Durante la asamblea informaron que los proyectos mineros, establecidos desde la Sierra Norte poblana hasta la Mixteca Alta oaxaqueña, atentan contra los ecosistemas de los municipios de la región, y denunciaron las amenazas que enfrentan por los responsables de los proyectos existentes en sus comunidades entre los que se encuentran: el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala; concesión minera Newmont Mining Co. en Cerro Colorado, Tehuacán; parque eólico en Miahuatlán, Puebla; fumigación de nubes con yoduro de plata en el valle de Tehuacán y en comunidades de la Mixteca oaxaqueña; concesión minera en Tequixtepec; así como la concesión minera Arco Resources Corporation en San Jerónimo Silacayoapilla; San Marcos Arteaga y Santiago Ayuquililla, aunado a la extracción de material pétreo en ríos de la región por pequeños concesionarios.

Ante este contexto de afectaciones y conflictividad, el Frente acordó declarar sus comunidades como “pueblos libres de minería, megaproyectos y en permanente resistencia” y, asimismo, la realización de acciones de resistencia y movilización en Oaxaca y Puebla para la defensa de sus territorios. Su primera acción fue la realización del Primer Foro Antiminería y Magaproyectos, celebrado el 8 de marzo en Santiago Chazumba.

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La minería es feminicida

El Primer Foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), giró en torno al tema de la minería como feminicida. Ahí se destacó que la minería extermina la vida, en particular de las mujeres, pues “el modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y patriarcales del sistema capitalista el cual no duda en asesinarnos, en desaparecernos y enfermarnos”.

Las mujeres de REMA, denunciaron firmemente “los agravios de este sistema patriarcal que se esconde en empresarios nacionales e internacionales; en gobernantes a nivel federal, estatal y municipal; también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos extranjeros”. Por ello, no dudaron en sentenciar que “no creemos en la minería sustentable, ni responsable, ni verde. Las mujeres no negociamos la vida”.

Finalmente, REMA fue contundente al manifestar que “le decimos al gobierno federal que si ellos no están dispuestos a acabar con el saqueo y la rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios parásitos que operan en nuestro país, lo haremos con la fuerza de las mujeres. Si este gobierno no está dispuesto a acabar de tajo con la impunidad, lo haremos nosotras”.

“Estamos comenzando tarde… pero podemos ganar”

“En Oaxaca existen 427 concesiones mineras. En la Región Mixteca, por lo menos, hay 61 concesiones diferentes” para la explotación de titanio, plomo, cobre, zinc, barita, hierro, oro y plata; manifestaron durante su ponencia los investigadores del Grupo de Investigación Independiente de Oaxaca.

Asimismo, manifestaron que en la lucha contra el despojo minero las comunidades de la región están comenzando tarde, por la rapidez con que avanzan las exploraciones mineras; sin embargo, confiaron en que aún hay tiempo para revertir esta problemática. Destacaron que el patrimonio de las comunidades y sus habitantes, concretamente de los niños, están en un grave riesgo pues de acuerdo con la Ley Minera las concesiones tienen vigencia de 50 años con renovación automática de otros 50 años más. “Todos tenemos que estar involucrados mujeres, niños, hombres, ancianos, ancianas. ¿Por qué? Muchos de estos niños tal vez tienen por lo mucho cuatro o cinco años. Si la concesión la otorgaron en el [año] 2016, esa concesión va a estar vigente cuando esos niños tengan cincuenta años y muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí”. Con esta duración en las concesiones “están hipotecando el futuro de nuestros pueblos por 100 años; y eso, el gobierno no lo ha echado para atrás”, expresó el mencionado grupo.

También informaron a los participantes un dato sorprendente: en la mixteca se encuentra el yacimiento de hierro más grande del planeta y éste se encuentra en las ambiciones del magnate acerero Lakshmi Mittal, dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA), en Michoacán, quien en junio de 2019 se reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador quien se comprometió a generar las condiciones idóneas para que el “Rey del Acero” pueda invertir en nuestro país mil millones de dólares. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la República, “estamos llegando al acuerdo de explorar, de que invierta más en México, cuando menos unos mil millones de dólares más, tanto en Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas”. La garantía que AMLO ofrece a Mittal es respaldar el proyecto minero implementado por su antecesor Enrique Peña Nieto que establece, de acuerdo con la Ley Minera, que la concesión minera cuesta 5 pesos por hectárea al año y después de los diez años, aumenta a 111 pesos. Sin duda un negocio redondo a la medida de la voracidad minera extranjera.

El panorama resulta complejo, por ello el grupo de investigación insiste en que “estamos empezando tarde”. De acuerdo a sus consideraciones, se necesita difundir ampliamente la información de lo que rodea al negocio minero a toda la sociedad y, principalmente, a dos instancias fundamentales: la presidencia municipal y la autoridad agraria “porque la empresa tendrá la venia del gobierno federal, pero si no tiene el permiso del municipio y no tiene el permiso del núcleo agrario, no puede entrar. Y eso está establecido en las leyes”.

Desde la óptica del Grupo de Investigación Independiente, para avanzar en la lucha de resistencia es necesario allegarse y difundir información lo más completa y certera posible. También considera que es fundamental desarrollar una política de medios que les permita insertar en la opinión pública la problemática que viven las comunidades mixtecas ante el avance de los proyectos mineros. Igualmente es necesaria la asesoría jurídica, pero siempre bajo las directrices de los mandatos de la asamblea comunitaria.

“Tenemos que estar preparados para movilizarnos y para confrontarnos. La empresa no nos va a decir ‘por favor déjame entrar’. En el momento en que vea que no tiene el permiso, va a aplicar la fuerza; y nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener la fuerza para demostrar que esa razón es válida”.

Y concluyó: “Podemos ganar, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo”.

Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

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