Ni los combustibles fósiles ni la energía verde son una opción si están en manos de trasnacionales: APIIDTT

Les compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre el modelo energético apropósito del reciente debate sobre las energías renovables – A 26 de mayo 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. Ante los amparos que interpusieron siete consorcios de energías renovables contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el cual impedía la operación de nuevas centrales solares y eólicas en el mercado eléctrico, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) reafirmó que las energías renovables en México sirven a las grandes empresas y contribuyen al despojo de los pueblos indígenas, además de que no combaten la crisis climática por servir a las transnacionales y proyectos extractivos e industriales.

«No es energía verde si es de las grandes empresas, y menos, si estas grandes empresas son las que más contaminan o destruyen otras geografías, como es el caso de los parque eólicos de Grupo México y Grupo Peñoles instalados en el Istmo Oaxaqueño, ambos conocidos consorcios mineros», señaló la Asamblea en un comunicado.

«Los combustibles fósiles no son más una opción, tampoco la energía renovable como mercancía en manos de las trasnacionales, si queremos mitigar está Crisis Climática, insistimos, todxs tenemos que trabajar en la construcción participativa de una Transición Energética ecológica, social, comunitaria y popular», concluyó.

La tarde del 25 de mayo, un juez federal concedió los siete amparos a las empresas contra el Acuerdo, el cual permancerá suspendido por tiempo indefinido hasta que el caso jurídico se revise a fondo.

A continuación el comunicado completo de la Asamblea: AQUI

Imagen: Foto: Maya Goded / Hablan los pueblos

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Protección y seguridad, un trato especial para las mineras

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de junio de 2020

En días pasados, el gobierno federal, a través de Francisco Quiroga Fernández, Subsecretario de Minería, de la Secretaría de Economía del gobierno de México, expuso que debido a la grave situación de inseguridad por violencia que enfrenta el sector minero, el pasado 14 de mayo instaló la “Mesa de Trabajo sobre Seguridad en la Industria Minera”, con el objetivo de “fortalecer esquemas en las zonas de las minas y la investigación en los delitos cometidos al sector”, con la intención de implementar una estrategia nacional para problemas regionales y acciones preventivas, así como protocolos y coordinación para intervenciones focalizadas.

Para el gobierno federal, la minería es una de las actividades más expuestas a la inseguridad debido a la aislada ubicación de sus zonas de trabajo, por lo que se producen toda una serie de delitos, como: robo, homicidio doloso y extorsión.

El Subsecretario Quiroga afirmó también que “se ha trabajado con los gobiernos de los estados y con las dependencias de la Federación, para combatir los problemas de seguridad de una manera inteligente” y que “se atienden causas primeras, se otorgan oportunidades y alternativas en las comunidades que son azotadas por este problema y se recurre a trabajos de inteligencia para prevenir, disuadir y desarticular las cadenas de delincuencia, así como su modus operandi”.

No se entiende que el Presidente López Obrador afirme, por un lado, que en su gobierno son “primero los pobres” y, por otro, ese mismo gobierno continúe priorizando los intereses de las grandes corporaciones (la Mafia del Poder). Además, resulta verdaderamente sorprendente la miopía con la que se conduce el gobierno federal en relación al fenómeno de la violencia en los territorios de extracción pues hay cientos de evidencias en donde las propias empresas mineras son quienes fomentan, generan e incluso alimentan financieramente la violencia e inseguridad, esa misma a la que ahora en conjunto con el gobierno federal pretende atender.

Nada ha hecho el gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal para proteger la grave inseguridad de las personas que ahí habitan, pero ahora al chasquido de las empresas se planea su protección personalizada. Nos preocupa que ahora ante está nueva acción de protección para el sector minero, se use también como pretexto para exacerbar e intimidar y criminalizar más a las y los defensores del territorio.

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente

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Apoyo a la negativa de la importación de Glifosato y prohibición de su uso, junto con alternativas agroecologías y ampliación de derechos piden Organizaciones de la Sociedad Civil en México

Compartimos el boletín de prensa de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) sobre la iniciativa de prohibición del uso de glifosato y otros agrotóxicos en México – A 2 de Junio de 2020

Más de 180 organizaciones no gubernamentales, agrupaciones sociales y académicos  de distintas universidades enviaron una carta dirigida a las autoridades  federales competentes  para que se mantenga la negativa a la importación de glifosato  por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y se prohíba de manera creciente en todos los usos, además de medidas para garantizar la protección de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente, y producir y consumir alimentos  sanos con una transformación agroecológica del sistema alimentario, más necesario que nunca en tiempos del COVID-19.

La Semarnat ha negado la importación del glifosato desde diciembre de 2019 y ha reiterado recientemente “la urgencia de tomar medidas legales para eliminar en forma progresiva la importación y el uso del glifosato en México, ya que hay evidencias claras del daño que este compuesto químico ha causado a la salud de la población y a la biodiversidad”[1]. Para eliminar el uso del glifosato se requiere un acuerdo de las autoridades federales involucradas. En primer lugar, de la Comision Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) quien otorga o puede cancelar de manera definitiva las autorizaciones de plaguicidas; también del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA  de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y de Semarnat. Sin embargo, la decisión de negar la importación de glifosato ha sido duramente criticada por las empresas transnacionales  de plaguicidas y asociaciones del Consejo Nacional Agropecuario que buscan echar abajo esta decisión.

El glifosato es un  plaguicida de alta peligrosidad autorizado por COFEPRIS para empresas transnacionales como Monsanto, propiedad ahora de Bayer, y para empresas comercializadoras de plaguicidas genéricos, en 167 registros de productos comerciales para plantas formuladoras y usos  agrícola, urbano y jardinería. 

El glifosato es un herbicida clasificado por la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica, reportados en la literatura científica y compilados por CIBIOGEM en una base de datos de acceso público[2]; y por organizaciones de la sociedad civil en América Latina[3]. En ellos, se detallan los informes de la literatura científica donde se ha asociado la exposición al glifosato con la encefalopatía, autismo, parkinsonismo, linfoma No Hodgkin, teratogénesis, estrés oxidativo, mutagenicidad, genotoxicidad, trastornos en el sistema endocrino, toxicidad en el sistema reproductivo, sistema inmunológico (de suma importancia en tiempos de la pandemia del  COVID-19), sistema nervioso y sistema renal, entre otros. Además de su toxicidad en peces, anfibios, tortugas, crustáceos, moluscos, fitoplancton, zooplancton, organismos polinizadores y otros insectos benéficos, y en aves y reptiles.

La carta pide que se de prioridad al glifosato en el cumplimiento de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por parte de la COFEPRIS, Semarnat y  SADER. de que el Plan  Nacional de Desarrollo 2019 a 2024 cuente con  programas sectoriales de reducción de uso y prohibición progresiva de plaguicidas de alta peligrosidad, con metas medibles y cuantificables. “Para cumplir con estas metas es necesario que se establezca en la legislación el derecho público a conocer, la cantidad, el tipo y el lugar donde se aplican plaguicidas de alta peligrosidad como el glifosato,  como lo hacen ya  otros países incluso en California, Estados Unidos”, declaró  Fernando Bejarano, Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM).

“La carta demanda que se incluyan metas de eliminación del uso de glifosato y de otros plaguicidas dentro de una política y programa nacional de escalamiento y transición agroecológica del sistema alimentario para que sea sano, justo y sostenible” declaró Rocío Romero del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) en México. 

“El uso de glifosato ha perjudicado ya la producción y exportación orgánica de  café y otros cultivos” declaró  Luis Martínez Villanueva de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, quien añadió “es por eso que numerosas sociedades cooperativas productoras de café, miel y otras organizaciones que impulsamos el comercio justo y la agricultura orgánica nos sumamos a esta carta.”

“Se han encontrado residuos de glifosato en harinas de maíz industrial por lo que en la carta pedimos se informe a los consumidores de manera regular y accesible, el monitoreo de residuos de glifosato y de otros plaguicidas de alta peligrosidad en los alimentos del mercado nacional” afirmó Mercedes López, directora de la Asociación de Consumidores Orgánicos de México y de Vía Orgánica, A.C, que ha realizado investigaciones al respecto.[4]

“Otra de las demandas de la carta es  que se detenga la siembra ilegal de soya transgénica, y las fumigaciones aéreas del glifosato y otros agrotóxicos, en el municipio de Hopelchén en Campeche”  afirmó Leydi Pech Martín del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, “pues ya se ha encontrado glifosato en la orina de hombres y mujeres  y en el agua subterránea y potable” añadió.

La carta colectiva es respaldada por numerosos expertos en toxicología y  agroecología en varias universidades de México como la Universidad Autónoma Chapingo y sus diversos centros regionales, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Nayarit. 

También  cuenta también con el apoyo de organizaciones internacionales y de América Latina, entre ellas la Red Internacional de Eiminacion de Contaminantes (IPEN), la Red Internacional de Plaguicidas (PAN International) y de la Red de Plaguicidas y Alternativas en América Latina (RAPAL) y sus miembros en Argentina, Costa Rica, Chile, Cuba, Paraguay y Uruguay, del colectivo Naturaleza de Derechos de Argentina, y la Asociacion Brasileña de Agroecología y los Grupos de Trabajo de Salud y Ambiente de la Asociacion Brasileña de Salud Colectva (ABRASCO), el Grupo de Trabajo de FIOCRUZ y el Movimiento Ciencia Ciudadana de Brasil y Womens Engage for a Common Future (WECF), entre otros.

Leer la carta AQUÍ

Para mayor información comunicarse con  Fernando Bejarano, cordinacion@rapam.org.mx

Imagen: REdBioética

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REMA: La minería y el gatopardismo de la incidencia política

Comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 01 de junio de 2020

Debido a la extraordinaria devastación que la actividad minera realiza en los lugares donde se instala, constituye uno de los ejes contemporáneos de conflictividad social más significativos a tener en consideración. Por ello, hoy que el ultraje y el saqueo a pueblos y comunidades se está incrementado y el debate sobre la pertinencia/constitucionalidad de la Ley Minera resurge; desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), NOS PRONUNCIAMOS NO POR UNA REVISIÓN A LA LEY MINERA, SINO POR LA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ESTE MODELO EXTRACTIVO EN TODO EL PAÍS.

Desde nuestra posición, advertimos la existencia de un lobby de actores sociales, políticos y académicos que insisten (pese a que los daños, afectaciones y conflictos que generan las empresas mineras a su paso por los territorios de extracción han sido ampliamente documentados), en que los males socioambientales generados por el «modelo extractivo minero» podrían resolverse con algunas modificaciones al entramado legal. Ello es una equivocada premisa porque, no es una solución para los pueblos, sino de un conjunto de propuestas encaminadas a maquillar la minería como una industria “verde”, “sustentable”, “segura”, “responsable” y “respetuosa de los derechos humanos”, que son adjetivos que se han utilizado en todo el mundo únicamente para legitimar el despojo.

Nuestra posición se basa en la realidad de entender y vivir la gran asimetría que genera el sistema capitalista a partir de imponer un modelo extractivo que mercantiliza la naturaleza y destruye la vida, por lo tanto, si los promoventes de esa ley “amplia” consideran que una consulta desarrollada con los mejores y más altos estándares internacionales, incluyendo la libre determinación de los pueblos, así como el resto de cambios que se proponen serán suficientes para garantizar un modelo de extracción equitativo, justo, sustentable, etc., entonces estamos ante un problema mayúsculo, porque los cambios abonarán a legalizar el resultado de la minería: EL DESPOJO Y DESPLAZAMIENTO FORZADO, ambos procesos multifactoriales que en pocas ocasiones se reconocen en su real magnitud.

Los reformistas aspiran también a que la evaluación de los proyectos mineros incluya, entre otras cosas, una “novedosa” manifestación de impacto social, de modo que se garantice el derecho a la tierra y al territorio. El conjunto de sus propuestas son un bocadillo casi completo, muy útil para quienes viven de la incidencia política, pero intrascendente para los pueblos que conviven con la violencia que ejerce un proyecto extractivo.

Como REMA anclamos nuestra posición en la realidad existente en los territorios de extracción, una realidad causada por el sistema capitalista que ha generado y colocado a las comunidades y a los individuos en una situación de permanente vulnerabilidad y pobreza que muchas veces les orilla a aceptar la instalación de proyectos que socavan su propia integridad y/o a optar entre medios de vida insalubres, mal pagados y peligrosos o el desempleo, lo que contribuye a establecer relaciones asimétricas de poder-dominación entre las empresas mineras y los pueblos y comunidades.

Quienes impulsan este proceso saben de sobra nuestra posición como REMA. Estamos totalmente de acuerdo en trabajar en una nueva Ley Minera, siempre y cuando esta tenga sólo un artículo:

Art. 1.- LA MINERÍA EN MÉXICO ESTÁ PROHIBIDA.

Ya en algunos países, gracias a la movilización de los pueblos que han vivido el impacto minero, se ha logrado la prohibición de la minería metálica (El Salvador), la minería de oro a tajo abierto (Costa Rica) o la minería metálica y el uso de ciertas sustancias tóxicas (en varias provincias de Argentina en donde la competencia sobre la minería es estatal y no federal). No vemos por qué no hacerlo en nuestro país, sobre todo hoy que se pretende evaluar la calidad de vida y la felicidad de los mexicanos por encima de los absurdos del Producto Interno Bruto como factor de bienestar.

Quienes vienen trabajando en la reforma desde hace tiempo, ven la posibilidad de una industria extractiva “amigable con el medio ambiente” en el marco del capitalismo. A nuestro parecer, o lo hacen desde un análisis lejano a la realidad con mucha ignorancia del conjunto de problemáticas que genera la minería o lo hacen desde una falsa premisa que los hace suponer que una “buena” Ley Minera será suficiente para cambiar el propósito central del modelo extractivo. Ese mismo que durante los últimos 50 años ha sido capaz de crear para sí una gran tecnología para la remoción, extracción y destrucción de los bienes naturales, así como un poder financiero sustentado en uno de los principios básicos del capital: LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN. Mientras esa premisa no se transforme, toda incidencia política pro-derechos, donde de facto no existen, facilita, al mismo tiempo, la imposición y reproducción del modelo.

¡LA MINERÍA MATA Y POR ELLO DEBE PROHIBIRSE!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Imagen: Forbes. Crédito: Grupo México

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[Infografía] ¿Sabes cuanta agua gasta Femsa Coca Cola en San Cristóbal?

A casi 20 días de lanzar una petición por la plataforma Change, donde se le pide a CONAGUA revocar la concesión de aprovechamiento de agua a Femsa Coca-Cola en Chiapas, se han logrando recaudar veinticuatro mil cuatrocientas cincuenta y cinco firmas.

>>Firma le petición aquí<<

Les compartimos esta infografía sobre el consumo y extracción de agua que hace la refresquera en San Cristóbal de Las Casas desde hace 20 años.

>>Descarga la infografía aquí<<

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la embotelladora FEMSA-Coca Cola extrae 1.3 millón de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del cerro Huitepec, donde las comunidades carecen del vital líquido. Diferentes colectivos y organizaciones nos hemos pronunciado en contra de esta planta que aparte de extraer grandes cantidades de agua, sus productos dañan mucho la salud de sus consumidores; contienen grandes cantidades de azúcar, causando obesidad, diabetes, malnutrición, descalificación de huesos y dientes, entre otros daños y enfermedades. Ve esta infografía al respecto.

Información sobre producción: Coca Cola reducirá la cantidad de agua que utiliza en su producción, Coca Cola promete restituir los 200 litros de agua que usa por cada uno de la gaseosa

>>Descarga la infografía aquí<<

Más información:

En Prensa:

Acuerdan delimitar humedales La Kisst y María Eugenia en Chiapas

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre los humedales de Montaña en San Cristóbal de Las Casas- A 12 de mayo de 2020

Por Elio Enríquez

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Autoridades del sector ambiental de los tres niveles de gobierno y representantes del poder legislativo federal acordaron delimitar los humedales de La Kisst y María Eugenia y ubicar señalización en sitios clave, en los que se indique su importancia y las consecuencias legales que implican su invasión y relleno, para evitar que continúe su destrucción.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que lo anterior fue acordado en una reunión virtual con defensores de la sociedad civil de San Cristóbal, con el fin de “dar seguimiento a la problemática que enfrentan en la ciudad debido a la invasión y relleno de humedales de alta montaña de La Kisst y María Eugenia, ecosistemas que juegan un papel fundamental por los servicios ambientales que prestan”.

Destacó que éstos humedales “son áreas naturales protegidas por decretos estatales de 2008 y 2011, considerados en la Lista Internacional de Sitios Ramsar (zonas de reserva por su importancia internacional) desde 2012. Su superficie original era de 232 hectáreas y se ha visto reducida a 156”.

En un comunicado, la Semarnat agregó que también se convino realizar “en el menor tiempo posible una reunión con el Fiscal General del Estado y con el delegado en Chiapas de la Fiscalía General de la República”, para analizar los relacionado con varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

Señaló que de igual forma se acordó establecer “una ruta crítica que buscará sumar a autoridades que no estuvieron presentes e integrarlas al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno con la sociedad civil”.

Recordó que “desde septiembre de 2019, autoridades municipales de San Cristóbal han sostenido reuniones con la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para sumar esfuerzos y tratar de resolver esta situación que se presenta desde hace más de 12 años”.

En ese contexto, abundó la dependencia, “se conformó la Mesa de Atención Interinstitucional de los Humedales de Montaña de San Cristóbal de las Casas, mediante la cual se han levantado denuncias, órdenes de demolición y clausura de accesos, acciones que lamentablemente han sido violentadas”.

Precisó que en el encuentro virtual participaron representantes de la Semarnat, de la Conanp, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas y, por parte del Legislativo, la diputada federal Martha Dekker, del partido Morena.

Por parte de la sociedad civil estuvieron representantes de las colonias del norte y sur de la ciudad, del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca Jovel, del Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C., de La Plataforma por el Derecho al Agua en Chiapas, de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra en el Valle de Jovel, Educreando A.C. y Cecropia.

Imagen: Humadal de La Kisst

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Daniel Atala Midence, Responsable del Asesinato de Berta Cáceres, debe ser enjuiciado y castigado

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 11 de mayo de 2020

Hace una semana se hizo la solicitud formal al Ministerio Público de requerimiento fiscal contra Daniel Atala Midence por el delito de asesinato y asociación ilícita, como parte de la autoría intelectual del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores, Coordinadora General y miembra fundadora del COPINH.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras comunica lo siguiente:

  1. Existe prueba contundente acerca de la participación de Daniel Atala Midence, en la persecución, criminalización y vigilancia derivados en el asesinato de Berta Cáceres, por lo cual esta persona debe de ser procesada y enjuiciada.
  2. Desde hace más de 4 años el Ministerio Público, dirigido por Óscar Chinchilla, cuenta con prueba clara y suficiente que vincula a Daniel Atala Midence, miembro de la familia Atala Zablah, con la autorización de pagos para monitorear, perseguir, criminalizar y judicializar a Berta Cáceres, acciones que concluyeron con su asesinato.
  3. En octubre de 2018 el COPINH, junto a hijas, hijo y madre de Berta Cáceres presentaron ante la oficina del fiscal general, Óscar Chinchilla, documentación clara que sustenta la solicitud de procesamiento y enjuiciamiento contra esta persona y otros autores intelectuales del crimen.
  4. Daniel Atala Zablah, fungió como gerente financiero de la empresa DESA, y dirigió junto a David Castillo las acciones ilegales con el objetivo de construir la represa Agua Zarca, que resultaron en el asesinato de 6 personas incluyendo Berta Cáceres. Es hijo de José Eduardo Atala Zablah, y sobrino de Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah miembros de la junta directiva de dicha empresa, máximos responsables de las decisiones tomadas.
  5. La sentencia del proceso EXP.388acu.414 contra los autores materiales del asesinato de Berta Cáceres, textualmente dice: “(…) ocasionó que se planificara y mediara la forma de dar muerte a la señora Cáceres, todo ello con el conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de la empresa DESA, entre ellos el señor Sergio Rodríguez y otros más que no son parte de este proceso.
  6. El Estado de Honduras ha tenido más de 4 años para deducir las responsabilidades e implementar las acciones legales para sancionar a esta estructura criminal, por lo cual se enfrenta a procesos de demandas internacionales al mantener la impunidad. 
  7. La falta de justicia teniendo pruebas no solo es impunidad sino corrupción.

¡La Justicia tardía no es justicia!

¡Justicia para Berta!

Dado en la ciudad de La Esperanza a los 11 días del mes de Mayo del año 2020.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

¿Quién es Daniel Atala Midence?

Gerente Financiero de Desarrollos Energéticos S. A (DESA), acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres.
Existe prueba clara que vincula a Daniel Atala en el asesinato de Berta Cáceres. Él debe de ser procesado y enjuiciado.

La falta de justicia teniendo pruebas no solo es impunidad sino corrupción.

Más de 20 mil firmas piden a CONAGUA que salga la Coca Cola de San Cristóbal

Actualización de la petición a 15 de mayo de 2020, se han recabado veinte mil quinientas ochenta y seis firmas pidiendo a CONAGUA retirar la concesión de aprovechamiento de agua a FEMSA-Coca Cola en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

>>Firma le petición aquí<<

San Cristóbal de Las Casas, Chi. 8/05/2020| En solo tres días la petición a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para revocar la concesión de aprovechamiento de agua para la empresa FEMSA en Chiapas alcanzó las diez mil setecientas firmas. Desde 1995 la planta de la refrescadura en San Cristóbal de Las Casas empezó sus operaciones, trabajando con dos concesiones días al año y extrayendo 1.3 millones de litros diarios de aguas profundas del Valle de Jovel. Se sabe que el lapso de 1995 al 2015 se extrajeron diez mil millones de litros, lo que equivale a diez veces el cupo del estadio azteca.

Ilustración por Colectivo Alter-Navitas

Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel. Sin embargo se renovaron sus concesiones por otros 20 años, sin consultar a la población de San Cristóbal.

Aunado a esto dicha bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y diabetes. A la vez de los mayores consumidores de esta bebida.

La población de San Cristóbal a expresado porque firma y apoya la petición, les compartimos algunas de las razones en voz del Valle de Jovel. #YoProtejoElAgua

Diversas organizaciones y colectivos se han pronunciado a favor de revocar la concesión a dicha empresa: «sostenemos que el derecho al agua tiene preeminencia sobre cualquier uso comercial. Compete a la CONAGUA -como órgano del poder ejecutivo federal y elemento fundamental del Estado mexicano- la obligación de respetar, preservar y proteger los recursos naturales y esenciales para la vida y el bienestar de los y las habitantes de la ciudad».

Imágenes: Ilustración Fuera CocaCola Crédito: Colectivo Alter-Nativas. Imágnes #YoProtejoElAgua Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas

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El Escaramujo 93: ¿QUÉ HAREMOS DESPUÉS DEL COVID-19?

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 93 en pdf<<

Hemos explicado cómo llegamos a este punto y la magnitud de lo que implica lo sucedido con el COVID-19 en El Escaramujo No.92. Si nos basamos en la premisa fundamental de que un nuevo virus aparecerá, o varios más, incluso más letales y en un futuro no muy lejano, es imperativo plantearnos ¿qué pasó durante el confinamiento?, ¿qué hicimos?, ¿qué no hicimos?, ¿qué nos faltó hacer?, ¿cómo nos hubiera gustado estar preparados?, ¿qué haremos para afrontarlo nuevamente? Este confinamiento de la humanidad ha desplazado nuestras vidas al territorio mínimo, inmediato y básico: la vivienda, el hogar, la casa. Se intentó reducir las relaciones políticas a la familia y a sus miembros. Este territorio también en disputa se presionó con coerción y con miedo; con presión política, militar, toques de queda, mediática y económica por medio de multas. Se generó la narrativa de que el confinamiento es por amor, por protección a los demás, por solidaridad, por responsabilidad, por prevención, y por medio de un eslogan que machacó las conciencias: “Quédate en Casa”.

La tentación del olvido y regresar a la “normalidad”

Después del COVID-19, una vez superado el confinamiento y haber enterrado a los muertos, existe la tentación de enterrar también lo sucedido, enterrar la memoria y salir a la calle a toda prisa para recuperar lo que se tenía, esos sistemas personales, familiares, empresariales o de otra índole que nos mantenían funcionando, que nos garantizaban la subsistencia, las comodidades o al menos los mecanismos y la rutina al que se estaba acostumbrado para vivir. Aunque muchas personas y negocios ya no podrán hacerlo.

La gula por recuperar lo perdido a toda costa y lo más rápido posible para regresar a esa supuesta “normalidad” en la que se vivía, a esa rutina, a ese nivel y costumbre de consumo, aunque implique el endeudamiento nuevamente a mediano o largo plazo, engordará a los acreedores y pondrá al límite a los deudores. El Banco Azteca y Elektra, Coppel, Banorte, CityBank, BBVA, entre otros bancos privados, las casas de empeño, otros prestamistas y usureros entre los que se encuentra también la banca multilateral como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otros bancos multilaterales regionales, serán los buitres que recogerán la carroña que deje el COVID-19. No condonarán deudas, sólo las aplazarán y aprovecharán la ocasión para la extracción de más dinero de los millones de personas que desean regresar a la normalidad del capitalismo depredador.

Sin embargo, lo que no es ni era normal es que los alimentos se transporten miles de kilómetros para que estén en la mesa; que dependamos de una empresa para que nos venda la comida y las semillas; que una transnacional sea dueña del agua, otra o la misma sea dueña de una medicina gracias a las plantas y los genes y al conocimiento tradicional de los pueblos. No es normal la violencia, los feminicidios, la pobreza o el desplazamiento forzado.

Enterrar en el olvido lo sucedido abarca con ello lo malo y lo bueno que la crisis generada por el COVID-19 desató en las personas, en diversos sectores de la población. Desde los escupitajos y violencia contra quienes salvaban vidas en los hospitales, hasta las acciones de solidaridad más loables e impresionantes que se registraron en muchos rincones del planeta. Por ello, es imperativo la vacuna contra el olvido para no borrar de la conciencia colectiva lo malo para no repetirlo, y lo bueno para mantenerlo, potencializarlo y mejorarlo.

La Agenda para el Movimiento Social

El COVID-19 es una advertencia que nos invita a la conciencia ambiental, política, social y económica. A la conciencia mundo, a la consciencia sistémica. Y es que hay una verdad inexorable e irrefutable: habrá otros virus. Y más letales. Por ello tenemos que plantear el futuro, lanzar la mirada hacia los próximos años inmediatos pero desde este momento de la crisis, antes de que se nos olvide lo vivido y, desde la crisis, plantear Alter Natos. ¿Cómo queremos un futuro? Las nuevas pandemias serán generadas ya sea por la actividad extractivista y económica que produce el sistema capitalista con una acelerada pérdida de la biodiversidad. Ya sea por el modelo de producción industrializado de alimentos o por que el Cambio Climático acelerado liberará nuevos virus congelados en el permafrost. Pero también por alguna guerra biológica o una liberación intencionada del virus. El asunto es que volverá a suceder. Y solo desde este momento de crisis, no desde la “vuelta a la normalidad”, podremos diseñar la prevención y las alternativas. Nosotros le llamamos “Alter Natos”.

Acostumbrados a que el concepto de “alternativa” implique por lo general la elección entre dos caminos, dos opciones que se bifurcan radicalmente entre la opción buena versus una opción mala, nos parece importante resaltar la evidencia de que existen muchos mundos posibles que construyen los pueblos, según su historia, su lengua, su geografía, sus modos de organización, entre otros elementos. Muchos caminos y modos diversos que conducen hacia lo mismo, hacia la felicidad colectiva, hacia la construcción de otros sistemas. Esto es para nosotros el “Alter”, los varios caminos. muchos modos. Y como son propios, endémicos, nacen de la región, de lo que los pueblos construyen desde su visión, lo llamamos “Natos”. Por ello, buscar opciones no significa aplicar normas iguales, importar paradigmas estructurales o recetas aunque sean de izquierda; o copias sin adaptar lo necesario. Sino que más bien se construyen desde lo local. Esto es el “Alter Natos”. Diseñar y construir “Alter Natos” es el momento fundamental que ahora nos devela el COVID-19. Se requiere de inventar, de construir, de soñar, de implementar, de probar formas transitorias o que nos transiten a nuevos sistemas. No bajo grandes recetas o formulaciones muy complicadas en términos políticos, económicos, académicos o conceptuales, con grandes enciclopedias que nos marquen el camino, o que mientras menos entendamos, más complicadas sean o más abstractas, pareciera que es mejor y más inteligente. No. Transitar a otros mundos posibles es desde lo concreto, desde las nuevas prácticas y hábitos con lógicas distintas al capital que generan nuevas conciencias colectivas.

Todo Alter Natos está marcado en el contexto de una transición. Difícil es salir del sistema de manera repentina o mutante. Esto es ingenuo. Sin embargo, también es cierto que no podemos cambiar el sistema ni ser diferentes, si seguimos haciendo lo mismo, si continuamos con las mismas prácticas y principios que nos rige el sistema capitalista. Tenemos que cambiar la lógica. La solución no está dentro del mismo sistema aunque lo pintemos de verde o lo intentemos “humanizar”, hacer “sustentable” o “responsable”, lo que no está en su ADN. Se requiere ver hacia otro lado y apuntalar hacia ese cambio que queremos vivir. Cambiar la conciencia, la práxis, los hábitos, el consumo, la relación con la Naturaleza y con nuestros semejantes.

Para buscar Alter Natos es necesario sistematizar la experiencia. Durante el COVID-19 se gestaron nuevas prácticas e ideas, aunque otras muchas recobraron y renovaron su sentido político; también se actualizaron o adquirieron nuevo sentido y más fuerza. Muchas acciones y propuestas se recubren, son sinérgicos y se relacionan intrínsecamente.

Será necesario también potenciar todos los recursos urbanos por su lado y los recursos rurales por el otro. Y lo que haga falta, buscar los vínculos necesarios basados en la Economía Solidaria, los mercados locales. El movimiento social tiene ahora la oportunidad de encauzar y priorizar su agenda. Más adelante rescatamos algunos cuantos de los muchísimos otros elementos que se pueden recuperar y que corresponden tanto a nivel familiar o comunitario, macro como micro, global como local, urbano o rural. No están en orden de importancia, ni están todas ni cada creatividad registrada durante el confinamiento. Imposible abarcar todo. Lo que sí podemos asegurar es que cada quien, cada persona y familia ha acumulado una experiencia vital y única sobre el mismo fenómeno, y eso, habrá que aprovecharlo, porque no había sucedido. Esta experiencia nos dimensiona lo que es posible si nos ponemos de acuerdo los pueblos. Si el sistema colapsó en pocos meses, podemos hacer resurgir otros paradigmas. En tan poco tiempo hemos visto el daño que le hacemos al planeta con este sistema. En pocos días el planeta respiró limpio; la fauna y la flora reaparecieron. Esta experiencia nos debe ayudar a darnos cuenta lo que sucede con un planeta sin humanidad, y el daño que hacemos con este sistema capitalista a la casa que habitamos. Este sistema no cabe en este planeta.

Desde otro punto de vista, el COVID-19 nos regaló la gran oportunidad de respirar, de ver las cosas de diferente manera, de generar esperanzas en que se puede vivir de otro modo. Nos ha dado otra oportunidad para que sobreviva la humanidad, para ver desde fuera, desde lejos, pero desde dentro de nuestras casas, lo que el sistema ha significado para nuestras vidas y la Naturaleza. Nos ha mostrado que podemos revertir el Cambio Climático si hay voluntad política y creatividad. No se ha hecho porque el Estado Corporativo no está dispuesto a sacrificar la acumulación de capital.

Tres claves son fundamentales para enfrentar las futuras pandemias: la descentralización, la diversificación y la organización colectiva. Estos criterios son vacunas que favorecen la independencia y la soberanía como pilares para lograr otros mundos posibles. La concentración de alimentos, de la producción, de la salud o de la tecnología en pocas manos no se sustenta. El monopolio, los monocultivos, la mono-dependencia del petróleo, de los ingresos exclusivos de un sector como el turístico o el “eco-tursimo” para sobrevivir, tampoco son la solución. El endeudamiento impagable e ilegítimo se contrapone a la soberanía. Las soluciones mesiánicas del Estado Corporativo se contrapone a tres criterios fundamentales para crear otros paradigmas de vida feliz: la autonomía, la autodeterminación y la autogestión de los pueblos. Es necesario crear las propias reglas y normas, definir el rumbo y administrar el camino hacia nuevos paradigmas, otros Alter Natos.

Nos preocupa más la exigibilidad de los derechos sobre un Estado Corporativo cuya lógica interna y posibilidades estructurales no le es posible otorgarlo. Debemos repensar la autonomía con autogestión de las condiciones para la felicidad colectiva. No limitarse a la exigibilidad al Estado para que nos garantice el agua, la luz, los alimentos o las medicinas, sino caminar hacia la autodeterminación. Que el Estado nos deje hacer, nos deje pasar las iniciativas de los pueblos.

Si nos regresáramos en el tiempo, digamos un año antes de estos acontecimientos y, sabiendo lo que nos sucedería, ¿cómo nos hubiéramos preparado?, ¿qué condiciones hubiéramos puesto para mitigar lo que se vivió? Esta perspectiva nos puede ayudar a preparar nuestros Alter Natos para no olvidar. Echemos la imaginación a volar para saltar de este sistema. El confinamiento nos dio la razón de lo que se puede hacer si nos pusiéramos de acuerdo en buscar otros paradigmas de vida. Pero al mismo tiempo debemos hacer un ejercicio de autocrítica de la cotidianidad personal, familiar, colectiva y sistémica; un ejercicio fuerte imaginación y creatividad; y una gran fuerza de voluntad política para dejar de reproducir el modelo de vida que reproduce el sistema y pensar y actuar colectivamente. Esta es la semilla de la rebelión sistémica.

Veamos entonces algunas pistas…

  1. La Salud en manos del pueblo. Luego de inundaciones o temblores se sugiere que las familias tengan a la mano o en una bolsa sus documentos, una linterna o agua, entre otras prevenciones. Durante el COVID-19 se buscó con ansiedad alcohol, mascarillas, gel antibacterial, papel higiénico, entre otros productos. De igual manera habrá que tener preparado el kit para cada persona. Piensa qué cosas sobre el tema de la salud necesitaste durante el COVID-19 y acopia lo suficiente y con tiempo. Se inventaron en casa tapabocas, batas y otros artefactos para prevenir las infecciones y se distribuyeron solidariamente a los centros de salud. Es necesario generar mecanismos de autosuficiencia sanitaria sin tanta dependencia de las empresas y el Estado. La medicina tradicional, la buena alimentación y la disminución de enfermedades como la diabetes, entre otras, ayudarán para prevenir. Estos proyectos populares de salud preventiva recobran mucho sentido. Los mecanismos comunitarios y vecinales de salud servirán de mucho en una contingencia similar. No podemos olvidar que se sacrificó a millones de personas para que los sistemas de salud desmanteladas por los mismos gobiernos no se les colapsaran para poder atender a los enfermos. Todos pagamos el precio de su privatización, por ello es importante luchar por un servicio y sistema público de salud.
  2. El consumo necesario. Por las dificultades económicas se redujo el consumo a lo indispensable. Esto ofreció la oportunidad de combatir el consumismo y generar nuevos hábitos que modifican la lógica de consumo que acarreamos, de tal manera que ni los préstamos o programas sociales de gobierno sean para activar el consumismo innecesario, sino para prepararnos para otra pandemia. Mucha gente dejó de consumir CocaCola, dejó de fumar, de consumir tanto alcohol o comida chatarra, entre otros hábitos. Nos dimos cuenta de cuántos gastos superfluos hacemos. Y es que los hábitos son los más difícil de cambiar. Para muchos fue la oportunidad de consumir productos artesanales, de mayor duración y calidad.

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Posicionamiento del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 ante la crisis del COVID 19

Compartimos este posicionamiento del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4 – A 27 de abril de 2020

La crisis de salud que atraviesa a la humanidad y su entorno, es motivo para repensar el rol y deber que debemos ejercer para la sustentabilidad de nuestro planeta. Es por eso que:

  1. Las organizaciones socioambientales, comunitarias y rurales, que conformamos el M4, extendemos nuestra solidaridad y apoyo a los pueblos del mundo ante la crisis sanitaria producido por el COVID 19.
  2. El M4, cuyo accionar y actividades son en Latinoamérica, expresa su profunda preocupación por las miles de familias que además de ser víctimas del COVID 19, son aquellas que históricamente han sido afectada por un modelo de desarrollo que los ha mantenido en una desigualdad social y marginados de una salud digna.
  3. El M4 ha sostenido como principios que ante la crisis ambiental global, un mejor modelo económico, es aquel que conserva su patrimonio ecológico, condición para optar por un ambiente sano para los ciudadanos.
  4. El M4, ante la crisis del COVID 19, expresa y repudia enérgicamente, que la carga y secuelas negativas para la economía general, sea asumida a futuro por nuestros pueblos.
  5. La pandemia del COVID 19 pone de manifiesto que los conflictos socioambientales provocados por el capital financiero sobre el espacio natural, han quedado a merced del descontrol, desamparo e intemperie de las protección ambiental de los derechos humanos.
  6. El M4 hace un profundo llamado a los gobiernos, defensorías del pueblos, y organismos de Derechos Humanos de la región, para que cumplan con los oficios y exigencia para la la suspensión de operaciones de las empresas extractivas mineras. Dicha operaciones están violando las leyes nacionales en materia de salud y ambiente y poniendo en riesgo a los trabajadores y comunidades aledañas, sin ningún control o medidas que eviten la propagación del COVID 19.
  7. Ante la crisis del COVID 19, queda en evidencia que las empresas mineras apuestan a sus ganancias sin importar los efectos negativos que generan en la población. Además se suma su falta de cumplimiento de medidas de contención y prevención ante cualquier hecho que atente con la vida de sus trabajadores.
  8. En cumplimiento de las medidas de salud y cuarentena, el M4 junto a pueblos asechados por el COVID 19, exigen a los gobiernos priorizar la atención a salud, alimentación y servicios básicos de superviviencia para sus poblaciones, en especial aquellas comunidades marginadas que son las que más están sufriendo las consecuencias de la propagación de esta pandemia.

Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4-

Imagen: Movimiento M4

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El Escaramujo 92: EL COVID-19 Y LA CRISIS SISTÉMICA

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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En medio de la crisis del COVID-19 que devela la insustentabilidad del capitalismo, nos preguntamos qué haremos luego y si todo será igual que antes. Otros esperan no regresar a la supuesta “normalidad”. Pero antes de reflexionar sobre las salidas, las alternativas y los escenarios futuros e inmediatos, consideramos que es fundamental entender cómo llegamos a este punto, lo que nos permitirá comprender mejor el momento que se vive durante la pandemia y lo que está por venir y construir.

Existen muchas teorías sobre el origen del COVID-19, sobre quién es el responsable; si es cierta su existencia o un invento de poderes oscuros o bien definidos. Pero por lo pronto da igual. El resultado es el mismo. Se puso en jaque al sistema capitalista y han puesto en crisis sus elementos fundamentales.

Los Modelos del Capitalismo

El Estado siempre ha estado al servicio del capitalismo y su acumulación. El concepto del Estado Nación nace con el Tratado de Wesfalia en 1648 que da fin al sistema feudal. Pero es hasta 1760 con la Primera Revolución Industrial que nace el Capitalismo con antecedentes patriarcales que también le dan origen y lo siguen sustentando, donde el Estado juega un rol fundamental en la acumulación del capital. Su primera expresión modélica fue el Modelo Liberal que facilitó la entrada de los grandes capitales bajo la supervisión y garantía del Estado o gracias a su debilidad frente a las compañías petroleras o bananeras, a los grandes hacendados, los gobiernos autoritarios o dictaduras. Se les dejó hacer y dejó pasar (“laissez faire, laissez passer”) sin la intervención del Estado hacia un libre mercado sin aranceles, sin subsidios; un libre mercado laboral y libres fronteras donde la “mano invisible” del economista Adam Smith guiaría la economía de mercado hacia la felicidad de toda la sociedad. Las libertades individuales, la libre oferta y demanda, serían claves en el nacimiento del capitalismo.

Cuando este modelo entra en crisis en 1929 con la Gran Depresión, empieza a transitar hacia otro modelo al finalizar la II Guerra Mundial cuya economía de guerra logró sacar al sistema de esa Depresión. Los países quedaron devastados por esta guerra. Se crea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con ella todo su andamiaje político. Frente al desastre social y económico, ¿quién rescataría la economía y el proceso de acumulación?: el Estado. Es así como el Estado entra a generar nuevos mecanismos para la carrera de la acumulación de capital y se instaura el Modelo Estado de Bienestar. Esta crisis justifica política, económica e ideológicamente el concepto de los “derechos humanos”. Así, el Estado, y no el libre mercado, está ahora obligado a garantizar el empleo, el bienestar de los gobernados con su intervención, como diría el economista Keynes, para invertir en gasto social. Sustituir importaciones frente a un mercado internacional colapsado por la guerra y generar los propios medios nacionales de subsistencia. Es entonces cuando se forman los sistemas de salud, de educación, de energía eléctrica, de telecomunicaciones, las empresas estatales, las leyes que protegieran los derechos laborales y los servicios públicos como la basura, el correo postal, entre otros muchos servicios. Se otorgaron algunos subsidios y créditos estatales, se forman o se nacionalizan los bancos, se protege en algún grado las cadenas productivas nacionales, se erigen los aranceles, se construyen las infraestructuras de carreteras, puertos, aeropuertos y represas. Son los años en que se multiplicaron los tratados internacionales desde la ONU en materia de derechos humanos.

Claro, la pregunta era, ¿y con qué dinero? Para eso la creación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) que estuvieron puestos a engordar sus arcas endeudando a los países pobres o en “vías de desarrollo”, deudas que todavía hoy se siguen pagando. Más tarde aceleraron las deudas otros bancos regionales y subregionales de carácter multilateral, esto es, formado por los mismos gobiernos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD) o el Banco de Desarrollo de América Latina antes Corporación Andina de Fomento (CAF), entre otros bancos similares para África y Asia, pero todos bajo la batuta del FMI y del BM. Sin embargo, también entraron en el juego de la deuda y el enriquecimiento los bancos privados. Por ello no se puede entender el proceso de acumulación de capital sin el mecanismo de la deuda.

Este Modelo entra en crisis al iniciar la década de 1970 por varios factores, entre ellos, las crisis del petróleo que llevó a Estados Unidos a conformar los depósitos de reserva más grandes del mundo; la crisis del patrón oro y la crisis social y cultural. Pero hubo una fundamental: la crisis de la deuda externa que puso en desventaja y condicionalidad a los países deudores frente a sus acreedores. Estas Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s), el FMI y el BM, impusieron el otro extremo, la tesis de que el Estado se apartara nuevamente y que, sin regulaciones, se instalara el Modelo Neoliberal para volver a dejar hacer y dejar pasar a los beneficiarios de la acumulación de capital: las grandes Corporaciones. Se impusieron dictaduras militares en toda la América Latina para implementar las políticas de Washington. Durante 40 años se imponen las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) y se crea un caldo de cultivo para el fortalecimiento del narcotráfico. Y se logró el objetivo con mucho éxito. Con el Modelo Neoliberal se desmanteló el anterior papel del Estado y entregó a las trasnacionales el poder. Privatizó activos fijos, bienes y servicios, sistemas de pensiones y retiros e infraestructuras. Eliminó derechos laborales y privatizó bienes comunes naturales (petróleo, agua, gas, genes). Los Derechos de la Naturaleza fueron convertidos en servicios ambientales. Modificó la Constitución y las leyes secundarias en todas las materias para otorgar seguridad jurídica a las inversiones. Eliminó los subsidios y todas las barreras arancelarias y no arancelarias. El objetivo fue convertir todo a la lógica del mercado, todos los aspectos de la vida con precio y dueño. Estas políticas neoliberales se llevaron a cabo más rápido y en otros casos más lentos según las condiciones en cada país. De aquí el origen de todos los movimientos, organizaciones y centros de derechos humanos reclamando al Estado el Bienestar de la población y el abandono que hacía de velar, proteger y garantizar los derechos humanos: la educación, la salud, la alimentación, el agua, el medio ambiente sano, el trabajo, las libertades sindicales y la remuneración digna. En fin, la vida frente al despojo de las Corporaciones.

Este Modelo entra en otra etapa de transición en la carrera de la acumulación. A partir de la década de 1990 varios acontecimientos fueron fundamentales: el fin del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) para crear la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Consenso de Washington con su decálogo de políticas económicas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que inaugura una escalada de tratados por todo el continente, el fin del Muro de Berlín y la “pacificación” de los movimientos armados en América Latina, entre otros. La región fue arribada por las Corporaciones Transnacionales buscando como buitres el botín de las privatizaciones hacia la instalación del Modelo Corporativo al entrar el nuevo milenio. Pero en esta transición modélica se da un fenómeno nuevo: el Estado y las Corporaciones se funden. La clase política y la clase empresarial se convierten en uno solo. Los políticos se convierten en empresarios y los empresarios en políticos agudizando la apropiación corporativa del Estado y de los mecanismos multilaterales de la ONU.

En este modelo los Estados garantizan a las Corporaciones Trasnacionales, en el sentido amplio, la extracción del Sur Global por medio de la seguridad jurídica, social y de la tenencia de la tierra. Se les garantiza la apropiación de las empresas estatales, los sistemas de salud, de gigantescas extensiones territoriales, de las carreteras y otras infraestructuras; la generación y venta de la energía eléctrica, la apropiación de los bienes comunes naturales (agua gas, petróleo, genes), así como de los sistemas financieros. Se modifican los códigos penales para criminalizar la protesta social que pretenda impedir el extractivismo en todas sus facetas. El nuevo Modelo Corporación se agudiza en su etapa final de acumulación y con mayor control de las estructuras gubernamentales y multilaterales. Compras y fusiones de empresas se aceleran adquiriendo mayor poder y riqueza. Este Modelo es lo que explica, a partir del Nuevo Milenio, la lucha contra el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los tratados de libre comercio, la lucha contra el Plan Puebla Panamá (PPP), contra la Deuda Externa, contra la militarización, contra los transgénicos y por la soberanía alimentaria, las campañas contra la “Apropiación Corporativa”, la lucha contra las privatizaciones, el nacimiento de

las organizaciones y redes de monitoreo de las Transnacionales, entre otras agendas importantes para el reciente repunte del Movimiento Social.

Es así como llegamos a la crisis sistémica que hoy vivimos y que transitará por décadas en ésta último repunte de la acumulación que el COVID-19, lejos de terminar con el capitalismo, agudiza su acumulación corporativa. No estamos en una crisis modélica del Neoliberalismo, ni en una crisis del Modelo Corporación Nación. Estamos instalados irremediablemente en una crisis sistémica que transitará por varias décadas, pero que no será una mutación genética del paradigma, sino un proceso de transición sistémica. Desde el Modelo Corporativo es necesario ver ahora la realidad social, política y económica donde el Estado ha jugado un papel central en función de la acumulación.

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Covid-19 no para el saqueo de oro en Zacatecas

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la extración minera – A 30 de marzo de 2020

Por Alfredo Valadez Rodríguez / LA JORNADA

Mazapil, Zac., 30 de Marzo del 2020.- Peñasquito, la mina de oro a cielo abierto más grande de América Latina, propiedad de la estadounidense Newmont, anunció la implementación de medidas “cautelares”, para reducir el riesgo de la exposición y propagación del Covid-19, entre los 6 mil 500 trabajadores y contratistas que emplea.

El propósito es que la mina ubicada en el semidesierto norte de Zacatecas, no pare sus operaciones. Newmont pretende producir este año 2020 en Peñasquito, 575 mil onzas de oro (Minería en Línea y Banaméricas).

La cotización del metal dorado este lunes 30 de marzo, por cada onza (30 gramos), es de 1 mil 623 dólares, con una tendencia alcista del metal dorando, en el presente año, del 25 por ciento.

Eso significa que la minera estadounidense con sede en Denver, Colorado, ganará (a precios de hoy), este año más de 933 millones de dólares, por el oro que produzca en Mazapil.

Traducido a pesos mexicanos, de acuerdo con la cotización del dólar estadounidense en México para el mismo lunes, de 23.7 pesos por dólar, esa riqueza equivale a más de 22 mil millones de pesos, sólo de oro.

Sin contar los valores de la plata (Peñasquito es el primer productor de plata del país), plomo y zinc, que también extraerá Newmont este año en Zacatecas.

Y aún con esos gigantescos rendimientos, Newmont se niega a pagar el Impuesto Ecológico estatal, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ordenó cubrir, pagadero retroactivamente de 2017 a la fecha.

Imagen: En la imagen, tres camiones “yucles” –un Caterpillar y dos Komatsu-, con una capacidad de carga superior a las 300 toneladas por viaje, acarrean material rocoso dentro de las instalaciones de Peñasquito, el pasado 20 de marzo. Foto Alfredo Valadez Rodríguez / LA JORNADA

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