Comunicado de Otros Mundos en solidariadad al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA) a dos años del asesinado del compañero Samir Flores – A 19 de febrero de 2021
A dos años del asesino del compañero defensor y comunicador náhuatl Samir Flores Soberanes, desde Chiapas nos súmanos a las voces que gritan: ¡¡JUSTICIA PARA SAMIR!!. Samir era habitante de Amilcingo, Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria Amiltzinko, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo, un defensor de la vida.
Es indignante y preocupante la grave imposición de megaproyectos en todo México como la Termoeléctrica en Morelos, el gasoducto en Oaxaca o el mal llamado Tren Maya en Chiapas. Nos llena de rabia y dolor saber que defender la vida tiene un costo alto como la vida misma. Sin embargo, no callarán nuestras voces, seguiremos luchando por defender el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.
A Samir le arrebataron la vida, pero Samir sigue vivo en cada una de las personas que luchan por el bien común. Samir es una llama en las luchas por la vida en México, esa llama que ilumina y mantiene prendido el fuego de la esperanza por construir un mundo mejor, un mundo más justo para todas y todos. Recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
¿Hasta cuándo defender la vida será un delito? Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. México se encuentra entre los cuatro países más peligrosos para las y los defensores ambientales, después de Filipinas, Colombia y Brasil, de acuerdo con el informe que la organización Global Witness presentó en julio de 2020.
Exigimos justicia para Samir Flores, alto al hostigamiento y amenazas contra los defensores que mantienen el plantón frente a la termoeléctrica de Huexca: Justicia para Fidel Heras y Miguel Vázquez Martines, defensores de los ríos en Oaxaca y Veracruz, asesinados recientemente.
¡Samir y Zapata viven, la lucha sigue! ¡Vida sí, termo no! ¡Agua sí, termo no! ¡ Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida ! ¡ Alto a la devastación ambiental! ¡Cancelación a los megaproyectos ya!
Imagen: Imágenes: Brigada de arte comunitario “Talimakalsinan nanu” y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell
Compartimos una entrevista de Radio Mundo Real a Educa Oaxaca sobre el asesinato del defensor Fidel Heras – 5 de febrero de 2021
Como parte de COPUDEVER, el defensor oaxaqueño realizaba una activa defensa del Río Verde contra proyectos hidroeléctricos.
El 23 de enero fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, que se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina y era miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).
El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santiago Jamiltepec, en el estado mexicano de Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego. Dos días antes Fidel había recibido una amenaza de muerte anónima, en una nota dejada en la obra en construcción de la sede del Comisariado. Otros integrantes de la comunidad ya habían denunciado «la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado El Zanate», según recoge un comunicado emitido por COPUDEVER tras el asesinato de Heras.
Actualmente el hecho está siendo investigado por las autoridades, pero hasta el momento se desconocen los autores del crimen. El defensor ya había recibido amenazas, al ser una de las caras visibles de la oposición comunitaria a la construcción de una represa en el Río Verde y de la extracción de material pétreo.
Sobre Río Verde, en 2018 la Secretaría de Medio Ambiente había denegado la aprobación del proyecto ante las «inconsistencias» que presentaba la Manifestación de Impacto Ambiental; sin embargo, en 2019, la empresa ENERCI volvió a intentarlo y las organizaciones están a la espera de saber qué se resuelve. Desde 2018, una reforma energética permite que empresas privadas presenten proyectos al gobierno para construir y gestionar represas hidroeléctricas.
COPUDEVER remarca en el comunicado que «la crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias -que actúan como «concesionarios del río» en Paso de la Reina- y la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río».
En diálogo con Radio Mundo Real, integrantes de la organización EDUCA, que acompaña el proceso de COPUDEVER desde el año 2006 recordaron que la creación del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde surgió para defender la biodiversidad ambiental y cultural en Oaxaca ante el avance de los proyectos hidroeléctricos extractivistas en ese estado mexicano:
El Consejo «han logrado frenar la construcción de represas en la cuenca del Río Verde. En la actualidad, el proyecto Paso de la Reina está en la etapa de estudio y creemos que no ha avanzado más por la resistencia que ha habido tanto en la costa como en la sierra del Sur», remarcó Angélica, del área de Incidencia Pública en EDUCA.
Comunidades chatinas, mixtecas, afromexicanas y mestizas están organizadas en una resistencia pacífica contra la ejecución del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2019 el COPUDEVER ganó un amparo contra el decreto presidencial de Enrique Peña Nieto, que tenía la intención de suprimir las vedas de agua, entre ellas las del Río Verde. Más información en este micrositio dedicado a las actividades del Copudever: https://www.educaoaxaca.org/rio-verde/
Fidel Heras fue asesinado por su activismo ambiental. «Asesinaron a un símbolo: Fidel era una autoridad en funciones, un defensor comunitario», dice Ana María, compañera de Angélica en EDUCA. Ella trabaja en el área de Proyectos Territoriales. «La organización regional ha sido un contrapeso a los patrones caciquiles e institucionales autoritarios que ejercen violencia extrema sobre los territorios, como parte del entramado de poder que sostiene a los proyectos extractivistas», dijo. «Estos poderes no le perdonaron a Fidel que la comunidad se rebelara al proyecto extractivista», agregó.
Desde COPUDEVER exigen justicia por este crimen y que el Gobierno de Oaxaca garantice que estos hechos violentos no se repitan. Mientras la Fiscalía General del Estado investiga quiénes son los responsables, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo otorgó medidas cautelares colectivas a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina. Además, en los últimos días se ha sumado el apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y se multiplican los mensajes de apoyo y solidaridad con el COPUDEVER desde distintas redes ambientalistas y de defensa de los derechos humanos de todo el mundo.
«Esperamos que se lleve adelante una investigación adecuada a las características de este crimen cometido contra un defensor comunitario», dice Ana María.
Compartimos este comunicado de Salva La Selva sobre un proceso de demando en su contra por defender la vida – A 29 de enero de 2021
Comenzó el juicio contra „Rettet den Regenwald“ Ante el juzgado distrital de Hamburgo, comenzó el 22-1-2021 el proceso contra la asociación Rettet den Regenwald (Salva la Selva). La empresa indonesia Kenertec denunció a la organización después de que esta la señalara por la destrucción de selva tropical en Papua, en una carta dirigida a Siemens y Nordex. En concreto, se trataba de la quema de restos de madera después de la tala de la selva para establecer nuevas plantaciones de palma.
El demandante en Hamburgo es la empresa Kenertec, una productora de aerogeneradores. Sin embargo, los ecologistas no están culpando a dicha empresa de destruir la selva, sino a un socio comercial: el grupo Korindo. En el informe Burning Paradise, de la organización Migthy Earth y muchos otros estudios e informes, se critica a Korindo por la destrucción de la selva y la violación de los derechos de los pueblos indígenas en la provincia indonesia de Papua y en las Molucas septentrionales. Recientemente, la británica BBC también informó sobre el caso.
„Ya el primer día de juicio se reveló que la estrategia de Kenertec y Korindo no funciona – las empresas imaginaron que sería muy fácil arrastrar a los ecologistas ante los tribunales“ declaró Bettina Behrend, co-directora de Rettet den Regenwald e.V.
Kenertec denunció también al Center for International Policy CIP (Centro para Política Internacional) de los Estados Unidos, una de las organizaciones que apoya con fondos a Mighty Earth. Señaló además a los abogados de Kenertec, que no pueden denunciar a CIP sólo por la financiación. El tribunal llegó a cuestionar incluso si Kenertec está legitimada para hacer la demanda.
„El tribunal hizo saber Kenertec, que en vista de la cantidad de vídeos, fotos, imágenes de satélite, estudios y declaraciones de testigos que han presentado Rettet den Regenwald e.V. y CIP, no basta simplemente con negar los incendios provocados“, dice el abogado experto en medios de comunicación, el Dr. Roger Mann, que representa a los ecologistas.
Como se esperaba, el tribunal sugirió un acuerdo extrajudicial entre los ecologistas y Kenertec. „Lo vamos a analizar muy exhaustivamente. En definitiva, Korindo determina los hechos en Papua – sin tener en cuenta a las personas ni al medio ambiente“, continúa Bettina Behrend.
En la reanudación del juicio se tratará de llevar al Juzgado de Hamburgo la realidad de Papua. „Aprovecharemos la vista judicial para despertar a la opinión pública y exponer todavía más a la luz la destrucción de la selva tropical“, explica Mariane Klute, co-directora y experta en Indonesia de Rettet den Regenwald e.V. (Salva la Selva).
Se espera que el tribunal decida sobre el caso en los próximos dos meses.
Compartimos esta nota publicada en Servicios de Comunicación Intercultural Servindi sobre la vulneravilidad de los drechos humanos ante mega proyectos energéticos – A 29 de enero de 2021
Al menos 105comunidades locales e indígenas de México resultaron afectadas por el impacto que causa en sus territorios la industria energética y otros proyectos, según revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.
Servindi, 14 de enero, 2021.- La industria energética ejerce la mayor cantidad de conflictos en México, afectando masivamente al 96 % de las comunidades registradas para el país.
De acuerdo con la plataforma, se mapeó 14 proyectos extractivos y de infraestructura, que afectaron al menos a 105 comunidades mexicanas. Del total de proyectos, 9 son del sector energía: solar, térmica, eólica e hidroenergía.
Esta cifra fue influenciada por la reforma energética mexicana, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto del 2014, donde se amplió la oportunidad de participación privada.
En ese entonces también se ofrecieron incentivos para alentar la inversión en el desarrollo de sistemas de energía renovable.
Además, la agroindustria, la extracción de madera y la minería son las otras industrias que vulneran los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Derechos violados
De acuerdo con la plataforma, el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente saludable fueron violados en el 64.3 % de los casos.
Asimismo, el consentimiento libre previo e informado fue violado en el 57 % de los registros.
En el 85.7 % de los casos, el impacto social registrado es la perturbación de sitios culturales; mientras que el impacto ambiental es más heterogéneo, siendo la de mayor registro la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la deforestación.
Ahora bien, la perturbación de los sitios culturales y sagrados –en el 71.4 % de los casos– y la invasión del territorio colectivo –en el 64.3 % de los casos– fueron los ataques más frecuentes en los casos registrados.
Por los 14 proyectos, 30 personas –pertenecientes entre las 105 comunidades afectadas– fueron atacadas por el desarrollo de estas actividades foráneas.
También se reportaron asesinatos y criminalización contra defensores ambientales. Un ejemplo de ello fue el asesinato del indígena comunicador Samir Flores, sucedido en febrero del 2019, quien se opuso a la termoeléctrica de Huexca.
Compartimos este informe de Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA (Por sus siglas en ingles) – A diciembre 2020
Presentación:
Las organizaciones Acción Ecológica México, Academia Mexicana de derecho Ambiental, Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes, Greenpeace México y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo comunitario y Sustentabilidad (LIDECS); todas ellas integrantes de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración /GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives)1, preparamos este reporte para dar a conocer la grave situación de la contaminación por plásticos y difundir las obligaciones que tendrá México a partir del 01 de enero del 2021 para instrumentar la Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea.
Dentro del documento hacemos un llamado urgente al gobierno de México para que desarrolle políticas públicas dirigidas a atender el problema de la contaminación plástica desde su producción hasta el final de su vida útil, su imperante y obligado rediseño. Que no se contemplen modelos contaminantes de gestión de desechos plásticos como lo es la incineración, coprocesamiento o cualquier forma de tratamiento térmico-reciclaje energético, y se transite hacia modelos de prevención y no de gestión y remediación. Para ello, es urgente que se instrumente una política de Basura Cero y el reconocimiento y formalización del trabajo de las y los recicladores.
Sobre la pronta instrumentación de la Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea, las organizaciones que elaboramos este documento afirmamos que México tiene que ser más ambicioso frente a ésta y prohibir importaciones de residuos plásticos tóxicos y contaminados, ya que la mayoría de éstos no pueden ser reciclados, por lo que terminan incinerándose, quemándose en hornos cementeros, en tiraderos, cuerpos de agua, océanos, áreas naturales protegidas, en la ciudad, en el campo, deteriorando los ecosistemas y dañando la salud humana.
INCINERAR NO ES RECICLAR y RECICLAR NO ES SUFICIENTE, hay que dejar de consumir y de generar estos residuos. Cualquier tratamiento térmico que se le dé a los desechos plásticos y a otros residuos no es reciclaje ni tampoco una política de economía circular. El llamado reciclaje energético es una forma disfrazada de incineración, por lo que debe evitarse. Este documento identifica un escenario muy complejo para atender la problemática de los plásticos y la necesidad urgente que el Estado realice un diagnóstico nacional ya que no hay información suficiente; los datos oficiales son contradictorios y poco sólidos; hay desorden y grandes vacíos en la clasificación y uso de las fracciones arancelarias que identifican importaciones de residuos y desechos plásticos, por nombrar algunas. Es urgente que México diseñe cuanto antes, políticas públicas nacionales dirigidas a abordar y reducir la contaminación plástica y prohibir la importación de estos desechos para su incineración y coprocesamiento.
Escenario mexicano frente a la entrada en vigor de la enmienda de plásticos del convenio de Basilea
¿Qué es el Convenio de Basilea?
El Convenio de Basilea2 es un tratado internacional que tiene por objeto regular los movimientos transfronterizos (importaciones, exportaciones) de residuos peligrosos y sustancias que representan un riesgo para la salud humana y el ambiente.
El Convenio de Basilea fue adoptado en 1989, entró en vigor el 5 de mayo de 1992, y actualmente cuenta con 178 países miembros para abordar las crecientes preocupaciones sobre la gestión, la eliminación y los movimientos transfronterizos, de un estimado de cuatrocientos millones de toneladas de desechos peligrosos que son producidos mundialmente cada año.
Los principios rectores3 del Convenio sostienen que los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos deben ser reducidos al mínimo, gestionados de un modo ambientalmente racional, tratados y eliminados lo más cerca posible de la fuente que los generó (principio de proximidad), ser minimizados en su origen, enfoque de ciclo de vida, principio del que contamina paga, responsabilidad ampliada de los productores, principio de precaución, consumo y producción sostenibles, entre otros.
El Convenio de Basilea Exhorta a los países miembros y otros interesados a: Redoblar los esfuerzos a nivel nacional para prevenir y reducir al mínimo la generación de desechos plásticos, en particular mediante el aumento de la durabilidad, la reutilización y el reciclado y la promoción de la reparación, el reacondicionamiento y la reelaboración de los productos de plástico, en la medida en la que esto sea viable en lo económico y técnico. Decisión BC14/134
¿Es México parte del Convenio de Basilea?
México es parte del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación5 el 6 de agosto de 1990. México, al ser parte del Convenio, adquirió algunas de estas importantes obligaciones:
a) Los desechos se deben gestionar y eliminar de manera ambientalmente racional. b) Reducir al mínimo la cantidad de desechos que se transportan. c) Dar tratamiento y eliminar los desechos lo más cercanamente posible al lugar de su generación. d) Prevenir o reducir al mínimo la generación de desechos en el lugar de origen y fuente
Firma México: 22 de marzo 1989 Aprobación Senado: 3 de julio 1990 Publicación DOF Aprobación: 6 de agosto 1990 Vinculación de México. Ratificación: 22 de febrero 1991 Publicación DOF Promulgación: 9 de agosto 1991 Entrada en vigor internacional: 5 de mayo 1992 Entrada en vigor para México: 5 de mayo 1992
El Convenio de Basilea reglamenta los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, así como otros desechos, y obliga a sus Partes a asegurar que se gestionen y eliminen de manera ambientalmente racional. El convenio abarca desechos tóxicos, venenosos, explosivos, corrosivos, inflamables, ecotóxicos e infecciosos. Ahora con la enmienda de Noruega se regularán también desechos plásticos contaminados.
¿Qué es la Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea?
Es la Enmienda de plásticos conocida también como Enmienda de Noruega6, es una medida vinculante que por primera vez regula el flujo internacional de los residuos plásticos y adopta medidas para proteger la salud y el ambiente ante el comercio mundial de estos desechos. La Enmienda es una modificación formal a las disposiciones del Convenio de Basilea que tiene como objetivo atender la alta contaminación generada por los residuos plásticos a nivel mundial, tanto en el medio marino, como en las poblaciones locales de los países más pobres, afectados por las exportaciones de éstos y de otro tipo de residuos provenientes de países más ricos y desarrollados.
La Enmienda de Plásticos7 quedó formalmente establecida en la decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (Basilea COP 14) 8, realizada en mayo del 2019, siendo aceptada por todos los países parte del Convenio, entre ellos México.
El propósito de la Enmienda de Plásticos es mejorar el control de los movimientos transfronterizos de los desechos plásticos y reforzar la aplicación del Convenio debido al elevado y rápido aumento de los niveles de basura plástica y microplásticos marinos. Esta propuesta y su incorporación a Basilea, representa un hito que se espera cambie el comercio de los desechos plásticos de manera global, ya que antes no existían regulaciones internacionales para el flujo de plásticos conocidos como “no peligrosos”, pero que han significado una devastación ambiental planetaria.
Con mucha alegría les compartimos el primer capitulo de la serie Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos.
La serie Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos nos invita a reflexionar sobre el actual modelo energético y las alternativas que nacen en la búsqueda de un nuevo modelo desde la autosuficiencia. En este primer capítulo participantes de una serie de talleres que llevamos a cabo para la construcción de un biodigestor nos hablan sobre la energía.
Esta publicación es financiado con recursos de de la Rosa Luxemburg Stiftung con fondos del BMZ
Compartimos con ustedes el boletín 253 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A Noviembre / Diciembre 2020
Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: The Corner House, Reino Unido; mujeres activistas en Costa de Marfil, Sierra Leona y Camerún; miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT) en Amapá, Brasil; seis mujeres y hombres activistas a lo largo de Indonesia; Land Watch Thai, Tailandia; Dra. Bernice Maxton-Lee; y miembros del Secretariado Internacional del WRM.
Índice
Nuestra Opinión: Nombrar a los crímenes (y a los criminales) por lo que son……………………2
Legal pero corrupto …………………………………………..4
La explotación sexual y la violencia contra las mujeres están a la raíz del modelo industrial de plantaciones …………………………………………………..7
El robo organizado de tierras para plantaciones industriales de árboles en Brasil: el caso de
AMCE …………………………………………………………………………………….11
Indonesia: legalización de crímenes bajo el lema de “creación de empleo”……………………..17
Leyes, crimen y deforestación en el campo tailandés ……………………..24
RSPO: la tercerización de la reglamentación ambiental a las empresas y la industria de la palma aceitera ……………………………………………………..28
RECOMENDADOS
Tribunal Africano de los Pueblos en contra de las empresas de plantaciones industriales….32
2020: un año de resistencia y rebelión …………………………………………….32
Una explicación de los nuevos mercados financieros sobre la destrucción de la naturaleza 32
Nuestra Opinión Nombrar a los crímenes (y a los criminales) por lo que son
¿Qué es un crimen? Según el diccionario, un crimen o delito es un acto ilegal por el cual alguien puede ser castigado por la autoridad gubernamental. Pero, entonces, ¿qué se considera un ‘acto ilegal’? ¿Y quién decide esto?
Lo que se considera como un crimen o delito, por tanto, siempre va acompañado por lo que no se considera como crimen. Y viceversa.
Son muchas las tácticas y estrategias empleadas para imponer el control de la tierra y las operaciones extractivas en los bosques. Varían tanto como las formas utilizadas para despojar a las comunidades campesinas y pueblos indígenas de sus territorios, medios de vida y culturas comunales. La mayoría de estas tácticas y estrategias son actos criminales. Sin embargo, en la percepción pública (y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley), no se los considera criminales y en cambio se los considera legítimos. Esto viene justificado con discursos sobre el “desarrollo nacional”, la “creación de empleo”, el “desarrollo bajo en carbono”, el “progreso”, etc.
El boletín anterior del WRM (1) reflexiona sobre lo que es el mal llamado desarrollo y advierte acerca de las estrategias que utilizan los actores que lo promueven para tomar el control de los territorios. Este boletín se centra en otro lado de esta historia.
El considerar acciones y decisiones particulares de empresas, bancos multilaterales y organismos gubernamentales como no criminales va de la mano de la criminalización de la mayoría de quienes disienten y resisten en el terreno. Quién decide qué debe considerarse criminal y qué no, está muy relacionado con el poder.
En este sentido, la economía capitalista se basa en la opresión estructuralmente racista y violenta de los trabajadores, las mujeres, los campesinos y las poblaciones que dependen de los bosques en el Sur global. Sin embargo, la mayoría de los tribunales y discursos dominantes perciben esta opresión (y los opresores) como legítima o no criminal o no delictiva. Un artículo de este boletín expone cómo la violencia y el abuso contra las mujeres es parte integral del modelo de plantaciones industriales y está en la base de cómo las empresas generan sus ganancias. Este abuso permanece en gran parte invisible para los consumidores e inversores, dejando a los perpetradores cometer sus crímenes sin consecuencias y manteniendo intacto el violento modelo de plantación colonial.
Los actos criminales o delictivos de actores públicos o privados ocurren constantemente en todo el mundo en formas muy diversas y cruzando diferentes capas de las sociedades. Otro artículo de este boletín expone cómo muchas prácticas perfectamente legales pero corruptas son rutina dentro de gobiernos y empresas, y con frecuencia incluso pasan por ‘buena gobernanza’ o son la misión declarada de organismos públicos.
Indonesia es un buen ejemplo. La implementación de la política económica neoliberal a fines de la década de 1960 fue dirigida por un grupo de economistas indonesios que estudiaron en la Universidad de California, Berkeley. Un economista de este grupo, apodado la Mafia de Berkeley, se jactó de haber presentado un ‘libro de recetas de cocina’ a Suharto. El ‘éxito’ de la violencia anti-izquierdista respaldada por Estados Unidos que conmocionó a la opinión pública para aceptar la imposición de un régimen neoliberal de derecha, convirtió el libro de cocina de la mafia en un método portátil. Solo cinco años después de que Suharto asumiera la presidencia, apareció un graffiti en Chile previo al golpe respaldado por Estados Unidos que derrocó al socialista Salvador Allende. El graffiti decía “Yakarta se acerca”. (2) Ahora parece que Jokowi, el actual presidente de Indonesia, con la controvertida Ley Ómnibus está reabriendo el libro de recetas de cocina de la Mafia de Berkeley. Un artículo de este boletín reflexiona sobre esta Ley y destaca las voces de seis activistas que se han resistido este ‘libro de recetas de cocina’ a lo largo de las islas durante décadas.
Otro ejemplo es el caso de Brasil, donde el acaparamiento de tierras ha sido -y sigue siendo- parte de un fuerte sistema del crimen organizado. Allí, la palabra grilagem se utiliza para referirse a la producción ilegal de títulos de propiedad sobre tierras públicas, dándoles apariencia legal. Una práctica criminal que comenzó en la época colonial con el robo de tierras de los pueblos indígenas y que sigue siendo muy utilizada por el gran capital. Una entrevista con un miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT, por sus siglas en portugués) reflexiona sobre las tácticas utilizadas por la empresa Amapá Celulose (AMCEL), que es una de las pocas grandes empresas de plantación de árboles en la Amazonía. Las plantaciones de eucalipto con certificación FSC de AMCEL producen y exportan astillas de madera para la industria de la celulosa y para la producción de energía, entre otros a Dinamarca.
Otro artículo de este boletín destaca los actos criminales legalizados que ocurren en Tailandia, donde la prominencia política de los militares y las inclinaciones autoritarias del propio Estado deciden qué es un crimen y qué no. El artículo muestra varios casos en los que la ley se ha utilizado en los últimos años para criminalizar la resistencia de las comunidades que habitan en los bosques contra el acaparamiento de tierras. El artículo muestra las duras consecuencias para los activistas comunitarios cuando se criminaliza la resistencia con el fin de proteger los intereses del gran capital y de una élite política.
Pero otros actores de la sociedad también influyen en lo que se considera un crimen o delito y lo que pasa como una práctica legítima. Un ejemplo son los sistemas de certificación. Un artículo del boletín muestra cómo el sello RSPO, que emite certificados para plantaciones industriales de palma aceitera con estándares de ‘sostenibilidad’, es administrada por los mismos productores que luego son juzgados por ella. Además, la legitimidad del Estado para establecer leyes se ve debilitada por el argumento de que el mercado debería fijar los estándares de ‘sostenibilidad’. Esto legitima las plantaciones de monocultivos, cuya gestión con demasiada frecuencia implica un crimen tras otro.
Lo que se suele llamar de “violaciones de los derechos de las personas”, por ejemplo, a menudo son lisa y llanamente crímenes que deben ser llevados a juicio. Asimismo, la mayoría de los llamados “impactos diferenciados” que deben soportar las mujeres por la imposición de plantaciones industriales u otras industrias extractivas, deben ser llamados por lo que son: crímenes.
Es hora de llamar a los crímenes y a los criminales por su nombre. (1) Boletín 252 del WRM, Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotación, https://wrm.org.uy/es/boletines/nro-252/ (2) Lausan, Jakarta is returning: The ‘neoliberal cookbook’ that guides Indonesia’s Omnibus Law, 2020, https://lausan.hk/2020/jakarta-is-returning-omnibus-bills/
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de enero de 2020
En un mundo que no esté al revés, la vida de cualquier individuo, comunidad o territorio, sea o no indígena, merece respeto. Merece que no se le despoje y que no se le atropelle. Un Estado que permite el despojo y lo justifica es un Estado diseñado para el atropello.
Para cualquier ser vivo, cualquier modelo de “desarrollo” basado en el despojo, en la extracción de sus medios de vida, es un atropello. Y eso, aunque la devastación y saqueo han sido parte de un proceso continuo a lo largo de la historia y siguen siendo tan comunes que se ven como algo “natural”.
En un mundo que no esté al revés, quien atropella no debe quedar en la impunidad. Y una Ley que justifica y permite el despojo debe ser erradicada por injusta. Y los legisladores y jueces que han hecho del despojo una Ley no deben quedar en la impunidad. Aunque sea insuficiente, saludamos que funcionarios de la Semarnat se atrevan a asomar la cabeza y sugerir con diplomática moderación lo que tenían que haber planteado sin ambages desde hace años, o al menos desde el inicio de este sexenio: algo tan elemental como que la ley debe de respetar la integridad ambiental. Hay que animarlos a que se atrevan a más, que es lo menos: a exigir y a ocuparse de lleno en que la Ley Minera sea sujeta a una transformación profunda, no importa si esa transformación es la primera o la quinta.
En un mundo que no esté al revés, haciendo a un lado cualquier moderación diplomática ante la estructura jurídica actual y ante el poder del capital, es una responsabilidad básica el que todas las dependencias del Estado, cada una desde su respectivo ámbito, sea el de la salud, el ambiental, el educativo, el económico, el cultural, desde todos los ámbitos, se exijan a sí mismos, de entrada y en su propio desempeño y el de sus funcionarios, y a todo el sistema en su conjunto, el respeto a la vida y al futuro de los habitantes de este país, sean o no indígenas, y el respeto a la vida en su conjunto y al futuro de sus territorios sin discriminación étnica, de género y de clase, como un postulado fundamental ya impostergable. Sin ese acuerdo plasmado en hechos, no hay Estado que valga.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas – Foto La Jornada/ archivo
Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre la situación de defensoras y defensores – A 12 de enero de 2021
El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales.
OAXACA, Oax. (apro).- Por motivos políticos, 14 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas de manera extrajudicial en 2020, segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo anterior se desprende de un informe del Comité Cerezo México, donde resalta que Oaxaca encabeza la lista de defensores ejecutados de manera extrajudicial, con seis casos, seguido de Guerrero y Baja California, con dos cada uno, y Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz, con un caso en cada entidad.
Según el informe, de las 14 ejecuciones extrajudiciales, cuatro activistas defendían el derecho a un medio ambiente sano; dos, respectivamente, el derecho al territorio, a la vida digna y a los derechos humanos, y con un caso están los defensores del derecho a la protesta, derechos laborales, a la libertad de expresión y a la justicia.
Las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia.
El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con el listado de personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente en 2020, en Oaxaca se encuentran los casos de Esteban Martínez Pérez (9 de abril), Pablo Guzmán Solano (9 de abril), Tomás José Martínez Pinacho (24 de agosto), Rodolfo Díaz Jiménez (2 de noviembre), Gabino Ávila Martínez (20 de noviembre) y Maurilio Hernández Martínez (25 de noviembre).
En el caso de Guerrero se encuentran el menor de edad R. R. J. (18 de febrero) y Óscar Ontiveros Martínez (12 de mayo), mientras que de Baja California destacan Óscar Eyraud Adams (24 de septiembre) y Daniel Sotelo, un día después.
A ellos se suman los casos de Issac Medardo Herrera Avilés (23 de marzo), en Morelos; María Elena Ferral Hernández (30 de marzo), Veracruz; Umber Gómez González (1 de junio), Chiapas, y Antonio Montes Enríquez (16 de junio), de Chihuahua.
Estas ejecuciones fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras realizaban, y los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.
El informe subraya que los estados de Chiapas, Baja California y Veracruz tienen gobiernos encabezados por Morena, mientras que en Oaxaca y Guerrero gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Chihuahua Acción Nacional (PAN) y en Morelos el Partido Encuentro Social (PES).
De los casos, 65% de las víctimas (ocho) de ejecución extrajudicial eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, 36% mestizas (cinco casos) y en un caso no lograron determinar su pertenencia o no a un pueblo indígena.
En conclusión, el Comité Cerezo resaltó: “la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto, y presenta una leve baja de dos casos respecto al primer año de gobierno de AMLO”.
Añadió: “Es mucho más claro que los beneficiarios son tanto gobiernos priistas como grandes empresas privadas. En los territorios donde gobierna Morena también se sigue la misma lógica que en estados priistas, es decir, la lógica de la ejecución extrajudicial sigue los mismos patrones: los defensores son ejecutados por grupos paramilitares (cinco casos), y aunque no se pudo identificar al resto de autores materiales, es claro que los beneficiarios son gobiernos y grandes empresas privadas, sin que esto último quiera decir que es un caso entre particulares, ya que por contexto se estableció que los perpetradores fueron agentes de Estado”.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 15 de enero de 2021
¿Hasta cuándo van a seguir legislando los corporativos empresariales en este país? ¿Qué le pasa a los legisladores de Morena? ¿Pueden superar su propia ingenuidad? ¿Hay alguien que pueda orientarlos en lo más básico, para que entiendan las implicaciones y responsabilidades del quehacer legislativo?
Hay un grave equívoco en pretender resolver la pretensión minera del despojo de los territorios exigiendo a las empresas que paguen más impuestos al erario público. En efecto, las empresas extractivistas se han beneficiado de las ridículamente mínimas tasas impositivas fijadas por el Estado mexicano a sus actividades, en un ordenamiento fiscal que ha sido estructurado para su ventaja económica, a un grado tal que sólo demuestra el servilismo de los legisladores y gobernantes que han permitido ese estado de cosas, quienes por años han doblado dócilmente el espinazo ante los intereses particulares de esas empresas a costa del bien común.
Sin embargo, aumentar los impuestos a la minería depredadora solamente legitima la depredación. Es como si el asesino o el ladrón pagaran un impuesto para tener el derecho de quitarle la vida o los bienes a una persona. El pago de impuestos, independientemente del monto, no pueden dispensar el crimen. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) no debe ser convertido en un cómplice del despojo. Es más, ponerle precio a la vida, al bienestar, a la salud y a la economía local mediante una tarifa fiscal, cualquiera que ésta sea, es legalizar la muerte, porque los impuestos no previenen las afectaciones ineludibles, documentables e irreversibles que la megaminería tóxica genera en los territorios donde se instala. Los impuestos no impiden que se agujere la tierra, que se dispersen los contaminantes en el agua y el aire, no revierten las enfermedades y muertes por contaminación, ni reparan las heridas del divisionismo, del desarraigo y de la violencia que conllevan las explotaciones de la megaminería.
Llamamos a los legisladores a proceder con información certera y objetiva, a pesar de la permanente campaña de desinformación que acompaña sistemáticamente a las iniciativas de minería a tajo abierto por metales en todo el mundo. Hablan de “remediaciones”, de minería “sustentable”, de “beneficio a las comunidades”, pero operan en los hechos generando afectaciones que no tienen remedio, no sólo en los territorios, sino en la vida de las personas y de las comunidades. Esa información certera y objetiva no está en las campañas desorientadoras y encubridoras, motivadas por el afán de lucro y la codicia de las empresas que llegan, despojan y se van. Desde el principio precautorio más elemental, los legisladores conscientes de su responsabilidad para con el pueblo mexicano deben, por dignidad y por coherencia, prohibir en definitiva este tipo de explotaciones; deben prohibir el despojo en lugar de legitimarlo mediante impuestos, sean altos o bajos.
LLAMAMOS A LOS LEGISLADORES DE MORENA Y DE CUALQUIER OTRA AGRUPACIÓN PARTIDARIA A NO FACILITAR EL DESPOJO MEDIANTE EL PAGO DE IMPUESTOS, Y A IMPULSAR VERDADERAS ALTERNATIVAS ECONÓMICAS, PROPIAS Y EFICACES, PARA LAS COMUNIDADES
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota publicada en Ángulo 7 sobre la represión a quienes defienden la vida en la sierra norte de Puebla – A 14 de enero de 2021
Comunidades totonacas en defensa del río Ajajalpan en la Sierra Norte de Puebla, hicieron un recuento de diversas irregularidades como hostigamiento y criminalización, además de consultas simuladas para realizar el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 de la firma Deselec 1 Comexhidro.
Así consta en el documento denominado Comunidades totonacas en defensa del río Ajajalpan. El caso del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, elaborado por Itzel Silva Monroy, experta en defensa de derechos humanos y colaboradora del Centro de Análisis e Investigación (Fundar).
Dicho documento recordó que fue en 2009 cuando los municipios de San Felipe Tepatlán y de Ahuacatlán otorgaron a Deselec 1 las licencias municipales de cambio de uso de suelo, construcción y movimiento de tierras y posteriormente en los años siguientes, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Semarnat delegación Puebla, Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto Nacional de Antropología (INAH) le han ido otorgando permisos para continuar en su proyecto.
Criticó que el Estado mexicano también incumplió con su obligación internacional de efectuar un estudio de impacto social, ambiental y de derechos, previo al otorgamiento de los permisos que dan lugar al Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1.
Puntualizó que se otorgaron los permisos sin haber analizado los posibles impactos sociales y de derechos sobre las comunidades involucradas, y para el caso de los impactos ambientales.
Consulta pública fue simulada
Añadió que la Secretaría de Energía (Sener) organizó una supuesta consulta indígena, con base en la cual, tanto el Estado mexicano como la empresa, afirman que el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 fue consentido.
Sin embargo, un conjunto de irregularidades son las que caracterizaron el supuesto proceso, resaltando ya sólo el hecho de haber sido realizado seis años después del otorgamiento de la primera licencia.
Finalmente, a pesar del conflicto social que este proyecto había detonado, la Sener consideró concluido el procedimiento de consulta respecto de las siete comunidades indígenas y determinó que fue consentido por los pobladores, aunque por ejemplo, en la comunidad de San Felipe Tepatlán, las autoridades alegan que no se pudo llevar a cabo la fase consultiva debido a que “fue viciada con la participación de comunidades fuera de la zona de influencia directa e indirecta del proyecto.
Irregularidades en juicio de amparo
Ante el cúmulo de violaciones a sus derechos, las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y San Felipe Tepatlán, con el acompañamiento legal del Consejo Tiyat Tlali y de Fundar, presentaron, el 4 de abril de 2016, demanda de amparo en contra de las autoridades que otorgaron los permisos para el PHP1. Se trata del juicio 598/2016 ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla.
Este documento señaló que a lo largo de estos años de juicio acontecieron irregularidades y que fueron denunciadas en su momento, como el supuesto desistimiento de demanda de algunos de los quejosos, que nunca comparecieron al juzgado a confirmar su deseo de renunciar al juicio.
Además de la existencia de firmas en ciertos documentos que no fueron reconocidas por sus titulares o el extravío de ocho tomos anexos al expediente de amparo principal.
También se han dado situaciones de descalificación, hostigamiento y criminalización, no sólo hacia las personas integrantes de las comunidades demandantes que forman parte de los Comités de Defensa del río Ajajalpan, del Consejo Tiyat Tlali y Fundar.
Revocar o no sentencia de 2019
Recientemente el Consejo Tiyat Tlali y Fundar lanzaron a través de la plataforma Change.org la petición dirigida para Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Distrito Consejo de la Judicatura Federal, de la cancelación de los permisos existentes dados a Deselec, pues rechazan la construcción de esta hidroeléctrica.
Este 14 de enero de 2021, el Primer Tribunal Colegiado decidirá si revoca o no la sentencia de octubre de 2019, cuando se negó el amparo interpuesto en 2016 por mil 96 integrantes de tres comunidades totonacas, en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que pretende implementarse en los Municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, en la Sierra Norte de Puebla.
Cabe mencionar que enero de 2020, el ayuntamiento de Ahuacatlán señaló que los permisos para la construcción del proyecto hidroeléctrico Puebla 1 son ilegales por lo que ya le fueron revocados a la empresa Deselec 1 Comexhidro, y cuya instalación daría electricidad a Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.
Imagen: Hostigamiento y criminalización, acusan totonacos en proyecto hidroeléctrico. Foto: Especial – Ángulo 7
Compartimos este reportaje especial publicado en Contra Corriente sobre la resistencia y la lucha por la vida en Honduras – A Noviembre 2020
El conflicto ambiental en Guapinol, Honduras, donde pobladores locales resisten a la explotación de óxido de hierro en un parque natural, ha sido violento. Una alianza periodística transfronteriza* ahora descubre que la Corporación Nucor, la principal productora de acero de Estados Unidos, fue la poderosa socia tras bambalinas del proyecto minero.
Discretamente y sin anuncios públicos, la principal productora de acero de Estados Unidos, la multinacional Nucor, estuvo durante por lo menos cuatro años asociada a un proyecto de explotación de hierro en Honduras, fuertemente cuestionado por la presunta persecución a los líderes sociales que protestan por el impacto ecológico que tendría en un parque natural, según documentos obtenidos por una alianza periodística internacional entre Contracorriente, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Univision Investiga.
Nucor, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se asoció en 2015 con el conocido empresario hondureño Lenir Pérez y su esposa Ana Isabel Facussé, dueños de Inversiones Los Pinares. Esta última es la empresa que ha protagonizado una batalla con los pobladores de Guapinol, municipio de Tocoa, que se oponen a la incursión minera en el parque nacional Carlos Escaleras, al norte del país centroamericano. Un conflicto que ha dejado muertos, heridos y varios encarcelados.
Según el registro público de Panamá, la firma estadounidense se asoció al proyecto desde marzo de 2015 con la compañía panameña NE Holdings Subsidiary, y desde agosto de 2016 a través de una segunda firma panameña, NE Holdings. El matrimonio Pérez Facusse había traspasado en 2015 a esas sociedades la totalidad de las acciones de otras tres empresas suyas en Honduras, según consta en documentos públicos. Una de esas empresas fue precisamente Inversiones Los Pinares (antes llamada Emco Mining), dueña de la controversial concesión minera.
Inversiones Los Pinares no ha comenzado aún a explotar la concesión minera de 200 hectáreas dentro de un parque nacional de reserva forestal que le otorgó el Estado. No obstante, desde 2018, la empresa minera inició la construcción de una carretera a la mina que servirá para transportar el óxido de hierro hasta la planta peletizadora de acero en la ciudad de Tocoa. Esta fábrica, fundirá el hierro con el carbón o coque y lo convertirá en bolitas del aglomerado, un proceso de peletización para producir acero. Esta parte del proyecto minero es propiedad de Inversiones Ecotek S.A. de C.V creada en 2017 en Honduras por Pérez y Facussé en la que Inversiones los Pinares tiene el 99,6% de las acciones y la Empresa Minera La Victoria S.A el 0.4%. Esta última intentó desarrollar otro proyecto minero que resultó conflictivo y también es propiedad del empresario Lenir Pérez.
Según los registros panameños, la asociación entre hondureños y estadounidenses contemplaba un acuerdo por el cual una subsidiaria de la corporación estadounidense, Nucor Trading, registrada en Suiza, compraría la materia prima producida por la mina.
La asociación se realizó bajo el mayor hermetismo. En respuesta a un cuestionario de esta alianza periodística, Nucor no ofreció explicaciones sobre por qué firmó el acuerdo tras bastidores y no registró su inversión en Honduras. Dijo por escrito Katherine Miller, directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones Corporativas de la Corporación Nucor, que, como es «común con las empresas de riesgo compartido cuyas sedes están en el extranjero, los participantes escogieron un lugar neutral y equitativo con las partes para formar el negocio», refiriéndose a Panamá.
La corporación ha informado sobre la existencia de subsidiarias en sus reportes a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), pero hasta donde esta alianza pudo constatar, no ha reportado a la SEC las dos subsidiarias involucradas en el proyecto minero en Honduras. Tweet
La empresa no respondió dos preguntas relacionadas con el tema de los reportes a la SEC ni a una insistencia posterior para que las contestaran.
«Siempre estamos buscando oportunidades para asegurarnos una fuente abundante de productos del mineral de hierro que nos ayude a fabricar el acero», respondió Miller al cuestionario. La vocera explicó que Honduras ofrece una ventaja logística porque ha sido un lugar donde Nucor evaluó oportunidades para fortalecer su cadena de suministro «a través de una inversión minoritaria en NE Holdings, Inc».
La empresa explicó que se retiró del proyecto a raíz de la agitación social que suscitó en la comunidad. «Como los disturbios en el sitio (Guapinol) se volvieron crecientemente violentos y nuestra preocupación por la seguridad del personal aumentó, Nucor, en consulta con sus contrapartes hondureñas, decidimos vender las acciones en NE Holdings en octubre de 2019», dijo la vocera Miller. «Nucor ya no tiene intereses como propietaria, ni influencia en la dirección de la compañía».
Nucor cuenta con otra subsidiaria, Nucor South America, registrada en el paraíso fiscal de Delaware. Según los documentos de NE Holdings, Nucor South America podía retirarse del negocio vendiendo sus acciones a Aluminios y Techos de Guatemala (Alutech).
Los registros de Alutech en Guatemala, consultados por esta colaboración periodística, reportan que es una empresa propiedad de Pérez y Facussé dedicada a la distribución de elementos para la construcción, pero de objeto social amplio. La empresa no registra compra de acciones en 2019. El único cambio significativo que registró recientemente fue en octubre de 2018, cuando aumentó su capital de 5 mil a 60 millones de quetzales (de 650 dólares a unos 7.6 millones de dólares).
Ni Nucor, ni el empresario Pérez, a quien Univision Investiga entrevistó en Miami, quisieron dar mayores detalles del negocio, tales como el monto de la inversión, cuál sería el plan de manejo ambiental o social, entre otras. Pérez insistió en que un acuerdo de confidencialidad con la siderúrgica le impedía hablar. Tweet
Pérez dijo en un mensaje de whatsapp anterior a la entrevista personal: «Nucor no está con nosotros; tuvo la intención de arrancar el proyecto pero con todo este problema se retiró. Ellos son una empresa seria y no pude concretar la transacción por este problema».
En su respuesta a esta alianza periodística Nucor asegura haber vendido sus acciones en NE Holdings en octubre de 2019, pero los documentos panameños señalan que dos meses antes, en agosto, sus funcionarios ya habían salido de la junta directiva de esa empresa.
La siderúrgica tampoco respondió por qué, en cambio, en esa misma fecha, según los citados registros de Panamá, dos ejecutivos de Nucor fueron ratificados en la junta directiva de la otra empresa, NE Holdings Subsidiary. Se trata de Christopher Adam Goebel, quien aparece en LinkedIn como gerente de operaciones, y John Lowry Pressly, quien aparece identificado en una publicación institucional de la empresa como gerente general de Latinoamérica. Pressly no respondió los mensajes enviados por Univision Investiga al correo electrónico corporativo de Nucor, pero transfirió la petición de entrevista a la vocera de la empresa. Estos mismos funcionarios de Nucor también figuran entre los directivos de Ecotek, la empresa dueña de la planta peletizadora que se planea construir en Tocoa.
Consultada al respecto, la vocera de Nucor no confirmó ni negó las posiciones de Goebel y Pressly. Sólo dijo que los documentos serán actualizados en los próximos días para reflejar que la empresa ya no está involucrada en el proyecto.
Esta no es la primera incursión de Nucor Corp en el sector siderúrgico en Honduras pues pagó 12 millones de dólares por acciones de Aceros Alfa, la acería más grande de ese país, según sostiene en su perfil público la abogada Grossnie Velásquez de Consortium Legal que facilitó el negocio. Esta alianza preguntó a Velásquez la fecha de esta inversión pero declinó responder por la confidencialidad del arreglo. Nucor tampoco se refirió a esa inversión cuando se le preguntó sobre sus negocios en Honduras.
El principal socio hondureño de Nucor en Aceros Alfa es Juan Antonio Kattan, miembro de la reconocida y adinerada familia que creó la empresa y que tiene negocios en los sectores bancario y petrolero. Hoy Nucor, a través de otra subsidiaria registrada en Delaware llamada Nucor Harry US Holdings y reportada ante la SEC, es propietaria del segundo mayor paquete de acciones de Aceros Alfa, después de la empresa American Holdings LTD, según documentos del registro público de Honduras.
Otro de los socios de Aceros Alfa, Jacobo Atala Zablah, es integrante de la familia dueña de la hidroeléctrica Agua Zarca, contra la cual estaba protestando la emblemática ambientalista hondureña Berta Cáceres antes de ser asesinada en 2016. No existe ningún proceso legal que comprometa a la firma, ni a sus socios, en el crimen.
Distintas organizaciones acompañan al COPINH durante una marcha de antorchas para exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres, La Esperanza, 2 de marzo de 2020. Foto: Martín Cálix.
La movida legal
La mina de Inversiones Los Pinares queda en un área que hasta diciembre de 2013 hacía parte del núcleo central del Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía, donde nacen 34 ríos que riegan la verde región. Este parque fue bautizado en honor de un ambientalista asesinado en 1997, cuando se oponía a la instalación de la planta procesadora de palma africana de Dinant, una empresa propiedad del fallecido Miguel Facussé, suegro de Lenir Pérez y padre de Ana Isabel Facussé.
¿Cómo fue posible para estas empresas desarrollar un proyecto minero dentro de una reserva natural que la ley había catalogado como inviolable?
El 8 de octubre de 2012, el Gobierno hondureño decretó la protección de 96,724.4 hectáreas de territorio para conservar ecosistemas, flora, fauna, recursos históricos, culturales y antropológicos identificados hasta ese momento y los que se encontraran en el futuro. En abril de 2013, Emco Mining (hoy Inversiones Los Pinares) solicitó dos concesiones para exploración minera no metálica de óxido de hierro en un territorio que en ese momento aún era parte de la zona núcleo de la reserva, según información del Instituto Nacional de Geología y Minas de Honduras (INGEOMIN).
Ocho meses después de esa solicitud, en diciembre de 2013, el Congreso Nacional de Honduras, mediante el Decreto 252-2013, modificó la delimitación del parque y le sustrajo 217 hectáreas a su zona núcleo. Con ese cambio, la mina quedó en la zona de amortiguamiento, donde la ley hondureña sí permite actividades como la minería no metálica, entre las que se cataloga a la extracción de óxido de hierro en el país. Sin embargo, este proceso fue inicialmente cuestionado por el Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), que declara y planea las reservas naturales.
En 2014, el ICF declaró «no factible» el proyecto de explotación de óxido de hierro en el parque Escaleras al dictaminar que su impacto sobre flora y fauna sería severo. Es una mina a cielo abierto y, aún con la reforma, la concesión está muy cerca del núcleo del parque. El reporte además determinó que 32 hectáreas de bosques latifoliados (tropicales de maderas más duras) y un río a cien metros del proyecto que abastece de agua a la comunidad Corozales podrían verse afectados por la mina.
A pesar de este informe, y que, según una fuente del ICF, el Congreso Nacional nunca consultó con ellos la reducción de la zona núcleo del parque, la Secretaría de Recursos Naturales otorgó la licencia ambiental al proyecto. José Galdámez, ministro de esta secretaría cuando se le otorgó a Los Pinares la licencia ambiental, fue después cuestionado por otorgar una licencia en otra zona protegida en Tegucigalpa, la capital del país. Galdámez finalmente salió de su cargo.
Pérez explicó a Univision Investiga que su empresa promovió reuniones en la región con el gobierno para que escuchara las inquietudes de los habitantes de la zona a fin de replantear el área del parque nacional.
«El parque tenía 12 meses de haber sido declarado parque nacional y nos reunimos todos los actores y se pidió replantearlo’», explicó Pérez en un correo electrónico. «Trabajamos limpio’», agregó el empresario.
Con una reforma legal que les vino como anillo al dedo a los mineros y la aprobación de la licencia ambiental en firme, pocos meses después les fueron otorgadas a Inversiones Los Pinares las concesiones ASP y ASP2, de 100 hectáreas cada una, para explotar el óxido de hierro. Además, la Minera La Victoria, que también aparece como socia en los holdings panameños, obtuvo dos concesiones de 1000 hectáreas cada una en el colindante departamento de Atlántida, para extraer óxido de hierro.
erar el terror colectivo con amenazas, hostigamiento y la destrucción de la vida».
El dueño de la minera, Lenir Pérez, ve las cosas de otra manera. Según dijo en la mencionada entrevista, la construcción de la carretera llevó progreso a la zona donde además construyó cuatro escuelas con un valor promedio de 50 mil dólares cada una y 147 letrinas. Su empresa, agregó, estaba empleando ya a mil personas y por eso asegura que la mayoría de los habitantes de La Ceibita, un pueblo en la región donde se planea montar la peletizadora, respaldaron el proyecto. Sostiene que en Guapinol también la gente lo apoya y envió a esta alianza periodística firmas y testimonios de personas que acudieron a las reuniones de socialización del proyecto a finales de noviembre de 2017. La socialización es un proceso mediante el cual las comunidades afectadas expresan sus opiniones sobre la conveniencia o no de un proyecto minero.
