Compartimo esta entevista hecha por La Coperacha a nuestro compañero Gustavo Castro en el marco del 5to aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres
“Pandemia ha incrementado riesgos contra personas defensoras, debemos cambiar las estrategias”.
El mexicano Gustavo Castro Soto fue sobreviviente del ataque y asesinato contra la ambientalista lenca Berta Cáceres la madrugada del 02 de marzo de 2016 en Intibucá, Honduras. Recibió dos disparos y lo dieron por muerto. Había asistido a un seminario sobre Energías Renovables organizado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El pueblo lenca, el COPINH, las mujeres hondureñas y Berta Cáceres, habían resistido y frenado el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), propiedad de una familia poderosa del país centroamericano, los Atala Zablah, que pretendía explotar y privatizar el agua del río Gualcarque, el agua de todos.
Entrevistado por La Coperacha, Castro Soto señala que, a pesar de no haber llegado la justicia para Berta, su legado integral se reproduce en mujeres, movimientos sociales y pueblos originarios. El también integrante de Otros Mundos Chiapas identifica que además de los responsables directos en el juicio por el asesinato de Berta, también cabría saber qué tan responsables son las financiadoras del megaproyecto y otros actores.
¿Cómo va el proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres? Se encarcelaron a 8 presuntos autores materiales, de los cuales 7 fueron sentenciados a 30 años por el asesinato de Berta y a 20 años por el asesinato en grado de tentativa contra mi persona. Ahora el proceso gira en torno a David Castillo, uno de los miembros de la mesa directiva de la empresa donde se sentaba junto a la familia Atala, los dueños de la empresa. A él se le dio prisión preventiva hace 3 años y desde entonces no se le ha enjuiciado.
La defensa y la impunidad en Honduras han llevado a que las audiencias se suspendan continuamente. Finalmente se aceptaron las audiencias y el COPINH y la familia de Berta presentaron recientemente 88 pruebas. Al final se aceptó que uno de los hermanos Atala fuera a declarar, y en eso está el juicio.
El gobierno hondureño no solamente ha frenado el proceso, sino que sus acciones han sido ilegales, la persona que está actualmente presa lleva 3 años arraigado, pero legalmente sólo se permite año y medio. Ha habido violaciones al Código Penal, se han tratado de evitar peritajes, testigos, suficientes pruebas, se ha buscado generar un escenario que sea favorable a la impunidad. Estamos hablando de una de las familias más ricas de Honduras, dueña de bancos y súper tiendas, con mucho poder político y económico.
Actualmente hay una presión fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos con Joe Biden, donde los Demócratas están promoviendo retirar el apoyo al presidente de Honduras, caracterizado por represión, impunidad, narcotráfico y corrupción. Eso quizá cambie un poco la impunidad que ha habido hasta ahorita.
¿Independiente del juicio por el asesinato dónde ves más responsables? Hay un entramado de intereses muy complejo, cada actor o cada interés tiene un papel fundamental en este círculo de impunidad. Por ejemplo, el proyecto no se hubiera podido hacer si no hay financiadores. Primero fue el Banco Mundial y se retiró. Después fue el Banco Holandés de Desarrollo y el Fondo Finlandés para la Cooperación Internacional, quienes sabiendo que había muertos y había represión, no había consulta previa, libre e informada sobre el proyecto, lo seguían financiando.
¿Qué hubiera pasado si no hubieran financiado? Quizás el proyecto hasta ahí hubiera llegado. Y si se han retirado no es por virtud propia, es por la presión internacional sobre el uso de sus fondos que financian megaproyectos como presas, mineras y otras concesiones extractivas. Estos bancos tienen muchísima responsabilidad. Pero de igual manera el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donde México y varios países son parte, mantienen el financiamiento y los intereses en este proyecto.
Otro actor son la misma familia Atala, la empresa, no solamente por la deuda que tiene y los préstamos que ha recibido, sino porque tiene interés de la apropiación del territorio y del negocio de la venta de energía. El otro actor es el gobierno que mantiene en tal impunidad a un sector oligarca y de ahí todo el entramado institucional como es el Ejército, la Policía, haciendo comparsa de grandes trasnacionales y oligarcas. Todos tienen mucha responsabilidad.
Gustavo Castro y Berta Cáceres hace 20 años. Foto cortesía Otros Mundos Chiapas
¿Cuáles son las enseñanzas que deja Berta a los movimientos sociales, a las mujeres y a los pueblos originarios? Es un legado muy integral. Berta vio nacer al COPINH pero también éste fue formando a Berta. Dentro de la estrategia que ella planteaba, estaba la apropiación de un sistema de comunicación, de formación política, de solidaridad con las organizaciones y los movimientos sociales no solamente de Honduras sino de América Latina, la movilización con distintos temas políticos y económicos porque se movilizaban en torno a la deuda externa, Tratado de Libre Comercio, Plan Puebla Panamá, represas, minería, extractivismo, racismo, patriarcado.
Yo creo que ese es el legado que dejan Berta y el COPINH, que la lucha es integral. No es monotemática, no es sólo local. Incluso reivindicando la lucha por la diversidad sexual y del movimiento LGBTTI.
¿Cómo miras el panorama actual con los megaproyectos y la pandemia en los territorios? Muchos gobiernos de la región, no solamente Honduras, están entrando en un cuestionamiento muy fuerte y evidenciándose sobre a quién salvar. Los países y los gobiernos han rescatado nuevamente a grandes empresas, grandes trasnacionales. Pero además, si antes había un sistema de corrupción impresionante, ahora, con la inyección de recursos, cuanto más.
También es un momento en que los movimientos sociales tenemos que buscar alternativas. Tiene que ser un momento para reflexionar cuál debe ser el camino de las resistencias. Tenemos que ser autónomos en nuestras propias regiones, producir los alimentos, producir la energía, empezar a generar recursos propios y no depender tanto. Con la pandemia se vio claro que las comunidades que sobrevivieron a la crisis fueron las que podían sembrar, que tenían producción, que tenían medicina tradicional. Tenemos el reto de preparar nuevas estrategias y alternativas.
¿Las personas defensoras continúan con el mismo nivel de riesgo ahora en la pandemia? Se ha incrementado el riesgo. Ya era de por sí un riesgo oponerse a las grandes inversiones extractivistas que implican muchos intereses económicos en apropiación de territorios, recursos, agua, energía. Era un riesgo oponerse a la infraestructura, megaproyectos e invasión del capital. Ahora se intensifica porque muchos de estos megaproyectos son declarados como indispensables.
En cuanto a la seguridad de las personas defensoras debemos modificar las estrategias, no podemos realizar las mismas acciones que antes. Muchas acciones están criminalizadas en el marco de la modificación de las leyes y códigos penales. Hoy puede ser declarado como crimen organizado o secuestro el hecho de que una comunidad bloquee un camino para defender su tierra o su agua.
La seguridad debe ser personal, familiar y colectiva, se deben generar mecanismos y protocolos de seguridad comunitarias, eso es fundamental. Pedirle al gobierno que nos garantice la seguridad cuando es quien impulsa aquello que tenemos en contra, puede ser un mecanismo mediático, pero no la garantiza. Se deben buscar mecanismos comunitarios de protección.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de marzo de 2021
Durante la noche del pasado 2 de febrero, la casa de la defensora de derechos humanos Jaqueline Campbell Dávila fue allanada. Fue evidente que no se trato de un robo común, sino de un acto de intimidación una clara amenazada para quien desde hace más de 20 años ha realizado un trabajo incansable como defensora de los derechos humanos frente a las graves situaciones de violencia hacia las mujeres, los migrantes, las personas encarceladas, la comunidad LGBT, además de estar involucrada también en procesos de defensa del territorio con la Diócesis del Satillo siendo parte de equipo del Obispo Fray Raúl Vera.
El día 14 de febrero Jaqueline fue nuevamente agredida, despojándosele de toda su información digital, para desconocer y así, pretender anular su trabajo como periodista y defensora de derechos humanos.
Esos don graves hechos no son casos aislados, ya que ocasiones anteriores Jackie ha sido victima de acoso, hostigamiento e intimidaciones, entre ellas la ocurrida en diciembre del 2020, a la que le sucedieron irrupciones en la oficina del Obispo Raúl Vera.
Jackie y el equipo de Raúl Vera han sido siempre muy cercanos y solidarios con los pueblos y procesos de resistencia tanto de REMA, como de muchos otros procesos contra los proyectos de ocasionan despojo y violaciones a sus derechos. En este contexto, siempre nos han acompañado en distintos foros, eventos y procesos relacionados con la defensa del territorio frente al modelo extractivo. De muchos eventos, recordamos con aprecio y cariño la presencia de Jackie durante el acto de cabildo para declarar al municipio de Guadalcázar, en San Luis Potosí Territorio Libre de Minería. La solidaridad y el trabajo conjunto con el equipo de Don Raúl Vera han sido fundamentales en el proceso en contra de la instalación de la planta de cianuro de Chemours en el estado de Durango.
Exigimos a las autoridades del Gobiernos del Estado de Coahuila, a su Fiscalía y a la Secretaría de Gobernación, garantizar la protección de nuestra querida compañera Jaquieline Campbell Dávila, asi. Exigimos que cese el hostigamiento y las agresiones referidas, que se investigue y se castigue a los responsables, y se garantice la continuidad al relevante trabajo en pro de los derechos humanos que Jackie realiza.
¡Apoyo total y solidaridad con nuestra compañera Jaquieline Campbell!
Basta de criminalizar y a las y los defensores de derechos humanos y del territorio
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA REMA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de febrero de 2021
El colectivo GeoComunes acaba de hacer público el geovisualizador que forma parte de la investigación “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética”,realizado con apoyo de la fundación Rosa Luxemburg.
Esta investigación aporta datos suficientes para cuestionar y criticar la “utilidad pública” de los proyectos de generación de energía eléctrica en un contexto en donde éstos han sido publicitados como parte de la estrategia de transición energética o como parte de un proyecto de interés nacional. La investigación busca responder de manera sencilla a preguntas que develan algunas de las contradicciones de fondo sobre un sistema eléctrico que hoy, con la reforma en discusión, es nuevamente tema de atención general.
De manera particular, como REMA nos interesa recuperar algunas de las preguntas y datos allí planteados que se relacionan directamente con el modelo extractivo minero, el cual como organización combatimos;datos que nos permiten reafirmar lo que hemos dicho desde siempre: no hay minería verde,ni responsable, ni sus aporteseconómicos generanprogreso y desarrollo, de tal manera que, para nosotros la única minería sustentable es la que no se hace.
La Minería Es La Actividad Que Más Electricidad Consume En México
La investigación presenta que en 2018 el 60.6% de la electricidad producida en México fue consumida por el sector industrial, lo que representa 3 veces el consumo del conjunto de los usuarios domésticos a nivel nacional. Además, dentro del sector industrial, el mayor consumo lo hacen las ramas minera y cementera,dos actividades que,juntas,representaron en el 2018 el8% del consumo total de electricidad, lo que equivale al consumo domiciliario de 46 millones de personas en México.
Este desequilibrio entre el consumo eléctricode las mineras o cementeras y el consumo doméstico se agrava a nivel local. Así, por ejemplo, la investigación muestra que:
-La empresa Cementos Moctezuma con sus tres plantas cementeras (ubicadas en Apazapan, en Veracruz; Emiliano Zapata en Morelos y Cerritos en San Luis Potosí), en 2018consumió 553 gigavatios-hora(GWh), lo mismo que los 764 mil usuariosde los 779 municipioscon menor consumo residencial.-La Mina Hércules (AHMSA) en Sierra Mojada (Coahuila), consumió 248.7 GWh(2018), lo que representa 529 veces el consumo doméstico total del municipiopara este mismo año. En 22010 el 8.4% de las viviendas del municipio de Sierra Mojadano tenían acceso a la electricidad.
-La mina San Julián de Industrias Peñoles consumió 117.6 GWh en 2018;30 veces más que el total del consumo doméstico del municipio de Guadalupe y Calvo donde opera. En este municipio en 2010 ¡el 78% de la población indígena seguía sin acceso a la electricidad!El consumo de esta mina equivale al consumo doméstico de 17 municipios de Chihuahua y de 80 mil usuarios domésticos.
-La mina Peñasquito de Newmonten 2018, tuvo una demanda eléctrica (potencia que requiere la mina) de 220 Megavatios (MW), lo que equivale a la demanda sumada de 45 mil viviendas.
Cabe resaltar que este incesanteconsumo de energía eléctricano considera el consumo energético derivado del uso de diversos combustiblespor parte de las empresas mineras, concentrados sobre todo en buena parte de los procesos motricesque implementan sean estos en minas subterráneas o a cielo abierto, así como también la fuerte demanda de las metalúrgicas.
La llamada “transición energética” implica más extractivismo minero
Además de señalar a quiénes son los mayores consumidores de electricidad, una sección de la investigación se dedica en aportar datos que desmitifican la “transición energética”corporativa que se predica hoy en día como una verdadera solución a la crisis ambiental. Las referencias más claras de esos señalamientos delatan lo siguiente:
-Las energías renovables no están reemplazando la generación eléctrica basada en fósiles,por el contrario, se están sumando al aumento continuo de generación eléctrica. A pesar de duplicar la capacidad instalada de energías renovables entre 2005 y 2019 (con 123 nuevas centrales principalmente eólicas y solares), la generación con fuentes fósiles ha aumentado en un 30% durante este periodo(de 191 mil a 253 mil GWh).
-La “Transición Energética” oficial hasta ahora no ha reducido la emisión de bióxido de carbono (CO2)en la generación eléctrica. Por el contrario, las emisiones de la generación eléctrica aumentaronde 133 a 162 mil gigagramos (Gg)de CO2 entre 2005 y 2017.
-Debido a que la generación con fuentes fósiles sigue aumentando, y considerando la intermitencia de las centrales renovables y la gran superficie de tierras que éstas requieren para su operación, este “modelo” de transición resulta inviable social y ambientalmente, ya que tan sólo para cumplir con la meta de 35% de generación total para 2024, se requeriría instalar aproximadamente740 nuevas centrales renovables, usando 8.4 mil km2de tierra. ¡Eso representa casi la superficie sumada de los estados de Morelos y Tlaxcala, o aproximadamente 6 veces la superficie de la CDMX
-Este modelo de transición energética fomenta el extractivismo minero: las centrales eólicas y solares que actualmente se encuentran en fase de proyecto en México,van a requerir aproximadamente 1.5 millones de toneladas de minerales para su construcción. Además,se seguirá extrayendo gas mediante fracking para abastecer las centrales de ciclo combinado. La transición energética actual es una apuesta corporativa que beneficia a una de las actividades industriales con mayor consumo eléctrico y emisiones de CO2, y es responsable de graves impactos socio ambientales.
-La transición energética corporativa es una “transición de mercado”: las energías renovables, los vehículos eléctricos y los minerales que requieren representan nuevas mercancías para la acumulación de capital bajo las mismas lógicas de explotación centradas en el despojo y desplazamiento forzado, sólo que ahora pintadas de verde.
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 23 de febrero de 2021
Las y los integrantes de la REMA, enviamos nuestras condolencias y un abrazo solidario a los familiares de Cristóbal Ramírez Carrizales y Macedonio Huerta, trabajadores mineros, quienes lamentablemente perdieron la vida laborando en en minas de carbón en el estado de Coahuila. Cristóbal trabajaba en la mina Santa María de la empresa Materiales Industrializados (MINSA), que es parte del conglomerado que poseen los hermanos Guadiana, por cierto, uno de ellos hoy senador morenista Armando Guadiana Tijerina. Macedonio laboraba en la empresa Drumak, la cual tiene contrato con la CFE.
Las muertes de ambos compañeros son resultado de la corrupción y la impunidad en la que opera la minería en nuestro país, en donde los accidentes se solapan, las muertes que son evitables se naturalizan y se protegen a las empresas. Desde la tragedia de Pasta de Conchos ocurrida en 2006, han muerto aproximadamente 150 personas en a zona, según el conteo que lleva la organización Familia Pasta de Conchos, muertes sin justicia porque hasta la fecha no hay ningún empresario preso.
!La minería mata! !No más muertos!
Firma
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
El municipio tzeltal de Oxchuc, enclavado en la región de los Altos de Chiapas, sur de México, es el único reconocido legalmente en el estado donde la población indígena se rige por usos y costumbres, al contrario del estado vecino, Oaxaca, donde 417 comunidades practican este sistema normativo.
La expulsión de los partidos políticos en Oxchuc se dio definitivamente en el año de 2018 tras años de movilización de las comunidades. Después de intensas protestas, un proceso de autoconsulta indígena realizado en más de un centenar de comunidades tzeltales respaldó el cambio de régimen.
Ahora, en el contexto de un nuevo proceso electoral, comunidades de Oxchuc denuncian la agudización de la violencia por parte de grupos paramilitares y acciones de sabotaje provenientes de actores partidistas, quienes buscan deslegitimar el sistema normativo indígena.
El siguiente reportaje, dividido en dos partes, contextualiza el conflicto de años recientes y las acciones del gobierno comunitario en su defensa contra los embates de los partidos políticos.
En el contexto de un conflicto post electoral surgido en el año de 2015 en el municipio tzeltal de Oxchuc, el hartazgo y la organización popular se conjugaron con acciones jurídicas hasta materializar la primera elección a través de los usos y costumbres efectuada el 13 de abril del 2019.
“Nosotros le llamamos autonomía política y la libre determinación que consiste en que el pueblo decida su forma de vida, su forma de gobierno y eso es lo que hizo valer Oxchuc”, enfatiza Gabriel Méndez López, abogado tzeltal quien ha acompañado los procesos jurídicos para concretar el cambio del sistema electoral al de usos y costumbres en el municipio con 45 mil habitantes, que se organizan en 120 comunidades.
El camino para desterrar el monopolio de la participación política a través de los partidos políticos no ha sido fácil. Por años, el entorpecimiento al proceso legal, mediante las omisiones de las instituciones y funcionarios estatales, se empecinó en impedir que el camino jurídico tomado por Oxchuc concretara la elección de sus autoridades municipales sin la participación de los partidos políticos.
Como detalla la Dra. en sociología Araceli Burguete Cal y Mayor, el origen del conflicto en Oxchuc se debe al “control político que descansa en estructuras caciquiles de poder y dominación, ya que quienes lo disputan son las familias que se han repartido el poder en los últimos 20 años en el municipio tzeltal”.
El rechazo al cambio por sectores sociales del municipio, vinculados a los partidos, continúa. La violencia también. Aquellos que vieron amenazada su dominación política emprendieron y han emprendido acciones, muchas de ellas violentas, contra la población en su afán de mantener el esquema partidista, ajeno a las dinámicas comunitarias de los pueblos tzeltales de la región.
Memoria
Javier López Sántiz, campesino tzeltal, le da la bienvenida al equipo de Avispa Midia a su hogar en el barrio de Pantetón, en la cabecera municipal de Oxchuc.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
En el lugar se registra un constante movimiento, algo inusual para un domingo por la mañana. Atravesando el patio, un puñado de amigos y vecinos de la familia se encuentran, algunos organizando la comida, otros platicando, resguardados del intenso sol y a un costado de la banda musical que afina sus instrumentos.
Mientras caminamos y entre algunas interrupciones para saludar a los presentes, Javier nos cuenta que ese día, 24 de enero, quienes ahí se reúnen buscan rememorar la vida de su hermano, Ovidio López Sántiz.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
De familia campesina tzeltal, quienes le conocieron cuentan que, desde su juventud, Ovidio caminó por distintos municipios de los Altos acompañando luchas sociales e involucrándose en la organización para exigir el cumplimiento de demandas populares.
Ovidio, junto a Victor Sántiz Gómez y Francisco Sántiz Gómez, fueron asesinados en los ataques de grupos armados acontecidos el 24 de enero del 2018.
De acuerdo a una acción urgente publicada por organizaciones defensoras de derechos humanos, dicho ataque fue realizado por un grupo civil armado, el cual “por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, los pobladores consideran que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre”.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
Éste no fue el primer ataque contra la población. Quienes pueblan el municipio, tanto en la cabecera municipal como en distintas comunidades, habían atestiguado episodios de violencia en los años recientes. Pero para contextualizar aquellos sucesos tenemos que ir más atrás, al proceso electoral de 2015.
Ovidio es recordado por el pueblo de Oxchuc por haber participado en las primeras protestas contra la victoria electoral de María Gloria Sánchez, quien pretendía gobernar el municipio tzeltal por segunda ocasión, después detrás ya haberse desempeñado como ocupado el cargo alcaldesa en el periodo: 2004 al 2007.
María Gloria Sánchez y Norberto Sántis López
Sánchez y su esposo Norberto Sántiz López, político con antecedentes criminales, consolidaron un cacicazgo que gobernó Oxchuc durante 12 años, primero al cobijo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
Javier recuerda también los bloqueos carreteros que perduraron por dos semanas en octubre de 2015, en un intento de impedir la toma de posesión de María Gloria Sánchez. Pasado ese tiempo, ocurrieron los episodios de violencia.
“Se enfrentaron, ahí donde lo balearon a un niño, un chico que estudia en la secundaria”, comparte Javier sobre las acciones del grupo armado bajo dirección de María Gloria Sánchez y Norberto Sántiz, como detalla la investigación realizada por la Fiscalía General de Chiapas en la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.
Incluyendo a Sánchez, un total de ocho integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc en aquel año son señalados como probables responsables por los delitos de Atentados contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, así como de Homicidio en grado de Tentativa en contra del menor de edad herido durante los hechos violentos del 15 de octubre del 2015.
En entrevista para Avispa Midia, el abogado Gabriel Méndez cuenta que aún existen entre 40 y 50 órdenes de aprehensión, tanto de personas que participaron en los grupos armados, como de los autores intelectuales de distintas agresiones entre 2016 y 2018. En especial, el abogado refiere como responsables por dichos delitos a la ex alcaldesa Sánchez y su esposo, además de diversos integrantes del Cabildo Municipal.
Ignorando las acusaciones, el gobierno federal y estatal respaldaron a Sánchez. Mediante un operativo integrado por elementos de la Policía Federal y el Ejército México, realizado un día después de los enfrentamientos, fueron detenidas cinco personas integrantes del grupo opositor a María Gloria Sánchez.
A pesar de los graves señalamientos contra Sánchez, durante los últimos días de octubre de 2015, la aún alcaldesa de Oxchuc sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, quien aceptó incrementar la vigilancia del municipio con auxilio de la policía estatal.
Jorge Luis y María Gloria
En consecuencia, recuerda Javier, aquellos días la cabecera municipal estaba llena de policías y militares por lo que incluso se suspendieron actividades en las escuelas. Por ello, su hermano, Ovidio López, quien formaba parte del Comité de Educación, comenzó a manifestarse exigiendo la salida de los militares del pueblo.
Protestas Oxchuc
“Organizó su gente como de 15-20 personas. Hombres, niños, mujeres donde salieron a manifestar en el parque central, donde sus consignas que fuera los sectoriales, que fuera los militares porque el pueblo, los niños, los alumnos que estudian no pueden salir porque está lleno de militares”, recuerda Javier sobre la pequeña movilización que en pocos días logró reunir a cientos de personas.
Para enero del 2016, ante la falta de respuesta del gobierno estatal a la petición de destitución de la alcaldesa, el descontento popular llevó a cientos de manifestantes a ocupar el ayuntamiento de Oxchuc.
Ante los ojos del gobierno local, aquella revuelta había que detenerse a todo costo. Por ello, el 8 de enero de 2016 la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas tendió una trampa a 38 miembros de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena en Oxchuc, organización al frente de las movilizaciones.
Con la promesa de negociar la destitución de María Gloria Sánchez y de la diputada Cecilia López Sánchez, por ser señalada también como responsable de azuzar la violencia post electoral, el subsecretario de derechos humanos de la dependencia, Mario Carlos Culebro Velasco fue el encargado de convocar a los integrantes de la Comisión de Oxchuc.
La emboscada fue ejecutada en las oficinas de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) ubicadas en San Cristóbal de las Casas. Después que Culebro Velasco planteó sus puntos para la negociación, abandonó la oficina y “exactamente dos minutos después de la farsa de mostrar amabilidad y ofrecer alimentos, entraron agentes ministeriales y detuvieron sin decir palabras a los 38 integrantes de la comisión”, registra una nota publicada en medios locales.
“Cuando ya estaban en la mesa entró la (policía) judicial”, reafirma Javier sobre la traición del gobierno, quien a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado acusó a los detenidos por el delito de motín y por su presunta participación en hechos violentos en el contexto de las movilizaciones contra la alcaldesa.
Tras la difusión de las detenciones, cientos de habitantes de la cabecera municipal de Oxchuc bloquearon la carretera que conecta al municipio con Ocosingo y Palenque. En consecuencia, el gobierno estatal desplegó a 500 policías que se encontraban esperando en el municipio vecino de Huixtán con el objetivo de reprimir las movilizaciones.
“Entraron a desalojar, a intimidar. Hasta con helicópteros vino a tirar gas lacrimógeno, pero el pueblo se defendió, hombres y niños, mujeres y ancianos salieron a defenderse”, relata orgulloso Javier.
En la refriega, todos los automóviles de seguridad pública fueron quemados y el evento saldó con 66 elementos policiacos lesionados y 23 de ellos tomados como rehenes. Días después, estos serían intercambiados para obtener la libertad de 22 indígenas que aún permanecían detenidos ante el Ministerio Público.
Por estos sucesos, en la memoria colectiva de Oxchuc aquel 8 de enero representa un día de resistencia civil. Tras la presión de las movilizaciones, en febrero de 2016, María Gloria Sánchez fue expulsada del municipio y solicitó su renuncia ante el Congreso del estado de Chiapas.
De esta manera, el 15 de febrero, en la explanada municipal de Oxchuc se realizó un plebiscito sin la participación de partidos políticos. En la cabecera municipal y ante la presencia de 30 mil pobladores se nombró al alcalde sustituto, el cual fue ratificado por el Congreso Estatal el 11 de marzo del 2016.
“Estamos aquí para decirle al Congreso del Estado y al gobernador Manuel Velasco que intervengan y que definitivamente se resuelva el asunto de Oxchuc, porque María Gloria sigue diciendo que es la actual alcaldesa y eso no es cierto, porque a partir del 11 de febrero ella pidió su renuncia y se acabó políticamente allá la señora”, mencionó Juan Encinos Gómez, presidente de la Comisión Permanente Por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc, en el momento en que se eligió a Óscar Gómez López, indígena bilingüe, para ocupar el cargo en el municipio.
Caciques
Durante la década de los noventas, Norberto Sántiz López construyó su trayectoria política como diputado federal en las filas del PRI. En aquella época de contrainsurgencia ante el levantamiento zapatista, Norberto fundó el Movimiento Armado Revolucionario Antizapatista (MIRA).
Dicho grupo paramilitar operó en un enclave estratégico en la colindancia de cuatro municipios: Huixtán, Cancuc, Chanal y Oxchuc. Sus operaciones fueron permitidas debido a la relación con otros cuerpos de seguridad gubernamentales, tanto de policías locales y estatales, como del Ejército Mexicano “con los cuales realizaba de forma conjunta patrullajes, hostigamientos, amenazas, maltratos, cateo de domicilios sin orden judicial y detenciones arbitrarias”, documenta el artículo escrito por Adrián Galindo de Pablo.
Norberto Sántiz López ocupó el cargo de alcalde de Oxchuc en dos periodos, del 2002 al 2004 y del 2012 al 2015, desde donde operó políticamente para conseguir que María Gloria Sánchez, su esposa, le sucediera como alcalde en ambas ocasiones.
Sántiz López también posee un extenso historial penal pues ha sido detenido y procesado judicialmente en tres ocasiones.
Derivado de la averiguación previa número FESP/-064/2005, en septiembre de 2005 se le acusó por incurrir en actos de corrupción durante su administración, además de incurrir en otros delitos, como tráfico y venta de armas, por lo cual permaneció preso por dos años en el penal “El Amate”.
Su segunda detención ocurrió en mayo de 2010. En aquella ocasión, Norberto fue señalado responsable por un enfrentamiento armado sucedido en la cabecera municipal de Oxchuc durante la celebración de un plebiscito en abril. Sin embargo, obtuvo su libertad después de permanecer arraigado por dos meses.
Pese a los antecedentes criminales de los años de 2005 y 2010, Norberto Sántiz López participó en las elecciones municipales de 2012, con lo cual consiguió ocupar el cargo en un segundo periodo.
No obstante, Sántiz fue detenido por tercera vez el 13 de noviembre de 2016 acusado por el desvío de recursos públicos por un valor de más de 13 millones de pesos. En aquel momento el ex alcalde radicaba en San Cristóbal de las Casas junto a su esposa María Gloria Sánchez, tras ser expulsados por las protestas en el municipio tzeltal de Oxchuc.
De acuerdo a lo difundido por medios nacionales, “La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que la orden de aprehensión se dio por hechos registrados en 2014, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado interpusiera una denuncia por los delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa”, por lo cual Sántiz López fue ingresado al penal “El Amate”.
En la documentación elaborada por Araceli Burguete tras años de seguimiento en los eventos de Oxchuc, la directora del CIESAS Sureste señala que el grupo de Sántiz y Sánchez mantuvo el control del municipio tzeltal “a punto de asesinatos ejemplares, hostigamientos en las comunidades y ataques armados en la cabecera municipal que ha dejado alrededor de 20 desaparecidos, por lo menos 3 asesinados y una cantidad importante de heridos”.
Estos asesinatos han sido dirigidos principalmente contra integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc, organización que promovió los primeros recursos legales en 2016 para el cambio del sistema normativo interno en el municipio tzeltal y cuyos integrantes fueron víctimas de las agresiones del 24 de enero del 2018.
Masacre
Lo que parecía la expulsión definitiva de María Gloria Sánchez de Oxchuc se vio frenada de nuevo en 2017. En agosto de ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la restitución de la alcaldesa “quien víctima de violencia política, institucional y social había sido obligada a separarse del cargo”.
Tras la sentencia del TEPJF, María Gloría Sánchez movilizó a grupos armados, quienes irrumpieron en la cabecera municipal el 24 de enero del 2018. El objetivo era destruir la movilización popular para crear las condiciones para su retorno al poder.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
Javier detalla que durante aquel díagrupos armadosprovenientes de por lo menos cinco comunidades atacaron a la población de la cabecera. Pese a que en un primer momento consiguieron frenar la agresión, al final del día la violencia cobró la vida de tres personas, entre ellas las de su hermano Ovidio. https://archive.org/embed/audio-acto-luctuoso-oxchuc
Por su parte, el abogado Gabriel Méndez López reclama la omisión de las autoridades quienes pudieron haber evitado la masacre del 2018, pues desde 2016, él y otros integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc denunciaron la aparición de grupos paramilitares, creados por la ex alcaldesa María Gloria Sánchez, quien actualmente se encuentra en libertad.
asesinatos 2018 Oxchuc
Como documenta la Recomendación No. 66/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 8 de mayo de 2017, la Comisión Permanente denunció ante la Fiscalía Indígena y la Fiscalía Estatal la aparición de grupos armados desde diciembre del 2016, “quienes portaban armas de fuego (rifles R15, AK 47, y calibre 22), además de denunciar un ataque perpetrado el 1 de abril de 2017”.
Sin embargo, la omisión de las autoridades estatales permitió la operación de dichos grupos. Así llegamos al mes de enero del 2018, un mes importante en la historia reciente de Oxchuc y en el cual, el día 24 representa una tragedia para el municipio tzeltal.
Javier López Sántiz recuerda aquellos momentos con una mezcla de enojo e indignación. Sentado a un costado del altar donde yace la tumba de su hermano, Javier enfatiza que la muerte de Ovidio no fue en vano. “Hoy es día en el pueblo de Oxchuc de la lucha que hizo el pueblo, la lucha que defendió mi hermano. Yo veo que esta bueno porque aquí en Oxchuc ya no hay partidos políticos”, refiere sobre el escenario político actual en el municipio tzeltal.
Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.
En ocasiones, una sombra cubre el rostro nostálgico de Javier. Son las siluetas de quienes constantemente desfilan frente a la tumba de Ovidio. Ahí encienden veladoras, dedican algunas palabras al difunto, rezan e incluso lloran. Para Javier, la ceremonia luctuosa también es una celebración por la expulsión de los partidos políticos, aunque el asesinato de su hermano continua impune.
Impunidad
“El gobierno federal, del estado, los derechos humanos, no hicieron nada, eso es donde me da coraje porque no hace nada el gobierno, los asesinos están sueltos”, reclama Javier debido a que ninguna persona fue procesada por la masacre del 2018.
Por su parte, el abogado Gabriel Méndez, quien también fue herido gravemente en aquellos sucesos, suma su reclamo al del campesino tzeltal.
“El gobierno hizo caso omiso al respecto. Integramos varias denuncias ante la CNDH e incluso pedimos medidas cautelares ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, nunca nos hicieron caso, hasta en tanto lo que realmente pasó el 24 (enero, 2018)”.
Sólo después de la masacre, la CNDH solicitó al Gobierno del Estado de Chiapas “la implementación de medidas cautelares tendentes a la protección de la vida de los habitantes de Oxchuc, Chiapas”.
Para el 30 de noviembre del mismo año, la CNDH emitió la Recomendación 66/2018, donde documentó las agresiones armadas y violaciones a los derechos humanos en agravio de la comunidad tzeltal del municipio de Oxchuc durante los hechos violentos del 24 de enero.
No obstante, el abogado Méndez señala que, a pesar de la detención de seis personas, éstas fueron absueltas por un Tribunal Federal, quien les concedió un amparo argumentando faltas de elementos para procesarlos.
“Ahí están todos los peritajes que ellos realizaron, pero en Chiapas y en México prevalece la impunidad”, declara Méndez quien además añade el peligro que representa que los autores materiales ahora se encuentran libres en sus comunidades, “incitando al odio, siguen incitando a la violencia”.
Desde que sufrió la agresión armada, el abogado tzeltal ha demandado la aplicación de justicia “Porque también la familia (de las víctimas) lo exige. Porque también la Asamblea General lo exige y también la sociedad en general lo exige”.
La documentación de la CNDH arroja que el saldo del ataque armado fue de tres personas asesinadas y 27 resultaron lesionadas, además de la quema de diversas viviendas y negocios.
En la recomendación referida, se concluye que “de las evidencias recabadas por esta Comisión Nacional, se pudo advertir que el conflicto tuvo su origen en las diferencias existentes entre dos grupos sobre la forma de organización política y elección de sus autoridades a nivel comunitario en Oxchuc. En tal sentido, la ausencia de medidas legales y administrativas que garantizaran el derecho a la libre determinación para elegir la composición de sus autoridades y procedimientos tradicionales, fue el elemento que propició las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Oxchuc”.
Cambio de régimen
Sólo tras los sucesos violentos de enero de 2018, el Congreso del estado de Chiapas publicó los decretos 156 y 157. Con esta acción separaron del cargo a María Gloria Sánchez y a otros siete miembros del ayuntamiento para ser juzgados por ataques contra la población tzeltal ocurridos en 2016.
Otra de las consecuencias de dichos decretos fue la desaparición del Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, para en consecuencia designar un Concejo Municipal integrado por un presidente, un síndico y tres regidores quienes permanecieron en el cargo hasta el 30 de septiembre del 2018, momento en que se desarrollaba el proceso de autoconsulta para designar a las autoridades por usos y costumbres en 2019.
Casi tres años tuvieron que pasar Ddesde el 11 de noviembre de 2016, cuando la Comisión por la Paz y la Justicia de Oxchuc presentó una solicitud ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) para realizar el proceso de elección de sus autoridades por medio del sistema de usos y costumbres.
Sin embargo, en febrero del 2017, el Consejo General del IEPC declaró como no procedente la petición. “El IEPC no tenía ninguna herramienta jurídica o reglamentaria para atender estos casos, lo único que hizo el IEPC fue lavarse las manos, dejar sin efecto, que es improcedente nuestra solicitud, pero había una legislación suprema que es la Constitución en su artículo 2 que los pueblos indígenas pueden regirse o pueden ejercer su libre determinación”, argumenta Méndez sobre la omisión de la institución electoral.
Por ello, tras la sentencia del IEPC, el abogado recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Desde la sala superior, el proceso se reencauzó al Tribunal Estatal Electoral de Chiapas, quien finalmente resolvió a favor de la petición de Oxchuc el 28 de junio de 2017, dando inicio a un proceso específico, el cual contempló la realización de una consulta indígena en la que el 59.18% de la población votó en favor del cambio de régimen.
El doble filo de las consultas
Respecto al proceso de consulta indígena efectuado en Oxchuc, para Gabriel la manera en que fue implementada por las comunidades tzeltales no representó una imposición.
“Las 120 comunidades se consultaron, e incluso los que optaban que permanecieran los partidos políticos, participaron también en las asambleas. No pueden decir ellos que han sido excluidos en la participación democrática del cambio de gobierno de Oxchuc, porque ellos fueron tomados en cuenta. Ellos supieron cómo se instauró y cómo se formó nuestro gobierno comunitario, respetando la paridad y participación política de las mujeres”.
No obstante, el abogado reconoce la diferencia entre el uso de la consulta por parte del Estado, en contraste con el proceso de autoconsulta en Oxchuc, pues cuando es el gobierno quien efectúa el ejercicio, no cumplen con los criterios de la libre determinación.
“Es que realmente el pueblo sea quien tome la batuta y sea quien ejerza su forma de vida interna de su propia comunidad, eso es lo que se debe de hacer, (construidas) con los pueblos, desde los pueblos”, enfatiza el abogado tzeltal y expone como ejemplo lo que realizó el IEPC.
“Le llamó ‘consulta indígena’ cuando ellos propusieron el reglamento para atender a la solicitud de cambio de régimen de gobierno. Hicieron dos foros y en esos foros según invitaron a las autoridades comunitarias de todos los municipios. Pero son foros, no fueron consultas. Las consultas se deben hacer desde donde está la población y el ejemplo exacto es lo que se hizo en Oxchuc”, explica el abogado tzeltal.
A diferencia del simulacro oficial, explica Gabriel, existieron distintas etapas de la consulta indígena, mediante la cual se realizaron 120 asambleas comunitarias informativas, además del mismo número de asambleas para recibir propuestas, otras 120 para las determinaciones y una asamblea plenaria para determinar y hacer los votos correspondientes.
En dicha asamblea plenaria, realizada el 5 de enero del 2019, el 59.18% de la población optó por desterrar a los partidos políticos de Oxchuc y en favor de implementar el gobierno comunitario, el nombramiento de las autoridades bajo el propio sistema normativo interno de las comunidades tzeltales.
Pese a un aparente cobijo por las instituciones del Estado, el ejercicio de la libre determinación de Oxchuc representa un peligro para el oficialismo por la influencia que germina en los pueblos originarios de esta región. A pesar de vivir una serie de opresiones con siglos de antigüedad, Oxchuc preserva la resistencia, memoria histórica y organización colectiva para reivindicar su Gobierno Comunitario.
Sin embargo, en este 2021, año marcado en el calendario electoral federal, este proceso se ve amenazado por la violencia estructural del Estado mexicano. En la segunda parte de este reportaje se detallará las amenazas al Gobierno Comunitario en Oxchuc y la violencia sufrida por aquellos que lo defienden.
Comunicado de Otros Mundos en solidariadad al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el agua en Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA) a dos años del asesinado del compañero Samir Flores – A 19 de febrero de 2021
A dos años del asesino del compañero defensor y comunicador náhuatl Samir Flores Soberanes, desde Chiapas nos súmanos a las voces que gritan: ¡¡JUSTICIA PARA SAMIR!!. Samir era habitante de Amilcingo, Morelos, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA-MPT), comunicador en la Radio Comunitaria Amiltzinko, y un fuerte opositor a la Termoeléctrica en Huexca, pero sobre todo, un defensor de la vida.
Es indignante y preocupante la grave imposición de megaproyectos en todo México como la Termoeléctrica en Morelos, el gasoducto en Oaxaca o el mal llamado Tren Maya en Chiapas. Nos llena de rabia y dolor saber que defender la vida tiene un costo alto como la vida misma. Sin embargo, no callarán nuestras voces, seguiremos luchando por defender el territorio y la vida digna de los pueblos en el país.
A Samir le arrebataron la vida, pero Samir sigue vivo en cada una de las personas que luchan por el bien común. Samir es una llama en las luchas por la vida en México, esa llama que ilumina y mantiene prendido el fuego de la esperanza por construir un mundo mejor, un mundo más justo para todas y todos. Recordamos que esta lucha es por la vida, por la defensa de la tierra, el agua y el aire, y por el respeto a la autodeterminación de los pueblos.
¿Hasta cuándo defender la vida será un delito? Basta de persecución y muerte a las defensoras y defensores de la madre tierra. México se encuentra entre los cuatro países más peligrosos para las y los defensores ambientales, después de Filipinas, Colombia y Brasil, de acuerdo con el informe que la organización Global Witness presentó en julio de 2020.
Exigimos justicia para Samir Flores, alto al hostigamiento y amenazas contra los defensores que mantienen el plantón frente a la termoeléctrica de Huexca: Justicia para Fidel Heras y Miguel Vázquez Martines, defensores de los ríos en Oaxaca y Veracruz, asesinados recientemente.
¡Samir y Zapata viven, la lucha sigue! ¡Vida sí, termo no! ¡Agua sí, termo no! ¡ Alto a persecución y muerte de las defensoras y defensores de la vida ! ¡ Alto a la devastación ambiental! ¡Cancelación a los megaproyectos ya!
Imagen: Imágenes: Brigada de arte comunitario “Talimakalsinan nanu” y Marcha para exigir justicia para Samir Flores, Ciudad de México el viernes 22 de febrero de 2019 Crédito: AP Foto/ Rebecca Blackwell
Compartimos una entrevista de Radio Mundo Real a Educa Oaxaca sobre el asesinato del defensor Fidel Heras – 5 de febrero de 2021
Como parte de COPUDEVER, el defensor oaxaqueño realizaba una activa defensa del Río Verde contra proyectos hidroeléctricos.
El 23 de enero fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, que se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina y era miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).
El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santiago Jamiltepec, en el estado mexicano de Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego. Dos días antes Fidel había recibido una amenaza de muerte anónima, en una nota dejada en la obra en construcción de la sede del Comisariado. Otros integrantes de la comunidad ya habían denunciado «la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado El Zanate», según recoge un comunicado emitido por COPUDEVER tras el asesinato de Heras.
Actualmente el hecho está siendo investigado por las autoridades, pero hasta el momento se desconocen los autores del crimen. El defensor ya había recibido amenazas, al ser una de las caras visibles de la oposición comunitaria a la construcción de una represa en el Río Verde y de la extracción de material pétreo.
Sobre Río Verde, en 2018 la Secretaría de Medio Ambiente había denegado la aprobación del proyecto ante las «inconsistencias» que presentaba la Manifestación de Impacto Ambiental; sin embargo, en 2019, la empresa ENERCI volvió a intentarlo y las organizaciones están a la espera de saber qué se resuelve. Desde 2018, una reforma energética permite que empresas privadas presenten proyectos al gobierno para construir y gestionar represas hidroeléctricas.
COPUDEVER remarca en el comunicado que «la crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias -que actúan como «concesionarios del río» en Paso de la Reina- y la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río».
En diálogo con Radio Mundo Real, integrantes de la organización EDUCA, que acompaña el proceso de COPUDEVER desde el año 2006 recordaron que la creación del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde surgió para defender la biodiversidad ambiental y cultural en Oaxaca ante el avance de los proyectos hidroeléctricos extractivistas en ese estado mexicano:
El Consejo «han logrado frenar la construcción de represas en la cuenca del Río Verde. En la actualidad, el proyecto Paso de la Reina está en la etapa de estudio y creemos que no ha avanzado más por la resistencia que ha habido tanto en la costa como en la sierra del Sur», remarcó Angélica, del área de Incidencia Pública en EDUCA.
Comunidades chatinas, mixtecas, afromexicanas y mestizas están organizadas en una resistencia pacífica contra la ejecución del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2019 el COPUDEVER ganó un amparo contra el decreto presidencial de Enrique Peña Nieto, que tenía la intención de suprimir las vedas de agua, entre ellas las del Río Verde. Más información en este micrositio dedicado a las actividades del Copudever: https://www.educaoaxaca.org/rio-verde/
Fidel Heras fue asesinado por su activismo ambiental. «Asesinaron a un símbolo: Fidel era una autoridad en funciones, un defensor comunitario», dice Ana María, compañera de Angélica en EDUCA. Ella trabaja en el área de Proyectos Territoriales. «La organización regional ha sido un contrapeso a los patrones caciquiles e institucionales autoritarios que ejercen violencia extrema sobre los territorios, como parte del entramado de poder que sostiene a los proyectos extractivistas», dijo. «Estos poderes no le perdonaron a Fidel que la comunidad se rebelara al proyecto extractivista», agregó.
Desde COPUDEVER exigen justicia por este crimen y que el Gobierno de Oaxaca garantice que estos hechos violentos no se repitan. Mientras la Fiscalía General del Estado investiga quiénes son los responsables, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo otorgó medidas cautelares colectivas a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina. Además, en los últimos días se ha sumado el apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y se multiplican los mensajes de apoyo y solidaridad con el COPUDEVER desde distintas redes ambientalistas y de defensa de los derechos humanos de todo el mundo.
«Esperamos que se lleve adelante una investigación adecuada a las características de este crimen cometido contra un defensor comunitario», dice Ana María.
Compartimos este comunicado de Salva La Selva sobre un proceso de demando en su contra por defender la vida – A 29 de enero de 2021
Comenzó el juicio contra „Rettet den Regenwald“ Ante el juzgado distrital de Hamburgo, comenzó el 22-1-2021 el proceso contra la asociación Rettet den Regenwald (Salva la Selva). La empresa indonesia Kenertec denunció a la organización después de que esta la señalara por la destrucción de selva tropical en Papua, en una carta dirigida a Siemens y Nordex. En concreto, se trataba de la quema de restos de madera después de la tala de la selva para establecer nuevas plantaciones de palma.
El demandante en Hamburgo es la empresa Kenertec, una productora de aerogeneradores. Sin embargo, los ecologistas no están culpando a dicha empresa de destruir la selva, sino a un socio comercial: el grupo Korindo. En el informe Burning Paradise, de la organización Migthy Earth y muchos otros estudios e informes, se critica a Korindo por la destrucción de la selva y la violación de los derechos de los pueblos indígenas en la provincia indonesia de Papua y en las Molucas septentrionales. Recientemente, la británica BBC también informó sobre el caso.
„Ya el primer día de juicio se reveló que la estrategia de Kenertec y Korindo no funciona – las empresas imaginaron que sería muy fácil arrastrar a los ecologistas ante los tribunales“ declaró Bettina Behrend, co-directora de Rettet den Regenwald e.V.
Kenertec denunció también al Center for International Policy CIP (Centro para Política Internacional) de los Estados Unidos, una de las organizaciones que apoya con fondos a Mighty Earth. Señaló además a los abogados de Kenertec, que no pueden denunciar a CIP sólo por la financiación. El tribunal llegó a cuestionar incluso si Kenertec está legitimada para hacer la demanda.
„El tribunal hizo saber Kenertec, que en vista de la cantidad de vídeos, fotos, imágenes de satélite, estudios y declaraciones de testigos que han presentado Rettet den Regenwald e.V. y CIP, no basta simplemente con negar los incendios provocados“, dice el abogado experto en medios de comunicación, el Dr. Roger Mann, que representa a los ecologistas.
Como se esperaba, el tribunal sugirió un acuerdo extrajudicial entre los ecologistas y Kenertec. „Lo vamos a analizar muy exhaustivamente. En definitiva, Korindo determina los hechos en Papua – sin tener en cuenta a las personas ni al medio ambiente“, continúa Bettina Behrend.
En la reanudación del juicio se tratará de llevar al Juzgado de Hamburgo la realidad de Papua. „Aprovecharemos la vista judicial para despertar a la opinión pública y exponer todavía más a la luz la destrucción de la selva tropical“, explica Mariane Klute, co-directora y experta en Indonesia de Rettet den Regenwald e.V. (Salva la Selva).
Se espera que el tribunal decida sobre el caso en los próximos dos meses.
Compartimos esta nota publicada en Servicios de Comunicación Intercultural Servindi sobre la vulneravilidad de los drechos humanos ante mega proyectos energéticos – A 29 de enero de 2021
Al menos 105comunidades locales e indígenas de México resultaron afectadas por el impacto que causa en sus territorios la industria energética y otros proyectos, según revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.
Servindi, 14 de enero, 2021.- La industria energética ejerce la mayor cantidad de conflictos en México, afectando masivamente al 96 % de las comunidades registradas para el país.
De acuerdo con la plataforma, se mapeó 14 proyectos extractivos y de infraestructura, que afectaron al menos a 105 comunidades mexicanas. Del total de proyectos, 9 son del sector energía: solar, térmica, eólica e hidroenergía.
Esta cifra fue influenciada por la reforma energética mexicana, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto del 2014, donde se amplió la oportunidad de participación privada.
En ese entonces también se ofrecieron incentivos para alentar la inversión en el desarrollo de sistemas de energía renovable.
Además, la agroindustria, la extracción de madera y la minería son las otras industrias que vulneran los derechos colectivos de los pueblos originarios.
Derechos violados
De acuerdo con la plataforma, el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente saludable fueron violados en el 64.3 % de los casos.
Asimismo, el consentimiento libre previo e informado fue violado en el 57 % de los registros.
En el 85.7 % de los casos, el impacto social registrado es la perturbación de sitios culturales; mientras que el impacto ambiental es más heterogéneo, siendo la de mayor registro la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la deforestación.
Ahora bien, la perturbación de los sitios culturales y sagrados –en el 71.4 % de los casos– y la invasión del territorio colectivo –en el 64.3 % de los casos– fueron los ataques más frecuentes en los casos registrados.
Por los 14 proyectos, 30 personas –pertenecientes entre las 105 comunidades afectadas– fueron atacadas por el desarrollo de estas actividades foráneas.
También se reportaron asesinatos y criminalización contra defensores ambientales. Un ejemplo de ello fue el asesinato del indígena comunicador Samir Flores, sucedido en febrero del 2019, quien se opuso a la termoeléctrica de Huexca.
Compartimos este informe de Alianza Global para Alternativas a la Incineración GAIA (Por sus siglas en ingles) – A diciembre 2020
Presentación:
Las organizaciones Acción Ecológica México, Academia Mexicana de derecho Ambiental, Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes, Greenpeace México y el Laboratorio de Investigación en Desarrollo comunitario y Sustentabilidad (LIDECS); todas ellas integrantes de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración /GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives)1, preparamos este reporte para dar a conocer la grave situación de la contaminación por plásticos y difundir las obligaciones que tendrá México a partir del 01 de enero del 2021 para instrumentar la Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea.
Dentro del documento hacemos un llamado urgente al gobierno de México para que desarrolle políticas públicas dirigidas a atender el problema de la contaminación plástica desde su producción hasta el final de su vida útil, su imperante y obligado rediseño. Que no se contemplen modelos contaminantes de gestión de desechos plásticos como lo es la incineración, coprocesamiento o cualquier forma de tratamiento térmico-reciclaje energético, y se transite hacia modelos de prevención y no de gestión y remediación. Para ello, es urgente que se instrumente una política de Basura Cero y el reconocimiento y formalización del trabajo de las y los recicladores.
Sobre la pronta instrumentación de la Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea, las organizaciones que elaboramos este documento afirmamos que México tiene que ser más ambicioso frente a ésta y prohibir importaciones de residuos plásticos tóxicos y contaminados, ya que la mayoría de éstos no pueden ser reciclados, por lo que terminan incinerándose, quemándose en hornos cementeros, en tiraderos, cuerpos de agua, océanos, áreas naturales protegidas, en la ciudad, en el campo, deteriorando los ecosistemas y dañando la salud humana.
INCINERAR NO ES RECICLAR y RECICLAR NO ES SUFICIENTE, hay que dejar de consumir y de generar estos residuos. Cualquier tratamiento térmico que se le dé a los desechos plásticos y a otros residuos no es reciclaje ni tampoco una política de economía circular. El llamado reciclaje energético es una forma disfrazada de incineración, por lo que debe evitarse. Este documento identifica un escenario muy complejo para atender la problemática de los plásticos y la necesidad urgente que el Estado realice un diagnóstico nacional ya que no hay información suficiente; los datos oficiales son contradictorios y poco sólidos; hay desorden y grandes vacíos en la clasificación y uso de las fracciones arancelarias que identifican importaciones de residuos y desechos plásticos, por nombrar algunas. Es urgente que México diseñe cuanto antes, políticas públicas nacionales dirigidas a abordar y reducir la contaminación plástica y prohibir la importación de estos desechos para su incineración y coprocesamiento.
Escenario mexicano frente a la entrada en vigor de la enmienda de plásticos del convenio de Basilea
¿Qué es el Convenio de Basilea?
El Convenio de Basilea2 es un tratado internacional que tiene por objeto regular los movimientos transfronterizos (importaciones, exportaciones) de residuos peligrosos y sustancias que representan un riesgo para la salud humana y el ambiente.
El Convenio de Basilea fue adoptado en 1989, entró en vigor el 5 de mayo de 1992, y actualmente cuenta con 178 países miembros para abordar las crecientes preocupaciones sobre la gestión, la eliminación y los movimientos transfronterizos, de un estimado de cuatrocientos millones de toneladas de desechos peligrosos que son producidos mundialmente cada año.
Los principios rectores3 del Convenio sostienen que los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos deben ser reducidos al mínimo, gestionados de un modo ambientalmente racional, tratados y eliminados lo más cerca posible de la fuente que los generó (principio de proximidad), ser minimizados en su origen, enfoque de ciclo de vida, principio del que contamina paga, responsabilidad ampliada de los productores, principio de precaución, consumo y producción sostenibles, entre otros.
El Convenio de Basilea Exhorta a los países miembros y otros interesados a: Redoblar los esfuerzos a nivel nacional para prevenir y reducir al mínimo la generación de desechos plásticos, en particular mediante el aumento de la durabilidad, la reutilización y el reciclado y la promoción de la reparación, el reacondicionamiento y la reelaboración de los productos de plástico, en la medida en la que esto sea viable en lo económico y técnico. Decisión BC14/134
¿Es México parte del Convenio de Basilea?
México es parte del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. El decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación5 el 6 de agosto de 1990. México, al ser parte del Convenio, adquirió algunas de estas importantes obligaciones:
a) Los desechos se deben gestionar y eliminar de manera ambientalmente racional. b) Reducir al mínimo la cantidad de desechos que se transportan. c) Dar tratamiento y eliminar los desechos lo más cercanamente posible al lugar de su generación. d) Prevenir o reducir al mínimo la generación de desechos en el lugar de origen y fuente
Firma México: 22 de marzo 1989 Aprobación Senado: 3 de julio 1990 Publicación DOF Aprobación: 6 de agosto 1990 Vinculación de México. Ratificación: 22 de febrero 1991 Publicación DOF Promulgación: 9 de agosto 1991 Entrada en vigor internacional: 5 de mayo 1992 Entrada en vigor para México: 5 de mayo 1992
El Convenio de Basilea reglamenta los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos, así como otros desechos, y obliga a sus Partes a asegurar que se gestionen y eliminen de manera ambientalmente racional. El convenio abarca desechos tóxicos, venenosos, explosivos, corrosivos, inflamables, ecotóxicos e infecciosos. Ahora con la enmienda de Noruega se regularán también desechos plásticos contaminados.
¿Qué es la Enmienda de Plásticos del Convenio de Basilea?
Es la Enmienda de plásticos conocida también como Enmienda de Noruega6, es una medida vinculante que por primera vez regula el flujo internacional de los residuos plásticos y adopta medidas para proteger la salud y el ambiente ante el comercio mundial de estos desechos. La Enmienda es una modificación formal a las disposiciones del Convenio de Basilea que tiene como objetivo atender la alta contaminación generada por los residuos plásticos a nivel mundial, tanto en el medio marino, como en las poblaciones locales de los países más pobres, afectados por las exportaciones de éstos y de otro tipo de residuos provenientes de países más ricos y desarrollados.
La Enmienda de Plásticos7 quedó formalmente establecida en la decimocuarta reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación (Basilea COP 14) 8, realizada en mayo del 2019, siendo aceptada por todos los países parte del Convenio, entre ellos México.
El propósito de la Enmienda de Plásticos es mejorar el control de los movimientos transfronterizos de los desechos plásticos y reforzar la aplicación del Convenio debido al elevado y rápido aumento de los niveles de basura plástica y microplásticos marinos. Esta propuesta y su incorporación a Basilea, representa un hito que se espera cambie el comercio de los desechos plásticos de manera global, ya que antes no existían regulaciones internacionales para el flujo de plásticos conocidos como “no peligrosos”, pero que han significado una devastación ambiental planetaria.
Con mucha alegría les compartimos el primer capitulo de la serie Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos.
La serie Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos nos invita a reflexionar sobre el actual modelo energético y las alternativas que nacen en la búsqueda de un nuevo modelo desde la autosuficiencia. En este primer capítulo participantes de una serie de talleres que llevamos a cabo para la construcción de un biodigestor nos hablan sobre la energía.
Esta publicación es financiado con recursos de de la Rosa Luxemburg Stiftung con fondos del BMZ
Compartimos con ustedes el boletín 253 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A Noviembre / Diciembre 2020
Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos: The Corner House, Reino Unido; mujeres activistas en Costa de Marfil, Sierra Leona y Camerún; miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT) en Amapá, Brasil; seis mujeres y hombres activistas a lo largo de Indonesia; Land Watch Thai, Tailandia; Dra. Bernice Maxton-Lee; y miembros del Secretariado Internacional del WRM.
Índice
Nuestra Opinión: Nombrar a los crímenes (y a los criminales) por lo que son……………………2
Legal pero corrupto …………………………………………..4
La explotación sexual y la violencia contra las mujeres están a la raíz del modelo industrial de plantaciones …………………………………………………..7
El robo organizado de tierras para plantaciones industriales de árboles en Brasil: el caso de
AMCE …………………………………………………………………………………….11
Indonesia: legalización de crímenes bajo el lema de “creación de empleo”……………………..17
Leyes, crimen y deforestación en el campo tailandés ……………………..24
RSPO: la tercerización de la reglamentación ambiental a las empresas y la industria de la palma aceitera ……………………………………………………..28
RECOMENDADOS
Tribunal Africano de los Pueblos en contra de las empresas de plantaciones industriales….32
2020: un año de resistencia y rebelión …………………………………………….32
Una explicación de los nuevos mercados financieros sobre la destrucción de la naturaleza 32
Nuestra Opinión Nombrar a los crímenes (y a los criminales) por lo que son
¿Qué es un crimen? Según el diccionario, un crimen o delito es un acto ilegal por el cual alguien puede ser castigado por la autoridad gubernamental. Pero, entonces, ¿qué se considera un ‘acto ilegal’? ¿Y quién decide esto?
Lo que se considera como un crimen o delito, por tanto, siempre va acompañado por lo que no se considera como crimen. Y viceversa.
Son muchas las tácticas y estrategias empleadas para imponer el control de la tierra y las operaciones extractivas en los bosques. Varían tanto como las formas utilizadas para despojar a las comunidades campesinas y pueblos indígenas de sus territorios, medios de vida y culturas comunales. La mayoría de estas tácticas y estrategias son actos criminales. Sin embargo, en la percepción pública (y de los organismos encargados de hacer cumplir la ley), no se los considera criminales y en cambio se los considera legítimos. Esto viene justificado con discursos sobre el “desarrollo nacional”, la “creación de empleo”, el “desarrollo bajo en carbono”, el “progreso”, etc.
El boletín anterior del WRM (1) reflexiona sobre lo que es el mal llamado desarrollo y advierte acerca de las estrategias que utilizan los actores que lo promueven para tomar el control de los territorios. Este boletín se centra en otro lado de esta historia.
El considerar acciones y decisiones particulares de empresas, bancos multilaterales y organismos gubernamentales como no criminales va de la mano de la criminalización de la mayoría de quienes disienten y resisten en el terreno. Quién decide qué debe considerarse criminal y qué no, está muy relacionado con el poder.
En este sentido, la economía capitalista se basa en la opresión estructuralmente racista y violenta de los trabajadores, las mujeres, los campesinos y las poblaciones que dependen de los bosques en el Sur global. Sin embargo, la mayoría de los tribunales y discursos dominantes perciben esta opresión (y los opresores) como legítima o no criminal o no delictiva. Un artículo de este boletín expone cómo la violencia y el abuso contra las mujeres es parte integral del modelo de plantaciones industriales y está en la base de cómo las empresas generan sus ganancias. Este abuso permanece en gran parte invisible para los consumidores e inversores, dejando a los perpetradores cometer sus crímenes sin consecuencias y manteniendo intacto el violento modelo de plantación colonial.
Los actos criminales o delictivos de actores públicos o privados ocurren constantemente en todo el mundo en formas muy diversas y cruzando diferentes capas de las sociedades. Otro artículo de este boletín expone cómo muchas prácticas perfectamente legales pero corruptas son rutina dentro de gobiernos y empresas, y con frecuencia incluso pasan por ‘buena gobernanza’ o son la misión declarada de organismos públicos.
Indonesia es un buen ejemplo. La implementación de la política económica neoliberal a fines de la década de 1960 fue dirigida por un grupo de economistas indonesios que estudiaron en la Universidad de California, Berkeley. Un economista de este grupo, apodado la Mafia de Berkeley, se jactó de haber presentado un ‘libro de recetas de cocina’ a Suharto. El ‘éxito’ de la violencia anti-izquierdista respaldada por Estados Unidos que conmocionó a la opinión pública para aceptar la imposición de un régimen neoliberal de derecha, convirtió el libro de cocina de la mafia en un método portátil. Solo cinco años después de que Suharto asumiera la presidencia, apareció un graffiti en Chile previo al golpe respaldado por Estados Unidos que derrocó al socialista Salvador Allende. El graffiti decía “Yakarta se acerca”. (2) Ahora parece que Jokowi, el actual presidente de Indonesia, con la controvertida Ley Ómnibus está reabriendo el libro de recetas de cocina de la Mafia de Berkeley. Un artículo de este boletín reflexiona sobre esta Ley y destaca las voces de seis activistas que se han resistido este ‘libro de recetas de cocina’ a lo largo de las islas durante décadas.
Otro ejemplo es el caso de Brasil, donde el acaparamiento de tierras ha sido -y sigue siendo- parte de un fuerte sistema del crimen organizado. Allí, la palabra grilagem se utiliza para referirse a la producción ilegal de títulos de propiedad sobre tierras públicas, dándoles apariencia legal. Una práctica criminal que comenzó en la época colonial con el robo de tierras de los pueblos indígenas y que sigue siendo muy utilizada por el gran capital. Una entrevista con un miembro de la Comisión Pastoral de Tierras (CPT, por sus siglas en portugués) reflexiona sobre las tácticas utilizadas por la empresa Amapá Celulose (AMCEL), que es una de las pocas grandes empresas de plantación de árboles en la Amazonía. Las plantaciones de eucalipto con certificación FSC de AMCEL producen y exportan astillas de madera para la industria de la celulosa y para la producción de energía, entre otros a Dinamarca.
Otro artículo de este boletín destaca los actos criminales legalizados que ocurren en Tailandia, donde la prominencia política de los militares y las inclinaciones autoritarias del propio Estado deciden qué es un crimen y qué no. El artículo muestra varios casos en los que la ley se ha utilizado en los últimos años para criminalizar la resistencia de las comunidades que habitan en los bosques contra el acaparamiento de tierras. El artículo muestra las duras consecuencias para los activistas comunitarios cuando se criminaliza la resistencia con el fin de proteger los intereses del gran capital y de una élite política.
Pero otros actores de la sociedad también influyen en lo que se considera un crimen o delito y lo que pasa como una práctica legítima. Un ejemplo son los sistemas de certificación. Un artículo del boletín muestra cómo el sello RSPO, que emite certificados para plantaciones industriales de palma aceitera con estándares de ‘sostenibilidad’, es administrada por los mismos productores que luego son juzgados por ella. Además, la legitimidad del Estado para establecer leyes se ve debilitada por el argumento de que el mercado debería fijar los estándares de ‘sostenibilidad’. Esto legitima las plantaciones de monocultivos, cuya gestión con demasiada frecuencia implica un crimen tras otro.
Lo que se suele llamar de “violaciones de los derechos de las personas”, por ejemplo, a menudo son lisa y llanamente crímenes que deben ser llevados a juicio. Asimismo, la mayoría de los llamados “impactos diferenciados” que deben soportar las mujeres por la imposición de plantaciones industriales u otras industrias extractivas, deben ser llamados por lo que son: crímenes.
Es hora de llamar a los crímenes y a los criminales por su nombre. (1) Boletín 252 del WRM, Bancos para el desarrollo: financiando despojo y explotación, https://wrm.org.uy/es/boletines/nro-252/ (2) Lausan, Jakarta is returning: The ‘neoliberal cookbook’ that guides Indonesia’s Omnibus Law, 2020, https://lausan.hk/2020/jakarta-is-returning-omnibus-bills/
