Compartimos esta nota publicada en ChiapasParalelo de IstmoPress sobre el megaproyectos del corredor interoceánico – A 24 de mayo del 2021
Rechazan las consultas implementadas por el INPI, porque las catalogan “amañadas” *Interpondrán amparo contra la Semarnat y denuncia contra la Procuraduría Agraria *La voz de la mujer, “ni se oye ni se respeta” con la llegada de este megaproyecto.
#Juchitán 23 May (#Istmopress) – Lo han dicho en diversos foros y declaraciones, pero una vez más, representantes de ejidos y comunidades así como colectivos y organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec reiteraron al gobierno federal su rechazo al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al señalar que “no es el progreso que necesitan”.
“Hay pueblos que padecen de agua, otros de servicio a la salud, no hay hospitales, el servicio de energía eléctrica es pésimo, no podemos permitir que llegue otro megaproyecto, si los pueblos seguimos abandonados, si a las mujeres nos siguen violentando, si no hay respeto a nuestras voces, así no se puede”, advirtieron los colectivos y organizaciones.
En reunión de medios, dieron a conocer que las consultas realizadas por el Instituto de los Pueblos Indígenas en el 2019 y las actuales donde supuestamente se “avalaron” la construcción de los parques industriales o polos de desarrollo, se efectuaron de forma “amañada” y que en ningún caso las avalan.
Los representantes e integrantes del Núcleo Agrario de Tehuantepec, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni), Comité de Riego de mixtequilla, Ejidos de San Juan Guichicovi y Mogoñe Viejo, Corriente Sol Rojo, Colectivo Xhuba Xhaxhi, Colonos Afectados de Salina cruz y la Red de Resistencia Civil del Ismo de Tehuantepec, exigieron sean respetados el derecho a la “consulta e información” y lamentaron la división social que se ha ejercito con la implementación de este megaproyecto.
Dijeron que no se puede autorizar vender la tierra cuando es lo único que se tiene para producir y seguir teniendo recursos, y más aun cuando la procuraduría agraria “apresura” en las asambleas que se vendan las tierras, por que vendrá “el desarrollo”.
Señalaron que lo que se ha generado con la compra de la tierra es una practica agravada de “despojo de las tierras comunales” y además crea un conflicto social entre los lugareños.
En el caso del Ejido Rincón Vaquero, el ejidatario Hilario Toscano denunció anomalías en las asambleas de parte de las autoridades agrarias conjuntamente con la Procuraduría Agraria, por lo que enviaran una queja ante las autoridades correspondientes para evidenciar la corrupción que existe en torno a la venta de tierras.
Dijo que para la compra de la tierra, suponen hay intermediarios, quieren pagar 130 mil pesos por hectárea, y en otros lugares como Mixtequilla o Ixtepec Oaxaca, los del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec los ofertan en 250 mil pesos o más.
“Nosotros no queremos vender nuestra tierra, porque no hay información sobre el polo de desarrollo, y eso nos detiene, por fortuna en la ultima asamblea, donde se iba a definir la compra, la paramos, y se echó abajo, nuestra lucha es por que se nos respete la vida y el territorio”.
Recordaron que los antiguos proyectos instalados en el Istmo, como son: La presa Benito Juárez que supuestamente sería el “llanero del Istmo” solo ocasionó el desplazamiento de una comunidad, al igual que proyectos como el Ingenio Azucarero y la Arrocera, no funcionaron.
“Vemos como la Refinería Antonio Dovalí Jaime, supuestamente es progreso, pero desafortunadamente viene afectar el medio ambiente, y ahora con la modernización del puerto de Salina Cruz, vemos como hay daños y afectaciones por la construcción de un rompeolas, el mar se ha retirado en un kilómetro y medio, estas afectaciones nadie las ve, la Semarnat se hace de la vista gorda”, expresó Rafael Mayoral, colono afectado de Salina Cruz, Oaxaca.
Juana Villegas de la Ucizoni y Guilermina Ruiz, habitante de El Barrio de la Soledad, recordaron que “la voz de las mujeres” se excluye del Corredor Interoceánico, es decir “no se ha tomado en cuenta” en este megaproyecto.
“Hemos sido excluidas del corredor interoceánico, el plan maestro fue elaborado en un escritorio, no nos contempla como mujeres, solo incluye la infraestructura, la rehabilitación de puertos, gasoductos, pero el tema de equidad de mujeres, no contempla nada”.
Lamentó que la “violencia contra mujeres” va en aumento y seguirá más con la “militarización” que llegará a partir de esta megaobra, que como lo ha informado el gobierno federal, será resguardado por personal de la Marina, Armada de México.
Finalmente, Carlos Beas Torres, asesor de la Ucizoni informó que desde que comenzó la resistencia de los pueblos y colectivos existen seis amparos contra este megaproyecto y en los próximos días recurrirán a otro más, que será contra la Semarnat por no informar sobre esta obra como debe ser.
Datos del Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec o del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec señalan que esta mega obra es junto con el Tren Maya, “los estrellas” y la prioridad del gobierno federal, y contempla la rehabilitación de las vías férreas del puerto de Salina cruz al de Coatzacoalcos, ampliación del puerto de salina cruz y la construcción de 10 polos de desarrollo, más gasoductos, de los cuales el INPI ha realizado consultas.
*En el mundo hay 20 mil especies de abejas en el mundo, pero México hospeda más de 2 mil, es decir, el 10% de la diversidad mundial.
*Para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible, las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas.
Investigaciones realizadas en diversas partes del mundo muestran que los abejorros están siendo afectados por el cambio climático, ante ese escenario Oscar Martínez, Jonathan B. Koch, Miguel A. Martínez, Darío Navarrete, Eunice Enríquez, y Rémy Vandame, investigadores de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)realizaron un estudio para determinar si el calentamiento global impactará a las especies nativas de la región Mesoamericana.
Los investigadores hicieron una serie de análisis utilizando registros de 18 especies de abejorros nativos con variables climáticas recientes (1950 – 2000) y proyecciones futuras (2050 – 2070) para los países de Centroamérica y México.
Encontraron que las especies perderán de aquí al año 2050, de 7 a 67% de su distribución potencial en los escenarios y modelos más conservadores y en atmósferas más críticas perderán de 16 a 100% de su distribución potencial, esto significa que algunas especies podrían desaparecer por completo.
Sobre si los abejorros se moverían a nuevas áreas ante los cambios de temperatura, revelaron que hay probabilidad de que se desplacen a cualquier parte de Mesoamérica, la mayoría de las especies se iría hacia el sur, como sucede en otros grupos de animales y plantas.
Esto probablemente debido a que en el norte no hay montañas a las cuales estas abejas puedan acceder o por otras razones ecológicas o evolutivas aún por estudiar. Por ejemplo, especies de abejorros que habitan las montañas del Centro de México podrían encontrar nuevos sitios climáticamente favorables en montañas del sur como el altiplano guatemalteco, señalaron los investigadores.
Concluyeron que las especies sí tendrán un cambio en su distribución altitudinal, es decir, se moverían a las zonas más altas, en las montañas hasta que de manera eventual ya no tengan a donde subir.
Es así como los investigadores de ECOSUR propusieron diversas estrategias para proteger a estos polinizadores, pero la más importante limitar o revertir el proceso del cambio climático, implica acciones fuertes en los altos niveles de gobierno, a escala nacional e internacional.
Lo anterior para modificar el modelo de crecimiento económico basado en el consumo de bienes, establecido desde la revolución industrial y que genera contaminantes que incrementan el calentamiento global.
Al mismo tiempo, propusieron estrategias orientadas a preservar condiciones locales favorables para los abejorros, pues en su investigación encontraron que solo una porción muy pequeña de la distribución actual de las especies que estudiaron se encuentra dentro de las áreas naturales protegidas, alrededor de 14% en promedio en la actualidad.
Plantearon la creación de nuevas áreas naturales protegidas en zonas donde muchas especies de abejorros cohabitan, por ejemplo, el eje Neovolcánico mexicano.
Sin embargo, destacaron que estos espacios no son una tarea fácil, pero el manejo del paisaje donde los distintos actores tomen decisiones para contribuir a la conservación de los polinizadores podría tener un impacto positivo.
Para finalizar, señalaron la necesidad de emprender actividades de educación ambiental para promover la siembra de plantas nativas de importancia para las abejas en el área rural y urbana.
Las abejas son un grupo importante de insectos polinizadores, tanto de plantas nativas como de cultivos, dentro de este grupo se encuentran los abejorros (Apidae: Bombus), son grandes, peluditas, con patrones de coloración amarillo, rojo oscuro y negro, están asociadas a climas templados y fríos.
México y la apicultura
Rémy Vandame dio a conocer que, el 90 por ciento de las plantas silvestres, 75% de los cultivos y 33% de las tierras cultivadas dependen de la polinización por abejas en alguna medida.
Señaló que México es el tercer país exportador de la miel en el mundo, surte los mercados más exigentes con productos de alta calidad, y 40 mil apicultores mexicanos dependen de la apicultura y la meliponicultura.
Chiapas y la apicultura
Apicultores en riesgo por bajos precios de miel, por el coyotaje.
De acuerdo con la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Chiapas se destaca entre las 4 entidades principales productoras de miel de abeja junto con Yucatán, Campeche y Jalisco, sin embargo, la producción en algunas zonas del estado se ve amenazada por diversos motivos, uno de ellos son los bajos precios de venta, interpuesta por el “coyotaje” que existe en el sector apícola.
Testimonios de apicultores pertenecientes a los municipios de Socoltenango, Venustiano Carranza, Las Rosas y Tzimol dan a conocer que, la producción de miel se ha visto disminuida, por la deforestación, el cambio de uso de suelo por la siembra de caña de azúcar y maíz, y por el bajo precio que los “coyotes” ofrecen al pagar por la miel.
Los productores de miel señalaron que si no acceden a vender a precios bajos se quedan con su producto, al rezagarse pierden el 50% de su valor, lo que genera pérdidas que complica la siguiente cosecha.
Francisco Gutiérrez, apicultor originario del pueblo de Soyatitán, mencionó:
En nuestra zona, la producción de miel ha venido disminuyendo en los últimos años, porque las sequías han acabado con la floración, cada vez el cultivo de caña de azúcar abarca más territorio, dejando sin territorio a las abejas.
La competitividad de la miel sintética
Miel sintética acaba con la competitividad de apicultores chiapanecos
SADER emitió la Norma Oficial Mexicana 004 (NOM-004 SAG/GAN-2018), en ella se establecen las condiciones que debe cumplir la producción y comercialización de miel, y cuyo objetivo es evitar la presencia del dulce adulterado en el mercado, para impedir fraude al consumidor, proteger la apicultura y a las abejas.
La Norma busca impulsar el desarrollo de la apicultura nacional, actividad cuyos empleos benefician de manera directa e indirecta a más de 43 mil familias, y la competitividad de la cadena productiva de la miel.
Félix Mandujano, productor apícola, informó que para el sector los últimos meses han sido de pérdidas significativas, ya que la exportación se ha detenido por la creación de una miel sintética creada en China.
Mucha de la miel rezagada ya no la comprarán. Son pérdidas significativas para el sector. Pero, la miel que ya invade a los mercados de Europa es una miel sintética elaborada con betabel, arroz y otros ingredientes, dijo el apícola.
Mandujano agregó que, además de estas problemáticas, se tiene una caída considerable del precio de venta de miel, el cual suele oscilar entre 45 a 50 pesos y ha caído hasta los 20 o 25 pesos.
El productor apícola explicó que en estos momentos la miel se paga por kilo alrededor de 25 a 30 pesos, sin embargo, el precio de la producción es de 25 a 28 pesos, lo que significa nulas ganancias para el sector apícola.
Imagen: Tres de cada cuatro cultivos de frutas o semillas que se producen para consumo humano dependen, al menos en parte, de las abejas y otros polinizadores. Cortesía: Hannier Pulido; Laboratorios de De Moraes y Mescher
Compartimos este reportaje publicado en la Biodiversidad LA sobre el corredor transistmico – A 13 de abril del 2021
«No podemos desligar el Corredor Interoceánico del enlace con otros megaproyectos, pues como se ha visto es un proyecto ambicioso de décadas (siglos). La presencia de la Guardia Nacional en la zona, lejos de atender la inseguridad, defiende los intereses de las empresas extranjeras. Esto nos recuerda la presencia del ejército en el Mayab y la concesión del tren otorgada a la Sedena, en gran medida, porque los pueblos mayas han ganado los amparos sobre el Tramo 3 y parte del 4 para evitar su realización, pero significa que el gobierno cambiará de estrategia para evitar que el proyecto se le vaya de las manos. Lamentablemente, durante este sexenio no han dejado de haber presiones sobre los colectivos indígenas y asesinatos de líderes comunitarios».
En las múltiples alianzas y confrontaciones antiguas, hay unas que son significativas para entender la presencia de los pueblos mixes ante el paso interoceánico. El bloque de mixes, popolucas y chinantecos poblaban gran parte de lo que hoy es Coatzacoalcos; mientras que, en el paso intermedio, estaban los mixes, zoques y choles; el Istmo era ocupado por mixes, chiapanecas y zoques. Estos pueblos eran aliados. En toda esta franja también se podían encontrar tseltales, tsotsiles, tojolabales, entre otros grupos. En contrapartida, los zapotecos (las élites de Valles Centrales), mixtecos (cercanos a los anteriores) y nahuas de la Cuenca de México (posteriormente tlaxcaltecas) formarían una alianza con los hispanos, quienes pretenderán apropiarse del territorio del corredor. Las rencillas de mixes contra zapotecos y mexicas eran muy antiguas, al igual que su cercanía con algunos grupos mayenses. El punto es que varias comunidades mixes poblaban el tránsito entre las dos costas oceánicas.
A Enrique Peña Nieto le tocó promover las Zonas Económicas Especiales (ZEE) para dar continuidad al megaproyecto de los gobiernos anteriores, además de impulsar la inversión china, sólo que ya no se trataba solamente de un corredor de comunicación, sino industrial. Igualmente, intentaba rehabilitar la vía ferroviaria. En las ZEE quería enlazar la conexión pendiente con Chiapas y el sureste (para conectar con Centroamérica) y también con los estados de Michoacán y Guerrero. En este periodo también entraron otras intenciones en la industria, como la farmacéutica, por la Southwest Energy. El corredor se ve como un paraíso para diferentes empresas. Pero bueno, las intenciones de Peña Nieto también fueron soterradas. Otro partido obtuvo el poder: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gana la presidencia con Morena.
Las noticias se mostraban alentadoras cuando se anunció que AMLO eliminaba el proyecto de las ZEE, además de que, con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y su dirección por parte de Adelfo Regino, luchador social mixe, originario de Ayutla, parecía que los megaproyectos llegaban a su fin. Sin embargo, desde el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 19 de noviembre de 2019, quedaba claro que la erradicación de las zonas especiales se debía a que “las mismas no han podido operar” por no cumplirse los requisitos legales y no haberse “reportado inversiones públicas productivas”. Esto es, se requería de un nuevo proyecto que permitiera la factibilidad real y concisa del funcionamiento del Corredor Interoceánico como de otros proyectos pendientes en los estados de la República que enlazaran las economías con Centroamérica, Suramérica, Europa y Asia.
AMLO toma posesión el 1 de diciembre de 2018; para el 23 del mismo mes presentaba su Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) y designaba a Rafael Marín Mollinedo como su director. Junto con este proyecto retoma los pendientes como el Tren Maya —o Tren “malla” o Tren No Maya como lo nombran los colectivos mayenses. Eso sí, pone mayor énfasis en las injusticias sociales y señala que su proyecto sí tratará de subsanar la pobreza. Pero aquí estamos, con el mismo proyecto de dominación sobre la región. Las zonas de influencia quedan demarcadas con todas sus letras, sin sutilezas, sobre los territorios mixes, chontales, huaves, zoques, zapotecas, nahuas y popolucas, aunque sin nombrar a los pueblos en específico. Los mapas que presenta sólo muestran una región ampliada y fantasmagórica (como los programas anteriores), así que es una tarea personal comenzar a cruzar la información cartográfica para poder señalar los pueblos afectados. A lo largo del corredor se crearán “zonas libres” para la inversión privada y con la modernización del ferrocarril del Istmo a Coatzacoalcos también pretende la construcción de un gaseoducto y una línea de fibra óptica para abastecer la demanda de las empresas y atender a los ciudadanos (en este orden). Para el proyecto requerirá dos recursos fundamentales: energía y agua.
En el decreto por el cual establece la creación del Corredor se declara a este organismo como público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con atribuciones para celebrar todo tipo de actos jurídicos y de contratos, es decir, que pueda hacer lo necesario para concretar el proyecto. Asimismo, se declara al INPI como entidad responsable para velar por la identidad, cultura, costumbres y recursos naturales de los pueblos, además de coadyuvar en los procedimientos de consulta. Esto, que parece positivo, no lo es tanto, pues como los mismos pueblos han indicado, existen arbitrariedades en los procesos, repitiendo las situaciones de otros años.
Mapa proporcionado por la autora
El meollo del asunto se encuentra en la legitimización de las consultas a los pueblos, en donde el INPI, como “velador” de los intereses de los pueblos, evita acatar sus decisiones para proteger los intereses del Corredor. ¿O bien se desconocen los detalles que afectarán a la región? La zona de influencia no abarca al pueblo de Ayutla, de donde es originario Regino, pero sí lo abarcan los parques industriales. En este sentido, las recientes denuncias al chat pornográfico “Sierra XXX” por colectivos mixes y, especialmente, por la activista Yásnaya Aguilar (Ayutla), son muestra de cómo lo que se juega en las fichas de la política tiene como fondo los megaproyectos. Humberto Santos (Zacatepec), quien fue evidenciado como parte de la red digital que exponía a mujeres mixes, renunció (o fue destituido por el bien mayor) a la candidatura por la diputación local. A la contienda por la candidatura del Distrito Mixe-Choápam se sube otro compañero de las mismas mañas. Es de notar que los participantes mixes del chat son o eran parte del INPI, así que, ¿qué está operando a través de un grupo de personas mixes que trabajan para el Estado? Es evidente que el partido en el gobierno requiere ser mayoría para generar los proyectos detenidos (como cualquier otro partido en el poder), pero, aunque éstos ganen, las movilizaciones sociales continuarán por la defensa del territorio —otra cosa es que los partidos de oposición estén de oportunistas—, pues la vida de los pueblos está más allá de las decisiones partidistas, llámese PRI, PAN o Morena. El dispositivo de poder devora todo a su paso. Los intereses personales quedarán aplastados por los intereses transnacionales. El pueblo de Zacatepec, de donde es originario Humberto Santos, sí es parte de la zona de influencia del Corredor. La lucha en las relaciones de poder es la lucha de intereses.
Entre los objetivos del Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 pueden encontrarse puntos que mueven los sentimientos de justicia, pero basta contrastarlo con la realidad. Sí, están los compromisos en conformidad con el Convenio 169 de la OIT, pero no las vías para que, en caso de que un pueblo no acepte, el proyecto cambie. En todos los programas se da por entendido que los pueblos aceptarán el proyecto. También está presente el discurso para acabar con la pobreza bajo los mecanismos globales de progreso, pero no bajo la dinámica de mejorar la vida conforme los pueblos lo decidan. Para “convencer” a las comunidades se hacen recorridos en la región para ver la posibilidad de “ayudar”, a la vez que se valoran los “recursos humanos, materiales y operativos” con que cada uno cuenta. En este mismo sentido, no podemos dejar pasar desapercibido el anuncio de que el programa “Sembrando vida”, que da un apoyo económico a los comuneros, se extenderá a los municipios oaxaqueños en donde influirá el Corredor. El proyecto del Corredor se abrió públicamente a la inversión extranjera. Surbana Jurong, empresa de Singapur, desarrollará el proyecto para conectar los puertos a nivel internacional (como se ha venido planeando: Asia, Europa y Sudamérica), además de dos áreas económicas (Veracruz y Oaxaca). Algo que está de manifiesto en las cartografías sobre los megaproyectos (Colmix, Geocomunes, Ejatlas) es que hay un cerco sobre la mayor parte de la región mixe, sobre todo a lo que correspondería al Distrito. Las extracciones mineras de metales (plata, oro) y no metales (arena, granito, mármol) ya están muy próximas a volver a operar, ahora en conjunto con la adjudicación del agua. Así que Morena deberá ganar este distrito (y otros) para que los proyectos se efectúen. La región mixe es rica en varios recursos naturales, no lo olvidemos.
En el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (2019) se establece la “gran riqueza en recursos hídricos” en la región del Corredor, con ello quedan de manifiesto tres ríos: Coatzacoalcos (el más importante), Tehuantepec y Los Perros; de tres afluentes: Uxpanapa, Cuachapa y Cahuapan, además, por supuesto, de las corrientes subyacentes. Las ramificaciones acuíferas atraviesan la región mixe, desde los pueblos más cercanos al istmo (Guichicovi), como los más alejados (Cotzocón y Zacatepec). Todos los afluentes que pasan por los pueblos están dentro de la “zona de influencia”.
Así, cuando superponemos el mapa de los programas gubernamentales con la región geográfica que ocupan los mixes, queda en evidencia que la zona de influencia (de la que casi no se habla), aunque oculta, está a la vista.
Mapa proporcionado por la autora
El agua es un asunto que no puede dejarse pasar, pues en caso de que no se obtenga el líquido vital, el gran proyecto quedaría nuevamente en entredicho. Así, por las disposiciones de que el proyecto se lleve a cabo, el apremio es grande. ¿De qué sería capaz un gobierno que ve truncadas sus ilusiones, más cuando existe una fuerte presión por parte de las empresas extranjeras que están invirtiendo? En Oaxaca se encuentran 64 de las 66 áreas certificadas como “riqueza natural”, las otras dos son de Veracruz. Para que este megaproyecto pueda realizarse se requieren de los recursos acuíferos y energéticos, los territorios y las costas: los que están en las comunidades indígenas.
No podemos desligar el Corredor Interoceánico del enlace con otros megaproyectos, pues como se ha visto es un proyecto ambicioso de décadas (siglos). La presencia de la Guardia Nacional en la zona, lejos de atender la inseguridad, defiende los intereses de las empresas extranjeras. Esto nos recuerda la presencia del ejército en el Mayab y la concesión del tren otorgada a la Sedena, en gran medida, porque los pueblos mayas han ganado los amparos sobre el Tramo 3 y parte del 4 para evitar su realización, pero significa que el gobierno cambiará de estrategia para evitar que el proyecto se le vaya de las manos. Lamentablemente, durante este sexenio no han dejado de haber presiones sobre los colectivos indígenas y asesinatos de líderes comunitarios.
El Corredor Interoceánico sigue siendo una alternativa al Canal de Panamá. Hay muchas industrias que están en medio de este proyecto, nacionales y extranjeras (estadunidenses, canadienses, chinas, singapurense) y también de diferentes ramos (hidrocarburos, agroindustriales, comunicaciones, manufactureras, navales, mercantiles, mineras, etcétera), puntos que favorecen a la inversión extranjera, pero que mantienen y acrecientan la dependencia económica de la región, todavía más cuando los comuneros pierdan sus tierras y se vuelvan obreros asalariados sin hogar. Las fronteras económicas (creadas por las inversiones extranjeras de diferentes nacionalidades) son las nuevas lindes, las fronteras políticas sirven para preservar dichos límites. Si los pueblos desearan entrar al sistema-mundo debería de ser bajo sus términos, no por imposición.
La conexión de la vía transístmica (Istmo-Coatzacoalcos) con la vía del Tren Maya (península), recordemos, es por Campeche. ¿Acaso no es el estado en el que se tiene prisa por vacunar y que empiece la vida económica de forma inmediata? No es fortuito, es parte de la unión de megaproyectos. La línea de Chiapas es la que se unirá con Guatemala. Así, esta parte del sur de México se unirá con los proyectos centroamericanos, pero también el Corredor tendrá la virtud de que se pueda unir con los proyectos andinos y amazónicos. No olvidemos que el Corredor sólo es un engrane en la gran maquinaria de las macroeconomías. Los países de Bolivia y Brasil también tienen urgencia en que los megaproyectos se realicen. Lo que queda de manifiesto en la historia del proyecto del Corredor Interoceánico con respecto a los pueblos mixes —como de otros— es el punto de control económico, político y bélico, que ha pretendido ser a costa de sus vidas.
Ana Matías Rendón, escritora de origen mixe, licenciada en filosofía y maestra en estudios latinoamericanos. Directora de Sinfín: Revista Electrónica. Sus últimas publicaciones: “El registro del espacio-tiempo mixe y su (re)inicio” (ensayo) y La discursividad indígena (libro).
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la ruptura de una represa de una minera canadiense en Brasil nuevamente- A 23 de abril de 2021
En una humillante respuesta (para el pueblo de Maranhão, Brasil), de parte de la empresa Equinox Gold al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/equinox-gold-response-4/, sobre el desastre ocasionado, entre el 23 y 25 de marzo del año en curso, a causa de la ruptura de su presa de desechos mineros; la minera relata de manera cínica que, “debido a las intensas lluvias se desbordó un pequeño estanque de agua dulce de nuestra propiedad conocido como Lagoa do Pirucáua, lo que contribuyó a la turbidez del agua e inundó temporalmente la carretera de la aldea de São José.”
De igual forma minimiza los daños y llama a los medios mentirosos y faltos de información, cuando afirma que, “el desbordamiento ha sido reportado incorrectamente por algunos medios de comunicación independientes como una falla de la «presa de jales». No hubo ningún fallo en la presa de residuos. Las fuertes lluvias y las consiguientes inundaciones regionales no afectaron a las estructuras operativas de la mina, incluidos nuestros pozos, la instalación de almacenamiento de residuos y las instalaciones de roca estéril, que siguen intactas y funcionando con normalidad. Tampoco se produjeron emisiones de «productos químicos tóxicos» en la mina, como se afirma en algunos artículos. Estos hechos han sido confirmados por los reguladores que visitaron el sitio de Aurizona para inspeccionar las instalaciones de jales y roca estéril y también fue publicado en el sitio web de la Agencia Nacional de Minería de Brasil.”
Equinox Gold, en su relato al centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos, al que hacemos referencia líneas arriba, afirma de manera engañosa y en consecuencia con dolo, que “el personal de la mina reaccionó rápidamente para apoyar a las comunidades vecinas, incluso transportando a la gente a través de las carreteras cuando se inundaron, ayudando a restablecer rápidamente el acceso a las carreteras, entregando agua limpia en camiones para complementar los suministros de agua de los hogares y entregando agua potable embotellada para complementar los suministros disponibles en la comunidad. También ofrecimos nuestra ayuda para mantener y mejorar la planta de tratamiento de agua de la comunidad, que estaba entregando agua filtrada en pocos días tras la instalación de nuevos filtros”.
Sorprende la rápida y colaborativa respuesta por parte de la empresa en una clara estrategia para tapar lo más rápidamente posible los daños que ocasionó y aparecer ahora de forma colaborativa apoyando a la población, cuando es su responsabilidad directa mantener sus instalaciones en constante supervisión para reducir los impactos al ambiente que de por si ocasiona la actividad minera. Nada puede cubrir los daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, ni siquiera su estrategia mediática para subsanar los daños que este tipo de notas le puede ocasionar con sus inversionistas, a quienes sí busca cuidar de miles de formas y no así, ni a la población ni al ambiente en sus sitios de interés.
Que casualidad que ahora en esta nueva contingencia minera en Brasil, muestre todo tipo de colaboraciones para apoyar a la comunidad de Aurizona y ayudar a garantizar el acceso a una fuente estable de agua limpia filtrada, cuando tenemos testimonios de que esa misma empresa ni siquiera permite el libre transito de la población que habita en la cercanía.
En contracorriente a la respuesta de la empresa, las y los afectados junto al Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), denuncian la contaminación al río Tromai; “en algunas casas ha llegado el agua, pero ha llegado con un olor fuerte, da picazón en la piel de la gente. El rompimiento de la presa acabó con la laguna Cachimbo y la laguna Juiz de Fora, que además de los reservorios de abastecimiento de agua de la comunidad, también era nuestro punto turístico. Lo único que teníamos en la región era agua en abundancia, y ahora hasta el agua nos ha quitado la empresa. Las notas (de la empresa) son mentirosas, no son justas, las reuniones con la empresa no resuelven” Comenta Jonais Pinheiro, afectado por el crimen de Equinox Gold.”
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) la respuesta que realiza la empresa minera Equinox Gold para los organismos internacionales como el Centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos sólo refuerza y refrenda lo que acá en México también demuestra; el profundo racismo, discriminación y comportamiento que prevalece no sólo en esta empresa, sino en las empresas mineras del mundo entero. No tenemos duda que la empresa Equinox Gold es un buen ejemplo, pero de intolerancia para lo que ellos llaman sus grupos de interés comunitario, a quienes cada que encuentran ocasión desacreditan ante la opinión pública e incluso acusan ante diversas instancias gubernamentales para que les faciliten la emisión de juicios a favor de la empresa.
No hay forma de que tapen las afectaciones que provocan, porque la ambición minera tal cual lo muestra la empresa canadiense Equinox Gold, no tiene límites para atentar contra la vida.
¡JUSTICIA PARA MARANHAO!
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.
“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.
Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.
De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.
Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.
Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.
El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.
Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.
Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.
Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.
Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.
Militarización en Chiapas, imparable
Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.
Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.
Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.
Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.
Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.
En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.
La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.
Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.
“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. https://archive.org/embed/pascuala-militarizacion
El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.
En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.
“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh. https://www.youtube.com/embed/zBecjsxw3bQ?feature=oembed
Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.
Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.
“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.
Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.
Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.
Sin acceso a la justicia
Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.
“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.
Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.
“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.
“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.
“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.
No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de monocultivo que se pretende instalar en el sureste mexicano – A 5 de abril del 2021
Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.
Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.
Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.
Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).
En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.
“Se ha detectado que, en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal”, relató para medios locales Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo.
Aunado a la deforestación, el programa también es señalado por implementar la siembra de especies no nativas en Chiapas y Tabasco, e incluso “algunos participantes dicen que les obligaron a talar los nuevos árboles nativos y replantar las especies no nativas que habían muerto por falta de agua o demasiado sol”, detalla el reportaje ¿Deforestar en vez de reforestar? Esto es lo que ocurre con Sembrando Vida.
Corrupción
Sembrando Vidarealiza pagos de 4 mil 500 pesos al mes a cerca de 420 mil agricultores. Opera en 20 estados y registra históricos presupuestos para el campo mexicano con 15 mil millones de pesos en 2019 y 27 mil millones en 2020.
De acuerdo al plan federal, el programa además de cuidar al ambiente, busca combatir la pobreza y corrupción con la eliminación de intermediarios en la entrega del dinero. No obstante, existen indicios de que la poca o nula supervisión a los denominados técnicos productivos y sociales constituye un escenario propicio a malas prácticas.
“Permanecen ciertas malas prácticas por parte de algunos (técnicos) que abusan de su poder y del desconocimiento de los beneficiarios sobre las reglas de operación del programa; al igual, hay campesinos que buscan integrarse al programa Sembrando vida sin contar con los requisitos, a cambio de entregar moches; simulación de pertenencia de tierras; y, sobre todo, un clientelismo político disfrazado”.
“Tenemos testimonios puntuales en Veracruz, Chiapas y Campeche de terratenientes que acumulan y simulan pequeñas propiedades, a base de poner como beneficiarios a la esposa, al hijo del primo, y así. Hemos tenido testimonios de gente con diferentes apellidos y se trata de una misma persona, porque además el programa tiene la posibilidad de inscribir predios que están arrendados”, detalla la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).
Entre los problemas identificados desde el inicio del programa se encuentra la deficiencia en el suministro de las plantas, tanto en la construcción y equipamiento de los viveros comunitarios, pero sobre todo de parte de los viveros forestales militares.
En México existen 12 viveros, distribuidos en siete estados, operados por el ejército, los cuales en el papel representarían la principal fuente de plantas para Sembrando Vida. No obstante, de acuerdo con una revisión en el portal Compranet realizada por Ethos, debido a que no se ha podido cumplir con la cantidad necesaria para cumplir con sus objetivos, se autorizó la adjudicación directa de 77 proveedores para proveer 28 especies y diversas variedades de plantas.
La deficiencia en el suministro de plantas también facilita abusos por parte de los técnicos. Un testimonio recogido en el reporte de Ethos detalla que en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, los participantes del programa no han recibido plantas ni tampoco el dinero para adquirir los insumos para la construcción del vivero comunitario.
Por ese motivo, el testimonio “denuncia que una técnica productiva les exigió 50 mil pesos a su madre, quién es la beneficiaria, y a los otros compañeros del CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino compuesta de técnicos, campesinos y becarios) para adquirir árboles frutales, que ella misma compraría y les llevaría, para que comenzaran a sembrar”.
Con esta deficiencia, Sembrando Vida se encuentra lejos de su meta. Solo en 2019, primer año de su implementación, pese a que el objetivo era la siembra de más de 500 millones de árboles, sólo se plantaron 80 millones. Para finales de este 2021, y con un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos, el programa pretende cultivar más de mil millones de plantas.
Cabe recordar que el pasado febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reiteró que el programa presenta deficiencias tanto en su diseño como en la implementación. Entre las fallas encontradas por la ASF se señala que no se identificó a la población objetivo y que el padrón de beneficiarios presenta deficiencias en su integración y actualización, además de que no se generó información ni se elaboraron parámetros para evaluar el programa.
Compartimos esta nota publicada en Dossier Político sobre la defensa del territorio ante las amenazas mineras esta vez en Sonora- A 11 de abril de 2021
Santiago García C. Dossier Politico
Hermosillo, Sonora.- En lo que representa un primer precedente en Sonora, el Juez Federal decimoprimero, aceptó el amparo al Ejido Tesoripa y ordenó a “Minas de Oro Nacional”, subsidiaria de la Canadiense Álamos Gold Inc., la suspensión inmediata de trabajos de instalación de postes de energía eléctrica, realizar desmonte ni tala, barrenación de suelos, ni utilizar ninguna área de tierras de uso común.
El Comisariado Ejidal presentó el pasado 23 de marzo ante el Tribunal Agrario una demanda por la nulidad de acuerdos y la restitución de tierras ejidales en contra de MINAS DE ORO NACIONAL, S.A de C.V, por violaciones graves a la nueva Ley de la Industria Eléctrica, Ley Agraria y a la propia Legislación Minera, pero el Tribunal Agrario negó la procedencia de la demanda.
Contra la negativa del Tribunal Agrario el Comisariado Ejidal se amparó y el 7 de abril le fue admitida la demanda y concedida la suspensión total de dichos trabajos por la afectación de derechos agrarios y por violación a los derechos humanos, incluyendo por riesgos de daños ecológicos y ambientales irreparables.
El abogado del Ejido, Marco Antonio Andrade Aguirre, dijo que acudieron al Tribunal Agrario para contener la arbitrariedad y el abuso del poder económico y empresarial de Minas de Oro Nacional cometidos en perjuicio del ejido Tesoripa y después el amparo buscando enderezar el mal criterio del Tribunal que negó las medidas cautelares solicitadas inicialmente.
“Hemos logrado encauzar por la ruta constitucional y por la vía del derecho y la justicia agraria un conflicto generado por el abuso recurrente de algunas empresas mineras y por un evidente fraude a la ley basado en la impunidad jurídica y política que avasalla los derechos de los ejidos sonorenses sobre sus tierras”, señaló Andrade Aguirre.
Con estas acciones los ejidatarios buscan justicia y respeto por la legalidad agraria y sus derechos humanos colectivos ya que han sido fraudeados y es lógico suponer que también están agraviados, como sucede en los ejidos de Mulatos y Matarachi donde la falta de ética y la nula integridad de los representantes de la empresa podría tener, aunados al amparo y al juicio agrario actuales, consecuencias penales por delitos empresariales tipificados por el código penal federal y el código nacional de procedimientos penales”.
“Estamos revisando el Compliance Criminal Program ó Programa de Responsabilidades Penales de Minas de Oro Nacional y sus Directivos para proceder en consecuencia. Afortunadamente la justicia federal en Sonora si funciona, sin temores ni distingos como lo demuestra la suspensión ordenada por el Juez de Distrito”, señaló.
El Abogado del Ejido Tesoripa refiere que “sin embargo, la realidad socioeconómica del ejido, como sucede en los núcleos agrarios de sonora y del país, aparte de soportar la actividad destructiva de la actividad minera, es incuestionable que enfrentan la necesidad de buscar nuevos mecanismos de aprovechamiento de sus tierras para proteger, por una parte, la deplorable economía familiar y su precaria capacidad productiva.
Y por otra, garantizarse un ingreso por renta de tierras para sobrevivir su casi indigencia actual, lo cual no justifica a la empresa haber violentado la propia legislación minera y la nueva Ley de la Industria Eléctrica vigente a partir de las reformas estructurales del 2014 en materia de desarrollo del sector social, propiedad ejidal y energía eléctrica.
“Se aprovecharon de la necesidad y la marginación social de diversas familias ejidales. Nuestro trabajo es demostrar al Tribunal, con el mayor sentido de serenidad, pruebas, fundamentación jurídica y defensa intransigente de los derechos del ejido, que Minas de Oro Nacional violó las obligaciones que le impone la legislación minera e incumplió con los requisitos de forma y validez señalados por la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Agraria para ocupar una área de tierras de uso común, incluyendo la inexistencia de un contrato de ocupación temporal, renta, servidumbre superficial de paso, aérea o subterránea para la instalación de postes de la CFE y suministro de energía para un usuario particular exclusivo como es dicha empresa. La electrificación de la Mina no pasa desafortunadamente por ningún ejido, solamente usan sus tierras en forma ilegal y fraudulenta”.
Finalmente el Abogado del Ejido Marco Antonio Andrade Aguirre, señalo que la demanda de amparo es por el cabal cumplimiento de la tutela constitucional a la propiedad ejidal y la aplicación inmediata de las leyes que rigen, por una parte, el funcionamiento de la industria minera y eléctrica, y por otra, para proteger los derechos humanos de los ejidos y sus integrantes, nada más, pero nada menos.
“La Constitución y diversos tratados internacionales que en su conjunto configuran el orden jurídico nacional, nos dan la razón plena y absoluta para librar con toda determinación esta batalla litigiosa ante los tribunales agrarios, el poder judicial federal u organismos internacionales si es necesario. Es necesario limitar la arbitrariedad, el abuso y los engaños legales inducidos de empresas mineras contra los ejidos y las comunidades rurales y agrarias de sonora”, expresó.
Declaración del 3er modulo de la Escuela Popular Ejidal y Comunal los días 15 y 16 de abril del 2021 en el Centro Alter Natos en San Cristóbal de Las Casas – A 16 de abril de 2021
El Capitalismo, las Empresas Trasnacionales y los Gobiernos Nacionales siguen impulsando mecanismos para profundizar el Modelo Extractivo con Megaproyectos con los cuales pretenden disputar los territorios de los pueblos originarios por medio de la violencia, la represión, el despojo, el desplazamiento y la criminalización a nuestras resistencias pacíficas por la defensa de nuestras tierras y territorios.
Por ello, reunidos en nuestro Tercer Encuentro de la Escuela Popular Ejidal y Comunal, representantes de núcleos agrarios de Chiapas tanto zoques como tseltales y tzotziles, rechazamos los Megaproyectos de nuestros territorios originales. Exigimos que los desplazados del Rio Jordán colonia Los Chorros del municipio de Chenalhó ya no sean desplazados una vez retornados este 28 de Abril del presente año, que les sean respetadas sus formas de organización sin imposiciones y que se les garanticen el libre trabajo en sus tierras. Denunciamos la falta de compromiso y responsabilidad del gobierno local y del Estado de Chiapas para evitar la represión y la impunidad como lo acontecido el 15 de octubre de 2020 en el municipio de Chilón.
Del mismo modo denunciamos la incompetencia del gobierno del estado para garantizar la gobernabilidad; denunciamos la violación a los derechos colectivos, individuales y humanos que se cometen contra los pueblos originarios y Defensoras/es de Derechos Humanos y del territorio, así como el hostigamiento, la amenazas y las acciones del gobierno local que pretenden desprestigiar a quienes defendemos la vida y los territorios. Exigimos la liberación de los presos políticos como en los casos de César Hernández Feliciano y José Luís Gutiérrez Hernández; la reparación de daños sufridos como fruto de la represión y la resolución favorable de los amparos de las y los ejidatarios de San Jerónimo Bachajón.
Defendemos la vida, los derechos humanos, colectivos, de los pueblos indígenas, los derechos de la naturaleza, nuestros bosques, los ríos, el agua, la biodiversidad, nuestras culturas pero también nuestro derecho a la libre autodeterminación como pueblos indígenas. Reivindicamos nuestro derecho a decidir sobre nuestro presente y futuro en base a nuestros procesos normativos internos y no por medio de los partidos políticos que nos acarrean violencia y divisiones comunitarias y familiares.
Por tanto, por la defensa de nuestros territorios, rechazamos la Super Carretera de las culturas San Cristóbal de las Casas-Palenque, los proyectos mineros, las decenas de planes de proyectos hidroeléctricos que pretenden inundar nuestras tierras y territorios, entre otros megaproyectos, la militarización así como y la presencia de la Guardia Nacional como en el caso de San Sebastián Bachajón o por medio de la imposición de autoridades ejidales con el fin de favorecer la instalación de sus cuarteles en nuestros núcleos agrarios como en el caso de San Jerónimo Bachajón.
POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!
Representantes del, Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite de Oxchuc). Ejido Mukulum, Chilón. Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio. Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, Chenalhó. Bienes Comunales del Municipio San Juan Cancuc. Gobierno Comunitario de Oxchuc. Ejido San Jerónimo Bachajón, Chilón. Otros Mundos AC/Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería Chiapas (REMA-Chiapas)
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el 1er aniversario del asesinato de compañero defensor Adán Vez Lira en Veracruz – A 9 de abril de 20201
Adán Vez Lira,un referente en la defensa del medio ambiente en Veracruz, en especial de las aves y los manglares de las zonas costeras del municipio de Actopan, fue asesinado en los alrededores de la comunidad de La Manchaelpasado8 de abril del 2020, sin que a la fecha, él y sus familiares y compañeros defensores hayan alcanzado la justicia.
Adán,integrante de la cooperativa La Mancha en Movimiento, estaba convencido de que la zona en la cual trabajaba se tenía que ser protegida de cualquier proyecto de despojo. En esta zona hay 6 lagunas costeras, 4 de ellas con manglar y 2 de agua dulce, de las cuales su calidad ecológica depende la salud de la cuenca y subcuencas hidrológicas que las abastecen, por lo que de manera tajante se opuso a la instalación de proyectos de desarrollo de diversa índole que amenazaran la integridad de estos territorios
Desde 2003, los habitantes de La Mancha enfrentan un proceso de despojo de las tierras que tienen en posesión en Los Médanos de La Mancha desde hace más de 50 años –tres generaciones—, derivado de la especulación con terrenos costeros que se ha desatado en la región debido a intereses inmobiliarios y turísticos. Este proceso de despojo se ha manifestado a partir de múltiples invasiones de estos terrenos, robo de ganado, enfrentamientos, criminalización de once defensores de Los Médanos de La Mancha, amenazas de muerte, el encarcelamiento injusto e irregular de dos integrantes del Grupo –uno de ellos Adán—y, en última instancia, el asesinato del propio Adán Vez Lira.
A lo largo del último año, los familiares, colegas de trabajo y lucha y vecinos de Adán Vez Lira han sufrido una situación de constantes amenazas por parte de grupos armados que mantienen a la comunidad en vilo, en apoyo al proceso de despojo en ciernes. Estas amenazas se presentan ante la inacción total por parte de autoridades estatales y federales. Para garantizar su propia seguridad y defensa los habitantes de La Mancha han constituido el Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha.
Entre otras actividades, Adán en vida se organizó con la gente de su comunidad y comunidades vecinas en la resistencia regional cuyo objetivo es impedir la llegada de empresas mineras en los Municipios de Alto Lucero y Actopan, específicamente las minas El Cobre y Caballo Blanco.
Como tantas y tantos defensores del territorio que han sido asesinados en este país, el suyo también ha quedado impune ante la incapacidad y/o el contubernio de las autoridades con el capital.Esta misma inacción, por parte de las autoridades del municipio de Actopan, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Federación, pone en riesgo a las y los familiares y compañeros de lucha de Adán.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Exigimos que las autoridades identifiquen a los autores materiales e intelectuales tras el homicidio de Adán Vez Lira.
Exigimos justicia para Adán Vez Lira y sus familiares.
Exigimos que cesen los proyectos de despojo inmobiliarios; turísticos;mineros;de generación de electricidad a partir de fisión nuclear;de infraestructura vial o portuaria;o de cualquier otra índole que amenazan a los habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero.
Exigimos que se garantice la vida, seguridad y el derecho ala autonomía sobre elterritorio de los habitantes de La Mancha
¡Toda nuestra solidaridad con el Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha!
¡LA IMPUNIDAD NO CESA EN LA 4T!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de abril de 2021
El día 8 de marzo del 2021 la comunidad indígena de Cicacalco, le envió una carta de petición a la C. María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esta petición la realizaron sobre el ofrecimiento que el propio Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, hizo el 28 de febrero de forma pública durante la visita que realizó al municipio de Tlaltenango, Zacatecas, del cual Cicacalco forma parte (https://www.facebook.com/100055310100164/videos/pcb.228114032375599/228113762375626)
Desde entonces, las y los integrantes de Cicacalco han realizado varios esfuerzos para establecer contacto, con la ilusión de que la instrucción presidencial se lleve a cabo. Sin embargo, después de un largo mes sin que la representación de SEMARNAT haya tomado la llamada o por lo menos respondieran a su carta, finalmente, de forma inverosímil e indígnate, el pasado viernes 26 de marzo accedieron a responderles, diciéndoles que recibirían a una representación de la comunidad indígena en la ciudad de México, y llevarían a cabo la reunión un día antes del inicio de la semana santa, sin tomar en cuenta ni la instrucción presidencial, ni tampoco lo complejo e irresponsable que fue invitarlos a viajar hasta la ciudad en pleno proceso de pandemia.
Al Presidente de México y a la opinión pública queremos externarles de forma firme, nuestra queja en contra del proceder de la secretaria María Luisa Albores, primero por no atender las instrucciones presidenciales, segundo por ser omisa a la solicitud manifiesta por la comunidad, y tercero por abandonar, como todos los gobiernos anteriores, los llamados de la población que se encuentra en las trincheras y como aliado de la SEMARNAT defendiendo el medio ambiente. Sobra decir la descortesía que tiene la Secretaria de Medio Ambiente para dirigir una institución que no cumple con los compromisos políticos más elementales que la 4T se ha planteado para terminar con el burocratismo de este país.
La comunidad mantiene su intención irrestricta de que la secretaria Albores vaya a su comunidad para que cumpla con la instrucción presidencial y de esa forma escuche las razones y vea los por qué familias enteras llevan 8 meses acampando y cerrando de forma ininterrumpida, un basurero que es una vergüenza de irregularidades, tanto de las autoridades municipales, como de los propios encargados de SEMARNAT en el estado de Zacatecas, entre otras autoridades gubernamentales que protegen a quienes realizaron ese basurero.
REMA exige la presencia inmediata de la C. María Luisa Albores González, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el propósito de que establezca un diálogo respetuoso con la comunidad indígena de Cicacalco, de tal manera que logren construir una agenda de trabajo continuo que les permita acabar con este conflicto y puedan regresar a sus casas a vivir normalmente.
No sobra decir que hacemos responsables a las autoridades de Zacatecas de cualquier acto de agresión en contra de la población de Cicacalco, a quienes el sistema persigue por el delito de luchar por la defensa del territorio.
Así mismo responsabilizamos a las autoridades municipales de Tlaltenango y a la propia SEMARNAT de los daños a la salud y al medio ambiente que ese foco de infección (tiradero a cielo abierto) pueda causar a la población, los animales y al territorio de Cicacalco.
REMA felicita el gran esfuerzo de las mujeres y hombres de la comunidad indígena de Cicacalco y les agradecemos por defender la naturaleza, por pelear por su autonomía y por no dejarse pisotear por las autoridades gubernamentales del orden municipal, estatal y federal.
ATENTAMENTE RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el modelo extractivista minero- A 23 de marzo de 2021
A inicios del mes la empresa minera canadiense First Majestic fue reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)y la Fundación Mexicana para la Sostenibilidad y la Equidad como empresa líder en Responsabilidad Social Corporativa por sus“prácticas éticas y de buen gobierno”y su “dedicación al cuidado del medio ambiente”. Estos reconocimientos fueron para las tres minas donde opera en México (San Dimas, Santa Elena y La Encantada).
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos incitara los responsables corporativos del CEMEFI para que por lo menos maquillen un pocolos títulos de sus premios y no sean cómplices del lavado de imagen de las empresas mineras, de tal manera que sus reconocimientos al menos, sean más apegados a las realidades que vive la población de lospueblos en donde operan esas empresas.
Desde nuestro punto de vista, un reconocimiento indiscutible para la First Majestic, sería uno que haga referencia a su “dedicación al destrozo del medio ambiente”. Sobran los ejemplos,pero podemos resaltar los derrames por cianuro que han ocurrido en la mina la Encantada en 2016; la contaminación del río San Rafael y las enfermedades en la población derivadas la por su mina Del Toro en Zacatecas; la tala de más de 2,000 hectáreas de bosque, el derrame y entierros de residuos tóxicos, que han contaminado ríos y manantiales provocados por sus minas “La Guitarra” y “El Coloso” en el estado de México.Podemos citar también el grave intento al destrozo del área protegida y sitios sagrados en Wirikuta por su proyecto de mina La luz.
Asociar First Majestic y “prácticas éticas y de buen gobierno” es otro oxímoron. En los distintos territorios donde opera,la población local ha denunciado las irregularidades en las rentas de tierras, los niveles de criminalización y las estrategias de división social utilizadas por la empresa. El hecho que First Majestic está actualmente demandando al gobierno por medio de un arbitraje internacional para evitar pagar impuestos de hasta 4,919millones de pesos mexicanos, no parece por ningún lado una práctica ética, menos aun de buen gobierno. Esta disputa surge en torno a una diferencia con las autoridades mexicanas sobre impuestos pagados sobre las ventas de plata desde la mina San Dimas en Durango entre 2010-2014 a otra filial de la misma empresa en Barbados. En ese entonces, la mina San Dimas fue propiedad de la empresa canadiense Primero Mining, la cual también amenazó a México con un proceso de arbitraje internacional por la misma razón en 2016, aunque luego se desistió después de que su amenaza desembocó en un proceso de diálogo. Ante la insistencia del estado mexicano de recaudar lo que falta, parece que First Majesticva a proceder con su demanda.
Generalmente las empresas mineras han creado una serie de mecanismos basados en; prémiate a ti mismo,en consecuencia, éticamente incorrectas, totalmente alejadas de cualquier posibilidad de vínculo jurídico (le llaman códigos voluntarios) y siempre cobijadas por académicos quienes han desarrollado cualquier cantidad de artificios para lavar un poco la sucia imagen empresarial del sector
Lamentablemente esas mentiras al respeto alas prácticas de las empresasmineras no se han limitadoal CEMEFIo a las propias empresas, sino que ha llegado, en los últimos días, haciael puesto más alto de quien gobierna nuestro país. Lasdeclaraciones de AMLO resaltando la ejemplaridadde la empresa Newmont-Goldcorp por su mina Peñasquito en Zacatecas por el hecho que“paga bien a los trabajadores, ayuda a las comunidades, no destruyeel entorno y cuida el medio ambiente”, son desconcertantes y absurdas por el nivel de engaño que hace en esa declaración.La mina de Peñasquito, si es un ejemplo, pero del nivel de depredación a lo cual puede llegar este modelo extractivo. Desde que ha empezado a operar ha generado un verdadero desastre social y ambiental totalmente ocultado por esta declaración presidencial, como ha sido muy bien señalado en la carta siguiente: https://ljz.mx/2021/03/19/carta-al-presidente-sobre-el-desastre-ambiente-de-la-mina-penasquito/
Basta de tratar de engañar a los pueblos, y a la opinión pública, promoviendo supuestas empresas y prácticas socialmente responsables o verdes. El modelo extractivo minero,y los actores que la promueven,solo generan despojo, miseria y devastación.
La única práctica socialmente responsable, cuidadora del medio ambiente y realmente de buen gobierno es: TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas – Foto La Jornada/ archivo
Compartimos este Manual de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre los derechos colectivos y campesinos – A diciembre de 2020
Alrededor del mundo, personas y comunidades se movilizan en defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos de los pueblos. Desde las campesinas que protegen sus semillas y prácticas tradicionales de las garras del agronegocio transnacional hasta las comunidades forestales que ponen resistencia frente a la tala destructiva, muchas de estas luchas colectivas se dan en zonas rurales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales que reconocen los derechos colectivos, en particular los derechos ambientales y el control del territorio.
Esta publicación es una actualización de la nota informativa “Derechos Colectivos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales”, redactada por Andrea Nuila y publicada por FIAN Internacional en marzo de 2018. Fue actualizada y adaptada para Amigos de la Tierra por Analía Penchaszadeh, en octubre de 2020.Aunque una parte importante del texto proviene de la publicación original, esta actualización de 2020 es exclusivamente la opinión de Amigos de la Tierra Europa y Amigos de la Tierra Internacional. La publicación original se puede encontrar en ‹https://fian.org/files/files/droits_collectifs_ESP_web.pdf›.
Campesinos, campesinas, indígenas, pescadores y nómadas han manifestado a través de la historia que el reconocimiento de sus derechos humanos, bajo las configuraciones exclusivas del derecho subjetivo individual, ignora el carácter imprescindible que desempeñan las relaciones comunitarias en la determinación del manejo y uso de los patrimonios comunes, en la protección de los derechos de las y los miembros de la comunidad y en la conservación de la subjetividad e identidad del individuo y del grupo al que este pertenece. Amigos de la Tierra Internacional coincide con esta reivindicación y plantea el reconocimiento de los derechos colectivos como un elemento esencial de los paradigmas y las iniciativas positivas tales como la Agroecología y el Manejo Comunitario de Bosques.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (la Declaración o UNDROP, por sus siglas en inglés), adoptada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2018, es el resultado de décadas de lucha e incidencia de campesinas y campesinos, y es un instrumento de derechos humanos trascendental en el reconocimiento de los derechos colectivos. Los derechos colectivos protegidos en la Declaración incluyen el ejercicio colectivo del derecho a la tierra, el derecho a la soberanía alimentaria, el derecho a la biodiversidad y a un medio ambiente limpio, el derecho a la autodeterminación y el respeto de las prácticas y formas ancestrales y tradicionales de rendición de cuentas y justicia. La Declaración fortalece la arquitectura internacional de derechos humanos y desacredita los mitos de que el derecho internacional de derechos humanos no puede abarcar los derechos colectivos. La Declaración puede ser una herramienta valiosa para avanzar en los derechos colectivos desde lo local hasta lo internacional; también puede apoyar la inclusión de los derechos colectivos en el Tratado vinculante de la ONU sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos, que a su vez será un instrumento complementario y poderoso para garantizar el respeto de los derechos humanos para todos y todas.
Alrededor del mundo, personas y comunidades se movilizan en defensa de los bienes comunes, los territorios y los derechos de los pueblos. Desde las campesinas que protegen sus semillas y prácticas tradicionales de las garras del agronegocio transnacional1 hasta las comunidades forestales que ponen resistencia frente a la tala destructiva,2 muchas de estas luchas colectivas se dan en zonas rurales.
1.1 VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE LAS Y LOS DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS Y LOS BIENES COMUNES
A lo largo de los años, La Vía Campesina —el movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, pequeños y medianos agricultores, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo— ha documentado las violaciones de los derechos de los campesinos. Entre ellas: desalojos forzosos; ocupación y apropiación de territorios campesinos; especulación financiera con la tierra, los recursos naturales y los productos agrícolas; leyes sobre semillas que amenazan la biodiversidad y las semillas campesinas; envenenamiento por agrotóxicos; criminalización y encarcelamiento de dirigentes campesinos; ataques violentos durante las manifestaciones.3
Desde 2012, la organización Global Witness ha llamado la atención sobre los asesinatos de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, definidas como “aquellas que adoptan una posición firme y pacífica contra la explotación injusta, discriminatoria, corrupta o perjudicial de los recursos naturales o del medio ambiente”. Global Witness registró 212 asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente en 2019, “convirtiéndose en el año con el mayor número de muertes registradas de personas que defienden sus hogares, bosques y ríos de las industrias destructivas del clima. […] Además, un incontable número de personas defensoras son silenciadas mediante ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte o demandas judiciales”.4
Como explica Aleyda Aragón, de La Vía Campesina en América Latina: “la violencia con la que se nos expulsa y se nos discrimina no es inocua, es necesaria y es parte integrante de la política elitista que favorece a las grandes empresas agroalimentarias, mineras internacionales o a grandes latifundistas de la oligarquía local”.5
Amigos de la Tierra Internacional (ATI) reclama la protección de las y los defensores de los territorios y de los derechos colectivos de los pueblos, es decir, las mujeres y los hombres que defienden los lugares que han construido colectiva e históricamente. Entre otras, ATI ha destacado las acciones de defensa ambiental de las campesinas y campesinos en Paraguay, que se resisten a la expansión de las plantaciones de monocultivos; las comunidades de Guatemala, que promueven la agricultura campesina y la soberanía alimentaria como alternativa a la minería; los Pueblos Indígenas de Panamá, que se resisten a las concesiones mineras en sus territorios ancestrales; y las comunidades rurales en Rumania, que rechazan la exploración de las reservas de gas de esquisto en su territorio.6 Situando los conceptos de los derechos humanos dentro de los conflictos cotidianos por el territorio y la naturaleza, ATI además cuestiona las contradicciones y las fuerzas que existen en las sociedades que hacen invisibles las violaciones de los derechos de los pueblos, como el conflicto de clase, el patriarcado, el sexismo, el racismo, la exclusión y discriminación social y el neocolonialismo.7
1.2 EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS COLECTIVOS ES ESENCIAL EN LA LUCHA POR LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS Y LOS BIENES COMUNES
El marco de ATI de 2018 sobre los defensores de los territorios y los derechos de los pueblos8informa el posicionamiento frente a la comunidad internacional de derechos humanos y se basa en una larga trayectoria para lograr el reconocimiento de los derechos ambientales, tal como se definieron en 2004:
Los derechos ambientales significan acceso a los recursos naturales no degradados que permiten la supervivencia, entre ellos la tierra, la vivienda, los alimentos, el agua y el aire. También incluyen derechos más estrictamente ecológicos, entre ellos, el derecho de una especie determinada de escarabajo a sobrevivir, o el derecho de un individuo a disfrutar de un paisaje intacto. Para Amigos de la Tierra, los derechos ambientales incluyen derechos políticos como el derecho de los pueblos indígenas y otras colectividades, el derecho a la información y a la participación en la toma de decisiones, la libertad de opinión y expresión, y el derecho a oponer resistencia y decirles no a proyectos de desarrollo indeseados. También creemos en el derecho a reclamar indemnización cuando estos derechos han sido violados, incluidos los derechos de los refugiados climáticos y otros pueblos desplazados por la destrucción del medio ambiente, el derecho a reclamar la deuda ecológica, y el derecho a la justicia ambiental… Los derechos ambientales son derechos humanos, ya que los medios de vida de los pueblos, su salud y, a veces, su propia existencia dependen de la calidad del medio ambiente circundante y de su acceso a él, así como del reconocimiento de sus derechos a la información, la participación, la seguridad y la reparación.9
El reconocimiento de los derechos colectivos es un elemento esencial del marco de los derechos ambientales, dado que las violaciones se viven de forma colectiva,10 pero también porque los derechos colectivos son un prerrequisito para construir el mundo que queremos. El Manejo Comunitario de Bosques y la Agroecología son estrategias que aportan a la protección ambiental y los medios de vida sustentables de las comunidades locales, y su éxito depende del reconocimiento del derecho colectivo al control y acceso a los bienes comunes.11
Tal como se plantea en la publicación Manejo Comunitario de Bosques y Agroecología, el control del territorio es una condición esencial, por lo que se deben “generar condiciones en las cuales los pueblos o comunidades locales puedan tomar decisiones independientes y luego ponerlas en práctica”.12 Un territorio y una comunidad se entienden no solo como un espacio geográfico o un grupo de personas que viven juntas, sino como una relación dinámica entre grupos de personas con una identidad colectiva, y la naturaleza y la conexión espiritual que existe en ese espacio.
Dentro de este contexto, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales representa un avance importante en el fortalecimiento de los marcos legales que reconocen los derechos colectivos, en particular los derechos ambientales y el control del territorio.
