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Ubican a México entre los países más letales para personas defensoras de derechos humanos

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Compartimos esta nota de Proceso sobre la situación de violencia hacia defensoras y defensores en México – A 15 de marzo de 2021

Por Pedro Matías

Front Line Defenders, dedicada a la protección de personas defensoras de derechos humanos alrededor del orbe, precisó que solo Colombia, Filipinas y Honduras superan a México en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

OAXACA, Oax. (apro).- México se encuentra entre los países más letales del mundo para las personas defensoras de derechos humanos, al ubicarse en el cuarto lugar a nivel global, con al menos 19 asesinatos durante 2020, informó la coordinadora de Protección para las Américas de Front Line Defenders, Sandra Patargo Muriedas.

En reunión virtual de Mary Lawlor –relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos– con diversas organizaciones civiles, el pasado jueves 11, la representante de Front Line Defenders detalló que de las 19 personas defensoras asesinadas en México el año pasado, 15 eran hombres y cuatro mujeres, incluidas al menos tres mujeres trans.

En México, precisó, 14 de las víctimas trabajaban temas ambientales, y seis de ellas defendían derechos de los pueblos indígenas.

La organización civil irlandesa dedicada a la protección de personas defensoras de derechos humanos alrededor del orbe precisó que solo Colombia, Filipinas y Honduras superan a México en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

En un evento paralelo a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Patargo Muriedas manifestó: “La situación de los asesinatos y en general de la violencia contra de las personas defensoras trans nos parece alarmante”.

Esta problemática, añadió, “sigue siendo invisibilizada y urge ser tomada con mayor urgencia por las autoridades”.

Con el tema “Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en México”, 10 organizaciones civiles, entre ellas Consorcio Oaxaca y Front Line Defenders, convocaron a este encuentro, donde manifestaron que la violencia es alentada con la impunidad.

Patargo Muriedas citó que poco más de una cuarta parte de los asesinatos contra personas defensoras en México se cometieron en Oaxaca.

Puntualizó: “Cinco de las y los defensores asesinados fueron líderes comunitarios de Oaxaca, hecho que nos parece sumamente preocupante considerando el nivel de violencia, criminalización, amenazas y, sobre todo, impunidad al que se enfrentan los defensores en este estado”.

Ese panorama de Oaxaca, adverso a la defensa de los derechos humanos, es evidente en el caso de los defensores Fredy García y Pablo López Alavez, “quienes siguen injustamente encarcelados en Oaxaca hasta el día de hoy”, expuso en referencia a dos de los casos emblemáticos que una de las organizaciones convocantes del evento, Consorcio Oaxaca, ha llevado al ámbito internacional.

A nivel global, regional y en México, continuó Patargo, las personas defensoras de derechos humanos en mayor riesgo de ser asesinadas son las que trabajan los temas de tierra y territorio, derechos de los pueblos indígenas y derechos ambientales, que representan 69% de las y los defensores asesinados a nivel global, y 73.7% en el caso mexicano.

“Hoy más que nunca nos parecen verdaderamente importantes las recomendaciones que hace la relatora”, dijo en referencia al informe “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos”, presentado por la relatora especial Mary Lawlor, pues “no han sido suficientes ni constantes los esfuerzos de las autoridades por reconocer la importancia del trabajo que hacen las y los defensores”.

“Pensamos que mientras continúen los discursos estigmatizantes contra la sociedad civil por parte de altos funcionarios, incluyendo el Ejecutivo federal, los esfuerzos para visibilizar el trabajo y riesgos de personas defensoras seguirán quedando cortos ante la realidad que enfrentan”, expresó Patargo.

Igualmente pidió garantizar el presupuesto necesario para el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fortalecer las capacidades y capacitaciones del personal, y seguir reforzando la perspectiva de género y de protección comunitaria.

“Si no se ataca la impunidad desde la raíz, los ataques, desapariciones y asesinatos contra defensoras y defensores no cesarán; las cifras de impunidad en México son casi tan alarmantes como la de los asesinatos”, por lo que “el combate contra la impunidad en los casos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos debe ser una prioridad”, finalizó.

El evento fue convocado por las organizaciones de la sociedad civil: Brigadas Internacionales de Paz (PBI); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Front Line Defenders; Organización Mundial Contra la Tortura; Pan Para el Mundo; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México, y Servicio Internacional por los Derechos Humanos.

Imagen: : Juan Carlos Cruz

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El Escaramujo en la Radio Martes 6 de abril 6pm – Honduras: Entre la resistencia y la dictadura

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En nuestra emisión mensual de abril del El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, seguiremos platicando sobre Honduras y los diferentes procesos de resistencia y lucha que hay dentro del país, acompáñanos este martes 6 de abril a las 6 pm.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Koniki este martes 6 de abril a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Exigimos protección y garantía al trabajo de Jaqueline Campbell Dávila

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de marzo de 2021

Durante la noche del pasado 2 de febrero, la casa de la defensora de derechos humanos Jaqueline Campbell Dávila fue allanada. Fue evidente que no se trato de un robo común, sino de un acto de intimidación una clara amenazada para quien desde hace más de 20 años ha realizado un trabajo incansable como defensora de los derechos humanos frente a las graves situaciones de violencia hacia las mujeres, los migrantes, las personas encarceladas, la comunidad LGBT, además de estar involucrada también en procesos de defensa del territorio con la Diócesis del Satillo siendo parte de equipo del Obispo Fray Raúl Vera.

El día 14 de febrero Jaqueline fue nuevamente agredida, despojándosele de toda su información digital, para desconocer y así, pretender anular su trabajo como periodista y defensora de derechos humanos.

Esos don graves hechos no son casos aislados, ya que ocasiones anteriores Jackie ha sido victima de acoso, hostigamiento e intimidaciones, entre ellas la ocurrida en diciembre del 2020, a la que le sucedieron irrupciones en la oficina del Obispo Raúl Vera.

Jackie y el equipo de Raúl Vera han sido siempre muy cercanos y solidarios con los pueblos y procesos de resistencia tanto de REMA, como de muchos otros procesos contra los proyectos de ocasionan despojo y violaciones a sus derechos. En este contexto, siempre nos han acompañado en distintos foros, eventos y procesos relacionados con la defensa del territorio frente al modelo extractivo. De muchos eventos, recordamos con aprecio y cariño la presencia de Jackie durante el acto de cabildo para declarar al municipio de Guadalcázar, en San Luis Potosí Territorio Libre de Minería. La solidaridad y el trabajo conjunto con el equipo de Don Raúl Vera han sido fundamentales en el proceso en contra de la instalación de la planta de cianuro de Chemours en el estado de Durango.

Exigimos a las autoridades del Gobiernos del Estado de Coahuila, a su Fiscalía y a la Secretaría de Gobernación, garantizar la protección de nuestra querida compañera Jaquieline Campbell Dávila, asi. Exigimos que cese el hostigamiento y las agresiones referidas, que se investigue y se castigue a los responsables, y se garantice la continuidad al relevante trabajo en pro de los derechos humanos que Jackie realiza.

¡Apoyo total y solidaridad con nuestra compañera Jaquieline Campbell!

Basta de criminalizar y a las y los defensores de derechos humanos y del territorio

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA REMA

Imagen: CIMACFoto: Camelia Muñoz Alvarado

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Defensoras y Defensores del Río Verde demandan justicia para Fidel Heras Cruz

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Compartimos este pronunciamiento del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde COPUDEVER sobre la solidaridad de defensoras y defensores ante el asesinato del compañero Fidel Heras – A 23 de febrero de 2021

A LA OPINIÓN PÚBLICA.

A LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS- ONU-DH MÉXICO.

A LOS ORGANISMOS CIVILES.

A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.

A LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES.

AL PUEBLO EN GENERAL.

Pueblos y comunidades en resistencia por la defensa de nuestro territorio y bienes naturales comunes manifestamos, que desde el 2006 nuestros pueblos y comunidades se han visto amenazados por la construcción de un megaproyecto denominado, Presa Hidroeléctrica de Usos Múltiples “Paso de la Reina”.

En el 2007, pueblos y comunidades afectadas integramos el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) y desde esa fecha hemos venido realizando diferentes actividades de denuncia pública y jurídica, de acuerdo a lo establecido y estipulado en las leyes nacionales y en los tratados internacionales como el Convenio 69 de la OIT. Además, hemos velado por nuestros derechos de manera y forma pacífica, sin violencia y sin afectar los derechos de terceros.

No obstante, nuestro compañero Fidel Heras Cruz fue asesinado a balazos en su camioneta el 23 de enero a la altura de la entrada de la comunidad de La Esperanza del municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca, se le arrebató la vida de una forma cruel y cobarde. Al verse afectados intereses políticos, caciquiles y económicos, por quienes ostentan el poder y por quienes, en vez de velar por los derechos y la vida de los pueblos, velan por sus propios intereses en complicidad de grupos criminales, sin importar que tengan que matar y dejar a una familia destrozada y desprotegidos niños/as huérfanos/as sin el amor y el cuidado de su padre.

Cabe recordar que Fidel recibió varias amenazas cuando fue agente de policía por defender los derechos de su comunidad, de manera directa recibió amenazas, cuando gestionaba la contribución municipal que le corresponde a su comunidad, esto ocurrió en el mes de agosto del 2012.

Fidel Heras Cruz era una persona comprometida en velar por los derechos de su comunidad, se ganó el aprecio, respeto y admiración de sus amigos/as, compañeros/as del COPUDEVER y su comunidad por defender el Río Verde amenazado por proyectos hidroeléctricos y extracción de material pétreo (grava y arena).

A Fidel Heras Cruz, por su honestidad y confianza se le asignaron varios cargos de autoridad, ocupo el cargo de agente de policía, integrante del comité local del Copudever y hasta la fecha de su muerte se desempeñaba como Presidente de Comisariado de Bienes Ejidales.

A un mes del asesinato del compañero Fidel Heras Cruz, no se han detenido a los autores del crimen. Ante tales hechos de violencia solicitamos lo siguiente:

  1. Que la Fiscalía del estado se apresure en la investigación del asesinato de nuestro compañero defensor y se castigue a los autores intelectuales del crimen.
  2. Que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca-DDHPO emita recomendaciones, pronunciamientos públicos y denuncias sobre la reparación de daños para la comunidad de Paso de la Reyna por la extracción de material pétreo en el Río Verde ante las autoridades respectivas.
  3. Exigimos justicia para Fidel Heras Cruz, no podemos permitir que se sigan asesinando a más defensores y defensoras comunitarias, el asesinato de nuestro compañero no puede quedar impune, en estadísticas o en un archivo.
  4. Nos solidarizamos con luchas de hermanas y hermanos de otros lugares del país, del continente, del mundo, por todas las defensoras y defensores asesinados y criminalizados.

Cuenca del Río Verde, Oaxaca, 23 de febrero de 2021.

Defensoras y Defensores Comunitarios del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.

¡Ríos para la vida, no para la muerte!

¡Justicia para Fidel Heras Cruz!

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Justicia para Miguel Vázquez Martínez, guardián de los ríos de Veracruz

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Compartimos esta nota de Educa Oaxaca sobre el asesinado del defensor Miguel Vázquez – A 15 de febrero de 2021

Después de 100 días sin conocer su paradero, los restos de Miguel Vázquez Martínez, integrante de la Alianza de Comunidades y Organizaciones en Defensa del Río Bobos-Nautla, fueron localizados en una fosa clandestina. Personas cercanas a la familia confirmaron que la ubicación del cuerpo de Vázquez Martínez fue posible por la detención de tres personas relacionadas con el secuestro del activista, cuyos testimonios llevaron a las autoridades a una casa de seguridad, en la localidad La Otra Banda, de Tlapacoyan, donde fueron localizados los restos.

Organizaciones ambientalistas denunciaron “retraso injustificado” en las investigaciones del secuestro de férreo opositor a la instalación de proyectos extractivos como las mini-hidroeléctricas en Tlapacoyan. Durante las protestas ciudadanas para luchar por su pronta aparición, diversas organizaciones ambientales señalaron que en la región se han registrado asesinatos, feminicidios, desapariciones, secuestros y localización de fosas clandestinas.

Ante este “clima de violencia extrema”, las organizaciones manifiestan que “no puede haber transformación posible ni construcción de paz en el Estado cuando los cimientos son la sangre de nuestros familiares”, advierte La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) y organizaciones aliadas. Y la Alianza Mexicana contra el Fracking escribe en su cuenta de Twitter: “Nos llena de rabia que el compañero defensor ambiental Miguel Vázquez Martínez fue encontrado sin vida después de semanas de su desaparición. Acompañamos las demandas de justicia y alto a los proyectos que dañan el ambiente. Nuestro pésame para su familia”.

Leer el comunicado: Es devuelto sin vida el ambientalista y defensor del territorio Miguel Vázquez Martínez

Imagen: Izquierda Diario Mx

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Entrevista: Asesinar a Fidel Heras es matar a un símbolo de la defensa del territorio

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Compartimos una entrevista de Radio Mundo Real a Educa Oaxaca sobre el asesinato del defensor Fidel Heras – 5 de febrero de 2021

Como parte de COPUDEVER, el defensor oaxaqueño realizaba una activa defensa del Río Verde contra proyectos hidroeléctricos.

El 23 de enero fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, que se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reina y era miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

>>Escuchar entrevista aquí<<

El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, en el municipio de Santiago Jamiltepec, en el estado mexicano de Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego. Dos días antes Fidel había recibido una amenaza de muerte anónima, en una nota dejada en la obra en construcción de la sede del Comisariado. Otros integrantes de la comunidad ya habían denunciado «la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado El Zanate», según recoge un comunicado emitido por COPUDEVER tras el asesinato de Heras.

Actualmente el hecho está siendo investigado por las autoridades, pero hasta el momento se desconocen los autores del crimen. El defensor ya había recibido amenazas, al ser una de las caras visibles de la oposición comunitaria a la construcción de una represa en el Río Verde y de la extracción de material pétreo.

Sobre Río Verde, en 2018 la Secretaría de Medio Ambiente había denegado la aprobación del proyecto ante las «inconsistencias» que presentaba la Manifestación de Impacto Ambiental; sin embargo, en 2019, la empresa ENERCI volvió a intentarlo y las organizaciones están a la espera de saber qué se resuelve. Desde 2018, una reforma energética permite que empresas privadas presenten proyectos al gobierno para construir y gestionar represas hidroeléctricas.

COPUDEVER remarca en el comunicado que «la crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias -que actúan como «concesionarios del río» en Paso de la Reina- y la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río».

En diálogo con Radio Mundo Real, integrantes de la organización EDUCA, que acompaña el proceso de COPUDEVER desde el año 2006 recordaron que la creación del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde surgió para defender la biodiversidad ambiental y cultural en Oaxaca ante el avance de los proyectos hidroeléctricos extractivistas en ese estado mexicano:

El Consejo «han logrado frenar la construcción de represas en la cuenca del Río Verde. En la actualidad, el proyecto Paso de la Reina está en la etapa de estudio y creemos que no ha avanzado más por la resistencia que ha habido tanto en la costa como en la sierra del Sur», remarcó Angélica, del área de Incidencia Pública en EDUCA.

Comunidades chatinas, mixtecas, afromexicanas y mestizas están organizadas en una resistencia pacífica contra la ejecución del proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En 2019 el COPUDEVER ganó un amparo contra el decreto presidencial de Enrique Peña Nieto, que tenía la intención de suprimir las vedas de agua, entre ellas las del Río Verde. Más información en este micrositio dedicado a las actividades del Copudever: https://www.educaoaxaca.org/rio-verde/

Fidel Heras fue asesinado por su activismo ambiental. «Asesinaron a un símbolo: Fidel era una autoridad en funciones, un defensor comunitario», dice Ana María, compañera de Angélica en EDUCA. Ella trabaja en el área de Proyectos Territoriales. «La organización regional ha sido un contrapeso a los patrones caciquiles e institucionales autoritarios que ejercen violencia extrema sobre los territorios, como parte del entramado de poder que sostiene a los proyectos extractivistas», dijo. «Estos poderes no le perdonaron a Fidel que la comunidad se rebelara al proyecto extractivista», agregó.

Desde COPUDEVER exigen justicia por este crimen y que el Gobierno de Oaxaca garantice que estos hechos violentos no se repitan. Mientras la Fiscalía General del Estado investiga quiénes son los responsables, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo otorgó medidas cautelares colectivas a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina. Además, en los últimos días se ha sumado el apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y se multiplican los mensajes de apoyo y solidaridad con el COPUDEVER desde distintas redes ambientalistas y de defensa de los derechos humanos de todo el mundo.

«Esperamos que se lleve adelante una investigación adecuada a las características de este crimen cometido contra un defensor comunitario», dice Ana María.

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Firma la Acción Urgente: Condenamos el crimen del defensor comunitario Fidel Heras Cruz(CC) 2021 Radio Mundo Real

Imagen: EducaOaxaca

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Empresa de palma aceitera y madera Korindo pretende silenciar a ecologistas, da comienzo juicio

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Compartimos este comunicado de Salva La Selva sobre un proceso de demando en su contra por defender la vida – A 29 de enero de 2021

Comenzó el juicio contra „Rettet den Regenwald“ Ante el juzgado distrital de Hamburgo, comenzó el 22-1-2021 el proceso contra la asociación Rettet den Regenwald (Salva la Selva). La empresa indonesia Kenertec denunció a la organización después de que esta la señalara por la destrucción de selva tropical en Papua, en una carta dirigida a Siemens y Nordex. En concreto, se trataba de la quema de restos de madera después de la tala de la selva para establecer nuevas plantaciones de palma.

El demandante en Hamburgo es la empresa Kenertec, una productora de aerogeneradores. Sin embargo, los ecologistas no están culpando a dicha empresa de destruir la selva, sino a un socio comercial: el grupo Korindo. En el informe Burning Paradise, de la organización Migthy Earth y muchos otros estudios e informes, se critica a Korindo por la destrucción de la selva y la violación de los derechos de los pueblos indígenas en la provincia indonesia de Papua y en las Molucas septentrionales. Recientemente, la británica BBC también informó sobre el caso.

„Ya el primer día de juicio se reveló que la estrategia de Kenertec y Korindo no funciona – las empresas imaginaron que sería muy fácil arrastrar a los ecologistas ante los tribunales“ declaró Bettina Behrend, co-directora de Rettet den Regenwald e.V.

Kenertec denunció también al Center for International Policy CIP (Centro para Política Internacional) de los Estados Unidos, una de las organizaciones que apoya con fondos a Mighty Earth. Señaló además a los abogados de Kenertec, que no pueden denunciar a CIP sólo por la financiación. El tribunal llegó a cuestionar incluso si Kenertec está legitimada para hacer la demanda.

„El tribunal hizo saber Kenertec, que en vista de la cantidad de vídeos, fotos, imágenes de satélite, estudios y declaraciones de testigos que han presentado Rettet den Regenwald e.V. y CIP, no basta simplemente con negar los incendios provocados“, dice el abogado experto en medios de comunicación, el Dr. Roger Mann, que representa a los ecologistas.

Como se esperaba, el tribunal sugirió un acuerdo extrajudicial entre los ecologistas y Kenertec. „Lo vamos a analizar muy exhaustivamente. En definitiva, Korindo determina los hechos en Papua – sin tener en cuenta a las personas ni al medio ambiente“, continúa Bettina Behrend.

En la reanudación del juicio se tratará de llevar al Juzgado de Hamburgo la realidad de Papua.
„Aprovecharemos la vista judicial para despertar a la opinión pública y exponer todavía más a la luz la destrucción de la selva tropical“, explica Mariane Klute, co-directora y experta en Indonesia de Rettet den Regenwald e.V. (Salva la Selva).

Se espera que el tribunal decida sobre el caso en los próximos dos meses.

México: Alto impacto de derechos vulnerados por industria energética

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Compartimos esta nota publicada en Servicios de Comunicación Intercultural Servindi sobre la vulneravilidad de los drechos humanos ante mega proyectos energéticos – A 29 de enero de 2021

Al menos 105 comunidades locales e indígenas de México resultaron afectadas por el impacto que causa en sus territorios la industria energética y otros proyectos, según revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.

Servindi, 14 de enero, 2021.- La industria energética ejerce la mayor cantidad de conflictos en México, afectando masivamente al 96 % de las comunidades registradas para el país.

Así lo revela la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta digital impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

De acuerdo con la plataforma, se mapeó 14 proyectos extractivos y de infraestructura, que afectaron al menos a 105 comunidades mexicanas. Del total de proyectos, 9 son del sector energía: solar, térmica, eólica e hidroenergía.

Esta cifra fue influenciada por la reforma energética mexicana, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto del 2014, donde se amplió la oportunidad de participación privada.

En ese entonces también se ofrecieron incentivos para alentar la inversión en el desarrollo de sistemas de energía renovable.

Además, la agroindustria, la extracción de madera y la minería son las otras industrias que vulneran los derechos colectivos de los pueblos originarios.

Derechos violados

De acuerdo con la plataforma, el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente saludable fueron violados en el 64.3 % de los casos.

Asimismo, el consentimiento libre previo e informado fue violado en el 57 % de los registros.

En el 85.7 % de los casos, el impacto social registrado es la perturbación de sitios culturales; mientras que el impacto ambiental es más heterogéneo, siendo la de mayor registro la contaminación del agua, la contaminación del suelo y la deforestación.

Ahora bien, la perturbación de los sitios culturales y sagrados –en el 71.4 % de los casos– y la invasión del territorio colectivo –en el 64.3 % de los casos– fueron los ataques más frecuentes en los casos registrados.

Por los 14 proyectos, 30 personas –pertenecientes entre las 105 comunidades afectadas– fueron atacadas por el desarrollo de estas actividades foráneas.

También se reportaron asesinatos y criminalización contra defensores ambientales. Un ejemplo de ello fue el asesinato del indígena comunicador Samir Flores, sucedido en febrero del 2019, quien se opuso a la termoeléctrica de Huexca.

Imagen: Servindi

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Guatemala: 195 organizaciones denuncian los últimos ataques contra miembros de la Resistencia Pacífica a la mina de Escobal

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Compartimos este carta publicada en Fuera Mina Escobal — Solidaridad con la resistencia al Proyecto Escoba sobre el hostigamiento a la resistencia minera – A 21 de enero de 2021

Urge investigación y alto a la interferencia empresarial a nivel local ante el ataque armado y amenazas en contra de miembros de la resistencia pacífica contra el proyecto minero Escobal en Guatemala

Estimados Srs.

Las organizaciones firmantes denunciamos el atentado contra la vida del Sr. Julio David González Arango, miembro de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa en contra del proyecto minero Escobal, propiedad de la empresa canadiense Pan American Silver. La mañana del sábado, 16 de enero de 2021, sujetos no conocidos dispararon al Sr. González en su casa en el municipio de Mataquescuintla, Jalapa donde también tiene un pequeño negocio de granos básicos. Fue llevado al hospital inmediatamente con heridas graves.

Al día siguiente, otros dos miembros de la resistencia pacífica de Mataquescuintla, el Sr. Juan Eduardo Donis y el Sr. Pablo Adolfo Valenzuela Lima, recibieron mensajes de texto amenazando sus vidas. Las amenazas incluían una referencia explícita al ataque al Sr. González, indicando que ellos serían los siguientes.

El ataque al Sr. González y las graves amenazas en contra del Sr. Valenzuela y el Sr. Donis son la culminación de un contexto cada vez más tenso y peligroso para los y las miembros de la resistencia pacífica y el Parlamento Xinka de Guatemala. Aunque el Sr. González ha sido sujeto de amenazas y fuertes difamaciones por individuos que apoyan el proyecto minero Escobal desde que empezó su resistencia, las agresiones habían aumentado tanto que a principios de diciembre el Sr. González presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos contra Activistas y Defensores de Derechos Humanos. A raíz de esta denuncia, se intensificaron las amenazas directas contra el Sr. Valenzuela y el Sr. Donis, así como contra Edwin Alexander Reynoso Bran, y el abogado del Parlamento Xinka, Quelvin Otoniel Jiménez Villalta.

Vale destacar que el Sr. Reynoso ya sufrió dos atentados en 2014 y 2015, en el primero de los cuales fue asesinada su hija, Topacio Reynoso Pacheco, de 16 años quien también era defensora de derechos humanos. El Sr. Reynoso es uno de los 59 representantes acreditados para participar en la consulta ordenada por la corte con el Pueblo Xinka sobre la mina Escobal. El abogado Quelvin Jiménez también ha sufrido amenazas desde que la corte puso en marcha el proceso de la consulta, por las cuales tiene medidas cautelares desde julio de 2019 ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Desde septiembre de 2020, el Parlamento Xinka ha denunciado continuamente la existencia de un grupo que se autodenomina como la “Resistencia Reorganizada de Casillas” y que actúa en contra de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y sus miembros. Este grupo está liderado por un ex guardia de seguridad de la mina Escobal y sus miembros se han dedicado a intentar socavar el liderazgo Xinka en la zona, fomentar mayor división, y generar un ambiente de inseguridad. Miembros de la resistencia creen que este grupo está operando en coordinación con la empresa, y tanto representantes de la empresa como del Ministerio de Energía y Minas se han reunido con el grupo.

Además, durante los últimos meses, el Parlamento Xinka ha estado denunciando que la empresa Pan American Silver sigue entrando camiones a la mina innecesariamente y persistiendo con sus proyectos comunitarios, fomentando tensiones y divisiones sociales, mientras toda actividad minera debe ser suspendida. Así también, el trabajo comunitario que realiza la empresa genera procesos de coacción, violando la característica “libre” de la consulta.

La mina Escobal ha sido suspendida desde junio de 2017, primero por los dos plantones pacíficos permanentes instalados por la resistencia pacífica en las municipalidades de Mataquescuintla y Casillas para impedir el tráfico que se dirige al sitio minero. Además, desde julio de 2017, la mina fue suspendida por orden de la Corte Suprema de Justicia y ratificada por la Corte de Constitucionalidad el 3 de septiembre del 2018. El Tribunal ordenó al Ministerio de Energía y Minas que llevara a cabo una consulta con el Pueblo Xinka cuyos derechos fueron violados por el proyecto minero, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. En su decisión, la Corte Constitucional “ha sido enfática en afirmar que un escenario de enfrentamientos, violencia y desconfianza, no coadyuva a que la realización de la consulta sea auténticamente productiva.”

Ante el atentado en contra de la vida del Sr. González, las amenazas en contra de líderes y lideresas, y el aumento de tensiones en la zona:

  • Nos solidarizamos con las exigencias del Parlamento Xinka de Guatemala para demandar una investigación plena e imparcial por parte de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público con respecto al ataque en contra de la vida del Sr. González.
  • Exigimos que se realice una investigación completa e imparcial por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de las amenazas del 17 de enero contra los Sres. Donis, Valenzuela, y las graves amenazas contra los Sres. Reynoso y Jiménez.
  • Instamos al Procurador de los Derechos Humanos a que tome todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de Julio David González Arango, su familia, la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa y el Parlamento Xinka de Guatemala. Urge que se establezcan las medidas de seguridad, según lo que pide el Sr. González y su familia, para garantizar su seguridad.
  • Solicitamos a las autoridades correspondientes continuar observando que se cumpla la resolución de la Corte de Constitucionalidad en el expediente 4785-2017, para que se garantice su carácter libre y de buena fe del proceso de consulta antes, durante y después de la pre-consulta y consulta al Pueblo Xinka.
  • Exigimos a Pan American Silver que confirme la orden de la Corte Constitucional deteniendo su trabajo de relaciones comunitarias, las cuales son una parte innegable de las «operaciones de la mina» y contribuye al aumento de las tensiones en la región y a la inseguridad de sus residentes.
  • Llamamos a la comunidad nacional e internacional a que presten especial atención a la situación de riesgo en la que se encuentran las comunidades del Pueblo Xinka y las personas defensoras de la Resistencia de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa que se manifiestan pacíficamente en defensa de la vida.

Atentamente,

>>Ver lista de organizaciones firmantes<<

Imagen: Acoguate

¡Otro Artero Crimen contra un Defensor del Territorio en Oaxaca!

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 25 de enero de 2021

Fidel Heras Cruz presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, Oaxaca, y miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina, fue asesinado este sábado 23 de enero a la entrada de la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca.

Como en muchos pueblos de Oaxaca, la extracción de material pétreo de los ríos por parte de autoridades y caciques les significa a éstos un gran negocio a costa de los bienes comunales de los pueblos circunvecinos. En Paso de la Reyna, la concesión para la extracción de este recurso la ostenta la familia Iglesias, caciques de larga data que, junto con la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec: Celia Rivas Márquez, presionaron a las autoridades ejidales para aumentar la extracción, no obstante, ante el incumplimiento del convenio suscrito previamente y los adeudos en el
pago, el ejido solicitó a su presidente que exigiera el pago del adeudo. Las amenazas previas que recibió Fidel Heras Cruz por parte de la familia Iglesias bien puede ser la hoja de ruta para esclarecer este artero crimen, sin descartar su papel como activista contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde y del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina.

Exigimos se atienda con la debida diligencia la solicitud de las Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna y del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) para que el Gobierno Estatal y a la Fiscalía del Estado de Oaxaca esclarezcan el móvil del asesinato y se tomen las medidas cautelares de protección tanto de las autoridades municipales como de las autoridades agrarias.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Oaxaca: Asesinan a Fidel Heras Cruz defensor comunitario de Paso de la Reina

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Compartimos este comunicado de Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER. y Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA Oaxaca – A 24 de enero de 2021

Este sábado 23 de enero de 2021, fue asesinado el defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna, de donde era originario, además de ser miembro activo del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER).

El crimen ocurrió alrededor de las seis de la tarde, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. El cuerpo fue encontrado al interior de su camioneta con impactos de arma de fuego.

Las autoridades de la agencia de Paso de la Reyna, mencionaron que el pasado 21 de enero, Fidel Heras recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, el cual se encontraba al interior de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado. En esos mismos días el propio agente, Filogonio Martínez Merino, fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, el agente dio parte a la policía municipal y pidió le acompañaran y escoltaran hasta llegar a la comunidad.

En este contexto, desde el año 2019 la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez, insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso y ante esto se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.

La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes, ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río.

En diciembre de 2020 dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras.

El domingo 17 de enero de 2021 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y del avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado y que fue donde se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalan que se mencionó un adeudo de más de 500,000 pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad y que también se mencionó que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.

Debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde. Además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.

Por lo anteriormente expuesto, exigimos al Gobierno del Estado de Oaxaca su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta el esclarecimiento de los hechos y brindar atención a quienes hacemos esta denuncia. A la Fiscalía General del Estado, pedimos que abra la carpeta de investigación correspondiente, sin descartar ninguna de las causas mencionadas en el presente escrito. A la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca le solicitamos otorgar medidas cautelares a las autoridades ejidales, municipales y a las y los defensores de Paso de la Reina.

“Ríos para la vida, No para la muerte”

Atentamente

Ejido Paso de la Reyna, Jamiltepec, Oaxaca, 24 de enero de 2021.

Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde- COPUDEVER.
Autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna; Santiago Jamiltepec.
Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca –REDECOM
Servicios para una Educación Alternativa A.C-EDUCA
Ecosta Yutu Cuii

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Comité Cerezo: 14 defensores fueron ejecutados de manera extrajudicial en 2020

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Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre la situación de defensoras y defensores – A 12 de enero de 2021

El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales.

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (apro).- Por motivos políticos, 14 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas de manera extrajudicial en 2020, segundo año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior se desprende de un informe del Comité Cerezo México, donde resalta que Oaxaca encabeza la lista de defensores ejecutados de manera extrajudicial, con seis casos, seguido de Guerrero y Baja California, con dos cada uno, y Chiapas, Chihuahua, Morelos y Veracruz, con un caso en cada entidad.

Según el informe, de las 14 ejecuciones extrajudiciales, cuatro activistas defendían el derecho a un medio ambiente sano; dos, respectivamente, el derecho al territorio, a la vida digna y a los derechos humanos, y con un caso están los defensores del derecho a la protesta, derechos laborales, a la libertad de expresión y a la justicia.

Las cifras expuestas son sólo de ejecuciones extrajudiciales, es decir, de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la modalidad de comisión o aquiescencia.

El Comité Cerezo aclaró que como organización de derechos humanos no documentó los homicidios cometidos por particulares, sólo incluyó las ejecuciones extrajudiciales perpetradas contra personas defensoras de derechos humanos.

De acuerdo con el listado de personas defensoras ejecutadas extrajudicialmente en 2020, en Oaxaca se encuentran los casos de Esteban Martínez Pérez (9 de abril), Pablo Guzmán Solano (9 de abril), Tomás José Martínez Pinacho (24 de agosto), Rodolfo Díaz Jiménez (2 de noviembre), Gabino Ávila Martínez (20 de noviembre) y Maurilio Hernández Martínez (25 de noviembre).

En el caso de Guerrero se encuentran el menor de edad R. R. J. (18 de febrero) y Óscar Ontiveros Martínez (12 de mayo), mientras que de Baja California destacan Óscar Eyraud Adams (24 de septiembre) y Daniel Sotelo, un día después.

A ellos se suman los casos de Issac Medardo Herrera Avilés (23 de marzo), en Morelos; María Elena Ferral Hernández (30 de marzo), Veracruz; Umber Gómez González (1 de junio), Chiapas, y Antonio Montes Enríquez (16 de junio), de Chihuahua.

Estas ejecuciones fueron realizadas por motivos políticos, es decir, como una forma de castigo por la actividad de defensa o ejercicio de algún derecho humano que las personas defensoras realizaban, y los perpetradores fueron agentes de Estado bajo la modalidad de comisión o aquiescencia.

El informe subraya que los estados de Chiapas, Baja California y Veracruz tienen gobiernos encabezados por Morena, mientras que en Oaxaca y Guerrero gobierna el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en Chihuahua Acción Nacional (PAN) y en Morelos el Partido Encuentro Social (PES).

De los casos, 65% de las víctimas (ocho) de ejecución extrajudicial eran personas defensoras de derechos humanos que pertenecían a un pueblo indígena, 36% mestizas (cinco casos) y en un caso no lograron determinar su pertenencia o no a un pueblo indígena.

En conclusión, el Comité Cerezo resaltó: “la práctica de la ejecución extrajudicial muestra una disminución significativa con respecto a la cifra de 41 casos del último año de Enrique Peña Nieto, y presenta una leve baja de dos casos respecto al primer año de gobierno de AMLO”.

Añadió: “Es mucho más claro que los beneficiarios son tanto gobiernos priistas como grandes empresas privadas. En los territorios donde gobierna Morena también se sigue la misma lógica que en estados priistas, es decir, la lógica de la ejecución extrajudicial sigue los mismos patrones: los defensores son ejecutados por grupos paramilitares (cinco casos), y aunque no se pudo identificar al resto de autores materiales, es claro que los beneficiarios son gobiernos y grandes empresas privadas, sin que esto último quiera decir que es un caso  entre particulares, ya que por contexto se estableció que los perpetradores fueron agentes de Estado”.