Las Abejas de Acteal rumbo a los 30 años de caminar como organización

Compartimos comunicado de nuestras hermanos y hermanos de Las Abejas de Acteal – A 22 de junio del 2022

Hermanas y hermanos:

Seguimos luchando en este mes de junio, que marca la mitad del año en que cumpliremos 30 años de caminar como organización independiente y 25 de exigir justicia para la terrible Masacre que se cometió aquí. Estamos reunidos a unos cuantos días de honrar como cada año a nuestro Padre San Pedro, que vio con dolor cómo los tres niveles de gobierno se coordinaron en 1997 para crear, entrenar y dirigir en su pueblo de Chenalhó a los grupos paramilitares que luego llegaron a matar a nuestros 45 hermanos y hermanas inocentes y pacifistas, más nuestros 4 hermanitos bebés que aún no habían nacido, un día 22 como hoy, con el fin de crear terror entre los hermanos zapatistas que se habían alzado en armas contra el gobierno tres años antes.

Hoy le decimos al mismo mal gobierno que planeó, financió, coordinó, felicitó, defendió, protegió, y sigue encubriendo y premiando a los autores materiales de la Masacre, que no vamos a parar hasta que se reconozca la verdad y sean castigados todos los responsables, todos los que tuvieron la posibilidad de parar este crimen de lesa humanidad y no lo hicieron, todos los que pudieron haber ayudado a hacer verdadera justicia para los mártires y sobrevivientes de esta Masacre y no lo hicieron, pues han preferido seguir con la política de división y debilitamiento de nuestra organización y de las comunidades que fueron violentadas por este crimen de estado. Por eso, todos los miembros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal seguimos esperando el Informe de Fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sabemos que es la única manera de que la impunidad no triunfe en Chenalhó y que se reduzca la probabilidad de que los grupos de corte paramilitar sigan actuando con la complicidad de las autoridades, para que no se vuelva a repetir una masacre parecida en Chiapas.

Nos anima saber que existen muchos hermanos que están dispuestos a luchar por esta justicia, aunque tarde mucho en llegar. Tal como lo dijo el papá de uno de los 8 hermanos masacrados en Nochixtlán, Oaxaca, hace 6 años por la Policía Federal en el desalojo forzado que había solicitado el entonces gobernador Gabino Cué, que dispararon contra maestros y padres de familia que protestaban sin armas contra la reforma educativa de Peña Nieto: familiares y víctimas no buscan dinero, sino la verdad y justicia, saber quiénes dieron las órdenes que terminaron con las ocho muertes, incluida la de su hijo, y que se les castigue con todo el peso de la ley, pues hasta ahora solamente han sido aprehendidos tres mandos policiacos.

De la misma forma, seguiremos presionando, junto con todas las mujeres y hombres de buena voluntad que tienen corazón de apoyarnos, para exigir que se haga verdadera justicia por el asesinato de nuestro hermano y compañero Simón Pedro Pérez López. Este 30 de junio se reanudará en Cintalapa la Segunda Audiencia para la presentación de pruebas que demuestran la culpabilidad de su asesino material, que ya está detenido, y seguiremos pidiendo que se juzgue y castigue también a los que le dieron la orden de asesinarlo. Algunos días después, acompañaremos a su familia y a su comunidad en Ejido Israelita del municipio de Simojovel, para conmemorar el Primer Aniversario de la entrega de su vida, que le fue arrebatada un 5 de julio por buscar caminos de paz en la realidad de violencia generalizada que vivimos en nuestro país; situación que viene haciéndose cada vez más grave en Chiapas por la actuación impune de grupos armados vinculados al crimen organizado y a las mafias en el gobierno que los protegen y utilizan.

Ante esto, es por la misma responsabilidad que aprendemos en la Palabra de Dios y con el ejemplo de nuestros mártires, que no podemos callar ni ser indiferentes al sufrimiento, y tal como lo hizo nuestro hermano Simón Pedro, necesitamos solidarizarnos con las víctimas y luchar activamente para construir la paz. Es el mismo espíritu que movió al Padre Marcelo a convocar la Marcha-Peregrinación por la Paz el pasado jueves de Copus Cristi, donde muchos creyentes en San Cristóbal de las Casas pidieron por las víctimas de la violencia de los graves hechos ocurridos en el Mercado de la Zona Norte el pasado 14 de junio, en un enfrentamiento donde a plena luz del día se dispararon armas de alto poder. La peregrinación se organizó también para orar por los perpetradores de la violencia y quienes han fomentado la formación de grupos armados vinculados al crimen organizado en San Cristóbal, es decir para “pedir que acabe la violencia estructural, recuperar la conciencia de que todos somos seres humanos. Todos pedimos por la paz, todos somos humanos y si no hay paz, los que toman las armas tampoco van a estar en paz”.

Y es el mismo espíritu que movió a nuestros hermanos Jesuitas Javier Campo Morales y Joaquín César Mora Salazar, a defender a un hermano que se refugió antier en su parroquia de San Francisco Javier de Cerocahui en la Sierra Taraumara, cuando era perseguido por sicarios que terminaron asesinándolo a él y a los dos padres, robando además sus cuerpos. Nos llena de dolor e indignación esta situación de agravamiento de la violencia en nuestro país, que está cobrando cada vez más vidas inocentes. Nuestro corazón se entristece pero también se contagia con el ejemplo de estos padres que dieron toda una vida de servicio a los hermanos rarámuri, luchando por construir espacios organizados de lucha por la vida y la justicia, denunciando valientemente la terrible violencia que tienen décadas sufriendo nuestros hermanos en Chihuahua. Le pedimos a nuestro Dios Padre-Madre que los reciba y que su sacrificio sea ofrenda que ayude a traer paz, fortaleciéndonos para seguir luchando por ella, iluminando nuestro camino que parece a veces tan oscuro por el dolor y la impunidad.Asimismo, pedimos por nuestros pastores y servidores de la Diócesis de San Cristóbal que han sido amenazados por el crimen organizado, para que sean librados de todo mal y sigan luchando con valentía del lado de los oprimidos para transformar todo lo que trae muerte y destrucción al pueblo.

Así también le pedimos a Dios que siga fortaleciendo a los hermanos del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, que enfrentan ataques permanentes del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” con la protección de los tres niveles de gobierno.

Por último, queremos decirles a nuestros hermanos de Pueblo Creyente en San Juan Cancuc que los que conformamos la Organización Sociedad Civil Las Abejas Acteal entendemos bien la terrible injusticia que están enfrentando desde el pasado 6 de junio que les encarcelaron injustamente a los 5 compañeros: Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez, cuyo único pecado ha sido defender la vida y el territorio de 45 comunidades indígenas tseltales que se han declarado en contra de la autopista que han querido construir de San Cristóbal a Palenque. También fueron 5 nuestros compañeros que en 1992 habían sido inculpados con puras mentiras en un asesinato donde habían acudido a socorrer a la víctima, todo por ser molestos para el gobierno que los quería presos para que dejaran de hablar claro sobre las injusticias que se cometían en nuestras comunidades y les tenían mucho coraje por no venderse con los partidos políticos. La movilización de los servidores y creyentes de las Parroquias de Chenalhó y pueblos vecinos, junto con el apoyo de la Diócesis de San Cristóbal con plantones, peregrinaciones, oraciones y ayunos, logró sacar a los inocentes de la cárcel y dio como resultado la fundación de nuestra organización. Cuenten con nosotros para seguir el mismo camino para combatir la vergonzosa maquinaria de injusticia que sigue siendo el poder judicial en Chiapas, fabricando delitos y comprando jueces para paralizar a los defensores de los pueblos que resultan incómodos para los poderosos.

Hermanas y hermanos, les pedimos que sigan caminando con nosotros estos caminos de denuncia y anuncio, de dignidad y esperanza en la necia lucha por la justicia en la verdad.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.   

Imagen: Las Abeja de Acteal

Más información:

COPINH: La sentencia a David Castillo no satisface la exigencia de Justicia del Pueblo Lenca. El Estado de Honduras se mantiene en deuda

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH tras la lectura de la sentencia a David Castillo – A 20 de junio del 2021

La Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa ha emitido la sentencia a David Castillo por su responsabilidad en el asesinato en calidad de coautor de nuestra compañera Berta Cáceres Flores. Esto después de cerca de un año de espera y 4 postergaciones injustificadas.

  1. Habrá justicia completa cuando se haya capturado, enjuiciado y condenado a los autores intelectuales del crimen. Las investigaciones de expertos internacionales han evidenciado que existe una autoría intelectual en el asesinato de Berta Cáceres. Está autoría intelectual está compuesta por los hermanos Jacobo, José Eduardo, Pedro Atala Zablah y por Daniel Atala Midence.
  2. Hasta el momento el Ministerio Público dirigido por Óscar Chinchilla y en específico de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida no han realizado ni un solo avance real en esclarecer la autoría intelectual en este caso. Exigimos que se cumpla con el deber del Ministerio Público de enjuiciar a los autores intelectuales.
  3. La justicia hondureña falla, una vez más, en dar justicia a las víctimas. Ni siquiera fue capaz de emitir la condena máxima en contra de uno de sus asesinos.
  4. A pesar de acciones simbólicas como la declaración de Heroína Nacional a la compañera Berta Cáceres o del uso de su imagen en eventos oficiales, no hay ningún avance concreto en la obtención de justicia por parte del Estado de Honduras.
  5. El COPINH junto a hijas e hijo de Berta Cáceres hemos realizado propuestas concretas para el avance en la justicia integral para Berta Cáceres, las cuáles serán entregadas a las autoridades competentes, incluyendo la presidencia de la República de Honduras, con el objetivo de garantizar los derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, la organización fundada y dirigida por Berta Cáceres hace del conocimiento público lo siguiente:

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, a los 20 días del mes de junio de 2022.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”


vea la Conferencia de prensa, reacción a Lectura de Sentencia de David Castillo

FPDS: ¡7 años de lucha defendiendo nuestra tierra, el agua y los ríos!

Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de Junio FPDS – A 20 de junio del 2022 >>Descargar comunicado en pdf<<

¡7 años de lucha defendiendo nuestra tierra, el agua y los ríos!
¡Exigimos se respete nuestro territorio!

A 7 años de conformar nuestra organización “Frente Popular en Defensa del Soconusco” seguimos fuertes en nuestra posición de no permitir ninguna actividad minera y extractiva en nuestro municipio, porque nuestros ríos y territorio siguen amenazados por la minería, hidroeléctricas y el gasoducto Istmo-Escuintla, Guatemala. Todos proyectos asociados a la extracción en la región costa de Chiapas, lugar explotado y contaminado durante muchos años también por la palma aceitera.

A pesar de que los proyectos “Casas Viejas” y “El Bambú” han sido suspendidos por la PROFEPA, los empresarios de Obras y Proyectos Mazapa S.A. de C.V. y Grupo Male S.A. de C.V. han conformado el “Comité Regional de Minería”, con el objetivo de seguir mal informando a las personas sobre los supuesto beneficios de la minería y para mantener negociaciones con los ejidatarios para reaperturar las obras en la Mina Cristina, ubicada en el Ejido Libertad. Visitan, mantienen reuniones y ofrecen dinero.

La mina Cristina cuenta con una autorización para las actividades de explotación y exploración emitida en un resolutivo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hace 18 años. Después de casi 20 años le decimos a las instituciones responsables de proteger nuestro derecho al medio ambiente sano, que las y los pobladores de Acacoyagua podemos asegurar que de ninguna manera autorizaron una obra inocente de “solo trituración de piedra” y aunque aseguraron que los “jales no contienen soluciones, ni solidos tóxicos”, la mina es aún es un boquete que alberga agua turbia, filtrándose en los cuerpos de agua con las que nos alimentamos y realizamos nuestras actividades diarias. Las leyes ambientales en México nos demuestran que definitivamente la minería en México debe ser prohibida, no queremos más mentiras sobre su regulación o si es sustentable o no. ¡Queremos vida, no muerte!

  • A la PROFEPA le exigimos nos demuestre información del programa de monitoreo ambiental que realiza en esta zona, especialmente sobre los jales albergados en la mina Cristina. Entendiendo que, si la ley ambiental protege durante tantos años a los empresarios, entonces también debería estar vigilante del territorio antes, durante y después de haber sido explotado.
  • Al H. Ayuntamiento de Acacoyagua solicitamos que declare el territorio libre de minería, así como anteriormente otros cabildos lo han hecho, de esa manera colaborando por la salud, alimentación y medio ambiente sano en nuestro territorio.

Atentamente

FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO (FPDS)
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA-CHIAPAS

>>Descargar comunicado en pdf<<

Imágenes: Frente Popular en Defensa del Soconusco

Más información:


Solidaridad Internacionalista y apoyo a los defensores desaparecidos en Vale do Javari, Brasil

Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 10 de junio del 2021

Amigos de la Tierra Internacional expresa su preocupación, indignación y repudio ante la desaparición del activista indigenista brasileño Bruno Araújo Pereira y el periodista británico Dom Phillips, colaborador del periódico The Guardian.

El 5 de junio en la mañana ambas personas desaparecieron en el territorio indígena de Vale do Javari, en el estado de Amazonas, Brasil. El rastro de los defensores se perdió mientras se dirigían desde la comunidad de Ribeirinha São Rafael a la ciudad de Atalaia do Norte (donde se les esperaba). Ambos trabajaban en un proyecto de la Unión de Organizaciones Indígenas de Vale do Javari (UNIVAJA).

La Reserva Indígena de Vale do Javari fue demarcada en 2001 y está habitada por 26 pueblos indígenas, entre ellos pueblos en aislamiento voluntario y otros de contacto reciente. Se encuentra en una tensa zona fronteriza entre Brasil, Perú y Colombia, debido a la presencia del narcotráfico. El territorio ha sido objeto de constantes invasiones por parte de madereros y mineros (“garimpeiros”), lo que ha creado un escenario hostil en la zona, con denuncias de abusos sexuales a niñas/os y amenazas a los pueblos indígenas y a las/os defensoras/es locales de los derechos humanos, entre ellos Bruno Araújo. Estas invasiones han asfixiado los modos de vida tradicionales.

Otro problema es la gestión de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). Desde julio de 2019 la presidencia está en manos del delegado de la Policía Federal Marcelo Augusto Xavier, ante la renuncia del anterior militar de carrera. El 6 de septiembre de ese año, el indigenista Maxciel Pereira dos Santos fue asesinado en la región. A fines de 2019, Bruno Araújo, que ocupaba un cargo como servidor público en la FUNAI, pidió que se le exonerara del mismo, preocupado por el perfilamiento de la Fundación. En 2021, organizaciones indígenas e indigenistas denunciaron a la presidencia de Xavier por declaraciones que alentaban la violencia y el genocidio indígena.

Cabe destacar que la promoción de la violencia contra los pueblos indígenas y sus territorios en Brasil se ha agravado como consecuencia de las acciones del gobierno autoritario del ultraderechista Jair Bolsonaro. La UNIVAJA informó que en sus acciones de campo viene recibiendo amenazas y que realizó las denuncias correspondientes a la Policía Federal, al Ministerio Público Federal y a entidades de derechos humanos.

Es por todo ello que convocamos a la comunidad internacional, a las organizaciones, movimientos y procesos sociales de todo el mundo, a sumar sus voces de denuncia y a mantener un seguimiento estricto del desarrollo de estos acontecimientos.

Llamamos a la solidaridad internacionalista a presionar al gobierno brasileño a través de las siguientes exigencias:

1. Que realice investigaciones a través de las instituciones competentes y de manera transparente y con monitoreo de autoridades internacionales de derechos humanos, con punición de los responsables del asesinato de Bruno Araújo Pereira y Dom Philipis, y invasión del territorio indígena de Vale do Javari.

3. Que garantice los derechos territoriales y la autodeterminación de los pueblos indígenas en Brasil.

Asimismo, solidaricémonos con el pueblo brasileño y con las organizaciones, movimientos y familiares de los compañeros desaparecidos.

Cómo pueden actuar

  • Organizando actos públicos frente a las embajadas brasileñas en cada uno de sus países.
  • Enviando cartas a las embajadas brasileñas en sus países denunciando  el asesinato de los defensores y las constantes y brutales violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en ese país sudamericano. Pueden usar este Modelo de carta.
  • Difundiendo en las redes sociales y produciendo materiales para denunciar el asesinato de los compañeros y llamar a la acción. #OndeEstaoDomEBruno
  • Denunciando a través de las redes sociales de sus organizaciones y movimientos las invasiones del territorio indígena de Vale do Javari. 

Imagen: Imagen principal: Tierra Indígena de Vale do Javari Ⓒ Bruno Kelly/Amazônia Real

MODEVITE se moviliza en Chicomuselo para exigir respecto a sus procesos y a su lucha por la vida digna de los pueblos

Comunicado del Pueblo Creyente de la Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Diócesis de San Cristóbal de las casas y Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) – A 12 de junio del 2022

En el marco de la celebracion de la Santísima Trinidad, el Dios humano y sencillo que camina con su pueblo en la construcción de la comunión fraterna; hombres, mujeres, niños, niñas, las y los jóvenes del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (MODEVITE) nos reunimos como caminantes, peregrinos y peregrinas, buscadores y buscadoras de la paz y la unidad para nuestras comunidades.

Nuestro compromiso social en este momento histórico nos lleva a contemplar la realidades concretas de nuestro pueblo, escuchar el clamor de las mujeres, hombres, jóvenes, niñas y niños ante la constante descomposición social marcada por la violencia estructural e institucionalizada, narcotráfico, asesinatos, la falta de acceso a la justicia, la delincuencia organizada, aumento de bares y cantinas, prostitución y trata de personas, desintegración familiar, pobreza, violación a los derechos humanos y colectivos, extorciones a todos los niveles, intimidación y persecución a las mujeres y hombres que buscan la paz con justicia y dignidad. Nos encontramos como pueblos en estado de sitio y despojo forzado de muchas familias e incluso comunidades.

El Papa Francisco señala que estamos en una época en la que está naciendo un nuevo humanismo, en el que el ser humano queda definido como el responsable hacia sus hermanas y hermanos en la historia concreta de los pueblos. Esta nueva conciencia entendida como tarea propia del cristiano asumiendo la misión de trabajar con todos los hombres y mujeres en la edificación de un mundo más humano ante la realidad, pues la religión no puede comprenderse sin el compromiso social, donde la

salvación y el esfuerzo por la transformación histórica se implican mutuamente.

Escuchamos el clamor de la Madre Tierra y a los hijos de la tierra, cada día se vislumbra la creciente migración forzada por el control de la tierra y el territorio por un sistema donde prevalece los intereses de unos cuantos sobre la vida y la dignidad de las personas.

La tierra, nuestra hermana Madre Tierra como le llama San Francisco de Asís es amenazada por la explotación de nuestros recursos naturales a través de los proyectos mineros, programas de gobierno que muchas veces se presentan como mandatos de ley en las comunidades tales como la moscamed, la remunicipalización, entre otros, dichos programas y proyectos manipulan a las personas, abusando de las necesidades económicas a la que la misma realidad nos va atrincherando para dejarnos al margen de la historia que nos interpela a mantenernos firmes en el cuidado y defensa de la vida.

Esta realidad amenaza la vida y la integridad de las personas y de nuestras comunidades por la falta de voluntad y capacidad de las autoridades en los tres órdenes de gobierno para atender estos problemas sociales, inducido por las estructuras de poder que controlan al gobierno de acuerdo a sus intereses.

Como iglesia peregrina en esta sagrada tierra hacemos eco de las palabras de San Romero de América ‘Toda persona que lucha por la justicia, que busca reivindicaciones justas en un ambiente injusto, está trabajando por el Reino de Dios que es paz, amor, justicia y verdad; por ello denunciamos

todo lo que se opone al Reino de Dios: la violación a los derechos humanos y derechos colectivos de nuestras comunidades.

Exigimos a los tres niveles de gobierno:

– Que se haga valer el estado de derecho para la sociedad en general.

– Cancelación definitiva de los proyectos mineros

– Anulación del proyecto de remunicipalización en los ejidos de Pablo L. Sidar y Unión Buena Vista.

– No a los programas y proyectos de Moscamed y ecoturismo en nuestras regiones.

– Cancelación de permisos a bares y cantinas que van en aumento

– No más feminicidios: Justicia para la hermana Virgilia Villatoro

– Respeto al proceso del trabajo pastoral de la Parroquia San Pedro y San Pablo y MODEVITE

– No a los grupos de choque y la paramilitarización

– No a la militarización porque provoca intimidación a nuestras comunidades

– Alto a la intimidación, persecución y amenazas a los defensores de derechos humanos

Anunciamos que es posible instaurar el Reino de paz, amor, justicia y verdad si ponemos en la mesa común nuestra disposición a construir alternativas de vida para todas y todos dejando a un lado nuestros intereses personales y atendiendo las necesidades comunitarias.

Exhortamos a la sociedad civil, a fortalecer nuestros procesos de unidad sin distinción de credos religiosos, para cuidar y defender la vida de nuestras comunidades, solo a través de la unidad y nuestra capacidad organizativa para el bien común podremos enfrentar los nuevos desafíos que se nos presentan como sociedad.

Nuestra lucha a favor de la vida, la paz y la justicia siempre será por medios pacíficos y desde la dignidad de hijas e hijos del Dios cercano que se hace caminante y compañero de camino con su pueblo, siendo una iglesia profética que denuncia el pecado estructural y sus raíces históricas, proclamando el Evangelio que reclama al cristiano de hoy más compromiso con la historia, como la señalado San Romero, Pastor y Mártir de América.

¡Alto a la persecución y amenaza de los defensores de derechos humanos!

¡No a la remunicipalización!

¡No a la explotación minera!

¡No a la militarización!

¡No al alcoholismo!

¡No a la moscamed!

Pueblo Creyente de la Parroquia San Pedro y San Pablo, Chicomuselo, Chiapas.

Diócesis de San Cristóbal de las casas, Chiapas.

Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio

(MODEVITE)

Imagen: MODEVITE

Nota: Los ‘siete magníficos’ del medio ambiente mundial: estos son los Premios Goldman 2022

Compartimos esta nota de La Vanguadia sobre las ganadoras y ganadores del Premio Goldman de este año – A 26 de mayo del 2022

Defensores del clima, las especies en extinción, los espacios naturales más amenazados y los pobladores humanos nativos y conservadores de diversidad biológica. Representantes del activismo ecologista en todos los rincones del planeta… Son las siete personas merecedoras este año de los premios de la Fundación Medioambiental Goldman, unos de galardones de mayor prestigio en el reconocimiento de los héroes de la lucha por la vida natural.

«El Premio Medioambiental Goldman honra los logros y el liderazgo de activistas comunitarios ambientales de todo el mundo, inspirándonos a todos a tomar medidas para proteger nuestro planeta», destacan los organizadores en la presentación de los premios, otorgados el 25 de mayo.

El Premio Goldman fue fundado en 1989 en San Francisco (Estados Unidos) por los filántropos y líderes cívicos Rhoda y Richard Goldman. En 33 años, este premio ha tenido un impacto considerable en el fomento de la protección ambiental y sus protagonistas. 

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“Si bien los muchos desafíos que enfrentamos pueden parecer abrumadores y, en ocasiones, hacernos perder la fe, los siete líderes premiados este año nos dan una razón para la esperanza y nos recuerdan lo que se puede lograr frente a la adversidad”, dijo Jennifer Goldman Wallis, vicepresidenta de la Fundación Medioambiental Goldman. 

“Los ganadores del Premio nos muestran que la naturaleza tiene la increíble capacidad de regenerarse si se le da la oportunidad. Sintámonos todos inspirados para canalizar sus victorias en la regeneración de nuestro propio espíritu y actuar para proteger nuestro planeta para las generaciones futuras”.

Normalmente, los ganadores reciben el Premio en persona en una ceremonia en la Ópera de San Francisco en abril, pero este año, debido a la pandemia, el Premio se otorgará virtualmente y se transmitirá en línea el 25 de mayo de 2022. El evento será transmitido en YouTube, Facebook, y Twitter. Los invitados pueden registrarse para el evento aquí: rsvp.goldmanprize.org/2022.

Los ganadores de este año son:

Chima Williams  .
Chima Williams . GF

Chima Williams, Nigeria: Después de los desastrosos derrames de petróleo en Nigeria, el abogado ambientalista Chima Williams trabajó con dos comunidades para responsabilizar a Royal Dutch Shell por el daño ambiental generalizado resultante. El 29 de enero de 2021, el Tribunal de Apelación de La Haya dictaminó que no solo la subsidiaria nigeriana de Royal Dutch Shell era responsable de los derrames de petróleo, sino que, como empresa matriz, Royal Dutch Shell también tenía la obligación de prevenir los derrames. Esta es la primera vez que se responsabiliza a una compañía transnacional holandesa por las violaciones cometidas por su subsidiaria en otro país, lo que expone a Shell a acciones legales de comunidades de toda Nigeria devastadas por la negligencia de la empresa en cuanto a la seguridad ambiental.

Niwat Roykaew   .
Niwat Roykaew . GF

Niwat Roykaew, Tailandia: En febrero de 2020, Roykaew y el grupo de activistas que encabeza en la comunidad del Mekong dieron como resultado la finalización del proyecto de voladura de rápidos del río Mekong superior liderado por China, que habría destruido 248 millas del Mekong para profundizar los canales de navegación para los buques de carga chinos que viajan río abajo. Fluyendo 3,000 millas desde las montañas del Tíbet antes de desembocar en el Mar de China Meridional, las pesquerías, los afluentes, los humedales y las llanuras aluviales del río Mekong, rico en biodiversidad, son un sustento vital para más de 65 millones de personas. Esta es la primera vez que el gobierno tailandés cancela un proyecto transfronterizo debido a la destrucción ambiental que causaría.

Marjan Minnesma   .
Marjan Minnesma . GF

Marjan Minnesma, Países Bajos: En una victoria revolucionaria, la ahora premiada aprovechó la opinión pública y una estrategia legal única para asegurar un fallo exitoso contra el gobierno holandés, exigiéndole que promulgue medidas preventivas específicas contra el cambio climático. En diciembre de 2019, la Corte Suprema holandesa dictaminó que el gobierno tenía la obligación legal de proteger a sus ciudadanos del cambio climático y le ordenó, para fines de 2020, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25 % por debajo de los niveles de 1990. La decisión de la Corte Suprema de los Países Bajos marca la primera vez que los ciudadanos lograron que su gobierno rindiera cuentas por no protegerlos del cambio climático.

Julien Vincent  .
Julien Vincent . GF

Julien Vincent, Australia: Lideró una exitosa campaña de base para desfinanciar el carbón en Australia, un importante exportador de carbón, que culminó con los compromisos de los cuatro bancos más grandes del país para terminar con la financiación de proyectos de carbón para 2030. Debido al activismo de Julien, las principales compañías de seguros de Australia también acordaron dejar de suscribir nuevos proyectos de carbón. Su organización ha producido un panorama financiero desafiante para la industria del carbón australiana, un paso significativo hacia la reducción de los combustibles fósiles que aceleran el cambio climático.

Nalleli Cobo
Nalleli Cobo GF

Nalleli Cobo, Estados Unidos. Lidera desde 2020 (cuando solo tenía 19 años) una coalición comunitaria para cerrar permanentemente una polémica extracción de petróleo en el sur de California, un proyecto que le causó graves problemas de salud a ella y a otros conciudadanos. La organización continua de su comunidad en contra de la extracción de petróleo en las zonas urbanas ahora ha generado un importante movimiento político tanto en el Concejo Municipal de Los Ángeles como en la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, que votaron unánimemente para prohibir nuevas exploraciones de petróleo y eliminar gradualmente los sitios existentes. https://www.youtube.com/embed/poKAYPHqmpY?enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fwww.lavanguardia.com&widgetid=2

Alexandra Narvaez y Alex Lucitante  .
Alexandra Narvaez y Alex Lucitante . GF

Alex Lucitante y Alexandra Narvaez (Ecuador) encabezaron un movimiento indígena para proteger el territorio ancestral de su pueblo de la minería de oro. Su liderazgo dio como resultado una histórica victoria legal en octubre de 2018, cuando los tribunales de Ecuador cancelaron 52 concesiones ilegales de extracción de oro, que fueron otorgadas ilegalmente sin el consentimiento de su comunidad Cofán. El éxito legal de la comunidad protege 79,000 acres de selva tropical prístina y biodiversa en las cabeceras del río Aguarico de Ecuador, que es sagrado para los Cofán.

https://youtube.com/watch?v=MEfzSpHTkLg%3Fenablejsapi%3D1%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lavanguardia.com%26widgetid%3D3

Entrevista: ¿Por qué aumentan las decenas de asesinatos de periodistas y líderes ambientales en México?

Compartimos esta entrevista realizada por Julio Martínez de El Asombrario sobre las y los defensores de la vida asesinados en México – A 16 de mayo del 2022

Según Reporteros Sin Fronteras, en lo que llevamos de 2022 once periodistas han sido asesinados en México. Unas cifras que se unen a los ataques sufridos por los activistas ambientales durante 2021, que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) ha datado en 25 homicidios, siete más que en 2020. Ante unas informaciones tan alarmantes, desde ‘El Asombrario’ hemos querido entrevistar a Gustavo Castro, un ambientalista con décadas de lucha ecologista a sus espaldas. De hecho, fue el único testigo de la muerte en 2016 de la activista hondureña Berta Cáceres. Durante la conversación, Castro ha analizado las causas de estas agresiones en América Latina, al mismo tiempo que ha recordado la figura de su compañera Bertita, como así la conocía.

¿Cómo calificaría la situación de los defensores ambientales en México y en Centroamérica?

Estamos en un punto muy complicado. Desde 2021 se vienen registrando los mayores índices de asesinatos a activistas y a periodistas. Una situación que no sólo se está produciendo en México, sino en toda América Latina. Entre las causas se encuentra la aceleración del extractivismo [de materias primas] en la región. Una circunstancia que ha generado la resistencia de los movimientos ecologistas y la consiguiente persecución de sus integrantes. En el caso mexicano, el actual presidente –Andrés Manuel López Obrador– ha impulsado grandes megaproyectos que están conllevando unos impactos ambientales y sociales descomunales. Por tanto, la reacción de las organizaciones ambientales no se ha hecho esperar. Y no únicamente con protestas. También con acciones jurídicas en contra de dichas decisiones. Un descontento que la administración actual [la de López Obrador] ha criminalizado, con el fin de evitar que sus megaproyectos se detengan…

Entre las mencionadas obras públicas, ¿se encontraría el ‘Tren Maya’ que se está construyendo en la Península de Yucatán?

Así es. Se trata de una de las propuestas de mayor dimensión. El gobierno se encuentra promoviendo más de 1.500 kilómetros de tren, que van a afectar a gran parte de la selva maya. De hecho, el proyecto ya estaría impactando sobre la deforestación, el uso del agua o la extracción de la energía. Incluso se estaría aprovechando este plan para estimular otras iniciativas poco sostenibles, como pistas de fórmula 1 o complejos hoteleros. Todo ello, además, en una zona muy rica en lo arqueológico, en lo ambiental y en lo cultural.

Por otro lado, la presencia de compañías mineras canadienses en México, ¿cómo estaría afectando a esta situación?

Estas sociedades son las principales inversoras del sector extractivo mexicano. Unas actividades mineras que han generado mucha criminalización y persecución. Precisamente, ahora estamos demandando explicaciones al gobierno de Canadá por el asesinato de Mariano Abarca [el 27 de noviembre de 2009] a manos de una de estas compañías. Sin embargo, el ejecutivo canadiense no acepta que la empresa participase –aunque fuera por omisión– en el homicidio.

¿Qué medidas se podrían tomar para transitar de un modelo extractivo a otro con un mayor peso de las renovables?

El problema de fondo no es el bien natural. Es la forma de extraerlo. De hecho, existen dos alternativas. Por un lado, la descentralizada, donde las comunidades consiguen fuerza energética directamente del entorno, con un impacto ambiental casi nulo y donde tienen el control de la totalidad de la producción y distribución. Y por otro, está el modelo centralizado, en el que hay una sola empresa que emplea y controla una gran extensión de territorios para generar energía y distribuirla a una gran cantidad de clientes. En consecuencia, necesitamos una transición desde la fórmula centralizada a la descentralizada. Y, con este fin, hay que implementar mecanismos para que en los municipios se generen distintas opciones de obtención energética.

Regresando al problema de la persecución de los activistas ambientales en México, hemos hablado de las causas relacionadas con la política extractivita, de la responsabilidad de las compañías transnacionales o de los grandes megaproyectos. Pero ¿qué papel tiene la corrupción en estos ataques? ¿Y el crimen organizado?

Acaba de tocar dos puntos que son fundamentales. En primer lugar, la corrupción. La ciudadanía suele darse cuenta cuando los gobiernos no hacen las cosas bien, pero ¿quiénes son los que ofrecen el dinero para corromper a las instituciones públicas? Normalmente, las grandes empresas transnacionales, que impulsan el cabildeo entre los diputados para conseguir la aprobación de leyes que beneficien sus intereses, para obtener los mejores precios o para hacerse con las concesiones más rentables. Y luchar contra esto es una tarea titánica, sobre todo cuando las corporaciones han asaltado el Estado y han tomado el control del poder ejecutivo. Se acaba produciendo una fusión entre el dominio económico y el estatal…

En cuanto al crimen organizado, se ha desarrollado de forma tan acelerada que ya se vislumbra una fusión entre el narcotráfico y las autoridades políticas y empresariales. De esta forma, nos podemos encontrar con narcoestados. Una circunstancia terrible que estamos observando tanto en México como en toda América Latina. En este contexto, la violencia se agudiza muchísimo más, ya que los cárteles ostentan el poder de los territorios y de la policía. Entonces, la persecución a los defensores ambientales se multiplica.

¿Qué lugares de México se pueden considerar ‘narcoestados’?

La pregunta se ha de formular al revés. ¿Cuáles no lo son? Estamos en un país donde hay 100.000 desaparecidos; donde el narco está utilizando drones para lanzar bombas contra el Ejército; donde existe un crimen organizando que, en definitiva, trae de cabeza al gobierno federal. Una presencia de los cárteles que nunca pensábamos que fuera a llegar a Chiapas [Gustavo Castro vive en este Estado mexicano del sur, que nunca ha tenido una gran presencia del crimen organizado]. Por eso, estamos sorprendidos de cómo en los dos últimos años –desde el inicio de pandemia– los indicadores de violencia también se han incrementado en esta zona. Se ha observado un aumento de las fosas comunes, de los desaparecidos, de los enfrentamientos armados entre los narcos…

¿Por qué se está produciendo este avance en emplazamientos que, hasta no hace tanto, no sufrían este problema?

Hay que tener cuenta que México cuenta con una relevante frontera terrestre con Estados Unidos, el lugar del mundo con mayor consumo de droga. Por tanto, todos los estupefacientes han de pasar por nuestro país. Sin embargo, y por diferentes circunstancias –como el tratado de libre comercio o la edificación del muro que separa ambas naciones–, el narco decidió que también quería fomentar el consumo nacional mexicano. Y, para facilitar el acceso a las mercancías, decidió estimular la siembra de los estupefacientes aquí, en nuestro país. Tras ello, el siguiente paso que dio fue el de la ampliación de sus negocios, a través de extorsiones, secuestros, lavado de dinero, tráfico de migrantes, de órganos, de niños y de armas… Un fortalecimiento de su presencia que se ha visto ayudado por la pandemia, ya que durante la misma no hubo control del espacio –ni ciudadano ni gubernamental–. Con la llegada de la Covid19 nadie salió a la calle, por lo que el crimen organizado se movilizó más fácilmente.

¿Se está normalizando la violencia?

Yo creo que sí. Hay tanta información sobre asesinatos y desaparecidos que la ciudadanía ya no se escandaliza ante estos hechos. Desgraciadamente, nos estamos acostumbrando a que cada día se produzcan decenas de homicidios, feminicidios… En este contexto, la pregunta para los defensores ambientales o para los periodistas es: ¿cómo nos vamos a proteger? No vemos que las administraciones estén respondiendo ni que tengan la capacidad para ello. No pueden hacer nada en contra del narco. El crimen organizado se encuentra sumamente armado…

¿Qué tal funciona el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas? Se trata de una fórmula implementada por el gobierno mexicano para la salvaguarda de aquellos ciudadanos que, por su labor profesional o activista, han sufrido –o sufren– el hostigamiento de diferentes grupos.

Es un recurso muy criticado y muy débil. Asimismo, tampoco se constituye como un elemento disuasorio de los ataques. Los asesinatos y las amenazas continúan. No es capaz de evitar la violencia. De hecho, se encuentra rebasado, por lo que hay que plantearse otras fórmulas.

¿Qué medidas se tendrían que adoptar para proteger a defensores ambientales, a informadores y a otros sectores amenazados en México?

Se debe apostar, en primer lugar, por un incremento de la formación en protocolos de protección en las comunidades, en los colectivos y en los propios activistas. La gente debe abrazar mecanismos de seguridad y cuidado a nivel personal, familiar, colectivo y organizativo. Es algo indispensable que se está incentivando cada vez más.

Por otro lado, se encuentra la solidaridad internacional. Cuando alguna violencia se posiciona a nivel de todo el país, entra este recurso. Lamentablemente, dicha posibilidad se emplea cuando ya ha sucedido el mal y no existe otra alternativa. Además, somos conscientes de que dicha opción también es muy difícil de implementar, ya que los afectados han de tener los contactos necesarios fuera del territorio para poder beneficiarse de esta posibilidad.

No quiero terminar esta conversación sin preguntarle por Berta Cáceres, la activista hondureña asesinada el 2 de marzo de 2016. ¿Cómo está viviendo su ausencia?

Tenemos la esperanza de que el nuevo gobierno de Honduras acelere la publicación de la sentencia en contra de David Castillo [ex presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., ex oficial de inteligencia del Ejército hondureño y considerado coautor del crimen]. Esperamos que el fallo sea de al menos 30 años de prisión. Y a partir de este punto, queremos que el juicio siga avanzando y se diluciden las responsabilidades de los posibles autores intelectuales del asesinato de Berta. Entre estos últimos se encontraría la familia Atala, una de las más importantes de Honduras. En cualquier caso, Bertita [Cáceres], a través de su legado y figura, sigue estando presente en los movimientos, en las organizaciones y en las conmemoraciones de cada 2 de marzo. Se ha convertido en un icono y en una bandera de lucha y esperanza por un mundo mejor.

Como último testigo de Berta Cáceres con vida, ¿qué reclama para que se eviten este tipo de crímenes?

Los gobiernos deben detener la corrupción y la venta de nuestros países a intereses espurios cuya acción, en el fondo, implica el despojo total a los campesinos y a los pueblos indígenas. En este sentido, si los sectores afectados se sienten dañados, acabarán reaccionando. No en vano, la gente siempre va a proteger su casa, su territorio y, en definitiva, su forma de vida.

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Informe: Ser mujer, disidencia, defensora del territorio en América Latina

Compartimos con ustedes este informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre la complejidad de ser mujer defensora en Latinoamerica – A abril 2022 >>Descargue el Documento completo en PDF<<

Nuestra región es una de las más diversas y a la vez más desiguales del mundo, y también es la región más peligrosa para las personas defensoras del territorio: América Latina es la región más afectada por la violencia hacia defensores/as ambientales. En 2020 se registró el asesinato de 227 personas, equivalente a 4 personas por semana, y 3 de cada 4 ataques tuvieron lugar en nuestro continente (Global Witness, 2020). El mayor número de casos se da en Colombia, Honduras, Brasil y México. Si al número de asesinatos se sumaran las agresiones y amenazas, las cifras serían muchísimo mayores, pero esas cifras son de difícil obtención, ya que muchas agresiones no se denuncian.

Toda amenaza a defensores/as territoriales, puede considerarse un ataque más amplio a toda la sociedad. Estas amenazas suelen producirse en contextos de violencia y desigualdad estructurales, altamente patriarcales y heteronormativos. En estos contextos, existe un continuo acumulo de violencia sobre las mujeres y disidencias, en el marco de un sistema desigual con injusticias de género, clase, ambientales, económicas. El sistema garantiza el proceso de acumulación mediante la división sexual del trabajo, y esta se impone garantizada por la violencia hacia las mujeres y disidencias.

>>Descargue el Documento completo en PDF<<

Imagen: ATALC

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Zacatecas: Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre la criminalización a defensores de la vida ante la minería en Zacatecas- A 10 de marzo del 2021

Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna, Zacatecas

“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”

En los últimos cinco años, Roberto de la Rosa Dávila y su familia han sido de los únicos habitantes que permanecen en el pueblo de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas. Una comunidad con presencia centenaria que antes del viernes 23 de diciembre de 2016, llegó a ser habitada por más de trescientas personas, teniendo escuela, viviendas y una iglesia. Ese día, la comunidad de Salaverna fue desterrada tras iniciarse de manera ilegal, súbita, violenta un desalojo forzado y la destrucción de la comunidad. El operativo, instrumentado por el Estado y a conveniencia de la minera Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, no fue el primer intento de borrar del mapa este pueblo para, en su lugar, ampliar las operaciones de la mina de cobre a la modalidad de cielo abierto: En 2010 se dio el primer desalojo forzado, justificado por hundimientos que fueron provocados por las operaciones en la mina subterránea Frisco-Tayahua, y que la comunidad señala que fueron intencionales, y siguieron hasta llegar al grotesco desalojo de 2016, cuya violencia e ilegalidad ha sido ampliamente documentado.  Sin embargo, a partir de entonces el asedio a la comunidad ha seguido escalando, particularmente sobre las familias que resistieron ante la reubicación forzada y contra los activistas más visibles. Este es el caso de Don Roberto y de su familia.

En diciembre de 2021, Roberto de la Rosa fue vinculado a un proceso penal por imputársele haber amenazado en abril de 2020 a tres trabajadores de la minera Ocampo Mining Tayahua (filial de Grupo Frisco) que se encontraban cercando la comunidad y electrificando este perímetro. Por esto, el 3 de diciembre la jueza a cargo dictó como medida cautelar el que Don Roberto no pudiera acercarse a los denunciantes, sin embargo, esto le impide acceder a su casa que, además, está ya agrietada por la propia operación minera, como la de todas las viviendas de la comunidad de Salaverna. En la audiencia del 10 de febrero, el juez ordenó la suspensión del proceso judicial, pero mantiene la orden de que Don Roberto de la Rosa y su hijo no deben acercarse a los demandantes por seis meses. El hijo de Don Roberto y otros miembros del pueblo que han buscado regresar a Salaverna han recibido amenazas por parte de las autoridades municipales para evitar que los pobladores habiten el pueblo.

Para la REMA, Salaverna es un ejemplo de la prepotencia e la impunidad con que opera el modelo extractivo y, casos como el de Don Roberto y su familia, ejemplos de la dignidad de los pueblos y de la solidaridad que sólo se sabe tejer entre aquellos que defienden la vida, aún cuando nuestras comunidades hayan sido arrasadas.

No olvidamos, el operativo de 2016 fue ordenado por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; operado por policías estatales y ministeriales, y encabezado por protección civil del estado y por el Subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de ese momento.

Exigimos el fin del asedio a Roberto de la Rosa Dávila y a su hijo Roberto Cuauhtémoc de la Rosa.

Exigimos que frenen el acoso y amenazas contra la comunidad de Salaverna que buscan regresar a sus hogares.

Alto a la criminalización de la defensa de la vida

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Para seguimiento del caso:

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac)

SinEmbargo.mx

Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (expediente CDHEZ/746/2016)

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Imagen: Sol de Zacatecas

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COPINH condena  enérgicamente fallo condenatorio de 6 de 8 compañeros de Guapinol

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaGuapinol – A 9 de febrero del 2022

El día de hoy los jueces Ricardo Rodriguez Barahona, Henry Geovanny Duarte Zaldívar y Franklin Marvin Araliz Santos han demostrado su confabulación con la empresa “Los Pinares” del señor Lenir Pérez uno de los más grandes empresarios empobrecedores de Honduras al condenar injusta e ilegalmente a 6 de los 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro.

COPINH como parte de las organizaciones que hacen lucha territorial y que aboga por los derechos de las comunidades ha seguido de cerca el juicio contra los defensores del agua y la vida y es claro que los testigos pagados y confabulados con la empresa “Los Pinares” mintieron y al margen de sus mentiras no lograban identificar a las personas que acusaban puesto que ni siquiera lograban ver su rostro.

Este fallo sin pruebas reafirma que este tribunal, la fiscalía que impulsa el proceso se han  confabulado con los intereses representados por el señor Lenir Pérez que es parte de una estructura que lleva años propiciando la persecución y criminalización de los compañeros y compañeras que defienden los ríos San Pedro y Guapinol para materializar por la fuerza un proyecto que fue concesionado de manera irregular.

Ante esto el COPINH:

  • Exige que se sea cancelada la concesión Minera otorgada a la empresa de Lenir Pérez y sea clausurada la empresa misma.
  • Exige que sean procesados inmediatamente los testigos falsos y pagados por la empresa “Los Pinares” e investigados por actos de corrupción y prevaricato los jueces del tribunal de sentencia de Tocoa, Colón.
  • Hace un llamado a las organizaciones de lucha territorial para juntarnos y detener de una vez por todas la persecución legal de quienes luchamos por nuestros territorios y por el bien común.
  • Brindamos nuestra solidaridad con familiares de los compañeros condenados y con las organizaciones del Aguán que han sostenido con gran esfuerzo y sacrificio la demanda de Libertad y Justicia para los compañeros.
  • Reiteramos nuestro llamamiento al Estado de Honduras y al nuevo gobierno de declarar en fraude de Ley las concesiones dadas en el marco del Golpe de Estado que vulneran la seguridad social y los intereses comunes.
  • Seguiremos luchando para reivindicar los derechos comunes y territoriales frente a la voracidad empresarial que amenaza nuestros territorios.

Nos descansaremos hasta que nuestros compañeros José Daniel Márquez, José Abelino Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, y Profirio Sorto Cedillo sean liberados.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 9 días de febrero de 2022.


“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”

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Zacatecas: Afectados por minera de Carlos Slim en Mazapil sostienen que no dejarán solo al activista Roberto de la Rosa ante citatorio de un juez

Compartimos esta nota de La Jornada sobre el hostigamiento a defensores de la vida en Mazapil, Zacatecas que lucha contra un proyecto minero – A 1 de diciembre del 2021

  • De la Rosa Dávila está citado para el próximo 3 de diciembre por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning
  • El grupo de personas que lo apoya afirma que también seguirá luchando por la liberación de las tierras que la empresa se ha apropiado de forma ilegítima
  • Las comunidades afectadas son Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas pertenecientes al municipio referido

Por: ALEJANDRA FÉLIX •

Dado que el defensor de Salaverna, comunidad perteneciente al municipio de Mazapil, Zacatecas, Roberto de la Rosa Dávila, ha sido citado el próximo 3 de diciembre por un juez penal por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning (propiedad de Carlos Slim), un grupo de personas que luchan por la misma causa, encabezado por el diputado José Luis Figueroa, declararon que no dejarán solo al activista y seguirán luchando por que se liberen las tierras de las localidades afectadas. – Publicidad –

Los habitantes de las comunidades Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas del municipio de Mazapil, tienen ya varios años luchando en contra del despojo de sus tierras que fue perpetrado de manera ilegal por la empresa de Slim, pues no se adquirieron las 3 mil 584 hectáreas de forma legítima, además de que se están adueñando de un total de 4 mil 650 hectáreas, mil 66 más de lo que tenían originalmente.

Roberto de la Rosa Dávila argumentó que los terrenos donde estaban establecidas estas localidades eran terrenos nacionales y, por lo tanto, no deberían haber pasado a manos de Slim a menos que dejaran de serlo, cosa que jamás sucedió. Ante esto, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que habría fallado a favor de los habitantes de las comunidades, pero el fallo cambió a favor de Slim el 30 de julio de 2018, donde, además, se le otorga el derecho de preferencia de adquirir el título de las tierras, cosa que la empresa minera no había solicitado en primer lugar.

Imagen: ANDRÉS SÁNCHEZ – La Jornada Zacatecas

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Zoques de Esquipulas Guayabal, denuncian ataque armado de tsotsiles que quieren despojarlos de sus tierras

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el más reciente ataque a lo pueblo zoque en el norte de Chiapas – A 22 de noviembre del 2021

Indígenas zoques de la comunidad Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, denunciaron hoy que fueron atacados y expulsados de sus casas, por un grupo armado de indígenas tsotsiles que les disputan más de 2 mil hectáreas de tierras que les adjudicó un tribunal agrario.

Tras varios años de disputa, el pasado 21 de octubre, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3 con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió anular una asamblea de los indígenas tsotsiles que se habían adjudicado unas tierras que habían sido dejadas por zoques tras la erupción del volcán Chichonal en 1982.

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Los pobladores originarios, tras la erupción del volcán el domingo 28 de marzo de 1982 fueron desplazados, cientos de sus moradores desaparecieron y fallecieron enterrados en las cenizas y materiales pétreos que sepultó al pueblo por completo ubicado al pie del Chichonal.

Cuando regresaron a ocupar sus tierras, estas ya estaban ocupadas por tsotsiles, por lo que empezaron una disputa en los tribunales y tras varias décadas, por fin el pasado mes de octubre ganaron el litigio y se adjudicaron las tierras.

Esto no dejó conforme a los tsotsiles, que este domingo 21 de noviembre, a un mes de la resolución, llegaron armados con rifles y machetes para desalojar a los pobladores de Esquipulas Guayabal y expulsaron a los pobladores, hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños, que huyeron despavoridos tras el ataque a balazos.

Aunque no se ha precisado el número y los nombres de ellos, señalan que hay muertos y desaparecidos. Los zoques poseen unas dos mil 300 hectáreas de tierras que ahora los indígenas tsotsiles quieren arrebatarles a balazos.

Agregan además que este grupo armado quemó varias casas de los pobladores zoques. Muchos fueron detenidos por este grupo armado y otros más des dispersaron en las montañas de los alrededores.

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La  Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón, Chiapas denunció “estos lamentables  acontecimientos, sucedidos este 21 de Noviembre del presente, en la comunidad del Ejido Guayabal, en Chapultenango”.

Dijo que “hombres armados llegaron disparando en contra de la población dejando varios heridos, entre ellos niños y mujeres, violentando totalmente sus Derechos Humanos”.

Y que antes estas agresiones, exigieron a las autoridades Federales y Estatales “su intervención inmediata y se realicen  las acciones correspondientes y pertinentes conforme a Derecho”.

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“Exigimos la paz y la seguridad para todas nuestras Comunidades, familias y toda persona ante todo los más vulnerables”, dijo Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón.

El grupo señala que estos indígenas tsotsiles armados llegaron desde un pueblo llamado Rincón Chamula, encabezados por algunas personas identificadas como Andrés “N”, Elías López, Alejandro Morales Valencia, Moisés Domínguez Bautista, Fermín Ávila, María Ávila y otros.

Esta domingo, cuando el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció en sus redes sociales el ataque armado, el Secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, reviró en un comentario: “Deberían reportar primero a la autoridad local antes de la comunidad internacional”.

A lo que ese Centro de Lengua y Cultura Zoque respondió: “El Coordinador Juridico del Ayuntamiento de Chapultenango, Luis Miguel Pérez Recinos tiene conocimiento de los hechos por denuncias directa de la población afectada; asimismo, a las 15:00 se reportó el incidente a la delegación regional de Protección Civil de Pichucalco encontrándonos con la respuesta de que «no tienen ordenes de nada». Se buscó al delegado Francisco Velazco Cantoral, tampoco lo encontramos. ¿algún otro aviso? PD: Por lo visto, en Facebook se atienden mejor los asuntos y son más atentos con la «comunidad internacional»

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