Compartimos esta carta de solidaridad con el pueblo hondureño – A 12 de octubre del 2022
>>Firma la carta aquí <<
Antecedentes:
En su lucha por defender sus territorios ancestrales, el pueblo Afroindígena Garífuna de Honduras se ha enfrentado a un ciclo casi constante de agresiones por parte del anterior gobierno hondureño, los elementos de la narco-dictadura que todavía existen en el Ministerio Público y la Corte Supremadel gobierno hondureño, las élites poderosas y el crimen organizado. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), contraparte de Grassroots International, es uno de los blancos de estas agresiones.
El mes pasado, OFRANEH lanzó una serie de acciones nacionales e internacionales para llamar la atención y hacer justicia sobre las desapariciones forzadas de cuatro jóvenes líderes comunitarios. En respuesta, la Fiscalía General de Honduras, controlada por la derecha, tomó represalias abriendo investigaciones penales contra dos dirigentes de OFRANEH y un miembro de su equipo jurídico. La coordinadora general de OFRANEH, Miriam Miranda, que ya se ha enfrentado a múltiples amenazas, Luther Castillo Harry, miembro de OFRANEH y ministro de Ciencia y Tecnología del actual gobierno, y el abogado de OFRANEH, Edy Tábora, han sido objeto de ataques políticos. Además, la Fiscalía General incluyó a nuestra otra contrparte COPINH en su ataque – porque COPINH se solidarizó con el trabajo de los Garifunas por la justicia.
A pesar de que este año se ha elegido una nueva presidenta, lo que supone una ruptura con los doce años de gobierno golpista de derechas, muchas de las estructuras de poder asociadas al anterior gobierno siguen vigentes, incluso en la Corte Suprema y el Ministerio Público. La Fiscalía afirma que una reciente protesta de la campaña «alteró el orden» y «privó ilegalmente de la libertad». Esto se produce después de otros esfuerzos de la derecha por criminalizar los movimientos sociales, incluyendo la reescritura del código penal.
No basta con que estos cargos criminalicen hipócritamente a los mismos organizadores que buscan acabar con la violencia racista contra los Garífunas. Estos posibles cargos conllevan penas de prisión que van de uno a siete años, un golpe devastador para el movimiento.
Los movimientos de Honduras necesitan urgentemente la solidaridad internacional frente a estos y otros ataques. Por favor, únanse a la creciente protesta internacional en apoyo de estos defensores de los derechos humanos y sus demandas de justicia enviando un mensaje a las autoridades hondureñas.
Por favor, actúe firmando su organización en la siguiente carta, así como tomando medidas individuales aquí. Gracias.
Carta abierta
A la atención de Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla, Fiscal General Adjunto Daniel Sibrian, Presidente de la Corte Suprema de Justicia Rolando Argueta, y Carlos Josué Padilla Eveline, representante ante la Junta Nominadora de Candidatos a Magistrados de la Corte Suprema de Justicia:
En nombre de las organizaciones abajo mencionadas, les escribimos para expresar nuestra grave preocupación por la creciente ola de violencia y terror contra las comunidades Afrodescendientes e Indígenas en Honduras y la consiguiente persecución de los defensores de los derechos humanos. Esto incluye los recientes ataques contra la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Ambas organizaciones son ampliamente reconocidas y altamente apreciadas por la comunidad internacional de derechos humanos por su trabajo crítico en defensa de los derechos de los pueblos Garífuna y Lenca y sus territorios ancestrales.
Desde la elección democrática de la presidenta Xiomara Castro a principios de este año, los movimientos de Honduras han aprovechado esta nueva apertura política para luchar por la justicia real para los pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Apoyamos sus esfuerzos y nos unimos a ellos para denunciar los intentos del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, que siguen bajo el mandato del anterior gobierno de Juan Orlando Hernández, de socavar la democracia y los derechos humanos.
Hemos tenido conocimiento de que el 17 de agosto de 2022, la Fiscalía Especial contra Delitos Comunes y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) confirmaron que han abierto una investigación penal contra Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, Luther Castillo Harry, miembro de OFRANEH y Ministro de Ciencia y Tecnología del actual gobierno, y el abogado Edy Tábora, miembro del equipo jurídico de SUNLA (Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz) y abogado de OFRANEH. También nos preocupa saber que otros líderes de OFRANEH, SUNLA y COPINH están siendo perseguidos a través de una investigación penal.
El momento en el que se ha atacado a estos defensores de los derechos humanos no es una coincidencia. Viene después de una serie de acciones públicas por parte de OFRANEH, COPINH, y aliados a nivel nacional e internacional exigiendo justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes líderes de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz. Los jóvenes fueron secuestrados por hombres armados con uniformes policiales el 18 de julio de 2020. OFRANEH ha estado llamando la atención sobre el hecho de que este espantoso crimen aún no ha recibido una investigación adecuada por parte del gobierno.
En lugar de tomar las acciones necesarias para apoyar a las víctimas del secuestro, como lo pide la Corte Interamericana, el Fiscal Adjunto Sibrían Bueso ridiculizó a OFRANEH en las redes sociales e inició una investigación penal contra los defensores de derechos humanos mencionados.
Las desapariciones forzosas no sólo son violaciones contra los individuos involucrados, sino también contra sus familias, comunidades y movimientos. Los ataques contra los líderes de los movimientos sociales van de la mano de los secuestros, como parte de un asalto más amplio contra las comunidades y los movimientos impulsado por poderosos intereses. Nuestra comunidad internacional ha seguido de cerca el caso de las desapariciones forzosas del Triunfo de la Cruz, y este reciente ataque a los defensores de los derechos humanos sólo nos hace estar más atentos.
Les exigimos:
1. Diseñar e implementar acciones y planes de búsqueda de los desaparecidos de Triunfo de la Cruz, basados en los Principios Rectores de la ONU para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.
2. Crear una fiscalía especial contra la desaparición forzada para investigar la desaparición de los jóvenes líderes de Triunfo de la Cruz y las demás desapariciones que ocurren a diario en el país.
3. La incorporación del Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz («SUNLA») como organismo independiente para la investigación y búsqueda de los jóvenes desaparecidos.
4. El cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra.
5. Respetar y cumplir el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el derecho de los pueblos Indígenas al consentimiento libre, previo e informado; y
6. Cesar inmediatamente la criminalización, represalias y persecución judicial de quienes luchan por la defensa de los derechos territoriales, incluyendo a Miriam Miranda, Luther Castillo Harry, Edy Tábora y otros involucrados con OFRANEH y COPINH.
