Categoría: Cambio Climático

Reacción de Amigos de la Tierra Internacional al Informe de Síntesis del IPCC: “apostarle a la remoción de carbono es peligroso”

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Compartimos la postura de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) sobre el Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) – A 20 de marzo del 2023

Ámsterdam, marzo 20, 2023. El órgano científico de la ONU dedicado al cambio climático subraya el peligro que supone la aceleración de los impactos climáticos, alerta sobre la necesidad de una rápida reducción de las emisiones y un cambio de sistema transformador, pero propone peligrosas tecnologías de emisiones negativas.

Sara Shaw, Coordinadora de Programa de Amigos de la Tierra Internacional comentó:

“Es sumamente alarmante que la remoción de dióxido de carbono figure en el informe del IPCC. No podemos depender ni fiarnos de tecnologías de remoción que son riesgosas, no probadas ni validadas y directamente peligrosas, solamente porque los grandes contaminadores quieren que el statu quo no se modifique. En esta década, el petróleo, el gas y el carbón tienen que abandonarse gradual pero rápidamente y ajustándose a criterios de justicia, y es posible hacerlo si existe voluntad política.

“Este informe es la evaluación más grave y preocupante hasta la fecha de los impactos climáticos que todas y todos enfrentamos si no se realizan cambios sistémicos ahora. Hay que hacer caso y acatar los mensajes de urgencia del IPCC sin caer en la trampa de asumir que la remoción de dióxido de carbono nos salvará”.

El Informe de Síntesis del 6° Informe de Evaluación del IPCC que hoy se hace público confirma que la acción humana ha provocado un nivel de calentamiento del planeta sin precedentes en los últimos 2000 años. Los impactos del cambio climático se dejan sentir con mayor intensidad en regiones vulnerables, donde es 15 veces más probable que una tormenta, sequía o inundación provoque la muerte de personas.

La ciencia advierte que es indispensable reducir rápidamente las emisiones en la fuente y frenar en seco todo nuevo proyecto de explotación de petróleo, gas y carbón. Las emisiones de la infraestructura de combustibles fósiles existente excederían por sí solas el presupuesto de carbono y el umbral de 1,5 grados Celsius de calentamiento que se consideran seguros.

A Amigos de la Tierra Internacional le preocupa que a pesar de las graves y tajantes advertencias de la ciencia, muchas de las hipótesis de futuro en el informe parten de la base de que el mundo va a sobrepasar el umbral de 1,5 grados de calentamiento, pero que podemos fiarnos de tecnologías de emisiones negativas para revertir más adelante esa ecuación.

Hemantha Withanage, Presidente de Amigos de la Tierra Internacional, añadió:

“En Sri Lanka, mi país, ya se sienten los impactos del cambio climático. No tenemos tiempo para hacerle caso a cuentos de hadas como las tecnologías de remoción de carbono para absorber el carbono de la atmósfera. La evidencia del IPCC es clara: el cambio climático está matando gente, a la naturaleza y el planeta. Las respuestas requeridas son obvias: una eliminación justa y gradual pero rápida de los combustibles fósiles, y financiamiento para una transición justa. El sueño de sobrepasar los umbrales que se consideran seguros y apostarle a parches tecnológicos riesgosos ciertamente no es una solución al problema”.

La remoción de carbono parte de la idea de que el dióxido de carbono que ya se emitió puede removerse de la atmósfera usando métodos basados en la naturaleza como plantar árboles, o métodos de ingeniería como la Captura y Almacenamiento de Carbono (CAC) o la Captura de Carbono Directamente del Aire (a menudo combinada con CAC, como Captura Directa y Almacenamiento del CO2 Atmosférico – DACCS, por su sigla en inglés). Amigos de la Tierra Internacional realizó investigaciones que describen la infinidad de problemas de las remociones basadas en la naturaleza: tales proyectos implican acaparamiento de tierras y violaciones de derechos, principalmente de las comunidades vulnerables en el Sur Global, y están condenados a agravar la crisis climática, no a resolverla.

El sobrepaso es la idea de que podemos traspasar la barrera de 1,5 grados de calentamiento establecida en el Acuerdo de París, y utilizar más adelante la remoción de carbono para estabilizar el aumento de la temperatura y reducirlo de nuevo a 1,5 grados con el paso del tiempo. El propio IPCC advierte en el informe de síntesis que «el sobrepaso conlleva impactos adversos, algunos irreversibles, y riesgos adicionales para los sistemas humanos y naturales, todos ellos crecientes según la magnitud y duración del sobrepaso».

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Por más comentarios e información, contacte por favor a Madeleine Race, encargada de comunicaciones de Amigos de la Tierra Internacional: madeleine[a]foei.org.

PDF: Manual de Biodigestores

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Compartimos con mucha alegría este manual sobre los Biodigestores y la producción de biogas y biofertilizantes – A julio 2022 >>Descargar el manual en pdf<<

Coordinación y revisión del texto: José Augustín Vázquez
Investigación y redacción: Anne-Marie Schömig
Textos y diseño: Anne-Marie Schömig
Ilustraciones: Marlene Sandner
Una Producción de Otros Mundos A.C.

Gracias al apoyo de: Global Greengrants Fund (GGF) y American Jewish World Service (AJWS)

Otros Mundos filosofía

Alter Natos – Muchas Maneras, esa es nuestra filosofía.

Hoy en día nos enfrentamos a grandes retos, ya sean las guerras, las enfermedades, la crisis climática o el capitalismo, el caos reina en todas partes. En medio de este mundo caótico y agitado, en Otros Mundos buscamos alternativas que contrarresten las crisis sociales, ecológicas, económicas y políticas. Denunciamos la concentración de poder y de capital de las empresas individuales que acumulan sus beneficios a costa de los derechos humanos y de la explotación de los recursos naturales.

La independencia desempeña un papel importante en la defensa del territorios.
A través de modelos energéticos alternativos y sostenibles, intentamos hacer posible la autosuficiencia
energética de los pueblos y, al mismo tiempo, contrarrestar la contaminación de la tierra a través de fuentes de energía convencionales como el carbón y el gas.

Porque parte de nuestra visión es un mundo limpio con un modelo de sociedad socialmente solidario.
Nuestra convicción es que hay diferentes caminos y puntos de partida en la vida. La diversidad de los problemas actuales exige abordarlos a distintos niveles. Por eso es importante no centrarse en un solo camino, sino utilizar diferentes vías, es decir, Alter Natos.

El cambio climático

Cambio climático: ¿Qué significa realmente este término? Para muchos, el término cambio climático sigue siendo muy abstracto, aunque los efectos ya son claramente perceptibles hoy en día. Para entender el proceso en el que nos encontramos actualmente, hay que distinguir primero entre el efecto invernadero natural y el efecto antropogénico, es decir, provocado por el hombre: El efecto invernadero natural es un proceso natural necesario para la vida en nuestro planeta. Nuestra atmósfera se calienta por la radiación solar. La radiación entrante se refleja desde la superficie de la Tierra hacia el espacio, pero los gases de nuestra atmósfera, como el CO2(dióxido de carbono) y el CH4 (metano), impiden que nos llegue parte de la radiación térmica. El calor atrapado hace que la temperatura media de la Tierra no sea de -18 °C, sino de +15 °C, lo que hace que la vida en la Tierra sea posible para nosotros en primer lugar.

Sin embargo, el efecto invernadero antropogénico hace que la temperatura media siga aumentando. Cada vez se liberan más gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles o la cría de animales de granja. Desde la industrialización, la cantidad de CO2 en la atmósfera ha aumentado enormemente; este incremento de los gases de efecto invernadero intensifica el efecto natural y calienta la tierra cada vez más. Además de alimentar activamente el cambio climático, también estamos privando a la naturaleza de su capacidad para regular el propio efecto invernadero. Los árboles absorben el CO2, y al talar los bosques estamos inhibiendo la capacidad de la naturaleza para equilibrar este ciclo material por sí misma. La mayoría de los científicos coinciden en que el ser humano es responsable del rápido calentamiento global.

Los efectos

Los efectos del calor creciente son enormes para nuestro ecosistema extremadamente sensible. Los casquetes polares se están derritiendo, el nivel del mar está subiendo y las concentraciones de agua en los océanos están cambiando drásticamente. Esto, a su vez, influye en las corrientes oceánicas y, por tanto, también en las corrientes meteorológicas y eólicas. Los fenómenos meteorológicos extremos siguen aumentando y destruyen los hogares de muchas personas y animales, las hambrunas y las sequías se convierten en un peligro para cada vez más personas. En el sector agrícola, las lluvias atípicas están causando grandes dificultades a los agricultores, con períodos prolongados de sequía que se alternan con lluvias extremadamente intensas, que a veces provocan inundaciones. Los arrecifes de coral, que albergan cientos de especies, están muriendo. Un número extremadamente grande de especies está en peligro de extinción, y la desaparición de una especie afecta a todo el ecosistema. La lista de impactos es larga y los peligros para la naturaleza y los humanos son mayores que nunca.

Justicia energética

Aunque el calentamiento global es un problema mundial, las emisiones que contribuyen al mismo no están distribuidas por igual en todo el planeta. Las emisiones per cápita de gases de efecto invernadero son significativamente mayores en los países industrializados. Nuestro sistema de liderazgo global: el crecimiento económico infinito en un mundo finito con recursos limitados, sólo alimenta una profunda injusticia social. La disponibilidad de energía también está distribuida de forma desigual. La pobreza energética no describe la falta de acceso a la electricidad, que en gran parte ya está disponible en México. Más bien describe el acceso asequible a dispositivos, tecnologías y servicios que proporcionan un nivel mínimo de bienestar. Por tanto, para hacer frente a la crisis climática internacional, primero tenemos que cambiar nuestro sistema y poner a las personas, y no a los beneficios, en el centro. Para ello, necesitamos conceptos más descentralizados y estrategias de suministro local. Pero esto también significa que la mera sustitución de las fuentes de energía convencionales por las renovables no es suficiente si se sigue construyendo sobre un sistema económico de explotación.

>>Descargar el manual en pdf<<

Alarma porque el informe del GT3 del IPCC sobre mitigación del cambio climático permite sobrepasar el umbral de 1,5°C y recurre a pseudo-soluciones tecnológicas no validadas que no frenarán el cambio climático incontrolable

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Compartimos esta nota publicada en Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 4 de abril del 2022

Ámsterdam, 4 de abril de 2022 – Una vez más, los hallazgos y conclusiones del IPCC se han convertido en un campo de batalla política. Las y los activistas de campañas por justicia climática temen que el mensaje central de la comunidad científica del clima -que es imprescindible y urgente llevar a cabo una transición justa en pos de prescindir de los combustibles fósiles a fin de limitar el riesgo de un calentamiento global incontrolable- se está socavando al legitimar proyecciones de trayectorias de sobrepaso del umbral de 1,5 grados y planes que apuntan a introducir tecnologías para enfriar el planeta más adelante que no han sido validadas y se fundan en especulaciones.

Activistas y expertas/os de Amigos de la Tierra Internacional, la federación ambientalista de base más grande del mundo, compartieron sus reacciones.

Hemantha Withanage, Presidente de Amigos de la Tierra Internacional, comentó desde Sri Lanka:

«No podemos permitir que se traicione la promesa que significa el umbral de calentamiento de 1,5 grados. Si el informe del GT3 del IPCC no contempla ninguna trayectoria de mitigación que evite sobrepasar el calentamiento de 1,5 grados dentro de los parámetros del paradigma económico actual, lo único que eso prueba es que este sistema económico es incompatible con la vida en la Tierra. La prioridad de las comunidades y las/os tomadores de decisiones debe ser poner fin a la era de los combustibles fósiles y transformar los sistemas socioeconómicos en pos de sociedades sustentables que garanticen las necesidades, seguridad y bienestar de los pueblos, no el lucro y la codicia.»

Dipti Bhatnagar, coordinadora del programa internacional de Justicia Climática y Energía, agregó:

«No consentimos que se permita sobrepasar el umbral de 1,5 grados, y no hay nada que justifique la introducción de políticas o trayectorias que admitan el sobrepaso. Solíamos cantar “con 1,5 grados, quizás podamos sobrevivir”. Para las comunidades que están en la primera línea y que sufren los peores impactos del cambio climático, el calentamiento de 1,5 grados ya es de por sí una concesión de su parte y representa una solución de compromiso. Los científicos del GT2 del IPCC subrayó el mes pasado que sobrepasar esta barrera de protección, aunque sea transitoriamente, podría precipitarnos a una serie de puntos críticos de inflexión sin retorno que provocarían un calentamiento incontrolable. Sería una negligencia grave que los economistas hicieran caso omiso de esas advertencias y propusieran planes de mitigación inequitativos que admitan sobrepasar ese umbral, como propone ahora este nuevo informe.»

Meena Raman, de Sahabat Alam Malasia / Amigos de la Tierra Malasia, sentenció:

«La idea de que podemos sobrepasar el umbral de 1,5 grados y luego revertir el calentamiento más adelante mediante tecnologías de geoingeniería y de remoción de carbono que son pura especulación y no han sido probadas a escala, es anticientífica y antihumana. Revela la cobardía y la insensatez de quienes una y otra vez no han actuado cuando se requiere. Tenemos todo lo necesario para solucionar este problema ahora mismo, sólo nos falta el coraje de los supuestos líderes del mundo, especialmente del Norte Global, que pretenden eludir su responsabilidad histórica por la crisis que ellos mismos crearon.»

Por más comentarios e información y para ponerse en contacto con alguna/o de nuestras/os portavoces, comunicarse con Madeleine Race, responsable de comunicaciones y prensa, Ámsterdam: madeleine[at]foei.org / +31 645 198 654

Imagen: La central eléctrica de Rampal, en Bangladesh. Por Luka Tomac.

Defensoras de la tierra: mujeres indígenas mexicanas reflexionan ante la COP26

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Compartimos esta nota de Distintas Latitudes sobre la participación de Mujeres en la COP26- A 11 de Nov

Una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas de México, conocidas como las Defensoras de la Tierra, acudió a la COP26 para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. ¿Qué hacen, qué piensan y qué desean? Te contamos. 

Texto:  Julieta Bugacoff (Argentina, 1997)
Fotos: @futurosindigenas #CopCollab26

En los grupos de Telegram conformados por activistas que acudieron a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hay una queja recurrente: los problemas de accesibilidad al mayor evento de discusión mundial sobre cambio climático. Para ingresar al centro de convenciones es necesario hacer colas de hasta dos horas, y hay una única entrada por la que deben pasar más de 15.000 personas por día. 

Pero no es el único problema: pocos días antes del inicio del evento, la Presidencia de la COP26 —ejercida por el Reino Unido— anunció que limitaría el número de observadores que pueden presenciar las salas de negociación. De esa forma, elementos como la transparencia en los procesos y la democratización de la información quedaron vedados de manera sistemática para la mayoría de los asistentes. Una puerta demasiado chica, ante un problema muy grande, constituye una gran metáfora de lo que las organizaciones sociales dedicadas a la problemática ambiental vienen denunciando hace años: la inclusión de la sociedad civil es escasa.  

Este año, una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas provenientes de México —conocidas como Defensoras de la Tierra— acudió a la COP26 en Glasgow, Escocia, para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. El principal reclamo de Mitzy Violeta Cortés, Rosa Marina Flores Cruz, Wilma Esquivel Pat, María Tzuc Dzib, Wendy Monserrat, Miryam Vargas, Erika Hernández Mariaca, Florina Mendoza Jiménez y Armanda García Carrillo es el reconocimiento de los pueblos indígenas como defensores del 80% de la biodiversidad en el planeta, y su inclusión en los procesos de toma de decisión. En las últimas dos semanas, el grupo participó en varias charlas y movilizaciones masivas. Aquí te contamos sus objetivos, reclamos, así como las contradicciones que ven con el actual gobierno mexicano. 

Itaxavi Mendoza pertenece a la comunidad Ñuu savi, de Oaxaca. Comenzó a involucrarse con el activismo ambiental después de percibir las consecuencias del extractivismo minero en su territorio. Poco después, decidió meterse de lleno en la defensa del agua, luego de que su pueblo sufriera un desplazamiento forzado. La activista -especializada en la recuperación de la lengua y la memoria territorial- es una de las Defensoras de la Tierra que fueron a Glasgow este año. Para ella, Glasgow es el escenario perfecto para trazar redes con otros referentes ambientales, y conocer las problemáticas presentes en su territorio: “buscamos generar alianzas que permitan fortalecer cada lucha y así conformar una fuerza mayor capaz de contrarrestar las imposiciones de la COP26 ”, afirmó. 

En 1982, el activista afroamericano Benjamín Chavir, definió el racismo ambiental como la manifestación de la discriminación racial en la elaboración de políticas medioambientales y la aplicación de reglamentos y leyes. Para él, la selección deliberada de comunidades racializadas para la instalación de residuos tóxicos, la sanción oficial de la presencia de venenos u otros contaminantes que ponen en peligro la vida de una población y la exclusión sistemática de las personas negras en el liderazgo de los movimientos ecologistas, son manifestaciones claras de esta dimensión. En la actualidad, el término está más vigente que nunca, y es fundamental para comprender planteos como el de Defensoras de la Tierra. A propósito de esto, Mendoza comentó: “Los efectos del racismo en torno a la crisis climática son devastadores. Los pueblos originarios cuidan el 80% de la biodiversidad del planeta, y excluirlos de la toma de decisiones sobre las soluciones para mitigar los efectos de la crisis climática va a derivar en una catástrofe. El panorama es crítico”.

Pero no solamente se trata de exclusión o discriminación. Según el informe anual 2019-2020 elaborado por Amnistía Internacional (AI), Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos y, en particular, para quienes protegen los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente. De los 304 asesinatos a nivel mundial, 23 ocurrieron en México. El país se ubica en el tercer puesto entre los más riesgosos de la región, sólo siendo superado por Colombia (106) y Honduras (31). La violencia de género también está presente en los números: el 13% de los defensores asesinados fueron mujeres. 

Miryam Vargas es otra de las mujeres que forman parte de Defensoras de  la tierra. Tiene 33 años, es de origen nahua (de la región cholulteca), en México, y forma parte del Frente de Pueblos Puebla-Tlaxcala-Morelos. Trabaja como periodista, y suele cubrir temas relacionados al cuidado del territorio y los procesos de resistencia. En relación a los problemas ambientales de su región, explicó: “Las empresas y los gobiernos están organizados y tienen estrategias muy claras de ataque hacia los defensores del territorio. Una práctica común es generar condiciones de violencia dentro de las comunidades para que cuando lleguen los proyectos que pueden resultar dañinos para el medio ambiente, se produzca una crisis social, el tejido comunitario esté roto, y sea más fácil instalar un negocio sin la necesidad de atravesar asambleas.”

Además de la violencia a líderes territoriales, en México hace varias décadas que científicos, comunidades indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales vienen alertando sobre los altos niveles de deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y mares, y la existencia de una gran cantidad de megaproyectos que impactan de manera negativa sobre los territorios.

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó su ausencia en la COP26. En una rueda de prensa, afirmó que en la cumbre se hacen muchas promesas, pero hay pocas acciones concretas: “Ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo”, expresó. Además, agregó que existe un doble discurso entre los jefes de Estado y de Gobierno que decidieron concurrir al acuerdo global. “Al mismo tiempo que se están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente y enfrentar el cambio climático, los países más poderosos están aumentando la producción y extracción del petróleo”, concluyó. 

Existe una cuota de verdad en las palabras de López Obrador. En diciembre de 2015, se firmó el Acuerdo de París donde 189 países se comprometieron a generar acciones y programas para disminuir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Sin embargo, el tratado recién entró en vigencia el 1 de enero de 2021, es decir, cinco años después de su aprobación. Mientras tanto, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dejó en evidencia que, en 2019, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero volvieron a aumentar por tercer año consecutivo y se situaron en un máximo histórico. La evidencia es clara, para la mayoría de gobiernos, el cambio climático no es un tema prioritario, o que requiera de medidas urgentes. 

Pero en todos lados hay contradicciones y las políticas ambientales de AMLO no están exentas de críticas. Como apuntó el Financial Times, el gobierno de López Obrador lleva gastados varios millones de dólares en la construcción de “Dos Bocas”, una refinería gigante de petróleo y el fomento de la producción de hidrocarburos. Además, en octubre de este año, se presentó ante el Congreso una Reforma Eléctrica que propone bloquear la generación de energía a partir de fuentes renovables por parte de empresas privadas. De esta manera, la rectoría del sector quedaría en manos de la Comisión Federal de Electricidad. El problema no es la estatización en sí, sino el consecuente retroceso en materia de transición energética. 

A pesar de que López Obrador no estuvo presente en la COP26, sí envió representantes oficiales. México fue uno de los países que se adhirió a la declaratoria para la protección de bosques y uso de la tierra. Por fuera de eso, no se anunciaron mayores avances. 

Para Wilma Esquivel, feminista comunistaria territorial de Felipe Carrillo Puerto, y miembro de la delegación de Defensoras de la Tierra uno de los problemas de estas cumbres está en la representación: “El problema es que estas personas llevan un discurso oficialista. No están implicados en procesos de defensa del territorio, sino en la legitimación de la acciones, el estatus y los planes de gobierno. No tienen intención de solucionar nuestros problemas, así como tampoco respetan los pueblos y las comunidades originarias”. Por último, concluyó: “Su participación es peligrosa. Lo que buscan es aprobar megaproyectos a partir de consultas simuladas. Las personas que formamos parte de la resistencia sabemos que sus propuestas son destructivas para el ambiente, y contribuyen a aumentar la violencia en los territorios”. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático empezó hace casi dos semanas. En la primera semana, el evento principal fue la Cumbre de Líderes Mundiales. Hubo acuerdos relacionados con la problemática de la deforestación, el uso de combustibles fósiles y el carbón. Como se dio a entender en los discursos de las mujeres que integran Defensoras de la Tierra, aún existe mucha distancia entre los planteos del activismo climático -integrados en su mayoría por jóvenes, pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil- y la agenda impuesta por los mandatarios. Dentro del recinto de negociaciones, los políticos y empresarios toman las decisiones que condicionarán el futuro del planeta. En paralelo, millones de personas aprovechan la ocasión para debatir qué estrategia tomarán una vez que no se cumplan los acuerdos, o que estos no se ajusten a las verdaderas necesidades de los territorios. El caso de Defensoras de la Tierra es un perfecto ejemplo de esto, pero no es el único. Parafraseando a uno de los graffitis más famosos del Mayo Francés: “La belleza está en las calles”. 

Imagen: Futuros Indígenas

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Informe alerta que efectos del cambio climático son inevitables

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Compartimos esta nota publicada en TeleSur sobre un informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) sobre el cambio climático – A 9 de agosto del 2021

Estudios indican que los últimos cinco años fueron los más calurosos desde 1850 provocado la muerte de cientos de personas.

El Sexto Informe ambiental redactado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) presentado este lunes confirma que ya se han producido cambios generalizados y rápidos al planeta, algunos de ellos irreversibles.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres hizo referencia a este informe y aclaró que “estamos hablando de un código rojo para la humanidad. Si aunamos nuestros esfuerzos, podemos evitar la catástrofe climática. Pero el informe de hoy es claro: no hay tiempo que perder y no hay margen para excusas”.

El informe, elaborado por casi 234 científicos de 66 países durante tres años, y el mayor hasta la fecha, concluye que no hay duda alguna de que el calentamiento global está causado por la acción del hombre, y que la temperatura global subirá 2.7 grados para 2100 al actual ritmo de emisiones.

Incluso si los países comenzaran a reducir drásticamente sus emisiones hoy mismo, el calentamiento global total probablemente aumentaría alrededor de 1.5 grados Celsius en las próximas dos décadas, un futuro más caluroso que ya está prácticamente asegurado.

El documento estima que el nivel del mar seguirá aumentando irremediablemente, entre 28 y 55 centímetros a finales de siglo con respecto a los niveles actuales.

Siete años después del informe del informe anterior, el cual atribuyó al ser humano la responsabilidad del aumento de temperatura, el nuevo documento de los expertos de Naciones Unidas publicado este lunes llega a otra sombría conclusión.

De acuerdo con este, los sucesos excepcionales que causaron daños y muertes en varias regiones del mundo este verano, no hubieran sido posibles sin las emisiones de gases de efecto invernadero que producimos todos.

Sin embargo, los expertos resaltan que la humanidad puede evitar todavía que el planeta se caliente aún más. Para ello sería necesario un esfuerzo coordinado entre los países para dejar de añadir dióxido de carbono a la atmósfera en torno al año 2050.

Ello implicaría un rápido abandono de los combustibles fósiles a partir de ahora y la posible eliminación de grandes cantidades de carbono del aire. Si esto ocurriera, el calentamiento global se detendría y se estabilizaría en torno a los 1.5 grados Celsius, concluye el informe.

Este es el primero de una serie de estudios que el IPCC publicará en los próximos meses sobre cambio climático y la primera revisión importante de esta amenaza medioambiental desde 2013.

Imagen: La temperatura media mundial fue 1.09 °C más alta entre 2011-2020 que entre 1850-1900. | Foto: EFE

Más información:

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, ya son emergencias planetarias

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Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo – A 8 de junio del 2021

Por Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente

Recientemente la Organización de Naciones Unidas (ONU) dio a conocer en un informe que, según diversos estudios realizados en los últimos años, de 1990 a la fecha se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques debido a que los países “no han avanzado lo suficiente para cumplir las promesas de aumentar el 3% la superficie total de bosques en el mundo para 2030”. En el mismo documento se señala que esta degradación afecta hoy el bienestar de alrededor de 3 mil 200 millones de seres humanos, es decir, por lo menos el 40 por ciento de la población mundial. De igual forma se afirma que si en la próxima década las naciones no restauran una superficie del planeta del tamaño de China, la destrucción de la Naturaleza, el cambio climático y la contaminación seguirán avanzando a pasos agigantados.

En este  escenario desolador, la violación del derecho al medio ambiente sano impacta directamente los derechos al agua, a la salud y a la alimentación, donde las mujeres suelen ser las más afectadas. Debido a la división sexual del trabajo, son ellas las principales responsables de garantizar el abasto de agua en los hogares, así como las responsables de la alimentación y del cuidado de los miembros más vulnerables de sus familias, como lo son las niñas, niños y personas adultas mayores, a quienes atienden cuando están enfermos.

La cruda realidad que enfrenta la humanidad en torno a la devastación ambiental mundial tiene muchas caras y muchos responsables, pero ciertamente los gobiernos  de todos los niveles son los principales. La negligencia, ineficiencia, falta de control y de respeto al marco legal que están obligados a respetar y hacer respetar, el incumplimiento de compromisos internacionales y la complicidad con las trasnacionales depredadoras, son los rasgos distintivos de la mayor parte de los gobiernos mundiales, con honrosas excepciones.

Lamentablemente, las administraciones municipales de San Cristóbal de Las Casas no son una de estas excepciones. En especial las de los últimos 25 años, se han caracterizado por el incumplimiento y las omisiones respecto a sus compromisos de implementar proyectos en favor del agua y el medio ambiente. Un ejemplo reciente: la ausencia de respuesta y acciones por parte del Ayuntamiento municipal en relación a la Agenda Ambiental de 12 puntos que le fue presentada hace más de un año por el Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca de Jovel.

La actual administración concluirá su período sin haber asignado presupuesto para una sola de las propuestas con las que se daría atención y se empezaría a solucionar los principales problemas ambientales de la cuenca: plantas  de tratamiento de aguas residuales, plantas potabilizadoras de agua, infiltración de agua al subsuelo a través de zanjas de infiltración, viveros y reforestación, detener la destrucción de humedales e implementar un plan de reparación de daños y restauración, así como una planta de procesamiento de residuos sólidos, entre otras.

Ante esta lastimosa realidad, es muy importante destacar el papel que las mujeres ambientalistas están jugando en San Cristóbal de Las  Casas al encabezar varios procesos por la defensa del agua, de los ríos y humedales, y de los bosques. Las defensoras del medio ambiente están denunciando, además, los proyectos turísticos sin perspectiva ambiental y la carencia total de un programa sustentable de tratamiento de la basura, que crece día con día. Se trata de mujeres que cotidianamente viven hasta 3 jornadas laborales, divididas entre el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y de cuidado de sus familias y el trabajo comunitario y activista. Su trabajo ha sido invisibilizado, muchas han sido denostadas, acosadas, incluso amenazadas, y su trabajo e ideas expropiadas por los “compañeros de lucha”. Esta situación las ha llevado a crear sus propios espacios para la organización de su activismo y para compartir, asimismo, las violencias que viven.

Hacemos un llamado a la ciudadanía a asumir la responsabilidad que nos toca en el cuidado y protección de la Naturaleza, para ser sus cuidadoras y cuidadores, empezando por la implementación de acciones concretas y cotidianas, como el no dejar la basura en la calle, el no consumir plásticos de un solo uso, el evitar el desperdicio del agua y reconocer los efectos dañinos que causan las bebidas azucaradas a la salud, entre otras medidas que pueden tomar tanto para el cuidado del medio ambiente como para el cuidado de su salud.

A las  autoridades municipales actuales exigimos que, en lo que les queda de su administración, sienten las bases para la gestión de recursos y los proyectos técnicos que prometieron, y cumplan con ello al menos una de las acciones propuestas por la Agenda Ambiental.

A las próximas autoridades municipales demandamos cumplir los compromisos adquiridos por el Estado mexicano a nivel internacional, donde les toca diseñar, ejecutar y evaluar, con la participación de la ciudadanía, programas y proyectos para interrumpir el deterioro ambiental y resarcir los daños. Entre otras cosas, exigimos no más cambios de uso de suelo; el cumplimiento de la carta urbana y el programa de ordenamiento ecológico territorial; el desalojo de las zonas de conservación ecológica invadidas; además de programas de información y educación ambiental de manera sistemática, permanente e intensa.

Foto: Agua y Vida: Mujeres, Derechos y Ambiente

Exhortamos a las y los diputados federales en ejercicio, que en sesión extraordinaria aprueben YA la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, antes de que sea demasiado tarde y el día cero nos alcance.

A todas las autoridades responsables a nivel municipal, estatal y federal exigimos el fin de la persecución y agresiones contra las y los ambientalistas en todo el territorio nacional, demanda que incluye, en primer término, la presentación con vida de Tomás Rojo Valenzuela,  defensor del agua e integrante de la Tribu Yaqui, desaparecido desde el 27 de mayo pasado.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, las y los ambientalistas de San Cristóbal de Las Casas alzamos la voz para expresar nuestra convicción de que la defensa de la Naturaleza, de los bienes comunes que son de todas y de todos, es el único camino viable para preservar la vida en nuestro planeta. La responsabilidad y los retos son enormes, pero también lo es la oportunidad que se nos abre para revertir esta espiral de muerte y destrucción y dejar a las nuevas generaciones el mundo que necesitan, el mundo que merecen.

[1] Dolores Barrientos, representante de México ante el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente(Pnuma)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 5 de junio 2021

Imagen: Humedales de San Cristóbal de Las Casas/ARCHIVO Chiapas Paralelo

Más información:

[Informe] Lo que está en juego en América Latina y el Caribe: perspectiva desde la justicia ambienta

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Compartimos este informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A Febrero del 2021

Introducción:

Los pueblos de América Latina y el Caribe, empobrecidos tras siglos de opresión y expoliación de sus bienes naturales, hoy sufren los terribles impactos de las profundas crisis sistémicas globales que afectan los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, al tiempo que generan mayor concentración, desigualdad y exclusión. La crisis climática, de la biodiversidad, del agua, de la alimentación, de los cuidados, y ahora la crisis de COVID 19, están interrelacionadas y son consecuencia del sistema de acumulación capitalista que privilegia el crecimiento continuo y el afán de lucro, al tiempo que atenta contra la vida, destruye la naturaleza y viola los derechos de los pueblos.

Las múltiples crisis a las que se enfrentan los pueblos en América Latina y el Caribe tienen su origen en la infame injusticia que se reproduce a diario en un continente profundamente desigual, de la mano de gobiernos de derecha y neoliberales que desprecian a las clases populares y las empobrecen con sus políticas criminales. El debilitamiento o privatización de lo público a manos de las empresas transnacionales, y como resultado de las políticas neoliberales fomentadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y la agenda de liberalización del comercio y las inversiones, aplicadas al pie de la letra por los gobiernos de derecha que responden a los intereses del gran capital, lleva a que las clases populares sufran todo el rigor de la destrucción de sus territorios, del cambio climático, de las pandemias y otros impactos del modelo depredador. Gobiernos y políticas que refuerzan no sólo la opresión de clase, sino también patriarcal y racista, y violan sistemáticamente los derechos de las mujeres, de las comunidades negras y afrodescendientes y de los Pueblos Indígenas.

Lo cierto es que América Latina y el Caribe, como otros continentes del Sur del mundo, aún hoy sufre las consecuencias de la dominación colonial y neocolonial y de la ofensiva imperialista que históricamente han sido impuestas a sangre y fuego, dejando un nefasto legado de opresión y explotación de los pueblos y la naturaleza en función de los intereses de las clases dominantes y de las potencias coloniales e imperialistas.

El sistema capitalista, patriarcal, racista, en su fase neoliberal y con fuerte predominio del capital transnacional y del sector financiero que operan en connivencia con las clases dominantes nacionales, acecha a nuestro continente, niega los derechos colectivos conquistados mediante la lucha, y genera destrucción, despojo, pobreza y hambre en nuestros pueblos.

La expansión del capital sobre los ecosistemas y su consecuente degradación, se articula con la reorganización del trabajo y de la sociedad para posibilitar el incremento de las tasas de ganancia y consolidar la capacidad de lucro de los actores y élites económicas nacionales y transnacionales. Proceso que se sostiene en base a la explotación del trabajo de las mujeres, que como consecuencia de la división sexual del trabajo están obligadas a hacerse cargo del trabajo de cuidados, que no es reconocido como trabajo productivo y por lo tanto no se le asigna ningún valor. Todas estas características de un sistema que privilegia la ganancia privada sobre los derechos de los pueblos, sumen a la región latinoamericana en una situación dramática, además con la clase trabajadora, especialmente las mujeres, afectada gravemente por la crisis global de la salud y sus consecuencias, producto del neoliberalismo, que ha llevado a que la pandemia por COVID19 tenga efectos devastadores y letales. Estos nefastos ataques a los pueblos, a sus derechos y a sus territorios, imponen retos de gran envergadura.

Pero como antes en la historia del continente, aún en un duro contexto en que tiene lugar una disputa política, de sentidos, en torno a los derechos y los territorios, los pueblos, sus organizaciones, procesos y movimientos continúan construyendo proyectos e iniciativas populares emancipatorias, desde principios éticos y políticos que marcan el camino para una transformación radical, como propone entre otros el movimiento feminista, apelando a la resistencia y al coraje que caracterizan la lucha por la democracia y el poder popular, la soberanía de los pueblos y la justicia en todas sus manifestaciones.

Nuestra apuesta por la justicia y la soberanía de los pueblos exige promover nuevas relaciones sociales, reconociendo la centralidad del trabajo para generar las bases materiales para la producción y la reproducción de la vida.2 Los movimientos y organizaciones sociales del continente se comprometen día a día a construir las condiciones necesarias para garantizar una vida digna para nuestros pueblos y desmantelar los sistemas de opresión, fomentando políticas públicas y creando procesos productivos que se nutren de y cuidan los sistemas y funciones ecológicas, resistiendo la lógica de la acumulación de capital. Ello exige poner en el centro la sustentabilidad de la vida y los cuidados como principio organizador de los procesos económicos, revirtiendo la división sexual del trabajo y la explotación del trabajo y el cuerpo de las mujeres. Asimismo, reclama romper con la dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo y reafirmar la importancia de la autonomía económica de las mujeres.

1. ATAQUE CONTRA LA DEMOCRACIA Y CONTRA LOS PUEBLOS COMO SUJETO POLÍTICO

Este modelo basado en la explotación de la naturaleza y la producción de materias primas con poco valor agregado, para abastecer las cadenas de producción transnacionales, hoy se articula en proyectos nacionales y regionales anti-democráticos y anti populares signados por el papel central del capital, con fuerte participación del capital financiero, y el consecuente fortalecimiento de los sistemas de opresión -racista, patriarcal, de clase, colonial.

Se produce así un ataque contra la democracia. Para ese proyecto político la democracia no tiene sentido, es un estorbo, por ello se impone su carácter autoritario, y desarrolla estrategias de guerra para el control de la naturaleza; se persigue, encarcela y asesina a las/os defensoras/es de derechos y territorios, y toman fuerza posiciones fascistas que pretenden eliminar la diferencia y la diversidad para imponer un pensamiento totalitario que se materializa con el rechazo a la participación democrática en la construcción de la política y de las políticas públicas, que pasan a ser dictadas e impuestas por los CEOs de las empresas transnacionales.

La historia reciente de la región da cuenta de un fenómeno por todas/os conocido, pero negado por quienes se favorecen directa o indirectamente de la barbarie. Los golpes de Estado se convirtieron en una práctica constante para derrocar gobiernos y procesos elegidos democráticamente y articulados a la organización popular, que materializaban propuestas de dignificación de la vida a partir de la garantía de derechos para toda la sociedad y focalizados en las clases populares y las/os menos favorecidas/os.

Los golpes de Estado perpetrados en Haití (2004), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019), dan cuenta de la magnitud que ha tomado esta práctica criminal de las derechas nacionales aliadas con las fuerzas neoliberales y reaccionarias del Continente y con Estados Unidos. El último golpe, el de Bolivia4, en el que se ejerció la violencia y la sevicia contra el pueblo, vejámenes de distinta índole a mujeres indígenas, asesinatos, humillaciones, ilustra el verdadero rostro de la derecha, su carácter racista y colonialista, y sus imposiciones de muerte y destrucción. El golpe de Estado también puso al descubierto la complicidad de sectores y organizaciones que se jactan de trabajar por la defensa de la democracia, pero desplegaron una estrategia para maquillar al golpe con retóricas ancladas en un supuesto levantamiento popular aprovechado posteriormente por la derecha, dando la espalda a las millones de mujeres y hombres que fueron atacadas/os por las fuerzas militares y policiales cómplices de la derecha fascista.

La organización y capacidad de lucha de los movimientos sociales permitió restablecer la democracia en el país andino, y resultó en la aplastante victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre pasado, con la participación popular más alta en la historia de los comicios electorales en Bolivia. Lo que dejó al descubierto las falacias con las que se pretendió legitimar el golpe desde sectores presuntamente democráticos, pero sobre todo no dejó duda sobre la capacidad popular para organizarse ante la adversidad y ante la imposición de la violencia armada.

Al igual que antes en Paraguay y en Brasil, las empresas transnacionales tenían especial interés en el control de lo que consideran recursos estratégicos para sus cadenas de valor. Cuando no logran imponer de lleno sus intereses, la democracia y las políticas públicas, como la prohibición del maíz transgénico en Paraguay, o la estatización de las reservas de petróleo en Brasil, se transforman en obstáculos a derribar. Para ello cuentan con el apoyo de las clases dominantes y su proyecto político y económico de carácter explotador, racista y patriarcal que se plasma en una agenda de derecha. Asimismo, cuentan con el apoyo y papel activo de Estados Unidos, que mantiene un fuerte interés en tener bajo control a “su patio trasero”.

Así, hoy está en juego en la región el restablecimiento de la democracia, y aunque la correlación de fuerzas es negativa por el signo político de una mayoría de gobiernos de derecha y neoliberales por ahora en el poder, el pueblo boliviano nos ha dado un ejemplo de grandeza, de paciencia y tenacidad para que triunfe la voluntad popular desde la lucha pacífica de los pueblos organizados. También el pueblo chileno ha dado una muestra de su capacidad de lucha contra el poder de la derecha dictactorial y décadas de políticas neoliberales que hambrearon a la mayoría de la población y le negaron sus derechos atentando contra la democracia.

La arremetida en la región, como en otros continentes, se complementa con una ofensiva que pretende deslegitimar la política, banalizarla y con ello reducir el poder popular para la toma de decisiones y para la conducción de los Estados y sus instituciones.

La deslegitimación de la política se enmarca en una estrategia más amplia de control social, que predica la importancia de la gestión eficaz especializada, denostando a la política como una actividad esencialmente corrupta. De esta manera, se pretende desplazar al pueblo de la toma de decisiones y se le vacía de su condición de sujeto político, para que la esfera de decisión sea controlada por los dictámenes de las élites nacionales, las corporaciones transnacionales y las IFIs, que se encargan de dictar las políticas públicas, incluidas las que definen el futuro de los territorios y los bienes naturales que contienen. La deslegitimación de la política y los atentados a la democracia son en realidad ataques contra los sujetos políticos populares que construyen agendas y proyectos políticos y disputan la arena política y la política pública, quienes desde su acumulado histórico intentan cambiar la correlación de fuerzas. Es por eso que los sujetos políticos populares que se organizan en movimientos -como el campesino, feminista, sindical, por la justicia ambiental- son perseguidos, criminalizados, judicializados, asesinados, y se emprenden campañas mediáticas en pos de su estigmatización y deslegitimación.

Una mirada a países como Honduras, Colombia, México o Brasil da cuenta de los ataques sistemáticos a los sujetos políticos populares como consecuencia de su defensa de los derechos de los pueblos y de los territorios; los asesinatos se cuentan por cientos en cada uno de esos países sin que los gobiernos les protejan o implementen medidas estructurales para prevenir esas atrocidades o para acabar con la impunidad que permite su repetición. Colombia, infortunadamente, concentra una de las tasas más altas de asesinatos y violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. En 2020 casi 400 líderes/as y firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados, y desde la firma de los acuerdos de paz hasta agosto de 2020, mil personas fueron asesinadas por su trabajo en defensa de los derechos humanos. En lo corrido de 2021 ya se cuentan 18 defensoras/es asesinadas/os5.

Según Global Witness, organización que hace seguimiento a las violaciones de derechos humanos y pone énfasis en la violencia contra las/os defensoras/es medioambientales, “(el) informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana”6.

Y la violencia se manifiesta de manera brutal contra las mujeres que se organizan y lideran luchas en defensa de los territorios, sus derechos y los derechos de los pueblos, cuestionando la raíz del sistema capitalista, patriarcal y racista. La criminalización y la persecución, e incluso los asesinatos, tienen la intención de acallar sus voces e impedir su acción política. Los gobiernos de derecha, machistas y misóginos, emprenden campañas contra lo que ellos denominan “ideología de género”, para imponer su concepción de la familia y del papel de la mujer. De esta manera niegan el papel de las mujeres como sujeto político y llevan adelante una ofensiva que pretende relegarlas al trabajo reproductivo fortaleciendo la división sexual del trabajo y al mismo tiempo explotar sus cuerpos y trabajo. En este marco es más significativa aún la victoria lograda por el movimiento feminista con la legalización del aborto en Argentina, tras años de dura lucha.

Frente a los ataques a la democracia y la deslegitimación de la política, está en juego la necesidad de continuar y fortalecer la construcción de la solidaridad internacionalista contra todos los sistemas de opresión -de clase, racista, patriarcal, heteronormativo, colonial, imperialista-, en la que la unión de los pueblos y sus movimientos nos permita retomar el sentido de la democracia desde la participación de los sujetos políticos populares en la política y en la definición de la política pública para atender las necesidades de quienes más los necesitan, garantizando los derechos de las clases populares, protegiendo a quienes entregan sus vidas por los proyectos colectivos emancipatorios, y deshaciendo el secuestro del Estado y sus instituciones que vienen consolidando las derechas en respuesta a los intereses de los grupos económicos nacionales y de las transnacionales.

Disputar la comunicación desde las construcciones conjuntas y populares.

En este marco y contexto descritos, el poder y el papel de los grandes medios de comunicación empresariales y la manipulación de las redes sociales deben ser confrontados, pues tienen una enorme incidencia e influencia en la normalización de la violencia, en la deslegitimación de la política y en los ataques continuos a cualquier tipo de disputa democrática. Confrontar este poder implica el fortalecimiento de las estrategias de comunicación popular y la disputa por las tecnologías de la información.

Los movimientos sociales nucleados en la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo7 son protagonistas de la lucha en defensa de la democracia y han identificado la importancia de disputar las comunicaciones, por ello apuestan a la convergencia de medios populares. Ejemplo de ello son Radio Mundo Real (RMR) y, más recientemente, la herramienta Capire, construida en línea de confrontación a los grandes medios empresariales y su hegemonía totalizante, desde producciones propias de las mujeres en lucha. La comunicación es uno de los puntos clave para organizaciones como ATALC y la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), por eso junto a movimientos aliados han participado de iniciativas conjuntas para crear una comunicación popular y feminista, que visibilice las luchas y los proyectos políticos de los pueblos y las mujeres en todo el mundo.

Propuestas de esta naturaleza visibilizan la lucha de las clases populares en pos de proyectos políticos emancipatorios y la construcción y fortalecimiento de iniciativas territoriales, para que las acciones y reflexiones que allí se presentan den cuenta de procesos que logran hacerse un espacio como grandes medios de comunicación. Permiten asimismo participar activamente en la disputa de sentidos.

Enfrentar los bloqueos y ataques a los pueblos dignos y soberanos

La continuidad de los ataques orquestados desde los Estados Unidos contra los pueblos de Cuba y Venezuela, en alianza con gobiernos de derecha y fascistas de la región, se hacen más brutales y repudiables en tiempos de la crisis global de la salud, y configuran ataques históricos y sistemáticos a la democracia. Los movimientos sociales y articulaciones de sujetos políticos populares colectivos tienen entre sus responsabilidades históricas la solidaridad internacionalista con los pueblos cubano y venezolano que han soportado con dignidad y tenacidad la arremetida del imperialismo y de la derecha. En la defensa de los pueblos bajo ataque está en juego la continuidad de sus aportes a la paz e integración regional.

2. OFENSIVA NEOLIBERAL

Ataques a los derechos laborales y desmonte de los derechos conquistados.

La aplicación de políticas neoliberales, que en muchos países se ha profundizado en el marco de la pandemia de COVID 19, también ha traído como consecuencia la adopción de medidas sumamente regresivas en materia laboral. La Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las Américas (CSA), organización que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente, ha señalado que la pandemia “dinamizó los procesos y tendencias de deterioro de la vida de la población trabajadora que ya estaban en curso”8. Se deterioraron las condiciones laborales, de la estabilidad del empleo, de los derechos laborales y sindicales, de las posibilidades de mantener salarios dignos, y “los propios sistemas de protección, además de los sanitarios, se encuentran inmersos en profundas crisis en la mayoría de los países de las Américas”9.

Lejos de aportar a la solución de la crisis, las medidas adoptadas por la mayoría de los gobiernos la agravaron, y se amplificó la violencia contra las mujeres, quienes debieron asumir una mayor carga de trabajo de cuidados esenciales para la vida que no son valorados por el capital y el mercado, configurándose un escenario de mayor explotación de sus cuerpos y trabajo. En muchos países, a ello se sumó la falta de acceso a servicios fundamentales como consecuencia de las privatizaciones o el debilitamiento de lo público, el debilitamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, la negación del derecho al aborto, y la obligación de quedarse en casa, un espacio no seguro donde se vieron forzadas a convivir con los perpetradores.

En términos generales, son cuatro los aspectos centrales que representan ataques a los derechos laborales y a los derechos conquistados históricamente:

una reforma laboral de facto respaldada en la necesidad de reactivación económica al tiempo que se reducen los costos laborales10. Como lo denuncia la CSA “aun con medidas de restricción de despidos en estos meses, se denuncian despidos masivos, reducción de salarios y jornadas laborales, negativa a declarar COVID 19 como enfermedad laboral, envío de trabajadoras/es a vacaciones obligatorias y sin pago, cancelación o renegociación de contratos, reformas legislativas para eliminar la negociación colectiva y un desconocimiento general de los sindicatos”11.

Protección de la actividad económica, desprotección de trabajadores/as. La definición de los sectores básicos a mantener operativos durante los confinamientos respondió a criterios presionados por empresarios (la construcción, producción de bebidas alcohólicas, textiles y calzado, por ejemplo) y no a las necesidades básicas de la población durante la pandemia; además, en esos sectores tampoco se garantizó la salud y seguridad de las/os trabajadoras/es. El común denominador fue la ausencia de elementos de protección individual, ausencia de condiciones adecuadas de transporte, falta de agua potable. Con el agravante conocido en la región de la precariedad laboral que debió asumir el personal de salud que tuvo que enfrentarse a la crisis sin equipos de protección adecuados y en muchos casos sin recibir durante meses el pago de sus salarios y obligaciones contractuales.

Endeudamiento como salvaguarda de grandes empresas. Los nuevos procesos de endeudamiento para los países de la región que fueron presentados como necesarios ante la emergencia económica generada por la pandemia, se utilizaron para el salvamento de empresas transnacionales y no para la implementación de auxilios a las pequeñas y medianas empresas, tampoco para la creación de un ingreso o renta básica necesaria y urgente para la población. El caso del intento de salvamento a la transnacional AVIANCA, por el gobierno del derechista Iván Duque en Colombia, es escandaloso. Al momento se ha denunciado que se han entregado cinco mil millones de pesos (COP) a la empresa, mientras en el país andino no se entregó renta básica, se ha superado los cincuenta mil muertos por la pandemia y no se ha empezado la vacunación de la población.

Informalidad. Una de las características del trabajo en la región es la alta tasa de informalidad y las/os trabajadoras/es que tienen esta condición fueron de los/as más golpeadas/os con las restricciones a la movilidad y confinamientos impuestos. Su pérdida de ingresos les ha llevado a situaciones de empobrecimiento extremo.

Las/os trabajadoras/es de las aplicaciones de plataformas sufrieron un empeoramiento de sus condiciones de trabajo que ya de por sí tiene todas las características de la desregulación y explotación laboral: los costos de transporte, protección y mantenimiento de instrumentos de trabajo son asumidos por las/os trabajadoras/es que en su mayoría se movilizan en bicicletas en las que se exponen a accidentes constantemente; no cuentan con derecho a salud ni pensión, ni ninguna prestación legal. Por estas condiciones y situaciones lamentables de accidentes y muerte de las/os trabajadoras/es, en países como Brasil se convocó a movilizaciones desde los colectivos de trabajadoras/es de las Apps, pues mientras ellas/os exponen sus vidas para sobrevivir, las ganancias de las transnacionales dueñas de las aplicaciones crecen de manera exponencial.

En la región está en juego la dignificación del trabajo, en condiciones desfavorables ante el poder de las transnacionales y gobiernos de derecha y neoliberales que avanzan en la precarización, desregulación y desmonte paulatino o acelerado de los derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora.

Imagen: ATALC

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REDD+ en Chiapas: crónica de un fracaso anunciado

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REDD+ en Chiapas: crónica de un fracaso anunciado

Claudia Ramos Guillén –Otros Mundos Chiapas– Amigos de la Tierra México

Del Nuevo número de la revista Biodiversidad, sustento y culturas.

La estrategia de REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques) del Estado de Chiapas se alineó a las decisiones federales en materia de cambio climático con motivo de la Conferencia de las Partes, COP16 realizada en Cancún, México en 2010. Previo a esto, en el marco de la 3ra cumbre global de gobernadores ante el cambio climático, los gobernadores de California, EUA; Chiapas, México, y Acre, Brasil, firmaron el Memorándum de Entendimiento para la cooperación técnica, científica y legal con la finalidad de lograr un mercado homologado para la compra-venta de créditos de carbono forestal que pudiera compensar California, para el supuesto combate a la crisis climática, mediante la reducción de emisiones de GEI por la deforestación, la degradación de los suelos y el manejo de los bosques. La Air Resources Board (ARB) del gobierno de California determinó 427 millones de toneladas métricas de CO2 equivalente (MTmCO2e) como limite a alcanzar en 2020.1

En Chiapas se avanzó con un Sistema Multi-escala de Información y su aplicación al proyecto Piloto de Chiapas, la firma del Memorándum de Entendimiento para el Mecanismo REDD, la Presentación de Avances del Programa de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Chiapas y la Presentación de la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas. Durante la COP-16 también se dio a conocer la operación de 24 Ecobuses con un poco de biodiesel (que serían obtenidos de la siembra de monocultivos de piñón Jatropha curcas y palma aceitera o africana Elaeis guineensis) chiapaneco.

REDD+ en Chiapas fue promovido para el combate de la pobreza y la generación de recursos a los campesinos, se habló de que el plus de REDD+ significaba la participación de las localidades (en las cuales no hubo consulta previa ni información del proyecto2 ). Hubo casos en los que se sugirió que la palma africana aceitera podría ser incluida para la venta de carbono. Para enero de 2011, mientras California se encontraba con un déficit administrativo de 20 millones de dólares en Chiapas se destinan 50 millones de pesos (aproximadamente 3 millones 800 mil dólares) para iniciar el pago a los indígenas con el programa de REDD+ con el pago mensual de 2 mil pesos (aproximadamente 200 dólares) a cada uno de los mil 678 Comuneros de Lacanjá Chansayab, Nahá, Metzabok, Ojo de Agua Chankin, Nueva Palestina y Frontera Corozal. Poco después de esto se creó la policía ecológica, dotándoles a las comunidades de equipo de cómputo, radios portátiles de comunicación y cámaras digitales. Desde su  implementación REDD+ fue promocionado en la comunidad lacandona como “una oportunidad de  garantizar un mejor futuro para sus hijos y para la humanidad, programa que permitirá a las nuevas generaciones tener mayores oportunidades de desarrollo”, en palabras del anterior gobernador Juan Sabines (2006-2012).

Desde su implementación y a pesar de ser una zona en la que históricamente había habido conflictos agrarios por delimitaciones y dotaciones de tierra, el proyecto avanzó agudizando estos problemas; en algunas ocasiones se documentaron casos de desalojos, problemas entre las comunidades y organizaciones campesinas de la zona. Las comunidades de la región Amador Hernández, Frontera Corozal y organizaciones no gubernamentales, lo señalaron en la declaratoria Reddeldia de septiembre de 2012  cuando sesionó el grupo de trabajo de los gobernadores sobre el Clima y Bosques (GCF) en San Cristóbal de las Casas Chiapas; en esta ocasión se alertaba acerca de los enormes peligros de REDD+, de los  problemas que había causado en el estado y de cómo estaba destinado al fracaso.3

En julio de 2013 el secretario de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), Carlos Morales Vázquez anunció la suspensión del programa REDD+ en el estado de Chiapas;4 esta noticia llegó sin sorpresa para muchos de los grupos y organizaciones campesinas que denunciaron en muchas ocasiones  como se había operado este  programa. El Proyecto REDD+ a pesar de “no ser reconocido oficialmente” desde las iniciativas federales, estuvo plagado de toda clase de vicios desde su ejecución en 2010; incluso conociendo las experiencias que este tipo de proyectos tenía en otros países, se apresuró su aplicación como forma de mostrar a los mercados internacionales de comercio de carbono la buena “voluntad” de Chiapas.5

El programa REDD+ implementado en Chiapas ha dejado grandes  lecciones de cómo los proyectos de mercantilización de la naturaleza no funcionan para mitigar el cambio climático. Al final ha tenido enormes costos para las  comunidades indígenas y campesinas del estado.

No respetó los derechos de los pueblos indígenas al no informarlos ni incluirlos. Bajo este esquema se dividió a las comunidades, rompiéndose el tejido social, además de incrementar los problemas por la tenencia de la tierra, que de por sí existen entre las comunidades de Montes Azules ante el conflicto por “la brecha lacandona” (área de macizo selvático en la que se implementó el proyecto y en la que históricamente ha habido problemas de delimitaciones de tierra). Acompañado del “proyecto de reconversión productiva” de palma aceitera y piñón (Jatropha curcas) se  intentó incluirlo en el rubro de bosques, promocionándolo como promotor de energía limpia, al igual que los grandes megaproyectos de minería, presas y parques eólicos alrededor de todo el estado (desde el 2006). Esta política la sigue también la actual administración.6 A raíz de los enormes casos de corrupción y de pago del proyecto REDD+ con impuestos de la población chiapaneca, el estado está sumido en una de los más grandes crisis económicas de los últimos tiempos (deuda pública de 22 millones de pesos, a saber).7 En resumen REDD+ en Chiapas es la crónica de un fracaso anunciado.

A la par del anuncio de su cancelación y a pesar de ser una experiencia desastrosa en el Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas
(PACCCH)8, REDD+ sigue siendo la apuesta en la estrategia contra el cambio climático. También se menciona el área natural protegida de El Triunfo, en donde a través del grupo REDD+ se ha logrado identificar sitios de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en la Sierra Madre, los cuales son sitios prioritarios por su alta biodiversidad y porque tienen viabilidad social para la implementación de este programa. A pesar de su suspensión, los planes del nuevo y corregido REDD+ siguen funcionando a través de la estrategia nacional REDD+, impulsada a través de ONUREDD+.

REDD+ se transformó en una forma más de asistencialismo en el que se asume una actitud de “algo es mejor que nada” con respecto a las remuneraciones para la conservación de bosques. Es decir, se acepta como una fuente de ingreso más, lo cual significa que al retirarse, también se puede asumir la actitud de “si no me pagan por conservar, corto la selva”. Es pues lo monetario lo que se sobrepone a la decisión de conservar o no, al igual que está pasando en algunas comunidades de la selva después de retirar los pagos.

Existe una gran ambigüedad en el Acuerdo California-Chiapas-Acre. Recordemos que en mayo de este año el grupo de trabajo de  REDD+ Offset Working
Group (ROW) estaba buscando impulsar este acuerdo, a pesar de una gran cantidad de denuncias y observaciones por parte de académicos, organizaciones campesinas y grupos ambientalistas. Existe además una gran incertidumbre con respecto al acuerdo y su destino final en el estado, pues mientras se re-negocia en las esferas internacionales, para los comuneros que recibían la remuneración este programa ha desaparecido —como muchas otras iniciativas— de la estrategia verde del anterior gobernador.

Las experiencias de los pagos por servicios ambientales (PSA) a REDD+. Mucho se ha hablado de que Chiapas por su enorme experiencia en Pagos por Servicios Ambientales (PSA)9 es el terreno idóneo para la puesta en marcha de REDD+. Muchas de las primeras experiencias promovidas durante la COP-16, fueron las experiencias chiapanecas.

Sin embargo, estudios realizados sobre los proyectos PSA indicaron que estos programas no ayudaron en la reducción de la pobreza; los criterios de eficiencia de mercado entran en conflicto con los objetivos primarios de “lucha contra la pobreza”, y por el contrario evidencian la creación de nuevas élites de terratenientes que con buenas conexiones pueden influir en tribunales, la policía, militares, etcétera y eluden al final las restricciones ambientales impuestas para la conservación (McAfee 2013)10.

En muchos de los casos de PSA analizados en Chiapas, Belice, Guatemala y Nicaragua no se cubren ni siquiera las expectativas de ingresos de manera local en las comunidades en donde se desarrollan los proyectos11.

También se ha demostrado que cuando los valores no monetarios e incentivos colectivos apoyan la distribución equitativa de los derechos de uso de la tierra y suelo, sí se limitan las practicas destructivas del ambiente, pero también es cierto que el pago por desempeño desplaza estas prácticas colectivas de cuidado del bosque y las sustituye con estrategias individualistas y de corto plazo (McAfee, 2012).12

Los mecanismos PSA abren grandes interrogantes acerca de cómo se miden los beneficios obtenidos en ellos y cómo es que existe una gran ambigüedad en las metodologías para medir sus impactos. Cómo se asegura que las zonas aledañas que no estén bajo este esquema no sean sobreexplotadas. Un caso concreto lo tenemos en la región de Montes Azules en Chiapas en donde el polígono de la “reserva” se está rodeando de grandes zonas de explotación de monocultivos de palma africana, y de ganadería extensiva, mucha de ella realizada con incentivos económicos por parte del gobierno. Se crean así islas de conservación en las que tenemos un área conservada intocable rodeada de un área sobreexplotada y con proliferación de monocultivos.

Queda pues la duda de la toma de “experiencia” en cuanto a pagos por servicios ambientales y de cómo éstos se materializan en REDD+ en el estado de Chiapas.

Qué camino sigue REDD+ en México. La visión nacional REDD+ plantea en su documento13 que: “Para el 2020 en México la tasa nacional de degradación
forestal se habrá reducido significativamente respecto del nivel de referencia. Se habrá extendido el uso sustentable de los recursos y la regeneración natural e inducida; se habrá logrado desestimular las quemas no controladas, la mejora en las prácticas de prevención, combate y control de agentes de disturbio en los ecosistemas y la creación de estímulos y prácticas sustentables de uso del territorio”. Bajo este lineamiento es lanzada la estrategia nacional REDD+, liderada por la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal, organismo federal para realizar actividades en materia forestal en México) con el programa de acciones tempranas en los estados de Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas y una inversión de 33 millones 800 mil dólares provenientes de fondos multilaterales del Banco Mundial (Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de Inversión Forestal). Se comprometen 138 millones de hectáreas al mecanismo REDD+, la mayoría en territorios indígenas. Adicionalmente, la idea principal es que este programa se lleve a cabo con el financiamiento de diversos actores (según lo expresado en visión de México sobre REDD+), a pesar de lo que México se ha endeudado con el Banco Mundial por 678 millones de dólares destinados a acciones para impulsar REDD+.14

Según la estrategia nacional, las acciones tempranas se ubican en aproximadamente 57 municipios de Chiapas, lo que también comprende 16 Áreas Naturales Protegidas en Corredores Biológicos y la Selva Lacandona. Estas experiencias incluyen las impulsadas por la Comisión Nacional Forestal que desde el 2007 tenía proyectos de pagos por servicios hidrológicos, agua y captura de carbono, con financiamiento del Fondo Mundial para el medio ambiente (GEF), Banco Mundial y la Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo (AECID) y principalmente el proyecto Scolel Té de la cooperativa AMBIO, que abarca un promedio de 5 mil hectáreas con financiamiento del Banco Mundial y de la Internationale De L’Automobile (FIA) y participación de organizaciones como Conservación Internacional (CI), El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) y la Fundación Na Bolom.

Las declaraciones de funcionarios públicos de las instituciones forestales mexicanas hablan de los derechos de los pueblos con respecto a la implementación de proyectos REDD+ a nivel nacional, pues parte de esta “nueva” estrategia es hacer “consultas libres y con información”, pero cuando se habla de derecho de veto de las comunidades hacia este proyecto, la repuesta es siempre: “las comunidades lo pueden hacer en su localidad pero que nadie puede vetar una estrategia nacional”.15

Un caso emblemático sucedió en junio de 2013 en Panamá. Los guna yala, prohibieron todas las actividades relacionadas con REDD+ en su territorio. Su asamblea hizo un llamado a todos los pueblos indígenas a tomar con cautela este proyecto. La reacción no se hizo esperar por parte de los impulsores de REDD+ y ONUREDD+ en este país, diciendo que el pueblo guna “no había asimilado los conceptos de REDD+ y sus beneficios, y que más que precaución por el derecho de las comunidades a decidir sobre su tierra y territorio, lo que necesitan los pueblos es más información acerca de esos tan mencionados beneficios del programa”16. Aun cuando las comunidades decidan sobre su territorio, prevalece la idea de que si REDD+ no es tomada como la “alternativa”, se tendrían que publicitar los beneficios del programa para lograr un mejor entendimiento, lo cual implica dejar de lado la capacidad de los pueblos originarios para optar por alternativas propias frente a la crisis climática.

En México los procesos de consulta “libre e informada” en las comunidades no son vinculantes con respecto al proceso nacional. Esto en materia legal refleja un enorme vacío, pues limita el derecho de los pueblos a tomar decisiones sobre su tierra y territorio. 17

¿Se puede sin REDD+? Qué hacen las comunidades desde el propio territorio: el caso en Chiapas. Hablar de el bosque en Chiapas es hacerlo con la innegable e intrínseca relación que tienen los pueblos originarios con su territorio y el manejo de sus bosques. El 60 % del estado está en manos de ejidos y comunidades18, en su mayoría pueblos indígenas y campesinos. Este territorio es considerado megadiverso en cuanto lo biológico y cultural y conviven ecosistemas que van desde bosque mesofilo a la selva alta y mediana pasando por el bosque deciduo. Es considerado por los índices internacionales de desarrollo como uno de los lugares con mayores índices de pobreza y marginalidad económica de México.

Al interior de las comunidades que son en su mayoría agricultores de subsistencia, el bosque es el principal proveedor de una de las principales fuentes de combustible a nivel doméstico en las zonas rurales: la leña. Además, los sitios destinados a la agricultura conforman una compleja matriz donde bosque y tierras de cultivo se entremezclan; no se pueden explicar sin entender su enorme relación.

El manejo del bosque en el estado es una combinación entre saberes ancestrales y experiencias “nuevas”. Existen experiencias de manejo de bosque en la zona de la Selva del estado, agroforestería análoga en la Zona Fronteriza y Norte de Chiapas con uso de especies locales. Algunos ejemplos claros de manejo de árboles los tenemos en los sistemas de huerto familiar y la roza-tumba-quema rotacional con “manejo de acahuales”, que han permitido hacer uso de la biodiversidad existente.

Sobre el manejo comunitario del bosque en los Altos de Chiapas se encuentran casos en los que la mayoría de los bienes comunales de las localidades se encuentran cubiertos por una proporción significativa de bosques y que las propias comunidades en colectivo han tomado decisiones para su conservación. Algunas ponen reglas básicas para su cuidado, como evitar el corte de árboles para abrir áreas agrícolas o ganaderas, prohibir las ventas individuales de árboles, cuidar el número de árboles que se pueden obtener para una casa y leña, o estableces programas locales de reforestación, siempre en acuerdo de asamblea comunitaria.

En contraposición, en los ejidos y comunidades donde predomina la propiedad individual no existe el aprovechamiento comunal, ya que las decisiones de manejo son tomadas de forma individual por los propietarios, lo que lleva en muchos casos a ventas individuales de madera, sin un manejo adecuado, el bosque es explotado de manera excesiva. (Un estudio muy amplio para los Altos de Chiapas lo ofrece Cortina et. al 2006, 2007.19 Formas ancestrales y novedosas de ver al bosque se pueden conjugar, siempre y cuando se desarrollen colectivamente y respondan a las necesidades desde las propias comunidades (formas de organización, toma de decisiones. etcétera). Hay infinidad de ejemplos a partir del Lekil Kuxlejal (en la lengua originaria tsotsil se emplea para designar el buen vivir) sobre cómo podemos coexistir con el bosque.

La entrada de distintos proyectos de mejora de sistema productivos o de “reconversión productiva”, incluyendo el grado de erosión que tienen
algunos sistemas agrícolas sirve de pretexto para el desarrollo de estrategias, que como REDD+, son paliativos ante la crisis climática e implican una nueva forma de apropiarse de las tierras y tener control sobre el territorio. En la medida que las comunidades se posicionen para defenderse de la entrada de proyectos “verdes” y generen alternativas desde los propios saberes, darán los primeros pasos en la búsqueda de condiciones sociales de mayor justicia y equidad.

Para generar soluciones verdaderas al cambio climático se requieren medidas democráticas y técnicamente coherentes para transitar a sistemas
energéticos sustentables, y para poder eliminar con carácter de urgente el uso y abuso de los hidrocarburos.

El fracaso de REDD+ en todas sus versiones, REDD++ y las que se sumen, incluido REDD azul, sólo pone en tela de juicio la capacidad de análisis que instituciones, programas y gobiernos tienen frente a un problema tan complejo como la “crisis climática”; nos pone también de frente al hecho de que los recursos y medidas para conservar los bosques y las selvas deben ser adicionales y democráticamente definidos y no aprobarse en compensación ni imposición para seguir contaminando. Se deben tomar en cuenta experiencias de alternativas sustentables de los pueblos originarios y campesinos, que apoyen la gestión y conservación de bosques desde una visión comunitaria; que no sean parte de los mercados ni sean controlados por corporaciones, instituciones financieras internacionales o los “coyotes verdes20” de la conservación, y sí colectivamente por los pueblos.

NOTAS:

1. http://otrosmundoschiapas.org/docs/escaramujo/escaramujo624_enreddo_chiapas.pdf -consultado enero 2013.
2. http://reddeldia.blogspot.mx/p/declaratoria.html -consultado julio 2013.
3. http://reddeldia.blogspot.mx/p/declaratoria.html -consultado julio 2013.
4. http://www.oem.com.mx/helheraldodechiapas/notas/n3045308.htm -consultado el 10 de julio de 2013.
5. http://reddeldia.blogspot.mx/2013/07/redd-cronica-de-un-fracaso-anunciado.html#more -julio de 2013.
6. http://www.biodiesel.chiapas.gob.mx/biodiesel.html -consultado 17 de noviembre de 2013.
7. http://www.proceso.com.mx/?p=342243 -consultado julio de 2013
8. http://www.cambioclimaticochiapas.org/portal/index.php/redd consultado el 11 de julio de 2013.
9. Se hace referencia en general a pagos por servicios eco sistémicos, que incluyen, captura de carbono, servicios hidrológicos y ambientales.
10. Mcaffe, K. 2012. “The Contradictory Logic of Global Ecosystem-Services Markets”, en Development and Change 43:1.
11 Ruiz de Oña Plaza, C. 2013. “La estrategia de los servicios ecosistémicos y su potencial”. En: La biodiversidad en Chiapas: Estudio de estado. Volumen I. Comisión Nacional de Biodiversidad CONABIO. 2013.543pp. También ver: Ruiz de Oña Plaza, C. 2006.Sistemas agroforestales para la captura de carbono en Chiapas, México:¿De la Adopción a la apropiación? Tesis de maestría. El colegio de la frontera Sur (ECOSUR). San Cristóbal de Las Casas Chiapas. 80 p.
12. McAffe, K.2013. The ROW recommendations about the Project AB32. En : http: http://www.redd-monitor.org/2013/05/03/including-offsets-from-latin-america-in-californias-cap-and-trade-plan-is-a-bad-idea/
13. http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/7/1393Visi%C3%B3n%20de%20M%C3%A9xico%20sobre%20REDD_.pdf consultado el 09 de septiembre de
2013.
14. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/09/16/mexico-se-endeuda-con-678-millones-de-dolares-por-redd/ consultado el 19 de
noviembre de 2013.
15. http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/08/04/mexico-cede-sus-bosques-selvas-redd/ consultado 13 de septiembre de 2013.
16. http://www.scidev.net/america-latina/medio-ambiente/noticias/cient-ficos-temen-por-el-futuro-de-redd-en-am-rica-latina.html consultado 18 de
noviembre de 2013
17. Ibid: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/08/04/mexico-cede-sus-bosques-selvas-redd/ consultado 13 de septiembre de 2013.
18. http://www.sedatu.gob.mx/sraweb/noticias/noticias-2012/junio-2012/12345/
19. Cortina, S; et al. S/f. Uso del suelo y deforestación en los Altos de Chiapas, México. Tesis de doctorado en Geografía, Universidad Nacional
Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras. 135 pp. Cortina, S., J. Lopez-Blanco,H.R. Perales.B.R. Ramirez,A. Pizano,R. Gomez,U Vieyra, S.Stetter y H.Plascencia.2006. Deforestación en Los Altos de Chiapas. Magnitud y causas. Recomendaciones para la planeación estratégica forestal. El Colegio de la Frontera Sur, Tapachula Chiapas.27 p.
20. Grandes intermediarios (organizaciones no gubernamentales, académicas, etcétera), que se verían beneficiadas con la implementación del mecanismo.

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México se endeuda con 678 millones de dólares por Redd+

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México se endeuda con 678 millones de dólares por Redd+

Elva Mendoza, Revista Contralínea

El gobierno de México contrata deuda por más de 678 millones de dólares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para incorporar los bosques y selvas del país al Redd+. Para “conservar” y “reforestar”, las autoridades mexicanas disponen de otros 57 millones 250 mil dólares, producto de donativos internacionales. No obstante, ni la Semarnat ni la Conafor son capaces de aclarar el destino de ese dinero, que en pesos supera los 9 mil 600 millones, y del cual no están obligados a rendir cuentas. Al posibilitar el pago por servicios ambientales, el mecanismo internacional Redd+ mercantiliza las áreas verdes y privatiza el oxígeno, considera investigador

reddLos países desarrollados, organismos multilaterales y organizaciones internacionales han puesto a disposición de las autoridades mexicanas, al menos, 735 millones 750 mil dólares desde 2008 –unos 9 mil 691 millones de pesos– para operar proyectos forestales relacionados con el mecanismo internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (Redd+) y discutir la Estrategia Nacional Redd+, revelan documentos, bases de datos y fuentes a las que ha tenido acceso Contralínea.

De los más de 735 millones de dólares, únicamente el 8.4 por ciento –57 millones 250 mil dólares, es decir, alrededor de 753 millones 180 mil pesos– corresponde a donativos; el restante 91.6 por ciento –678 millones 500 mil dólares, aproximadamente 8 mil 926 millones 340 mil pesos– es recurso solicitado como préstamos al Banco Mundial (BM) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A iniciativa de Noruega, Redd+ es una propuesta de los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo “reducir” la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o la restauración de las áreas forestales degradadas. Su funcionamiento se centra en que los países industrializados que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto –y que generalmente se encuentran en el hemisferio Norte– otorgan compensaciones económicas a los países pobres que cuentan con recursos forestales –y que por lo general se ubican en el hemisferio Sur– para mantener en pie sus bosques, considerados “sumideros de carbono”.

Aunque Contralínea ha podido documentar la existencia de al menos 10 fondos multilaterales para financiar el mecanismo Redd+ en los países del Sur, los donativos para México son mínimos, en comparación con la deuda contratada.

Contratar deuda para integrarse a REDD+

Según información proporcionada a Contralínea por el Banco Mundial , a petición del gobierno mexicano, el organismo financiero internacional autorizó préstamos al país por 667 millones de dólares para proyectos relacionados con Redd+ y donó 28.8 millones de dólares más.

La suma –695.8 millones de dólares– se gestionó a través de fondos e instrumentos del Banco Mundial . De acuerdo con el organismo financiero internacional, los recursos son depositados en el Fondo Forestal Mexicano (FFM), manejado por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito (Nafin). Para el control operacional de los programas, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) usa el Sistema de Gestión de Apoyos (Siga).

El primer proyecto con financiamiento del BM involucra 350 millones de dólares, que corresponden a un préstamo de inversión específica (SIL, por su sigla en inglés) para bosques y cambio climático.

Informa el Banco Mundial a este semanario que el préstamo es una operación de inversión a nivel nacional para apoyar al gobierno de México en dos áreas principales: el fortalecimiento institucional y colaboración interinstitucional, y el apoyo para el fortalecimiento de las comunidades, el manejo sostenible de los bosques y la remuneración de servicios ambientales.

A pregunta expresa de Contralínea, refiere que el agente financiero del proyecto de bosques y cambio climático es Nacional Financiera, quien además está a cargo de los procesos de desembolso del préstamo, de administrar la cuenta bancaria y de proveer apoyo y veeduría a la ejecución de la Conafor.

El segundo préstamo es por 17 millones de dólares y los recursos provienen del programa de inversión forestal (FIP, por su sigla en inglés). Éste comprometió 42 millones de dólares en México, 25 de éstos fueron entregados como donativo y 17 como crédito.

El Banco Mundial considera que las inversiones del FIP en México son de carácter “innovador”, pues se enfocan en las “áreas de acción temprana” de Redd+ y se aplican en “discernir lecciones” y verificar su potencial de “replicabilidad” a través del SIL.

A decir del BM, el proyecto SIL-FIP tiene tres componentes. El primero tiene por objeto el diseño de la política de aplicación de Redd+ y el fortalecimiento institucional. Dentro de los acuerdos institucionales para el manejo financiero se estableció que, para este componente, todos los pagos serán operados directamente por la Conafor.

El segundo busca otorgar el apoyo a programas comunitarios prioritarios a nivel nacional. Para este componente, se establece que los pagos se realizarán directamente a los beneficiarios de los programas puestos en marcha por la Conafor bajo reglas de operación definidas.

El tercero se enfoca en la innovación en áreas de acción temprana Redd+. Dicho componente requiere de pagos a diversos beneficiarios, incluyendo organizaciones como las agencias de desarrollo local (ADL), los agentes técnicos locales (ATL), y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), las cuales llevan a cabo subproyectos, con base en acuerdos interinstitucionales que son acordados y firmados por la Conafor.

El proyecto SIL-FIP fue aprobado el 31 de enero de 2012 por la Junta de Directores del Banco Mundial. Está previsto que sea ejercido en un lapso de 5 años.

El tercer préstamo es de 300 millones de dólares. Los recursos provienen del fondo Préstamo para Políticas de Desarrollo (DPL, por su sigla en inglés) y tiene por objeto planear la adaptación al cambio climático a nivel estatal; reducir los riesgos de desastre y desarrollo territorial a nivel municipal, y el manejo forestal comunitario sustentable.

Por último, el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) –del Banco Mundial– entregó a México un donativo de 3.8 millones de dólares para “estudios y actividades de diseminación y consultas para informar el diseño de la Estrategia Nacional sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (Enaredd+)”.

Los préstamos del BID

Además de los préstamos solicitados al BM, el Plan de inversión forestal (elaborado por la Conafor) revela que a través del Programa de Inversión Forestal, las autoridades mexicanas también solicitaron recursos al Banco Interamericano de Desarrollo. Al menos, 18 millones de dólares para destinarse a dos proyectos.

El primero, de 15 millones de dólares, 5 millones a manera de donativo y 10 millones como préstamo para “la creación de una línea de financiamiento destinada a las estrategias de emisiones bajas de carbono en los paisajes forestales”. El segundo, de 3 millones de dólares: 1.5 millones en calidad de préstamo y 1.5 millones en calidad de donativo. Se enfoca en el “fortalecimiento de la inclusión de ejidos y comunidades a través de asistencia técnica y la construcción de capacidades para llevar a cabo actividades de baja emisión de carbono en paisajes forestales”.

Los donativos

Con el objeto de asistir a los países para participar en el mecanismo Redd+, el Sistema de Naciones Unidas creó el programa ONU-Redd, conformado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

El Programa ONU-Redd integra 29 países miembros, de los cuales se desprenden “nueve experiencias piloto” que son directamente apoyadas financiera y técnicamente para preparar y ejecutar estrategias nacionales Redd+.

El PNUD, a través de Verania Chao, aclara a Contralínea que México es uno de los países miembros de ONU-Redd, pero no es apoyado financieramente con esta iniciativa.

 “El Programa ONU-Redd ha promovido indirectamente intercambios de experiencias, orientaciones de política, capacitaciones, etcétera, que han contribuido al proceso de desarrollo de la Estrategia [Redd] en México”.

No obstante, reconoce que el PNUD ha gestionado tres contribuciones financieras para apoyar el fortalecimiento de las políticas forestales y la preparación de Redd+ en México.

La primera de ellas, en 2010, con la aportación de 50 mil dólares de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el proyecto regional denominado Policy 2012; la iniciativa Biodiversidad en bosques de producción y mercados certificados, ejecutada por el PNUD y financiada con 6.9 millones de dólares por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial o GEF (Global Environment Facility); y, con el financiamiento de aproximadamente 15 millones de dólares del gobierno de Noruega, el PNUD apoya el desarrollo del proyecto Fortalecer el Proceso de Preparación de Redd+ en México y Fomento a la Cooperación Sur-Sur.

Refiere el PNUD que, a través de la figura “asociado en la implementación” [sic], la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Conafor administran y rinden cuentas por la gestión de los recursos, además de que “monitorean”, evalúan las actividades y verifican el logro de los objetivos.

Fondos y falta de transparencia

bidHasta ahora no se conocen con certeza el nombre y el número de fondos destinados al financiamiento de Redd+, sean éstos públicos o privados, multilaterales o internacionales; tampoco se sabe el monto que han destinado cada uno de ellos a los países del Sur y si los recursos son entregados a las comunidades. Las páginas de internet que reportan estas cifras no coinciden.

Pese a que, de acuerdo con información del PNUD, más de 40 países están en proceso de diseño de sus estrategias y políticas nacionales para Redd+, los organismos internacionales, así como las naciones no están obligados a informar de los avances, uso de los recursos, donaciones o préstamos en portales confiables de consulta pública.

Para Daniel Sandoval, investigador en el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), uno de los principales señalamientos a Redd+ es la falta de transparencia. “Hay poca claridad en el manejo de los fondos; no se sabe el destino de los recursos”.

Con base en la información del Ceccam, de la Organización de las Naciones Unidas y del propio Banco Mundial, Contralínea puede documentar la existencia de 10 fondos multilaterales relacionados con esta temática.

Se trata de la Iniciativa Internacional para el Clima y los Bosques de Noruega; el Programa de Inversión Forestal; el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques; el Programa ONU-Redd; el Fondo para la Amazonia; la Iniciativa Internacional para Reducir las Emisiones de Carbono mediante la Protección de los Bosques (IFCI) de Australia; el Fondo Forestal para la Cuenca del Congo (CBFF); la Agencia Española de Cooperación Internacional; el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y Redd+ Partnership. Este último reporta la entrega de cifras millonarias a México.

Los 1 mil 500 MDD del Redd+ Partnership para México

reddMéxico es uno de los países que más recursos económicos internacionales se ha allegado para incorporar sus áreas forestales al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada, conocida como Redd Plus o Redd+.

El portal en internet Voluntary Redd+ Database da cuenta de que se han destinado a México 1 mil 537 millones de dólares para proyectos y acciones relacionados con Redd+.

Según el portal, que recopila información proporcionada de manera voluntaria por los financiadores y los beneficiarios, tres proyectos en México reciben recursos internacionales: Forest Mitigation Activities in the Special Program for Climate Change, para la segunda fase en el país de Redd+ II, al que se destinaron 1 mil 104 millones de dólares para utilizarse en 5 años, de 2008 a 2012; Goverment Forest indicative co-financing for Climate Change Project, para las fases I y II de Redd+, que recibió 333 millones de dólares en 2012, pero está programada la continuación del financiamiento hasta 2017; y National Redd+ Strategy, que según reporta el portal dispuso de 30 millones de dólares diferidos de 2008 a 2012.

La base de datos también revela que con más de 1 mil 500 millones de dólares, México es el país al que más recursos se le han asignado. Le sigue India, al que se le han otorgado 693.01 millones de dólares; Brasil, con 561.13 millones de dólares para Redd+; China, que dispone de 469.76 millones de dólares; e Indonesia, cuya bolsa asciende a 392.82 millones de dólares.

Voluntary Redd+ Database pertenece a Redd+ Partnership, una plataforma provisional que espera sea reemplazada o incorporada a un mecanismo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Redd+ Partnership se inauguró durante la Conferencia de Oslo sobre el Clima y los Bosques, celebrada en Noruega en mayo de 2010. Ahí, jefes de Estado, ministros y otros representantes de 50 países acordaron un marco para la rápida aplicación de medidas de reducción de la deforestación.

Se presupuestaron cerca de 4 mil millones de dólares para medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero derivados de la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo en el periodo 2010-2012.

La Asociación “se dirige a la adopción de acciones inmediatas, incluida la mejora de los instrumentos financieros de Redd+, la transferencia de conocimientos, el aumento de capacidades, las acciones de mitigación y el desarrollo y la transferencia de tecnología”, informa su portal de internet.

En la actualidad, Redd+ Partnership está compuesta por 75 países socios y sus fondos ascienden a los 5 mil 983 millones de dólares.

La posición de la Conafor

En entrevista, Sergio Graf, coordinador general de Producción y Productividad de la Conafor y secretario del Comité Técnico Consultivo Redd+, únicamente refiere que México ha obtenido 33.8 millones de dólares provenientes de dos fondos del Banco Mundial: el Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de Inversión Forestal.

Contralínea solicitó a la Conafor su posición frente a la diferencia en los montos, sin que al cierre de edición aclarara el destino de los otros 702 millones de dólares que sí reportan las instituciones internacionales.

José Díaz, director de Información y Análisis de la dependencia, señaló que “el maestro Graf contestó con lo que concierne a su coordinación. Hay recursos que se operan desde otras esferas de la Conafor. Hay más proyectos y más recursos internacionales, unos apenas están en proyecto y todavía no se operan; no se puede hacer una suma tan simple. Es complejo el asunto financiero: algunos son donaciones, otros no, tienen diversas categorías”.

Al cuestionar el destino de los 702 millones de dólares faltantes, la Conafor responde a Contralínea con un boletín de prensa fechado el 14 de febrero de 2013 en el que señala que, “a través de diversos préstamos y donativos englobados en el Proyecto sobre Bosques y Cambio Climático, el organismo internacional [Banco Mundial] destina a México casi 700 millones de dólares”.

Agrega en el documento que el Proyecto forma parte de las acciones de preparación que México realiza para atender los compromisos que adquirió México al adherirse al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal.

 “Se tiene contemplado que los beneficiarios clave serán alrededor de 4 mil ejidos y comunidades que participarían en los programas de incentivos y asesoría orientados por la demanda, respaldados por el proyecto a nivel nacional y en las áreas de acción temprana de Redd+”.

    Redd+ y el mercado de carbono

    Redd+ fue planteado por los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o bien de la restauración de las áreas forestales que han sido degradadas. Otorga compensaciones económicas, por parte de los países del Norte, que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur para mantener en pie sus bosques.

    Éste parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, identificado por la Convención como la principal causa del calentamiento global.

 redd   De acuerdo con el documento Redd+ y los territorios indígenas y campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, Redd+ es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.

    A partir de que se determinó en el Protocolo de Kioto el límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos a la atmósfera, a los países industrializados se les permite financiar proyectos de captura o reducción de estos gases en países en vías de desarrollo.

    De este modo, las empresas que “necesiten” aumentar las emisiones por encima de su límite compran bonos (certificados) que les representan el “derecho” a emitir una cantidad determinada de residuos. Con esto, el comprador paga por contaminar mientras que el vendedor se ve compensado al evitar la deforestación, la degradación y la tala.

    Octavio Rosas Landa, catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que el programa Redd+ y el pago por servicios ambientales “apuntan hacia la mercantilización de los bosques”.

    El también miembro de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales explica que Redd+ crea un mercado donde antes no existía. Mercado que implica la privatización de las condiciones ambientales para la producción de oxígeno y la captura de dióxido de carbono. “Con Redd+, los recursos naturales son vistos como explotables, mercantilizables y, por lo tanto, susceptibles de generar un lucro económico”.

    A decir del profesor de economía política, la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado en una propuesta que le asigna un valor económico a los recursos naturales. Con lo que se promueve la mercantilización de los bienes comunes como los bosques, el oxígeno que respiramos, “que ya se está convirtiendo en mercancía, y por la cual en algún momento nos van a empezar a cobrar”, y no está impidiendo que las empresas o los procesos industriales, de transporte o consumo reduzcan sus emisiones.

    “Mientras sigue aumentando la temperatura de la Tierra, las empresas trasnacionales y los gobiernos que apoyan estas iniciativas están generando un negocio con la crisis climática. Un negocio especulativo y ficticio.”

    Subraya que se trata de un “problema” que la teoría económica no ha podido resolver: establecer cuál es el valor de los recursos naturales. Por ello pregunta si este tipo de recursos deben ser tasados en dinero o si, más bien, se debiera reformular el modo en que se produce y consume la riqueza.

    Advierte que en medio de las crisis climática, hídrica y tecnológica globales resulta lucrativo conservar los bosques porque representan un buen negocio especulativo. Pero eso no significa que en un momento determinado la tala de bosques o la deforestación se conviertan también en un negocio con el fin de mantener altos los precios de los bonos de carbono.

México cede sus bosques y selvas a Redd+

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Fuente: contralinea.com.mx

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VER INFOGRAFÍA:
http://contralinea.info/archivo-revista/wp-content/uploads/2013/08/redd_estatica.jpg

reddEl gobierno mexicano prepara la incorporación de 138 millones de hectáreas (el 70 por ciento del territorio nacional) al mecanismo internacional Redd+. Aunque la estrategia se encuentra aún en la etapa de discusión y formalmente se someterá a consulta hasta 2014, el país ya recibió 33.8 millones de dólares de dos fondos del Banco Mundial: el Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de Inversión Forestal. Con ello, se comprometió a concluir la estrategia y a avanzar por 5 años en las “acciones tempranas” de la Redd+. La Conafor, encargada de la ejecución del proyecto, celebra la “vocación” de todas las áreas naturales protegidas y reservas naturales mexicanas para incorporarse al mecanismo. Asegura que nada se impondrá a las comunidades, pues se realizarán consultas y los campesinos recibirán recursos económicos. Se prepara la usurpación de territorios más grande de todos los tiempos, considera Red Indígena

México cuenta con, al menos, 33.8 millones de dólares para discutir la Estrategia Nacional Redd+ y hacer funcionar pruebas piloto en cinco estados de la República. Los recursos, provenientes de dos fondos multilaterales de los que el Banco Mundial es fideicomisario, comprometen al país en la ejecución del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (conocida como Redd+) sobre las áreas forestales de todo el país. Con ello, consolida el acceso al financiamiento internacional y su participación activa en el mercado de bonos de carbono.
 
El gobierno federal –a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), organismo público descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales– trabaja desde 2010 en el documento rector de la Estrategia Nacional de Redd+.
 
El último borrador que aún se discute, fechado en noviembre de 2012,  pretende ser llevado a consulta pública en 2014, no obstante que se espera que Redd+ esté en operación hasta 2020 sobre la totalidad de las áreas forestales mexicanas, incluidas aquellas que se encuentran bajo alguna categoría de protección.
 
Los recursos son utilizados para el diseño de la Estrategia y pruebas piloto o acciones tempranas Redd+ en cinco estados de la República: Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.
 
Redd+ es un planteamiento de los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o bien la restauración de las áreas forestales que han sido degradadas.
 
Se diseña frente a la crisis climática para otorgar compensaciones económicas, por parte de los países del Norte que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur para mantener en pie sus bosques.
 
Redd+ parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono (CO2), identificado por la Convención como la principal causa del calentamiento global.
 
La deforestación, degradación o quema del bosque, permite que se libere el carbono como CO2 o como metano (CH4), lo que contribuye al cambio climático. Es por esto que el mecanismo financia proyectos que evitarían que eso suceda.
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que los ecosistemas forestales del mundo almacenan alrededor de 289 gigatoneladas (Gt) de carbono. Si se considera el conjunto del carbono almacenado en la madera muerta, la hojarasca y el suelo, la cantidad es mayor que todo el carbono presente en la atmósfera: 652 Gt.
 
México con potencial en Redd+
 
En el documento que se prepara, la Conafor califica a México como un país con potencial dentro del programa Redd+. De la superficie total del territorio nacional (196.4 millones de hectáreas), el 70 por ciento está cubierta por ecosistemas forestales (138 millones de hectáreas) y el resto corresponde principalmente a zonas con agricultura, ganadería y áreas urbanas (29.7 por ciento).
 
Aunque Sergio Graff, coordinador general de Producción y Productividad de la Conafor y secretario del Comité Técnico Consultivo Redd+ (CTC-Redd+), reconoce en entrevista que no existe una evaluación nacional detallada de los diversos procesos de degradación forestal del país y que las causas son múltiples, como la tala ilegal, los incendios forestales o los subsidios gubernamentales para el desarrollo de actividades pecuarias, frutícolas o agroenergéticas, afirma que “la mayor parte del problema ligado a la deforestación y a la degradación está relacionado con las actividades agropecuarias en el medio rural”.
 
Los bosques y selvas mexicanas se encuentran entre los primeros 24 del mundo con mayor volumen de existencias de carbono en la biomasa forestal viva. “Para 2010 se calcularon en 2 mil 43 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes [tCO2e] con un promedio de 32 toneladas por hectárea”. Se aspira a que en 2022 México sea un sumidero neto.
 
Además, con este mecanismo, las autoridades mexicanas ven en las 174 áreas naturales protegidas existentes nuevas oportunidades.
 
Para Paloma Neumann, de la Campaña de Bosques y Selvas de Greenpeace México, Redd+ debiera aplicarse prioritariamente en las zonas donde se detecte que haya emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación o degradación. “Se supone que si tienes un Área Natural Protegida ya estás conservando y se está dando financiamiento para conservar ese bosque; ¿por qué se necesita financiamiento para reducir emisiones en un área que se supone ya está conservada?”.
 
—¿No basta con que ya estén bajo alguna categoría de protección? –se le pregunta a Sergio Graff.
 
—Aunque tengan un decreto están sujetas a presiones de actividades porque la mayor parte de la superficie es propiedad de ejidos y comunidades y hay actividades económicas. Esta Estrategia también coadyuva a que las actividades económicas sean compatibles con la conservación.
 
Según el Convenio de Diversidad Biológica, alrededor del 15 por ciento del carbono se encuentra almacenado en las áreas protegidas del mundo, por lo que el manejo efectivo y la expansión de estas zonas de conservación pueden contribuir a la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones presentes y futuras y protegiendo los sumideros actuales.
 
Territorios indígenas
reddEn México, el 58 por ciento de los bosques son propiedad de los pueblos indígenas y campesinos que los habitan bajo tenencia ejidal o comunal, indican cifras del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo de México (Ceccam).
 
Como una conquista de la Revolución Mexicana de 1910, la mayor proporción de los bosques y selvas del país son propiedad de las comunidades forestales y de los pueblos indígenas.
 
Dentro de la Estrategia se subraya que el 26.2 por ciento de la superficie de las áreas naturales protegidas federales y estatales del país se encuentran en territorio de pueblos indígenas: más de 2 millones de hectáreas.
 
Sin embargo, tal como lo indica el Ceccam, los pueblos indígenas y las comunidades rurales no cuentan con títulos formales de propiedad de tenencia sobre estos territorios ni están reconocidos sus derechos sobre los bosques.
 
La Organización de las Naciones Unidas ha expresado que para el correcto funcionamiento de Redd+ es necesario establecer una posesión clara de la tierra.
 
Ante este hecho, según la Red Indígena Ambiental Internacional, Redd+ prepara la mayor usurpación de tierras de todos los tiempos. “El riesgo para las comunidades de los bosques es el desalojo de la tierra, su privatización a favor de las corporaciones y las restricciones de uso de su propio territorio, aunque dependen de este hábitat para garantizar su existencia como sociedades y culturas distintas”.
 
Ejemplo de ello es el programa piloto Redd+ que el exgobernador Juan Sabines Guerrero puso en marcha en 2011 sobre 614 mil hectáreas de selva chiapaneca, y que a decir de la Conafor no forma parte de sus acciones tempranas.
 
Tal como lo señaló públicamente Juan Sabines, desde que Redd+ llegó a la selva, 100 comunidades han sido desplazadas de su territorio. En enero de 2011, durante la entrega de recursos de Redd+, el exgobernador dijo ante los comuneros “beneficiados” que de los 170 pueblos que permanecían invadiendo alguna reserva, sólo quedaban siete.
 
Los pueblos en resistencia están dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, área declarada en 1978, que se extiende 321 mil hectáreas sobre el territorio chiapaneco. Ahí se refugian del hostigamiento y de la represión militar y paramilitar de la que son objeto.
 
Aunque la prueba piloto en Chiapas fue presentada como un caso de “éxito”, el 8 de julio pasado Isaí López dio cuenta en una nota de prensa en El Heraldo de Chiapas de la suspensión del proyecto del exgobernador Sabines. “Fue un fracaso. Esa estrategia ya está cancelada, no se tuvieron los resultados que se anunciaron”, dijo Carlos Morales Vázquez, secretario del Medio Ambiente e Historia Natural de la recién llegada administración.

Consulta Pública
 
Las salvaguardas ambientales y sociales son parte de los principios adoptados por México. Provienen de los Acuerdos de Cancún de la CMNUCC. Entre otros, establecen el cumplimiento al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades rurales e indígenas en todos aquellos aspectos de Redd+ que incidan o puedan afectar sus territorios, bienes, derechos individuales o colectivos.
 
Aunque la Estrategia incluye esta salvaguarda, Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, apunta que éste es uno de los temas críticos de la Estrategia.
 
“Nuestro principal señalamiento es el vacío que hay con relación con el enfoque de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas. No estamos en contra de que se recojan las salvaguardas, pero el instrumento normativo de protección a los derechos de las personas afectadas por Redd+, sobre todo a los pueblos indígenas, deben ser los derechos humanos, y las salvaguardas deben ser una normativa complementaria”.

Explica el investigador que el derecho al consentimiento que recupera la Estrategia es limitado y por tanto no es verdadero, porque no reconoce el derecho al veto. “Un derecho al consentimiento que no tienen derecho al veto es un falso derecho al consentimiento”.
 
Frente a ello, el Grupo de Trabajo del Protocolo de Consulta –conformado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC; Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya, SC; Red Indígena de Turismo de México, AC; Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, AC; y Sakbe, Comunicación y Defensa para el Cambio, AC– elaboró, dentro del Consejo Técnico Consultivo, un Protocolo de Consulta y Participación para la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Plus.
 
Remarca el investigador que la necesidad de hacer el Protocolo surgió de la falta de una ley de consulta de pueblos indígenas.
 
No obstante, el documento no tiene carácter vinculante. “Aún cuando se construyó participativamente y en el marco de la institucionalidad, no se puede decir que tenga una fuerza obligatoria para las autoridades. No es una ley de consulta ni un reglamento”.
 
Expresa Edmundo del Pozo que una de las preocupaciones es que dentro del documento rector no se retomen los insumos que se colocaron dentro del Protocolo, “no aparece la obligación de consulta del Estado a los pueblos y comunidades indígenas”.
 
Cuestionado al respecto, Sergio Graff asegura que no hay necesidad de incorporar el tema a la Estrategia Nacional, porque lo único que marcará ésta son los lineamientos generales. “No sé por qué tiene que ser vinculante. La consulta es una obligación”. Agrega que “las organizaciones hicieron una propuesta de protocolo que la autoridad está considerando”.
 
—¿Ustedes tienen contemplado el derecho de los pueblos al consentimiento?
 
—Claro. Sí. La Estrategia va a contemplar que cualquier acción ligada a un mecanismo Redd+ deberá tener consentimiento previo, libre e informado. No va a haber ninguna acción en la que no esté de acuerdo el dueño. Si en una comunidad indígena se quiere implementar [sic] una acción Redd+ tendrá que buscarse el consentimiento de la comunidad antes de hacerlo.
 
—¿Con el derecho de veto?
 
—En su comunidad sí, por supuesto. Lo que no pueden hacer es vetar una Estrategia Nacional, nadie.
 
—Localmente sí…
 
—Claro. Si la comunidad no quiere que haya un incentivo adecuado para que maneje sus bosques o no quiere un apoyo para fortalecer su organización, un apoyo para desarrollar proyectos integrales; si la comunidad no quiere, puede vetar la acción. Pero lo que busca la Estrategia es que todos los programas públicos tengan un mejor impacto a favor de la comunidad y de sus recursos. Yo no creo que nadie quiera oponerse a eso.
 
—Pero habría que preguntarles…
 
—Claro. Al momento que uno quiera entrar a su comunidad se les tiene que preguntar. Por supuesto.
 
Octavio Rosas Landa, catedrático en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, recalca que los bienes, propiedad de comunidades, han sido conservados y protegidos a pesar de las políticas de gobierno, pero que ahora, frente a la crisis financiera y ambiental de escala global, ésta última pretende ser paliada por medio de mecanismos de mercado que no van a solucionar el problema.
 
“¿Por qué presionar a los campesinos y ejidatarios a que acepten este tipo de convenios si son ellos quienes más contribuyen a que el calentamiento global no se agrave? Y si no aceptan, ¿son ellos quienes no quieren detener el calentamiento global?”, pregunta.

Acciones tempranas
 
reddComo parte del proceso de preparación para la próxima aplicación de la Estrategia, se han puesto a prueba acciones tempranas en el país que servirán de ejemplo para la construcción y posterior aplicación de la Estrategia Nacional.
 
Una de ellas es en la región de las Cuencas Costeras de Jalisco, donde se contabilizan 10 áreas naturales protegidas, además de ser zona prioritaria para la conservación del jaguar y una de las de mayor importancia para la conservación de aves migratorias de América del Norte.
 
Otra de las acciones se realiza en el Corredor Biológico Mesoamericano, que incluye a Campeche: zona de influencia de Calakmul; Yucatán: Sierrita de Ticul; y Quintana Roo: municipios de Bacalar, José María Morelos, Othón P Blanco y Felipe Carrillo Puerto.
 
Y por último, acciones tempranas en 5 millones de hectáreas que abarcan 57 municipios del estado de Chiapas, así como 16 Áreas Naturales Protegidas en Corredores Biológicos y la Selva Lacandona.
 
Además, de acuerdo con Sergio Graff, se espera próximamente iniciar proyectos piloto Redd+ en el Estado de México y en Oaxaca, aunque aún no se define la zona.
 
Sobre los resultados, Graff no tiene noción. “Es un proceso que apenas acaba de empezar, pero por ejemplo en el caso de la [Selva] Lacandona se ha tenido un impacto positivo reduciendo la deforestación. En algunos lugares se registran tasas de 7 por ciento anual y ha bajado a menos de 1 [por ciento]”.
 
—¿Cuántas de estas acciones han implicado la venta de bonos de carbono? –se le pregunta.
 
—No. Ninguna. Como está en un proceso de preparación, los mecanismos todavía no están definidos en los acuerdos internacionales. Nada más se trabaja a través de recursos que se asignan a estos programas.
 
El mercado de carbono
 
De acuerdo con el documento Redd+ y los territorios indígenas y campesinos, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), Redd+ es un instrumento de la economía verde y pretende financiar la captura de carbono que realizan los bosques, a partir de la emisión de certificados o bonos por captura de carbono.
 
A partir de que se determinó en el Protocolo de Kioto el límite sobre la cantidad de gases contaminantes que pueden ser emitidos a la atmósfera, a los países industrializados se les permite financiar proyectos de captura o reducción de estos gases en países en vías de desarrollo.
 
De este modo, las empresas que necesiten aumentar las emisiones por encima de su límite compran bonos (certificados) que les representan el derecho a emitir una cantidad determinada de residuos. Con esto, el comprador paga por contaminar, mientras que el vendedor se ve compensado al evitar la deforestación, la degradación y la tala.
 
Al no obligar a las empresas contaminantes a reducir sus emisiones a la atmósfera, el esquema es objeto de la oposición de organizaciones como Vía Campesina, Red Indígena Ambiental, el Ceccam y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.
 
La Estrategia Nacional no impide ni acota la venta de bonos de carbono, expone abiertamente que el mercado voluntario puede representar una fuente complementaria de financiamiento.
 
Aunque Sergio Graff aclara que en la Estrategia la venta de bonos de carbono es una posibilidad, dependerá de cómo se establezca el mecanismo a nivel internacional. “Todavía no se sabe si va a haber un mercado de carbono por reducción de emisiones, pero lo que sí es que va a haber transferencias económicas teniendo resultados de disminución de emisiones de carbono”.

Financiamiento
 
La Estrategia Redd+ posibilita el financiamiento de fuentes públicas, privadas, nacionales e internacionales. Así como el uso de fideicomisos para hacer factible la movilización de recursos basados en resultados climáticos y la distribución de beneficios y estímulos a los dueños de terrenos forestales, comunidades indígenas y rurales.

En la Visión de México en REDD+, el documento que antecedió al borrador de la Estrategia, se lee: “Los fideicomisos nacionales, regionales o locales jugarán un papel como operadores protagónicos que tendrían la capacidad de administrar y desembolsar de manera eficiente y oportuna los fondos para promover Redd+ y dar seguimiento y evaluar el ejercicio de presupuestos con transparencia, a partir de esquemas confiables de monitoreo y verificación”.
 
Y agrega: “los fideicomisos podrían ser públicos, privados o mixtos y mantenerse desde fondos multilaterales, mercados de carbono –en su momento– u otros recursos fiscales etiquetados que acogerían la participación de gobiernos, empresas, propietarios de tierras (ejidos, comunidades, individuos, empresas), organizaciones de la sociedad civil e intermediarios financieros, entre otros”.
 
reddEn los Acuerdos de Cancún los países desarrollados adoptaron formalmente el compromiso de proveer “financiamiento de inicio rápido” a los países en desarrollo durante el periodo 2010-2012 para acciones de mitigación (incluyendo Redd+), adaptación, desarrollo y transferencia de tecnología y creación de capacidades, previamente mencionado en el Acuerdo de Copenhague, donde se comprometieron a movilizar recursos para 2020 y cubrir las necesidades de los países en desarrollo en el contexto de acciones de mitigación significativas y de transparencia en su ejecución. Estos fondos pueden provenir de fuentes públicas, privadas, bilaterales, multilaterales y alternativas.
 
En el caso de México, la Ley General de Cambio Climático instruye la creación del Fondo para el Cambio Climático con el objeto de captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales para apoyar acciones que enfrenten el cambio climático.
La Estrategia plantea que parte del presupuesto del fondo se habrá de constituir con los recursos derivados de su actividad en el mercado de bonos de carbono.
 
Refiere Sergio Graff que, hasta ahora, México cuenta con 33.8 millones de dólares para las etapas preparativas de Redd+; de éstos, 3.8 millones se derivan del Forest Carbon Partnership Facility: “Apenas se va a firmar el apoyo para preparación; son 3.8 millones de dólares que se utilizan para la elaboración de la Estrategia, pero sobre todo para la consulta”; y un “donativo” de 30 millones de dólares para ejercerse en 5 años del Programa de Inversión Forestal, destinados a programas especiales en las acciones tempranas de Redd+.
 
“No es mucho dinero pero sirve para hacer los trabajos de innovación. Ese dinero está en un fondo internacional y conforme se van aplicando los recursos, México tiene reembolsos; no se los entregan todos al país”, aclara el funcionario.
 
Según se lee en la Estrategia, el financiamiento para las acciones tempranas en Jalisco conjuntará recursos de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), de la Unión Europea a través del proyecto de Facilidad para la Inversión en Latinoamérica (LAIF, por su sigla en inglés), del gobierno de Jalisco y de la Conafor.
 
Además, se cuenta con tres fideicomisos donde es posible recibir recursos públicos del gobierno federal, estatal, de organismos de la sociedad civil y organismos privados.
 
En la Península de Yucatán, señala la Estrategia Nacional Redd+, habrá financiamiento de la Unión Europea proveniente del LAIF a través de una acción conjunta con la AFD, la AECID y la Conafor, para la construcción de mecanismos de gobernanza a nivel local; financiamiento de los gobiernos de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como de Conabio, The Nature Conservancy, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Conafor a través del ProÁrbol y los lineamientos del Programa Especial para la Conservación, Restauración y el Manejo Sustentable de los Recursos Forestales de la Península de Yucatán.
 
En Chiapas, a partir de 2010, la Conafor promueve el Programa Especial para la Conservación, Restauración y Aprovechamiento Sustentable de la Selva Lacandona, que integra las modalidades de apoyo económico en agroecología, regeneración de selvas, restauración de riveras y arroyos, reforestación diversificada, pago por servicios ambientales, estudios forestales y silvicultura comunitaria.
 
Mediciones y verificación
 
Para monitorear, medir y evaluar el desempeño de Redd+, México habrá de desarrollar un sistema verificable de medición y reporte en el que deberá establecer la cantidad de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero para una región dada y para un periodo determinado (niveles de referencia). Su definición será apoyada por el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial y por Noruega.
 
El sistema de monitoreo mexicano deberá ser de bajo costo. “Mientras más costoso sea, más oneroso será para el país desarrollar un mecanismo de Redd+ y menores los beneficios que se obtendrán”, apuntan las autoridades en Visión de México sobre Redd+. Hacia una estrategia nacional.
 
De acuerdo con el mismo documento, México ha participado activamente en las principales iniciativas multilaterales relacionadas con mediciones y verificación para Redd+, incluidos el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques y la iniciativa de rastreo de carbono forestal del Grupo de Observación de la Tierra. Asimismo, el país ha desarrollado trabajos bilaterales con Canadá sobre el modelo de contabilidad del carbono; con Alemania, para el uso de tecnologías de radar, y con Estados Unidos y Finlandia, para fortalecer el inventario forestal.

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REDD+: Crónica de un fracaso anunciado

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REDD+: Crónica de un fracaso anunciado.

Otros Mundos Chiapas- Amigos de La Tierra México
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Julio 2013.

REDDLa Semana pasada El Secretario de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN), Carlos Morales Vázquez anuncio la suspensión del programa REDD+ en el estado de Chiapas [1] esta noticia llega sin sorpresa para muchos de los grupos y organizaciones campesinas que denunciaron en muchas ocasiones  como se había operado este  programa. Esto se da a conocer después de que el gobierno Australiano, informara también el fracaso y su retirada  del proyecto REDD+ en Kalimantan bajo el proyecto KFCP (Kalimantan Forests and Climate Partnership ) manejado por el Aus´AID en donde se habían comprometidos 273 millones de dólares de inversión [2].

El Proyecto REDD+ “no reconocido” oficialmente en Chiapas, estuvo plagado de toda clase de vicios desde su ejecución en 2010; a pesar de conocer las experiencias que este tipo de proyectos tenía en otros países, se apresuro su aplicación como forma de mostrar la buena “voluntad” a los mercados internacionales de comercio de carbono, que tenia Chiapas, uno de los Estados más biodiversos del país. Desde su  implementación fue promocionado en la comunidad lacandona como  “Una oportunidad de  garantizar un mejor futuro para sus hijos y para la humanidad, programa que permitirá a las nuevas generaciones tener mayores oportunidades de desarrollo”, en palabras de el Anterior Gobernador Juan Sabines.  El proyecto incluso llevo agudizar problemas de tenencia de la tierra, casos de desalojos, problemas entre las comunidades y organizaciones campesinas de la zona  y no represento una solución real para combatir el Cambio climático.

Ya organizaciones campesinas, comunidades de la región Amador Hernández, Frontera Corozal y organizaciones no gubernamentales, lo señalaron en la declaratoria Reddeldia de septiembre de 2012  cuando sesiono el grupo de trabajo de los Gobernadores sobre el Clima y Bosques (GCF) San Cristóbal de las Casas Chiapas; en esta ocasión se alertaba acerca de los enormes peligros de REDD+, de los  problemas que había causado en el Estado y de cómo estaba destinado al fracaso.

El programa REDD+ implementado en Chiapas ha dejado grandes  lecciones de cómo los proyectos de mercantilización de la naturaleza no han funcionado, este proyecto ha tenido enormes costos para las  comunidades indígenas y campesinas del Estado: 1) No respetó los derechos de los pueblos indígenas al no informarlos ni incluirlos 2) Bajo este esquema se dividió a las comunidades, rompiéndose el tejido social, además de incrementar los problemas por tenencia de la tierra que de por sí existen entre las comunidades como son los casos de Montes Azules y “ La brecha Lacandona” 3) Acompañado de el “proyecto de reconversión productiva” de palma africana y piñón (Jatropha curcas)se  intentó incluirlas bajo el término de  bosques, además de “venderlas” como energía limpia acompañándolo a su vez con grandes megaproyectos de minería y presas y parques eólicos alrededor de todo el Estado 4) A raíz de los enormes casos de corrupción y de pago del proyecto REDD+ con impuestos de los Chiapanecos/as el Estado está sumido en una de los más grandes crisis económicas de los últimos tiempos 5) En resumen REDD+ en Chiapas es la crónica de un fracaso anunciado. Los mecanismos de pago en los que se pretende que los países del Sur tropical absorbamos la contaminación del Norte Industrial –Cualquier forma de mercantilización de la Naturaleza- estarán destinados al fracaso mientras no se apliquen soluciones reales y de fondo a la “crisis climática”

Muchas son las interrogantes que se abren con respecto al anuncio de la suspensión de  este programa:

·¿REDD+ en Chiapas Término? Solo hay que revisar, El Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas (PACCCH)[3] , en el que se habla de las líneas de acción a seguir de dicho programa  y en las cuales REDD+ sigue siendo piedra angular de la estrategia contra el cambio climático, también se mencionan a Las  áreas naturales protegidas de El Triunfo y el Ocote en donde a través del grupo REDD+ se ha logrado Identificar sitios de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV) en la Sierra Madre, que son sitios prioritarios por su alta biodiversidad y tienen viabilidad social para la implementación de este programa. A pesar de su suspensión ¿Un proyecto de esta naturaleza será llevado a otras áreas naturales protegidas en Chiapas?

·¿Qué opinan las autoridades de California acerca del fracaso de REDD+ en las tierras Chiapanecas? ¿Qué significa en términos del Acuerdo California-Chiapas-Acre? Recordemos que en mayo de este año el grupo de trabajo de  REDD+ Offset Working Group –ROW- estaba buscando impulsar este acuerdo, a pesar de una gran cantidad de denuncias y observaciones por parte de académicos organizaciones campesinas y grupos ambientalistas.

Para generar soluciones verdaderas al cambio climático se requieren medidas democráticas y técnicamente coherentes para transitar a un sistema energético sustentable, y para poder eliminar con carácter de urgente el uso y abuso de los hidrocarburos. El fracaso de  REDD+ en todas sus versiones, REDD++ y las que se sumen, incluido REDD azul, solo pone en tela de juicio la capacidad de análisis que instituciones, programas y gobiernos tienen frente a un problema tan complejo como la “crisis climática”, nos pone también de frente al hecho de que los recursos y medidas para conservar los bosques y las selvas deben ser adicionales y democráticamente definidos y no aprobarse en compensación ni imposición para seguir contaminando. Se deben tomar en cuenta las alternativas sustentables de los pueblos originarios y campesinos, que apoyen la gestión y conservación de bosques desde una visión comunitaria; que no sean parte de los mercados ni sean controlados por corporaciones, instituciones financieras internacionales o los “coyotes verdes” de la conservación, y sí colectivamente por los pueblos.

Notas:
[1] http://www.oem.com.mx/elheraldodechiapas/notas/n3045308.htm
[2] http://reddeldia.blogspot.mx/2013/07/falla-experimento-australiano-de.html
[3] http://www.cambioclimaticochiapas.org/portal/index.php/redd consultado el 11 de julio de 2013.

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REDDProtestan indígenas en reunión de clima y bosques en Chiapas

Programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD) constituye “un despojo de nuestros territorios y recursos”, denunciaron.
http://www.otrosmundoschiapas.org/index.php/redd/1347-protestan-indigenas-en-reunion-de-clima-y-bosques-en-chiapas.html

VIDEO: REDD: la codicia por los árboles. El Caso Chiapas: la Selva Lacandona al mejor postor

http://otrosmundoschiapas.org/materiales/redd-la-codicia-por-los-arboles/

Audios: los efectos de REDD+ en las comunidades indígenas

http://otrosmundoschiapas.org/materiales/audios-los-efectos-de-redd-en-las-comunidades-indigenas/

REDDeldía Chiapas

http://reddeldia.blogspot.mx/

Chiapas: Suspendido el programa REDD Plus, dice Semahn

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Suspendido el programa REDD Plus, dice Semahn

“Fue un fracaso, esa estrategia ya está cancelada, no se tuvieron los resultados que se anunciaron”: Carlos Morales

ISAÍ LÓPEZ. El Heraldo de Chiapas

reddEl programa de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (REDD Plus) implementado por la administración anterior, ha sido suspendido, debido a que no se plantearon soluciones de fondo, dijo el secretario del Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Carlos Morales Vázquez.

“Fue un fracaso, esa estrategia ya está cancelada, no se tuvieron los resultados que se anunciaron, creo que los problemas ambientales hay que abordarlos de fondo con estrategias, no por ocurrencia”, acotó.

Durante el 2010 se diseñó el programa REDD Plus para comunidades de la Selva Lacandona, instrumentados por la responsable de la política ambiental ahora diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México, Lourdes Adriana López Moreno.

En la Selva Lacandona comuneros resultaron beneficiados con la entrega de recursos del proceso de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación plus (REDD+) para la conservación de las reservas de los ecosistemas de la zona.

De acuerdo con el esquema de la pasada administración, este beneficio incluyó a todos los para garantizar un mejor futuro para sus hijos y para la humanidad, programa que permitirá a las nuevas generaciones tener mayores oportunidades de desarrollo, sin embargo, para la nueva administración estatal no responde a las necesidades.

“Se requiere un tratamiento integral a los ecosistemas, con una campaña de prevención de delitos ambientales, de educación ambiental desde las escuelas y con resultados a corto, mediano y largo plazo para proteger y desarrollar la flora y fauna”, agregó.

Aquél programa fue firmado el 22 de diciembre del 2010 en la comunidad San Javier municipio de Ocosingo, para garantizar la conservación de una de las reservas naturales más importantes de América Latina, la Selva Lacandona, en el marco del proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada Plus, en una superficie de 614 mil hectáreas.