El gobierno de Canadá rompe la promesa de nombrar un ombudsman para los derechos humanos

Comunicado de prensa vía CDHAL– A 8 de abril de 2019

El gobierno canadiense está revirtiendo su promesa de crear un organismo independiente para monitorear las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas canadienses. 

El gobierno de Canadá está incumpliendo su promesa de nombrar un ombudsman independiente para la responsabilidad corporativa que detenga poder real para investigar los abusos y reparar los daños causados por las compañías canadienses que operan en el extranjero.

Las empresas canadienses que operan en el extranjero están asociadas a violaciones graves y flagrantes de los derechos humanos, en especial, el trabajo forzoso, la violación y el asesinato. Hace quince meses, el gobierno anunció la creación de una oficina independiente para investigar esas prácticas. En cambio, presentó un puesto de consulta sin real poder, que poco difiere de lo que ha existido durante varios años. Está claro que Canadá necesita un ombudsman que pueda contribuir a prevenir la complicidad tácita de Canadá en los abusos corporativos y para garantizar que las cadenas canadienses de suministro en la industria minera y textil respeten los derechos humanos.

Un verdadero ombudsman debe ser independiente del gobierno y tener el poder de ordenar a los que están bajo investigación que presenten documentos y que presten testimonio bajo juramento. El puesto consultivo creado hoy no cumple con ningún de esos requisitos.

“Las personas y comunidades que han sido perjudicadas por las compañías mineras canadienses todavía no tienen a quién recurrir”, dijo Emily Dwyer, de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa. “Este ombudsman solo lleva el título. Es el mismo enfoque vano que ya ha demostrado ser ineficaz”.

El gobierno ha anunciado que ha encargado una evaluación sobre la posibilidad de otorgar al asesor poderes de investigación. “Quince meses después de iniciar este proceso, anunciar una nueva evaluación de condiciones es simplemente indignante. Lo que necesitamos es de acción, no de otros estudios “, agregó la Sra. Dwyer.

En los últimos tres años, al menos cuatro organismos de las Naciones Unidas han pedido a Canadá que responsabilice a las empresas canadienses por sus actos. Recientemente, en junio de 2018, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos hizo un llamado a la creación de una oficina de ombudsman en Canadá para contribuir a poner fin a los abusos.

“El puesto anunciado hoy tiene carácter meramente consultivo, que no encierra un poder real y no operará de forma independiente del gobierno, es decir, sin interferencias políticas o corporativas”, dijo Dwyer. “El gobierno debe actuar con determinación para detener el abuso corporativo. Esa fue la promesa hecha en enero de 2018. Esta es la promesa que debe cumplirse.”

Emily Dwyer

Coordinadora de la Red Canadiense de Responsabilidad Corporativa

Fuente y foto: http://cnca-rcrce.ca 

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[VIDEO] Nuevas herramientas para entender la Captura Corporativa

Publicación de la Red-DESC – A 18 de enero 2018

Los miembros de la Red-DESC han venido utilizando cada vez más el término “captura corporativa” para referirse a los medios por los cuales una élite económica socava la realización de los derechos humanos y medioambientales al ejercer una influencia indebida sobre los tomadores de decisiones nacionales e internacionales y las instituciones públicas.

En los últimos cuatro años, con el liderazgo del Grupo Asesor del Proyecto de Captura Corporativa, el grupo de trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC ha trabajado para aumentar la sensibilización y diseñar estrategias para abordar esta tendencia global. En el 2018, los miembros han llevado a cabo acciones de abogacía, investigación y comunicación, con el liderazgo del Grupo Asesor del Proyecto, incluyendo:

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Sobre la base de este proyecto, en 2019, la Red-DESC iniciará una campaña en toda la red para empezar una conversación más amplia sobre la captura corporativa y el impacto que esta tendencia está teniendo sobre los derechos a la tierra, la vivienda y los recursos naturales. Prestando atención a cómo esas preocupaciones impactan a las mujeres y requieren su liderazgo, esta campaña trabajará para involucrar al conjunto de los miembros de la Red-DESC para sensibilizar sobre la tendencia de la captura corporativa y el desarrollo de estrategias para contrarrestarla. Si usted desea saber cómo puede unirse a la campaña de la Red-DESC sobre captura corporativa en el 2019 envíe un correo electrónico Gabriela C Martins: gcmartins@escr-net.org.

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Conclusiones de la 4ta sesión del grupo de trabajo de la ONU para un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos

Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional sobre las conclusiones de la 4ta sesión del grupo de trabajo de la ONU hacia un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos – Ginebra, A 20 de octubre 2018

Importantes aportes de los pueblos afectados, participación constructiva de los Estados, distanciamiento de la UE de las conclusiones y confirmación de la 5ta sesión para negociar la revisión del borrador en 2019

El viernes 19 de octubre 2018 por la tarde, concluyeron las negociaciones luego de la discusión de importantes propuestas. Los Estados reconocieron que el diálogo se centró en el contenido del borrador cero de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos y tomaron nota de los aportes recibidos por una cantidad sin precedentes de actores relevantes.

Los representantes de 94 países y alrededor de 400 delegados y delegadas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos/as representantes de Amigos de la Tierra Internacional de 20 países, se congregaron en Ginebra en el marco de la cuarta sesión del grupo de trabajo intergubernamental (IGWG4) que tuvo como resultado la confirmación de una quinta sesión de negociaciones que se centrará en una versión revisada del borrador del tratado.

Representantes de los pueblos afectados por las violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales describieron en detalle las amenazas que enfrentan contra sus vidas y sus medios de sustento en el marco de la lucha por la justicia. Estos son los mismos pueblos que están reelaborando leyes relativas a los derechos humanos desde las bases.

La federación Amigos de la Tierra Internacional continuará activamente involucrada y seguirá trabajando con los movimientos sociales y miembros de la sociedad civil de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo, coaliciones nacionales que forman parte de una creciente Alianza para el Tratado y otros actores relevantes, como miembros del Parlamento y autoridades locales de todo el mundo, para seguir presentando propuestas constructivas.

Como afirmó Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional:

“Continuaremos participando activamente y esperamos con ansias las sesiones futuras necesarias para cumplir con el mandato de la Resolución 26/9 de reglamentar, en el marco del derecho internacional en materia de derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas. Nos decepcionó que las recomendaciones de la presidencia del IGWG no hicieran referencia a los vitales debates de los últimos cuatro años, como los relativos al Documento de Elementos de 2017, además de la falta de participación constructiva de algunos Estados que se distanciaron de las negociaciones en esta etapa tan avanzada en la que se están analizando contenidos y procedimientos importantes. Lo que se necesita básicamente para reglamentar a las grandes empresas que controlan complejas cadenas mundiales de producción son normas concretas para estas empresas en función de obligaciones directas para que las empresas transnacionales respeten los derechos humanos. Este es el camino a seguir para detener las violaciones e derechos humanos que afectan a millones de personas y a sus medios de sustento en todo el mundo”.

Los/as representantes de Amigos de la Tierra Internacional aportaron propuestas técnicas junto con expertos/as, académicos/as, abogados/as y representantes de los pueblos afectados, con base en los contextos nacionales y regionales y la experiencia de la resistencia comunitaria.

Kwami Kpondzo, de Amigos de la Tierra Togo en nombre de Amigos de la Tierra África dijo:

“Me enorgullece ver a los Estados africanos -54 en total, representados por Togo – unidos y comprometidos para apoyar este tratado que es tan necesario para remediar los males provocados por décadas de impunidad empresarial. Me sentí alentado por el liderazgo de Sudáfrica como co-proponente de la resolución 26/9 y como inspiración para la creciente cantidad de Estados que están apoyando el proceso del Tratado, defendiendo el mandato del IGWG y presentando aportes para cubrir las lagunas que existen en materia de las reglamentaciones para las empresas transnacionales”.

Mageswari Sangaralingam, de Amigos de la Tierra Malasia, afirmó:

“Amigos de la Tierra Asia Pacífico se ve impulsada por el continuo apoyo de países como Indonesia y Filipinas a favor de un tratado vinculante que hará rendir cuentas a las empresas transnacionales y a todas sus cadenas de suministro por los crímenes ambientales y las violaciones de derechos humanos. Creemos firmemente que este tratado vinculante es un instrumento para los países en desarrollo y para los pueblos. Le urgimos a los países de Asia Pacífico y la sociedad civil que eleven el perfil de este tratado para que podamos respetar, proteger y satisfacer efectivamente los derechos de nuestros pueblos y el medioambiente”.

Ike Teuling, de Amigos de la Tierra Europa comentó:

“A pesar de la presencia comprometida de la sociedad civil europea en Ginebra, la UE no participó de forma sustancial en el proceso e hizo caso omiso a la resolución recientemente adoptada del Parlamento Europeo en apoyo al tratado vinculante. Con la excepción de una única declaración de Franca sobre el contenido, permanecieron en silencio durante la mayor parte de las negociaciones e incluso se retiraron de la sala durante las discusiones sobre las conclusiones del grupo de trabajo. Como declaración final, la UE se desvinculó de las conclusiones, y se aisló del consenso al que llegaron todos los demás países. Es claro que la UE se pone del lado de las empresas y no de los pueblos, cuyos derechos son violados por las empresas transnacionales europeas”.

Alberto Villarreal, de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, agregó:

“Los pueblos afectados deben ponerse en el centro de este proceso. Por lo tanto, esperamos un borrador más ambicioso, uno que responda a las expectativas y exija justicia y el fin de la impunidad. También reclamamos que se garantice que los/as activistas y defensores/as de derechos humanos continúen siendo recibidos/as en el Consejo de Derechos Humanos. Nos preocupa enormemente que algunos Estados cuestionen el derecho que tienen las víctimas y representantes de la sociedad civil a compartir sus testimonios. Esto es inaceptable y va en contra del espíritu del tratado, un tratado dirigido a todos los pueblos. Por otro lado, muchos países recibieron con calidez nuestra pasión, nuestros testimonios y aportes sustanciales al borrador del tratado y al proceso en general”.

Para Amigos de la Tierra y la Campaña Global, entre los puntos clave que deben ser incluidos en el próximo borrador y en las consultas informales en el camino hacia la 5ta sesión se destacan:

  • un enfoque en las empresas transnacionales y en las actividades de estas como se establece en la resolución 26/9;
  • el establecimiento de obligaciones directas y la responsabilidad penal, civil y administrativa por las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales;
  • una Corte Internacional sobre empresas transnacionales y derechos humanos;
  • la primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos comerciales y de inversiones;
  • la protección del proceso del tratado de la influencia indebida de las empresas y sus representantes y que se garantice la participación segura de la sociedad civil en todo el proceso.

Contactos para los medios:

– Lucia Ortiz, programa de Justicia Económica, Amigos de la Tierra Internacional
lucia[at]foei.org
+55 48 99915-0071

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe:
comerc[at]redes.org.uy
+598 98 556 360

– Ike Teuling, campañista de responsabilidad empresarial, Amigos de la Itera Europa:
ike.teuling[at]foeeurope.org
+316 29593882

– Kwami Kpondzo, Directorio de Amigos de la Tierra África
kwadodzi[at]yahoo.fr
+22898221457

Por consultas generales sobre medios:

Amelia Collins
press[at]foei.org
+447740979709

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Comunicado de la federación Amigos de la Tierra Internacional, a la cual pertenece Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 11 de julio 2018

Hoy, tendrá lugar en Ginebra la cuarta negociación informal sobre el tratado vinculante de las Organizaciones de Naciones Unidas que obligaría a las empresas transnacioneales a respetar los derechos humanos en todos los países donde tienen actividades. Exhortamos a la Unión Europea a que empiece finalmente a respaldar este proceso.

El respaldo de la sociedad civil a un tratado jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales está creciendo, especialmente en el Sur global. Sin embargo, en lugar de intervenir comprometidamente en las negociaciones de este tratado de la ONU, la Unión Europea está dilatando y descarrilando el proceso. ¿Con qué cara puede la UE decir que está comprometida con la protección de los derechos humanos y de quienes los defienden, cuando está tratando de impedir el avance de este proceso histórico?

En 2015, un grupo de trabajo intergubernamental de las Naciones Unidas empezó a trabajar en pos de un tratado para reglamentar las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas de negocios, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. A pesar del voto negativo de 14 países europeos contra la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2014, la iniciativa concita cada vez más apoyo generalizado y las conversaciones se encaminan ahora hacia una cuarta sesión de trabajo formal en octubre, cuando se empezará a negociar un Borrador Cero. La UE funciona como un bloque en Ginebra, lo que significa que coordina la postura de todos sus Estados miembros individuales.

Los reclamos por mecanismos jurídicos que permitan prevenir y evitar los abusos y violaciones de derechos humanos por empresas y sus ataques contra gobiernos elegidos democráticamente han sido reiterados, desde aquel discurso memorable de Salvador Allende en 1972 ante la Asamblea General de la ONU. Pero los crímenes empresariales contra el medioambiente y los derechos de los pueblos siguen ocurriendo desde entonces sin cesar, al mismo tiempo que la violencia contra los defensores y defensoras de los territorios y los derechos de los pueblos asciende a niveles alarmantes. Las empresas casi nunca o nunca son responsabilizadas ante la justicia por sus actos.

Muchos países han formulado propuestas concretas respecto del contenido y la aplicación de un tratado vinculante que permita cerrar los vacíos legales que persisten en el derecho internacional de los derechos humanos y que mejore el acceso a la justicia para los pueblos afectados. Esto incluye leyes nacionales en algunos Estados europeos que les fijan obligaciones jurídicas a las empresas transnacionales para que eviten los abusos de derechos humanos y los daños ambientales a todo lo largo de sus cadenas de suministro. Actualmente, se están dando grandes avances al respecto en países como Francia y Suiza, empujados por la sociedad civil organizada y los parlamentos.

La UE mantiene sin embargo su postura obstruccionista. Sus representantes no se presentaron al inicio de las conversaciones en la ONU en 2015, e intervinieron recién en 2016 y 2017 en respuesta a las presiones de las organizaciones de la sociedad civil. Durante las consultas informales más recientes, en mayo y junio, la UE siguió impidiendo las negociaciones al reclamar una nueva resolución que restrinja el mandato del grupo de trabajo intergubernamental. Eso implicaría revertir cuatro años de avances, y le daría a la UE la oportunidad de cambiar el alcance del tratado, o de lavar sus contenidos hasta transformarlo en una mera enmienda de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

El Borrador Cero que será elaborado este mes es el resultado de tres sesiones de discusiones fructíferas entre Estados, sociedad civil, expertos, y representantes de comunidades afectadas, así como de las asociaciones empresariales opositoras, y debe basarse en el documento de elementos discutido el año pasado en la tercera sesión. Para Amigos de la Tierra Internacional, para que el nuevo instrumento jurídicamente vinculante sea eficaz, debe incluir entre sus elementos clave obligaciones para las empresas transnacionales de respetar los derechos humanos, responsabilidad civil y penal para las empresas y sus directores en casos de violaciones, transparencia en las cadenas de suministro para habilitar el levantamiento del velo societario que les permite a las empresas evadir sus responsabilidades, y un tribunal internacional de derechos humanos al que puedan acudir las personas y colectivos afectados en caso que sus tribunales nacionales no les brinden acceso adecuado a la justicia.

El Borrador Cero debe establecer obligaciones estatales operativas que garanticen la primacía de los derechos humanos frente a los acuerdos comerciales, brindar caminos para que las comunidades afectadas obtengan compensación, y proteger contra nuevos abusos a l@s defensores de territorios. También debe incluir disposiciones que impidan que las instituciones financieras internacionales actúen con impunidad cuando financian proyectos destructivos o apoyan políticas que socavan los derechos de los pueblos a servicios públicos.

Por más mecanismos voluntarios que haya en el mundo, no podrán proteger las vidas de l@s defensores de territorios de las amenazas y ataques sistemáticos de empresas contra el medioambiente, las fuentes de sustento y los derechos de los pueblos. Sería un fracaso histórico para la legislación universal sobre los derechos humanos que, tras más de 45 años de lucha por la responsabilización de las empresas transnacionales, el grupo de trabajo intergubernamental presidido por Ecuador en la ONU y respaldado por más de 100 Estados miembros de la ONU cediera a las tácticas obstruccionistas de la UE.

No puede ser la intención de la UE abandonar explícitamente a su suerte a l@s defensores de derechos humanos que actúan en todos los rincones del planeta. L@s ciudadanos europeos no quieren pasar a la historia como la región que bloqueó esta oportunidad histórica de brindarles justicia a los millones de personas que han sufrido abusos de manos de empresas transnacionales. La UE no debería hacer caso omiso del llamado de más de 400 organizaciones de la sociedad civil del mundo entero que les reclaman a los gobiernos que intervengan constructivamente en las consultas informales en curso y en las negociaciones del Borrador Cero en octubre. La UE no quiere oponerse al número creciente de resoluciones de parlamentos regionales y nacionales, incluido el Parlamento Europeo, que abogan por la responsabilización de las empresas transnacionales. Hoy, tendrá lugar en Ginebra la cuarta negociación informal sobre este tratado de la ONU. En lugar de argumentar en contra del proceso con cuestiones de procedimiento y solicitar consultas sin participación de la sociedad civil, exhortamos a la UE a que empiece finalmente a respaldar este proceso. Es hora de que la Unión Europea actué en consonancia con sus electores y la comunidad internacional de defensores de derechos humanos para ponerle punto final a la impunidad empresarial.

Entrevista con Karin Nansen, presidenta de ATI, en octubre 2017:

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Pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Ginebra, Suiza, a 30 de octubre 2017

Amigos de la Tierra Internacional recibe con beneplácito la conclusión positiva de la tercera sesión (23-27 octubre) del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG, por su sigla en inglés) sobre el tratado de la ONU en materia de empresas transnacionales y derechos humanos, tras importantes discusiones sobre el contenido, la participación notable y diversa de los movimientos sociales y una presencia sin precedentes de 101 Estados miembro.

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, sostuvo: “Amigos de la Tierra Internacional recibe con beneplácito las recomendaciones del informe de la presidencia y se compromete a continuar involucrados activamente en el camino hacia la cuarta sesión de negociaciones en 2018. A pesar del intento de la Unión Europea de socavar el proceso hacia un tratado legalmente vinculante, el liderazgo constructivo de la presidencia posibilitó llegar a una conclusión positiva en la tercera sesión del IGWG. Esperamos ahora con ansias el borrador cero de la presidencia y las negociaciones del año próximo”.

Hemantha Withanage de Amigos de la Tierra Asia Pacífico dijo: “Estamos listos para refrenar la impunidad de las empresas transnacionales y llevar el Tratado al próximo nivel. Llegó la hora de desmantelar la impunidad de las empresas transnacionales”.

Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional dijo: “Durante toda la semana, la presencia y las voces de las comunidades afectadas, los movimientos sociales y los pueblos indígenas que defienden sus territorios, medios de vida y bienes comunes, nos dieron la fuerza para combatir y desmantelar los muros de la impunidad y el colonialismo”.

Alberto Villarreal de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) dijo: “El tratado vinculante debe reflejar los reclamos de los pueblos y la supremacía de los derechos humanos por sobre los acuerdos de comercio e inversiones, tal como propone la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y los elementos del Tratado presentados por Ecuador“.

Apollin Koagne Zouapet de Amigos de la Tierra África dijo:

“Las tantas víctimas, actuales y futuras, exigen el derecho a ver que su humanidad se restablece y preserva, el derecho a creer en la justicia, el derecho a tener acceso a un tribunal internacional. Las tantas comunidades que representamos exigen un ‘tribunal por la vida’ y seguiremos presionando a favor de él.”

Durante las negociaciones, los representantes de la UE argumentaron que hay problemas procedimentales y técnicos en el tratado y por lo tanto no estaban seguros de si podían continuar apoyando que el proceso continúe.

Anne van Schaik de Amigos de la Tierra Europa declaró: “La amenaza de la UE de bloquear el proceso, ocultándose detrás de excusas técnicas y procedimentales, es totalmente inaceptable. La Comisión siempre se mostró reticente a ser parte de un proceso para el establecimiento de un tratado que mejore el acceso a la justicia para los pueblos afectados cuando hay muchas empresas europeas involucradas en violaciones de derechos humanos y ambientales fuera de la UE. Esto representa un marcado contraste con sus esfuerzos para hacer avanzar el Tribunal Multilateral de Inversiones, donde se estima que contribuirá anualmente con 5.400.000 de euros en concepto de costos operativos. ¿Por qué no invertir este dinero, tiempo y energía en el establecimiento de un tratado vinculante en el marco de la ONU?”

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Durante la semana de movilizaciones en Ginebra, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de 80 países se movilizaron en Ginebra y buscaron el apoyo de las capitales y los parlamentos, lo que tuvo como resultado una victoria en la protección del proceso del tratado. A Amigos de la Tierra Internacional le enorgullece ser parte de este creciente movimiento imparable que tiene como fin acabar con la impunidad de las empresas y defender los derechos colectivos.

Portavoces:

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

Por consultas generales de medios: press@foei.org

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Nota informativa de Otros Mundos A.C. – Última actualización: Viernes 27 de octubre 2017

Del 23 al 27 de octubre, cientos de organizaciones y movimientos sociales, entre los cuales la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), se movilizaron en Ginebra (Suiza) en el marco de la tercera ronda de negociaciones hacia la adopción de un nuevo Tratado Vinculante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se están llevando a cabo en el Palacio de las Naciones, sede del Consejo de Derechos Humanos de la institución. Este texto obligaría a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, poniendo un fin a las normas voluntarias que las empresas se autoaplican sin temer ninguna sanción. Denominación oficial de este Tratado impulsado por los gobiernos de Ecuador y Sudáfrica: “Instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos”.

Las agrupaciones sociales, aglutinadas en la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, reclamaron durante toda a semana a los 95 países miembros de la ONU participantes en este proceso que se comprometan y realicen avances sustanciales en las discusiones. Organizaron una conferencia de prensa el 23 de octubre frente al Palacio, en la Plaza de las Naciones de Ginebra, para exigir que las negociaciones tomen en cuenta la palabra de los pueblos y no se dejen influenzar por el cabildeo de las transnacionales.

“Este instrumento que se está negociando hoy en Naciones Unidas es el que va a permitir que las comunidades, de una vez por todas, puedan denunciar las violaciones de derechos humanos que acontecen a diario en sus territorios y que les niegan sus derechos fundamentales”, dijo Karin Nansen, presidenta de ATI, en entrevista con Radio Mundo Real después de la conferencia. “Por eso exigimos a los países que hoy están negociando y están aquí presentes que se comprometan con este Tratado Vinculante para que tengamos en la cuarta sesión de negociaciones un instrumento vinculante sobre la mesa que nos permita avanzar. Hoy tenemos elementos ya que consideramos sumamente importantes. Vemos que la propuesta de Ecuador ha recogido mucho de los elementos que han planteado las organizaciones y movimientos sociales. De todos modos, nosotros como Campaña Global y como ATI, vamos a seguir proponiendo y planteando nuestros propios elementos porque pensamos que es fundamental que la justicia y todos los instrumentos jurídicos respondan a las demandas de los pueblos.”

Entrevista completa de Karin Nansen:

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Pablo Fajardo, representante de la Unión de Afectados por Chevron recordó que “los pueblos víctimas de los crímenes corporativos, que se producen en todo el mundo, somos testigos que en la actualidad quienes más violan los derechos humanos son las Transnacionales. El tratado vinculante es una herramienta para proteger de forma real y practica los derechos humanos de los pueblos víctimas.”

El miércoles 25 de octubre, la Campaña Global presentó su propia propuesta de texto en un evento público organizado en paralelo a las discusiones. Según Erika González, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), la propuesta de texto de la Campaña Global tiene tres ideas fundamentales:

– “Fortalecer la idea de un derecho internacional desde abajo, un uso alternativo del derecho construido por organizaciones y movimientos sociales, por sectores críticos de la Academia y por las Comunidades afectadas por las empresas”;

– “Poner limites al enriquecimiento de las elites económicas: tiene que haber un acuerdo que deje fuera de la acumulación de capital los derechos humanos, medioambientales y laborales”;

– “Invertir la pirámide jurídica internacional por la cual se pueda expresar claramente que el derecho internacional de los derechos humanos es jerárquicamente superior a las normas de comercio e inversión.”

La activista denunció que “las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de Bancos Regionales y otros organismos financieros de la propia Organización Mundial del Comercio (OMC) contribuyen a la construcción de la arquitectura jurídica de la impunidad de la que gozan las transnacionales y son además responsables directas de la violación de derechos humanos.”

Dentro de las propuestas del texto, podemos destacar:

1) La creación de una Corte Internacional sobre las Empresas Transnacionales y sus Directivos. Tendrá la competencia de recibir, investigar y juzgar las quejas contra las Transnacionales y sus directivos por violaciones o infracciones a los derechos humanos. Las decisiones y sanciones de la Corte son directamente aplicables y jurídicamente vinculantes.

2) La creación de un Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas Transnacionales encargado de evaluar, investigar e inspeccionar las actividades y prácticas de esas corporaciones y tiene que emitir recomendaciones en base a sus investigaciones. La composición de este Centro debe asegurar el control público y la participación social, siendo gestionado de forma conjunta por Estados, movimientos sociales, comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil.

>> Leer la propuesta de texto de la Campaña Global <

Desde el inicio de esta tercera ronda, la Unión Europea (UE) adoptó una posición crítica hacia el proceso, despreciando el liderazgo de Ecuador y Sudáfrica que presiden el Grupo de Trabajo encargado de hacer avanzar las negociaciones, por su desconocimiento de los procedimientos y retraso en los plazos por ejemplo. También cuestionaba el sentido del Tratado argumentando que no solo las empresas transnacionales violan derechos humanos sino también empresas nacionales. El viernes 27 de octubre en la mañana, antes de concluir la ronda de negociaciones, el representante de la UE, Jérôme Bellion-Jourdan, convocó a la sociedad civil a una reunión donde se le pidió comprometerse a apoyar el proceso. Pero no lo hizo, explicando que la UE no tiene influencia política en este grupo de trabajo de la ONU y que otros países estaban bloqueando el proceso.

“Muchas comunidades, personas afectadas y activistas de los países del Sur vinieron a explicar sus casos de los cuales muchos tienen que ver con empresas europeas que violan derechos humanos y ambientales. Por ello es totalmente inaceptable que la Unión Europea esté ahora amenazando con bloquear este proceso por razones burocráticas cuando en realidad se trata de un proceso político”, denunció hoy Anne Van Schaik, miembro de Amigos de la Tierra Europa. “Quedó clara la posición de la UE de trabajar con las empresas y que las inversiones son mucho más importantes que las comunidades afectadas”, observó con indignación Tchenna Masso, representante del Movimiento de Afectados por las Presas de Brasil (MAB) y Vía Campesina Internacional.

>> Ver la reacción de Anne Van Schaik (en inglés) <<

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En la tarde, la delegación de Ecuador presentó el informe de la tercera ronda de negociocianes, que debe servir de base para la redacción del futuro Tratado Vinculante. La representación de la UE intentó paralizarlo en varias ocasiones, acusando a Ecuador de haber hecho modificaciones al texto sin consulta, pero el texto fue aprobado y se acordó que el Grupo de trabajo tendrá una cuarta ronda de discusiones en el 2018. Próxima reunión: marzo.

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Portavoces de ATI disponibles toda la semana en Ginebra:

– Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

– Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa (Países Bajos): +31 6 243 43968 o anne.vanschaik@foeeurope.org

– Juliette Renaud, Amigos de la Tierra Francia: +33 6 37 65 56 40 o juliette.renaud@amisdelaterre.org

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (Uruguay): +598 98 556 360 o comerc@redes.org.uy

– Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico (Indonesia): +62813 1118 7498 o sangperempuan@gmail.com

– Apollin Koagne Zouapet, Amigos de la Tierra África (Camerún): +237 754 18644 o akoagne@cedcameroun.org

– Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Tratado vinculante de la ONU sobre empresas y derechos humanos: urge que los Estados hagan avanzar las discusiones

Comunicado de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 19 de octubre 2017

Con motivo de la próxima ronda de negociaciones en materia de un tratado de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos en Ginebra, del 23 al 27 de octubre de 2017, Amigos de la Tierra Internacional urge a los Estados a que participen de forma constructiva en las negociaciones para el establecimiento de un tratado vinculante que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos y ambientales que cometan.

Lucia Ortiz (Amigos de la Tierra Internacional), dijo:

   “Existen actualmente cientos de acuerdos legalmente vinculantes que protegen los intereses comerciales de las empresas transnacionales en el extranjero, pero ninguno que las haga rendir cuentas en materia de derechos humanos. Necesitamos un tratado vinculante que refrene las violaciones. Sobre la mesa se encuentran actualmente elementos concretos del tratado que proporcionan una base mínima para la negociación, pero es necesario proteger el proceso de la ONU de la influencia indebida de las grandes empresas y evitar los conflictos de intereses que implica la participación de actores no estatales.”

Según Amigos de la Tierra Internacional y sus grupos miembro de todo el mundo, las empresas transnacionales impulsan las crisis mundiales climáticas, alimentarias, financieras y humanitarias y es necesario acabar con su menosprecio hacia el medioambiente y la intimidación de los activistas locales que lo defienden.

Apollin Koagne Zouapet (Amigos de la Tierra África) sostuvo:

   “Para las miles de comunidades afectadas por la impunidad de las empresas en África y en todas partes del mundo, un tratado ofrecería el derecho a la justicia a través de un tribunal internacional. En algunos casos, la supervivencia misma de determinados pueblos indígenas locales depende de ello.”

Alberto Villarreal (Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe) afirmó:

   “Las empresas transnacionales devastan nuestros territorios con el fin de impulsar sus ganancias aún más, pero se esconden detrás de cientos de identidades nacionales y sus cadenas de suministro para escapar de la responsabilidad por los impactos de sus decisiones. Este velo empresarial debe levantarse y los responsables políticos de las empresas deben rendir cuentas.”

Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico, dijo:

   “Las instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales gozan actualmente de inmunidad que las protege de ser demandadas legalmente. El tratado debe permitir a las partes afectadas hacer que las empresas rindan cuentas en tribunales locales e internacionales. También debe proteger a los/as defensores/as del medioambiente, especialmente a las mujeres, que son más vulnerables a la presión que sufren cuando defienden sus territorios contra la codicia de las empresas.”

Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa, declaró:

   “La Comisión Europea (CE) continúa reticente a participar en este proceso. Sin embargo, los ciudadanos europeos y el parlamento europeo se han manifestado varias veces y apoyan el tratado. Francia adoptó recientemente una ley sin precedentes relativa al deber de diligencia de las empresas multinacionales en 2017, que podría servir de inspiración. La CE debe aprovechar esta oportunidad y demostrarle a sus ciudadanos que le importan los derechos humanos.”

Esta será la tercera sesión del grupo de trabajo intergubernamental (IWG por su sigla en inglés) sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. Se espera que se negocie un borrador de los elementos del Tratado y las organizaciones ambientales, las comunidades afectadas y los movimientos sociales de todo el mundo se movilizarán para monitorear el proceso de la ONU y sus resultados.

Una delegación de Amigos de la Tierra Internacional estará presente en la sesión, entre ellos activistas que trabajan por la justicia ambiental, defensores/as de los derechos humanos y representantes de comunidades afectadas de: Brasil, Camerún, Colombia, El Salvador, Finlandia, Francia, Honduras, Hungría, Indonesia, Mozambique, Países Bajos, Nigeria, Rusia, Sri Lanka, Suecia y Uruguay.

Más información:

–  Informe: Los derechos de los pueblos frente al poder empresarial en América Latina

– Sitio web oficial del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia del respeto de los derechos humanos

– Declaración del Movimiento Global por un Tratado Vinculante

– Sitio web de la Semana de movilizaciones en Ginebra, llevada a cabo por los grupos miembro de Amigos de la Tierra y aliados

Portavoces disponibles toda la semana en Ginebra:

– Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

– Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa (Países Bajos): +31 6 243 43968 o anne.vanschaik@foeeurope.org

– Juliette Renaud, Amigos de la Tierra Francia: +33 6 37 65 56 40 o juliette.renaud@amisdelaterre.org

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (Uruguay): +598 98 556 360 o comerc@redes.org.uy

– Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico (Indonesia): +62813 1118 7498 o sangperempuan@gmail.com

– Apollin Koagne Zouapet, Amigos de la Tierra África (Camerún): +237 754 18644 o akoagne@cedcameroun.org

– Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Informe: Los Derechos de los Pueblos frente al poder empresarial en América Latina

Informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), grupo regional de la federación internacional Amigos de la Tierra Internacional, de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – Octubre 2017

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INTRODUCCIÓN

La demanda por el control del poder que ejercen las empresas transnacionales a nivel global no es nuevo. Fue el tema del discurso de Salvador Allende ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1972, a menos de un año de su muerte el 11 de septiembre de 1973, cuando el definitivo golpe militar implementó la dictadura de Pinochet, contando con Milton Friedman como consejero para asuntos económicos. Fue el inicio del Neoliberalismo en América Latina.

Desde 2014 está nuevamente en el horizonte de la ONU un proceso de elaboración, por sus Estados miembro, de un Tratado internacional jurídicamente vinculante sobre Transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos. Ahora, este proceso de negociación se desarrolla en un contexto de nueva ofensiva ultra neoliberal sobre los pueblos de nuestra América; de escalada de violencia sobre defensores y defensoras de los territorios y de la vida; de mayor concentración del poder del capital trasnacional para violar derechos humanos y cometer crímenes ambientales en todo el mundo, y de avance de la arquitectura de impunidad que construye muros de resguardo de las ganancias e intereses de las empresas transnacionales, a través de acuerdos de “libre” comercio y de protección de inversiones que atentan contra los derechos, la soberanía de los pueblos y las políticas públicas estatales.

Esta publicación presenta casos de violación sistémica y sistemática de los derechos humanos, ambientales y de pueblos afectados en ocho países de la Región. Son luchas vivas descritas por miembros de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe, de las cuales se extraen denuncias, enseñanzas desde las resistencias y propuestas concretas para avanzar, desde abajo, en la ley internacional sobre Derechos Humanos y para desmantelar el poder empresarial. Por estas propuestas estaremos movilizados desde el nivel local y nacional hasta el internacional, dándole seguimiento a las negociaciones de un nuevo instrumento vinculante, que empieza con un texto borrador en la mesa a partir de este año del 2017 en el ámbito del Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas.

CASO 1 – BRASIL – CRIMEN SIN FIN: LA LAMA DE BHP BILLITON Y VALE NO DEJA DE ESCURRIR

Por Arthur Viana – Amigos da Terra Brasil

Cuatro y media. La caldera olvidada sobre el fuego grita con el agua caliente para el café. Demasiado tarde: hirvió, y en algún momento siempre hierve. Abro la ventana y veo la lama.

Pasados casi dos años del más grande crimen ambiental de la historia de Brasil, los juicios se suspenden y Samarco, joint-venture de BHP Billiton y Vale, planea el retorno de las actividades. La historia de la rotura de la represa de Fundão, en la localidad de Bento Rodrigues, ciudad de Mariana, en el estado brasileño de Minas Gerais, no empieza aquí ni ahora. Para que viniera la lama, tuvo que romperse la represa, y una represa no se rompe fácilmente – o al menos no debería. Esta, la de Fundão, de responsabilidad de la empresa Samarco S.A., colapsó el 5 de noviembre del 2015, configurando uno de los más grandes crímenes socio ambientales de la historia de la humanidad, el más grande ya registrado en Brasil y el más importante relacionado a la minería en el mundo.

Al mirar por la ventana, es eso lo que veo, y haga el esfuerzo de imaginárselo: 62 millones de metros cúbicos de lodo con desechos de minería, cantidad que se calcula que haya escurrido de los depósitos rotos de Samarco, viniendo hacia mi, hacia mi casa, mis animales, mi ciudad. Confieso que me asusta. Mejor correr – pero correr para dónde?

Antes de todo, es necesario nombrar a los personajes de esta historia. Al nombrar a la empresa Samarco S.A. se habla en realidad de BHP Billiton, empresa anglo-australiana, y de Vale S.A., brasileña privatizada bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 1997. Estas empresas reparten las acciones de Samarco en una join-venture, 50% para cada una.

La gigante anglo-australiana llegó a Brasil en 19843 y además de la actuación a través de Samarco, actúa hoy también en el sector de aluminio, con participación del 14,8% en la minera de bauxita MRN (Mineração Rio do Norte)4 y participaciones en la empresa Alumar (Consórcio de Alumínio do Maranhão). Según un ranking elaborado en 2017 por la consultora PwC, BHP Billiton es la minera más grande del mundo; Vale es la quinta. En 2014, un año antes de que se rompiera la represa, BHP Billiton tuvo facturación de US$13,8 mil millones (apenas para el primer semestre y en dólares); la Vale, de casi mil millones de reales, en un alta de 729% en relación al año de 2013. Y aun así, sin importar sus tamaños o sus ganancias, fallaron en lo crucial y expusieron sus crímenes: no oyeron a Joaquim. Me explico:

Estamos en 2014 y la represa de Fundão todavía está allá, tapando toda la lama de desechos que derramaría sobre las ciudades y que acabaría con la cuenca de todo un río. El fin del Río Doce, en ese entonces, no es ni siquiera imaginable. En una inspecciЧn a las instalaciones de Samarco (acéerdense: BHP Billiton y Vale), el ingeniero Joaquim Pimenta de Ávila – que se diga de paso fue el que proyectó la represa años antes y ahora ofrecía servicios de consultoría – detectó fisuras, verdaderas aperturas, en las obras que modificaron la pared lateral izquierda de la represa de Fundão. (…)

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CASO 2 – MÉXICO – LA MINERA CANADIENSE BLACKFIRE EN CHIAPAS

CONTRA DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS Y DE LA VIDA

Por Gustavo Castro Soto  – Otros Mundos, A.C./Amigos de la Tierra México

Según el Departamento de Recursos Naturales de Canadá (NRCAN por sus siglas en inglés), 52% de las empresas mineras en el mundo cotizan en las bolsas de valores de Canadá. México se ubica en segundo lugar en el mundo en términos de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá. En 2015, 11.3% o CAD$19.4 mil millones de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá se radicaron en México en manos de 125 empresas mineras, superado solamente por los Estados Unidos con 14.5%. Según la Secretaría de Economía de México, hasta 2013, las empresas mineras canadienses representaban 69% de las empresas mineras extranjeras operando en México.

En el estado de Chiapas existen 99 concesiones mineras – de diversas empresas entre ellas canadienses – activas en 16 municipios que abarcan un millón de hectáreas (25% de la superficie territorial de la entidad). Entre los años 2007 a 2010, la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, Canadá , y su filial Blackfire Exploration México S. de R. L., se encontraban en operación en el municipio de Chicomuselo para la extracción de barita, a través de la mina Payback/La Revancha, misma que se encuentra ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Para llegar al Ejido Grecia y a la mina se requiere pasar por el ejido Nueva Morelia. El municipio de Chicomuselo cuenta con casi 40 mil habitantes y con el 90% de la población en pobreza con actividades de agricultura y ganadería de subsistencia.

El líder ambientalista y coordinador local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue criminalizado y posteriormente privado de la vida el 27 de noviembre de 2009 como consecuencia de su actividad en contra de los efectos negativos de la actividad de la mina Paypack/La Revancha, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration. Abarca está marcado por su trabajo en defensa de la tierra, a un medio ambiente sano y contra los efectos negativos de la mina y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sufrió sucesivas amenazas y ataques físicos provenientes de personas vinculadas a la empresa, denuncias penales llevadas a cabo por él sin que prosperaran y concluyeran en castigo a los responsables. Por el contrario, sí prosperaban, y con extraña agilidad, acusaciones penales interpuestas por la empresa Blackfire, con el respaldo de la embajada canadiense, en contra de Mariano Abarca por delitos inverosímiles, usualmente utilizados para contrarrestar la actividad de defensores de derechos humanos, como la asociación delictuosa, delincuencia organizada y ataques al Estado, entre otros, que justificaron su detención, arraigo y posterior liberación. La impunidad para con quienes amenazaron y atacaron su integridad física, y su detención por el estado, fortalecen la presunciЧn de que su asesinato correspondió a una decisión última llevada a cabo por los dirigentes de la empresa en connivencia con las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que a la vez había sido presionada por la embajada canadiense a favor de los intereses de la empresa. (…)

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CASO 3 – HONDURAS – CASO AGUA ZARCA: FMO (HOLANDA), FINNFUND (FINLANDIA)

Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) VERSUS COPINH

Por Martha Alejandra Canales Silva y Mario Ernesto Zavala Garay – Movimiento Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras

En Honduras, para los próximos 10 años, se ha previsto que el Estado invierta 88 mil millones de lempiras (cuatro mil millones de dólares), destinados para la ejecución de proyectos de extracción metálica, no metálica y de hidrocarburos. Hasta la fecha se estima en 155 el número de concesiones de explotación, que abarcan la tercera parte del territorio hondureño, equivalentes a 35 mil kilómetros cuadrados; un territorio mayor que la superficie de El Salvador.

El proyecto Hidroeéectrico Agua Zarca queda ubicado en el municipio de San Francisco de Ojuera en la zona noroccidente de Honduras, proyecto que de forma inconsulta se establecóo en las zonas de Rio Blanco, sobre el Rio Gualcarque comunidad lenca a la cual no se consultó en clara violación al convenio 169 de la OIT, como una apuesta colonialista y bajo la idea de “energía limpia” en Honduras, desde que se dio el golpe de Estado de 2009, se han concesionado alrededor de 200 proyectos hidroeléctricos y mineros que están amparados por la Ley General de Aguas, decretada en 2009. A partir del golpe de Estado de junio de 2009, se acentóo la tendencia de los gobiernos para desmontar todas las prohibiciones legales para concesionar proyectos, como el de Agua Zarca.

La empresa de capital hondureño Desarrollos EnergОticos S. A de C.V (DESA), desde el ñno 2009, pretende construir la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, en la frontera de la reserva de vida silvestre Montaña Verde, con una capacidad de producción de 21.3 MW de energía. “Para la construccón e instalación del proyecto, en el 2012, el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó a DESA un préstamo entre 24.4 y 25 millones de dólares” y ha ganado hasta la fecha 381 millones de dólares, significando que aumentó 15 mil veces su capital social inicial, una de las razones por las que la MACCIH investiga a esta empresa.

DESA se instala en un contexto critico en el país, un golpe de Estado, del cual se logra colocar el gobierno de facto de Roberto Micheletti, que durante su mandato aprobó leyes lesivas como “el decreto 233 que deroga todos los anteriores decretos que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas”. (…)

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CASO 4 – URUGUAY – LA DEMANDA DE PHILIP MORRIS  CONTRA URUGUAY

Por Alberto Villarreal  – REDES / Amigos de la Tierra Uruguay

Philip Morris (PMI), la empresa tabacalera más grande del mundo cuya sede administrativa se encuentra en Lausana, Suiza (aunque es originalmente una transnacional estadounidense) desplegó una ofensiva contra las políticas en materia de salud pública que diversos países –entre ellos Uruguay- promulgaron y aplicaron en consonancia con sus obligaciones asumidas en el marco del Ьnico convenio multilateral vinculante de protección de la salud en la órbita de la Organización Mundial de la Salud (OMS) – el Convenio Marco sobre el Control de Tabaco (CMCT).

La tabacalera presentó una demanda ante el foro de arbitraje internacional CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones) que funciona bajo la Оgida del Banco Mundial, impugnando las medidas y leyes adoptadas por el gobierno uruguayo para proteger a sus ciudadanos/as frente a los riesgos probados que conlleva para la salud el consumo de productos del tabaco, alegando incumplimiento del Acuerdo de Promocóon y Protección Recíproca de las Inversiones entre Suiza y Uruguay firmado en 1988 (y ratificado en 1991). El CIADI es uno de los principales foros de solución de diferencias inversionista-Estado, sus fallos son inapelables y ha sido incluido en numerosos tratados de libre comercio e inversiones, ofreciendo a las empresas un mecanismo de coacciЧn que les permite imponer sus intereses a los Estados. Cuando las empresas presentan una demanda contra el Estado amparándose en Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI o TBI-tratados bilaterales de inversiones), se conforma un tribunal ad hoc compuesto por tres árbitros que pertenecen a un selecto nЬcleo de empresas de arbitraje internacional y que actúan a veces como jueces y otras como abogados de las ETN, e incluso algunos han sido miembros de la Junta de grandes Empresas Transnacionales, por lo que tienen intereses sesgados.

Las normas y procedimientos de protección de las inversiones extranjeras incluidas en los APPRI o TBI y en los capítulos de inversiones de los TLC, son un arma poderosa de la que se valen las empresas transnacionales para hacer prevalecer su afán de lucro en detrimento de los derechos de los pueblos. Tanto los APPRI, los TBI y los TLC son resultado de la doctrina económica neoliberal impuesta contra la voluntad popular en las últimas décadas del siglo pasado y que provocó las múltiples crisis que han afectado y aún afectan a las grandes mayorías, al tiempo que benefician a unos pocos que concentran más y más recursos. (…)

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CASO 5 – ARGENTINA – EL CIADI Y EL AGUA EN ARGENTINA:

IMPACTOS EN  LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES

Por Natalia Salvático  – Amigos de la Tierra Argentina

En el año 2006, luego de 13 años de privatización, el Estado Argentino recuperaba su mayor empresa de provisión de agua potable y cloacas, hoy llamada Aguas y Saneamiento sociedad anónima (AySA). Había sido el sistema de saneamiento dado en concesión más grande del mundo, con 6 millones de usuarios.

La empresa de Aguas tuvo relevancia desde su fundación en 1912, cuando se crea con un objetivo de salud pЬblica: detener las epidemias de fiebre amarilla que asolaban la ciudad de Buenos Aires desde finales del 1800. Obras Sanitarias de la Nación centralizó como empresa estatal los servicios para todo el país hasta 1980, cuando la gestión del servicio se vuelca a las provincias, y la empresa conserva la prestación de servicios para la ciudad capital y el área metropolitana. Desde los años 90, se trasnacionalizó la economía argentina mediante la entrada masiva de capitales que accedieron a concesiones de servicios pЬblicos, entre ellos el agua y el saneamiento en varias ciudades, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, y también otras provincias como Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Córdoba. En 1993, en entonces presidente C. Menem decreta privatizar completamente Obras Sanitarias de la Nación. Se cedieron todos los derechos a la empresa Aguas Argentinas S.A por 30 años. El pasivo y las deudas de la empresa no fueron asumidos por la privatizadora y quedaron a cargo del Estado. Los socios mayoritarios de esta nueva empresa eran Suez Lyonaisse des Eaux-Dumez y el grupo nacional Soldati.

A partir de la privatización, la empresa se caracterizó por sostener una operación negligente del servicio, que produjo desbalance hídrico y ascenso de las napas freáticas lo cual contribuyó a contaminar el Acuífero Puelche, del cual se proveen los usuarios sin conexión de agua corriente de vastas zonas de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo por este sistema la empresa fue responsable de proveer agua potable deteriorada (por exceso de cloro, turbiedad, etc.) utilizando al Río de la Plata como fuente de provisión de agua y a la vez de desagüe cloacal, generando riesgos sanitarios. También fue responsable de no realizar obras esenciales como la cuarta cloaca máxima y la planta de tratamiento de efluentes en la ciudad de Berazategui. La cobertura del área asignada se realizaba según la capacidad de pago de los usuarios, generando exclusión en amplios segmentos de la población y baja presión de agua en otros. (…)

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CASO 6 – EL SALVADOR – PUEBLO SALVADOREÑO VENCE A MINERA TRANSNACIONAL

Por Ana María Vásquez  – CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

La empresa Oceana Gold cuenta con activos en Filipinas, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Tiene operaciones en la Mina de Oro y Cobre Didipio ubicada en la isla de Luzón en Filipinas. En la isla norte de Nueva Zelandia, opera la mina de oro Waihi, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, opera la mina de oro más grande del país en el Macraes Goldfield que está compuesto por una serie de minas a cielo abierto y el Frasers underground mía. En Estados Unidos está construyendo actualmente la mina de oro Haile, un activo de alto nivel ubicado en Carolina del Sur a lo largo del Terrane de Carolina.

La presencia de esa empresa en el país, inicia con los estudios para reabrir la mina El Dorado en San Isidro Cabañas, comenzaron en 1993, la concesión de exploración fue otorgada a la Canadiense Pacific Rim Mining Corp, en 2002, la empresa encontró en el subsuelo de la zona norte del país un aproximado de 1.2 millones de onzas de oro de alta pureza y más de 7.5 millones de onzas de plata. Además de otras 558 mil onzas de oro y 1.2 millones de plata de menor calidad. En el 2004 Pacific Rim solicitó permiso al Estado salvadoreño para la explotación de los metales preciosos, el cual le fue denegado ante el incumplimiento de observaciones en el Estudio de Impacto Ambiental hechas por el Ministerio del Ambiente.

Ante la negativa de no autorizarle la explotación, Pacific Rim inicia una demanda contra el Estado salvadoreño en El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La petición pedía que se le pagara $77 millones de dólares por el monto invertido en la etapa de exploración, la exigencia fue incrementada a $ 301 millones y finalmente se redujo a $ 250 millones. Pacific Rim se declaró en quiebra en el 2013 y vendió sus acciones a la transnacional Australiana Oceana Gold por 10.2 millones de dólares, quien continuó diligentemente el proceso de la demanda.

El proceso de litigio de la Pacific Rim en el CIADI contra el Estado salvadoreño se hizo en dos etapas: la primera demanda hecha en 2009, la empresa se había acogido al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Domincana (CAFTA-DR), en junio de 2012 el tribunal desestima la petición por tratarse de una empresa canadiense; en la segunda etapa presenta una demanda en marzo de 2013 amparados en la Ley de Inversión nacional de El Salvador.

La fuerte denuncia y protesta de las organizaciones y movimientos sociales, lleva a que el gobierno salvadoreño presente a finales del 2012 una iniciativa de ley denominada “Ley Especial para la suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica”. Este instrumento permite suspender la exploración y explotación de la minería en el país. (…)

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CASO 7 – COSTA RICA – EL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: UNA HISTORIA IRRESPONSABLE EN EL PAÍS MÁS INTOXICADO DEL MUNDO

Por Mariana Porras – COECO Ceiba / Amigos de la Tierra Costa Rica

Costa Rica es actualmente el mayor exportador de piña del mundo. La piña fresca, el jugo procesado y la piЦa cortada son comercializados en grandes mercados como el de Estados Unidos y el Europeo; segЬn el censo agropecuario las extensiones de piña entre el período de 1984- 2014 crecieron en casi 1500% en ese período.

Dos multinacionales con sede en Estados Unidos, Del Monte y Dole, dominan el comercio de esta fruta a nivel mundial, y tres cuartas partes de las piñas en las estanterías europeas ahora provienen de Costa Rica. Se estima que la producción costarricense de piña está en un 75.8% en manos de cuatro empresas y sólo un 20% está en manos de 1.191 pequeños productores, que a su vez vende la piña a estas grandes empresas para su exportación.

Empresas como Dole, Chiquita o Del Monte que se benefician del jugoso negocio de las piЦas son las mismas que protagonizaron el boom bananero, el cual trajo impactos ambientales y a la salud de trabajadores/as sin que estas compaЦТas asumieran responsabilidades, esto se repitió no solo en Costa Rica sino en otros países latinoamericanos donde estas empresas tienen plantaciones.

El crecimiento del monocultivo de la piЦa, ha sido el de mayor crecimiento en el país en los últimos 20 años. Los datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) revelan un crecimiento del 300% en la exportación de este producto en el periodo que va del año 2002 al 2012 llegando a 1.876.000 toneladas. En términos de divisas, los datos de PROCOMER muestran que se exportaron 121 millones de dólares ($) en el año 2000 mientras que en el 2012 esta suma se eleva a $791 millones lo que representa un crecimiento de más del 650%. A pesar del incremento en las exportaciones, esta actividad no paga aranceles nacionales y municipales así como tampoco lo hace sobre materias primas y recibe incentivos para la exportación. Con esta exención de pagos de impuestos, se imposibilita el mejoramiento de las condiciones socio-econЧmicas de los territorios donde se ubican estos monocultivos. (…)

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CASO 8 – COSTA RICA – GUATEMALA – LA RESISTENCIA DE LA COMUNIDAD DE IXQUISIS, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO, A LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS POJOM I, POJOM II Y SAN ANDRÉS A CARGO DE LA EMPRESA PROMOCIÓN Y DESARROLLO HÍDRICO, S.A. (PDHSA)

Por Eric Hernández Palacios, Basilio Tzoy Grijalva, Ruben Herrera y Elías Raymundo Raymundo  – CEIBA / Amigos de la Tierra Guatemala  – Asamblea de Pueblos de Huehuetenango – ADH

La empresa PDHSA se presentó en el año 2010 en las comunidades de la microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, dando a conocer que establecería tres proyectos hidroeléctricos de su propiedad: Pojom I, Pojom II y San Andrés. La responsable de su construcción sería la empresa SolelBoneh Ltda. La generación/producción de electricidad por parte de esas hidroeléctricas fueron concesionadas a las subsidiarias: Generadora San Mateo, Sociedad Anónima, y Generadora San Andrés, Sociedad Anónima, respectivamente.

La empresa PDHSA fue inscrita en el Registro Mercantil en diciembre de 2007. La sede que en acta consta, se ubica a la Oficina 1101 de la Torre Oeste del Centro Corporativo Muxbal, a la par de la oficina donde fueron creadas las empresas Generadora San Mateo (GSM), Generadora del Río (GR) y Generadora San Andrés (GSA).

La instalación de estos proyectos está asentada en la cuenca de Pojom, y abarca los ríos Pojom, Negro, Primavera Yalhuitz, Varsovia, Tercer Arroyo y Palmira. La empresa que pretende instalar estos proyectos tienen financiamiento de organismos internacionales como la Corporación Interamericana de Desarrollo (CII), instancia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo BID, como también, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Ixquisis es una microrregión del municipio San Mateo Ixtatán, conformada por las comunidades Yulchen Frontera, Bella Linda, Ixquisis, Pojom, El Platanar, Nuevo San Mateo, y los caseríos San Francisco, Varsovia/Primavera, Concepción y El Rincón. El municipio forma parte del departamento de Huehuetenango, que se sitúa en la parte noroccidental de Guatemala, en Centro América.

San Mateo Ixtatán se compone de 59 aldeas y 7 caseríos, y 29 de estas aldeas no cuentan a la fecha con energía eléctrica. El 21 de mayo del año 2009, organizado por la municipalidad de San Mateto Ixtatán, se realizó la Consulta Comunitaria con los habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos. Se llevó a cabo un día jueves, y participaron 25,646 personas, el resultado fue contundente, el 99% de la población rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos en este municipio.

Pese a ello, el Estado de Guatemala, aprobó la implementación de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis. Ingresar a la microrregión e iniciar con la construcción de Pojom I, lo hizo la empresa a través del engaño, la falsedad y la desinformación. Pocos meses después de realizada la consulta comunitaria, a una de las aldeas llegaron personas foráneas haciéndose pasar por delegados de la ElectrificaciЧn Nacional, y utilizando a un presidente del Comité Regional de Ixquisis y representante regional ante el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), informaron a las comunidades que tenían varios proyectos en sus manos, y ofrecieron a las comunidades proyectos que traerТan muchos beneficios y desarrollo para la aldea. Hablaron principalmente de un proyecto de luz. (…)

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Transnacionales: Organizaciones piden un tratado vinculante de la ONU ante aumento de violaciones a derechos humanos

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

La Organización de Naciones Unidas (ONU) sigue trabajando sobre la elaboración de un tratado vinculante que obligaría a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, en gestación desde el 2014. Por su lado, organizaciones sociales de México y el mundo hacen todo para que este texto no se reduzca a principios de carácter voluntario que no permitirían que los crímenes corporativos fueran condenados.

La federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual forma parte Otros Mundos A.C., estuvo presente en la 35º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizada del 6 al 23 de junio en Ginebra, Suiza, junto con otros miembros de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad. Se trata de una etapa importante de la génesis del texto, que se da a cuatro meses de la tercera sesión de negociaciones, cuando las delegaciones gubernamentales discutirán un primer borrador del tratado.

“Estos días de trabajo en Ginebra fueron sumamente importantes para fortalecer nuestras propuestas, nuestros planteos, respeto a la necesidad urgente de un tratado vinculante que permita llevar a juicio a las empresas multinacionales cuando cometen violaciones de derechos humanos y poder acabar con la impunidad de una vez por todas”, dijo la presidenta de ATI, Karin Nansen, en entrevista con Radio Mundo Real.

Allá, ATI y otros representantes de la sociedad civil global organizaron un panel en el que varias defensoras y defensores dieron sus testimonios sobre el impacto de “las actividades de las empresas transnacionales en los territorios sin el consentimiento de las comunidades y lo que implican las posteriores violaciones a derechos humanos a partir de la imposición de estas actividades económicas”. Cabildearon para que el tratado sea realmente vinculante, a pesar de que por parte de muchos países, en particular de la Unión Europea, “la presión sigue estando muy fuerte para que se trate de principios rectores de carácter voluntario, es decir para que nadie pueda forzar a las empresas a cumplir con dichos principios”, explica Karin Nansen.

Según la activista uruguaya, “es hora de avanzar con un instrumento vinculante”, dado la urgencia de la situación actual en América latina y el mundo: “Estamos viendo como las violaciones de derechos humanos se están recrudeciendo y la persecución también de quienes defienden sus territorios y los derechos de los pueblos es cada vez más atroz”.

Aquí en México, organizaciones civiles como la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA), de la cual es parte Otros Mundos A.C., reportaron 68 casos de violaciones a derechos humanos por empresas durante la visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU al país entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre 2016 (los pueden consultar en el informe “México: Empresas y Derechos Humanos”).

Nueve meses después de dicha visita, ese mismo Grupo de Trabajo acaba de presentar su “Informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México”, en el marco de la 35º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Destaca seis casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por empresas en el país:

  • la construcción de un parque eólico en El Espinal y Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por Energía Eólica del Sur: falta de consulta previa, libre e informada;
  • la autorización de la siembra de soya transgénica otorgada a Monsanto en comunidades mayas de Campeche y Yucatán: falta de consulta previa, libre e informada; contaminación de las fuentes de agua con herbicidas; deforestación; repercusiones en la apicultura;
  • la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en el estado de México por el Grupo Higa: falta de consulta a la comunidad otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla; acoso e intimidación de miembros de la comunidad que han protestado contra el proyecto; no respeto al orden de suspensión; destrucción de viviendas;
  • la construcción del acueducto Independencia en territorio yaqui en Sonora: falta de consulta; intimidaciones, detenciones, agresiones a miembros de la comunidad; desapariciones forzadas;
  • el derrame de 40.000 m3 de sulfato de cobre en el río Sonora (Sonora) por el Grupo México en agosto 2014: cerca de 22.000 personas afectadas directamente / 250.000 personas de siete municipios afectadas de manera indirecta; efectos en el ganado y los cultivos; arbitrariedad en la manera de fijar las indemnizaciones; falta de transparencia sobre el nivel de contaminación y los planes para la rehabilitación del río; incumplimiento por la empresa de los compromisos contraídos para la construcción de plantas de tratamiento de agua y de una clínica de salud;
  • el vertido de las aguas residuales de más de 300 empresas del corredor industrial de Ocotlán-El Salto en el río Santiago (Jalisco): potencial afectación a los 7,5 millones de personas que viven en la cuenca fluvial; aumento en la incidencia de diversos trastornos de salud, como la leucemia, los abortos espontáneos y las anomalías congénitas.

Desde la península de Yucatan, las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que resisten a la siembra de soya transgénica emitieron un comunicado el 12 de junio en el marco de la sesión en Ginebra, alertando que “las violaciones a [sus] derechos continúan escalando”.

En 2015, lograron la cancelación de la autorización otorgada a Monsanto por falta de consulta previa, pero las autoridades iniciaron una consulta esperando conseguir el consentimiento de la población y una nueva autorización. La consulta está actualmente en su primera fase y se da en un contexto de hostigamiento a las comunidades y con muchas irregularidades. “Externamos nuestra preocupación por las intimidaciones, amenazas, falta de libertad, de seguridad y de buena fe, así como de los intentos de dividir a las comunidades por parte de las autoridades en la consulta ordenada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, escriben las comunidades mayas en su mensaje.

El hostigamiento que están sufriendo las comunidades mayas no es un caso aislado en México, donde las empresas nacionales y transnacionales son expertas en agredir e intentar dividir comunidades en resistencia. Mineras canadienses como Almaden Minerals en la Sierra Norte de Puebla o Fortuna Silver Mines en Oaxaca han estado agrediendo y hostigando a las comunidades que rechazan sus proyectos, sin ser condenadas.

Aquí en Chiapas, los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) han sido víctimas del contubernio entre autoridades y empresas mineras al punto de ser intimidados por el ejército mexicano el pasado 8 de mayo, por resistir a la minería en la zona costa. En nuestra entidad la impunidad corporativa se ilustró de manera trágica, con el asesinato en el 2009 del defensor Mariano Abarca, miembro de la REMA, por personas vinculadas a la minera canadiense Blackfire. Fue el blanco de la empresa por oponerse a su mina de barita La Revancha en Chicomuselo, Chiapas. Hasta la fecha, no se ha hecho justicia.

Materiales:

AUDIO: Campaña por Tratado legal sobre transnacionales y derechos humanos entra en etapa de propuestas concretas de contenido (entrevista a Karin Nansen)

Comunicado de las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo, a 12 de junio

Despojar pueblos y atacar resistencias: las otras actividades de las empresas mineras

Informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México

México: Empresas y Derechos Humanos

A siete años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

El tratado de la ONU sobre empresas transnacionales y derechos humanos avanza

Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – A 13 de marzo 2017

En la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la semana pasada una vez más figuró el tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Aun cuando sólo se tratara de la presentación del informe de la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG por su sigla en inglés), este fue un paso importante hacia la tercer sesión de negociaciones que tendrá lugar en octubre de 2017, cuando las delegaciones gubernamentales discutirán un primer borrador del tratado.

Tal y como expresaron muchos Estados y organizaciones de la sociedad civil, el informe que presentó el 9 de marzo la Presidenta del IGWG, Embajadora María Fernanda Espinosa de Ecuador, refleja un rico caudal de propuestas de Estados, la sociedad civil, comunidades afectadas, académicos, expertos de la ONU y otros actores planteadas en el curso de los dos últimos años, cuyo propósito es establecer una serie de normas internacionales de carácter vinculante para las empresas más grandes y poderosas del mundo, que las obligue a respetar los derechos humanos.

Una vez más, Amigos de la Tierra Internacional (ATI) se hizo presente con una delegación en Ginebra que compartió las inquietudes y demandas de la sociedad civil. Apenas un par de días después del primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, los/as representantes de ATI les recordaron oportunamente a los Estados que son necesarias acciones urgentes frente a la criminalización de y la violencia perpetrada contra los/as defensores/as de derechos humanos y del medioambiente que defienden sus derechos y sus territorios de las empresas que vienen a usurpárselos.

“Las violaciones sistemáticas de los derechos económicos, sociales y culturales de muchas comunidades que se ven privadas de sus tierras y sus recursos que les dan sustento, son posibles y facilitadas debido a la participación o el apoyo y respaldo de muchos inversionistas y empresas a quienes la legislación internacional no obliga de manera vinculante a respetar los derechos humanos.” – Apollin Koagne Zouapet, abogado principal, CED/Amigos de la Tierra Camerún

“No se puede lograr una protección efectiva de los derechos humanos y los/as defensores/as del medioambiente si no se encara y más bien se evade la responsabilidad que tiene en esos hechos uno de los principales sectores perpetradores de tales violaciones. Se necesita un tribunal internacional y mecanismos efectivos de sanción de las empresas transnacionales a fin de evitar que las grandes empresas se escondan detrás de acuerdos de protección de inversiones y la personería jurídica de sus filiales para seguir operando con impunidad.” – Juliette Renaud, campaña de responsabilización de las empresas, Amigos de la Tierra Francia

Fue alentador escuchar las intervenciones de respaldo de muchos países en desarrollo al proceso del Tratado, especialmente de Túnez en representación del Grupo Africano, seguida de alocuciones de bienvenida por Botsuana, Nigeria y Sudáfrica. A diferencia del año pasado, en su declaración por escrito esta vez la UE le agradeció a la Presidenta del IGWG por su informe. El proceso del Tratado ahora está tomando velocidad.

“No podemos depender de medidas voluntarias solamente, ya que estas no consiguen que las empresas se hagan responsables. En Europa ha habido avances prometedores recientemente, tales como la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las grandes empresas y la ley holandesa de vigilancia debida en casos de trabajo infantil. Esperamos que estos ejemplos ayuden concitar apoyo para el Tratado de la ONU. Pero somos testigos de que las grandes empresas se resisten a cualquier iniciativa de reglamentación vinculante. Por eso es esencial que protejamos las discusiones sobre el Tratado de cualquier intento de cooptación empresarial”. – Anne Van Schaik, campaña frente al sector financiero, Amigos de la Tierra Europa

El 2017 debe ser un año de movilización más robusta de todos los sectores que pujan por un proceso sólido de negociaciones en el IGWG en torno a la formulación de los elementos y estructura de este nuevo Tratado vinculante de la ONU. Amigos de la Tierra Internacional y sus grupos miembro en 75 países se ha comprometido a apoyar a los/as defensores/as del medioambiente y los derechos humanos en todo el mundo, quienes requieren protección urgente de sus derechos, acceso a la justicia, y la posibilidad de responsabilizar y exigirles cuentas a las empresas transnacionales por sus violaciones de derechos.

Imagen © Víctor Barro

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