Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el 1er aniversario del asesinato de compañero defensor Adán Vez Lira en Veracruz – A 9 de abril de 20201
Adán Vez Lira,un referente en la defensa del medio ambiente en Veracruz, en especial de las aves y los manglares de las zonas costeras del municipio de Actopan, fue asesinado en los alrededores de la comunidad de La Manchaelpasado8 de abril del 2020, sin que a la fecha, él y sus familiares y compañeros defensores hayan alcanzado la justicia.
Adán,integrante de la cooperativa La Mancha en Movimiento, estaba convencido de que la zona en la cual trabajaba se tenía que ser protegida de cualquier proyecto de despojo. En esta zona hay 6 lagunas costeras, 4 de ellas con manglar y 2 de agua dulce, de las cuales su calidad ecológica depende la salud de la cuenca y subcuencas hidrológicas que las abastecen, por lo que de manera tajante se opuso a la instalación de proyectos de desarrollo de diversa índole que amenazaran la integridad de estos territorios
Desde 2003, los habitantes de La Mancha enfrentan un proceso de despojo de las tierras que tienen en posesión en Los Médanos de La Mancha desde hace más de 50 años –tres generaciones—, derivado de la especulación con terrenos costeros que se ha desatado en la región debido a intereses inmobiliarios y turísticos. Este proceso de despojo se ha manifestado a partir de múltiples invasiones de estos terrenos, robo de ganado, enfrentamientos, criminalización de once defensores de Los Médanos de La Mancha, amenazas de muerte, el encarcelamiento injusto e irregular de dos integrantes del Grupo –uno de ellos Adán—y, en última instancia, el asesinato del propio Adán Vez Lira.
A lo largo del último año, los familiares, colegas de trabajo y lucha y vecinos de Adán Vez Lira han sufrido una situación de constantes amenazas por parte de grupos armados que mantienen a la comunidad en vilo, en apoyo al proceso de despojo en ciernes. Estas amenazas se presentan ante la inacción total por parte de autoridades estatales y federales. Para garantizar su propia seguridad y defensa los habitantes de La Mancha han constituido el Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha.
Entre otras actividades, Adán en vida se organizó con la gente de su comunidad y comunidades vecinas en la resistencia regional cuyo objetivo es impedir la llegada de empresas mineras en los Municipios de Alto Lucero y Actopan, específicamente las minas El Cobre y Caballo Blanco.
Como tantas y tantos defensores del territorio que han sido asesinados en este país, el suyo también ha quedado impune ante la incapacidad y/o el contubernio de las autoridades con el capital.Esta misma inacción, por parte de las autoridades del municipio de Actopan, el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la Federación, pone en riesgo a las y los familiares y compañeros de lucha de Adán.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Exigimos que las autoridades identifiquen a los autores materiales e intelectuales tras el homicidio de Adán Vez Lira.
Exigimos justicia para Adán Vez Lira y sus familiares.
Exigimos que cesen los proyectos de despojo inmobiliarios; turísticos;mineros;de generación de electricidad a partir de fisión nuclear;de infraestructura vial o portuaria;o de cualquier otra índole que amenazan a los habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero.
Exigimos que se garantice la vida, seguridad y el derecho ala autonomía sobre elterritorio de los habitantes de La Mancha
¡Toda nuestra solidaridad con el Grupo de Defensores de Los Médanos de La Mancha!
¡LA IMPUNIDAD NO CESA EN LA 4T!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre otro asesinato más en Paso de Reyna, Oaxaca – A 31 de marzo de 2021
El pasado 28 de marzo fue asesinado cobardemente el compañero Jaime Jiménez Ruiz, quien fuera parte del Movimiento por la Defensa del Río Verde. Con él ya suman 5 asesinados en lo que va del año en esta comunidad ejidal de Paso de la Reyna, Municipio de Jamiltepec, Oaxaca y 26 asesinados en los últimos 4 años en este Estado. El 23 de enero fue asesinado Fidel Heras Cruz miembro del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) que desde hacía 14 años había dedicado su vida a defender su territorio. El 14 y 15 de este mismo mes Raymundo Robles Riaño suplente del agente municipal, Noel Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, todos miembros de la comunidad ejidal de Paso de la Reyna fueron asesinados.
Tanto Jaime Jiménez, como Fidel Heras Cruz eran pilares en la lucha contra proyectos extractivos e hidroeléctricos que han pretendido acabar con el Río Verde, principalmente los proyectos hidroeléctricos como el de la Presa Paso de la Reyna y Río Verde, así como la extracción de material pétreo.
A pesar de que la comunidad ha denunciado a grupos y familias caciquiles en diferentes momentos, ni las autoridades locales, ni federales han emprendido medidas para acabar con la violencia que se ha estacionado en esta comunidad, de hecho, hasta el momento todos estos crímenes han quedado impunes.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos este cobarde asesinato. Enviamos toda nuestra solidaridad a la familia y amigas/os de Jaime Jiménez Ruíz, al Movimiento por la Defensa del Río Verde, así como al COPUDEVER y la organización Servicios para la Educación (EDUCA).
Nos unimos a la exigencia de medidas cautelares que salvaguarden la integridad de la comunidad ejidal de Paso de la Reyna, así mismo exigimos a la Fiscalía General del Estado y de la República emprendan las investigaciones necesarias para capturar y castigar a los responsables no solo de este asesinato, sino de todos los que han quedado impunes en esta comunidad.
¡BASTA YA DE VIOLENCIA E IMPUNIDAD!
¡JUSTICIA PARA LA COMUNIDAD DE PASO DE LA REYNA!
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el juicio contra David Castillo en el caso #JusticiaParaBerta – A 6 de abril de 2021
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, la familia de Berta Cáceres y el equipo legal de la causa, ante el inicio del juicio contra el imputado David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
El juicio contra David Castillo debe ser tan solo el inicio del proceso de juzgamiento de las personas involucradas en el crimen, que debe proseguir para quienes son sus jefes, los señores Daniel Atala Midence, Jacobo Atala, Pedro Atala y José Atala.
El asesinato de Berta Cáceres tuvo su origen en los actos de corrupción con los cuales fue otorgada la concesión del sagrado Río Gualcarque. Actos que se exponen en el caso Fraude sobre el Gualcarque del cual el COPINH sigue estando excluido.
La prueba que existe en contra del imputado David Castillo es contundente e irrebatible para comprobar su participación en el crimen contra Berta y otros delitos.
En juicio se comprobarán los ataques y agresiones sistemáticas en contra de Berta Cáceres, la comunidad Lenca y el COPINH como represalia a su labor en la defensa y reivindicación de derechos.
Confiamos en que el resultado de este juicio será una sentencia condenatoria en un proceso que cumpla con todos los estándares del debido proceso.
La búsqueda de justicia para Berta Cáceres es parte del Pacto de la Verdad al que estamos comprometidos y comprometidas ante la existencia de un pacto de impunidad en Honduras.
La verdad que se conocerá contribuirá a romper la barrera de la impunidad sobre los casos de crímenes contra pueblos indígenas, activistas sociales y defensores y defensoras de los bienes de la naturaleza.
Denunciamos, una vez más, la falta de voluntad política del Ministerio Público para el avance en la búsqueda de la justicia integral de la Causa Berta Cáceres.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a seguir fortaleciendo las alianzas para la lucha por un sistema de justicia independiente en Honduras y que la Causa Berta Cáceres sea un precedente de verdad y reparación para los pueblos.
Dado a los 6 días del mes de abril de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa
Compartimos este comunicado de la Educa Oaxaca sobre el más reciente asesinato de otro defensor del Río Verde en Paso de la Reyna Oaxaca – A 29 de marzo de 2021
En la tarde del domingo 28 de marzo, en el camino de Santiago Jamiltepec a Paso de la Reyna, fue asesinado a balazos Jaime Jiménez Ruiz, ex agente municipal de Paso de la Reyna, fue parte del movimiento por la defensa del Río Verde, actualmente del comité de la asociación ganadera local, se sabe también militante activo de MORENA.
Con este nuevo crimen contra un ciudadano de Paso de la Reyna, se sigue aumentando la inseguridad en la comunidad de apenas 500 habitantes. Cabe señalar que a raíz de la crisis institucional que vive Oaxaca, a casi 24 horas del asesinato, las autoridades locales siguen esperando la llegada de la Policía Estatal para brindar medidas de seguridad.
Cabe recordar que el crimen contra Fidel Heras Cruz, Presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y defensor del territorio, cometido el 23 de enero de 2021 en la comunidad vecina de La Esperanza, sigue en total impunidad, pese a las amenazas de muerte contra Fidel Heras Cruz de parte de la familia caciquil que denunció la comunidad. Hasta hoy día, la comunidad Paso de la Reyna no cuenta con ninguna medida cautelar de parte de autoridades estatales o federales. Recordar también que en la noche del 14 al 15 de marzo de 2021, fueron asesinados a tiros los ciudadanos Raymundo Robles Riaño, suplente del agente municipal, Noé Robles Cruz, y Gerardo Mendoza Reyes, esto en el Barrio Chico de Paso de la Reyna.
Paso de la Reyna, comunidad símbolo de la lucha pacífica contra los megaproyectos y el extractivismo, como son los proyectos hidroeléctricos que amenazan al Río Verde, sufre el autoritarismo caciquil y la impunidad, que son las causas estructurales de la partida violenta de cinco de sus ciudadanos en este año. Esta ola de violencia crece a la par de la total inoperancia de las instancias estatales y federales que deberían procurar justicia y velar por los derechos y la seguridad ciudadana.
Es preocupante la situación en materia de seguridad y derechos humanos en el estado, entre cambio del titular de la fiscalía, el paro de la policía estatal y la dilatación de la actuación de los funcionarios federales y estatales no hay condiciones que garanticen el ejercicio de los derechos, más aún cuando está en pleno desarrollo el proceso electoral.
Pese a reuniones con instancias de seguridad y derechos humanos, no se han tenido avances ni en las investigaciones del asesinato de Fidel Heras Cruz, ni en las medidas de seguridad para la comunidad. Exigimos a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que dicte a la brevedad medidas cautelares para la agencia Paso de la Reyna, a fin de salvaguardar la integridad de la ciudadanía y a la Fiscalía General del Estado la inmediata actuación para abrir las carpetas de investigación correspondientes.
Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C.
Front Line Defenders, dedicada a la protección de personas defensoras de derechos humanos alrededor del orbe, precisó que solo Colombia, Filipinas y Honduras superan a México en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.
OAXACA, Oax. (apro).- México se encuentra entre los países más letales del mundo para las personas defensoras de derechos humanos, al ubicarse en el cuarto lugar a nivel global, con al menos 19 asesinatos durante 2020, informó la coordinadora de Protección para las Américas de Front Line Defenders, Sandra Patargo Muriedas.
En reunión virtual de Mary Lawlor –relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos– con diversas organizaciones civiles, el pasado jueves 11, la representante de Front Line Defenders detalló que de las 19 personas defensoras asesinadas en México el año pasado, 15 eran hombres y cuatro mujeres, incluidas al menos tres mujeres trans.
En México, precisó, 14 de las víctimas trabajaban temas ambientales, y seis de ellas defendían derechos de los pueblos indígenas.
La organización civil irlandesa dedicada a la protección de personas defensoras de derechos humanos alrededor del orbe precisó que solo Colombia, Filipinas y Honduras superan a México en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.
En un evento paralelo a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Patargo Muriedas manifestó: “La situación de los asesinatos y en general de la violencia contra de las personas defensoras trans nos parece alarmante”.
Esta problemática, añadió, “sigue siendo invisibilizada y urge ser tomada con mayor urgencia por las autoridades”.
Con el tema “Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en México”, 10 organizaciones civiles, entre ellas Consorcio Oaxaca y Front Line Defenders, convocaron a este encuentro, donde manifestaron que la violencia es alentada con la impunidad.
Patargo Muriedas citó que poco más de una cuarta parte de los asesinatos contra personas defensoras en México se cometieron en Oaxaca.
Puntualizó: “Cinco de las y los defensores asesinados fueron líderes comunitarios de Oaxaca, hecho que nos parece sumamente preocupante considerando el nivel de violencia, criminalización, amenazas y, sobre todo, impunidad al que se enfrentan los defensores en este estado”.
Ese panorama de Oaxaca, adverso a la defensa de los derechos humanos, es evidente en el caso de los defensores Fredy García y Pablo López Alavez, “quienes siguen injustamente encarcelados en Oaxaca hasta el día de hoy”, expuso en referencia a dos de los casos emblemáticos que una de las organizaciones convocantes del evento, Consorcio Oaxaca, ha llevado al ámbito internacional.
A nivel global, regional y en México, continuó Patargo, las personas defensoras de derechos humanos en mayor riesgo de ser asesinadas son las que trabajan los temas de tierra y territorio, derechos de los pueblos indígenas y derechos ambientales, que representan 69% de las y los defensores asesinados a nivel global, y 73.7% en el caso mexicano.
“Hoy más que nunca nos parecen verdaderamente importantes las recomendaciones que hace la relatora”, dijo en referencia al informe “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos”, presentado por la relatora especial Mary Lawlor, pues “no han sido suficientes ni constantes los esfuerzos de las autoridades por reconocer la importancia del trabajo que hacen las y los defensores”.
“Pensamos que mientras continúen los discursos estigmatizantes contra la sociedad civil por parte de altos funcionarios, incluyendo el Ejecutivo federal, los esfuerzos para visibilizar el trabajo y riesgos de personas defensoras seguirán quedando cortos ante la realidad que enfrentan”, expresó Patargo.
Igualmente pidió garantizar el presupuesto necesario para el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fortalecer las capacidades y capacitaciones del personal, y seguir reforzando la perspectiva de género y de protección comunitaria.
“Si no se ataca la impunidad desde la raíz, los ataques, desapariciones y asesinatos contra defensoras y defensores no cesarán; las cifras de impunidad en México son casi tan alarmantes como la de los asesinatos”, por lo que “el combate contra la impunidad en los casos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos debe ser una prioridad”, finalizó.
El evento fue convocado por las organizaciones de la sociedad civil: Brigadas Internacionales de Paz (PBI); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Front Line Defenders; Organización Mundial Contra la Tortura; Pan Para el Mundo; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México, y Servicio Internacional por los Derechos Humanos.
A los gobiernos de los países miembros de la ONU y la OEA
Al pueblo de Haití y sus organizaciones
De nuestra consideración
Haití atraviesa una vez más una crisis muy profunda. Actualmente, un elemento central de la misma es la lucha contra la dictadura impuesta por el expresidente Jovenel Moïse.
Desde el año pasado este señor, luego de decretar el cese del Parlamento, gobierna mediante decretos, violando de manera permanente la Constitución del país. Así́, por ejemplo, se rehúsa a abandonar el poder a pesar de que su mandato venció́ el 7 de febrero de 2021, alegando que éste termina el 7 de febrero del año próximo, sin ningún sustento legal. Esto lo hace a pesar de los múltiples pronunciamientos en contra por parte de las principales instancias jurídicas del país, tales como el CSPJ (Consejo Superior del Poder Judicial), la Federación que agrupa a las Asociaciones de Abogados Haitianos, así́ como también de las Federaciones Religiosas y numerosas instituciones representativas de la sociedad. En ese momento, además, hay una huelga de funcionarios judiciales lo que deja al país sin ningún organismo del poder judicial funcionando.
Al mismo tiempo, esta crisis institucional se enmarca dentro de una inseguridad que afecta prácticamente a todos los sectores de la sociedad haitiana. Una inseguridad que se expresa a través de salvajes represiones de las movilizaciones populares por parte de la PNH (Policía Nacional Haitiana) domesticada por el Ejecutivo, ataques a periodistas, distintas masacres en barrios populares, asesinatos y detenciones arbitrarias de opositores, detención de un juez de la Corte de Casación bajo pretexto de fomentar un supuesto complot contra la seguridad del Estado y para asesinarlo, revocatoria ilegal y arbitraria de tres jueces de esta Corte, creación de centenares de grupos armados que siembran el terror sobre todo el territorio nacional y que responden al poder, transformando al secuestro de personas en una industria bastante próspera para esos criminales.
Los 13 años de ocupación militar por las tropas de Naciones Unidas a través de la MINUSTAH, así́ como las operaciones de prolongación de una situación de tutela a través de la MINUJUSTH y de la BINUH han agravado la crisis haitiana, apoyando a los sectores retrógrados, antidemocráticos y mafiosos. Además, cometieron graves crímenes contra la población haitiana y sus derechos fundamentales (como la introducción del cólera) que merecen procesos ejemplares de justicia y reparación. El pueblo de Haití́ pagó cara la intervención de MINUSTAH: 30 MIL MUERTOS por el cólera llevado por los soldados, miles de mujeres violadas, que ahora tienen hijos huérfanos de padres vivos, los soldados que regresaron a sus países. Nada cambió positivamente en 13 años, más desigualdad social, más pobreza, más dificultades para el pueblo y ausencia de democracia.
Las condiciones de vida de los sectores populares se han agravado de manera dramática como consecuencia de más de 30 años de políticas neoliberales impuestas por las instituciones financieras internacionales (IFIs), una severa crisis cambiaria, la congelación del salario mínimo y una inflación superior al 20% durante los 3 últimos años.
Ahora cabe recalcar que, a pesar de esta situación tan dramática, el pueblo haitiano sigue firme y se moviliza de manera constante para impedir la consolidación de dicha dictadura exigiendo la partida inmediata del expresidente Jovenel Moïse. Recientemente los días 14 y 28 de febrero centenares de miles de ciudadanos/ciudadanas expresaron claramente en la calle su rechazo a la dictadura y su firme compromiso para el respeto de la Constitución.
Teniendo en cuenta la importancia de esta lucha y que este régimen dictatorial goza todavía del apoyo de gobiernos imperialistas tales como los de Estados Unidos, Canadá́, Francia y de organismos internacionales como la ONU, la OEA, la UE y el FMI, llamamos a escuchar al pueblo de Haití que exige el fin de la dictadura así́ como también el respeto a su soberanía y autodeterminación y la instauración de un régimen de transición político controlado por los actores haitianos que tenga suficiente espacio como para lanzar un proceso de auténtica reconstrucción nacional.
Reclamamos en especial a la ONU y la OEA – que ciertamente no tiene derecho ni moral a inmiscuirse en las elecciones y otros asuntos internos de los países miembros -, a los gobiernos de todos los países, sobre todo los que se prestaron para “ocupar humanitariamente” a Haití durante 13 años, a través de la MINUSTAH-, que dejen de comportarse como si Haití fuera su colonia. ¡Basta de injerencia! Su deber es otro: asegurar justicia y reparaciones por todos los crímenes que han cometido contra ese pueblo y país, incluyendo la introducción del cólera, la violación y los abusos sexuales, la impunidad de su manipulación electoral y el uso de la “cooperación” para sus propios fines.
Solo el pueblo haitiano puede decidir sobre su futuro, pero en ese caminar cuenta con nuestra solidaridad y disposición a apoyarle con todas las acciones a nuestro alcance. Abajo Jovenel Moïse y que se establezca un gobierno popular de transición, hasta que se elija una Constituyente de forma democrática.
Compartimo esta entevista hecha por La Coperacha a nuestro compañero Gustavo Castro en el marco del 5to aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres
“Pandemia ha incrementado riesgos contra personas defensoras, debemos cambiar las estrategias”.
El mexicano Gustavo Castro Soto fue sobreviviente del ataque y asesinato contra la ambientalista lenca Berta Cáceres la madrugada del 02 de marzo de 2016 en Intibucá, Honduras. Recibió dos disparos y lo dieron por muerto. Había asistido a un seminario sobre Energías Renovables organizado por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
El pueblo lenca, el COPINH, las mujeres hondureñas y Berta Cáceres, habían resistido y frenado el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), propiedad de una familia poderosa del país centroamericano, los Atala Zablah, que pretendía explotar y privatizar el agua del río Gualcarque, el agua de todos.
Entrevistado por La Coperacha, Castro Soto señala que, a pesar de no haber llegado la justicia para Berta, su legado integral se reproduce en mujeres, movimientos sociales y pueblos originarios. El también integrante de Otros Mundos Chiapas identifica que además de los responsables directos en el juicio por el asesinato de Berta, también cabría saber qué tan responsables son las financiadoras del megaproyecto y otros actores.
¿Cómo va el proceso judicial por el asesinato de Berta Cáceres? Se encarcelaron a 8 presuntos autores materiales, de los cuales 7 fueron sentenciados a 30 años por el asesinato de Berta y a 20 años por el asesinato en grado de tentativa contra mi persona. Ahora el proceso gira en torno a David Castillo, uno de los miembros de la mesa directiva de la empresa donde se sentaba junto a la familia Atala, los dueños de la empresa. A él se le dio prisión preventiva hace 3 años y desde entonces no se le ha enjuiciado.
La defensa y la impunidad en Honduras han llevado a que las audiencias se suspendan continuamente. Finalmente se aceptaron las audiencias y el COPINH y la familia de Berta presentaron recientemente 88 pruebas. Al final se aceptó que uno de los hermanos Atala fuera a declarar, y en eso está el juicio.
El gobierno hondureño no solamente ha frenado el proceso, sino que sus acciones han sido ilegales, la persona que está actualmente presa lleva 3 años arraigado, pero legalmente sólo se permite año y medio. Ha habido violaciones al Código Penal, se han tratado de evitar peritajes, testigos, suficientes pruebas, se ha buscado generar un escenario que sea favorable a la impunidad. Estamos hablando de una de las familias más ricas de Honduras, dueña de bancos y súper tiendas, con mucho poder político y económico.
Actualmente hay una presión fuerte por parte del gobierno de Estados Unidos con Joe Biden, donde los Demócratas están promoviendo retirar el apoyo al presidente de Honduras, caracterizado por represión, impunidad, narcotráfico y corrupción. Eso quizá cambie un poco la impunidad que ha habido hasta ahorita.
¿Independiente del juicio por el asesinato dónde ves más responsables? Hay un entramado de intereses muy complejo, cada actor o cada interés tiene un papel fundamental en este círculo de impunidad. Por ejemplo, el proyecto no se hubiera podido hacer si no hay financiadores. Primero fue el Banco Mundial y se retiró. Después fue el Banco Holandés de Desarrollo y el Fondo Finlandés para la Cooperación Internacional, quienes sabiendo que había muertos y había represión, no había consulta previa, libre e informada sobre el proyecto, lo seguían financiando.
¿Qué hubiera pasado si no hubieran financiado? Quizás el proyecto hasta ahí hubiera llegado. Y si se han retirado no es por virtud propia, es por la presión internacional sobre el uso de sus fondos que financian megaproyectos como presas, mineras y otras concesiones extractivas. Estos bancos tienen muchísima responsabilidad. Pero de igual manera el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) donde México y varios países son parte, mantienen el financiamiento y los intereses en este proyecto.
Otro actor son la misma familia Atala, la empresa, no solamente por la deuda que tiene y los préstamos que ha recibido, sino porque tiene interés de la apropiación del territorio y del negocio de la venta de energía. El otro actor es el gobierno que mantiene en tal impunidad a un sector oligarca y de ahí todo el entramado institucional como es el Ejército, la Policía, haciendo comparsa de grandes trasnacionales y oligarcas. Todos tienen mucha responsabilidad.
Gustavo Castro y Berta Cáceres hace 20 años. Foto cortesía Otros Mundos Chiapas
¿Cuáles son las enseñanzas que deja Berta a los movimientos sociales, a las mujeres y a los pueblos originarios? Es un legado muy integral. Berta vio nacer al COPINH pero también éste fue formando a Berta. Dentro de la estrategia que ella planteaba, estaba la apropiación de un sistema de comunicación, de formación política, de solidaridad con las organizaciones y los movimientos sociales no solamente de Honduras sino de América Latina, la movilización con distintos temas políticos y económicos porque se movilizaban en torno a la deuda externa, Tratado de Libre Comercio, Plan Puebla Panamá, represas, minería, extractivismo, racismo, patriarcado.
Yo creo que ese es el legado que dejan Berta y el COPINH, que la lucha es integral. No es monotemática, no es sólo local. Incluso reivindicando la lucha por la diversidad sexual y del movimiento LGBTTI.
¿Cómo miras el panorama actual con los megaproyectos y la pandemia en los territorios? Muchos gobiernos de la región, no solamente Honduras, están entrando en un cuestionamiento muy fuerte y evidenciándose sobre a quién salvar. Los países y los gobiernos han rescatado nuevamente a grandes empresas, grandes trasnacionales. Pero además, si antes había un sistema de corrupción impresionante, ahora, con la inyección de recursos, cuanto más.
También es un momento en que los movimientos sociales tenemos que buscar alternativas. Tiene que ser un momento para reflexionar cuál debe ser el camino de las resistencias. Tenemos que ser autónomos en nuestras propias regiones, producir los alimentos, producir la energía, empezar a generar recursos propios y no depender tanto. Con la pandemia se vio claro que las comunidades que sobrevivieron a la crisis fueron las que podían sembrar, que tenían producción, que tenían medicina tradicional. Tenemos el reto de preparar nuevas estrategias y alternativas.
¿Las personas defensoras continúan con el mismo nivel de riesgo ahora en la pandemia? Se ha incrementado el riesgo. Ya era de por sí un riesgo oponerse a las grandes inversiones extractivistas que implican muchos intereses económicos en apropiación de territorios, recursos, agua, energía. Era un riesgo oponerse a la infraestructura, megaproyectos e invasión del capital. Ahora se intensifica porque muchos de estos megaproyectos son declarados como indispensables.
En cuanto a la seguridad de las personas defensoras debemos modificar las estrategias, no podemos realizar las mismas acciones que antes. Muchas acciones están criminalizadas en el marco de la modificación de las leyes y códigos penales. Hoy puede ser declarado como crimen organizado o secuestro el hecho de que una comunidad bloquee un camino para defender su tierra o su agua.
La seguridad debe ser personal, familiar y colectiva, se deben generar mecanismos y protocolos de seguridad comunitarias, eso es fundamental. Pedirle al gobierno que nos garantice la seguridad cuando es quien impulsa aquello que tenemos en contra, puede ser un mecanismo mediático, pero no la garantiza. Se deben buscar mecanismos comunitarios de protección.
Compartimos este artículo informativo de Radio Mundo Real en el marco del 5to aniversario de la siembra de nuestra hermana Berta Cáceres – A 2 de marzo de 2021
Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, un ex funcionario público del ente estatal de energía, que luego pasó a ser presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, a cuya instalación sobre el río Gualcarque se oponía Berta Cáceres y toda la comunidad lenca de Río Blanco. Ese proyecto extractivista contaba con la concesión por 20 años sobre el río, un acuerdo aprobado durante la dictadura que siguió al golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya.
Castillo también es un oficial de la inteligencia militar hondureña, en condición de retiro, graduado de la academia militar estadounidense de West Point. Fue detenido en el aeropuerto de San Pedro Sula el 2 de marzo de 2018, dos años después del asesinato de Cáceres en su hogar de La Esperanza (Intibucá); pretendía huir del país, acusado como uno de los autores intelectuales del femicidio.
El empresario cumplía desde entonces prisión preventiva y su defensa logró suspender hasta once veces las audiencias preliminares en las que el Ministerio Público y los representantes legales del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) iban a presentar unas 88 pruebas en su contra.
Finalmente, este lunes 1º de marzo, horas antes de conmemorar un nuevo aniversario del crimen contra quien fuera la coordinadora del COPINH, la Justicia de Honduras estableció que había pruebas suficientes para llevar al acusado a juicio oral y público y que esta instancia se llevará adelante del 6 al 30 de abril en un juzgado de Tegucigalpa.
SOBRAN LOS MOTIVOS
El COPINH informó que en las audiencias preliminares de proposición de pruebas, la fiscalía propuso 51 medios de pruebas entre los que se encuentran: «las extracciones de los celulares del imputado, las escuchas telefónicas, actas de allanamientos, y análisis de las comunicaciones de David Castillo con personas que ya fueron condenadas por el asesinato de Berta«, entre las que se encuentran otros militares retirados y sicarios pagos presuntamente por ejecutivos de DESA para asesinar a Cáceres.
Las acusaciones privadas (que representan a la familia Cáceres) propusieron 21 y 16 medios de prueba respectivamente, en los que se encuentran los peritajes de personas expertas sobre telecomunicaciones, redes indebidas de poder, análisis antropológicos y de género, y testimonios de testigos de los ataques de Castillo a Berta Cáceres.
Los abogados de la familia Cáceres también solicitaron que los miembros de la familia Atala vinculados con la empresa DESA se presenten como testgos «para que hablen sobre los hechos del asesinato». La Justicia determinó que Daniel Atala sea llamado como testigo calificado, pero rechazaron convocar a Jacobo Atala, Jose Eduardo Atala y Pedro Atala, que también ocupaban roles en la dirección de DESA.
Desde el COPINH criticaron que el Tribunal «rechace» los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «en los que nuestra compañera Berta Cáceres daba a conocer las amenazas y ataques vividos por parte de empleados de DESA incluido David Castillo», así como «rechazó el peritaje con perspectiva de género propuesto por la acusación privada con el que se pretendía demostrar la condición de Berta como mujer y lideresa como un agravante del crimen».
“David Castillo es una pieza clave que conecta a los autores materiales con los autores intelectuales que continúan en la impunidad. Queremos que sea un juicio con todas las garantías, porque todo lo que se haga mal será en detrimento de la búsqueda de justicia”, dijo Bertha Zúniga, hija de la defensora lenca, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en esta entrevista con Radio Mundo Real.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de marzo de 2021
Durante la noche del pasado 2 de febrero, la casa de la defensora de derechos humanos Jaqueline Campbell Dávila fue allanada. Fue evidente que no se trato de un robo común, sino de un acto de intimidación una clara amenazada para quien desde hace más de 20 años ha realizado un trabajo incansable como defensora de los derechos humanos frente a las graves situaciones de violencia hacia las mujeres, los migrantes, las personas encarceladas, la comunidad LGBT, además de estar involucrada también en procesos de defensa del territorio con la Diócesis del Satillo siendo parte de equipo del Obispo Fray Raúl Vera.
El día 14 de febrero Jaqueline fue nuevamente agredida, despojándosele de toda su información digital, para desconocer y así, pretender anular su trabajo como periodista y defensora de derechos humanos.
Esos don graves hechos no son casos aislados, ya que ocasiones anteriores Jackie ha sido victima de acoso, hostigamiento e intimidaciones, entre ellas la ocurrida en diciembre del 2020, a la que le sucedieron irrupciones en la oficina del Obispo Raúl Vera.
Jackie y el equipo de Raúl Vera han sido siempre muy cercanos y solidarios con los pueblos y procesos de resistencia tanto de REMA, como de muchos otros procesos contra los proyectos de ocasionan despojo y violaciones a sus derechos. En este contexto, siempre nos han acompañado en distintos foros, eventos y procesos relacionados con la defensa del territorio frente al modelo extractivo. De muchos eventos, recordamos con aprecio y cariño la presencia de Jackie durante el acto de cabildo para declarar al municipio de Guadalcázar, en San Luis Potosí Territorio Libre de Minería. La solidaridad y el trabajo conjunto con el equipo de Don Raúl Vera han sido fundamentales en el proceso en contra de la instalación de la planta de cianuro de Chemours en el estado de Durango.
Exigimos a las autoridades del Gobiernos del Estado de Coahuila, a su Fiscalía y a la Secretaría de Gobernación, garantizar la protección de nuestra querida compañera Jaquieline Campbell Dávila, asi. Exigimos que cese el hostigamiento y las agresiones referidas, que se investigue y se castigue a los responsables, y se garantice la continuidad al relevante trabajo en pro de los derechos humanos que Jackie realiza.
¡Apoyo total y solidaridad con nuestra compañera Jaquieline Campbell!
Basta de criminalizar y a las y los defensores de derechos humanos y del territorio
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA REMA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA en el marco del 5to Aniversario de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres – A 2 de marzo de 2021
2 de marzo del 2021 “Han creído que la impunidad es eterna… Se equivocan, los pueblos saben hacer justicia” Berta Cáceres
Este dos de marzo se cumplen cinco años del criminal ataque contra Berta Cáceres, defensora de los ríos, el pueblo Lenca y de la vida. Con este ataque, que irrumpió la vida de nuestra compañera y donde también se hirió a nuestro compañero Gustavo Castro, sobreviviente y testigo del crimen; los perpetradores intelectuales y materiales no sólo buscaban robar la vida de una luchadora social querida y reconocida por su pueblo, sino que, ante todo, con ello pretendían apagar la lucha de todos ellos, del pueblo Lenca y de los pueblos y población organizada que se convocan alrededor del Consejo Cívico de las Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).Los perpetradores del crimen (sicarios, autores intelectuales y el Estado), pretendían sembrar el miedo y amedrentar la lucha organizada que han dado desde hace años en defensa de su territorio, pretendían acallar la organización con el uso de la violencia, de las armas. Todo para imponer un proyecto hidroeléctrico sobre el Río Gualcarque, río que el pueblo Lenca ha defendido como parte de su territorio.
La empresa Desarrollos Energéticos, S.A. de C.V (DESA), es la empresa que fue creada específicamente para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, proyectada sobre el Río Gualcarque. Hasta hoy, el pueblo Lenca ha imputado a nueve hombres por este crimen: cinco de ellos vinculados al ejército, y tres de ellos con la empresa promovente del proyecto. El 18 de febrero de este año se realizó la primera audiencia para la proposición de pruebas contra David Castillo, miembro de la familia Atala Zablah, propietaria mayoritaria de DESA, y sobre quien el pueblo Lenca ha documentado 88 pruebas sobre su participación en la persecución, criminalización y ataques que culminaron en el asesinato de Berta Cáceres. El seguimiento de esta audiencia fue previsto originalmente para el 25 de febrero, pero por presión de la defensa del incriminado fue reprogramado para el 1 de marzo.
Como denunciamos hace un año, a Berta Cáceres, la ambientalista, madre de cuatro hijos, abuela, hija, hermana, co-fundadora y vocera del COPINH, le quitaron la vida muchos actores: no sólo los sicarios envalentonados y serviles al modelo global, sino también las instituciones económicas y políticas del estado hondureño que, por encima de la vida de su población, obedece y se alía con corporaciones globales que explotan, despojan y se enriquecen a partir de la depredación de los bienes naturales de aquellos países que, gracias a sus pueblos originarios, los tienen en abundancia. Berta fue asesinada por un modelo económico colonial que impulsa un patrón de clasificación y ordenamiento de la población y territorios, y que refuerza el racismo contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de Honduras y del resto de América Latina.
Berta fue asesinada por la violencia patriarcal, la cual ha oprimido históricamente la integridad de las mujeres.
Pero también, con ese acto de violencia, la vida de Berta fue sembrada. Su vida es un ejemplo para la población de su natal “La Esperanza” y continúa siendo una fuerza que acompaña al pueblo Lenca en la defensa de su territorio. Pero más aún, es un ejemplo de lucha y de claridad política para todos los pueblos indígenas y no indígenas que enfrentan el mismo modelo y que se unen en la defensa de sus territorios, de la vida.
Invitamos a los pueblos, comunidades y ciudadanos a participar en los eventos que este dos de marzo se celebraran para honrar la vida y lucha de Berta Cáceres, así como para exigir justicia frente a su asesinato. El proceso de denuncia sigue, y es necesario que como pueblos, mujeres y ciudadanos organizados, acompañemos y respaldemos la exigencia de justicia frente a los autores materiales del crimen, sino ante todo, frente a los autores intelectuales del mismo.
El pasado 2 de marzo se realizo en San Cristóbal de Las Casas un altar colectivo y una acción en el marco de la jornada #JusticiaParaBerta recordando a nuestra hermana Berta Cáceres a 5 años de su siembra.
Somos los hijos de Zapata, las hijas de Berta y de Samir, luchando por la tierra liberada, unidos combatiendo hasta el final
Porque Berta no se fue, aquí nadie se rindió, Patria grande para la liberación
Foto: Daniel Aguilar
Berta no se murió, Berta no se murió, Berta se hizo millones, se hizo millones, Berta soy Yo
Imagen: Acción #JusticiaParaBerta Área de Comunicación de Otros Mundos – Despertemos humanidad catedral Daniel Aguilar
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH en el marco del 5to Aniversario de la siembra de nuestra compañera Berta Cáceres – A 2 de marzo de 2021
La memoria de nuestra compañera Berta Cáceres, la mujer irreverente, luchadora y consciente, nos ha convocado una vez más a recordar su vida y lucha, a denunciar nuevamente que la impunidad se cierne sobre nuestro pueblo cada vez que no hay castigo para quienes cometen horrendos crímenes como del que ella fue víctima.
El sistema de justicia hondureño hace sus oídos sordos ante la existencia de numerosa información recabada y de profundas investigaciones de expertas y expertos internacionales que han identificado a los autores intelectuales del crimen y que permanece en los expedientes judiciales.
Han transcurrido 1827 días, 1827 amaneceres en los que la luz de la justicia y la verdad se han escapado de la sociedad hondureña porque el sistema judicial evita que haya justicia por el crimen de Berta Cáceres.
Las presiones de grupos económicos y políticos impiden que se avance con la justicia y que Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala Zablah, Pedro Atala Zablah y Jacobo Atala Zablah sean presentados ante la justicia para que respondan por sus crímenes.
Nueva información sobre esta causa ha puesto de manifiesto que detrás del crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico propiedad de la familia Atala.
No debe haber más contemplaciones para quienes, tras el escudo del dinero, siguen asesinando al pueblo de Honduras. Cada día que pasa sin castigo para estos criminales, Honduras se hunde en el oscuro hueco de la impunidad.
El pueblo Lenca, el pueblo hondureño y la comunidad internacional conocemos quiénes son los responsables de este crimen que ha enlutado a tantas vidas. Hace falta que el sistema de justicia responda a esta verdad.
El clamor de la madre tierra y los bienes comunes, cada vez más depredados, nos respalda en esta búsqueda de justicia, por eso nos desfalleceremos junto al rebelde pueblo Lenca.
Por lo anterior, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, junto a la familia de Berta Cáceres y el equipo legal nos pronunciamos de la manera siguiente:
— Exigimos que los miembros de la familia Atala Zablah involucrados en este crimen sean procesados, enjuiciados y castigados sin más dilación.
— Exigimos que los procesos que se están desarrollando contra David Castillo no se dilaten más y que sea sentenciado por su responsabilidad como coautor del crimen.
— Exhortamos al pueblo hondureño, en estos momentos decisivos, a mantener la fuerza en el impulso por el camino a la verdadera justicia y la democracia en la que quienes defienden nuestra vidas, territorios y soberanía no sean asesinados y ultrajados.
— Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales de derechos humanos a que realicen esfuerzos enérgicos en exigencia de justicia para Berta Cáceres y que exista una pronta respuesta sin más dilatación del proceso.
¡Berta vive, el COPINH sigue!
“Han creído que la impunidad es eterna, se equivocan los pueblos saben hacer justicia y el pueblo el pueblo hondureño sabrá hacer justicia”
-Berta Cáceres-
Dado en la Esperanza, Intibucá a los 02 días del mes de marzo de 2021
