Categoría: Modelo extractivo

Encuentro Mesoamericano de comunidades frente a la palma aceitera

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Compartimos este artiuclo publicado en el Boletín 259 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM sobre el encuentro de palma aceitera realizó en año pasado en el Centro Alter Natos en Chiapas – A 17 de diciembre del 2021

En Mesoamérica, la expansión de monocultivos de palma aceitera es una de las principales causas de deforestación. Un intercambio de experiencias reunió a representantes de comunidades indígenas y campesinas para analizar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en comunidades y territorios así como para enlazar sus resistencias.

La palma aceitera avanza en Mesoamérica (territorio que abarca desde el sur de México a Panamá) disputando los territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes por parte de la agroindustria, con saldos de despojo y violencia contra las comunidades, pérdida de la soberanía alimentaria, contaminación y pobreza. Aunque la resistencia de los pueblos ha logrado detener su avance en algunas regiones, su expansión sigue amenazando la vida de pueblos y comunidades.

En el proceso de expansión de la palma aceitera, respaldada por los gobiernos locales y nacionales, las empresas han realizado una cantidad de promesas (1) que nunca se concretan y que las comunidades organizadas han denunciado (2) a voces. En respuesta, las empresas crean estrategias de marketing para ocultar sus impactos en los territorios y para llegar con una imagen verde a quienes consumen el aceite de palma.

Es así que surgieron los ‘contratos’ o acuerdos con pequeños productores, las políticas de ‘responsabilidad social empresarial’ y la promoción de los ‘sellos verdes’ y ‘certificados’, como los que avala la RSPO (Mesa Redonda de Palma Sustentable). Nuevas estrategias para ocultar los impactos de siempre.

Por otro lado se vio en el cambio climático una nueva oportunidad de expansión. El uso del aceite de palma industrial, que originalmente era destinado a la industria cosmética y la elaboración de alimentos ultraprocesados, pasó a ser promovido además como agrocombustible, como materia prima para la producción de energía y las plantaciones como sumideros de carbono y como reforestación. Todo esto se ve reflejado en un aumento del área de territorios bajo monocultivos de palma, mientras las verdaderas causas del cambio climático, como el uso de combustibles fósiles, no son abordadas.

Esta es la realidad que viven muchos pueblos y comunidades en Mesoamérica. En Honduras existen más de 190.000 hectáreas sembradas de palma aceitera distribuidas en los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón. En Guatemala, las 171.000 hectáreas de palma aceitera se encuentran principalmente en las zonas del Petén, Ixcán, Escuintla y Huehuetenango. En México existen más de 90.000 hectáreas ubicadas principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche.

Desde el desvío, contaminación y reducción de las fuentes de agua, la reproducción de animales que ponen en riesgo la salud de las personas, como serpientes venenosas, la deforestación y destrucción de espacios de vida, hasta la militarización de los territorios con fuerte presencia de grupos paramilitares bajo el manto de seguridad privada o la presencia de narcotraficantes, son parte de la constante violencia e imposición que sufren las comunidades cuando se instala la plama aceitera en sus territorios. Todo esto, y sobre todo en los lugares donde las comunidades organizadas resisten a esta invasión, ha generado violencia e intimidación sistemática de las y los defensores de la vida, quienes deben confrontar desde la criminalización a la desaparición y el asesinato.

Por tal motivo, a inicios de octubre de 2021, comunidades y organizaciones de Honduras, Guatemala y México se reunieron en San Cristóbal de las Casas, México, para compartir sus experiencias sobre el avance y consecuencias del monocultivo industrial de la palma aceitera. Se buscó además elaborar un diagnóstico de la región y esbozar estrategias comunes que les ayuden a enfrentar estos monocultivos.

A partir de este encuentro se crea la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera, la cual resume en la siguiente Declaración parte de las denuncias y reflexiones compartidas durante el encuentro:

Declaración de la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera

“En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 4 al 7 de octubre de 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México, Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.

Las palma de aceite ha arribado a nuestros territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador. Los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, desvían ríos y desaparecen lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el agua. Impactan en las cosmovisiones de los pueblos originarios. El monocultivo de palma viola los derechos laborales, genera esclavitud laboral. Destruye el tejido social. Se basa en la apropiación de territorios por parte de las empresas con violencia engaños, mentiras y falsas promesas, criminalización de la protesta social, en complicidad con el poder político.

Las plantaciones de palma provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza y dependencia, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, generan fuertes problemas de salud en las poblaciones, despojo y desplazamiento, aceleran el cambio climático, y se acompañan con violencia, militarización y criminalización de los pueblos que reclaman derechos fundamentales. Las afectaciones de este modelo repercuten directamente a las mujeres, sumando sobre ellas la violencia física y sexual.

Por todo ello, los movimientos y organizaciones nos proponemos detener este Modelo Extractivo, generar alternativas locales y develar el falso discurso de que las plantaciones de palma de aceite son sustentables, que generan desarrollo, que reforestan y combaten el cambio climático, por una consciencia de que los monocultivos de palma no son bosques, sino megaproyectos de muerte que están destruyendo el planeta.

– Denunciamos la contaminación y pérdida de fuentes de agua, en particular las afectaciones al río Tulijá en México.

– Exigimos justicia para las comunidades del río Guapinol y para los asesinatos perpetrados en el Bajo Aguán en Honduras.

– Denunciamos la contaminación del río La Pasión por parte de la empresa [palmícola] REPSA en Guatemala.

– Rechazamos la persecución a la protesta social y a las comunidades defensoras y defensores de derechos que han sido asesinados, perseguidos, criminalizados, judicializados por parte del modelo de la agroindustria de la palma y nos solidarizamos con los defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier, judicializados por la empresa Energy & Palma/La Fabril en Ecuador.

¡Las plantaciones no son bosques!
Por territorios libres de monocultivos de palma de aceite.”

Un grito por la vida

No podemos dejar de destacar que donde se instalan los monocultivos industriales de palma aceitera las mujeres ven afectadas sus vidas, ya sea como trabajadoras en las plantaciones o como habitantes de las comunidades aledañas. Una de las participantes de la reciente reunión en Chiapas, proveniente de Honduras, escribió un poema donde refleja los sentimientos y vivencias compartidos por las mujeres presentes en el encuentro.

“Te ofrecieron un futuro falso, una economía que no existe, te ilusionaron con una vida mejor, te hicieron creer que tener un bosque lleno de vida y oxígeno era malo, te vendieron un cuento que solo existe en la mente maligna de ellos, no te diste cuenta y entregaste todo a cambio de un futuro que no existe, te mintieron, te destruyeron poco a poco.

Ha pasado el tiempo y hoy los y las que crecimos en tu error nos dimos cuenta de lo que hiciste, de ese futuro que te vendieron que yo no vi y no existe. Te reprocho, pero no te culpo, por eso te digo, yo, nosotras y todas vamos a luchar por destruir este sistema así como ellos lo hicieron con ustedes. Vamos a recuperar lo que nos pertenece.

Esos bosques que nos quitaron volverán a ser de nosotras, volveremos a ver esos cultivos que nos llenan de vida, volveremos a ver esas mujeres llenas de valentía y fuertes, dándole vida a nuestras comunidades, la bella sonrisa de los y las niñas sin ser esclavos de nadie, siendo libres.

Diciendo NO a la palma aceitera, NO a la violencia, NO a quitarnos la vida. Y no solo por medio de una bala, sino quitándonos nuestras tierras y territorios, así también nos matan.

Porque esto no es forestación, sino deforestación.
Porque esto no es trabajo, es esclavitud.
Esto no es vida, es muerte.

Hoy alzamos la voz unidas y emponderadas, y decimos BASTA YA!”

(Por Flor Contreras Ulloa – ver video aquí) (3)

Desde diferentes puntos de Mesoamérica y de América Latina en general la resistencia crece, las comunidades organizadas se están conectando para que ese BASTA YA se escuche en todo el mundo, y que llegue a las comunidades en África y Asia que también se ven afectadas por este monocultivo. Pero, además, que se escuche entre quienes consumen el aceite de palma industrial, que se entienda que este destructivo modelo de plantaciones industriales nunca va a ser ni sustentable ni verde.

(1) “13 respuestas a 13 mentiras sobre los monocultivos de palma aceitera”
(2) Plantaciones de palma aceitera (información y relatos sobre impactos y resistencias)
(3) Un grito por la vida

Imagen: Área de Comunicación Otros Mundos

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Seguimos denunciando la complicidad del Gobierno Actual con el Modelo Minero

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el Modelo Minero Extractivista en México – A Diciembre 2021

La Secretaria Albores responsabilizó por estos desastres a “la complicidad de gobiernos pasados”1, dando eco al Presidente quien pretende distanciarse del despojo y la destrucción diciendo que no va a otorgar ninguna concesión minera durante su sexenio. La Secretaria propone que la solución sería “la adopción de las mejores prácticas en materia hídrica y en corresponsabilidad socioambiental con el Gobierno y en el sector privado, …y la sociedad civil”2. Pero, queremos aclarar que –aún sin otorgar ni una sola concesión minera– este gobierno es tan cómplice como los anteriores por la continuidad del modelo minero que sigue operando.

¿De qué “mejores prácticas” nos está hablando la Secretaria para la actividad más devastadora del planeta? No hay mejores prácticas que resuelven la codicia y agresividad del modus operandi del modelo extractivo, no existe la minería verde, sustentable, inteligente ni responsable.

La minería genera enormes impactos sobre las tierras y el territorio de los pueblos en donde se impone. Para servir los intereses de los grandes inversionistas y mercados de consumo de productos desechables, los depósitos de minerales que quedan en el mundo son cada vez de concentraciones más bajas y más dispersas bajo la tierra. Esto significa que, para extraer cada onza de oro, plata o cobre, las empresas mineras sacan muchas más toneladas de roca, una parte de la cual será molida y tratada con sustancias químicas de alta toxicidad para separar los metales de las rocas. A la vez que las empresas tumban cerros enteros para extraer los minerales, construyen otros con la roca desechada que amontonan, ahora más expuesta al aire y agua, que puede iniciar el proceso de drenaje ácido que genera contaminación por metales pesados y otras sustancias tóxicas por décadas y siglos. También construyen enormes pilas o piscinas de relaves que rompen y derramen cada vez con mayor frecuencia. En el proceso, no solamente contamina el agua y el suelo, sino también se desaparecen y desvían fuentes de agua de las que los pueblos y la biodiversidad dependen. Todo esto sin hablar de lo que sucede en el ámbito social o de salud, con los pueblos desplazados y despojados de sus tierras y formas de vida, y con una tendencia hacia el alza de violencia en estas zonas.

Hablar de supuestas “mejores prácticas” de una de las actividades más devastadoras que existe, y hablar de no otorgar más concesiones mineras cuando México ya tiene arriba de 24 mil otorgadas, es desviar la discusión y pintar de verde al gobierno mientras siguen intactas las estructuras que facilita la inversión minera y que deja en impunidad estos grandes daños a perpetuidad. La Secretaría reconoce que la minería deja pueblos enteros sin fuentes de agua y con altos índices de daños a su salud, entonces ¿por qué no hablar de castigar penalmente a los responsables por estos tremendos daños? En base de su propia experiencia en Puebla en donde empresas mineras tienen concesionada grandes extensiones de la Sierra Norte, la Secretaria sabe que la propia presencia de una concesión minera representa una amenaza a la autodeterminación y bienestar de las comunidades afectadas. Entonces, ¿por qué no hablar de extinguir las concesiones mineras que han sido otorgadas arbitrariamente en todo el país en violación de tantos derechos? ¿Por qué dejar vencer solamente las concesiones mineras en donde las empresas no están actualizadas con su pago de derechos? Y sobre todo por qué engañarnos en centrar el debate sobre el tema de las concesiones cuando desde el inicio de este sexenio, según una solicitud de información vía transparencia, la SEMARNAT ha autorizado más de 90 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para proyectos mineros. ¿De qué sirve limitar el número de concesiones si los proyectos mineros que son realmente lo que devastan el medio ambiente, el territorio y la vida de los pueblos siguen avanzado en sus fases de exploración y operación?

La respuesta es porque este gobierno es cómplice de mantener intacto el modelo minero sin mayor cambio. La influencia de los empresarios mineros mexicanos y extranjeros, representado por CAMIMEX, quedó muy claro cuando este gobierno declaró la minería “no esencial” a inicios de la pandemia de COVID-19. Pocas semanas después, ante varias gestiones del sector empresarial inclusive para pedir presión sobre el gobierno mexicano desde los Estados Unidos, se convirtió en esencial. No es casual que, durante estas gestiones, el sector minero hizo referencia a la necesidad de mantener activa la industria minera ante la entrada en vigencia del renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) previamente anunciado para el 1 de julio de 2020. Tal como gobiernos anteriores, este gobierno ha aceptado el marco de los Acuerdos Internacionales de Inversión –tales como el T-MEC, el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico–, y muchos otros que México ha ratificado. Estos acuerdos son la ley por encima de la ley para las empresas transnacionales con la cual pueden amenazar o demandar al gobierno por millones o miles de millones cuando sus cortes, agencias regulatorias, ejecutivo u otros órganos toman decisiones que podría afectar sus inversiones o, inclusive, sus ganancias al futuro. México ya enfrenta miles de millones en demandas de empresas mineras.

La actuación del gobierno actual resulta ser cómplice con el despojo y destrucción permanente por la minería a las vidas, aguas, tierras y territorios de muchas comunidades. El discurso de “mejores prácticas” y de no otorgar ninguna concesión minera mientras siguen operando todas las que están, es seguir legitimando la expansión minera y desviando la atención de las estructuras jurídicas, económicas y de poder que lo sigue facilitando.

BASTA A LA SIMULACIÓN Y A LA LEGITIMACIÓN DE LA MINERÍA POR SEMARNAT
NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE, SÍ A LA VIDA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Minería Mazapil, Zacatecas

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AMLO no tiene conflictos por Minería Canadiense en México, Los Pueblos de México sí

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los megaproyectos de minería canadiense – A 7 de diciembre del 2021

El 22 de noviembre, el presidente López Obrador dio su informe sobre su participación en la novena cumbre de líderes norteamericanos en Washington, D.C., cuando invitó a México al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien dijo “no tener conflictos mineros por la industria en el país”.1 Durante la misma semana, en su mañanera desde Guanajuato, repetía ideas semejantes: “son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad».2 Además, pretendiódecir que México “ya no es como antes”, por estar siguiendo el ejemplo de Canadá: “Nosotros lo que estamos planteando es: bueno, que paguen impuestos igual como se pagan impuestos en Canadá, que se cuide al medio ambiente igual como cuidan el medio ambiente en Canadá y que se les pague a los trabajadores igual como se les paga a los trabajadores mineros de Canadá, en las mismas condiciones”.3

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) le queremos decir a Justin Trudeau, que no sabemos a qué país se refiere AMLO, porque si hablamos de México nosotras/os tenemos otros datos. Y para AMLO, si el ejemplo a seguir es Canadá, nos dirige a más de lo mismo: despojo, devastación ambiental y graves afectaciones a la salud.

I. Cada concesión minera, un conflicto

Cada semana hay conflictos que surgen en diferentes estados del país en contra de proyectos mineros canadienses que amenazan con despojar a los pueblos y destruir sus tierras y territorios, además de los conflictos cotidianos y menos visibles de los pueblos que han sido desplazados a la fuerza y ahora pelean por una sobrevivencia digna, o que sufren por la contaminación con metales pesados y pelean por atender los costosos daños a su salud, o que se encuentran con un terrible aumento de violencia en sus comunidades y luchan para no estar completamente sometidos, o quienes asumen la eterna pelea por la justicia y la rendición de cuentas dentro de un sistema de impunidad. Quizás nada de esto figura para AMLO, quien se preocupa más por posicionar al país en la cadena de extracción y consumo de los vehículos eléctricos a nivel norteamericano, pero le aseguramos a Trudeau que los conflictos mineros que las empresas mineras canadienses generan en este país todos los días, perduran en el tiempo para los pueblos que lo han tenido que sufrir y que poco se resuelve o se restaura, salvo cuando los pueblos logran impedir la entrada de las empresas desde el inicio. Compartimos unos ejemplos, entre muchos:

Chiapas

El día después de la mañanera de AMLO en Guanajuato, conmemoramos el duodécimo aniversari o del asesinato de Mariano Abarca (fundador de la REMA), el 27 de noviembre del 2009, por su lucha contra los impactos ambientales y sociales de la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Junto con la familia Abarca, hemos llevado este caso a Canadá para exigir una investigación de la embajada canadiense en México por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano. Sabemos por documentos obtenidos bajo la ley de transparencia en Canadá que la embajada seguía de cerca los sucesos en Chiapas y participó en defender y facilitar los negocios mineros aún sabiendo de los riesgos que corría la vida de Mariano. Seis semanas después de que representantes de la embajada canadiense se reunieron con el gobernador de Chiapas en octubre de 2009 para pedir que se resolvieran los problemas de la empresa, mencionando específicamente las protestas de la comunidad, Mariano fue brutalmente asesinado frente a su restaurante en el centro de Chicomuselo.

Este crimen sigue en impunidad y por tanto sigue el conflicto. La familia Abarca junto con Otros Mundos Chiapas, REMA, MiningWatch Canadá y otros aliados han interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de autoridades mexicanas, así como la denuncia actualmente esperando la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de Canadá buscando una investigación de la Embajada Canadiense en México. Vale destacar que un juez de la Corte Federal de Canadá, Keith Boswell, ad mitió en julio de 2019 la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado si la embajada canadiense en México hubiera actuado de otra manera”. Sin embargo, hasta la fecha aún seguimos peleando por una investigación que haga justicia al asesinato de nuestro compañero.

Oaxaca

La mina San José de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, terminó de imponerse el día 6 de mayo del 2009 por medio de un operativo policíaco y militar que culminó con decenas de personas detenidas arbitrariamente, golpeadas y heridas de gravedad; así como con cateos ilegales en varias casas de Magdalena Ocotlán, municipio vecino a San José del Progreso. En los siguientes 5 años, fueron asesinadas 5 personas en San José del Progreso.

Años después, en 2018, esta misma mina tuvo un derrame tóxico que contaminó gravemente el río Coyote y los pozos de cientos de familias. Esto fue encubierto por la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA e IMTA quienes, a pesar de tener en su poder las pruebas de la contaminación, hoy a 3 años del desastre, están nuevamente tomando muestras, tal vez para seguir cubriendo las espaldas de la empresa minera.

Hoy en día la empresa intenta ampliar su proyecto por otros 10 años y presiona a la SEMARNAT (quien ya negó la autorización), para que le autorice su proyecto de expansión. Sin embargo, la SEMARNAT ahora echa marcha atrás, con total falta de ética y respeto para su equipo de evaluación de impacto ambiental, y declara que se hará una consulta a los pueblos para ver si quieren o no la ampliación de este proyecto, que inicialmente ellos desaprobaron. A la par, la empresa ha sacado a sus trabajadores para confrontar a las defensoras y defensores que exigen se detenga la expansión de este proyecto que ya ha demostrado causar destrucción, enfermedad y muerte entre las comunidades vecinas. La tensión y presión sobre las comunidades hace que nuevamente se genere un ambiente de violencia y división.

Zacatecas

En el año 2017, unas 46 familias de la comunidad La Colorada, Zacatecas, fueron desplazadas a la fuerza por la empresa canadiense Pan American Silver, con la ayuda del gobierno de ese estado para lograr la expansión de su mina “La Colorada” de donde extrae plata, oro, plomo y zinc desde 1998. Con este acto, las familias fueron despojadas de sus casas, terrenos, trabajo y salud, además de encontrarse con violaciones sistemáticas permanentes de sus derechos. Por dos años antes, las familias resistieron su desplazamiento, durante ese tiempo denunciaron haber sido acosadas y amenazadas por parte de directivos de la empresa, y varios trabajadores fueron selectivamente despedidos. Sin embargo, actuando en contubernio con el gobierno de Zacatecas y con el apoyo de hombres armados, la empresa finalmente desalojó a las familias y con maquinarias destruyó sus viviendas.

La denominada “Unidad Habitacional Mina La Colorada”, a la cual fueron desplazadas la familias, se compone de 96 casas armables de lámina que Pan A merican Silver les dio en comodato. Entre el complejo habitacional y la entrada a la mina existen menos de 200 metros y los divide una reja metálica que rodea a toda la comunidad, en donde las familias arriesgan su salud por su cercanía a la mina y se encuentran en una situación de control social extremo por la empresa que pone las reglas, inclusive sobre el tipo de mascota que pueden o no tener dentro de estas casas, así como para el uso de la iglesia. Desde ese entonces, habitantes de La Colorada luchan para la restitución de las tierras que la empresa les arrebató y para que su comunidad sea reconocida, ya que la empresa asegura que esa comunidad nunca existió4.

Guerrero

En el “cinturón dorado” de Guerrero, operan 5 proyectos mineros, 4 de ellos canadienses circunscritos en una región de 210 localidades. En los últimos 10 años, ha habido un desplazamiento forzado de 16 mil familias vinculadas a la violencia que se desencad ena por el poder vinculado a los grupos del crimen organizado, lo cual beneficia a la expansión minera de capital canadiense en la zona. Tan solo en Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri, donde la empresa minera Equinox Gold opera la mina Los Filos, se ha documentado el desplazamiento forzado de la mitad de la comunidad en 2015, por lo menos 55 asesinadas/os hasta 2019, y la prevalencia de daños a la salud en casi toda la población por consumo de agua contaminada y exposición permanente a polvo rico en metales pesados. Por cuatro meses, a fines de 2020, el ejido de Carrizalillo realizó un paro y cerró la mina por el tratamiento racista y discriminatorio de esta empresa y por sus incumplimientos al acuerdo de cooperación social, inclusive temas relacionados con la falta de agua limpia y atención médica5. En otro triste acto de discriminación y racismo, representantes canadienses han llegado para ayudar a legitimar la expansión minera en esta zona, a la vez establecen alertas para que los turistas canadienses no visiten el territorio guerrerense por la alta incidencia de violencia; la última alerta fue emitida en octubre de este año6.

Guanajuato

La minera Argonaut Gold pretende desarrollar el proyecto minero de oro Cerro del Gallo, en el territorio rural del municipio de Dolores Hidalgo, impactando directamente a más de 20 comunidades con una población aproximada de 8,000 habitantes. Además, afectará la Cuenca de la Independencia o la Cuenca alta del río La Laja, que abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato con una población de 680,000 habitantes que dependen de un solo manto acuífero. De autorizarse el proyecto, sería la primera mina a cielo abierto en el Estado de Guanajuato. Se propone usar la técnica de lixiviación con cianuro que conlleva graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas, así como el uso y contaminación de cantidades extraordinarias de agua. Además de las 13 concesiones mineras, Argonaut Gold cuenta con 8 títulos de concesión de agua otorgados por la CONAGUA por un total de 1,440,000 m3 al año para la explotación de su proyecto, mientras que las comunidades en su entorno, no tienen acceso al agua en condiciones adecuadas.

Durante el 2020, Argonaut Gold ha intentado, por cuarto año consecutivo sin éxito gracias a la oposición popular, obtener el permiso en materia de impacto ambiental de parte de la SEMARNAT. En su proyecto, que ha sometido a la evaluación de la autoridad federal, propone, entre otros agravios «la integración al proyecto de los habitantes de las poblaciones rurales, abatir y, para el caso de San Antón de las Minas y El Sisote, desaparecer la agricultura y ganadería de subsistencia», tratando de argumentar que esta actividad es más dañina al medio ambiente que la destrucción permanente que genera la minería. Aunque SEMARNAT acaba de denegar el permiso a la empresa, nada evita que la empresa lo pueda intentar nuevamente.

Al final, estos son sólo una muestra de los conflictos que generan las empresas mineras canadienses en México, de los que el presidente parece no darse cuenta. A lo largo del país, hay resistencias y procesos de defensa territorial ante los intereses de empresas mineras canadienses, especialmente frente a los llamados “junior”, que son empresas que se especializan en la prospección, exploración y especulación, y que están muy presentes en las bolsas de valores de Canadá, más que en cualquier otro país.

Los procesos de organización popular frente al avance minero representan la mayor esperanza para poder evitar la entrada de la minería a través del ejercicio de los derechos agrarios y la auto determinación de los pueblos. Aún así, son procesos de muy larga envergadura que frecuentemente conllevan muchas amenazas y deben sostenerse para poder frenar los avances del nocivo modelo extractivista minero y su permanente voracidad por generar ganancias a cambio de la destrucción de los pueblos. Por todo esto, las comunidades afectadas le decimos al Presidente que aquí estamos: no olvidamos, ni perdonamos, y exigimos se deje de ofertar nuestros territorios y nuestras vidas a las empresas mineras que nos despojan y asesinan.

II. Seguir el ejemplo de Canadá, nos lleva a más de lo mismo

En cuanto al deseo de AMLO de que las empresas mineras canadiense operen como hacen en Canadá, debe darse cuenta de la realidad colonial y del capitalismo depredador que prevalece en el país de su amigo Trudeau. Canadá atrae empresas mineras a su país por tener la tasa de impuestos corporativos más baja del grupo de los siete países industrializados (G7) y una investigación periodística ha mostrado cómo las empresas mineras pagan mucho menos a gobiernos en Canadá que cuando operan en otras partes del mundo, inclusive México7.

En torno al supuesto “respeto al ambiente”, basta decir que en Canadá hay más de 10,000 minas abandonadas que jamás han visto un programa de remediación, y que prevalece un ambiente de impunidad por los grandes daños que genera, a perpetuidad la actividad minera. Por ejemplo, nadie ha sido castigado por el derrame más grande en Canadá de 24 mil millones de litros de desechos tóxicos en agosto del 2014, de la mina Mount Polley en la provincia de Columbia Británica.

Finalmente, es indignante y vergonzoso escuchar las declaraciones vacías de AMLO y Trudeau diciendo que van a reconciliar al Estado con los pueblos indígenas8. Para muestra un botón: el mismo día que estos dos estuvieron reunidos en Washington, D.C., en el oeste de Canadá, la policía federal detuvo a defensores indígenas, observadores y prensa por oponerse a la construcción de un gasoducto9. En octubre, Trudeau fue de vacaciones en lugar de celebrar el primer Día Nacional de la Verdad y Reconciliación para honrar a los sobrevivientes y afligirse por los miles de niñxs que murieron en las escuelas de residenciales operadas hasta 1996 como parte de la política genocida del Estado, y que han empezado a aparecer en fosas comunes10. Y este mismo gobierno continúa impulsando un modelo de despojo para seguir nutriendo las grandes ganancias de las empresas extractivistas contaminadoras, aún cuando los incendios y las inundaciones tienen todo el oeste de Canadá en un estado de emergencia11.

BASTA DE MENTIRAS Y SIMULACIONES: MÉXICO SE DESBORDA DE CONFLICTOS POR PROYECTOS MINEROS

CANADÁ ES EJEMPLAR DE LO COLONIAL Y NEOLIBERAL

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: La Jornada Guerrero

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Semillas libres, pueblos libres

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Compartimos esta nota escrita por María del Consuelo Sánchez Méndez sobre procesos de soberanía alimentaría y la lucha por las semillas libres y nativas – A 1 de diciembre del 2021

A principio de mes de febrero a julio del 2021, Otros Mundos AC. impulso con familias de los barrios de San Cristóbal de Las Casas el proceso de Agricultura Urbana “Un metro cuadrado de huerto”. Esta iniciativa pretendió aportar un granito de arena más para la construcción de la soberanía alimentaria y la salud de las familias que habitamos las ciudades.

Uno de los talleres que se compartieron este proceso fue para trabajar el tema del autoabasto de las semillas para los huertos urbanos. Este encuentro fue facilitado por Nereida Sánchez Rubio, fundadora y directora de Semillas Colibrí e integrante de la red de guardianes de semillas Occidente de México quien compartió el taller “Producción, recolección y conservación de semillas”, el día martes 6 de julio del 2021, en las instalaciones de Otros Mundos AC.

Las semillas libres son la base de los sistemas alimentarios y están siendo amenazadas por la agricultura industrial y su sistema de patentes, los tratados internacionales presionan a los gobiernos para legalizar los sistemas de despojo de las semillas originarias a los campesinos. En este contexto y desde los sistemas de producción urbana también es posible hacer frente a esta problemática tan urgente.

Durante el taller se compartió la importancia de la conservación de las semillas originarias y como en contextos urbanos también es posible producir semillas lo cual requiere ciertos procesos como sembrar determinado número de plantas y el debido cuidado y mantenimiento de los cultivos hasta su fructificación. También se realizaron dos métodos de obtención de semillas, el método húmedo para hortalizas de frutos carnosos como el pepino, jitomate, guayaba, berenjena, maracuyá, etc. Y el método seco para cultivos de frutos secos como frijol, rábano, lechuga, acelga, cebolla, etc.

Otro aspecto importante fue el tema de la conservación, donde se recomendó que una vez secas se guardaran en recipientes de vidrio con tapa. Para mayor protección se puede colocar ceniza o sílica en los frascos ya que esto servirá para absorber humedad. Para repeler insectos se pueden agregar algunas flores secas de caléndula, hoja santa, epazote, chile o ajo. Muy importante no olvidar etiquetar los frascos con fecha, variedad de semilla y algunas características del lugar del cultivo, almacenarlas en un lugar oscuro, seco y fresco.

El taller fue muy enriquecedor para todas y todos, se culminó con una reflexión de que las semillas, significan vida, herencia ancestral, inspiración, unión y buena alimentación. En estos tiempos, en los que su conservación se ha vuelto cada vez más complicada por las constantes amenazas de la industria, le dan significado a la resistencia y son punto de partida para volver a los saberes comunitarios, que mantienen la posibilidad tangible de alcanzar una autonomía alimentaria.

Imagen: Abril Dalila Sánchez y Otros Mundos A.C.

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Guanajuato: SEMARNAT niega, por cuarta ocasión consecutiva, Autorización de Impacto Ambiental al Proyecto Minero Cerro del Gallo, en Doleres Hidalgo

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Compartimos comunicado de Acción Colectiva y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender Dolores Hidalgo de la devastación minera – A 4 de diciembre del 2021

El pasado mes de septiembre de 2021, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, resolvió el proceso de evaluación de impacto ambiental, solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V., filial de la minera canadiense Argonaut Gold, para su proyecto minero Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, C.I.N., publicado el pasado 2 de diciembre en el número 54 de la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT.

En este día de la fiesta patronal de Santa Bárbara, una de las comunidades más grandes amenazadas por el desastre del proyecto minero a cielo abierto del Cerro del Gallo, las mujeres y hombres de las comunidades afectadas, en conjunto con las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), celebramos también con mucha alegría y comunicamos a los habitantes de Dolores y del resto de la Cuenca de la Independencia que, después de una larga revisión, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la SEMARNAT, ha resuelto el siguiente:

I. Resolutivo
La SEMARNAT resolvió NEGAR la autorización en materia de impacto ambiental solicitada para el proyecto, así como archivar el expediente como asunto totalmente concluido, indicándole que no podrá realizar la ninguna obra o actividad. Sin embargo, la empresa mantiene a salvo su derecho para intentar obtener la autorización en materia de impacto ambiental, una vez más, y podría impugnarla.

II. El proyecto es INCOMPATIBLE con las políticas y programas de Ordenamiento Ecológico
Los diversos instrumentos de Ordenamiento Ecológico del Territorio, señalan que la política ambiental de la zona que sería impactada con la operación del proyecto, es de restauración y aprovechamiento sustentable y tiene como eje rector de desarrollo la agricultura y preservación de flora y fauna.

Es importante destacar que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Dolores 2018 (PMDUOET), señala que el sitio destinado al desarrollo del proyecto minero, se ubica dentro de la UGAT número DOL-078, la cual contempla una política ambiental de restauración ecológica.

En ese sentido, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Dolores Hidalgo, en su Opinión Técnica emitida el 23 de marzo de 2021, informó que el proyecto «Cerro del Gallo» es INCOMPATIBLE, debido a que se contrapone totalmente a la restauración ecológica, y solicita se analice el Impacto que éste proyecto tendría en las zonas de recarga pluvial y recomienda que se analice el impacto social, pues la sociedad civil y organizada se ha manifestado en contra del proyecto en repetidas ocasiones y de manera constante.

III. Blindaje del territorio
Con base en las opiniones técnicas incluidas en el documento resolutivo de la SEMARNAT, así como en base a la expresión popular manifestada el pasado 21 de noviembre en la Plaza Principal de rechazo al proyecto Cerro del Gallo y a la empresa Argonuat Gold, pero también

con base en el compromiso dado el pasado 17 de mayo por el candidato del Partido Acción Nacional, Adrian Hernández Alejandri, actual presidente municipal, a las comunidades directamente afectadas, exhortamos firmemente a las autoridades municipales a prohibir de manera definitiva el otorgamiento de permisos de uso de suelo para megaproyectos mineros, mediante un Acuerdo del Ayuntamiento para declarar al Territorio de Dolores Hidalgo como Libre de Minería, blindando al municipio, a sus bienes comunes naturales y a su gente, contra este tipo de proyectos depredadores, y que este sea el primer municipio de la Cuenca de la Independencia en blindarse.

IV. Cancelación de concesiones de agua para el proyecto Cerro del Gallo
Dado el deterioro ecológico de la región, y el abandono del campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, exhortamos a las instituciones de los tres niveles de gobierno, a impulsar y favorecer proyectos de restauración de los ecosistemas y de aprovechamiento sustentable del agua, para reactivar la economía rural en la región, con la participación de la población organizada de las comunidades campesinas.

Para ello es indispensable un cambio radical en la política de gestión del agua en todo el territorio, que no se siga favoreciendo de manera preferente a las grandes empresas de agro-exportación que continúan extrayendo grandes volúmenes de agua en esta región en la que el agua es insuficiente para el consumo humano de las comunidades; y que se revoquen las inmorales concesiones por un total de 1,440,000 metros cúbicos de agua al año, en favor de la empresa San Antón de las Minas SA de CV, filial de la canadiense Argonaut Gold.

Invitamos a todos los colectivos contrarios a la mina, al Movimiento Social, a CEDESA, a Guardianes de la Cuenca de la Independencia y a todos las personas concientes de esta amenaza, a que caminemos unidos en contra de este ipo de proyectos depredadores y por proyectos que favorezcan el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.

¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
¡FUERA ARGONAUT GOLD DE NUESTROS TERRITORIOS!
¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS MINEROS EN LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA!

Imagen: ColectivoGCI

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Zacatecas: Afectados por minera de Carlos Slim en Mazapil sostienen que no dejarán solo al activista Roberto de la Rosa ante citatorio de un juez

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Compartimos esta nota de La Jornada sobre el hostigamiento a defensores de la vida en Mazapil, Zacatecas que lucha contra un proyecto minero – A 1 de diciembre del 2021

  • De la Rosa Dávila está citado para el próximo 3 de diciembre por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning
  • El grupo de personas que lo apoya afirma que también seguirá luchando por la liberación de las tierras que la empresa se ha apropiado de forma ilegítima
  • Las comunidades afectadas son Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas pertenecientes al municipio referido

Por: ALEJANDRA FÉLIX •

Dado que el defensor de Salaverna, comunidad perteneciente al municipio de Mazapil, Zacatecas, Roberto de la Rosa Dávila, ha sido citado el próximo 3 de diciembre por un juez penal por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning (propiedad de Carlos Slim), un grupo de personas que luchan por la misma causa, encabezado por el diputado José Luis Figueroa, declararon que no dejarán solo al activista y seguirán luchando por que se liberen las tierras de las localidades afectadas. – Publicidad –

Los habitantes de las comunidades Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas del municipio de Mazapil, tienen ya varios años luchando en contra del despojo de sus tierras que fue perpetrado de manera ilegal por la empresa de Slim, pues no se adquirieron las 3 mil 584 hectáreas de forma legítima, además de que se están adueñando de un total de 4 mil 650 hectáreas, mil 66 más de lo que tenían originalmente.

Roberto de la Rosa Dávila argumentó que los terrenos donde estaban establecidas estas localidades eran terrenos nacionales y, por lo tanto, no deberían haber pasado a manos de Slim a menos que dejaran de serlo, cosa que jamás sucedió. Ante esto, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que habría fallado a favor de los habitantes de las comunidades, pero el fallo cambió a favor de Slim el 30 de julio de 2018, donde, además, se le otorga el derecho de preferencia de adquirir el título de las tierras, cosa que la empresa minera no había solicitado en primer lugar.

Imagen: ANDRÉS SÁNCHEZ – La Jornada Zacatecas

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Exigen cerrar fábricas de aceite de palma en Chiapas

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Compartimos esta nota de La Jornada sobre la industria del monocultivo de palma de aceite en Chiapas – A 4 de diciembre del 2021

Jóvenes indígenas de diversas comunidades del municipio Benemérito de las Américas, Chiapas, exigió a las autoridades locales y federales que ordenen el cierre de las fábricas de aceite de palma africana ubicadas en la zona, debido a los daños ecológicos que genera la producción de dicho compuesto.

En una carta dirigida a varias instancias de gobierno, aseguraron que tanto las personas como el entorno natural de la región están siendo afectados “por las emisiones líquidas, sólidas y gaseosas de las plantas extractoras de aceite de palma”.

Uno de los daños provocados por dicha actividad industrial, señalaron los habitantes de pueblos como Benemérito, San José, La Unión, Arroyo las Delicias y Quiringuicharo, es la contaminación que generan los residuos de la planta en los mantos acuíferos que se utilizan para el riego de sembradíos y la bebida de los animales.

También aseguraron que la presencia de la mencionada especie “ha provocado la infertilidad de la tierra, por lo que si una persona quisiera cambiar la palma por plantar arroz, maíz o frijol, sería muy difícil, porque el suelo ya está muy desgastado por la palma africana, que utiliza grandes cantidades de agua y cuyas raíces son difíciles de desterrar”. Un efecto más de esas emisiones industriales es la pérdida de la calidad y el sabor del pasto que come el hato ganadero, así como afectaciones a la salud de las personas que consumen su carne, como fuertes dolores de cabeza, náuseas y mareos.

Los inconformes exigieron que la información de las actividades de las plantas extractoras “sea compartida con el resto de la población” para saber si cumplieron o no con la Manifestación de Impacto Ambiental y si informaron a la población sobre las consecuencias que podían tener sus labores.

De igual forma, exigieron el cierre inmediato de las fábricas y la reparación del ecosistema, así como atención médica para la población afectada y el cese inmediato de la deforestación causada por esta industria.

Imagen: Moisés Zúñiga

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La Consulta ¿Un derecho o un Instrumento de Legitimación del Despojo?

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de diciembre 2021

El viernes 27 de noviembre las comunidades de San Pedro Mártir y San Pedro Apóstol, pueblos ubicados en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, a través de sus autoridades se han posicionado ante el tema de “Consulta” que ha comenzado a organizar la SEMARNAT. Dicha consulta sería en torno a la ampliación de la mina San José de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines por 10 años más, proyecto que fue impuesto en 2009 a través de la represión y la violencia.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), respaldamos totalmente y apoyamos el posicionamiento que tienen las comunidades y volvemos a decir NO A LAS CONSULTAS, A LAS REGLAMENTADAS Y A AQUELLAS HECHAS A MODO, ya que, como se puede leer en nuestro posicionamiento1, las consultas “son utilizadas claramente como una nueva herramienta política pintada como democracia, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones de despojo y de desplazamiento forzado, las cuales son consecuencia de la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo”. En efecto, nos piden llegar a un acuerdo sobre la violación de nuestros derechos a través de los megaproyectos diseñados ya en un contexto de gran asimetría, pues hay fuertes intereses políticos y económicos tras ellos.

De manera paralela a las demandas realizadas por la comunidades, existe una presión asfixiante por parte del poderoso lobby minero – en este caso de la empresa minera Fortuna Silver Mines – que se ha encargado de someter a la SEMARNAT y ante esta presión, después de haber negado la licencia ambiental a su proyecto de ampliación(https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/oax/resolutivos/202 0/20OA2020M0039.pdf), la Secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora pretende, ante la opinión pública vender como un ejercicio democrático y legítimo.

Las pruebas y testimonios sobre el impacto ambiental, social y cultural están, existen y son claras. En el Expediente Administrativo No. PFPA/262/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL, obran elementos que comprueban el impacto del derrame ocurrido el 8 de octubre de 2018, día en que la presa de jales secos de la filial de Fortuna Silver Mines, Minera Cuzcatlán, se rompió, derramando 1 millón 516 mil litros de desechos al Río El Coyote; sus silos que contiene rocas molidas hasta el polvo son una fuente constante de contaminación a la atmósfera, como comprobó la SEMARNAT cuando en el año 2019 impuso una multa por esta acción a la empresa.

Todo esto ha ocurrido gracias a las condiciones que genera un sistema económico y político injusto como lo es el capitalista, un modelo de enriquecimiento sustentado en la extracción masiva y colonialista, al amparo de un marco jurídico claramente neoliberal que continúa (a pesar de los pronunciamientos de la 4T de que el neoliberalismo ha terminado); y que beneficia al capital privado de las empresas extranjeras. No podemos confiar en que un mecanismo gestado por los mismos actores que permiten el despojo esté ciertamente encaminado a garantizar el respeto de nuestros derechos y nuestras decisiones.

No obstante, lo anterior, esta imposición no es ejercida sólo por la SEMARNAT. En este evento de supuesta libertad se encuentran inmiscuidas instituciones de gobierno como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria y el propio gobierno del estado de Oaxaca, que intentan operar, utilizar y mangonear a los pueblos. Y aunque este último, no tiene ningún instrumento ni legal ni administrativo en el asunto minero, sí se convierte en un actor político que opera para las empresas trasnacionales, en este caso para Fortuna Silver Mines y su filial Minera Cuzcatlán.

En este tenor, el INPI plantea toda una serie de argumentos engañosos y trata de vender la consulta como un derecho primordial y como la única vía de defensa de los pueblos ante un megaproyecto por decir poco, devastador. Queremos decir que esta posición manipuladora niega los derechos que los pueblos tienen en sus manos y que se ejerce a través de la propia gobernanza local. Primero, deben respetar las decisiones que toman los pueblos y sus visiones para las futuras generaciones.

Rechazamos que quienes encarnan estas instituciones, intenten ponerle la soga al cuello a sus hermanos y hermanas zapotecas de Valles Centrales de Oaxaca. Reprobamos su intención de vender un instrumento de legitimación del despojo como un derecho. Recordamos que con estos mismos argumentos la Secretaría de Asuntos Indígenas fue la artífice de la entrega del Istmo de Tehuantepec a las empresas extranjeras en el sexenio de Gabino Cué, también bajo un contexto similar se consumaron el proyecto minero San José y los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez en San José del Progreso, asesinatos que siguen en la impunidad.

El Estado a través de sus instituciones como la SEMARNAT y el INPI, no reconocen, menos respetan el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza.

Desde la REMA exigimos a la SEMARNAT detenga ese mecanismo de despojo, que es la consulta que intenta imponer en Valles Centrales de Ocotlán para legitimar un proyecto que, desde su evaluación, esta misma institución había rechazado.

Responsabilizamos a la SEMARNAT, al INPI y a la empresa Fortuna Silver Mines de cualquier brote de violencia que se pueda generar en la zona por la imposición de este mecanismo de despojo.

Diciembre 2, 2021

ALTO A LOS MECANISMOS DE DESPOJO
RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS

Imagen: Desinformémonos

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Omisión, Inoperancia y Discriminación de las Autoridades Federales y de la CDMX, Al eludir la Defensa de los bosques de la Comunidad de Topilejo

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Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la defensa de uno de los pocos pulmones en la Ciudad de México – A 30 de noviembre 2021

Hace unas semanas las autoridades agrarias de la comunidad originaria de San Miguel Topilejo, Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México, junto con varios brigadistas cuando realizaban un recorrido de supervisión y vigilancia por el paraje “Tepeyehual” que corresponde al territorio comunal de ellos mismos, fueron sorprendidos y atacados a balazos por los talamontes que se encuentran saqueando el bosque de uno de los pulmones forestales más importante de la CDMX. Lamentablemente ello no ha sido un hecho aislado, pues esta problemática de saqueo lleva ya varios años, a pesar de que la comunidad ha realizado diversas denuncias desde por lo menos el 2018, ante diferentes instancias federales y de la CDMX, quienes sólo han atendido de forma tenue y pávida esta creciente y cada vez más grave problemática que dista mucho de los grandes discursos de protección de la naturaleza que la titular de medio ambiente fue a expresar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26). No hay nada de cercanía entre el discurso y la realidad en un país lleno de sombras para los defensores ambientales.

Según el estudio de doctorado que lleva por nombre “Brigadas Comunitarias para la Conservación y Gestión de los Recursos Forestales en San Miguel Topilejo, Tlalpan Ciudad de México” (*), de las 10,000 Has de propiedad comunal, 6,000 Has pertenecen a Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica (ACCE) y Reserva Ecológica Comunitaria (REC) que han sido destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad sin manejo forestal, por estar dentro del área de veda forestal de la CDMX. Sin embargo, como lo dice el mismo estudio la principal causa que deteriora el bosque de esta comunidad es la tala clandestina (82%). Los datos son contundentes respecto a la tala ilegal: “en México se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal”, y en ese contexto, a tres años de este gobierno autodenominado trasformador, se le agota el tiempo y se va haciendo añejo el discurso de echarle la culpa a los gobernantes neoliberales que le antecedieron. La tala ilegal es un acto de falta de procuración de justicia, de total impunidad y de la colosal descomposición de las instituciones que saben que ello ocurre y ni antes ni ahora hacen nada para resolverlo.

En la Alcaldía de Tlalpan, la cual es la segunda con mayor superficie de suelo de conservación en la CDMX, sólo después de Milpa Alta, la política de conservación y gestión de los bosques son operados a través de un programa de brigadistas encargados de vigilar, controlar y combatir incendios forestales, así como saneamiento del bosque y reforestación. Sin embargo, en los Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, el saqueo está llegado también a niveles alarmantes de violencia, ya que tanto los brigadistas como las autoridades agrarias han sido amenazados de muerte por grupos delincuenciales y últimamente, como sucedió el 4 de noviembre, ya les dispararon a matar (https://desinformemonos.org/denuncian-atentado-contra-defensores-del-bosque-de-san-miguel-topilejo/). Pareciera que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal esperan a que una gran desgracia ocurra para hacer una rueda de prensa y avisar que ahora si llegará la seudopoderosa Guardia Nacional, esa misma que ahí en Topilejo literalmente no ha servido para nada

Las autoridades de Topilejo han interpuesto más de 40 denuncias ante diferentes instancias de gobierno como Profepa, DGIVA, Semarnat, Sedema, Conafor, CNDH, Gobierno de la CDMX (Claudia Sheinbaum), Alcaldía de Tlalpan, CORENA, Gobierno Federal (Andrés Manuel López Obrador), quienes eventualmente han mandado a grupos, en algunas ocasiones con Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional para hacer recorridos, pero sin ningún plan o protocolo o concurrencia efectiva. De hecho, no ha habido ningún detenido a pesar de que a algunos funcionarios incluyendo a la guardia nacional sí les han tocado enfrentamientos. La Guardia Nacional y el Ejército se agazapan con la población de Topilejo bajo el argumento de que no tienen “órdenes” para actuar, que la orden suprema es “abrazos y no balazos” y, literalmente se han puesto por detrás de los comuneros y brigadistas cuando ha habido confrontaciones.

Esta situación no es de ahora, “En octubre de 2018 se realizó una reunión en San Miguel Topilejo a la que acudieron representantes de ejidos y comunidades de las alcaldías que cuentan con Suelo de Conservación dentro de sus territorios. En dicho evento se denunció que a pesar de haber atrapado y asegurado a talamontes y teniendo evidencia de sus delitos, las autoridades no procedieron penalmente contra ellos, dejándolos en libertad”. (*)  Esta falta de acción pero sobre todo de solapamiento del crimen por parte de las autoridades responsables del ambiente y de la seguridad ciudadana cada vez genera más y más descontento, porque la vulnerabilidad, el riesgo y el miedo se incrementa entre las autoridades comunitarias y los brigadistas, quienes están dispuestos a exponer hasta su vida por defender el bosque, porque tanto el gobierno de la ciudad como el federal continúan gobernado con discursos que son igual a los que realizaban sus antecesores.

El 6 de octubre las autoridades agrarias de Topilejo se presentaron ante la Semarnat en donde recibieron una nueva promesa para atender el problema. Fue la misma titular la Lic. María Luisa Albores quien nombró a Javier Lara como comisionado especial para atender el caso, prometiendo que aplicarían una “estrategia que ha funcionado en otros lados” (sic). Se agendó una reunión de continuidad y la dependencia solicitó a los comuneros toda la información del caso, misma que les fue enviada inmediatamente. No obstante, la Semarnat nunca les mencionó en qué consistía la tan efectiva estrategia, ni tampoco volvieron a saber nada de ellos, aunque vale la pena resaltar que, al margen de la ignominia de la respuesta y continuidad del trabajo, al día siguiente de la primera reunión de las autoridades de Topilejo con la Semarnat la propia secretaria titular la Lic. María Luisa Albores, pronta envió a las redes su twitter mostrando fotos del encuentro y diciendo que se había reunido con las organizaciones para resolver sus problemas, tal cual de estéril a su otrora discurso realizado en la COP26 mostrando al mundo el respeto y reconocimiento que dice tener para el resguardo que hacen los pueblos de la naturaleza. La vida real pone a cada cual en su lugar. 

No es la primera vez que mencionamos que la Semarnat ha estado llevando a cabo una política dual entre el cuidado y la destrucción de la naturaleza, igual hace promoviendo en viles actos de simulación la participación  de los pueblos bajo la falsa argumentación de los derechos de consulta, a la vez que también reparte a sus funcionarios en aquellos sitios en donde la población alza la voz, para mostrar que está pendiente de los procesos, cuando en realidad gana tiempo y administra los conflictos, mientras la destrucción de la naturaleza avanza y el asesinato y criminalización de las y los defensores de la naturaleza se incrementa. En el tema ambiental el señor López Obrador tiene razón: la 4T no es igual a la de sus antecesoras, porque las cifras muestran más asesinatos de defensores que nunca.

Es ofensivo ver el contenido de las páginas web de todas estas instituciones con grandes acciones en defensa de la naturaleza, líneas de atención ciudadana y hasta teléfonos para la presentación de denuncias. Todas promueven programas, leyes y piden y exigen a las comunidades corresponsabilidad para proteger los bosques, sin embargo, cuando comunidades, como San Miguel Topilejo, asumen, no de ahorita ni por mandato sino históricamente, el compromiso de proteger, conservar y restaurar los bosques, y estas le piden apoyo al gobierno para detener el saqueo, en el mejor de los casos, les toman nota para establecer un ofensivo “seguimos pendientes de su caso”.

 Desde la REMA, condenamos enérgicamente la soberbia y endeble o nula respuesta de las autoridades federales, de la CDMX y de la Alcaldía de Tlalpan, quienes lo único que hacen con su inacción es fortalecer la continuidad de la impunidad el saqueo y la falta de procuración de justicia que tanto pregonan todos los días. En consecuencia, el mensaje hacia los grupos del crimen organizado es que pueden seguir actuando con total libertad, sin importar los costos sociales que ello genere, mismos que al final del día serán argumentados como confrontaciones entre grupos armados ilegales.

Hoy está más claro que nunca antes… en México defender la naturaleza puede costar la vida.

La población de Topilejo está muy cerca de sufrir un ataque de fatales consecuencias y ante esa alta probabilidad, responsabilizamos a las autoridades de la Semarnat, Profepa, Sedema, Conafor, CNDH, CORENA, Alcaldía de Tlalpan, a Claudia Sheinbaum, a Andrés Manuel López Obrador, a la Guardia Nacional, porque todos ellos, sabedores de sobra del tema, continúan gobernando entre la simulación, el desprecio hacia los pueblos que dicen amar y proteger, y la soberbia que da tener el poder y no saber cómo utilizarlo ante diversos grupos criminales.

Hacemos un llamado urgente a las organizaciones y habitantes de la Ciudad de México para se mantengan alertas y apoyen a Topilejo, porque su bosque es uno de los últimos reductos que se tienen en la ciudad para limpiar el tóxico ambiente motriz en que se vive. Este gran bosque está siendo saqueado por grupos del crimen organizado y la vida de las/os defensores del bosque está corriendo un enorme riesgo, a pesar de que el gobierno municipal, de la CDMX y todas las instancias del ramo federal lo saben y no hacen nada.

Hacemos un llamado de alerta máxima también a las organizaciones internacionales para que sean solidarias y mantengan atención y exijan a las autoridades mexicanas atender este caso antes de que pueda terminar en una gran tragedia. Al margen de ello, lo dicho en la COP26 por la Lic. María Luisa Albores es una ofensa suprema.

ORGANIZADOS PAREMOS AL MODELO EXTRACTIVO

LAS/OS DEFENSORES DEL BOSQUE DE TOPILEJO DEFIENDEN A TODA LA CIUDAD DE MÉXICO

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Proceso

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La disputa por el litio: nueva expresión del despojo y profundización del modelo extractivo minero

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Compartimos esta nota de la Jornada del Campo sobre el modelo energético – A 16 de octubre del 202

El litio para nada es un recurso en el mundo que pueda sustituir la actual dependencia que tenemos hacia el petróleo, el carbón o el gas, por más aposicionamientos que escuchemos o leamos sobre las bondades de su abundancia, menos aún en México.

REMA-GEOCOMUNES-MININGWATCH inforema.mexico@gmail.com

Una nueva línea de progreso y desarrollo capitalista se encuentra en boga, esta vez se trata de “la transición energética” la cual, de acuerdo a un discurso mediatizado y cada vez más preponderante, atenderá y resolverá una parte significativa de todas las calamidades y destrucción que hemos realizado contra el planeta y los bienes naturales. El litio, junto a cerca de otros 35 metales que son y serán utilizados durante la transición energética, es uno de los nuevos insumos masivos presentes en la discusión política y económica bajo un contundente discurso de combate al calentamiento global.

Este proceso de transición energética corporativa promueve un cambio de insumos sin mover ni cuestionar el modelo de consumo actual, con el fin de proponer falsas soluciones tecnológicas que representan nuevos nichos de acumulación para capitales mineros, energéticos o automotrices. Esta propuesta no representa ningún cambio significativo con respecto a la relación inseparable que tenemos desde diferentes procesos vinculados con el modelo extractivo, en donde, sin duda alguna, el más destructivo es el modelo extractivo minero.

El litio para nada es un recurso en el mundo que pueda sustituir la actual dependencia que tenemos hacia el petróleo, el carbón o el gas, por más posicionamientos que escuchemos o leamos sobre las bondades de su abundancia, menos aún en México. Su promoción actualmente está empujada por la especulación, la creación de oferta y demanda, el alineamiento de grandes actores corporativos que ya se frotan las manos con la apertura de nuevos negocios con potencial crecimiento: carros eléctricos y energías renovables.

Esto no sólo está provocando una creciente especulación mercantil y comercial. Varios países, entre ellos México, experimentan una fuerte presión política y económica para facilitar la expansión de la extracción minera alrededor de la exploración de los pocos sitios en el mundo que tienen litio. Las empresas, incluidas las mineras, buscan ya la posesión de tierras, generan expectativas irreales, además de conflictos, y provocan violencia y desplazamiento en nombre de tecnologías que supuestamente se califican de verdes o justas.

En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite. El 84% de las concesiones asociadas con la extracción del litio están actualmente en proceso, en consecuencia, es interesante preguntarnos ¿qué hará el gobierno mexicano actual con la presión extranjera si está decidido a no entregar nuevas concesiones mineras? El tema generó distintas posturas y propuestas como la posibilidad de una nacionalización del litio, de fomentar proyectos de Asociación Público Privada (APP) para su explotación o de realizar procesos estratégicos de alianzas tecnológicas y comerciales con Bolivia. Al margen de que ello ya sucede, es importante resaltar que ese país no ha sacado aún el primer kilogramo de litio al mercado.

Examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos de litio y empresas en México, se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, que dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá. Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción. El más avanzado es el proyecto Sonora Lithium en ese estado, que acaba de ser adquirido al 100% por la empresa china Ganfeng, que controla actualmente la mitad de la producción de litio a nivel mundial. Y los proyectos en salares entre Zacatecas y San Luis Potosí, adquiridos por Advance Gold Coporation a la empresa Organimax, y el proyecto en Baja California de la empresa One World Lithium.

Sin embargo, y a pesar de la promoción especulativa de la producción de litio en México, existen presiones geopolíticas que nos obligan a considerar el posible futuro de México dentro del mercado de litio mundial. No hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de los EEUU, así como para el mercado asiático, por lo tanto, no es casual que ello se vea reflejado en la imposición de ciertos términos en los nuevos acuerdos multilaterales firmados con EEUU, como es el caso del T-MEC. Las medidas impuestas por este tratado para incrementar el consumo regional de insumos esenciales para la industria automotriz ponen mayor presión sobre los yacimientos de este mineral en México y Canadá. En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite.

El litio no representa un camino hacia la “transición energética”; por el contrario, es la continuación del uso de nuevos insumos ante el eventual agotamiento de otros. Por esa razón, las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce, mantendrán su vigencia y prevalencia. •

En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite

Imagen: GeoComunes

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Nuevo informe expone los Paraísos Industriales e Infiernos Ambientales en México

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Compartimos este informe de diferentes organizaciones y colectivos – A Octubre 2021

Este informe integra los principales resultados de la “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México” (#ToxiTourMexico), que tuvo lugar en diciembre de 2019, con la participación de cerca de cincuenta organizaciones de afectadas/os en México, además de integrantes del Parlamento Europeo, del Parlamento Vasco, del Senado de Minnesota, y científicas/os y observadoras/es de organizaciones de Alemania, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Catalunya, México, el País Vasco y los Países Bajos. La elaboración del informe contó también con la contribución de algunos miembros de la Red [5]_Europea de Observatorios de Empresas transnacionales (ENCO). [5]

Acerca del informe

El informe examina cómo en los últimos 30 años, México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. Arguyendo la necesidad de atraer inversiones a toda costa para generar “desarrollo” y empleo, en el marco de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) o el Acuerdo entre la Unión Europea y México (TLCUEM), se ha profundizado y sofisticado un proceso de desvío de poder. Así, se ha impuesto un régimen en el cual la ley ha permitido la autorregulación ambiental, social y laboral por parte de las empresas transnacionales (ETNs). Gran parte del territorio mexicano ha sido sometido a una dinámica de densos corredores industriales interconectados entre sí, donde han proliferado industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas. Estas áreas coinciden con espacios urbanizados, sin que haya un seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales, convirtiéndose en lo que V. M.  Toledo, ex – secretario de Medio Ambiente de México denominó “infiernos ambientales”.

Las/os observadora/es internacionales pudieron constatar _in situ_ una pequeña proporción de la auténtica devastación socioambiental generada por el neoliberalismo en este país. Resultó evidente hasta qué punto, los territorios más industrializados se caracterizan por una contaminación sistemática del aire, el agua y del suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos. Esta dinámica no solo ha provocado una situación de emergencia sanitaria y ambiental, en la cual son abrumadoras las cifras de personas que mueren por enfermedades probablemente vinculadas con las operaciones de las empresas en diferentes sectores. Además, la Caravana constató que para las poblaciones locales, la instauración de los corredores industriales ha tenido lugar en el marco de un violento despojo de su territorio, privándolas de sus medios de subsistencia económica, social y cultural, destruyendo su salud, a la vez que sus tejidos comunitarios.

En la cuenca del río Santiago, grandes zonas industriales manufactureras, urbanas y agropecuarias se articulan en los dos corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma con más de 1.000 empresas manufactureras, y Ocotlán-El Salto con alrededor de 700 empresas, esencialmente industria metalmecánica y metalurgia, química-farmacéutica, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas. La población directamente expuesta a la contaminación ambiental se eleva a más de medio millón de personas, un tercio de los habitantes de los márgenes del lago de Chapala y del río Santiago. Estudios científicos sobre la calidad del agua han demostrado la presencia de 1.090 contaminantes en el río, y el incumplimiento de la laxa normas de descargas por hasta el 94% de las industrias. Una investigación sobre la salud de la población infantil dada a conocer durante la Caravana demostró entre otros, que en Juanacatlán, el 40% de las/os niñas/os tenían arsénico en sus cuerpos, y el 93% tenían plomo. En la localidad de El Salto, el 98% de los niños tenían cadmio. Entre las empresas transnacionales que operan en esta cuenca, se ubican, por ejemplo: las alemanas Continental, Siemens, ZF, Voit; la suiza Nestlé; y las holandesas DSM y Nutreco.

En la cuenca de la Independencia (estado de Guanajuato), las organizaciones expusieron los impactos padecidos por medio millón de personas, y generados por la agroindustria de exportación destinada al mercado estadounidense. La explotación excesiva del acuífero ha tenido por consecuencia que el agua extraída desde hace más de treinta años contenga fluoruro, arsénico, sodio, manganeso y otros minerales en concentraciones nocivas para la salud humana. En esta entidad federativa, los municipios donde estos elementos tienen mayor presencia, son aquellos donde se ubican las incidencias más altas de enfermedad renal crónica (ERC), trasplante renal y fluorosis dental. Además, en el corredor establecido entre Celaya y León, han tenido lugar accidentes industriales importantes, uno de los cuales provocó la intoxicación de hasta 6.000 personas. En la ciudad de Guanajuato, las organizaciones locales denunciaron también ante la Caravana daños para la salud y el ambiente, provocados durante las campañas sanitarias frente contra el dengue, donde la población se encuentra expuesta a plaguicidas clasificados por PAN Internacional como altamente peligrosos.

En la cuenca del río Tula en el Sur del Valle del Mezquital, la Caravana constató el solapamiento de los impactos generados por el núcleo duro de la industria cementera a nivel nacional, industrias extractivas, parques industriales, una gran refinería, una planta termoeléctrica, así como aguas residuales industriales y urbanas que se descargan en el río Salado y el río Tula, posteriormente usadas para la producción agrícola. En total, se estima que el número de personas afectadas es de un millón. Entre los principales daños a su salud, reportaron: manifestaciones agudas de cefalea, náusea, vómito, irritación faríngea y conjuntival, dolores abdominales, dificultad respiratoria y pérdida de conocimiento. También se registran allí leucemias, diferentes tipos de cáncer con afectación a todos los órganos, malformaciones congénitas, disrupción endocrina, alternaciones inmunológicas, insuficiencia renal, y enfermedades respiratorias. En esta región opera la franco-suiza LafargeHolcim, entre otras.

En la cuenca del Atoyac-Zahuapan se entrelazan antiguos y nuevos corredores industriales, donde operan 20.400 empresas. Ante las denuncias presentadas desde 2011 por las organizaciones locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación (10/2017) donde concluía que las principales causas de la contaminación eran: la descarga de aguas residuales municipales e industriales sin previo tratamiento; la mala disposición y recolección de los residuos sólidos; y la creciente expansión demográfica e industrialización desordenada de la región. A partir de las cifras oficiales, se ha contabilizado que entre 2002 y 2016 fallecieron 26.477 personas de cáncer y 4.379 de insuficiencia renal, además de que se produjeron 906 abortos espontáneos. La tasa de mortalidad debida al cáncer en el conjunto de la cuenca es de 13,5 veces el promedio nacional. En promedio, entre 2015 y 2019, cada dos horas y media falleció una persona por enfermedades probablemente vinculadas con la contaminación ambiental. La CNDH identificó en la región una alta incidencia de: enfermedades diarreicas, hidroarsenicismo crónico endémico, daño genético y predisposición a desarrollar cáncer relacionada con la exposición a dioxinas y furanos, con potencial genotóxico. Estableció también una relación entre la exposición a Compuestos Orgánicos Volátiles y la presencia de leucemia mieloide. En esta región se ubican plantas de Volskswagen, Bayer, y BASF, entre otras.

En la cuenca Libres-Oriental, donde los recursos hídricos se caracterizan por la escasez, confluyen megagranjas porcícolas de la empresa estadounidense Granjas Carroll, invernaderos de Driscoll’s que produce verduras y frutas destinadas a la exportación, parques de celdas fotovoltáicas de la empresa Iberdrola, y una planta automotriz de Audi, que opera como una extensión de la fábrica de Volkswagen en Puebla. Dichas industrias consumen grandes cantidades de agua del acuífero, pero además utilizan cañones anti-granizo para inhibir la lluvia y proteger su producción, afectando gravemente a la agricultura campesina local. También se denunciaron en esta región procesos contaminantes asociados a la industria.

El Istmo de Tehuantepec Norte, última región recorrida por la Caravana, se caracteriza por albergar el Corredor Industrial – Uxpanapa y uno de los polos de la industria química y petroquímica más antiguos e importantes de América Latina. Las organizaciones de afectadas/os reportaron la contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua, producida tanto durante las operaciones regulares de las empresas, como cuando se producen accidentes y situaciones de emergencias químicas. Se evidenciaron asimismo ante las/os observadoras/es internacionales las consecuencias para la salud humana y el medio ambiente del almacenamiento de coque a cielo abierto por la empresa de origen catalán García Munté Energía (GME – ADN Energía).

A pesar de tener conocimiento de los padecimientos de la población en estos infiernos ambientales, hasta ahora, los sucesivos gobiernos mexicanos, a nivel municipal, estatal y federal, no solo no han actuado, sino que además han invisibilizado los efectos ambientales, laborales y sociales, ignorando las demandas y reivindicaciones de la/os afectadas/os. Han operado como muro de contención del descontento social, mediante políticas de criminalización y  represión, sin prevenir la siembra de terror en las organizaciones sociales por diversos grupos criminales. Asimismo, han facilitado la implementación de nuevos proyectos industriales y de megainfraestructuras que no hacen sino aumentar los riesgos para la población local.

Es importante mencionar también a los gobiernos de los países europeos y de Estados Unidos, donde tienen sede gran parte de las empresas transnacionales que operan en los paraísos industriales mexicanos. Estos gobiernos brindan apoyo, con fondos públicos, a la internacionalización de las empresas a través de seguros, créditos y soporte técnico, sin ningún control ni garantía de respeto del medio ambiente y los derechos humanos. No asumen ninguna responsabilidad ante los conflictos socioambientales generados, pero presionan para la firma de tratados de libre comercio y de protección de las inversiones. Tal es el caso de la renegociación del acuerdo entre la Unión Europea y México [6], gracias al cual, México sería el primer país latinoamericano en firmar un acuerdo de protección de las inversiones con la Unión Europea como bloque. De ser aprobado este acuerdo, blindaría aún más el poder de las empresas y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.

Las recomendaciones del informe se dirigen a gobiernos y parlamentos, tanto en México como en los Estados Unidos y Europa, puesto que las ETN estadounidenses y europeas se destacan en prácticamente todos los infiernos ambientales visitados por la Caravana. En la elaboración de este informe se contó con la participación de las organizaciones de afectadas/os, las/os observadoras/es internacionales, miembros de la “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad [7]”, de la Red Europea de Observatorios de Transnacionales (ENCO), [8] y otras/os investigadoras/es independientes. En su conjunto, se evidencia la necesidad urgente de contar con normas vinculantes, en particular en el proceso de negociación del Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales en materia de derechos humanos [9].

El informe constituye también una herramienta de movilización de la sociedad civil frente al régimen de comercio e inversiones. Por ejemplo, la renegociación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México extenderá aún más el poder corporativo y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.

Video: Un grito por la vida

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Video: Un grito por la vida

Les compartimos este video de un bello poema que surgió en el marco del Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado los días 5 y 6 de octubre en el Centro Alter Natos en San Cristóbal de Las Casas, con participación de diferentes países de América Latina.

Un grito por la vida

Te ofrecieron un futuro falso Una economía que no existe ,té ilusionaron con una vida mejor , te hicieron creer que tener un bosque lleno de vida y oxigeno era malo , te vendieron un cuento que sólo existe en la mente maligna de ellos , no te diste cuenta y entregaste todo cambio de un futuro que no existe, te mintieron , te destruyeron poco a poco .

Ha pasado el tiempo y hoy los que crecimos en tu error nos dimos cuenta de lo hiciste, de ese futuro que te vendieron que yo no vi y no existe.

Te reprocho , pero no te culpo , por eso te digo , yo , nosotras y todas vamos a luchar por destruir este sistema así como ellos lo hicieron con ustedes Vamos a recuperar lo que nos pertenece.

Esos bosques que nos quitaron volverán hacer de nosotras , volveremos a ver esos cultivos que nos llenan de vida, volveremos a ver esa mujeres llenas de valentía y fuertes , dandole vida a nuestras comunidades , la bella sonrisa de los y las niñas sin ser esclavos de nadie siendo libres.

Diciendo No Ala palma aceitera ,No ala violencia ,No a quitarnos la vida , y no por medio de una bala , sino quitándonos nuestras tierras y territorios, así también nos matan. Por qué esto no es forestación , si no des forestación , por qué esto no es trabajo. Es esclavitud eso no es vida. Es muerte

Hoy alzamos la voz unidas y en ponderadas y decimos vasta ya

Escrito por Flor iveth Contreras Ulloa

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