Comunicado esta declaración de varios movimientos, colectivos y organizaciones por la defensa los ríos y los pueblos en el marco del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica – Septiembre 2021
“Despertemos humanidad, ya no hay tiempo…” Berta Cáceres
La Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) realiza el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica del 7 al 24 de septiembre de 2021 en Costa Rica. Gobiernos y empresas del mundo buscan fortalecer inversiones nacionales y transnacionales argumentando que la hidroelectricidad es energía “verde”, “sustentable”, “limpia” y “socialmente responsable”, cuando en realidad los ríos represados mueren y los pueblos sufren sus impactos destructivos.
Las hidroeléctricas provocan deforestación, alteración irreparable de los ecosistemas de los ríos, muerte de la fauna incluidos los peces que son alimento para los pueblos, pérdida de biodiversidad, manglares y acuíferos; explotación indiscriminada, mercantilización y privatización del agua. A esto se suma el desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos del mundo que han quedado sin agua para tomar, pescar, cultivar y con sus culturas y tejido social destruidos. Muchas de las víctimas son pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones. Además, las represas provocan persecución, intimidación y asesinatos, como el de nuestra compañera Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016 en Honduras. La represas también desatan una galopante corrupción y tráfico de influencias, que en muchos casos terminan en conflictos internacionales.
La tecnología de las represas no favorece a la naturaleza ni genera bienestar humano. Su aporte al calentamiento global es innegable. Se basan en un modelo extractivo y de explotación ilimitada de los ecosistemas que acentúa las sequías y las inundaciones, poniendo a millones de personas en riesgo permanente. No hay evidencia científica de la supuesta condición “sostenible” de las represas.
Ante las hidroeléctricas y el congreso de la IHA, desde los pueblos llamamos a una urgente transición energética justa y respetuosa, que revise las condiciones e impactos de cada una de las tecnologías, y tenga como prioridad el respeto de los derechos de la gente y los ríos. Ninguna fuente energética será sustentable mientras se destruya la Madre Tierra, se privaticen los bienes comunes y se concentre la riqueza despojando a los pueblos, acaparando gigantescos territorios y violentando los derechos de la naturaleza, y en especial los derechos de los ríos.
REDLAR/Red Latinoamericana de Afectadas/os por las Represas y en Defensa de los Ríos sus comunidades y el Agua, invita a los pueblos, movimientos y organizaciones sociales defensoras de la vida a SUMARSE A LA “MOVIDA GLOBAL POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”.
¡Ríos Libres para la VIDA!
REDLAR/Red Latinoamericana de Afectadas/os por las Represas y en Defensa de los Ríos sus comunidades y el Agua FECON/Federación Ecologista Costarricense Otros Mundos-Chiapas PROAL/Asociación Proyectos alternativos COECO-CEIBA/Amigos de la Tierra Costa Rica Ríos Libres-Costa Rica Ríos libres Turrialba-Costa Rica Mesa provincial Misiones-Argentina Grupo ecologista Cuña Pirú
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el proceso del Juicio sobre el caso del Fraude del Gualcarque – A 25 de agosto del 2021
La Corte Suprema de Justicia reconoce condición de Víctima del COPINH y Río Blanco en caso de Fraude Sobre el Gualcarque.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ante la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que resolvió otorgando la acción de amparo presentada por el COPINH, para restituir los derechos como víctimas de la organización y de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco en el caso denominado Fraude Sobre el Gualcarque, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:
La sentencia de la Sala de lo Constitucional obliga a suspender el juicio en curso y a devolver el proceso judicial hasta la etapa en la que el COPINH fue excluido ilegalmente por la Corte de Apelaciones Anticorrupción. Exigimos que el tribunal que lleva el caso acate esta decisión.
Saludamos la decisión de la Sala de lo Constitucional, que de manera unánime reintegra el derecho de las comunidades y organizaciones indígenas a ser reconocidas como víctimas de los casos de corrupción y de participar en todas las etapas de los procesos jurídicos que les afecten.
Esta resolución es una victoria trascendental para todas las organizaciones y comunidades indígenas en Honduras puesto que reconoce el derecho a participar de los procesos judiciales donde se han violado los derechos de las comunidades.
Agradecemos a las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos por el acompañamiento constante que ha logrado evidenciar los derechos de las comunidades indígenas.
¡Ya nos lo dijo el río, vamos a triunfar!
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Dado a los 25 días del mes de agosto de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.
Compartimos esta nota deChiapas Paralelo sobre a construcción de la represa Malpaso y el desplazamiento forzado de la población de Quechula- A 5 de agosto del 2021
Presa Netzahualcóyotl (Raudales Malpaso) uno de los complejos hidroeléctricos más grande del país. Cortesía: Es momento Chiapas.
*La intervención en un territorio mediante la construcción de obras hidráulicas provocaron dinámicas de apropiación no planificadas y en consecuencia, nuevos territorios en constante transformación por parte de los actores involucrados: territorios para construir, para trabajar, para permanecer y para vivir, señalaron investigadoras.
Las autoras realizaron una búsqueda de documentación generada entre 1960 y 2011 acerca de la construcción de la presa Malpaso y del campamento CORSA: documentos oficiales, informes de gobierno y periódicos. En paralelo, realizaron entrevistas que les permitieron recrear las dinámicas de apropiación de los distintos actores y realizaron recorridos en la central hidroeléctrica y en el poblado.
La presa Netzahualcóyotl, mejor conocida como presa Malpaso se encuentra ubicada en el noroeste de Chiapas. Al norte, colinda con el estado de Tabasco; al sur, con el municipio de Ocozocoautla; al este, con el municipio de Tecpatán, y al oeste, con el estado de Oaxaca.
Fue construida entre 1960 y 1964, por las compañías constructoras del Consorcio Raudales S.A. (CORSA). La construcción de todo el complejo se realizó en dos etapas: la primera comprendió la construcción de la presa, la cual estuvo a cargo del Consorcio Raudales, y la segunda, la edificación de la central hidroeléctrica, realizada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Al ser empresas totalmente mexicanas las que participaron en su construcción, la presa fue considerada un orgullo de la ingeniería mexicana. Y se distribuyó un discurso que pretendía enaltecer el orgullo de la población chiapaneca que ponía a disposición de la federación elrío Grijalva como recurso natural.
En 1951, por decreto presidencial, fue creada la Comisión del Río Grijalva (CRG), organismo que tenía como objetivo construir presas de almacenamiento para el control de inundaciones, encauzamiento de corrientes y generación de energía hidroeléctrica, con el fin de llevar el “progreso y el desarrollo” a la cuenca del río Grijalva.
Las autoras explicaron que para la CRG, la región comprendida dentro de la cuenca estaba inmersa en un atraso económico y social, debido a las inundaciones provocadas por el río Grijalva y por la insalubridad derivada de la ausencia de un desagüe natural. Por ello, para lograr un desarrollo acelerado había que fomentar la industrialización y ampliar todas las obras de infraestructura.
El 19 de abril de 1963 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que declaraba y expropiaba por causa de utilidad pública 52 760 hectáreas para la construcción y embalse de la presa Malpaso. Desde la perspectiva de la CRG, los ríos Grijalva y Usumacinta estaban desaprovechados y había que usarlos.
La CRG ejerció sus competencias a partir del acuerdo de la construcción de la obra y se concretó mediante el decreto de expropiación que le permitió ejercer su autoridad y disponer del territorio para convertirlo en propiedad federal, explicaron las autoras.
Presa Malpaso Foto: IngGeofisico
La edificación de la presa Malpaso provocó la movilización de trabajadores y sus familias, que llegaron de otras partes del país hacia el sitio de trabajo para incorporarse a la obra, lo que requirió la construcción de servicios públicos para satisfacer las necesidades básicas de esta población considerada de tipo flotante por el gobierno federal.
Además, al territorio ingresaron trabajadores tanto calificados como no calificados: ingenieros, directivos, técnicos, administrativos, profesores y obreros especializados y no especializados, procedentes en su mayoría de diversas partes del país.
De acuerdo con las autoras, la población de las localidades cercanas no fue empleada en la construcción de la obra debido a las especificidades de los empleos y a las características de los habitantes del área, quienes se dedicaban a la agricultura.
Agregaron que, se desconoce la cantidad de personas que fueron desplazadas por la construcción de la presa, pero algunos estiman que era poca población distribuida en una tierra considerada como extensa y por lo tanto desde la visión del Estado, les permitió evitar un conflicto agrario en dicho lugar.
Algunos campesinos no aceptaron una reubicación por una cuestión de relación afectiva con el territorio, o porque no lograron concluir los trámites necesarios para la restitución de sus tierras y perdieron su casa y terrenos.
No nos pagaron, ni a mi papá, a nadie nunca nos pagaron. Mi papá perdió mucho cacao, cafetal, todo eso, lo que ellos cosecharon, y nunca les pagaron, señaló un entrevistado.
De acuerdo con las actas realizadas por el personal de la CRG, todos los predios que fueron afectados por la construcción de la presa fueron contabilizados e indemnizados. Sin embargo, para tomar posesión de la casa y cobrar el finiquito de la indemnización, los habitantes tenían que realizar los trámites que aunados al hecho de que la mayoría de los desplazados no sabía leer o escribir, impidieron un seguimiento.
Las autoras señalaron que la población local que vivía en el área cercana antes de la construcción de la presa fue afectada directamente por la edificación de la obra y se convirtieron en actores de su propio proceso de territorialización.
Los habitantes de Quechula, pueblo inundado por el embalse fueron relocalizados en un nuevo territorio que habitaron después de la inundación y que responde al nombre de “Raudales Malpaso”, pueblo que surgió junto con la construcción de la presa.
Otros habitantes se posesionaron de las casas-habitación que había dejado el CORSA en 1963, cuando los trabajadores de dicha compañía fueron liquidados al concluir la construcción de la presa, porque consideraron que era el espacio del cual habían sido desposeídos, y que era lógico volver a instalarse en él.
Al quedar inundado el pueblo de Quechula, el espacio del antiguo campamento presentóun carácter de sustitución, pero es de sumo interés la visión de recuperación que animó a estos desplazados que se negaron al reasentamiento en los lugares lejanos, expresaron las autoras.
El templo de Quechula es una ruina en medio del Río Grijalva. Cortesía: Corazón de Chiapas.
En 1970 se conformó El Comité pro-desarrollo político, económico y social de Raudales Malpaso, que proponía la creación de un nuevo municipio que tendría como características:que a la Población de Raudales Malpaso se les reconociera y se les otorgara como límites legítimos los que tuvo el antiguo Municipio de Quechula.
También que se les llamara únicamente Malpaso, siendo dicha población la cabecera municipal, y que a todo el municipio se le designara con el nombre de “Nuevo Quechula de Juárez,”. Sin embargo, su reivindicación no fue atendida, ni aprobada por el Congreso del estado de Chiapas.
Aunque el gobierno del estado no reconociera su territorio como un municipio libre, los habitantes ya habían ejercido una apropiación territorial, caracterizada por su instalación en el campamento que había sido construido específicamente para los trabajadores de la presa, explicaron las autoras.
El 14 de noviembre de 2011, en sesión extraordinaria, el ejecutivo del estado de Chiapaspropuso ante el Congreso del estado la creación del municipio de Mezcalapa (rebautizó a “Malpaso”). A esto le siguió una controversia constitucional que obstaculizó el reconocimiento y, por ende, el apoyo económico de la federación hacia este nuevo municipio.
Las autoras concluyen en que en el 2018, los actuales habitantes de “Mezcalapa”, expresaron abiertamente a través de los medios de comunicación que querían recuperar el nombre de “Malpaso” como municipio y rechazaron rotundamente el otro nombre.
A pesar de los años transcurridos, el sentimiento histórico de no ser escuchados, ni tomados en cuenta sigue latente, señalaron las autoras.
Imagen: El templo de Quechula es una ruina en medio del Río Grijalva. Cortesía: Corazón de Chiapas.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre una de las grandes consecuencias de la minería la contaminación y uso indiscriminado de agua durante sus procesos – A 25 de agosto del 2021
Mientras el 2021 ha sido declarado como uno de los años de mayor intensidad en sequías en décadas -poniendo de manifiesto una de las expresiones ambientales relacionadas con el calentamiento global-, a nivel mundial, continúa el dictamen de una agenda “ambiental ambivalente, tenue e incluso hasta contraria a la protección de la naturaleza, tal cual sucede en México, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), quien continúa autorizando proyectos de exploración y explotación minera, sabiendo -porque lo han hecho manifiesto-, es una de las actividades que más daños ocasiona al ambiente y a la salud, es la que genera más conflictos socio-ambientales en el país y, por si fuera poco, desaparece, contamina y usa una cantidad inmisericorde de agua durante su operación.
En mayo de este año, varios medios de comunicación dieron a conocer la más severa sequía que México ha tenido desde hace décadas. Ese mismo mes, durante una entrevista para BBC Mundo, el Dr. Jorge Zavala Hidalgo, Coordinador del Servicio Meteorológico Nacional de México, informó que “cerca del 87.5% del territorio mexicano sufre sequía de distintas intensidades”.
En ese mismo contexto, el 11 de agosto pasado se publica, en el Diario Oficial de la Federación el; “Acuerdo de Carácter General de Inicio de Emergencia por Ocurrencia de Sequía Severa, Extrema o Excepcional en cuencas para el año 2021”, https://dof.gob.mx/nota_detalle.phpcodigo=5626309&fecha=11/08/2021 emitido por la SEMARNAT, en base a los resultados de los análisis y dictámenes realizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a través del Monitor de Sequía de México que forma parte del North American Drought Monitor.
Tan sólo en el mes de mayo, los Indicadores de Monitoreo de Sequía de CONAGUA reportaban sequía de moderada a excepcional, en 15 estados del país en un 100% de su territorio: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas; mientras que San Luis Potosí y Nuevo León reportaban arriba del 96%. https://www.gob.mx/conagua/acciones-y-programas/indicadores-del-tipo-de-sequia
Según el estudio “Los Millonarios del Agua, una aproximación al acaparamiento del agua en México” de los investigadores de la UNAM, Wilfrido A. Gómez y Andrea Moctezuma, “ArcelorMittal” explota cada año en México 100.5 hectómetros cúbicos (hm3) de agua con lo que se llenarían 100 Estadios Azteca, así como la Minera Peñasquito de la empresa estadunidense/canadiense Newmont Goldcorp, explota un volumen de 50 hm³ por año en el municipio de Mazapil, Zacatecas, al igual que sucede con la empresa Buenavista del Cobre de Grupo México, quien tiene concesionados 53 hm³ (equivalente a cincuenta y tres mil millones de litros) de agua por año. Se trata de solamente tres casos de aproximadamente 1,500 proyectos mineros que se encuentran en exploración, desarrollo y explotación en el país. Ese mismo estudio nos dice que “de los 653 acuíferos que existen en el país, 115 están sobreexplotados”.
En un documento del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA-SEMARNAT) que lleva por nombre “Agua y Minería” https://www.imta.gob.mx/gobmx/DOI/perspectivas/2021/b-imta-perspectivas-2021-08.pdf, nos dice que a pesar de que el 38% de los proyectos mineros se encuentran en zonas de acuíferos sobre-explotados, no se conoce con precisión el volumen de agua que usa la minería, debido a que los procesos de explotación no utilizan solamente los volúmenes concesionados por CONAGUA -a través del Registro Público de Derechos de Agua (Repda)-, ya que el marco legislativo permite el uso libre de recursos hídricos en los procesos de explotación y beneficio sin requerir concesión cuando “encuentran” mantos subterráneos durante la extracción.
Así mismo, el documento da a conocer “una estimación del uso del agua no concesionada en base a las toneladas de metal producido, la ley promedio o el porcentaje de metal contenido en los minerales y los indicadores de m³ de agua por tonelada de mineral producido, dando por resultado la desaforada y descomunal cifra de 1,128.9 hm³ de agua”. Así que, retomando el ejemplo anterior que nos dieron los investigadores de la UNAM, en el cual citan que 100 hm³ de agua es igual a llenar 100 Estadios Aztecas, no cabe duda del inmenso tamaño del despojo del cual somos objeto las y los mexicanos, a causa de la devastadora actividad minera que se desarrolla en México, tanto por empresas privadas de mexicanos como de extranjeros.
A mitad del sexenio, este mismo en el que se promulga un cambio verdadero, es indispensable hacer un alto en el camino para analizar el rumbo, las posturas políticas incongruentes, la agenda no sólo ambiental sino la productiva y de consumo capitalista, la inconsistencia e irracionalidad de la transición energética, la continuidad de un modelo de consumo preponderantemente apuntalado en los hidrocarburos, porque en buena medida son el centro de lo que estimula la instrumentación del modelo extractivo tal como lo conocemos, el cual sin duda alguna, tiene a su mejor exponente en la actividad minería. Las verdaderas causas del calentamiento global son el centro del debate y no el problema que se gesta por el uso de la irracionalidad técnica y tecnológica que, desde la permisibilidad de la política, sus políticos y las leyes, se tejen entramados que se toleran e instrumentan para si mismas.
Si este gobierno de la 4T se jacta de no ser lo mismo que sus antecesores –aunque ya va tarde-, debe comenzar por uno de los componentes más simples, pero a la vez más importantes y sensibles para la toma de decisiones: la información. Es absurdo que, a estas alturas del desarrollo cibernético, sigamos sin tener información oportuna, fidedigna y legible de parte, por ejemplo, de la institución que otorga las concesiones de agua -en este caso CONAGUA-, sobre cuánta y quiénes están sobreexplotando y/o contaminando el agua, para, en consecuencia, tomar las decisiones que lleven a la rendición de cuentas y orienten el usufructo de un recurso tan esencial como estratégico para la vida en su conjunto.
Por supuesto ofende que, la SEMARNAT, conociendo los estudios publicados por el IMTA, y que prácticamente en conjunto emiten un Acuerdo de carácter emergente por sequía severa o extrema, continúe autorizando proyectos de exploración y explotación minera, primero porque refuerza el extractivismo y legitima la actividad que más daños genera al ambiente, a la vida y a la salud de la población y, segundo, porque además refuerza lo que en REMA hemos señalado varias veces: de nada sirve que este gobierno no autorice la entrega de más y nuevas concesiones mineras, porque con las 20,071 concesiones que tenemos vigentes en la actualidad, hay de sobra para que destruyamos México. De qué sirve no entregar nuevas concesiones, si la Semarnat y Conagua continúan entregando permisos de agua o manifiestos de impacto ambiental a quienes ya poseen las concesiones para la exploración y de extracción de minerales, de tal manera que sus acciones ratifican la permisibilidad para que las empresas continúen con el uso estratosférico del agua además de permitirles contaminarla a lo largo y ancho del país.
Para ratificar lo expuesto señalamos que, durante los últimos 5 meses que abarcan los meses de mayor sequía y la publicación del citado Acuerdo, han sido autorizados 36 proyectos de exploración minera en los estados de Zacatecas, Guanajuato, Coahuila, Sonora, Nayarit y Durango; así como 28 proyectos de explotación minera en Zacatecas, Coahuila, Sonora, Estado de México, Durango y Nuevo León, sin incluir los proyectos de extracción de materiales pétreos. Vale la pena resaltar que todos los Estados que recibieron permisos de exploración y explotación minera “coinciden” con los que tienen la presencia de un alto grado de estrés hídrico.
Para REMA es incongruente e incomprensible que en este gobierno tengamos una continuidad de los mismos patrones de entrega de nuestros bienes naturales, como sucedió en los gobiernos anteriores, sobre todo porque en este gobierno continúan prometiendo cambios de fondo, pero que en la realidad no vemos ni medianamente cerca. Está claro que no importa si tenemos científicos o defensores de la naturaleza en las instituciones a cargo de los temas ambientales o de los bienes naturales, porque la forma en la que se define la gobernanza continúa totalmente desfasada de la realidad que enfrentamos. Continuamos con instituciones que actúan desarticuladas o por mandatos efímeros y, sobre todo, continúa el ocultamiento o la falta de presentación o la falta de generación de información en donde se muestren los abusos y los severos daños que la minería causa a las comunidades y al ambiente, en una clara tendencia de proteger los intereses de particulares, tal cual sucede con el tan sonado caso de la contaminación al río Sonora por la poderosa e intocable empresa de Grupo México.
No es una petición, es una realidad, sin información o con información incompleta, sesgada o distorsionada el corazón del modelo extractivo seguirá intacto, en consecuencia, se diga lo que se diga, en este gobierno prevalece la continuidad del despojo y del desplazamiento forzado y lejos estamos de acabar con la corrupción, de terminar con la impunidad y de llevar a la rendición de cuentas a los saqueadores del planeta.
¡EXIGIMOS CONGRUENCIA PARA LAS INSTANCIAS QUE SUPONE DEBEN PROTEGER NUESTROS BIENES NATURALES!
¡MORATORIA QUE DETENGA LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS MINEROS!
¡POR UNA SEMARNAT QUE NO ACTUE COMO VERDUGO DE LOS PUEBLOS!
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la defensa de la salud y el agua en la península de Yucatán ante la gran expansión y contaminación de las granjas de puerco – A 20 de agosto del 2021
La Esperanza de Sitilpech, freno a devastación por industria porcícola
En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.
Es el caso de las comunidades de Homún, Celestún y Chapab, por mencionar solo algunas, las cuales, mediante distintas estrategias, tanto legales como de movilización social, han recogido el reclamo de la población local que exige un alto a la expansión de la industria porcícola en el sureste mexicano.
En este contexto, la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, se ha unido al esfuerzo de l@s habitantes locales para demandar el cierre de operaciones de mega granjas instaladas sin la aprobación de las poblaciones locales.
“Yucatán ha sido invadido por esas granjas, ya se volvió un problema ambiental grandísimo”, asevera Ricardo, integrante del colectivo La Esperanza de Sitilpech, quien en entrevista con este reportaje asevera que es debido a las graves afectaciones al medioambiente y a la salud de l@s habitantes lo que les motivó a unirse al reclamo de otros pueblos de la región para poner un alto a dicha industria.
Ubicacion de las granjas porcícolas en la península de yucatán. Elaborado por Greenpeace
“Me siento indignada porque no respetaron los derechos de cada persona que vive acá en el pueblo. Están contaminando el agua, cosa que está muy mal porque el agua es lo esencial que debemos tener”, refiere Berenice, también integrante de La Esperanza de Sitilpech.
Dicha organización, con el acompañamiento del colectivo Kanan Derechos Humanos, presentó una demanda de amparo para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la comunidad de Sitilpech.
De acuerdo al colectivo Kanan, dicha mega granja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.
Para poner en perspectiva, el consumo de agua por dicha industria requiere enormes cantidades. Según datos de Aquae Fundación, para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua. “Los cerdos se bañan con agua limpia. Mas de 5,000 litros para bañar los cerdos (…) y nosotros a veces acá no hay suficiente agua potable”, comenta Berenice, indignada por la situación de escasez de agua para l@s pobladores mientras se despilfarra en la industria porcícola.
“Resulta urgente recalcar que actualmente la granja está realizando una ampliación a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producción, lo cual hace sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se vería afectada. Dicha ampliación aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminación de la comunidad maya de Sitilpech”, denunció el colectivo de derechos humanos mediante comunicado difundido en julio pasado.
Contaminación
En entrevista con integrantes de La Esperanza de Sitilpech, son reiteradas las acusaciones de contaminación producto de la operación de la industria porcícola. Incluso mencionan que a finales de abril pasado realizaron pruebas de laboratorio en pozos de agua ubicados cerca de cenotes, en donde se encontraron niveles elevados de coliformes fecales en el agua.
“Las pruebas se hicieron en zonas aledañas a la granja. Las coliformes fecales son un tipo de bacterias que causan infecciones gastrointestinales (…)hay una norma mexicana que regula la cantidad de coliformes y minerales que se pueden encontrar en el agua. Y pues superaban la cantidad que establece la norma oficial mexicana”, refiere Janet Medina, abogada del colectivo Kanan.
Imagen de mega granja porcícola en Yucatán. Foto de Por Esto!
Acorde a la investigación El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a finales de 2013, en los estados de la península de Yucatán se generaban 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 77% correspondía a Yucatán, 17% a Campeche y 6% a Quintana Roo. En Yucatán, según los reportes obtenidos por el Consejo Nacional de Población desde 2010, la zona porcícola presentaba una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la población humana asentada en ese lugar.
“Nosotros en realidad nos ha afectado bastante, sobre todo la parte ganadera, la parte apicultura, hay gente que está pegado al terreno de esta gente, de esa granja, que prácticamente que todo lo que sueltan, el agua podrida lo va contaminando el agua para los ganados, para las abejas”, denuncia César, otro de los pobladores organizados.
L@s habitantes de Sitilpech refieren que es una practica común el extraer agua del subsuelo para cubrir todas sus necesidades. “Si la granja está tirando todo el excremento, la orina y el agua al subsuelo, en cuestiones de día ya está en el manto freático que es puro cenotes (…) Todo Yucatán se conecta con puros cenotes del subsuelo y si no defendemos el agua, nosotros adultos, a los niños, ¿qué explicación les daremos del futuro de ellos?”, reclama Óscar.
La preocupación de l@s habitantes de Sitilpech también se debe a la falta de acceso a servicios de salud, pues denuncian que solo existe una instalación, la cual no cuenta ni con medicamentos ni médicos. “Hay un incremento de moscos, porque el agua se almacena en el subsuelo y en la tierra y se están criando los moscos, es un criadero de moscos. Últimamente han padecido enfermedades algunos niños, de lo que transmite el mosco: la chikungunya, el dengue. Cuando nos da aquí un dengue, tenemos que pagar de nuestra bolsa los medicamentos y el doctor. Y esta empresa, tranquila, haciendo dinero a costillas del pueblo, dañando al pueblo. Pues no, esa es la indignación del pueblo, está molesto por eso”, reclama Roberto.
Demandas y corrupción
La demanda principal de La Esperanza de Sitilpech es por el reconocimiento y respeto de su libre determinación. Como lo explica Óscar, “el pueblo quiere que definitivamente cierren y adiós. Para que nos dejen vivir en paz. Porque nosotros tenemos derechos a un suelo limpio, al aire limpio en nuestra comunidad, al agua. Son nuestros derechos como pueblo indígena y fueron pisoteados, fueron no consultados, una falta de respeto”.
Habitantes de Sitilpech difunden información sobre la demanda de amparo contra la mega granja porcícola. Foto de Por Esto!
En ese contexto, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, admitió la demanda de amparo presentada por l@s habitantes de Sitilpech. Dicha demanda está dirigida contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porcícola denominada Kancabchen II.
“Jóvenes, personas adultas mayores y 60 niños y niñas firmaron la demanda, todas con la preocupación por cómo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y más aún si se incrementa en el doble o triple el número de cerdos criados”, contextualiza un comunicado del colectivo Kanan difundido el pasado 10 de agosto.
De acuerdo a la abogada Medina, “esta granja se instauró dentro del territorio de una comunidad principalmente maya hablante y pues se activa en ese instante la obligación de que sean consultadas, que se les pregunte, se les informe a las personas qué actividad se va a realizar. Esto no se realizo así. Es una omisión grave porque se incumple con la Constitución y con un tratado internacional, firmado y ratificado por México”, menciona en referencia al Convenio 169 de la OIT.
Pese a la puesta en marcha de la estrategia legal, el colectivo Kanan señala que los esfuerzos de la población local se ven amenazados por las autoridades judiciales. “Al ver la movilización legal del pueblo maya de Sitilpech, la granja porcícola Kancabchén Il ha presentado una queja para bloquear la admisión de nuestra demanda, cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo único que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protección legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porcícola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo”, enfatiza mediante comunicado difundido en agosto.
Acorde al colectivo Kanan, el recurso de queja interpuesto por la mega granja porcícola es parte de una estrategia comúnmente utilizada por dicha industria contra la defensa de los derechos de comunidades indígenas. Y para ejemplificarlo enuncian el caso del pueblo maya de Chapab.
En dicha localidad maya también se presentó una demanda de amparo promovida por sus habitantes a través del colectivo Kanan Luum Chapab. Pese a que, derivado de la demanda se había concedido la suspensión definitiva de la granja por las irregularidades identificadas, la granja también promovió una queja contra el recurso legal que detuvo su clausura.
“Dicha queja fue analizada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, teniendo como magistrado ponente a Jorge Enrique Eden Wynter García, resolviendo de manera absurda y contraria a los derechos de los pueblos indígenas, olvidando los criterios más recientes y protectores de los derechos humanos y sin importar que el medio ambiente de niños y niñas sea lo que está en riesgo, situación que hace sospechar que pueda tener intereses ocultos”, denuncia el colectivo Kanan.
Para la abogada Medina, la granja está intentando hacer parecer que no tiene la obligación de consultar a la población indígena. “Pero lo cierto es que ya hay pronunciamientos en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen esta obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas. Entonces, no es opcional, sino obligatorio y si no hay una consulta no queda mas que declarar la inconstitucionalidad de los permisos que otorgaron las diversas autoridades a esta granja”.
“Seguiremos pendiente de lo que resolverá el (Tribunal) colegiado torno al recurso de queja porque nos preocupa mucho que termine resolviendo como hizo en Chapab, olvidando los criterios mas recientes sobre protección al medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. No encontramos sentido en lo que hizo el colegial y nos preocupa que se pueda repetir lo mismo”, enfatiza la abogada.
Por su parte, en Sitilpech, l@s habitantes reconocen que la empresa ha querido acercarse a dialogar. “Pero nosotros como pueblo no queremos nada de diálogo, lo que queremos es que se vayan. Estamos tocando intereses de empresas grandísimas, pero nosotros no vamos a echarnos para atrás, hasta conseguir el objetivo de que se vayan vamos a dejar de luchar. No importa cuánto dinero tengan”, reclaman l@s integrantes de La Esperanza de Sitilpech.
Mantener la lucha
Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos
La organización en Sitilpech también ha realizado paros, marchas, protestas y bloqueos en su afán de llamar la atención de la población de los alrededores para unirse al reclamo de clausurar la mega granja, pues reconocen la corrupción de las autoridades y su desinterés en actuar conforme a la ley.
“A la empresa grande de Kekén. Tengo una pregunta muy importante, ¿Por qué no pusieron sus granjas, o sus empresas o sus negocios, donde ellos viven? ¿Por qué tuvieron que venir invadir nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, aire, por qué tuvieron que venir acá? Invadir, contaminar, pasar por encima de los derechos de las personas”, reclama Berenice.
Y unánimemente, el reclamo de l@s integrantes del colectivo es que la granja no siga funcionando: “Que se vayan, es lo único que queremos, es lo que la gente quiere”.
Con información de Vanessa García Navarro
*Los nombres de l@s entrevistad@s fueron cambiados por motivos de seguridad
Imagen: En portada: Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos
Ante el inicio del juicio oral y público del caso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) comparte lo siguiente:
La comunidad indígena de Río Blanco, organizada en el COPINH, una vez más ve violentados sus derechos. Ahora el Estado de Honduras niega la condición de víctima a quienes han sufrido de la violencia y muerte del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El artículo 17 del código procesal penal nos da el derecho de participar como víctimas en este proceso, al ser la comunidad y organización directamente afectadas por la corrupción de dicho proyecto.
Los convenios y estándares internacionales reconocen a las víctimas de los casos de corrupción, el sistema de justicia de Honduras ha fallado una vez más a las comunidades indígenas.
Los permisos y licencias fraudulentas que permitieron el funcionamiento del ilegal proyecto Agua Zarca, son el origen del asesinato de Berta Cáceres, los funcionarios públicos responsables deben ser condenados por estos crímenes.
El COPINH demanda que sean enjuiciados y condenados los principales beneficiarios del fraude del proyecto Agua Zarca; la familia Atala Zablah.
Las comunidades Lencas exigimos que el sagrado Río Gualcarque sea liberado, y que se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión ilegal que lo ha oprimido por más de una década.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de agosto de 2021.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados de la Minería REMA sobre la voracidad minera en México y la resistencia de los pueblos en la defensa de su territorio – A 21 de agosto del 2021
El pasado 22 de julio de 2021 a través de la Gaceta Ecológica la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (SEMARNAT), nos enteramos de la negativa que le hace a la Minera Cuzcatlán, filial de la Canadiense Fortuna Silver Mines, relacionada con el permiso de ampliación del proyecto minero denominado “San José II”. No obstante, la soberbia y la impunidad con la que opera esta empresa contaminante, inició todo un procedimiento de lobby mediático en medios locales -estatales y redes sociales-, intentando manipular la opinión pública y sacando de foco lo que en realidad está conforme a su derecho al iniciar el proceso de impugnación para intentar revertir la negativa que, por el momento acota y evita la continuidad de la destrucción que ya se vive y se siente en la zona conocida de Valles Centrales, en particular lo que vive la población de Magdalena Ocotlán, pero también las secuelas que se empiezan a sentir en el municipio vecino que corresponde a San Pedro Apóstol.
No es la primera vez que observamos estas prácticas mediáticas e incluso políticas que utilizan las empresas cuando les es negado alguno de sus procedimientos e intentan por todos los medios revertir, lo que ya ha sido dictaminado. Tampoco sería la primera vez que dicha empresa muestre su capacidad política y agresiva, la cual existen antecedentes documentados en los que, con el uso del estado y de grupos armados ilegales, ha instrumentado diversas agresiones contra las y los defensores del territorio zapoteca. La Minera Canadiense Fortuna Silver Mines desde que se instaló en la región ha recurrido al uso de violencia, además de realizar actos de coacción con la cooptación de autoridades agrarias y municipales de los núcleos agrarios y municipios que circundan la zona del proyecto.
En este sentido, no podemos olvidar que, en el 2009, la Minera Fortuna Silver Mines fue la autora intelectual del desalojo violento de un plantón pacífico instalado por defensores del territorio en la entrada de “su” mina en San José del Progreso Ocotlán; 24 detenciones arbitrarias; decenas de cateos ilegales en la Comunidad de Magdalena Ocotlán y una feroz persecución de los defensores del territorio zapoteca.
Tampoco olvidamos los hechos recurrentes de violación a los derechos humanos y ambientales que, durante 12 años de operación, la Minera Cuzcatlán- Fortuna Silver Mines se mantienen en total impunidad, haciendo totalmente la colusión con las autoridades ambientales de todos los niveles. Esta empresa tiene una larga data de: despojos territoriales, contaminación de aguas y campos de cultivo, continúan incrementándose las enfermedades que antes eran inexistentes en las comunidades y que están relacionadas a la operación minera, así como también a extinto flora y fauna incluyendo la muerte de ganado. Como ejemplo citamos que, en octubre de 2018, causó un derrame tóxico de 1´516,000 litros de jales mineros que contaminaron con metales pesados altamente tóxicos varios kilómetros de cauce del Río Coyote afectado a 7 comunidades; así como también se trasladaron los daños al Río Atoyac, por ser este en donde desemboca. Por si fuera poco, el desastre y, a pesar de disponer de las pruebas de los análisis de agua realizado por las dependencias de gobierno, CONAGUA y PROFEPA exoneraron a la ecocida Fortuna Silver Mines.
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos y acompañamos la exigencia de la Comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán para que SEMARNAT se mantenga firme en la decisión al negarle la ampliación del proyecto minero denominado “San José II”, ya que una ampliación de dicho proyecto implicaría: la continuidad, el incremento y la aceleración de la destrucción del territorio con todas las consecuencias que todo mundo sabe genera la extracción minera en el mundo entero.
¡NO A LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO MINERO SAN JOSÉ II!
¡RENDICIÓN DE CUENTAS POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL PROYECTO MINERO!
Firma
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el acceso al agua en México y la sobre explotación de este vital liquido por grandes industrias – A 10 de agosto del 2021
La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.
Stuck admitió que “si una comunidad indígena o rural quiere la seguridad jurídica sobre su agua, no hay; y no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua”.
No se puede garantizar el derecho al agua porque hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas. “El sistema de concesiones se impuso en México como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN). Exigió a México tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión, además que la concesión fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricción”, explicó la funcionaria.
Tanto es así que fue creada “en la subdirección general una gerencia que se llama Bancos del Agua, que estuvo a cargo de determinar el precio adecuado de compra y venta de concesiones en regiones de estrés hídrico”.
El número de concesiones para la explotación de agua se incrementó considerablemente a partir del TLCAN. Desde la Constitución de 1917 y hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, solo se habían otorgado 2 mil concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado más de 518 mil concesiones. Y todavía hay un rezago de 174 mil. “En muchos países, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno indígenas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta”, dijo Burns.
La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud. “Corrió la voz entre ciertas capas de la sociedad, muy en particular figuras fuertes dentro del partido en el poder en aquel entonces, y tenemos operadores regionales que apartaron sus concesiones, sus millones de metros cúbicos de agua al año, con la intensión de vender derechos al agua en cuanto subiera los precios”, explicó.
Además, las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua. De acuerdo con la Subdirectora General, se otorgaron 270 mil concesiones antes de que Conagua emitiera los dictámenes de disposición de agua.
Concesiones, por mayoreo
En 2020, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida entregó 200 mil firmas al congreso mexicano paar exigir una nueva Ley de Aguas. Hasta la fecha no se ha creado la nueva legislación.
La Ley de Aguas Nacionales exige que Conagua realice todo el trámite de concesión dentro de 60 días a cualquier particular que haga la solicitud. “Y eso ha sido imposible, por varios motivos, falta de personal, de presupuesto. Entonces en todo el país ha emergido toda una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a Conagua por no haber cumplido el plazo de 60 días”, sostuvo la funcionaria de ese organismo.
A los tribunales no les importa si hay veda, si hay daños a terceros, si no hay disponibilidad de agua, dijo. “En estos momentos Conagua está otorgando concesiones por mayoreo. Se está otorgando concesiones en acuíferos y cuencas sobreexplotados bajo ordenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para otorgar concesión, con sanciones que van desde multas que se quita de los salarios de los funcionarios, inhabilitación y prisión”.
Mientras las concesiones son acaparadas por los que tienen recursos para hacerlo, los organismos operadores en grandes ciudades abastecen a quien paga más. “En grandes y crecientes zonas populares se vive la experiencia del tandeo, de la pipa y casos extremos en el cual la gente tiene que comprar agua de garrafón para suplir necesidades mínimas de agua”, sostuvo Burns.
La Subdirectora General fue al Senado a exponer la realidad del sistema de gestión de agua en el país y, delante de un auditorio con la presencia de algunos pocos senadores, pidió cambios en la legislación del agua en México. Uno de ellos es la aprobación de una nueva ley de aguas que lleve en consideración el derecho humano al agua y el derecho indígena.
Imagen: En portada: Pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, enjuiciaron a la empresa Bonafont por el abuso en la sobreexplotación de sus fuentes de agua. Foto de Jana X
Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el mal llamado Tren Maya – A 16 de agosto del 2021
El megaproyecto de infraestructura “tren maya”, promovido por el gobierno federal, cuenta con inversiones alemanas involucradas en su planificación, construcción y puesta en marcha. Entre ellas, las corporaciones DB Consulting & Engineering, SIEMENS y TÜV Rheinland, así como la conexión con empresas de la industria de las armas alemanas.
“Las fuerzas armadas mexicanas que deben gestionar todo el proyecto de infraestructura y recibir los beneficios, son un cliente frecuente de las empresas de seguridad europeas, y especialmente alemanas”, enfatiza el reporte elaborado por la red Ya Basta Netz.
Protesta en Chiapas contra la imposición del “tren maya” y sus proyectos asociados
Por ejemplo, las fuerzas armadas obtienen gran parte de sus armas del fabricante alemán Heckler & Koch o SIG Sauer GmbH & Co. KG. Incluso, las armas utilizadas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 eran fusiles de asalto G36, las cuales Heckler & Koch había vendido ilegalmente a México.
“A pesar de que empresas como Heckler & Koch están involucradas en tratos ilegales de armas con México, el gobierno alemán volvió a aprobar la exportación de armas al país el año pasado. Una gran parte de las armas alemanas van a regiones especialmente militarizadas, como Chiapas, donde los militares están presentes en muchas bases alrededor de las regiones autónomas de los zapatistas”, detalla el documento.
El reporte también contextualiza las consecuencias de la imposición del megaproyecto en torno a la destrucción de las últimas selvas del sur de México, la violación a los derechos de los pueblos indígenas de la región, el acaparamiento injusto de tierras y desplazamientos, así como una creciente militarización en una de las regiones más conflictivas del país.
Inversiones
“El mayor error es ver el Tren Maya sólo como un tren”, enfatiza el Dr. Sergio Prieto Díaz, profesor en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), consultado por la red Ya Basta Netz para la elaboración de la investigación.
El “tren maya” consta de una nueva ruta de más de 1,500 kilómetros, la cual busca conectar cinco estados, desde Palenque hasta Cancún, entre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Además, el tren no viene solo: otro proyecto de autopista lo acompaña en el estado de Chiapas. “La serpiente de asfalto entre Cancún y Mérida se va a prolongar en el transcurso de las obras del Tren Maya y atravesará la selva junto con la línea de tren. https://www.youtube.com/embed/0FIxH__c80g?feature=oembed Representantes de las comunidades tzeltales e integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio reiteraron su rechazo al proyecto carretero en Chiapas
Algunas de las empresas con inversiones en el “tren maya” son:
La filial de DB, empresa que opera en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, China, Brasil, Colombia, entre otros lugares. En México, la DB consiguió el contrato para acompañar y asesorar el proyecto como parte de un consorcio con otras dos empresas estatales españolas.
“De acuerdo con la información proporcionada por Deutsche Bahn AG (DB AG), FONATUR de la Secretaría de Turismo de México ha encargado a DB Engineering & Consulting GmbH el asesoramiento en las decisiones operativas ferroviarias dentro del proyecto “Tren Maya”. (…) El contrato se firmó el 1 de diciembre de 2020 y se extiende hasta diciembre de 2023, con un valor contractual de 8,6 millones de euros”, es una de las declaraciones del secretario del Estado Alemán, Enak Ferlemann, quien confirma las inversiones del país europeo en el sureste mexicano.
Por su involucramiento en el megaproyecto, la investigación cuestiona el silencio de la DB sobre las consecuencias medioambientales y las violaciones de los derechos humanos del “tren maya”, pues considera que no encajan en absoluto con la imagen respetuosa con el medio ambiente que proyecta la empresa en Europa.
Publicidad de DB como empresa respetuosa del medio ambiente.
“Una cuarta parte de toda la energía de tracción alemana es suministrada por la central de carbón Datteln IV. Allí se quema carbón procedente de Colombia, donde se desplaza y asesina a personas para extraer y exportar el ‘carbón de sangre’. Cuando DB utiliza ‘oficialmente’ electricidad verde, se trata de certificados comprados, una faceta más en el enorme mundo del lavado verde de DB”, denuncia el documento.
Por otra parte, la empresa SIEMENS ofreció desde 2018 su participación en el proyecto del “tren maya”, en actividades que van desde la generación y transmisión de energía, electrificación, señalización y automatización hasta los propios trenes.
En consonancia, la empresa alemana TÜV Rheinland se mostró interesada en el proyecto desde el mismo año y se ofreció a participar, incluso antes de contar con planes o estudios concretos, sobre todo de aquellos que abordan los problemas medioambientales que producirá el megaproyecto. Las tareas para las que la TÜV Rheinland está disponible en el “tren maya” son similares a las de DB o SIEMENS.
La directora de Desarrollo de Negocios de TÜV Rheinland Rail México, Sandra Álamo declaró en 2018 que dicha corporación podría participar, desde la concepción preliminar del proyecto, la prefactibilidad, la operabilidad, el desarrollo de materiales e incluso las pruebas y la ejecución de la obra.
Sureste, el objetivo
En el reporte es de especial preocupación los efectos del megaproyecto en la militarización del sureste del país, debido a que el ejército mexicano administrará gran parte del proyecto y también recibirá los beneficios del mismo.
“Al mismo tiempo, esta transferencia de poderes a las fuerzas armadas supone una mayor militarización de una de las regiones más conflictivas del país: En el estado sureño de Chiapas, el ejército mexicano lleva años librando una guerra de ‘baja intensidad’ contra las comunidades autónomas de les Zapatistas. El enfoque cada vez más agresivo del gobierno mexicano hacia lxs refugiadxs de toda Centroamérica también puede vincularse ciertamente al megaproyecto: ‘Si se ponen en el mapa los diversos megaproyectos y proyectos de infraestructura, se puede ver que son bloques de construcción para una ‘barrera de migrantes’ diseñada para servir a los intereses geopolíticos de Estados Unidos”, comparte el Dr. Sergio Prieto Díaz.
Aunado a ello, el documento remarca que, en el tema medioambiental, estudios concluyen que el “tren maya” propiciará la degradación, deforestación y fragmentación de 23 Áreas Naturales Protegidas.
La destrucción de la selva le abre el camino al Tren Maya – solo para el “tramo 1” se van a talar 800 hectáreas.
“Solo en la primera fase de construcción se eliminarán más de 11 millones de árboles. Los sistemas de cuevas submarinas con importancia cultural para la población indígena están en peligro por la construcción, mientras que otros ecosistemas dependen de los flujos de agua allí. Además, los mayores recursos de agua subterránea del país están amenazados”, destaca el documento.
Pese a todos estos efectos, y aún con la realización de una evaluación de impacto ambiental con graves deficiencias, el costo del megaproyecto, que asciende a los 150 mil millones de pesos, demuestra el nivel de prioridad que representa para el gobierno federal.
Además, la investigación denuncia que, para iniciar el proceso de construcción, el Estado mexicano no consultó a la población indígena de la región.
“El proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”, destaca el documento de acuerdo a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Al mismo tiempo, también resalta la información del Comité contra de la Discriminación de la ONU sobre que, con frecuencia, las consultas son llevadas a cabo en contextos de amenazas, criminalización y hostigamiento, perjudicando su carácter libre.
“Al mismo tiempo, lxs activistas que se manifiestan en contra del proyecto ponen su vida en peligro. Los que hablaron en contra del Tren Maya recibieron amenazas de muerte, informa la ONG Front Line Defenders”, añade el reporte.
En contraste, el valor de los terrenos situados en la línea ferroviaria proyectada y a lo largo de ella ya está aumentando enormemente, lo que promueve el desalojo y la desposesión de los anteriores habitantes.
“La rápida urbanización y la apertura de los mercados también provocarán un aumento de la delincuencia en la región, como el tráfico de drogas y animales. Un vistazo a los anteriores megaproyectos de infraestructura en el sur de México muestra que la apertura de la región significa principalmente abrirla a la inversión extranjera. El proyecto es la puerta de entrada del ejército, el Estado y el capital y amenaza con destruir definitivamente el anterior modo de vida y la cultura de la población afectada, que se basa en la agricultura de subsistencia y la propiedad común”, concluye la investigación.
Imagen: En portada: El presidente de México anunció la creación de una empresa de las Fuerzas Armadas a cargo del “tren maya”.
Las comunidades campesinas de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, ubicadas en los Altos de Jalisco, agradecemos la visita del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, a nuestro territorio, el pasado sábado 14 de agosto. Visita que consideramos un hecho histórico para nuestros pueblos y un triunfo para la resistencia, que durante 16 años hemos mantenido en defensa de nuestro río Verde, territorio, agua y derechos humanos.
Valoramos que los pueblos ganan, con los resultados obtenidos en la visita, y que representan un triunfo para nuestra resistencia, por los siguientes motivos:
1.Se logra la cancelación del Acueducto Zapotillo -León, una de las tres obras que contempla el Sistema Zapotillo.
2.Se muestra voluntad política para presentar a las comunidades una alternativa que respete nuestra postura no negociable: LA NO INUNDACIÓN DE TEMACAPULÍN, ACASICO Y PALMAREJO.
3.Se refrenda el compromiso y la palabra empeñada del Presidente con los pueblos desde que era candidato, y ahora como mandatario se compromete a respetar nuestra decisión. La última palabra sobre el futuro de la Presa El Zapotillo la definirán las comunidades: ¡EL PUEBLO MANDA!.
Estos logros sin duda abren una nueva etapa en la lucha de las comunidades. Sin embargo, no resuelven de manera equitativa, integral y sustentable el problema de abastecimiento de agua en la región. Tampoco solucionan el conflicto socio ambiental ocasionado por el Sistema Zapotillo- Acueducto Zapotillo León – Presa Derivadora El Purgatorio. Por lo que quedan las siguientes tareas y pendientes aún por resolver:
a)La propuesta que presentará la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), próximamente a las comunidades, para su valoración, debe garantizar no solo la no inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, si no, la garantía y seguridad de que los pueblos no quedarían en riesgo, frente a situaciones extraordinarias o errores en la regulación de la infraestructura hidráulica.
b)El proyecto debe ser sometido a una auditoría técnica y financiera, exigencia que se le presentó al Presidente López Obrador, en su visita a Temacapulín.
c)La definición desde las comunidades de un plan para la reparación integral de los daños ocasionados por el Sistema Zapotillo, con garantías y medidas de no repetición, así como las disculpas públicas que el Estado Mexicano debe dar a las comunidades.
d)Los pueblos tenemos el ¡DERECHO A DECIR NO!. De ninguna manera aceptaremos que se nos responsabilice por la inversión derrochada en la obra, por las deficientes políticas hídricas implementadas en las ciudades y el desabasto del agua.
Coincidimos con el Presidente López Obrador: “el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, el pueblo es sabio, sabe bien lo que le conviene y lo que no le conviene”, y por ello, como pueblos sabios tenemos la libertad y el derecho de articularnos con otras luchas, de ser acompañados y asesorados por quienes nosotros decidamos y elijamos.
#LosPueblosDeciden
#LosPueblosNoSeInundan
Imagen: Visita del Presidente de México a Temacapulín – Somos el Medio
Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el modelo energético en América Latina y la transición energética – A 10 de agosto del 2021
Los abusos a derechos humanos por parte de las empresas de energía renovable que operan en América Latina están en aumento. Tan solo en dicha región ocurren el 61 por ciento de las denuncias de abusos a nivel global y el número va en aumento.
Este análisis se desprende de la investigación (In)justicia energética en América Latina, mediante la cual se documentó 501 casos de abusos corporativo. En total, se recopilaron mas de 2,300 denuncias de presuntos abusos contra los derechos humanos perpetrados por 156 empresas de energía renovable y bancos privados y estatales operando en 17 países en América Latina.
Las denuncias fueron registradas entre 2010 y septiembre del 2020 por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Categorías de abusos derivadas de las denuncias. Elaboración del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos
Los abusos al derecho a la tierra y el territorio son los tipos más comunes de violencia. Le siguen los ataques contra personas defensoras, violaciones a derechos indígenas, al derecho a un medio ambiente sano y sobre todo al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.
“Nuestra investigación reveló que el desarrollo de las energías renovables está, en demasiados casos, reproduciendo la violencia y los daños sociales y medioambientales que han caracterizado al sector de los combustibles fósiles”, mencionó Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.
Denuncias
El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.
El reporte se enfoca en los tres sectores de la energía renovable más populares en el continente americano: hidroeléctrico con el 63 por ciento de todas las empresas y bancos de energía renovable, eólico con 31 por ciento y solar con el restante 6 por ciento de las corporaciones y entes financieros. Seis de estas empresas y bancos operan con múltiples energías renovables, de forma que registraron abusos en diferentes geografías y mediante distintos proyectos.
De estos tres sectores, el hidroeléctrico y eólico tienen el mayor número de denuncias. El sector hidroeléctrico es responsable del 79 por ciento de las denuncias contra derechos humanos, mientras el sector eólico lo es del 15 por ciento de las denuncias y el sector solar del 4 por ciento.
México y Centroamérica tienen el número más alto de casos de alegaciones de abusos (343 o el 68%), en comparación de América del Sur, con 158 casos (32%). Al mismo tiempo, Honduras es el país con el mayor número de casos, seguido de México y Colombia.
En México cerca de uno de cada cinco de todos los abusos relacionados con el desarrollo de energías renovables tienen que ver con derechos territoriales. Por su parte, Centroamérica es la región con los mayores cargos de abusos individuales contra los derechos territoriales.
En tanto, en Sudamérica sereporta la mayor cantidad de denuncias de desplazamientos por el desarrollo de energía renovable, con la mayor proporción vinculada con el desarrollo hidroeléctrico, así como los mayores abusos contra el derecho a la alimentación.
Por si fuera poco, la región también está en la mira de las principales industrias mineras, cuyo interés en extraer minerales críticos para producir las tecnologías “limpias”, como turbinas eólicas, paneles solares y baterías de autores eléctricos, incrementan los abusos y violencia del sector minero en los países latinoamericanos.
Según datos del índice de Minerales de la Transición, como región, América Latina tiene el número más alto de denuncias de abusos, con 138 casos, siendo Perú el que más registra de los países del mundo, con 77.
Entre las denuncias registradas durante 2010 a 2020, los abusos contra los derechos humanos en toda América Latina crecieron en un 1, 050 por ciento, esto es, de ocho casos reportados en 2010 pasaron a 92 casos denunciados en 2020.
Imagen: En portada: Comunidades organizadas instalaron un campamento en 2016 para evitar la imposición de un parque solar en Choluteca, Honduras. Foto de Aldo Santiago
Comunicado de Otros Mundos sobre los derechos de los ríos en el marco del Congreso de HIdroenergía en Costa Rica próximo a realizarse y sumándose a la Movida Global por los Ríos y los Pueblos – A 11 de Agosto del 2021 >>Descargar comunicado en pdf<<
Millones de personas en el mundo han sido despojados de sus viviendas y medios de vida por la construcción de las represas. Incluso quienes resistieron han sido asesinados como nuestra amiga Berta Cáceres en Honduras en 2016. Pero así muchas más defensoras y defensores de los Ríos, sus comunidades, al agua, sus ecosistemas, se les ha arrebatado la vida en pos del supuesto desarrollo que ha conllevado devastación, inundaciones, apropiación de territorios indígenas y campesinos, pérdida de bosques y biodiversidad.
Pese a todo ello, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) convoca al Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica del 7 al 24 de septiembre de 2021 en Costa Rica donde se pretende afianzar el discurso y las políticas que favorezca la construcción de más represas, un negocio lleno de corrupción, bajo el argumento de que con el uso de la energía renovable, las represas son energía limpia, verde, sustentable, ecológica y con empresas constructoras “socialmente responsables”. Sin embargo, el agua de los ríos como fuente renovable no se hace sustentable con la tecnología del Modelo Extractivo que se le impone. Hoy por hoy, las represas y su fuente de energía cada vez más intermitente por el Calentamiento Global, son ya insustentables.
Sin embargo, los pueblos levantan su voz para manifestarse contra este Modelo Extractivo que viola los Derechos de la Naturaleza y en especial los Derechos de los Ríos, y vitar que sean intervenidos con el fin de mantenerlos vivos para darle vida al Planeta.
Otros Mundos AC/Amigos de la Tierra México se suma a la llamada “MOVIDA GLOBAL POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS” para exigir un alto a la construcción de las represas, a la muerte de los ríos y del Planeta, e impulsar otras formas de vida con modelos de energías desde los pueblos, donde los Derechos de los Ríos y el Derecho a la Vida estén por encima de los intereses particulares y de lucro de las grandes corporaciones constructoras de represas. Nuestro Planeta grita que encontremos otros horizontes que nos permitan transitar a otros mundos posibles y detener la destrucción y el Calentamiento Global.
¡Ríos para la Vida!
Otros Mundos AC/Chiapas-Amigos de la Tierra México
