Categoría: Modelo extractivo

Celebrando 10 años de lucha y resistencia ¡La Puya Presente!

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Compartimos este pronunciamiento publicado en Protection International donde somos firmantes sobre la resistencia en Guatemala ante la devastación minera – A Marzo 2022

A las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc,

Queremos extender nuestro reconocimiento este 2 de marzo por los 10 años de valiente resistencia pacífica en defensa del agua, la vida, la salud comunitaria y en contra de la minería y del proyecto minero Progreso VII Derivada, de la empresa minera estadounidense Kappes, Cassiday & Associates (KCA).

Recordamos que el 2 de marzo de 2012, con un plantón frente a la entrada del sitio minero, inició la Resistencia Pacífica La Puya, un movimiento que se mantiene hasta la actualidad. Durante esta década, han sufrido intimidaciones, la criminalización de varias personas de la resistencia, el intento de asesinato de una de sus integrantes y un desalojo violento en mayo de 2014. Asimismo, a lo largo de este tiempo, han emprendido varias acciones legales, logrando en noviembre de 2015 que la Corte Suprema de Justicia, suspendiera las actividades de la mina y posteriormente, en junio de 2020, que la Corte de Constitucionalidad confirmara la suspensión de la operación del proyecto minero hasta la realización de una consulta comunitaria.

Ha sido un largo camino de lucha con notables dificultades, pero también con victorias importantes. Frente a la violencia ejercida por parte del Estado y de la empresa, la Resistencia Pacífica La Puya ha tenido como aliados su fe y la convicción de que lo que están defendiendo es su riqueza más preciada: el ambiente, el agua y en consecuencia su vida, la de sus hijos, nietos y futuras generaciones.

Manifestamos nuestro reconocimiento, admiración y solidaridad por estos 10 años de legítima lucha. La Puya se ha constituido en un ejemplo de resistencia pacífica a nivel nacional e internacional gracias a su compromiso con la no violencia, y su sostenido esfuerzo de investigación y formación para ejercer con argumentos sólidos la defensa de su territorio y el ambiente.

Los desafíos que ha enfrentado la Resistencia Pacífica La Puya no han sido pocos a lo largo de su historia. Debió enfrentarse a los actos irregulares denunciados oportunamente, como la falsificación del permiso de construcción municipal, con base en los que la empresa logró la aprobacion de su proyecto. Pese a ser conocedores de la ausencia de consulta con la comunidad por parte del Estado, la empresa mantuvo su intención de continuar con el proyecto, violentando con esto, los derechos a la autodeterminación y al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas. Asimismo, los actores involucrados en este proyecto han ignorado los graves impactos ambientales que se ocasionarían en el territorio, el cual ya presenta escasez de agua. Además, según estudios del propio Ministerio de Salud, el agua tiene altos índices de arsénico, que con la explotación minera se verían peligrosamente aumentados poniendo en riesgo la vida de la población. Aun conociendo esta situación y sin importar las consecuencias ambientales y humanas, KCA puso en marcha su proyecto de oro por dos años usando la agresión, intimidación y represión policial de la que ha sido víctima La Resistencia Pacífica.

Actualmente, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cursa una demanda millonaria (400 millones de dólares) en contra del Estado guatemalteco presentada por la empresa KCA, bajo los terminos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos con América Central y la República Dominicana (CAFTA-DR). Con esta acción, la empresa no hace más que evidenciar su voracidad económica, en un primer momento, despojando a la poblacion del agua y de su territorio y ahora, con intenciones de estafar fondos millonarios al
Estado guatemalteco.

Hoy más que nunca está vigente la demanda de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo para hacer respetar sus vidas y su decisión de tener un territorio libre de la explotación minera y de que nunca más se pongan los intereses particulares de empresas transnacionales por encima del bienestar de las comunidades y la naturaleza.

¡Que vivan las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc!
¡Que viva la Resistencia Pacífica de la Puya!

Zacatecas: Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre la criminalización a defensores de la vida ante la minería en Zacatecas- A 10 de marzo del 2021

Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna, Zacatecas

“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”

En los últimos cinco años, Roberto de la Rosa Dávila y su familia han sido de los únicos habitantes que permanecen en el pueblo de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas. Una comunidad con presencia centenaria que antes del viernes 23 de diciembre de 2016, llegó a ser habitada por más de trescientas personas, teniendo escuela, viviendas y una iglesia. Ese día, la comunidad de Salaverna fue desterrada tras iniciarse de manera ilegal, súbita, violenta un desalojo forzado y la destrucción de la comunidad. El operativo, instrumentado por el Estado y a conveniencia de la minera Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, no fue el primer intento de borrar del mapa este pueblo para, en su lugar, ampliar las operaciones de la mina de cobre a la modalidad de cielo abierto: En 2010 se dio el primer desalojo forzado, justificado por hundimientos que fueron provocados por las operaciones en la mina subterránea Frisco-Tayahua, y que la comunidad señala que fueron intencionales, y siguieron hasta llegar al grotesco desalojo de 2016, cuya violencia e ilegalidad ha sido ampliamente documentado.  Sin embargo, a partir de entonces el asedio a la comunidad ha seguido escalando, particularmente sobre las familias que resistieron ante la reubicación forzada y contra los activistas más visibles. Este es el caso de Don Roberto y de su familia.

En diciembre de 2021, Roberto de la Rosa fue vinculado a un proceso penal por imputársele haber amenazado en abril de 2020 a tres trabajadores de la minera Ocampo Mining Tayahua (filial de Grupo Frisco) que se encontraban cercando la comunidad y electrificando este perímetro. Por esto, el 3 de diciembre la jueza a cargo dictó como medida cautelar el que Don Roberto no pudiera acercarse a los denunciantes, sin embargo, esto le impide acceder a su casa que, además, está ya agrietada por la propia operación minera, como la de todas las viviendas de la comunidad de Salaverna. En la audiencia del 10 de febrero, el juez ordenó la suspensión del proceso judicial, pero mantiene la orden de que Don Roberto de la Rosa y su hijo no deben acercarse a los demandantes por seis meses. El hijo de Don Roberto y otros miembros del pueblo que han buscado regresar a Salaverna han recibido amenazas por parte de las autoridades municipales para evitar que los pobladores habiten el pueblo.

Para la REMA, Salaverna es un ejemplo de la prepotencia e la impunidad con que opera el modelo extractivo y, casos como el de Don Roberto y su familia, ejemplos de la dignidad de los pueblos y de la solidaridad que sólo se sabe tejer entre aquellos que defienden la vida, aún cuando nuestras comunidades hayan sido arrasadas.

No olvidamos, el operativo de 2016 fue ordenado por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; operado por policías estatales y ministeriales, y encabezado por protección civil del estado y por el Subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de ese momento.

Exigimos el fin del asedio a Roberto de la Rosa Dávila y a su hijo Roberto Cuauhtémoc de la Rosa.

Exigimos que frenen el acoso y amenazas contra la comunidad de Salaverna que buscan regresar a sus hogares.

Alto a la criminalización de la defensa de la vida

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Para seguimiento del caso:

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac)

SinEmbargo.mx

Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (expediente CDHEZ/746/2016)

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Imagen: Sol de Zacatecas

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Las Abejas de Acteal se suma una vez más desde territorio tsotsil a la acción contra las represas y otros megaproyectos de muerte

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Compartimos este pronunciamiento de La Sociedad Civil las Abejas de Acteal en el marco de las movilizaciones y acciones por el Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos – A 14 de marzo de 2022

Hermanas y hermanos:

En este día, nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, se suma una vez más desde territorio tsotsil a la acción contra las represas y otros megaproyectos de muerte impuestos en territorios de los pueblos originarios por los ricos y poderosos, bajo el consentimiento y administración del mal gobierno de México.

Nuestra acción de hoy, se solidariza y apoya las luchas de otros pueblos que actualmente están amenazados sus tierras y territorios, sus ríos y manantiales de agua, sus bosques, la vida por defender la madre tierra. Y condenamos enérgicamente los asesinatos de las y los defensores de derechos humanos, ambientalistas y defensores de la vida en México y América Latina.

Actualmente, siguen activos construcciones de represas, existen 41 en Chiapas de las cuales 8 son hidroeléctricas (La Angostura, Peñitas, El Retito, Chicoasén, Malpaso, Bombaná, Bombaná II y Shpoiná). Sin embargo desde el año pasado tenemos conocimiento que en nuestro estado existen más de 90 proyectos en etapa de planeación, en Chiapas los pueblos y comunidades afectadas han manifestado claramente que dichos proyectos no los quieren en su pueblo, como el caso del rio Santo Domingo, pero tanto los gobiernos anteriores como el actual, se han tapado los oídos de la demanda de los pueblos o peor aún si la posibilidad de conocer las afectaciones ambientales, como es el caso del río Yaqui en Sonora, donde recientemente se encuentra suspendida una parte del distrito de riego que pretende el Plan de Justicia Yaqui.  Es por eso que en este día le decimos a Andrés Manuel López Obrador que respete a los pueblos y se detenga de obedecer a las empresas, a los ricos y poderosos como lo hicieron sus antecesores priistas y panistas.

Es indignante cómo los ricos y poderosos en la voz del gobierno dice que las represas, las supercarreteras, los aeropuertos, entre otros megaproyectos, son para el “progreso y desarrollo”. Pero, al mismo tiempo la gente que habita en ese lugar, que es su parcela o tierra en donde se construyen dichos megaproyectos, resulta que tienen que abandonar, quieran o no, pero, se tienen que desplazar de ahí. Entonces, ¿Dónde le toca ese beneficio, la gente humilde, pobre, indígena, campesino?

El gobierno actual que se pregona así mismo “de los pobres”, pero, cuando los pobres o sea el pueblo organizado, hacen uso de sus derechos colectivos para defender su territorio o su manantial de agua, los reprime.  Tal es el caso de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli quienes el pasado 15 de febrero de este año, fueron desalojados por la Guardia Nacional, la policía estatal de Puebla y municipal de Juan C. Bonilla, de dónde fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca.

En estos días, nuestras hermanas y hermanos de las comunidades zapotecas xidza de la Sierra Juárez, han denunciado que el gobierno de México pretende construir una supercarretera que dice comunicar las ciudades de Tuxtepec y Oaxaca, pero, dichas comunidades, han decidido no permitir la construcción de dicha obra y esperamos sea respetada su decisión de hacer valer su derecho básico a la libre determinación.

Porque vemos que en donde hay oposición y rechazo a algún proyecto neoliberal, son asesinados las y los ambientalistas, defensores de los derechos humanos y la vida. Así han sucedido con: Mariano Abarca de Chicomuselo, Chiapas, opositor de la minera canadiense Blackfire, Samir Flores opositor del Proyecto Integral Morelos. Tampoco olvidamos el crimen cometido en contra de Berta Cáceres de Honduras, por oponorse a la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el noroeste de Honduras, impulsada por la empresa nacional Desarrollos Energéticos (Desa).

Así mismo el asesinato cobarde de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, por denunciar la violencia generalizada aquí en Los Altos de Chiapas y por defender la Madre Tierra.

En verdad existe una guerra de los ricos y poderosos y el mal gobierno hacia los pueblos organizados, porque no paran de asesinarnos. Hace unos días nos enteramos que el defensor del medio ambiente en Chihuahua José Trinidad Baldenegro López, fue asesinado en la comunidad de Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo; el activista era hermano de Isidro Baldenegro López, a quien también mataron por su defensa de los bosques en 2017.

Defender la Madre Tierra, defender la vida, criticar y oponerse abiertamente a la construcción de represas, privatización del agua y de los ríos y otros megaproyectos, nos puede costar la vida. Ahora, sólo hay que pensar y preguntarse: ¿Podemos vivir sin tierra para sembrar la milpa y el frijol? ¿Sin agua, se puede vivir?

Es por eso que invitamos a todas las personas quienes ven, miran y sienten como nosotros a que se organicen, es el momento de hacerlo, no lo hagan por nosotros, háganlo por sus hijas e hijos y por las nuevas generaciones que vienen.

¡Justicia para Berta Cáceres!

¡Justicia para Samir Flores!

¡Justicia para Mariano Abarca!

¡Justicia para Simón Pedro!

¡Justicia para todas y todos quienes han sido asesinados por defender la Madre Tierra!

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Imagen: Abejas de Acteal

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Honduras, territorio libre de minería

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería Rema – A 4 de marzo del 2022

El lunes 28 de febrero el pueblo hondureño ha concretado una enorme victoria contra el modelo extractivo: prohibir en todo este país la minería a cielo abierto.

En un comunicado, el gobierno de la recién electa Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas de Honduras anunció que se declara “todo el territorio hondureño libre de minería a cielo abierto”. Además, dicho comunicado precisa también que «Se cancela la aprobación de permisos de explotación extractivista, por ser lesivos en contra del Estado de Honduras, que atentan contra los recursos naturales, la salud pública y limitan el acceso al agua como derecho humano» y que “Por aprobación de disposición de moratoria minera para exploración y explotación metálica y no metálica, se procederá a la revisión, suspensión y cancelación de licencias ambientales, permisos y concesiones».

Esta importantísima decisión en contra del modelo extractivo en el país se da pocos días después del fallo a favor para de liberación de seis de los ochos defensores que habían sido encarcelados por oponerse a una mina de óxido de hierro que amenaza el río San Pedro y otros en el departamento de Colón. Con ello, ambas decisiones marcan un cambio radical del nuevo gobierno hondureño respeto a los gobiernos a partir del golpe de Estado de 2009, habían venido promoviendo múltiples proyectos de despojo a lo largo del país (minería, hidroeléctricas, zonas francas, cultivos de palma aceitera, etc.), la profundización del modelo extractivista con la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá, además de criminalizar y asesinar de manera sistemática a las y los defensores de los territorios. Vale notar que, bajo el gobierno del Presidente Zelaya, esposo de Xiomara Castro y quien fue expulsado del país en sus pijamas tras el golpe militar el 28 de junio de 2009, se había elaborado un proyecto de ley que buscaba prohibir la minería a tajo abierto y otras medidas para restringir esta actividad. El proyecto de ley estuvo en la antesala de ser discutido por la legislatura cuando sucedió el golpe de estado. Fue producto de la lucha larga de muchas organizaciones comunidades, como en el Valle de Siria en contra de los daños a la salud de la mina San Martín de la empresa minera canadiense Goldcorp (ahora Newmont). La política que está planteando desde la administración actual construye sobre este largo proceso de lucha.

Con esta importante decisión la batalla contra el modelo minero no termina. Según el informe “Territorios en riesgo III” en Honduras existen 217 concesiones y reservas mineras aprobadas para explotación minera, por una superficie total de 131.5 mil ha, y 481 concesiones y reservas en fase de exploración por una superficie de 433.6 mil ha. Además, hay varias minas en operación, entre otras, la mina San Andrés de la empresa minera canadiense Aura Minerals que está desterrando el cementerio del pueblo de Azacualpaen el departamento de Santa Bárbara. Así también, la mina de óxido de hierro de la empresa hondureña Los Pinares Inversiones que tiene vínculos con la empresa estadounidense de acero, Nucor, logró poner en operación su mina a tajo abierto de óxido de hierro en plena pandemia a través de la criminalización de la resistencia pacífica y con trámites cuestionados por altas irregularidades e ilegalidades. Por esto, frente a esta prohibición y cancelación de proyectos, en los próximos días las reacciones de las empresas mineras con intereses en Honduras serán fuertes para intentar derogar dicha iniciativa y mantener su poder en la región. Es importante mencionar que, desde el Golpe de Estado de 2009, Honduras aprobó una ley minera financiada con la cooperación canadiense y ha firmado acuerdos de libre comercio con Canadá y otros países, y es parte del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (DR-CAFTA) y que,por ello, las empresas mineras pueden recurrir a tribunales de arbitrajes privados como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, aplicando el mecanismo de Solución de Controversias entre Inversionistas y Estados, para presionar económicamente al gobierno hondureño con demandas multimillonarias.

Frente a esas futuras respuestas del sector privado es importante mantener una movilización popular fuerte y solidaria con el pueblo hondureño a lo largo del continente para seguir consiguiendo territorios libres de minería y llenos de lucha y vida.

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos felicitar al pueblo hondureño y al gobierno de Xiomara Castro por marcar un claro freno a las políticas extractivistas en nuestra región mesoamericana. Decisiones tan importantes, que no se dan sino a partir de la lucha de múltiples pueblos en contra del modelo extractivo, ya se ha logrado en otras demarcaciones a partir de la organización y lucha incansable de los pueblos: Costa Rica logró la prohibición de la minería a tajo abierto en 2010, El Salvador logró la prohibición de la minería metálica en 2017, y en Argentina han promovido leyes restrictivas para la actividad minera en 7 provincias. Esos casos nos muestran que lograr la prohibición de una actividad tan destructiva es posible y que ampliar los territorios libres de minería a lo largo del continente y del mundo no es un sueño guajiro, sino una realidad que se construye gracias a la movilización de los pueblos y que los gobiernos pueden tener el valor de asumir esta demanda popular y promover cambios estructurales.

TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA


RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC)

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Yucatán: Tribunal resolverá quejas relacionadas con la suspensión de la mega granja de cerdos de Homún

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la lucha por una vida digna y un medio ambiente sano en Yucatán ante mega granja porcicola – A 3 de marzo del 2022

Por Ñaní Pinto

A pesar de que en 2018 se ordenó la suspensión de la mega granja de cerdos en territorio del pueblo Maya de Homún, en Yucatán, y la medida fue ratificada en abril de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo) busca reabrirla. Hoy un Tribunal Colegiado resolverá quejas relacionadas con la suspensión.

La suspensión fue otorgada a seis niños de la región de Homún. Con apoyo de sus familias y la ONG Indignación interpusieron una demanda de amparo para detener las actividades de la granja. El argumento principal fue la transgresión de los derechos de los niños a tener una vida digna con un medioambiente sano, con agua y aire limpios.


A pesar de la decisión de la SCJN, las organizaciones Kanan ts’ono’ot (Los Guardianes de los Cenotes), Representantes de la infancia en Homún e Indignación A. C., desde el año pasado, han denunciado el incumplimiento de la suspensión por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), al permitir que Papo realice trabajos de mantenimiento. En su momento, el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resolvió que no se había violado la suspensión. 

Pero además, la SDS habría violado la suspensión al emitir un documento donde manifiesta que la planta de tratamiento fue analizada y cumple con los límites máximos permisibles: “la planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y que cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes”. 

De acuerdo con las organizaciones, dicha opinión fue emitida sin considerar que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la autorización del funcionamiento de la granja, así como los permisos de la granja se encuentran suspendidos, por lo que la opinión de la SDS básicamente confirma que dicha institución permitió la instalación de la planta de tratamiento aún con la suspensión de operaciones. 

Debido a esto, las organizaciones presentaron tres quejas en contra de las diversas resoluciones y del trámite que el Juez Segundo de Distrito ha realizado para abrirle la puerta a la empresa para continuar operando la mega granja porcícola.

Las quejas presentadas cuestionan que el Juez Segundo de Distrito haya sido omiso para obligar a la Secretaría de Desarrollo Sustentable “a cumplir la suspensión de la granja, pues a pesar de la medida cautelar la autoridad ha emitido opiniones positivas para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa. Esta opinión fue aportada como prueba en juicio por la empresa Papo, con la finalidad de que el Juez revoque la suspensión y les permita operar”, sostienen en un comunicado.

Además, la empresa presentó un documento supuestamente emitido por la Dirección de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que se describe que la planta de tratamiento de la fábrica de cerdos no contaminará el manto freático y respetará las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Sin embargo, “ambas evidencias son por demás tramposas e ilegales: el propio Director General de Asuntos Jurídicos de la UNAM, Jorge Barrera Gutiérrez, confirmó que el documento de la UNAM ofrecido por PAPO “no fue emanado y/o suscrito por autoridad universitaria alguna”. Incluso tal prueba falsa podría constituir un delito, afirman.

Hoy, el tribunal decidirá si el juez Rogelio Leal Mota emitió resoluciones ilegales que permiten el incumplimiento y violación a la medida cautelar.

Contaminación

El pasado viernes (25 de febrero), un grupo de organizaciones internacionales y especialistas ambientales y del sector salud enviaron un amicus curiae al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Leal Mota, encargado de resolver el litigio presentado por la niñez de Homún contra la fábrica de cerdos. El documento permite a personas ajenas a un proceso ofrecer opiniones de trascendencia para la solución de un caso judicial.

Señalaron que la mega granja amenaza con ocasionar daños graves e irreversibles a la salud. En el documento citaron numerosos estudios científicos y testimonios de la experiencia estadounidense, para evidenciar que las fábricas de cerdos suponen riesgos de daño grave e irreversible para el medio ambiente y la salud humana.

“Las mega granjas generan tales daños por la contaminación a los recursos de agua, superficiales y subterráneos, la contaminación del aire y la propagación de patógenos peligrosos. Estos riesgos son de particular gravedad para la salud de personas en situaciones de vulnerabilidad, como las niñas y niños que son los quejosos en el presente caso”, precisa el amicus curiae.

En el documento también se detallan los daños que causaría la reapertura de la fábrica de cerdos a los cenotes de la zona, como a la calidad del agua y del aire en general, además aumenta la exposición de la población a bacterias resistentes a los antibióticos y otros patógenos dañinos, incluyendo los virus.

Imagen: Avispa Midia

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Video: Escuela de Justicia Energética, Conociendo Experiencias Energéticas: Biodigestor

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Compartimos con ustedes este video sobre la experiencia en el proceso de formación dentro de la Escuela de Justicia Energética – Febrero 2022

Durante varios módulos de la Escuela de Justicia Energética hemos analizado el actual Modelo Extractivo energético, las supuestas energías verdes sus consecuencias socio ambientales en los territorios, y la transición energética. También conocimos experiencias de autogestión energética como el biodigestor de bio gas, es compartimos algunas de las impresiones de las y los participantes.

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La muerte de Alberto Bailleres y sus crímenes impunes

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 9 de febrero 2022

Este 2 de febrero pasado murió Alberto Baillères uno de los criminales magnates que más se enriqueció en este país a costa del despojo, la salud y la vida de muchas mexicanas y mexicanos. Dueño de Industrias Peñoles (Torreón, Coahuila) y Minera Fresnillo (7 yacimientos en operación, 3 proyectos en desarrollo y 4 en exploración en México), Alberto Baillères logró hacer una fortuna (según la lista Forbes de 2021) de diez millones ochocientos mil dólares.

La mayoría de los medios de comunicación dan cuenta de los “brillantes logros del hombre de negocios” y el “reconocimiento a su contribución en la promoción de la salud e impulso al desarrollo económico”, al recibir la Medalla Belisario Domínguez en 2015. Sin embargo, no se dice lo que realmente le costó a este país tener a su “Rey Midas Mexicano” y sobre todo no se explica su “gran contribución a la promoción de la salud”.

Desde 1988 el Pediatra José Manuel Velasco, demostró que muchos de sus pacientes tenían más de 60 microgramos de plomo por decilitro de sangre (μg/dL), los pacientes eran niños que vivían cerca de la Industria Peñoles en Torreón, Coahuila. De acuerdo con los estudios de J.F. Rosen. «Effects of Low Levels of Lead Exposure», Science 256 (April 17, 1992) pg. 294; y «Health Effects of Lead at Low Exposure Levels», American Journal of Diseases of Children 146 (1992), pp. 1278-1281; se encontró que una concentración de 7 microgramos de plomo por decilitro de sangre (μg/dL) causa daños irreversibles en el sistema neurológico de los infantes. El plomo en la sangre de los niños puede provocar que un niño que hubiese podido desarrollar habilidades promedio, quédese discapacitado de por vida.

En 1995, un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina de Dartmouth (New Hampshire, Estados Unidos) tomó muestras de polvo en diversos puntos de la ciudad de Torreón para analizar los niveles de tres metales pesados. Este estudio se determinó que, en las muestras de polvo, tomadas en las cercanías a las Industrias Peñoles, había niveles de plomo que iban desde 787 hasta 13.231 partes por millón. Para el arsénico se encontraron concentraciones en el polvo de 50 y 788 partes por millón. De igual forma encontraron que el polvo de los alrededores de Peñoles tenía niveles de cadmio entre 11 y 1.497 partes por millón, cuando el nivel máximo para plomo debe ser de 500 partes por millón; para arsénico debe ser 65 partes por millón y para cadmio debe ser 20 partes por millón. El cadmio, el material más tóxico de los tres, encontraron que Torreón “tiene los niveles más elevados jamás encontrados en la literatura científica”.

En 2001 el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, a petición del gobierno mexicano, encontró que unos once mil niños eran víctimas de envenenamiento por plomo, tal como señala el artículo A 10 años nadie conoce la verdad del daño causado por Peñoles en Torreón, publicado el 15 de septiembre de 2011 en el diario La Jornada, a partir reportaje del semanario británico Economist, es lamentable que La Jornada recientemente olvidara ese reportaje y sólo alabe al criminal.

A lo largo de los años, se han se han continuado realizando estudios que siguen demostrando la gravedad del asunto, algunos de estos estudios han sido truncados despliegue del crimen organizado que no ha permitido realizar las visitas. El problema nunca se ha solucionado y mucho menos se ha castigado a los responsables.

El gobierno mexicano y sus instituciones de “salud” y “protección ambiental”, por más de 30 años, han sabido, y hoy saben, lo que las Industrias Peñoles han causado a la población de Torreón, pero al intocable Alberto Baillères, has sido protegido por los presidentes, ya sean del PRI, del PAN y de MORENA. Los distintos gobiernos no solo lo han protegido, también le han otorgado reconocimientos que desvían la atención de sus crímenes, tal como lo describe la revista Proceso en su artículo “Baillères: El Estado lo creó, el Estado lo premia”.

Peñoles llegó en 1996 despojando parte del territorio del ejido El Bajío ubicado en el municipio de Caborca, Sonora. Peñoles inició la extensión de la mina Herradura, que en 1997 llega a ocupar ilegalmente hasta 400 hectáreas del Ejido. Entre 2009-2011, bajo la operación de minera Penmont filial de grupo Fresnillo PLC, también de manera ilegal, se construye la mina Soledad- Dipolos. En 2017 Rosario Robles Berlanga, siendo Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria, extiende un título de propiedad a favor de Minera Penmont S de RL, sobre el predio “El Bajío”.

A lo largo de 26 años ejidatarias y ejidatarios de El Bajío han venido sufriendo desalojo; allanamiento por parte de la policía estatal y la Guardia Nacional con armas largas; criminalización (detenciones arbitrarias, encarcelamiento, demandas penales por despojo); secuestros; torturas; amenazas de muerte y el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz y Noemí Elizabeth López Gutiérrez en el 2018 y de José Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega en el 2021.

Después de presentar 67 juicios, en 2014 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28 a cargo del entonces magistrado Manuel Loya Valverde, emitió una sentencia a favor del ejido El Bajío en donde se dictamina que la mina tiene que pagar la renta de la tierra, devolver el oro extraído ilegalmente y resarcir los daños ambientales. A partir de ese momento la violencia se intensifica para las y los ejidatarios, ocho ejidatarios son levantados por efectivos del ejército y retenidos por 24 horas de manera ilegal. En esta detención les piden 100 mil pesos para liberar a cada ejidatario, liberan a 4 y los otros 4 son acusados de robo y portación ilegal de armas de fuego (armas sembradas por el ejército a los ejidatarios detenidos). Dos de ellos no hablaban español y los mandaron al penal de alta seguridad del Rincón, en Nayarit. El magistrado Loya Valverde ya no es ratificado por el senado para seguir en el TUA por su fallo.

Hasta el momento no se ha cumplido la sentencia. Toda esta falta de cumplimiento al estado de derecho
ha sido apoyada por gobiernos federales de varios sexenios, senadores y por gobiernos estatales de
Sonora, principalmente, por el de la exgobernadora Claudia Pavlovich.

En 2015 Andrés López Obrador, rechazaba rotundamente que se le otorgara a Alberto Baillères la medalla Belisario Domínguez, en ese momento dijo: “Baillères se ha hecho millonario al amparo de la mafia del poder”. El día de su muerte dijo: “Convivíamos, me invitaba a comer a su casa y hablábamos de la situación del país… En los últimos tiempos fue más estrecha nuestra comunicación…” Con lo que se confirma que entró al círculo de la mafia del poder.

¡NI PERDÓN NI OLVIDO, CASTIGO A LOS CRIMINALES DE CUELLO BLANCO!

Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Alberto Bailléres (Peñoles), Caros Sim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alonso Ancira (AMHSA) – Diario Noreste

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Oaxaca: SEMARNAT incumple mandato de protección ambiental y Principio Precautorio, poniendo en deliberado riesgo a comunicades de los Valles de Ocotlan

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Oaxaca: SEMARNAT incumple mandato de protección ambiental y Principio Precautorio, poniendo en deliberado riesgo a comunicades de los Valles de Ocotlan

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida contra la minería canadiense en Los Valles Centrales de Oaxaca- A 26 de enero del 2022

El 6 de Julio de 202 la SEMARNAT, después de una evaluación de impacto ambiental de llevó más de 9 meses, negó la autorización de ampliación, a la Compañía Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. empresa sudsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc., proyecto que lleva por nombre «San José II», que fue notificada a la empresa el 10 de noviembre del mismo año. Sin embargo, por las presiones que la empresa ejerció sobre la SEMARNAT y sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador un mes más tarde, la Secretaria de la SEMARNAT, María Luisa Albores da marcha atrás y autoriza el proyecto en diciembre, dejando a los pueblos y la protección ambiental de Valle de Ocotlán, Oaxaca, en total indefensión frente a una empresa que ahora tiene licencia para contaminar por otros 12 años.

La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto «San José II», resulta ser la manifestación de 81 obras que la empresa minera Cuzcatlán ya realizó, sin contar con las autorizaciones correspondientes y que actualmente se encuentran en operación:

  • Obras ejecutadas sin previa autorización en materia ambiental.
  • Obras con autorización, pero ejecutadas en sitios diferentes y superficies diferentes a las establecidas.
  • Infraestructura que no se ajusta a las superficies manifestadas en la MIA autorizada en 2009.

Lo anterior fue detectado por una inspección de vigilancia de la Profepa (de acuerdo al Acto No. PFPA/26.3/2C.27.5/002-17) que puso algunas sanciones y amonestaciones administrativas, pero no obligó a la empresa a cerrar, sino le pidió la elaboración de una MIA para la regularización de todas las obras.

El Resolutivo que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT emite el 6 de julio sobre este proyecto (debidamente fundada y motivada, según el mismo documento lo establece) determina: «La promovente no presentó los elementos técnicos científicos necesarios para establecer una certeza científica absoluta que garanticen la viabilidad ambiental del proyecto…» «… que el proyecto no cumple con los requisitos mínimos señalados en el artículo 13 fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII del RLGEEPAMEIA, ya que la información presentada, en materia de impacto ambiental no permite a esta autoridad tener certeza o exactitud científica de los impactos y riesgos ambientales que implica el proyecto, vulnerando el derecho humano de las comunidades de su zona de influencia a un medio ambiente sano consagrado en el artículo 4° Párrafo 5° de la CPEUM…» Esto entre muchas otras justificaciones que impiden autorizar el proyecto hace seis meses.

El documento también habla de la importancia de la Prevención, Equidad Intergeneracional, del Principio Precautorio, del Principio de Progresividad, el Principio de No Regresión, Responsabilidad y Congruencia; además cita varias tesis de jurisprudencia que apoyan la observación y la aplicación obligatoria de dichos principios.

Después de haber visto la nota de que en diciembre pasado la SEMARNAT da marcha atrás y autoriza el proyecto, nos preguntamos ¿Bajo qué argumentos se autoriza el proyecto en el lapso de un mes? ?Será que los fundamentos y motivos en los que se basó la DGIRA de la propia SEMARNAT para negar el proyecto, a la Secretaria no le fueron suficientes y verdaderos? ¿Cuáles son sus fundamentos y motivos para autorizar un proyecto que ya había sido negado? ¿De qué sirve tener una Dirección de Impactos y Riesgos Ambientales si los proyectos se van a autorizar de acuerdo a las presiones de los promoventes?

Con esta decisión, la Secretaria María Luisa Albores incumple el mandato para el que fue contratada, que es el cuidado y proyección ambiental en este país. Acepta la burla de la empresa Cuzcatlán, filial de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines, que incumple y violenta perversamente los lineamientos que le fueron impuestos, a sabiendas de que no va a pasar nada. Acepta que las empresas mineras hacen su voluntad e imponen sus leyes y reglas frente a los gobiernos. Deja en total indefensión a las comunidades del Valle del Ocotlán, que desde hace muchos años están sufriendo los impactos, contaminación, violencia, vejaciones, despojo y devastación de sus territorios por esta empresa minera. Reconoce con esta acción que el haber «atendido» a las y los afectados fue simplemente una simulación para ganar tiempo y lucirse ante la opinión pública.

Así mismo María Luisa Albores incumple su obligación como funcionaria pública, aplicando el Principio de Regresión y pasando por alto los Art. 1° párrafos tercero, cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), Art 28, 30 y 35 de Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LEGEEPA), Art 45 del Reglamento de la LEGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (RLGEEPAMEIA), El Principio (Precaución) de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas, así como todos los enlistados en la página 81 del Resolutivo de la DGIRA de la propia SEMARNAT No. SGPA/DGIRA/DG/03305, del 06 de julio del 2021.

Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería damos nuestro total respaldo a los Municipios de San Pedro Apóstol, San Pedro Mártir y todos sus ejidos y comunidades que siguen luchando para declarar sus territorios libre de minería y exigiendo que las autoridades responsabilicen a las empresas mineras por los daños que generan a su agua, sus tierras y su salud. Por otro lado, responsabilizamos directamente a María Luisa Albores, a Andrés Manuel López Obrador y a la empresa minera Fortuna Silvers Mines Inc. y a su filial Compañía Minera Cuzcutlán de las afectaciones a la salud y al ambiente que sufran las comunidades a las que la mismo María Luisa Albores, en respuesta a las presiones de la empresa, está imponiendo un proyecto devastador.

¡FUERA MINERA CUZCATLÁN DE VALLES CENTRALES!

¡ALTO A LA SOBERBIA DE LAS MINERAS!

¡RESPETO A LOS TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Ilustrativa de la Web

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Comunicado del Pueblo Creyente a 11 años de la Pascua de jTatic Samuel Ruíz

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Les compartimos el comunicado del Pueblo Creyente – A 25 de enero del 2022

DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE

A la sociedad civil

A las diferentes creencias religiosas

A los tres niveles de gobierno

A  los medios de comunicación

A los hombres y mujeres que construyen la paz.

“… Mantener una constante práctica de análisis de la realidad, con sus luces y sombras, que nos permitan un mejor entendimiento y sensibilidad de la problemática social que se vive, de los esfuerzos que se hacen para construir una alternativa y tener una claridad de conciencia para actuar responsablemente ante los engaños del sistema dominante”. (Carta Pastoral ¡Caminemos Juntos a la luz del Señor! #54).

El año pasado por la situación de la pandemia por Covid-19 no pudimos celebrar nuestra peregrinación de la manera acostumbrada cada año. Hoy nuevamente como Pueblo Creyente peregrinamos este día, celebrando los 11 años de la Pascua de Jtatic Samuel Ruíz García, profeta del pueblo que sufre y que entregó su vida de manera generosa a esta diócesis; y los 2 años de haber sembrado la Carta Pastoral de nuestro obispo Rodrigo Aguilar: ¡Caminemos juntos a la luz del Señor!

La pandemia ha traído como consecuencias en nuestro país el alza de precio de la canasta básica, del gas L.P., de la gasolina y otros servicios indispensables. Subió el precio del pasaje a las comunidades lo cual aumenta el precio de los productos del campo. También se ha visto en los pueblos y ciudades el aumento de comercios ambulantes y bazares de ropa americana. Existe desempleo y falta de oportunidades para progresar. Nuevas variantes del covid-19 han surgido. Y la posibilidad de una nueva crisis económica mundial está a la puerta.

Como Pueblo Creyente nos unimos, en este día, para manifestar todos los atropellos e injusticias que viven nuestros pueblos y comunidades, sobre todo la inseguridad, la violencia y la disputa territorial provocada por el crimen organizado, ante las cuales las autoridades de los tres niveles de gobierno se ven rebasadas, permisivas y coludidas por el sistema de control que el crimen organizado ejerce en el territorio nacional. Lo cual trae consecuencias muy fuertes para nuestros municipios y nuestros pueblos como: la narcopolítica, la drogadicción en los ejidos, el aumento de cantinas, robos de carros y motos, asesinatos. Así como supuestos problemas agrarios en Ejidos y Rancherías, o entre pueblos, como el caso más conocido de Santa Marta y Aldama. También la amenaza y asesinato a líderes sociales y comunicadores sociales, así como amenazas a Agentes de Pastoral de nuestra Diócesis.

En el asesinato del hermano catequista y compañero Simón Pedro todavía no se ve la acción de la justicia.

Se ha evidenciado más en este último año la desaparición de personas, niñas-niños, hombres y mujeres, de diferentes edades. Y por el miedo a represalias y el no ejercicio del Estado de derecho la gente no denuncia. También se provoca la lucha de poderes de organizaciones, manipuladas por partidos políticos, caciquismo y empresariado. Un sistema neoliberal que busca el control del territorio y los recursos, a toda costa, con tal de obtener la máxima ganancia. Seguimos observando la tala inmoderada de árboles y el tráfico de los mismos, sin que las autoridades correspondientes hagan algo.

Como Pueblo Creyente denunciamos y rechazamos la corrupción política, el tráfico de influencias, la impunidad, el tráfico de migrantes y la militarización de los pueblos.

Queremos justicia, que actúe el gobierno y no pasa nada, pero si nosotros nos comprometemos podemos hacer algo.

Ante la situación que se vive la Sociedad Civil organizada ya está haciendo algo. Las mujeres han logrado prevalecer y organizarse en las comunidades, lo cual hace visible la importancia de su protagonismo en la historia. Nosotras y nosotros nos unimos también a esta lucha en la construcción del Buen Vivir.

Ha aumentado el flujo de migrantes de distintos países y sobre todo de Haítí, en diferentes rutas de nuestro estado de Chiapas. Estos últimos tienen problemas para comunicarse porque muchos no entienden ni hablan el español.

Algunas y algunos migrantes son empleados en negocios, también como barrenderos y peones.

Todo este éxodo migratorio hace que la Pastoral de Movilidad Humana redoble sus esfuerzos en el apoyo solidario a estas hermanas y hermanos. Pero a la vez existen también amenazas e intimidaciones contra personal que colabora en las casas de migrantes coordinados por Agentes de Pastoral de nuestra Diócesis.

Por otra parte nos enteramos con tristeza, coraje e indignación de la muerte de 58 migrantes, en el tramo carretero Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, provocado por llevar ocultos en un tráiler a más de 100 migrantes. Con lo cual se evidencia la otra cara del crimen organizado.

La Arquidiócesis de Tuxtla en su comunicado decía: “Un lamentable hecho como este, no hace sino mostrarnos, una vez más, el terrible drama que cotidianamente viven los migrantes en su paso por nuestra tierra. Además, pone en evidencia la corrupción que aún prevalece en torno al tema migratorio. ¿Cómo es posible que un tráiler lleno de migrantes pase desapercibido por los puntos de revisión? ¿Cómo es posible que se permita que decenas de personas viajen en esas condiciones inhumanas, poniendo en peligro sus vidas? ¿Qué autoridades están coludidas para que sucedan estas cosas?

Hacemos un enérgico llamado a las autoridades para que esclarezcan este lamentable hecho y establezcan los mecanismos para que situaciones como estas no se repitan. Es momento para que se establezcan condiciones para la tan anhelada “migración segura, ordenada y regular”, que tanto se necesita en medio de esta crisis humanitaria.

La sangre de estos hermanos clama al Cielo; la corrupción institucionalizada clama al Cielo; la indiferencia ante el dolor de los migrantes clama al Cielo”.

Otro aspecto que afectó a nuestras comunidades en 2021 es el covid-19,  y a finales del año enfermedades como tos y gripe que se parecen al covid, a veces se puede controlar y a veces no. No se sana con medicinas o jarabes.

Como Pueblo Creyente hemos mantenido nuestra convicción del respeto a la Madre Tierra y la defensa de Tierra y Territorio. Cada vez se nos dificulta hacer conciencia de esto en  nuestras comunidades pero seguiremos firmes en hacerlo.

También continuamos construyendo alternativas de Acuerdos Comunitarios que den vida a nuestros pueblos y que no nos dejemos absorber por la “globalidad de la indiferencia” como nos dice el Papa Francisco (cf. Mensaje para la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2016).

Como Pueblo Creyente nos comprometemos a corresponsabilizarnos en la búsqueda de la seguridad comunitaria. Por lo cual también procuraremos de manera urgente articularnos más entre áreas, instancias, grupos y organizaciones, en la búsqueda del Bien Común.

Hacemos un llamado a todas las personas, sin importar su credo religioso, a reconocer  la importancia de la vida comunitaria, que nos heredaron nuestros abuelos y nuestras abuelas, comprometernos y organizarnos para la defensa de la vida en nuestros pueblos, buscando recuperar nuestros valores y el camino de fe que Dios nos señala para vivir en un mundo de hermanos y hermanas. Y abrirnos en la búsqueda de caminos de esperanza junto con los pueblos de otros países.

Pedimos sabiduría al Corazón del Cielo y Corazón de la Madre Tierra para saber cómo acompañar los procesos de los pueblos y que surjan profetisas y profetas, individuales y colectivos, que acompañen al pueblo en las diferentes dimensiones que abarcan al ser humano. Y ser un signo de esperanza de esta transformación que Dios quiere para la humanidad “cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia” (2Pe 3,13).

Buscaremos alternativas para caminar como Iglesia Diocesana en la exigencia de la sinodalidad a la que nos está empujando el Ch´ul Espíritu.

Como Pueblo Creyente seguimos decididos y decididas a seguir construyendo una alternativa ante la violencia e inseguridad.

Como Pueblo Creyente Invitamos a todos los pueblos a construir juntas-juntos la justicia y la esperanza.

“LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES”

Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas

A 25 de enero de 2022.

Imagen: SERAPAZ México y Diócesis de San Cristóbal

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Boletín WRM 259: Frente a las imposiciones del capital, ¡la lucha continúa!

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Compartimos el Boletín 259 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A Dic 2021

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos:
Un activista y periodista en Indonesia; Colectivo Aguayala, Argentina; la plataforma REDD-Monitor; y miembrxs del Secretariado Internacional del WRM.

>>Lee aquí<<

Nuestra opinión:

La siembra de lucha y articulación colectiva

Les invitamos a reflexionar junto a una militante que desde sus procesos de lucha en Brasil, explora los procesos de resistencia y los desafíos que enfrentan. En esta reflexión, les invitamos además a sumarse a la resistencia colectiva, sean cuales sean sus propios contextos y espacios de organización. ¡La lucha continúa y la lucha es una!

Foto: Ruy Sposati/Repórter Brasil

El WRM, en su rol de acompañar y apoyar las luchas populares y de base en defensa de los territorios y bosques, ha venido escuchando y aprendiendo de los numerosos encuentros, intercambios, diálogos y visitas con nuestras aliadas y aliados en diferentes regiones del Sur y Norte global. En este andar, hay además una profunda admiración por las innumerables y diversas resistencias que se levantan y se sostienen a pesar de las dificultades más inimaginables.

Es a pesar de la violencia que se viene ejerciendo contra sus territorios y contra sus vidas; de la inmensa presión y múltiples planes para expandir aún más el modelo extractivo bajo slogans de ‘soluciones verdes’; del acoso y violencia sexual que sufren muchas mujeres y niñas que viven dentro y alrededor de concesiones extractivistas, en particular de las plantaciones industriales de monocultivo; de la contaminación de sus suelos, alimentos y fuentes de agua; de la intimidación y criminalización; de la marginalización y el racismo estructural; y de tantos otros. Es a pesar de todo esto que las luchas continúan y es a pesar de todo esto que se puede nombrar a la esperanza.

Les invitamos a leer una reflexión muy importante de una mujer militante del Movimiento Interestadual de Quebradoras de Coco Babasú, Rosalva Gomes, quien convive con y depende de la recolección de cocos de palmera babasú para subsistir. Ella compartió sus experiencias y aprendizajes sobre la resistencia y sus desafíos, durante un encuentro con líderes y representantes de comunidades en Mozambique, Tanzania y Brasil afectados por las plantaciones industriales de árboles.

“No hay una receta prefabricada para resistir. Depende de cada territorio, del alcance de cada territorio, dependerá mucho de la fortaleza interna de cada territorio y de la especificidad de cada país, estado y comunidad. Pero existe una estrategia unificadora. Porque de una cosa estamos seguros, si no aportamos fortalecimiento, uniendo fuerzas, sufriremos impactos muy grandes, aún mayores. Ya estamos atravesando muchas dificultades. La unión de las fuerzas entre comunidades y organizaciones es uno de los caminos.”

Refiriéndose a la fábrica de Suzano Papel y Celulosa, en Imperatriz, estado de Maranhão, Brasil, que desde 2014 produce anualmente alrededor de 1,65 millones de toneladas de celulosa y 60 mil toneladas de papeles sanitarios, y que junto con las carreteras, el constante transporte de madera y la afluencia masiva de trabajadores, ocasiona mucha devastación para las poblaciones de la zona, nos cuenta:

“En la comunidad de Curvelandia, acá cerca de Imperatriz, de trabajadoras  y trabajadores rurales, comenzó el conflicto con los camiones que transportaban troncos de eucalipto. Antes, estos camiones pasaban por un camino atrás de la comunidad, pero ahora querían pasar a través la comunidad. El primer día, la comunidad se organizó, se juntó y cerró la vía. La policía llegó con aire de superioridad, queriendo proteger a la empresa. Pero la comunidad cerró el camino. Llegó la empresa, se iniciaron las negociaciones y la comunidad exigió una reunión, porque no estaba siendo escuchada. Luego de mucha insistencia, se dio una reunión con la empresa Suzano, le pidieron que los camiones ya no pasaran por allí. Mientras tanto, las organizaciones de apoyo estaban pensando formas de comunicar y alertar sobre ese caso. Porque algo que no les gusta a estas empresas es la visibilidad de sus crímenes. Hicimos un video contando la historia, armamos una denuncia y ahora la estamos remitiendo al consejo nacional de derechos humanos. Los camiones se redujeron. Pero la empresa trató de intimidar, estaba mirando, dando el mensaje de ‘estamos alerta’.

¿Cómo lograron esto? Toda la gente de la comunidad participó, habían hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, todos en la comunidad. Firmaron una petición, archivaron un protocolo en el municipio. No consultaron a nadie. Es un proceso lento. El levantamiento tiene que empezar desde adentro hacia afuera. No hay mayor fuerza que esa. Las organizaciones de apoyo ayudan mucho, pero esa fuerza desde adentro, esa dedicación, esa constante advertencia, ese saber cómo advertir, el dejar el mensaje, articular a tal o cual persona para participar… Ese camino nuestro tiene una fuerza mucho mayor, fortalece a las fuerzas que nos ayudan.

Entonces, hablamos de resistencia, de resistencia, pero necesitamos encontrar la manera de enfrentarlo, porque muchas veces solo soportamos, ¿no es cierto? Pero hay que afrontar nuestras situaciones, tener en cuenta nuestros propios contextos, imponernos de alguna manera.

La siembra de lucha y articulación colectiva son dos estrategias, según las especificidades de cada región y país, que vemos que sí funcionan.”

¡Seamos todas y todos parte de la resistencia colectiva desde nuestros propios contextos y espacios de lucha!

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FRENTE A LAS IMPOSICIONES DEL CAPITAL, ¡LA LUCHA CONTINÚA!

RECOMENDADOS

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Imagen: Ruy Sposati/Repórter Brasil y Publicidad de Arbaro Fund.

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Podcats: El Despojo Mata

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Les compartimos esta seria de podcats de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A diciembre 2021

El Despojo Mata

Empresas Transnacionales y violaciones de Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe presenta su nuevo podcast, denominado “El despojo mata”.

En cada episodio contamos casos de empresas transnacionales que violan los Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe.

Episodio 2. Honduras

En agosto de 2018, tras la contaminación de los ríos Guapinol y San Pedro, provocada por el proyecto minero de Los Pinares en el Municipio de Toca, Departamento de Colón, y ante la falta de respuesta por parte del Estado, un grupo de pobladores/as de la comunidad instaló en el parque nacional Carlos Escaleras en Honduras, el campamento por “la defensa del agua y la vida”. El resultado: más de 30 detenciones y el encarcelamiento de 8 defensores.

Algo similar sucedió en Reitoca, cuando en agosto de 2021 detuvieron a 5 defensores del Río Petacón.

Para conocer de cerca estos casos, en este segundo episodio nos trasladamos a Honduras.

Agradecemos especialmente al Dr. Juan Almendarez, del Movimiento Madre Tierra – Amigos de la Tierra Honduras y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), por compartir su testimonio con nosotros/as.

El despojo mata es posible gracias a Amigos de la Tierra Internacional. Queremos destacar su invalorable aporte para que este proyecto sea una realidad.

Una realización original de Tristana producciones para ATALC.

>>Escucha aquí<<

Créditos:
Narración: Miranda Carrete
Guion: Florencia Flores Iborra
Mezcla de sonido: Belén López del Río
Diseño gráfico: Eolio Producciones
Música: Artlist
Producción general: Danilo Urrea y José Elosegui.

Audios de archivo: Encuentro de los Pueblos por el Agua, Honduras: los migrantes de la sed. Edición 17Feb2019 – France 24. Indígenas hondureños en resistencia contra hidroeléctrica – AFP Español. Honduras: pobladores de Reitoca rechazan construcción de hidroeléctrica. Edición 09Ene2020 – TeleSUR tv. Las mujeres de Reitoca dicen NO a los proyectos extractivos y NO a la hidroeléctrica & Conoce la lucha de Berta Cáceres en Honduras – TeleSUR tv.

Episodio 1. Caso Fraport y Brumadinho

En este primer episodio viajamos a Brasil. Desde comienzos del 2018, la empresa alemana Fraport está atacando la comunidad de Vila Nazaré para ampliar el Aeropuerto Internacional Salgado Filho.

En enero de 2019, en tanto, la represa de la compañía minera Vale se rompió, derramando cerca de un millón de metros cúbicos de lodo sobre los empleados y los habitantes de Brumadinho.

Para conocer de cerca estos casos le invitamos a que escuche el primer episodio de nuestro podcast. Agradecemos especialmente a Fernando Campos Costa y Letícia Paranhos, de Amigos de la Tierra Brasil, y a Tchenna Maso, del Movimiento de Afectados por Represas de ese país (MAB, por sus siglas en portugués) por compartir sus testimonios con nosotros.

“El despojo mata” es una realización original de Tristana producciones para ATALC, y es posible gracias a Amigos de la Tierra Internacional. Queremos destacar su invalorable aporte para que este proyecto sea una realidad.

>>Escucha aquí<<

Créditos:
Narración: Miranda Carrete
Guión: Florencia Flores Iborra
Mezcla de sonido: Belén López del Río
Diseño gráfico: Eolio Producciones
Música: Artlist
Producción general: Danilo Urrea y José Elosegui

Audios de archivo: Nazaré unida na luta, Capítulo 1 – Amigos da Terra Brasil. Ruim pra quem sai, pior pra quem fica: os futuros incertos das famílias da Vila Nazaré – Amigos da Terra Brasil.

Sonora: Ejidatarios de El Bajío piden resolución a sentencias contra minera Pelmont

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Compartimos esta nota publicada en Canal Once sobre la lucha por la vida y en contra de la minería en Sonora – A 10 de enero del 2022

Fuente: María Fernanda Ruiz , Edición: David Pérez de la O

Desde la madrugada de este lunes, al menos 90 ejidatarios provenientes de el Ejido El Bajío, ubicado en Sonora, se dieron cita en el Zócalo de Ciudad de México, para exigir la resolución de las 67 sentencias que continúan pendientes en contra de la minera Penmont, subsidiaria de la empresa Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Baillères –dueño de El Palacio de Hierro, accionista del Grupo Peñoles y GNP Seguros–.

Ejidatarios que salieron de Sonora, hacia Ciudad de México, desde el pasado viernes, se manifestaron en Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador la resolución por el caso de El Bajío.

En entrevista con Once Noticias, Jesús Thomas, representante ejidal, señaló que las sentencias tienen 8 años y no se han ejecutado.

En ese lapso de tiempo se han suscitado distintos eventos de extrema violencia, entre los que sobresale el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez, todas las personas son de El Bajío.

El presidente ejidal Jesús Thomas denunció, a Once Noticias, que otras personas del ejido han sido encarceladas injustamente y otras han sido ‘levantadas’ y torturadas. Artículos relacionados

“La no ejecución es la que nos ha llevado a padecer todo esto. Si el Tribunal [Agrario] hubiera hecho su trabajo ya no estuviéramos padeciendo todo esto. Una vez que dictan las sentencias tienen 90 días para ejecutarlas y en este caso eso no ha ocurrido”, enfatizó Thomas a Once Noticias.

Asimismo señalan que prevalece presión por parte de la minera.

“Esas avionetas las manda la compañía minera con otros guardias que eran de la Policía Federal y los guardias de la minera. Yo creo que ellos quieren ver si hay menos gente para poder entrar, porque hay rumores de que quieren volver a entrar”, comentó.

Santiago, de 49 años, recordó que la primera vez que la minera salió del ejido fue en 2013, aunque luego volvieron en 2017, pero volvieron a sacarlos. En la actualidad resguardan El Bajío, para evitar que vuelva la empresa.

“A ver si nos apoya el gobierno para que las sentencias se ejecuten a nuestro favor, porque no estamos a gusto, han amenazado a nuestros compañeros y pues todo eso es por parte de la minera”, concluyó Santiago.

Por otro lado, al conversar sobre los avances en el proceso para destinar 18 mil hectáreas, de las 21 mil que conforman El Bajío, a la figura de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), Thomas dijo que han avanzado en el proceso, pero aún continúa en las instancias.

Al respecto señaló que la semana pasada, la Comisión Binacional Arizona-Sonora para la Conservación del Berrendo realizó un conteo que anunció que fueron avistados en El Bajío 163 ejemplares de berrendos, mamífero de pezuña más veloz del mundo, que estuvo bajo alerta de extinción en 1998, en el país.

“Eso significa que tenemos la mayor concentración de berrendos. Se explica porque hace 8 años logramos sacar a la minera, eso ha impactado de forma positiva, para que el berrendo vuelva a ser visto. En Pinacate se contabilizaron 85 y en Quitovac 331”, relató el presidente ejidal.

Los ejidatarios de El Bajío presentarán también escritos al Senado y al Tribunal Superior Agrario, para solicitar que se ejecuten las sentencias, que se respete al derecho humano de acceso a la justicia,  así como el esclarecimiento de los asesinatos.

Los ejidatarios, pese al frío de la ciudad, con sus enormes letreros exigen justicia y que la mina no vuelva al desierto.

La ocupación de la minera Penmont, en el Ejido se dio en 1991, comenzó sus exploraciones y enclavó tres proyectos mineros a cielo abierto en este territorio: Noche Buena (2012), Dipolos-La Soledad (2010) y La Herradura (1998).

En 2011, a través de una primera sentencia se determinó que la minera debía desalojar las tierras. Hasta 2013 se llevó a cabo la desocupación.

Desde entonces, 67 ejidatarios interpusieron denuncias por los daños causados al territorio.

Imagen: Canal Once

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