Compartimos este vídeo publicado en Educa Oaxaca sobre el aniversario 13 del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde – A 29 de julio de 2020
El 11 de julio de 2007 se constituye el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) ante la amenaza de represar el río Verde, uno de los ríos vivos más caudalosos del estado de Oaxaca. El COPUDEVER es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la sierra sur y costa oaxaqueña, donde participan autoridades tradicionales, autoridades agrarias y municipales, comités comunitarios, ciudadanos, ciudadanas, ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, también jóvenes y mujeres. La organización tiene la encomienda de proteger y salvaguardar los territorios, bienes naturales y culturales de los pueblos chatinos, mixtecos, afro oaxaqueños y mestizos de la región de la costa y sierra sur del estado de Oaxaca frente a los Proyecto Hidroeléctricos “Paso de la Reina” y “Río Verde”, además de otros proyectos extractivos. El COPUDEVER promueve la paz, el respeto a todas las formas de vida, la ayuda mutua, la comunidad, la noviolencia y la solidaridad entre personas y pueblos.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA a propósito del 6to aniversario de desastre minero en el río Sonora – A 10 de agosto de 2020
El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.
Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.
El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.
La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.
Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.
Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.
Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.
La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.
CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES
Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.
ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:
¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Río Sonora – Hector Guerrero – Pie de página
Compartimos esta nota publicada en El Universal sobre el desastre en el Río Sonora provocado por una mina de Grupo México que cumple 6 años – A 5 de agosto de 2020
Hermosillo.- Justicia, remediación y no repetición es el reclamo de los pobladores del Río Sonora, afectados el 6 de agosto de 2014, cuando una inmensa laguna de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, con alrededor de 20 kilómetros a la redonda de lixiviados, sufrió una rotura en una de las piletas de almacenamiento.
En el hecho se vertieron a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas.
Atravesaron desde Cananea por los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.
Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, y se contuvieron en la Presa El Molinito, que abastece de agua potable a miles de hermosillenses.
Además de dejar enfermeades, se contaminaron los pozos abastecedores de agua potable, los cultivos y el ganado.
Para atender la emergencia ambiental y sanitaria derivada de este derrame, el 11 de septiembre del 2014, Grupo México creó un fideicomiso, operado junto con el gobierno federal, por 2 mil millones de pesos pero solo gastaron 61% de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017, por decisión unilateral sin considerar a los afectados.
En marzo de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto la extinción de Fideicomiso Río Sonora e hizo público el engrose de la sentencia del asunto 640/2019, así como la conclusión del programa de remediación ambiental.
Ante este ecocidio ocurrido hace 6 años, está el deseo de más de 22 mil damnificados que anhelan atención médica y agua limpia.
Exigen atención al presidente López Obrador
Este aniversario coincide con la visita al sur del estado del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que María de Jesús Maldonado Moreno hizo un llamado al mandatario y le pidió voltear al Río Sonora «que también es México».
“A seis años del desastre ecológico más grande de México, levanto mi voz por todos los afectados del Río Sonora, a nombre del que fue mi esposo Apolonio Fimbres, él que luchó en todos los niveles y sólo pedía justicia, por lo que por derecho nos tocaba, como una clínica para atender a los afectados por la contaminación de las aguas, también pedía agua limpia, ya que las potabilizadoras jamás fueron instaladas y un resarcimiento económico para poder salir adelante. Mientras que Grupo México se ahoga en dinero, nosotros no contamos ni con agua limpia, ni con atención a nuestra salud, prácticamente quedamos en el olvido”, reclamó.
Por su lado, Maura Gutiérrez Pineda, de la comunidad de San Rafael de Ures, recordó que estuvo en la lucha desde el inicio e incluso participó en la toma de las instalaciones de Grupo México en Cananea de donde se derramaron los metales venenosos hacia los ríos Bacanuchi y Sonora.
“Llegaron los soldados y nos sacaron, Grupo México no nos ayudó, yo no sé el Presidente qué piensa. Nosotros somos pobres, no tenemos nada, dejé mi casita para irme a luchar, nunca nos dieron nada. Estamos muy necesitados mi esposo murió, mi hijo está enfermo y aquí estoy batallando, ya no puedo trabajar me duele el cuerpo, señor Presidente”, expresó la mujer.
Reyna Castro Longoria, doctora en Ecología que desde el derrame mantiene una lucha ambiental en las comunidades a lo largo del Río Sonora, dijo a EL UNIVERSAL que quisiera preguntar al Presidente «¿cuál es el trabajo que han realizado los secretarios de Estado a quienes ha girado instrucciones en pro del resarcimiento y la remediación?».
“¿Dónde quedó la promesa de un hospital en Ures?, seguimos en la lucha, la remediación es tan urgente como como la reactivación económica e implementación de programas sociales”, señaló.
“Llamamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, a dar una respuesta clara para los ríos Sonora y Bacanuchi y su gente. Exigimos participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de nosotras y nosotros”, expusieron los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS).
Además, exigieron acceso a la información y transparencia total sobre las inspecciones de la Profepa a la presa de jales de Grupo México, que las autoridades prometieron hace más de un año. «Demandamos que se cancele la megapresa, cuya construcción violó nuestro derecho a la participación y cuya presencia en la región llena de angustia y temor a las comunidades», señalaron.
Reconoce Semarnat incumplimiento a pobladores
“Luego de seis años del derrame hay acciones que aún no se han realizado y persiste la incertidumbre y la zozobra entre los habitantes de los municipios afectados”, reconoció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
La Semarnat se comprometió a trabajar para resolver lo que le corresponde estableciendo un diálogo claro con los pobladores, las autoridades locales, el gobierno del estado y Grupo México.
Informó avances para dar atención a las demandas de las comunidades: “Desde el año pasado, la dependencia federal ha mantenido el diálogo con las comunidades, con los tres niveles de gobierno, el sector académico y Grupo México con el objetivo de recuperar la confianza, tras años de promesas incumplidas por parte de la pasada administración”.
En lo que se refiere a los amparos promovidos por 36 personas de varios de los municipios, respecto al manejo del Fideicomiso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está en espera de lo que emita el Juez de Distrito para dar cumplimiento, por lo cual en estos meses el organismo se concentró en la elaboración de una plataforma que será de mucha ayuda para dar celeridad a los procedimientos.
La plataforma integra datos de las personas que recibieron beneficios y de las cantidades totales que se erogaron, las cuales se refleja que fueron inferiores a las inicialmente señaladas y que la suma entregada no cubre los dos mil millones comprometidos por la empresa. Esta base de datos permitirá cotejar la información con la que presenta Grupo México, reveló.
Residentes de la comunidad de Bacanuchi exigieron el cierre de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, cuya capacidad es de 2 mil 40 millones de metros cúbicos (m3) para contener tóxicos; más de 8 veces de capacidad de la presa El Molinito de Hermosillo, que puede almacenar 219 millones de m3, y en este contexto, un derrame sería fatal para más de un millón de sonorenses.
Al respecto, informó que en cumplimiento al mandato de la Corte y a lo establecido por el Juzgado Noveno de Agua Prieta sobre la restitución del derecho a la información sobre este proyecto del Grupo México, la Secretaría realizó tres reuniones en la plaza pública de Bacanuchi, el 5 de junio y 6 de septiembre del 2019, y el 25 de enero de este año. Asistieron más de 300 personas, entre las que estaban las que recibieron el amparo, población de la comunidad y representantes de comités de los municipios de la cuenca del Río Sonora.
Como resultado de estos acercamientos, además de brindar información amplia y accesible a la comunidad sobre el análisis técnico y la normativa para otorgar la autorización, también se retomaron las propuestas de la comunidad para ampliar las medidas de mitigación y compensación con el fin de garantizar mejores condiciones de seguridad a la comunidad y de protección a la flora y fauna nativa. El acta circunstanciada fue entrada la Juzgado Noveno de Distrito para su valoración y se espera su resolución.
Compartimos esta nota publicada en el Diario Formato Siete sobre la minería en Veracruz – A 22 de julio de 2020
En Veracruz los trabajos de las mineras no han parado ni con la pandemia generada por el coronavirus Covid-19, advirtió el integrante de La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida), Emilio Rodríguez.
En el marco del Día Contra la Megaminería a Cielo Abierto, el activista indicó que en zonas como Actopan en donde el proyecto minero “El Cobre” sigue en marcha y la empresa Candelaria Minning Group sigue convenciendo a pobladores para que den su anuencia a este tipo de proyectos con la promesa de realizar acciones que son de competencia municipal.
“Sí están realizando trabajos especialmente en El Cobre, sobre todo con convencimiento de pobladores, prometen mejora de caminos, pintura, situaciones que le competen a los municipios”, dijo.
Recordó que en el país el 13 por ciento de su superficie está concesionada a mineras, y en el caso de Veracruz es el 3 por ciento del territorio en el tiene proyectos concesionados focalizados en cuatro regiones.
“Pareciera que es poco, pero están en zonas de alta importancia cultural para el estado, con presencia de comunidades originarias, estamos preocupados por estos temas”.
En el sur, los proyectos mineros incluyen a regiones de Los Tuxtlas y la Sierra de Santa Marta; en la zona costera central en Actopan y Alto Lucero.
Además de proyectos que impactarían en uno de los ríos más limpios del estado, el Bobos, así como la ribera del Actopan en los municipios de Las Minas y Tatatila y la cuarta región con proyectos se ubica en sierra norte de Veracruz, en Huayacocotla.
Se trata de concesiones emitidas en 2000 y 2005 con permisos de 50 años y que son renovables por otros 50 años; los dos proyectos más avanzados son la mina Caballo Blanco “La Paila”, ahora divido en dos, que incluye El Cobre.
El otro proyecto que está avanzado es en Las Minas y Tatatila, cuya mina se denomina como los municipios “Las Minas y Tatatila” y que está en etapa de exploración final, por lo que es posible que el próximo año ingresen su Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para solicitar permisos para explotación.
Por ello, insistió en que la Ley Minera en el país es ilegal y que por tanto no basta la declaración del gobernador Cuitláhuac García ni del presidentes de la República, Andrés Manuel López Obrador, si no emiten un decreto en el que se prohíba la minería a cielo abierto en el país y en el estado.
“No nos han dicho nada, sólo las declaraciones públicas, son responsables de la seguridad y ambiente de los veracruzanos, tienen las facultades para emitir controversias constitucionales por leyes lesivas como la Ley Minera”.
Recordó que hasta ahora han logrado que siete cabildos declaren a sus municipios como libres de minería tóxica, entre los que se encuentran Huayacocotla, Mecayapan ,Soteapan, Alto Lucero, Actopan y el más reciente Naolinco.
Compartimos este vídeo de Avispa Midia sobre la minería en Oaxaca – A 29 de julio de 2020
El pasado 10 de julio, mujeres y hombres de la comunidad de Magdalena Ocotlán, Oaxaca, ubicada al sur de México, se alertaron por una nueva contaminación en las aguas que bebe su ganado y de dónde se nutren sus cultivos.
La comunidad tomó acciones intuyendo que está contaminación recae en la responsabilidad de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, la cual se encuentra a menos de 300 metros explotando diariamente, a través de túneles, más de 8 millones de onzas de plata y 50 mil onzas de oro.
En 2018 se registró una de las contaminaciones más severas de esta mina, al derramarse la presa de jales (estructura que contiene residuos de la explotación de los minerales). En 2019, cuándo Andrés Manuel López Obrador (Amlo), presidente de México, se dirigía de visita a otra comunidad los campesinos de Magdalena Ocotlán le cerraron el paso para exponerle está contaminación.
¿Qué fue lo que dijo?
En este video-documental recogemos las voces de la comunidad de Magdalena Ocotlán y la voz de Amlo a su paso por esta comunidad.➜ https://bit.ly/306zhYW
David Castillo, uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, fue capturado el 2 de marzo de 2018, el término de su prisión preventiva vence el próximo 2 de septiembre de 2020, luego de 2 años y medio en que el sistema de justicia hondureño no ha desarrollado el juicio correspondiente.
Este retraso se debe a las acciones dilatorias desarrolladas por parte de la defensa de Castillo como parte de una estrategia para postergar el proceso judicial y aprovechar este tiempo para influir en decisiones que permitan la impunidad. Esto con la permisividad de las autoridades del poder judicial. Las acciones de la defensa de Castillo buscan terminar con la prisión preventiva y dejarlo en libertad.
Corte de apelaciones negó reciente recurso a Castillo.
Recientemente la Corte de Apelaciones ha negado el último recurso interpuesto por la defensa de Castillo para retrasar el proceso judicial, se ha negado la apelación con la que Castillo y sus asociados pretenden eliminar las pruebas que demuestran su culpabilidad y su vinculación como asesino y miembro de la estructura criminal que asesinó a Berta Cáceres.
Maniobras dilatorias de parte de la defensa de Castillo
Las maniobras dilatorias en este proceso iniciaron desde el primer momento, luego de la audiencia inicial un recurso de apelación estuvo pendiente sin trámite en el juzgado de letras por cerca de 7 meses. Preocupa a las víctimas y al pueblo Lenca que desde el inicio haya sido permitido por parte de la jueza del caso la actuación dilatoria.
La audiencia preliminar es el momento previo a la etapa de juicio oral y público, esta debía realizarse en abril del 2019, sin embargo, en dicha fecha, la defensa de Castillo compuesta por Juan Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez, violó el correcto desarrollo de la audiencia al querer exponer un peritaje en un momento indebido, por lo cual el Ministerio Público interpuso una apelación que significó un retraso de 5 meses del proceso. La apelación fue resuelta en beneficio del correcto desarrollo de la audiencia y en contra de la defensa de Castillo.
La audiencia fue convocada de nuevo para el 25 septiembre de 2019, pero la defensa de Castillo no se hizo presente por lo que fue pospuesta para el 10 de octubre, fecha en que nuevamente fue suspendida debido a la presentación irregular de un recurso de apelación por la defensa. Todo el tiempo de dilatación, ha sido utilizado para hacer campañas e intervenciones en medios de comunicación afines, con el objetivo de victimizar a Castillo y mentir sobre las pruebas en su contra.
Las maniobras dilatorias han retrasado 1 año y 4 meses el desarrollo de la audiencia preliminar.
El tiempo perdido por culpa de las maniobras dilatorias no debe significar obstáculos para el correcto desarrollo del proceso, ni debe afectar el derecho de las víctimas al acceso a la verdad.La prisión preventiva contra David Castillo no se debe ver afectada por tales maniobras dilatorias.
¡Juicio sí, pero con garantías!
A menos de un mes que se cumpla el plazo de prisión preventiva, y con un panorama de corrupción e impunidad estructural agudizado por la crisis sanitaria del COVID19 es preocupante que mediante estas maniobras dilatorias se permita la libertad de Castillo sin que pague por sus crímenes.
Además, existe la amenaza, debido a las pérdidas de tiempo, de la realización de un juicio apresurado que no garantice justicia, verdad y reparación. Y que, por cuenta de la crisis sanitaria, tampoco se cuente con observación, permitiendo más irregularidades y asegurando la impunidad de Castillo, vínculo entre quienes ejecutaron el crimen y quienes lo pagaron.
El COPINH exige que el proceso judicial por el asesinato de la compañera Berta Cáceres contra de uno de los autores intelectuales cumpla con todas las garantías para la obtención de justicia, verdad, reparación y no repetición. No se deben permitir maniobras dilatorias que busquen la impunidad.BOLETÍN 2 AGOSTO-ES PARA DESCARGARDescarga
Les compartimos el informe de Global Witness sobre la situación de lasdefensoras y defensores de la vida durante el 2019 – A 29 de julio 2020
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático.
La crisis climática es posiblemente la mayor amenaza global a nuestra existencia. A medida que aumenta, muchos de los otros serios problemas en el mundo actual, empeoran – desde la desigualdad económica hasta la injusticia racial y la propagación de enfermedades zoonóticas.
Durante años, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han estado en la primera línea de defensa en contra de las causas e impactos del colapso climático. Una y otra vez, han desafiado a industrias irresponsables que arrasan descontroladamente bosques, cielos, humedales, océanos y zonas de biodiversidad en riesgo.
Sin embargo, a pesar de la evidencia contundente sobre la importancia de su rol y los incesantes peligros que enfrentan, numerosas empresas, financiadoras y gobiernos, fallan en proteger su importante y pacífica labor.
Nuestro informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana.
Hallazgos relevantes
Asombrosamente, más de la mitad de los asesinatos reportados el año pasado ocurrieron en dos países: Colombia y Filipinas.
Ambos países han registrado un aumento de ataques contra personas defensoras de la tierra y el medio ambiente desde 2018. En 2019 los asesinatos en Colombia alcanzaron los 64 activistas – el número más alto jamás registrado por Global Witness en el país. Informes muestran un aumento drástico de asesinatos a líderes comunitarios y sociales en dicho país en los últimos años.
La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado varias razones por las que la ola de violencia ha incrementado, entre ellas, los desafíos en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, incluyendo la reforma agraria y los programas para incentivar el cambio de cultivos ilegales a cosechas legales. Los movimientos resultantes de las dinámicas de poder interno están impulsando una mayor violencia.
Desde el 2018, Filipinas se ha vuelto cada vez más mortal para los activistas, y ha sido constantemente señalado como uno de los peores lugares en Asia por sus ataques a defensores.
Pero las cosas empeoraron aún más en 2019 con el incremento de asesinatos a 43. El implacable desprestigio de las personas defensoras por parte del gobierno, así como la impunidad generalizada de sus atacantes, podrían estar impulsando dicho aumento.
Más de dos tercios de los asesinatos ocurrieron en América Latina, clasificada constantemente como la región más afectada desde que Global Witness comenzó a publicar datos en 2012. En 2019 solo en la región amazónica ocurrieron 33 muertes. Casi el 90% de los asesinatos en Brasil fueron en la Amazonía. En Honduras, los asesinatos aumentaron de cuatro en 2018, a 14 el año pasado, convirtiéndose en el país per cápita más peligroso de 2019.
La minería fue el sector más letal, con 50 defensores asesinados en 2019. Las agro-empresas continúan causando destrucción, con 34 defensores asesinados, 85% de los cuales fueron registrados en Asia. La tala fue el sector con el mayor aumento de asesinatos a nivel mundial desde 2018, con un 85% más de ataques registrados contra defensores que se oponen a dicha industria y 24 personas defensoras asesinadas en 2019.
Europa sigue siendo la región menos afectada, con dos personas asesinadas en 2019 – ambas trabajaban para detener la tala ilegal en Rumania. Los pueblos indígenas siguen estando en mayor riesgo de represalias, con un 40% de víctimas pertenecientes a comunidades indígenas. Entre 2015 y 2019, más de un tercio de los ataques letales fueron contra pueblos indígenas – a pesar de representar tan solo el 5% de la población mundial. Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas eran mujeres. A menudo, éstas son la columna vertebral de su comunidad, y tienden a asumir mayor responsabilidad de cuidado de la niñez y familiares mayores, a la vez que tratan de ganarse la vida y trabajar como activistas. Las mujeres que actúan y alzan la voz pueden también enfrentar amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Si otros miembros de su hogar son defensores, también pueden convertirse en objetivos.
Debemos seguir a los líderes en primera línea contra la crisis climática
En promedio, cuatro defensores han sido asesinados semanalmente desde diciembre de 2015 – el mes en que se firmó el acuerdo climático de París, rodeado de esperanzas por una nueva era de progreso climático. Muchos más son silenciados con ataques violentos, arrestos, amenazas de muerte, violencia sexual o demandas judiciales.
Las agro-empresas y el petróleo, el gas y la minería han sido los principales impulsores industriales de este conflicto – y, a medida que talan nuestros bosques e inyectan dióxido de carbono a nuestra atmósfera, son también los sectores que nos empujan cada vez más hacia el implacable cambio climático.
Las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente juegan un papel vital en la protección de estos bosques y ecosistemas en riesgo climático crítico.
Investigaciones recientes muestran que comunidades indígenas y locales en todo el mundo están a cargo de bosques que contienen el carbono equivalente a 33 veces nuestras emisiones anuales. Incluso si esta cifra es impactante, probablemente sea una subestimación.
Al mismo tiempo, investigaciones indican con claridad que las tierras a cargo de pueblos indígenas tienen menores tasas de deforestación y mejores niveles de conservación que zonas de protección que los excluyen.
El lado oscuro de estos hechos es que las comunidades indígenas también sufren un número desproporcionado de ataques contra defensores. La desprotección en su tenencia de la tierra, las prácticas comerciales irresponsables y las políticas gubernamentales que priorizan las economías extractivas a costa de los derechos humanos, están poniendo en riesgo a estas personas y sus tierras.
El abordaje de estas problemáticas debería encabezar los esfuerzos mundiales para hacer frente al cambio climático. Pero tal como están las cosas, corremos el riesgo de perder una gran oportunidad. La pregunta para todos nosotros es si queremos construir un futuro mejor y más verde, para nuestro planeta y las personas. La respuesta está en las campañas y soluciones que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente han ido mejorando generación tras generación.
Recomendaciones
Debemos escuchar las demandas de las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, y amplificarlas.
Inspirados en su valentía y liderazgo, debemos presionar a los que están en el poder (empresas, financiadoras y gobiernos) para abordar las raíces del problema, apoyar y proteger a los defensores, y crear normativas que garanticen que los proyectos y operaciones se lleven a cabo con debida diligencia, transparencia y consentimiento previo, libre e informado.
Tú también puedes ayudar.
La agricultura a gran escala, la minería y la tala continúan ocasionando la mayoría de ataques contra personas defensoras del medio ambiente en todo el mundo.
Pero no tiene por qué ser así – estamos exponiendo a las empresas con prácticas irresponsables y a aquellas que las financian, instándolas a que tomen medidas para garantizar que sus operaciones no dañen nuestro medio ambiente ni a quienes se levantan para protegerlo.
Únete a nuestra campaña, defiende a las y los defensores de la tierra y el medio ambiente, amplifica sus causas y sus voces mientras nosotras trabajamos para el desarrollo de mejores normativas que regulen la actividad destructiva y devastadora del medio ambiente que ocasionan dichas empresas.
Banner image credit: Benjamin Wachenje / Global Witness
Les compartimos esta nota publicada en Página 3 sobre la minería en Oaxaca – A 27 de julio de 2020
PorPedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Por segunda ocasión, la empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines (FSM) fue denunciada por contaminar el agua en Valles Centrales y esperan que esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con su palabra de atender esta problemática y evitar que estos daños al medio ambiente no queden impunes.
Así lo denunció el Frente No a la Minería y el Colectivo en Defensa del Territorio, al tiempo que evidenció que los impactos ambientales producidos por la explotación minera de FSM-Cuzcatlán se han profundizado en los Valles Centrales, poniendo en riesgo el agua y la vida de comunidades de Valles Centrales.
El presidente municipal de Magdalena Ocotlán, Pedro máximo Aquino, fue mas contundente al pedir al gobierno federal y estatal que no autoricen mas permisos ambientales para continuar que la empresa minea siga operaciones en Valles Centrales porque “nos están sentenciado a una muerte segura con tantos metales pesados en la sangre, un cáncer”.
Razón por la que el Frente No a la Minería integrado por 12 comunidades entre ellas Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Matías Chilazoa, San Martín de los Cansecos, El Vergel, Los Ocotes, Santa Catarina Minas, San Dionisio Ocotepec y San Nicolás Yaxe, insistieron en rechazar la explotación de minerales en sus territorios.
Las autoridades de Magdalena Ocotlán denunciaron que el pasado 14 de julio, atestiguaron la contaminación de sus cuerpos de agua al constatar que un pozo de captación de agua pluvial, construido para recargar los mantos acuíferos presentó una coloración rojiza.
Detallaron que este pozo se encuentra aproximadamente a 300 metros de la planta de beneficio del proyecto minero.
Recordaron lo mismo sucedió en octubre de 2018, cuando se derramó la presa de jales contaminando el arroyo El Coyote, hecho que continua en la impunidad en la región.
Por lo pronto, las autoridades municipales de Magdalena Ocotlán han hecho una denuncia popular ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROFEPA) y exigen a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), intervengan para que realicen una investigación apegada a derecho y transparenten los resultados de los estudios que se han realizado con la finalidad de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Así como la reparación del daño de comunidades afectadas por la explotación minera.
Mientras, la compañía minera Cuzcatlán, empresa filial de Fortuna Silver Mines presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) un nuevo permiso ambiental para la continuidad de la extracción de minerales en los Valles Centrales de Oaxaca.
El documento denominado Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) Modalidad Regional “San José II” fue presentado el pasado 07 de julio de 2020.
En este documento Cuzcatlán-FSM expresa que “…su operación no supone un riesgo para ninguno de los objetos de conservación de estas áreas”, no obstante, la realidad que viven las comunidades es diferente porque “hemos constatado que en los últimos años existen daños irreparables a nuestro medio ambiente, donde el agua, principal líquido para nuestra supervivencia ha sido contaminado en dos ocasiones”.
Por tal motivo, las comunidades organizadas en el Frente No a la Minería rechazaron tajantemente cualquier actividad que tenga por objeto la explotación de sus bienes comunes.
Consideran que la presentación de esta nueva MIA desacata las determinaciones comunitarias expresadas en sus asambleas y actas de Territorio Prohibido para la Minería, mismas que respetan y retoman la legislación vigente en los ámbitos municipal, estatal y federal.
El Frente No a la Minería demanda a la SEMARNAT respetar y proteger nuestro derecho a la libre determinación, autonomía, territorio, salud y medio ambiente sano, por lo que exigieron nuevamente no autorizar dicho permiso.
Y es que FSM-Cuzcatlán, pretenden asegurar la explotación irracional de plata y oro por diez años más en los Valles Centrales, además de justificar obras ilegales dentro de San José del Progreso.
Es importante mencionar que en mayo de 2019 presentó un permiso similar a este, el cual fue negado por la SEMARNAT en enero de 2020. En esta segunda ocasión, en su “extracto” del proyecto, la empresa argumenta dolosamente que “San José II no se trata de un nuevo proyecto o ampliación del mismo, sino a obras previamente desarrolladas”. Advirtieron que autorizar dicho permiso representa una violación sistemática a nuestros derechos territoriales.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 31 de julio de 2020
Corte de Apelación declara NO A LUGAR la petición de nulidad de prueba interpuesta por la defensa de David Castillo y ordena que se continúe la audiencia preliminar.
La audiencia preliminar debió realizarse en abril de 2019, sin embargo, por maniobras dilatorias de la defensa no se ha culminado hasta la fecha. En esta se define si David Castillo pasa a juicio oral y público por su responsabilidad en el crimen contra Berta Cáceres.
Casi 10 meses han pasado desde que se suspendió por última vez dicha audiencia por acciones de la defensa y más de un año desde que tuvo que llevarse a cabo inicialmente.
Estas acciones de la defensa de Castillo, tienen como objetivo la dilatación del proceso con el fin de que venza el tiempo de prisión preventiva.
David Castillo es uno de los autores intelectuales responsables del asesinato de Berta Cáceres
El COPINH y la familia de Berta Cáceres hemos denunciado en varias ocasiones las intenciones de la defensa para mantener en la impunidad a Castillo y la estructura criminal detrás de él.
Las pruebas que lo vinculan al crimen, son claras ¡Basta de impunidad!
El proceso es retomado por el Juzgado de Letras a cargo de la jueza Lizeth Vallecillo.
Compartimos esta información publicada en EducaOaxaca sobre la situación de defensoras y defensores en México – A 30 de junio de 2020
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) externó su preocupación porque “la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad y socavan la lucha contra la violencia de género, a la vez que se alimenta la continuación de la violencia contra las personas defensoras en el país”. La Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, resaltó que “el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante”. Y exigió garantías para Consorcio Oaxaca y castigo a los responsables de la amenaza en su contra. Mary Lawlor emitió un comunicado en conjunto con la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer; el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Mary Lawlor enfatizó que “el nivel de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas defensoras en ciertas regiones de México es sumamente preocupante”. Pero “es aún más preocupante observar los extraordinarios riesgos a los que se enfrentan las defensoras de derechos humanos y aquellas personas que se dedican a luchar por los derechos de las mujeres así como la impunidad y la corrupción en los sistemas de justicia fomentan la criminalidad”. Las expertas y el experto están haciendo un seguimiento del tema con las autoridades mexicanas.
Les compartimos este reportaje publicado en Sin Embargo sobre periodistas asesinados en México – A 19 de julio de 2020
Los siguientes son los 133 obituarios de los periodistas asesinados en México en la línea de tiempo entre 2000 y 2020. Diferentes en sus condiciones, estas son las biografías de seres comprometidos con el periodismo en una época en que este país se convirtió en un campo de batalla. Los callaron, pero no lograron acabar con su legado. Este memorial pretende honrarlos para siempre.
Este reportaje forma parte de un proyecto de investigación colaborativo entre SinEmbargo.MX y DemocraciaAbierta. Cuenta con el apoyo de Justice for Journalists Foundation.
POR LINALOE R. FLORES, con la participación de Efrén Flores.
Ciudad de México, 19 de julio (SinEmbargo/DemocraciaAbierta).– Distintas, brillantes en sus causas, reinas de sus propias letras, las siguientes vidas son las de 133 periodistas asesinados en México de 2000 a 2020.
Sus muertes son incomparables pues cada una ocurrió con los signos de enemigos diferentes, en zonas diferentes y en años diferentes. Pero son similares porque las protagonizaron seres que tomaron las riendas de nobles metas reporteriles. La precariedad de sus condiciones jamás impidió sus viajes a la marginada sierra o a los bajos mundos de la mafia. Muchas veces se convirtieron en emprendedores con tal de tener un medio para publicar o presentar noticias ante un micrófono. Otras, combinaron el periodismo con otros oficios para reunir un ingreso digno. Al irse, dejaron pendientes coberturas de política, narcotráfico, robo de dinero público, pobreza, despojo de la tierra de pueblos originarios, así como la ruina de playas, bosques y selvas.
En diciembre de 2006, el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) concentró su Gobierno en una política de seguridad nacional. En menos de diez días, con indicadores presurosos y endebles, logró justificar que era necesaria una guerra en contra de los grupos delincuenciales. Pronto, pasó de los papeles al terreno. Después, negó que lo suyo fuera “una guerra”. Pero para entonces, era demasiado tarde. México se había convertido en un campo de batalla. La violencia -terca en los años anteriores- arreció con un carácter obstinado y se mantuvo hasta la siguiente administración, la de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Las vidas eran añicos. Los anhelos estaban perdidos. El negocio del narcotráfico se ramificó con un crecimiento sin precedentes. Y reportear -ir a tocar el alma de los protagonistas para abrevar su experiencia y contarla- se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Así fue como los asesinatos de los comunicadores se multiplicaron al infinito. Las historias propias de reporteros, fotoperiodistas y camarógrafos se integraron al monstruo de mil caras de la contabilidad de víctimas mortales. Pero algunos se diluyeron en el tiempo. Buscar los rastros de un periodista muerto hace dos décadas lleva a sepulcros cubiertos de misterios. A los asesinatos, las autoridades no les dieron seguimiento, las familias se mudaron y los compañeros no desean hablar de algunos casos en particular.
En la República mexicana, 11 entidades cuentan con leyes que crearon mecanismos de protección; dos tienen vínculos con el Mecanismo Federal de Protección generado en la Secretaría de Gobernación. Mientras, 11 estados tienen iniciativas sin aprobar y las restantes siete entidades no tienen propuestas de legislación. A siete periodistas de nada les sirvió. Lo mismo cayeron.
Con todo, estos son los relatos de sus vidas y la forma en la que dejaron este mundo. Ninguno de estos textos reproduce escenas post mortem porque el objetivo al abordar sus biografías fue armar su memoria. Su bella memoria concluida con injusticia.
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Luis Roberto Cruz Martínez 1 de febrero de 2000 Letras truncas: Cobertura del narcotráfico
Con su nombre se inician todos los registros de periodistas asesinados en México en el siglo XXI. Era reportero en Reynosa, Tamaulipas; trabajaba para la revista Multicosas y su presunto asesino, Óscar Jiménez González, huyó de la prisión donde estaba detenido. Esa muerte, impune 20 años después, fue el primer eslabón de una cadena trágica que parece interminable.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe 2016, en el capítulo Zonas Silenciadas: Regiones de Alta Peligrosidad para Ejercer la Libertad de Expresión identifica a 2000 -el año en que Luis Roberto fue agredido mortalmente- como “la raíz del miedo”. De ese entonces datan los primeros registros de ataques en contra de periodistas y medios de información.
Con el tiempo, la biografía de Luis Roberto se ha desdibujado. Poco se sabe de su historia de vida. El móvil o los responsables intelectuales no han sido identificados. De esa forma, su nombre se convirtió en emblema de la invisibilidad del fenómeno de violencia desatado en todo el país. Además de la especie de pacto de silencio que hasta hoy predomina en Tamaulipas.
A finales de 2017, el Congreso de Tamaulipas aprobó una Ley para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, y la creación de una Coordinación Estatal en la materia. Dos años después, Tamaulipas seguía en el primer sitio en los indicadores de agresiones a periodistas.
Ese año, en el Senado de la República, el representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Jan Jarab, invitó a hacer un análisis sobre el incumplimiento de las leyes y resaltó que no era necesario cambiar la legislación.
Pablo Pineda Gaucín 9 de abril de 2000 Letras truncas: Cobertura de narcotráfico en la frontera norte
Luces y sombras llenan el obituario de este periodista. Originario de Torreón, Coahuila, se convirtió en fotógrafo-reportero en Matamoros, Tamaulipas, cuando fue invitado a trabajar al periódico El Imparcial. En esa frontera también se desempeñó muchos años como gestor de las oficinas gubernamentales y como “coyote” en la legalización de los autos importados de manera ilegal.
Cuando fue asesinado, trabajaba para el diario La Opinión y tenía 39 años de edad.
Sus restos fueron descubiertos por agentes de la Patrulla Fronteriza cerca del puente Los Indios, al poniente de Brownsville, Texas. Fue visto por última vez la noche del sábado anterior en la redacción del periódico. Sus compañeros lo escucharon responder una llamada. “¿Sí, jefe?” -dijo. Y luego: “Ahorita regreso”.
Las luces las aporta su trabajo. Publicaba imágenes crudas, reales, sin recato en lo sangriento. Eran fotos de atropellados, suicidas, vendedores de droga, violadores o funcionarios a los que señalaba de corruptos. Defendía a los detenidos y buscaba sacarlos de prisión. Cada semana ayudaba a la familia de un preso.
Las sombras las puso su modo de vida que dejaba entrever que tenía vínculos con los grupos delincuenciales de la frontera. La historia de Matamoros-Brownsvile -su campo reporteril- siempre estuvo ligada al tráfico ilegal. Fue paso de alcohol durante la prohibición en Estados Unidos, de armas durante la Revolución Mexicana y desde este siglo, de drogas o de humanos.
Pineda Gaucín trabajó siempre entre marañas de dudas de cómo con un salario de periodista podía vivir en la zona residencial Valle Alto y conducir automóviles de lujo.
Cuando los entrevistaron, varios de sus colegas coincidieron en que su asesinato no fue a causa de su trabajo de periodista. La hemeroteca arroja que su última publicación fue una serie sobre el linchamiento y muerte de un policía municipal, cometido por un grupo de estudiantes en el Tecnológico de Matamoros. El periodista se metió a defenderlo. Luego, publicó: “Sólo esperamos que la justicia divina aplique la ley, pues de la justicia terrenal, nada se espera”.
Hugo Sánchez Eustaquio 19 de julio de 2000 Letras truncas: Información general
Su historia se diluye, se pierde en el tiempo. Los rastros de la vida de Hugo se han perdido entre los otros 132 obituarios de periodistas asesinados desde 2000 hasta 2020. Su nombre integra todas las listas de informadores sacrificados en México, pero nunca arrojan en qué paró la investigación de su muerte. Ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Procuraduría General de Justicia del Estado de México brindan luces sobre las pesquisas. Sus familiares tampoco son localizables. No se sabe qué trabajo realizaba.
La Verdad, el periódico en Atizapán de Zaragoza, donde Hugo fue editor, ya no existe. Así, el tiempo ha jugado a favor para sepultar en el olvido la extinción de uno de los primeros periodistas asesinados en México en los últimos veinte años.
Hugo fue secuestrado y le arrancaron la vida. Su cuerpo fue encontrado en Hacienda de Atizapán, en el Estado de México. Tenía un balazo en el cuello y estaba al lado de su auto. Reproducir la escena es difícil porque ya todo cambió. Hoy, la avenida es de doble sentido y cuando su cuerpo fue abandonado, era sólo un camino.
Habían pasado dos semanas del triunfo electoral de Vicente Fox Quesada para la Presidencia de la República y aún faltaban cinco años para que desde el Gobierno se reconociera que a los periodistas mexicanos los mataban. Pero su nombre se convirtió en una de las carpetas de los mil 713 homicidios cometidos en México que ese año quedaron empolvadas.
La muerte de Hugo Sánchez Eustaquio contribuyó a que México fuera considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el Periodismo, una característica similar a países como Turquía, Afganistán o Siria, donde hay guerra.
José Luis Ortega Mata 19 de febrero de 2001 Letras truncas: Financiación de campañas políticas por capos del narcotráfico
Fue director del semanario Ojinaga en la ciudad del mismo nombre en Chihuahua. Cuando ocurrió su tragedia, presidía la Asociación de Fotógrafos y Camarógrafos de ese municipio. Su último trabajo publicado fue que en Aldama -un municipio cercano a la capital del estado- había casas bodegas de droga. Bajo el brazo traía una investigación sobre el financiamiento de campañas políticas por barones del narco.
Tenía 37 años de edad y estaba casado con Alicia Cortés con quien procreó tres hijos.
Sus asesinos lo obligaron a bajarse de su coche. Uno de ellos le descargó balas a placer. Cuando estos hechos sucedieron, Vicente Fox Quesada cumplía 81 días de Gobierno, el primero no priista. En campaña, había prometido que la libertad de expresión sería reivindicada. Pero el homicidio de José Luis sería el primero de una cadena trágica en los siguientes seis años, mucho más dramática que los sexenios del priismo.
La mañana del 20 de febrero de 2000, en el noticiario Radio Prensa, el conductor Homero García, recibió al aire la noticia de un radioescucha: “Maestro, mataron a José Luis Ortega.
Desde entonces, en Ojinaga y en todo el país se pidió justicia. La presión pública obligó a una respuesta de las autoridades. El 29 de abril de 2001, fue detenido Jesús Herrera, “Juny Herrera”, propietario de un supermercado en Presidio, Texas. Pero sus abogados demostraron que el testigo que lo culpó se encontraba en la cárcel el día del crimen. Tres meses después, quedó en libertad.
Ojinaga es una ciudad de 28 mil habitantes, en la frontera con Texas, a orillas del río Bravo. El nombre se lo puso Benito Juárez en honor de Manuel Ojinaga, que luchó cuando los franceses invadieron México por segunda ocasión entre 1865 y 1869. En 1910, el general Toribio Ortega, en el cercano Coyame, convocó una insurrección contra la dictadura de Porfirio Díaz a la que había convocado para seis días después Francisco I. Madero. José Luis Ortega Mata era bisnieto del militar revolucionario.
José Barbosa Bejarano 9 de marzo de 2001 Letras truncas: Información general
Muerto en Ciudad Juárez, Chihuahua, en un aparente accidente automovilístico, su biografía se convirtió en un sepulcro sobre el cual, no hay datos. Un familiar que no desea ser identificado refiere que incluso sus parientes han decidido no dar cuenta de su tragedia porque quieren “dejar en el pasado lo sucedido”. El olvido, podría ser el título del final que tuvo este corresponsal de la revista Alarma en la frontera norte de México.
A manera de réquiem, su nombre es de los primeros en los listados de periodistas asesinados en México. Así, acaso sin saberlo, ha contribuido en las demandas de justicia junto a otros 132 nombres de periodistas asesinados desde 2000 a 2020. Aun así, el silencio sobre quién fue este periodista, estremece.
En la redacción de la revista no se encuentra a ningún contemporáneo que refiera de sus días. Imágenes de su rostro no hay. Notas bajo su firma tampoco. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no abrió ninguna carpeta por su historia. La Fiscalía de Chihuahua, tampoco.
Un estudio especial sobre asesinato de periodistas en América Latina, de la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, elaborado en 2008, indicó: “La carencia de investigaciones adecuadas y la impunidad que se genera en relación con los asesinatos de periodistas motivados por su labor periodística, pueden tener el efecto de propiciar que otros reporteros sean asesinados y de fomentar la autocensura, lo cual restringe la libertad de expresión”. El caso de José Barbosa está en este párrafo cargado de premoniciones.
El hecho de que lo mataran, el hecho de que lo aventaran a una vía pública y el hecho de que hoy sólo sea un nombre en una base de datos brindó el mensaje de las múltiples posibilidades para acribillar periodistas sin que después nada ocurra. Tras su muerte, más de cien informadores cayeron en otros sitios de México sin que sus procesos llegaran a sentencias condenatorias. Se fueron en el silencio, el mismo que ahora cubre este nombre.
Saúl Antonio Martínez Gutiérrez 24 de marzo de 2001 Letras truncas: Narcopolítica
Fue uno de los cuatro hijos que procreó el periodista Gonzalo Martínez Silva, fundador del periódico El Imparcial en Tamaulipas, en 1993. Saúl ayudó con la construcción de la redacción. Como editor impulsó la cobertura de la delincuencia organizada, el tráfico de migrantes en esa frontera, además de los actos de corrupción del Gobierno de Tomás Yarrington Rubalcava.
Los tres temas pudieron ser causa de su secuestro y asesinato; pero la sospecha de que el agravio provino del Gobierno se fortificó cuando Yarrington Rubalcava fue detenido en Florencia, Italia, por delitos vinculados con “lavado de dinero”, el 23 de mayo de 2012. Habían pasado 11 años y un mes de la partida de Saúl Antonio.
Tomás Yarrington Rubalcava encarna la llamada “narcopolítica”, un término que se insertó en el vocabulario de los mexicanos desde aquellos años. Fue el Primer Mandatario del estado entre 1999 y 2005, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional; en 2017, fue detenido en Italia y en 2018, fue extraditado a Texas, Estados Unidos. Narcotráfico y extorsión cometidos desde la Administración son algunos de los cargos que enfrenta. Mientras, el Gobierno del estado intenta expropiarle una propiedad de 1.2 millones de dólares, ubicada en Brownsville, Taxas, reflejo de la riqueza que acumuló.
A Saúl Antonio se le vio por última vez, el 23 de marzo de 2001. Del periódico, se fue a las 11 de la noche, poco después de darle una orden de información por teléfono a uno de los reporteros. A las 4:30 de la tarde del día siguiente ya había noticias. Su camioneta marca Explorer modelo 98, roja, placas WYE5095, estaba en la brecha 28, cerca del ejido El Ebanito, en el municipio de Río Bravo, frontera con Texas. Estaba acostado en el asiento trasero y presentaba cuatro impactos en el rostro.
El testimonio de su padre en la Policía Ministerial aún arroja que hubo amenazas previas de muerte. Una ocurrió en 1997 de parte de un hermano de uno de los precandidatos del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal. Ese año, el edificio de El Imparcial recibió varios impactos de bala.
La memoria de Saúl hoy no es tan invisible como los son las de Luis Roberto Cruz Martínez o Pablo Pineda Gaucín. Pero pocos desean hablar de él para este obituario. Su asesinato fue uno de los primeros de la cadena trágica que empezó a formarse en el Gobierno de Vicente Fox Quesada. Fue también de los primeros de una serie de crímenes que volvió a Tamaulipas uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Tanto que veinte años después no es posible encontrar una foto suya, ni a quién desee hablar de cuál fue el motivo preciso para arrancarlo de esa tierra.
Felix Alonso Fernández García 17 de enero de 2002 Letras truncas: Cobertura de narcotráfico
Fue editor de la revista Nueva Opción, fundada por su padre, Félix Fernández Reyna.
Sujetos a bordo de un automóvil lo asesinaron en ciudad Miguel Alemán. La policía detuvo en la escena del crimen a Marín Beldar y Carlos Domínguez, supuestos guardaespaldas del periodista. En sus declaraciones, revelaron que fueron contratados porque el comunicador había sido amenazado de muerte por Raúl Rodríguez Barrera, exalcalde , excomandante de la Policía Judicial Federal y supuesto compadre del narcotraficante, Gilberto García Mena, “El June”.
De hecho, Félix Alonso trabajó en El Heraldo de Alemán, propiedad del exmunícipe.
Un año antes de su muerte, en abril, el entonces titular de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Salud (FEADS), José Luis Santiago Vasconcelos, estableció que había elementos suficientes para detener al ex alcalde por supuestos nexos con el narcotráfico.
Saúl Félix es uno de esos periodistas cuyo nombre se cubrió con la leyenda de la sospecha. La suya es una tragedia doble. Primero lo acribillaron unas cobardes Ak 47 y luego, le negaron una investigación desprovista de la creencia de que “andaba mal” (uso coloquial en el norte de México para indicar que alguien está vinculado con el narco). En Tamaulipas, su tierra, gobernaba Tomás Yarrington Rubalcava.
El periodista Jesús Blancornelas escribió de Félix en 2002, en La Crónica de Hoy: “Lamentablemente descuidó sus pasos. Hizo lo elementalmente indebido. La noche del viernes, acompañado de sus custodios se fue de parranda. Entró al bar El Señorial y se tomó las últimas copas de su vida”.
Es inevitable ubicar los últimos días de Félix Alonso en la narcopolítica de Tamaulipas. Blancornelas, en el mismo artículo: “ … Un compañero periodista de ese estado me informó de cierta asquerosa práctica. Los mafiosos acostumbran financiar publicaciones pequeñas. Les anima tener así una defensa y a la vez, trinchera para atacar. Esto empuja algunas ocasiones a los periodistas. Sin querer o queriendo se mezclan con las mafias. En este caso particular es triste una noticia oficial. En el auto de Félix, la policía descubrió droga”.
Con todo, hoy, se desconoce quién lo mató. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no atrajo el caso.
José Miranda Virgen 19 de octubre de 2002 Letras truncas: Narcopolítica, incursión de la DEA en Veracruz
La suya fue una de las plumas más influyentes de Veracruz y de México. Empezó su formación en El Sol de México de la Ciudad de México, mientras transcurría el convulso 1968. Su afán de contar historias lo combinó con sus dotes de bailarín. En el Teatro Iris fue campeón de rock & roll. Cuando volvió a Veracruz, trabajó en varios rotativos y laboró en las áreas de comunicación social de algunos políticos. Fue jefe de prensa del Gobernador Rafael Hernández Ochoa (1974-1980) y de Miguel Alemán Velasco (1998-2004). Además, siempre dio clases de periodismo.
Fundó una cooperativa. En La Crónica de Veracruz, los sueños fueron posibles. Los periodistas eran dueños de su lugar de trabajo y tenían salarios que inhibían la corrupción de la época. Incómodo para el Gobierno del estado de Patricio Chirinos, se le negó publicidad oficial y no subsistió.
Tras esa derrota, José se convirtió en subdirector editorial y vicepresidente de El Sur de Veracruz.
Su columna se llamó El Espejo del Poder. Poco antes de su muerte, la información que divulgó constituyó una gran crónica de cómo grupos de narcotraficantes y familias de abolengo se habían coludido en Veracruz.
En 2002, el periodista tenía 60 años de edad. Un estruendo rompió los cristales de las ventanas de su departamento en Boca del Río, Veracruz. El ruidajo se confundió con las risas en la noche de esa ciudad que suele amanecerse y con las olas del mar. Al informador se lo llevó una ambulancia. Llevaba el cuerpo quemado en todas sus partes. Miranda fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México. Fue internado en el Hospital ABC donde cinco días después de la explosión tuvo el último suspiro. En esos días, su computadora laptop desapareció del departamento.
El expediente 851/2002/II indica que la explosión se debió a una fuga de gas. En 2002, así lo informó el entonces Procurador de Justicia del Estado, Pericles Namorado Urrutia.
Pero los colegas agrupados en la Asociación de Periodistas de Veracruz, lo dudaron. ¿Cómo no iba a detectar olor a gas el fino olfato de Pepe Miranda? Su última columna llevó el título “Drogas de Veracruz, las mejores familias …”. Aún no se sabe quién tumbó a su pluma.
Rafael Villafuerte Aguilar 13 de diciembre de 2003 Letras truncas: Cobertura policiaca
Con su nombre se inició un listado de periodistas asesinados en Guerrero. En dos décadas, fueron asesinados 13 periodistas en esa entidad en la que en 2014 se viviría la desaparición de 43 estudiantes de Normal Rural de Ayotzinapa, tragedia intrincada hasta nuestros días porque se desconoce quiénes la perpetraron.
Pero en 2003, a Rafael Villafuerte Aguilar lo mataron frente a muchos testigos. Y hasta la fecha, no hay detenidos. El periodista circulaba a las dos de la tarde por la avenida Nicolás Bravo de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, cuando le dispararon desde otro vehículo. El crimen lo presenciaron un transeúnte, un chofer de combi y un policía preventivo. El caso lo siguió la Policía Judicial, adscrita a la Procuraduría Estatal. Un mes después del crimen, los testigos dieron cuenta de la escena del crimen y de hecho, se generaron órdenes de aprehensión, pero fueron giradas un año después. Para entonces, nadie, pero nadie, fue localizado.
La vida de Villafuerte Aguilar se pierde en la maraña del tiempo. Dirigió el diario La Razón, en Altamirano, una ciudad cercana a Coyuca de Catalán. Cuando perdió la vida, el diario se quedó en manos de su padre. El periódico fue cerrado en 2006 y la familia dejó el estado.
Un rastro de esta biografía es la queja que en 2007 puso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su viuda, Sonia Gama García. El organismo emitió la recomendación 11/2009 en la que indica que en el caso faltaron documentos y que la Procuraduría dejó pasar años sin continuar las diligencias correspondientes. Un error fue no practicar la autopsia.
El documento asienta algo más: en septiembre de 2003, una persona le pidió a Rafael que “bajara la crítica” en su periódico. Le dijo que así lo pedía el entonces presidente municipal de Altamirano, Guerrero. También que quien fungió en ese año como director de Comunicación Social del municipio de Pungarabato, Guerrero, lo demandó porque “utilizaba su nombre”. Nada ha hecho que el crimen de Rafael se esclarezca.
Roberto Mora García 19 de marzo de 2004 Letras truncas: Asuntos políticos de la frontera
A las 2:00 horas del el 19 de marzo, el cuerpo del periodista Roberto Mora García fue encontrado a las puertas de su domicilio. Presentaba por lo menos 30 puñaladas. Regresaba de su jornada como editor editorial en el periódico El Mañana de Nuevo Laredo.
Sólo seis horas después, el entonces Procurador de Justicia de Tamaulipas, Francisco Cayuela, dio a conocer una línea de investigación: crimen pasional.
Una semana después, la policía detuvo al presunto asesino material, Mario Medina Vázquez, un joven estadounidense de 23 años, y a su presunto cómplice, Hiram Oliveros Ortiz, de 28 años, su pareja sentimental. Se declararon culpables. El 13 de mayo, a las 18:20 horas, Mario Medina fue asesinado en el Cereso II. Su cuerpo presentaba 88 lesiones de arma punzocortante y señas de abuso sexual.
En mayo del mismo año, en un informe de 35 páginas, la Comisión en Memoria (integrada por el Pen Club México, el Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, Periodistas Frente a la Corrupción, el Centro de Periodismo y Ética Pública y Libertad de Información) documentó que la confesión fue arrancada mediante tortura. El caso provocó un extrañamiento del consulado de Estados Unidos.
El periodista Roberto Mora García tenía 43 años de edad cuando fue asesinado. Su vida adulta la dedicó al periodismo. Estudió Ciencias de la Comunicación en Monterrey, Nuevo León, y al graduarse en 1983, ya trabajaba como reportero de Cultura en El Norte. Se le recuerda como un gran lector y un asiduo a los pasteles. Cada quincena compraba uno y lo repartía en la redacción.
En Monterrey vivió hasta 1999, cuando se mudó a Nuevo Laredo para dirigir El Mañana. Su esposa, Aracely, y su hijo Sebastián, se quedaron en Nuevo León pues aquel año, los indicadores de inseguridad crecían como la espuma en Tamaulipas.
Desvanecida aquella línea de investigación del crimen pasional, esta historia se ha quedado impune.
Compartimos esta carta de solidaridad con el COPINH a la cual nos sumamos y pedimos alto a las amenazas y hostigamiento a su dirigencia- A 28 de julio de 2020
La organización hermana COPINH, desde hace ya casi tres décadas ha estado presente en las luchas más importantes del movimiento indígena y popular de Honduras en contra del neoliberalismo, el militarismo golpista, el racismo, la lucha anti patriarcal, entre otros, pero también ha sido una organización fundamental en la lucha por la defensa de la soberanía nacional, de los bienes naturales, los derechos históricos y ancestrales de los pueblos indígenas o la lucha por la refundación del estado hondureño. Luchas trascendentales que han dado impulsos y ejemplos importantes a la resistencia popular contra la narco-dictadura oligárquica.
Las luchas pasadas y presentes le han significado al COPINH, la persecución y muerte de muchas y muchos de sus líderes, incluyendo el asesinato de la compañera Berta Cáceres. Pero la estigmatización y el racismo, también han sido herramientas de los grupos de poder para perseguir, criminalizar y reprimir al COPINH y las comunidades lencas. Desafortunadamente, hay quienes, desde las redes sociales y desde una pseudo fachada de la intelectualidad, se han sumado de manera rabiosa, misógina y racista, a las campañas de persecución y odio en contra de nuestras hermanas y hermanos lencas.
De esta manera, las organizaciones abajo firmantes, queremos manifestar nuestro absoluto respaldo y solidaridad a COPINH y su dirigencia, ante las agresiones racistas y misóginas que personas externas a la organización y con fines claramente políticos, difunden a través de las redes sociales, haciéndose parte de una campaña de terror y persecución que solo busca destruir la organización.
Queremos suscribir nuestro irrestricto apoyo a COPINH y su dirigencia, ante las sistemáticas amenazas que atentan en contra de la vida, la dignidad y la integridad de las compañeras y compañeros, al ser señalados como colaboradores de los órganos represivos del estado e incluso como cómplices de la impunidad que favorece a los responsables de la muerte de nuestra compañera Berta Cáceres. Sabemos de la incansable lucha del COPINH, de toda su dirigencia, y muchas colaboradoras y colaboradores que, a riesgo de su propia vida, han enfrentado con entereza las mafias empresariales, militares y paramilitares que protegen a los autores intelectuales y materiales del asesinato de nuestra hermana Berta.
Rechazamos con firmeza, la absurda y mal intencionada acusación de que COPINH, su dirigencia y sus redes de apoyo, forman parte del llamado Plan Colombia, que ha llenado de luto y sufrimiento a millones de personas en Colombia y otras partes de la América Latina. COPINH, como víctima de dicho plan imperialista y oligárquico, hoy sufre la muerte y criminalización de sus liderazgos, además de un constante acoso, persecución y estigmatización mediática, financiado por quienes quieren enriquecerse a costa de convertir el territorio lenca en cementerios, desiertos o campos de concentración.
Así mismo, queremos denunciar que estas constantes amenazas, acoso político y campaña mediática por las redes sociales, no busca más que intervenir el COPINH para dividirlo y debilitarlo, y de esta manera, facilitar la apropiación de los bienes de la organización por parte de personas ajenas o expulsadas, ya sea por corrupción o abuso sexual, para finalmente, frenar la lucha por la defensa de los bienes naturales del Pueblo Lenca, así como la búsqueda de justica por el asesinato de Berta Cáceres.
Reiteramos que COPINH y su dirigencia no están solas ni solos, que ha llegado el momento de decir basta al acoso, la manipulación, la mentira, el racismo y la agresión misógina en contra de las y los integrantes del COPINH.
Cada una de las organizaciones y personas que hoy se hacen parte de esta carta de solidaridad, llamamos al pueblo y sus organizaciones a solidarizarse con el COPINH y acompañar cualquier denuncia o acusación pública o legal que nuestras hermanas y hermanos lencas decidan emprender contra las personas responsables del hostigamiento y amenazas denunciadas por el COPINH.
Organizaciones que suscriben solidariamente la presente carta:
Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras
Central Nacional de Trabajadores del Campo El Progreso, CNTC.
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, COPA.
Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP)
Movimiento Amplio de Dignidad y Justicia, MADJ
Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande, ADEPZA.
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, ERIC.
Centro de Derechos de Mujeres, CDM
Centro de Estudios de la Mujer – Honduras, CEM-H
Foro de Mujeres por la Vida
Red de Trabajadoras Domésticas de Honduras FM
Luchemos
INHESCO
Fundación San Alonso Rodríguez
Código Sur
Colectivo Josefa Lastiri
Otros Mundos Chiapas
Personas que suscriben la nota:
Padre Fausto Milla
Denia Mejía
Gilda Rivera
Gustavo Zelaya Herrera
Noemí Dubón
Laura Zúniga Cáceres Hija de Berta Cáceres
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