Compartimos este vídeo sobre la Escuela Popular Ejidal y Comunal, una alternativa para la defensa del territorio.
Otros Mundos AC ha impulsado la Escuela Popular Ejidal y Comunal con el fin de encontrarnos con ejidatarias y ejidatarios, comuneros y comuneras, así como con otros actores que apoyan los procesos de resistencia de los núcleos agrarios para aprender más del instrumento legal que se tiene en las manos: El Ejido y los Bienes Comunales.
Los ejidatarios y ejidatarias, comuneras y comuneros, han vivido la explotación, el engaño, las divisiones comunitarias, las intimidaciones e incluso sobornos y chantajes para obligarlos a aceptar muchos megaproyectos en detrimento de sus territorios y de su calidad de vida. La resistencia y la lucha por sus derechos han recibido como respuesta la criminalización, la cárcel e incluso muchas defensoras y defensores de los derechos colectivos de los pueblos y de la naturaleza han sido asesinados en total impunidad.
Las artimañas gubernamentales y de las corporaciones que impulsan este modelo extractivo impactan negativamente en las comunidades y en las familias. Las diversas dependencias gubernamentales están alineadas a las políticas desarrollistas de los gobiernos en turno. Las consultas se manipulan, las manifestaciones se reprimen y las denuncias caen en el vacío.
¿Quieres sumarte a la campaña para proteger la salud, el agua y la vida en San Cristóbal de Las Casas?
La Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas, el Colectivo Educación para La Paz y Los Derechos Humanos y Otros Mundos invitan a participar en los Talleres de Comunicación Estratégica para Defender el Agua y la Vida en San Cristóbal.
Estos talleres buscan visibilizar las problemáticas del agua en San Cristóbal y ayudar a construir soluciones desde la ciudadanía. Aportando herramientas de comunicación como fotografía, intervención comunitaria, producción gráfica y audiovisual, y tecnológicas como uso de redes sociales para la incidencia, entre otras para la defensa de la vida y el territorio en el Valle de Jovel.
Dirigido principalmente a jóvenes entre 15 y 30 años. Sin costo.
Fecha de inicio sábado 24 de octubre, De 9 AM a 2 PM
Información e inscripciones a los teléfonos: 967 111 0489 y 967 159 0974
Comunicado del Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras por Metales y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 12 de octubre de 2020
Constantito Maldonado Krinis,titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos, informó en el periódico El Regionalel 4 de octubre del año en curso(https://www.elregional.com.mx/comenzaron-estudios-de-impacto-para-proyecto-minero-en-tetlama), que la dependencia “inició los trabajos de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para confirmar la viabilidad del proyecto minero Esperanza Silver en el Cerro del Jumil, en la comunidad de Tetlama, en el municipio de Temixco”.
Según lo declarado por el titular de esta dependenciaen Morelos,dicho “estudio de impacto ambiental del proyecto minero esimportante para darle paso para al avance y factibilidad de la minería”.
Al parecer, el titular de esta dependencia en Morelos desconoce que por ley, en los artículos 28 y 30 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente,y en el artículo 5 inciso L del Capítulo II del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental,corresponde al promovente -la empresa minera canadiense-realizar la Manifestación de Impacto Ambiental, y que es una instancia federal, la SEMARNAT, a través de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA),la encargada de evaluar y emitir una resolución de manera imparcial respecto a la MIA presentada por la empresa. Ello, además de contravenir los artículos 38 al 49 de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos y el Reglamento de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Morelos en Materia de Evaluación del Impacto y Riesgo Ambiental.
El que la dependencia del gobierno de Morelos denominada “Secretaría de Desarrollo Sustentable” se involucre en la realización de un trabajo que por ley corresponde a la empresa minera, demuestra:
a) Un desconocimientototal de la normativa legal en cuestión
b) Lacolocación de esta dependencia pública al servicio de intereses particulares
c) Ladegradación de esta dependencia pública, encargada de velar por la integridad ambiental del estado de Morelos, haciendo lo contrario a su función, al facilitar una iniciativa de depredación que, como se ha demostrado a cabalidad con evidencias a nivel nacional y mundial, vulnera esa integridad, afectando el bienestar de la población.
d)La instrumentación mediáticade dicha dependencia como parte de la campaña de desinformación emprendidapor la empresa canadiense en los medios de comunicación de Morelos.
e)Que a la referida dependencia no le interesa abordar este tema de manera precautoria directamente con las comunidades afectables, teniendo como su exclusivo interlocutora la empresa canadiense.
f)Elabsurdo ético y jurídico de destinar dinero públicode los impuestos que aporta la población,para pagarun estudio que corresponde a la empresa minera deenormecapital privado realizar.
DESDE EL MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LASCONCESIONES DE MINERÍA A TAJO ABIERTO POR METALES:
Expresamos nuestro más enérgicaprotesta al Gobierno Estatalpor la actitud tendenciosa, parcial y fraudulentacon que se conduce esta dependencia estatal (Secretaría de Desarrollo Sustentable) colocándoseal servicio de intereses particulares,cuando se ha demostrado a cabalidad con evidencia científica a nivel nacional y mundial que la minería es un modelo extractivista que deja daños a perpetuidad al medio ambiente y vulnera la integridad de la población ya que la expone a severos daños a la salud, contaminación del aguaydestrucción de la flora y fauna del entorno en el que se lleve a cabo la explotación minera y el territorio próximo al mismo,ignorando las posturas de rechazo a la imposición del desarrollo de un proyecto minero en nuestro Estado.
Exigimos que esta dependencia pública(Secretaría de Desarrollo Sustentable)retome su vocación de velar por la integridad ambiental del estado de Morelos abordando dicho estudio con apego al principio precautorio, ya que de lo contrario estaría facilitando una iniciativa de depredación afectando de manera irremediable el bienestar de la población morelense.
Solicitamos que la referida dependencia abra un canal de interlocución directamente con las comunidades afectadas y afectables ya que actualmente tiene como su exclusivo interlocutor a la empresa canadiense dejando a las comunidades de Morelos sin posibilidad de ejercer sus derechos democráticos en función de decidir qué modelo de desarrollo eligen sin la imposición de una empresa privada.
Reprobamos la instrumentación mediática de dicha dependencia que pudiese estar formando parte de la campaña de desinformación emprendida por la empresa canadiense en los mediosde comunicación del estado de Morelos.
Solicitamos se inicie una campaña de comunicación del riesgo entre la población morelense en la que se den a conocer las afectaciones a la población que han sufrido comunidades en las que se han desarrollado proyectos mineros de similares características.
Solicitamos a la Cámara de Diputados del Estado de Morelos que cite al funcionarioen sesión públicapara dar cuenta de estas acciones yse procedaa medidas correctivas.
Todo lo anterior posibilitaun ejercicio auténtico de gobernanza con el único objetivo de preservar la vida en las mejores condiciones para las futuras generaciones de quienes habitamos nuestro Estado.
¡NO A LA MINA, SÍ A LA VIDA!
Firman
MOVIMIENTO MORELENSE CONTRA LAS CONCESIONES MINERAS POR METALES y RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 12 de octubre de 2020
En el año 2007 la comunidad de Zacacuatla después de realizar una acuciosa investigación descubrió que: el bosque estaba siendo talado a matarraz, es decir, los tala-montes estaban utilizando motosierras, tractores y trascabos para derribar todo incluso los arbustos y las plantas; y que la familia Canales Templos utilizando una escritura apócrifa obtuvo autorizaciones y permisos gubernamentales para realizar un “aprovechamiento forestal” por 10 años en las 55 hectáreas de bosque de las que se apropiaron ilegalmente; por lo cual, la Comunidad de Zacacuatla sabiendo que dicho “aprovechamiento forestal” extinguiría la biodiversidad de flora y fauna asociada al bosque y que rompería el ciclo natural del agua, debido a que implica la tala de toda la diversidad de pinos, encinos, ayacahuite, ocotes, oyameles y cedros existentes, y su sustitución por una la plantación de un monocultivo de pinus patula; decidió oponerse pacíficamente a la destrucción del bosque.
En el año 2013 Filiberta Nevado y cientos de defensores del bosque, comprobaron ante la SEMARNAT que explotación forestal realizada por la familia Canales Templos estaba plagada de irregularidades y lograron la revocación de los permisos y las autorizaciones, ante esto la familia Canales Templos se vinculó a Los Negros un grupo del crimen organizado que se dedica a la tala ilegal en zona limítrofe entre Hidalgo y Puebla, para continuar con el saqueo del bosque de Zacacuatla de forma clandestina.
Después de algunos años con cierta tranquilidad, en 2016 varios grupos ilegales de tala-montes reanudaron la tala clandestina de forma brutal e impune, lo cual causó que se presentara una terrible sequía, que el nivel de los pozos bajaran, que el nivel de las presa se redujera y que los manantiales se secaran; en consecuencia a todo esto, en asamblea general el pueblo de Zacacuatla decidió denunciar, una vez más, a los tala-montes ante las autoridades federales, estatales y municipales, no permitir más tala clandestina, limpiar el monte y reforestarlo.
Durante esta larga lucha Filiberta y muchos de los defensores del bosque de Zacacuatla han sido difamados y criminalizados, entre otras cosas, han tenido que enfrentar 15 averiguaciones previas y 3 encarcelamientos ilegales.
En octubre de 2020 algunos taladores fueron notificados por la Fiscalía General que se encontraban denunciados por tala ilegal, por lo cual procedieron a amenazar a Filiberta Nevado expresando pública y cínicamente: “si yo o alguno de mis hijos va a la cárcel, la vamos a correr del pueblo, la vamos a quemar o la vamos a matar”, “vamos a ver si a esa vieja no le entran las balas” “si mis hijos van a la cárcel yo la mato y la remato”; además que en esos mismos días los tala-montes también intentaron intimidar directamente a Filiberta realizando disparos frente a su casa.
Es preciso señalar que la tala ilegal y el crimen organizado en la Sierra Otomí-Tepehua del Estado Hidalgo ha sido arropado por autoridades de los tres niveles de gobierno y de todos los signos políticos, pero ha sido arropado especialmente por la Sosa Nostra un grupo político-mafioso, de origen priísta aunque actualmente se dice morenista, que desde hace décadas impone y controla a las autoridades municipales de Acaxochitlan y en la región.
El Gobierno de México dirigido por Andrés Manuel López Obrador ha afirmado una y otra vez estar a favor del medio ambiente, de los más pobres, y de que el agua es una prioridad para el pueblo, sin embargo, hasta el momento sólo se ha limitado a observar como los pueblos indígenas y campesinos son despojados de sus montes y en consecuencia de la vida misma. Con todo respeto, desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) le preguntamos a Sr. Presidente ¿Dónde está la Cuarta Trasformación? Porque a la Comunidad de Zacacuatla, al Municipio de Acaxochitlán, y al Estado de Hidalgo no ha llegado.
Ante la inacción de las autoridades de los tres niveles, desde la REMA responsabilizamos al gobierno Municipal de Acaxochitlán, al Gobierno Estatal de Hidalgo y al Gobierno Federal de México de cualquier agresión que pudieran sufrir las defensoras y los defensores de los bosques de Zacacuatla.
Desde la REMA exhortamos a María Luisa Albores González titular de la SEMARNAT para que inmediatamente ponga a trabajar a la PROFEPA, pare la tala ilegal en Acaxochitlán y castigue a los responsables; de igual forma exigimos que el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero implemente lo antes posible medidas de protección cautelar para Filiberta Nevado Templos y para todos las defensoras y todos los defensores del bosque Zacacuatla, para que castigue con todo el peso de la ley a la mafia de tala-montes que hoy amenaza de muerte a una ambientalista y a un monte que le proporciona agua y que le proporciona vida a un pueblo.
Desde la REMA también expresamos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a todas y todos los defensores de los bosques en Zacacuatla y del Estado de Hidalgo, porque desde hace décadas decidieron dedicar una parte de su tiempo y una parte de sus vidas al cuidado de los montes, al cuidado de toda la biodiversidad asociada a ellos y al cuidado de la vida comunal; y con motivo de estos días difíciles les enviamos un fuerte y solidario abrazo.
Sin monte no hay agua y sin agua no hay vida
En defensa del territorio, de los bosques y de vida: ¡exigimos el alto a la impunidad, alto a las amenazas y alto a las agresiones en contra de las/os defensoras/es del medio ambiente!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre el Tren Maya – A 3 de octubre de 2020
Lorenzo Chim
Campeche, Cam., Mediante argucias legales, engaños, sobornos a los comisariados ejidales, avalúos amañados y presiones, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y representantes de los consorcios que construirán los tramos del Tren Maya engañan a los ejidatarios para expropiarles las tierras por donde pasarán las vías férreas, denunció la asesora independiente de los ejidos 5 de Febrero, Miguel Colorado, Xbacab y Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Champotón, Naayeli Ramírez.
Acusó que ha faltado transparencia en la firma de los convenios de ocupación de tierras para el paso del tren por esas comunidades y que la Procuraduría Agraria ha incumplido su obligación de acompañar este proceso de diálogo con los campesinos. “No acuden sus visitadores a las asambleas ejidales –máxima autoridad para decidir el destino de las tierras– y cuando algunos comisariados han presentado quejas por irregularidades en el proceso, evaden su responsabilidad y ponen trabas”, añadió la también investigadora y académica por el Tecnológico de Monterrey.
Por ley, recordó Ramírez, toda afectación a tierras ejidales tiene que tomarse por acuerdo de asamblea, pero en varios casos acordaron la integración de una comisión gestora con los mismos poderes y facultades de una asamblea ejidal. Ha habido abusos, pues emiten documentos sin sustento legal y se toman acuerdos sin el respaldo real de los ejidatarios.
“Tampoco son transparentes en cuanto al valor de la tierra, los avalúos del Instituto Nacional de Bienes Nacionales han sido amañados y, en el peor de los casos, entregan una cantidad menor a la que ya se había acordado y dejan en la indefensión a los ejidatarios.
“La falta de información de los campesinos los ha obligado a aceptar esos convenios y, en otros casos, a los comisariados ejidales se les entrega dinero para que ‘convenzan’ a los demás de aceptar los términos que impone el Fonatur.”
Narró que, en el caso del ejido 5 de Febrero, firmaron un convenio de ocupación, pero al final terminará siendo una expropiación de más de 29 hectáreas a un precio de 2 millones 283 mil pesos. “Cuando los ejidatarios inconformes vieron sus cheques con un pago menor a lo acordado, les dijeron ‘esto es lo que hay, no tenemos más’ y no les ha quedado más que aceptar”.
Se supone que se nombraron comisiones de seguimiento que integran, entre otros, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Procuraduría Agraria y Fonatur, a fin de acompañar este proceso en los ejidos, pero por el pretexto de la pandemia no se han reunido para atender quejas e inconformidades. La Procuraduría Agraria no trabaja, no manda visitadores, no revisa actas de asamblea, tampoco atiende las quejas de los comisariados y lo peor es que, en otros casos, ni siquiera ha habido asambleas, dijo.
Ante estas irregularidades, los comisarios ejidales de las comunidades afectadas exigen transparencia en la información sobre las afectaciones a los ejidos, pues en varios casos tendrá que haber desalojos, pero en el convenio de ocupación no se estableció alguna indemnización adicional para esas familias, no se toman decisiones informadas, sino con promesas y con dinero, abusando de la pobreza de los campesinos, sostuvo Naayeli Ramírez.
Lo que pedimos es que las autoridades ejidales puedan ir a la Procuraduría Agraria para verificar los contratos, que haya un acompañamiento real del gobierno federal, pues hasta ahora se puede asegurar que Fonatur está tratando de convencer a los ejidos de manera irregular, ilegal y corrupta, afirmó la investigadora.
Imagen: Protesta realizada en Mérida, Yucatán, en junio pasado.Foto Cuartoscuro
Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 2 de octubre de 2020
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH y el equipo legal junto a la familia de Berta Cáceres hace conocer lo siguiente:
Se cierne un peligro inminente de fuga de parte del señor David Castillo debido a la interposición de dos recursos de Habeas Corpus promovidos por su defensa legal.
Dichos recursos pretenden liberarlo en violación a lo previsto por el ordenamiento jurídico hondureño y los estándares internacionales.
El señor David Castillo se encuentra legalmente privado de la libertad por el asesinato de la compañera Berta Cáceres, desde su detención el 2 de marzo de 2018, en el aeropuerto de San Pedro Sula mientras intentaba darse a la fuga.
La Sala I del Tribunal de Sentencia ha declarado que la prisión preventiva del señor Castillo vence el día 25 de mayo de 2021.
La prueba existente es suficiente para condenar al señor David Castillo como parte de la estructura criminal que asesinó a Berta Cáceres en alianza con socios de empresas extractivas, autoridades gubernamentales y el sistema financiero internacional.
Por la tanto:
Demandamos que los jueces a cargo de resolver los recursos de Habeas Corpus los declaren sin lugar por se notoriamente improcedentes.
Responsabilizamos al Poder Judicial por las consecuencias de una posible fuga derivada de la liberación ilegal del señor David Castillo.
Solicitamos el apoyo de la sociedad hondureña y la comunidad internacional en la lucha por la construcción de una justicia que no tema perseguir a criminales con alto poder económico.
Solicitamos el acompañamiento de la sociedad hondureña y la comunidad internacional para garantizar a las víctimas los derechos de verdad, justicia y medidas de no repetición para evitar que defender los territorios y las comunidades indígenas cueste la vida de las personas como Berta Cáceres.
Dado en la ciudad de La Esperanza el 1 de octubre del 2020
Compartimos el comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 1 de octubre de 2020
Como un hecho insólito en el país y como un símbolo de falta de respeto al pueblo de México, el gobierno federal inaugura la primera generación 118 policías de Servicio de Protección Federal (SPF), equipados con fusiles de asalto, especializados en garantizar la seguridad de las instalaciones mineras. Con este curso de Especializaciones en Instalaciones Mineras se pretende proteger del crimen organizado a las corporaciones del sector, especialmente a las extranjeras que se llevan el oro, la plata y otros minerales al mercado internacional.
La minería de despoja, deforesta, no paga impuestos, incumple contratos con los campesinos e indígenas, viola resoluciones judiciales, está involucrado en la violencia, crímenes como el de Mariano Abarca o Bernardo Vázquez, contamina irremediablemente cuencas como el Rio Sonora en total impunidad, deja población enferma, fulmina los suelos, no aporta a la economía local más que miseria y pobreza, y sin embargo es para el gobierno “una industria clave para el desarrollo del país y para su economía” por lo que es necesario que con recursos del pueblo mexicano se le otorgue seguridad por ser una “prioridad”.
Un pueblo que paga impuestos y que genera economía, que además es víctima de la actividad minera que depreda los territorios e incumple contratos ¿no merece un equipo especializado para protegerse de las empresas mineras?
Una policía de élite para proteger los intereses de las grandes corporaciones mineras no solo es un insulto para el país, sino para los pueblos que se ven despojados de sus territorios, en comunidades enfermas y contaminan sus ríos. Comunidades con desplazamiento forzado ya sea por las mineras o por el crimen organizado producto de la actividad minera. Comunidades divididas que han perdido familias enteras asesinadas a manos de estor cárteles por el control del negocio en zona minera.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, Rechazamos rotundamente la creación de una policía de élite que se destine a proteger los intereses de las corporaciones que tanto daño causan a este país. Repudiamos la utilización de recursos públicos para destinarlos al cuidado de quienes nos saquean; nos contaminan, nos destierras, nos enferman y nos matan. Para la 4T no son primero los pobres, sino primero los mercedarios.
¡BASTA DE PRIVILEGIOS A LAS EMPRESAS!
¡POR UN MÉXICO LIBRE DEL MODELO DE EXTRACTIVO MINERO!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)
Les compartimos una entreviste hecha por Voces en Lucha a nuestro compañero Gustavo Castro sobre los Tratados de Libre Comercio
Semilla de la entrevista al sociólogo mexicano y defensor del territorio y los derechos de los pueblos, Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos. Quien fue testigo del asesinato de la gran luchadora hondureña Berta Cáceres, icono de la defensa del territorio y la vida digna nos habla sobre la historia de los Tratados de Libre Comercio en América Latina.
Entrevista realizada en Ciudad de México en febrero de 2020
El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero -M4- invit al conversatorio: PANORAMA DE LOS PUEBLOS ANTE EL EXTRACTIVISMO MINERO EN LA REGIÓN MESOAMERICANA
Sábado 3 de octubre, 2020
Hora: 3pm Centroamérica / 4pm Méx, Pan, Col
Dónde: transmisión en vivo por YouTube y Facebook del M4
Integrantes del M4 en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Panamá nos compartirán cómo se ha profundizado la minería durante el COVID y sus procesos de lucha contra el extractivismo en la región.
No necesita inscripción previa, estar atentos/as a los enlaces! en nuestras cuentas del Movimiento Mesoamérica contra el Modelo Extractivo Minero M4
Comunicado del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 28 de septiembre de 2020
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH- a la comunidad nacional e internacional expresa lo siguiente:
David Castillo junto a la familia Atala Zablah, con el objetivo de beneficiarse económicamente, constituyeron una estructura criminal que cometió un sin número de crímenes, desde el fraude y corrupción para la supuesta generación de energía “renovable”, graves violaciones a los derechos de la comunidad de Río Blanco, hasta el asesinato de Berta Cáceres y otras agresiones que continúan en la actualidad.
El COPINH está siendo excluido ilegalmente del caso Fraude sobre el Gualcarque, contra 16 funcionarios públicos imputados de haber cometido crímenes para facilitar la operación ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca sobre el sagrado río Gualcarque de la comunidad Lenca en beneficio de sus dueños; la familia Atala Zablah.
El COPINH y la comunidad de Río Blanco fuimos excluidos de manera ilegal y arbitraria del caso Fraude sobre el Gualcarque por parte de la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, negando el derecho de participar a las víctimas directas de los crímenes cometidos para instaurar el proyecto Agua Zarca. Se viola el derecho a la justicia, a la verdad y el debido proceso para las víctimas.
COPINH, a través de su equipo legal, interpuso un recurso de amparo, desde noviembre de 2019 para garantizar los derechos de las víctimas, sin embargo, a la fecha no hay respuesta. La continuación del juicio del caso de Fraude sin la participación directa de las víctimas constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, amparado en las leyes nacionales e internacionales.
Las comunidades y organizaciones sociales víctimas de graves crímenes tenemos el derecho a participar directamente de todos los procesos judiciales, a levantar nuestra voz y ser partícipes directas de la exigencia de justicia.
David Castillo y Carolina Castillo valiéndose de sus puestos y/o vinculación a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, utilizaron información del Estado para la instauración de la empresa DESA y el proyecto Agua Zarca. Roberto Martínez Lozano, Roberto Cardona Valle, Raúl Pineda junto a 11 funcionarios públicos de la ENEE y SERNA aprobaron los actos administrativos de manera ilegal que permitieron la instauración e imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca contra la comunidad lenca de Río Blanco.
Por lo anterior, el COPINH exige que:
Se permita inmediatamente la participación directa en el caso Fraude sobre el Gualcarque al COPINH y la comunidad de Río Blanco.
Se juzguen a todos los responsables de los crímenes cometidos contra Berta Cáceres, la comunidad de Río Blanco y el COPINH por la imposición del proyecto Agua Zarca.
Instamos a la comunidad nacional e internacional a dar un seguimiento de cerca al caso Fraude sobre el Gualcarque, así como a los relacionados al asesinato de Berta Cáceres para exigir al Estado de Honduras que se garantice la justicia.
“Han creído que la Impunidad es eterna, se equivocan, los pueblos saben hacer justicia” Berta Cáceres.
Dado a los 28 días del mes de septiembre de 2020
¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz!Comunicado-28-09Descarga
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 24 de septiembre de 2020
La comunidad de Canoas, Municipio de Manzanillo, Colima se enfrenta a una nueva amenaza de explotación minera e n su territorio, ya que la empresa canadiense Hematite S. A. de C.V. ingreso una Manifestación de Impacto Ambiental para su evaluación ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), esto a pesar de que esta comunidad se declara legalmente como “territorio libre de la minería” en Asamblea Ejidal desde el mes de febrero de 2014, así como otras Asambleas posteriores.
Canoas llevan más de 10 años resistiendo ante las insistencias de diversas empresas mineras que en distintos momentos han tratado de saquear principalmente hierro de su territorio. Inclusive, la empresa RM Pacific Group S. A. de C. V. se atrevió a invadir territorio y comenzó a talar árboles sin ninguna autorización del Ejido, lo que fue denunciado por el comisariado ante la PROFEPA en abril de 2014.
Este nuevo proyecto que lleva por nombre Rufus 5 de la empresa Hematite en el predio El Agostadero, contaminaría directamente el Rio Cacao y nacimiento de agua de la que se abastecen no solo Canoas, sino ocho comunidades más que dependen de la agricultura.
Desde la REMA exhortamos a la nueva titular de la SEMARNAT, Maestra María Luisa Albores González, a NO autorizar este proyecto y respetar la decisión de la Comunidad de Canoas, ya que se autoconsultó legalmente en Asamblea Agraria y determino, por unanimidad, rechazar cualquier proyecto minero en su territorio.
De la misma forma nos solidarizamos con la Comunidad de Canoas y les decimos que desde que los conocimos en el Foro Nacional de Afectados por la Minería realizado en la Comunidad Indígena de Zacualpa, en Colima en el año 2014; no hemos dejado de tenerlos presentes, conociendo las duras luchas que han librado por defender su territorio de los proyectos de muertes que azotan a nuestro país.
¡VIVA LA LUCHA POR LA DEFENSA DE CANOAS!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre la lucha por el agua en el norte del país- A 26 de septiembre de 2020
Mexicali, BC., El activista indígena kumiai por la defensa del agua de los pueblos originarios del municipio de Tecate, Óscar Eyraud Adams, fue asesinado a balazos la noche del jueves por un grupo armado afuera de su domicilio, ubicado en esa ciudad; compañeros de lucha mostraron su consternación y demandaron a las autoridades dar con los responsables.
El defensor del agua se dedicó en los pasados meses a denunciar la falta del vital líquido en la comunidad de Juntas de Nejí y el acaparamiento de pozos por parte de grandes usuarios en Tecate, expresaron.
Destacaron que Adams pugnaba por la autodeterminación de la comunidad kumiai y su derecho al agua, por lo que mantenía la exigencia a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para obtener concesiones de pozos otorgados a empresas y a particulares en menoscabo de la comunidad indígena.
Dijeron que el activista kumiai denunció, entre los acaparadores de agua, a la empresa cervecera Heineken, la cual consumió varios millones de agua de pozos de Tecate con el aval de la Conagua.
El homicidio de Adams, de 34 años de edad, ocurrió alrededor de las 19 horas del jueves en su casa, ubicada en el callejón Libertad, en Tecate, a donde irrumpió un grupo armado y lo mató con armas largas y cortas, reportó el representante federal de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Baja California, Isaías Bertín.
La muerte de Eyraud Adams es otro de los más de 80 asesinatos de defensores del medio ambiente y el territorio desde 2012, la mayoría de pueblos y comunidades indígenas, además de ser consecuencia de la política criminal del Estado mexicano que mientras siembra violencia y destruye los tejidos comunitarios, entrega nuestros recursos y territorios a capitales privados, nacionales y extranjeros, señalaron colectivos de defensa de derechos humanos.
La lucha por preservar el agua y el territorio nos ha arrancado a un compañero porque nos quieren callar sembrando terror, acusaron activistas que participaron en movilizaciones al lado de Adams.
Los colectivos expusieron, en redes sociales, que el indígena kumiai buscaba una concesión de agua para su comunidad de Juntas de Nejí, porque no tenían ni para uso doméstico, por tanto ya había iniciado el trámite correspondiente.
Las organizaciones civiles, incluidos los Jóvenes ante la Emergencia Nacional, demandaron justicia por el cobarde asesinato del defensor del agua y del territorio del pueblo kumiai, uno de los cinco pueblos originarios de Baja California.
Óscar es el primer activista en defensa del agua que es asesinado en el “narcoestado de Baja California”, acusó el defensor Mauro Cuevas, quien se pronunció contra la impunidad que se genera ahora con Morena, al igual que en los tiempos de Calderón y Peña.
El activista kumiai se dedicó en los pasados meses a denunciar la falta de agua en la comunidad de Juntas de Nejí y el acaparamiento de pozos por parte de grandes usuarios en el municipio de Tecate, señalaron.
Expusieron que además de la lucha contra los acaparadores de agua, Adams introdujo proyectos productivos agrícolas en su comunidad; pero fracasaron por la falta de agua en la región.
El activista indígena fue solidario con el levantamiento de los jornaleros de San Quintín, la lucha magisterial contra la reforma educativa, la movilización contra la cervecera Constellation Brands en Mexicali y la lucha por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, así como por la miles de desaparecidos en México.
Sin dimensionar que el asesinato se trató de un líder indígena defensor del agua, el gobernador Jaime Bonilla se limitó a preguntarle al representante federal de la SSPC si Óscar Eyraud Adams era familiar de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, con quien tiene un enfrentamiento desde hace dos meses al acusarla de no trabajar y tener una policía corrupta.
Isaías Bertín respondió que también se investiga esa relación familiar, por su parte, la alcaldesa morenista reconoció que la víctima si es su familiar; pero advirtió que no mantenía una relación directa.
Imagen: Foto tomada de su cuenta de Facebook a través de La Jornada
