VIDEO: Pronunciamiento de Juan Almendares contra el servicio militar obligatorio en Honduras

El Doctor Juan Almendares Bonilla es miembro del Movimiento Madre Tierra Honduras/Amigos de la Tierra Honduras y del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo (M4) y presidente del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación para las Víctimas de las Torturas y sus Familiares en Honduras.

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Estamos ante un Estado policial, militar, punitivo, represivo. Un estado militar no porque haya militares sino porque está ocupado militarmente por los Estados Unidos.

Cada vez que se anuncia un servicio militar obligatorio es que el ejército se siente débil frente a una guerra. Pero aquí lo que tenemos es una guerra total contra el pueblo. Hemos tenido a más de 50.000 muertos en los últimos seis años. Es más que una guerra. Aquí tenemos no solamente una guerra contra los pobres sino también contra los mismos empresarios que tengan un sentido nacional.

¿Qué paradigma representan las Fuerzas Armadas de Honduras para los jóvenes? ¿Qué soberanía defienden si defienden más los intereses del Comando Sur y del Pentágono que los intereses del país? ¿Cuál es el fin de ellos si han sido realmente los ejecutores de la Doctrina de Seguridad Nacional? ¿Y qué significa la Doctrina de Seguridad Nacional? Entrenar torturadores en la Escuela de las Américas o en los planes de agresión de Estados unidos contra América Latina. Quieren un servicio militar porque necesitan fuerzas, ¿para qué? ¿Para golpear a los jóvenes?

La nueva Doctrina de Seguridad Nacional es la limpieza social, es la agresión contra la juventud y también la agresión contra las mujeres. Las fuerzas armadas de Honduras representan al patriarcado que está articulado a las fuerzas actuales del neoliberalismo que nos afecta a todos. Por eso una feminista como Rita Segato, llama muchas cosas que tiene que ver con el cuerpo. Todas las denuncias que se han hecho es contra las violencias contra los cuerpos, sean de hombres, de mujeres o de las personas LGBT. Ella habla de la “pedagogía de la crueldad”. El servicio militar obligatorio es una pedagogía de la crueldad en su gran extremo.

La política que sigue el ejército, no hay que verla aislada de un modelo económico y de un modelo intervencionista. Por eso nosotros preferimos tener conciencia antes de prestar la conciencia a los intereses de una cooperación que ayuda al servicio militar obligatorio. Estamos contra eso. No queremos recibir un centavo de ninguna cooperación internacional que es intervencionista a la dignidad de este país.

Por otro lado, es importante entender porqué tenemos impunidad en este país, porqué tenemos los gastos mayores en ejército, y no en salud ni en educación. Hay un Consejo de Seguridad, hay una Inteligencia que realmente está haciendo estragos en todos los niveles. Los jóvenes son reprimidos. Ya lo vimos con la militarización de la universidad y la tortura en la universidad. Ya hemos visto el asesinato de Soad Bastilla Ham, de 13 años, que levantó su voz y que apareció estrangulado en un saco y tirado en la calle. Como el asesinato de jóvenes del Instituto Vicente Caceres.

¿Para qué queremos un ejército y una policía que ha fracasado en todos los sentidos y cuando algunos de estos cuerpos han estado metidos en crímenes? Tenemos una política criminal del estado que atenta contra la libertad y por eso ahora, lo que tenemos es un sistema carcelario, una democracia encarcelada. tenemos cárceles y militares por todos lados y no han podido ni vencer el gorgojo. El gorgojo los derrotó.

La premisa de un ejército para cuidar al ambiente es falsa. La premisa de un ejército para que cuide los centros hospitalarios es falsa. La premisa para que cuide a los jóvenes en las escuelas es falsa. Ese paradigma militar es vergonzoso. No puede servir de ejemplo a los jóvenes.

Por otro lado, están involucrados cuerpos militares y policiales en la trata de blancas y el abuso sexual y la violación de mujeres. Este Estado no tiene límites, pero hay que ponerle un límite. La gente que se ha opuesto a este Estado está en las cárceles de máxima seguridad, que son centros de tortura donde la tortura es cotidiana. La bota militar se impone porque detrás de ella está la bota del poder económico de las multinacionales que golpean a nuestra juventud y a nuestras mujeres.

Hay que desmantelar el patriarcado en esta sociedad. Hay que desmantelar esta dimensión histórica que nos sumía como pueblo. Hay que levantar la conciencia. No solamente hay que decir NO al servicio militar obligatorio sino que hay que decir NO al Estado policial-militar y a la ocupación militar noerteamericana.”

Más información:

Honduras: Monitoreo de violaciones de derechos humanos en la coyuntura del fraude electoral

La fabricación de la muerte en América Latina

Juan Almendares Bonilla: Cartas a la Salud, Ecología y Derechos Humanos

Rita Segato y la Pedagogía de la Crueldad

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denuncia agresión armada en la Casa de la Memoria y la Esperanza

Comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – A 22 de abril 2018

Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Con tristeza y con mucha indignación denunciamos una agresión armada en la sede de nuestra Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza por un grupo de personas armadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), esta situación no es un problema por partidos políticos ni religioso, es una agresión a nuestra autonomía y a nuestra lucha pacífica.

Hechos:

El 21 de abril de 2018, realizamos trabajos de alambrado en el perímetro de la sede de la Organización y Casa de la Memoria y la Esperanza, para delimitar nuestro territorio haciendo el alambrado perimetral. Y construir una casa en la orilla de la carretera, en la entrada de nuestra sede, ya que en una asamblea acordamos hacer estos trabajos.

Pero, antes de que empezáramos nuestro trabajo, llegaron un grupo de personas: Antonio Gómez Pérez, presidente del grupo “Concejo Pacifista Sembradores de Paz”, (grupo usurpador del nombre de nuestra Organización Las Abejas de Acteal) junto con su esposa Catarina Vázquez Pérez, María Vázquez Pérez, Javier Luna Pérez y su esposa Micaela Vázquez Pérez, Rosa Vázquez Pérez y su hijo Romeo Hernández Vázquez y Juan Vázquez Pérez, para sembrar hizotes para delimitar según ellos su terreno, dentro del área de nuestra sede, esto como a las 7:30 de la mañana.

Aproximadamente a las 18:45 horas, se comenzaron a escuchar disparos de armas de fuego desde la casa del señor Javier Luna Pérez del PVEM, lo que hicimos las mujeres, hombres y niñas y niños que nos encontrábamos en nuestra sede, correr y refugiarnos en la iglesia de la Virgen de la Masacre de Acteal y, creímos que ahí nomas iban a parar su agresión.

Pero, como a las 10:30 de la noche, un grupo de 6 personas jóvenes de nombres: Juan Vázquez Pérez, Eulalio Ruiz Gutiérrez, Mariano y Juan Gabriel Luna Vázquez hijos de Javier Luna Pérez y Esteban Pérez Gutiérrez, la mayoría son del PVEM, llegan a nuestra sede con armas de fuego, palos, piedras y comenzaron violentamente a destruir el alambrado que habíamos hecho alrededor de nuestra sede y al mismo tiempo realizaban disparos de armas de fuego. Y cuando terminaron de destruir el alambrado realizaron 4 disparos de armas de fuego y de ahí se regresaron a sus casas.

Después de esta destrucción del alambrado, como a las 23:20 horas, este mismo grupo de personas armadas regresa a destruir la casa de la Organización de Las Abejas que se había construido en la orilla de la carretera, en ese momento estábamos varias mujeres realizando un cinturón de seguridad para evitar que destruyeran la casa, pero, no nos respetaron y así cometieron su acto violento, aventando a la carretera las maderas y algunas se las llevaron a su casa. Su acto de destrucción duró aproximadamente 10 minutos. Una vez que terminaron el destrozo, y se fueron a juntarse en la puerta de la casa del presidente del “Concejo Pacifista Sembradores de Paz” y desde ahí le dispararon con un arma al foco del alumbrado público y diciendo jactanciosos: “¡Terminamos el trabajo, vayan a tomar su pozol!”.

Contexto:

En el año de 1998, después de la masacre de Acteal, nuestro hermano Francisco Vázquez Hernández (fallecido en el año de 2016) junto con nuestra hermana María Vázquez Gómez y Juan Vázquez Luna, todos sobrevivientes de la Masacre de Acteal, decidieron voluntariamente donar una parte de su predio para que sea la sede de nuestra Organización Las Abejas de Acteal y porque ahí están enterrados nuestros 45 hermanas y hermanos y más los 4 no nacidos, dicha otorgación del terreno cuenta con un acta de donación y su respectivo croquis.

Queremos dejar en claro que los que están detrás de toda esta agresión son “Los Sembradores de Paz”, porque antes de que este grupo de personas armadas actuaran, los señores Patrocinio Hernández Gómez, Lázaro Arias Gómez y Porfirio Arias Hernández de la comunidad Yaxgemel, se encargaron de dividir y manipular a unas familias de sobrevivientes de la masacre de Acteal y, después hicieron lo mismo con las hijas de nuestro hermano Francisco Vázquez.

Cabe señalar que los “Sembradores de Paz”, en varias ocasiones han intentado despojarnos de nuestra sede y el año pasado también llegaron a agredirnos en nuestra sede, esto lo denunciamos públicamente. Pero hoy sus malas acciones ha subido de nivel.

Hermanas y hermanos, tememos que nos pueda pasar algo lamentable, porque hace rato como a las 10:30 de la mañana, el mismo grupo de personas armadas estuvieron tirando piedras sobre el techo del Mukinal, (lugar en donde están enterrados nuestras 45 hermanas y hermanos y más 4 no nacidos).

Es muy triste y doloroso lo que sucedió ayer y lo que sigue sucediendo, porque nos recuerda como vivimos el 22 de diciembre de 1997, cuando los paramilitares llegaron a masacrarnos, porque este grupo de jóvenes copiaron la forma como actuaron los paramilitares priistas de Chenalhó. Muchas mujeres, sobre todo las sobrevivientes, tuvimos mucho miedo, causando crisis emocional así como en niñas también, pero tuvimos que hacernos fuerte y apoyarnos entre todas.

Este hecho que está pasando es consecuencia de la impunidad sobre la Masacre de Acteal y el Estado mexicano es responsable de lo que está pasando ahora en nuestra sede.

Esta agresión en nuestra sede, es un ataque directo a la Memoria de nuestras hermanas y hermanos mártires de Acteal y la construcción de la Otra Justicia. Acteal es la Casa de la Memoria y la Esperanza y lo hemos dicho públicamente que es para todas las personas que luchan y construyen la paz y la justicia. Acteal después de la masacre se convirtió en dignidad y ejemplo de lucha No Violenta, y es por eso que quieren destruirnos y el mal gobierno sabemos que está detrás de todo esto.

La violencia en Chenalhó ya es el infierno, porque en donde quiera hay grupos armados, como lo acaba de señalar el gobierno estatal, que desde hace meses se oyen disparos de armas de fuego “sin identificar quién o quiénes lo realizan”, causando desplazamientos forzados y matando a gente inocente y la presidenta municipal de Chenalhó Rosa Pérez Pérez no hace nada para detener a su gente, al contrario permite la violencia y los asesinatos, así es su uso y costumbre para gobernar al municipio oficial.

Ante todo lo anterior exigimos:

  • Al mal gobierno municipal, estatal y federal detener urgentemente esta violencia y se garantice nuestra seguridad como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal en las diferentes comunidades en las que habitamos.
  • A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie pronto sobre la responsabilidad del Estado mexicano respecto a la Masacre de Acteal y, debido a este retardo, el Estado mexicano ha aprovechado para administrar la impunidad y generado más violencia en nuestra región.

Hermanas y hermanos y compañeras y compañeros de lucha, no permitan que nos maten como lo hicieron los paramilitares priistas de Chenalhó el 22 de diciembre de 1997, les pedimos hacer acciones y presionar al Estado mexicano que evite otra masacre.

Los responsables de cualquier agresión a nuestra organización son los tres niveles del mal gobierno y el grupo “Concejo Pacifista Sembradores de Paz”, en especial su presidente Antonio Gómez Pérez.

Con mucho dolor e indignación, desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

ATENTAMENTE,

La Voz de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Martín Pérez Pérez

Mariano Gómez Ruiz

Pedro Pérez Pérez

Manuel Pérez K’oxmol

Alonso Ruiz López

Manuel Nuñez Gutiérrez

                      Por las mujeres sobrevivientes de la masacre de Acteal y compañeras miembros de Las Abejas de Acteal:

Marcela Pérez Sántiz

Elena Pérez Luna

María Guzmán Pérez

Verónica Hernández Sántiz

Guadalupe Vázquez Luna

Antonia Pérez Pérez

Luvia Arias Pérez

Guadalupe Arias Pérez

Foto: Área de Comunicación de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

>> VER VIDEO CON TESTIMONIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL LAS ABEJAS DE ACTEAL <<

Facebook de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal: Las Abejas de Acteal (no confundir con la página Facebook de los “Sembradores de Paz”)

Twitter de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal: Las Abejas de Acteal (no confundir con la cuenta Twitter de los “Sembradores de Paz”)

Chiapas: Denunciamos el hostigamiento del Ejército Mexicano contra las comunidades de los Montes Azules

Compartimos el comunicado del Movimiento Reddeldía de los Montes Azules que firmamos como Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

Reserva de la Biósfera de los Montes Azules, Chiapas, México
A 10 de enero del 2018

Denunciamos el hostigamiento del Ejército Mexicano contra las comunidades de los Montes Azules

Denunciamos que ayer, martes 9 de enero, entró el Ejército mexicano a nuestro territorio, usando la fuerza para provocar y asustar a la población. Entre las 13 y 16 horas, dos aviones del Ejército mexicano sobrevolaron toda la zona de Amador Hernández, es decir los ejidos Amador Hernández, Pichucalco, Nuevo Chapultepec, El Guanal, Plan de Guadalupe y Candelaria del municipio de Ocosingo, en la Reserva de la Biósfera de los Montes Azules, en el estado de Chiapas, México.

 
Después de que se retiraran los aviones, llegó un helicóptero del Ejército mexicano que en un primer intento, aterrizó cerca de una casa dentro del Ejido Amador Hernández, desprendiendo su techo. Finalmente, aterrizó a un costado de la pista de aterrizaje que usamos en el ejido para transportarnos en casos de emergencia.
 
Del helicóptero bajaron 9 elementos del Ejército, a quienes la autoridad de la comunidad fue a preguntar qué estaban haciendo en nuestro territorio. Contestaron que estaban “buscando una avioneta que se había caído en la zona” y pidieron permiso para revisar la zona, agregando que “no tenían idea” de dónde se encontraban. La autoridad explicó que no podían pasar ya que existe un acuerdo comunitario que prohíbe la entrada del Ejercito a la comunidad. Poco a poco se juntaron alrededor de 300 personas de la comunidad, con la mujeres en primera fila, que llevaron pacíficamente a los militares hacia la carretera para que regresaran al 38º Batallón de Infantería ubicado en el poblado de San Quintín, en Ocosingo, de donde provenían.
 
Mientras tanto, el helicóptero que había aterrizado y en el que se había quedado el piloto regresó a buscar refuerzos al 38º Batallón. Cuando volvió el helicóptero, aterrizó nuevamente en un potrero en la entrada del ejido y bajaron otros 9 elementos del Ejército. Cuando se juntaron los 18 elementos del Ejército, la comunidad, otra vez encabezada por las mujeres, les fue a repetir que se retiraran y pidió a un camión de volteo que pasaba en la carretera que los llevara a su Batallón. La población se quedó asustada y preocupada, pero también organizada, al pendiente de un nuevo intento del Ejercito de invadir su territorio.
 
Consideramos que la explicación que nos dieron los militares no justifica un despliegue tan importante del Ejército y sabemos que no es posible que elementos del Ejército no sepan donde se encuentran geográficamente cuando sobrevuelan una zona. Pensamos que se trataba de una operación de vigilancia y de control de nuestras comunidades en el marco de la implementación de la Gendarmería Ambiental anunciada en el 2016. Se trata de un nuevo cuerpo de la Policía Federal encargado oficialmente de “garantizar y salvaguardar las áreas naturales protegidas” y oficiosamente de controlar y reprimir a la población para conservar los intereses del gobierno y las empresas. Bien sabemos que somos una molestia para el gobierno, ya que estamos organizados contra el saqueo de nuestros bienes comunes naturales, en el Movimiento Reddeldía de los Montes Azules, en rechazo a los proyectos de Reducción de Emisiones causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques (REDD) y todos los proyectos extractivos de biodiversidad.
 
Condenamos la agresión que sufrimos el 9 de enero y exigimos al gobierno mexicano que se respeten nuestros usos y costumbres. Sabemos organizarnos de manera autónoma y cuidar la selva. No es cierto que somos destructores y no queremos ser víctimas de la política conservacionista del gobierno que solo sirve de herramienta para reprimir y desplazar a los pueblos campesinos, como fue el caso en la comunidad Laguna Larga del Petén en Guatemala, donde los hermanos y hermanas Guatemaltecos fueron obligados a abandonar sus casas por la Comisión de Areas Naturales huyendo de los militares.
 
Sabemos también que la Ley de Seguridad Interior aprobada por el Senado en diciembre del 2017 favorece la militarización de los territorios en México. Prevé que el Estado solicite la intervención del Ejército mexicano en situaciones de amenaza o riesgo a la seguridad interior sin definir en qué contextos, lo que implica la presencia de las fuerzas armadas en situaciones que no les incube. Se puede llegar a vulnerar los derechos de las personas que participan en protestas en las ciudades, pero también de nosotros los pueblos campesinos.
 
Rechazamos rotundamente la política mexicana que consiste en otorgar cada vez más poder a las fuerzas armadas y cada vez menos a nosotros los pueblos que defendemos legítimamente los territorios y nuestros derechos.

 
¡Basta de militarización!
¡Basta de hostigamiento a los pueblos campesinos de los Montes Azules!


Firmamos:
Movimiento Reddeldía de los Montes Azules
Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
 
En la prensa:
Chiapas: comunidades denuncian “injustificado” despliegue militar que busca provocar miedo en las comunidades (RADIO MUNDO REAL)
Indígenas defienden la reserva de Montes Azules, en Chiapas, y el Ejército los hostiga, denuncian (SIN EMBARGO)
Ejército Mexicano irrumpió en comunidades de Montes Azules, Chiapas (CONTRALÍNEA)
Denuncian hostigamiento del Ejército Mexicano a comunidades de los Montes Azules (SOMOS EL MEDIO)
Tseltales expulsan de la Selva Lacandona a 17 marinos que entraron en su territorio sin permiso (PROCESO)
 
Más lectura:
Conservación y areas de salvaguarda, la cara más reciente del modelo extractivo en México
ATALC denuncia el desplazamiento forzado de las comunidades del Petén en Guatemala

Honduras: El pueblo no reconoce la victoria de Juan Orlando Hernández y denuncia un fraude

Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

El 17 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras anunció, en medio de grandes sospechas de fraude electoral, que “el próximo presidente del país es el abogado Juan Orlando Hernández”, o “JOH”, del Partido Nacional, quien preside el país desde el 2014 y violó la Constitución al ser candidato a su propia reelección el pasado 26 de noviembre. Su partido tomó el poder en el 2009 a través de un golpe de Estado militar que destituyó al ex-presidente Manuel Zelaya. Los resultados finales son: 42.95% para JOH; 41.42% para Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura (de la cual forma parte Manuel Zelaya); 14.73 % para el Partido Liberal.

EL RECHAZO

“Repudiamos la resolución del Tribunal Supremo Electoral que da como vencedor a Juan Orlando Hernández como presidente reelecto y por lo tanto, rechazamos el fraude generalizado dirigido por el Partido Nacional, la oligarquía nacional y el gobierno de los Estados Unidos a través de su encargada de negocios en Honduras”, declaró la Plataforma del Movimiento Social y popular de Honduras (PMSPH) pocas horas después del anuncio.

A su vez, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) llamó “a la movilización y organización permanente en las calles a todo el pueblo lenca y hondureño en la legítima exigencia de que JOH salga inmediatamente del poder”. En un comunicado publicado este 18 de diciembre, propone “en su defecto, que se llame a un nuevo proceso electoral con garantías y transparencia, supervisado por la comunidad internacional”.

La victoria de JOH tampoco satisfizo la Organización de Estados Americanos (OEA), quien llamó a organizar nuevas elecciones: “Ante la imposibilidad de determinar un ganador, el único camino posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras es un nuevo llamado a elecciones generales, dentro del marco del más estricto respeto al Estado de Derecho, con las garantías de un TSE que goce de la capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía y los partidos políticos.”

LA REPRESIÓN

Las protestas contra el fraude se multiplican en varias partes del país pero la respuesta del Estado es la represión.

Este 18 de diciembre, más de 50 agentes de la Policía Militar entraron con bombas lacrimógenas y armas de fuego en la comunidad de Sambo Creek (norte), donde viven y luchan lxs compañerxs garífunas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). El compañero Bryant Lopez de la OFRANEH se encuentra herido. “El día de hoy, la comunidad y el pueblo garífuna han enfrentando una situación sin precedentes (…) cuando el Ejército y la Policía Militar entraron a Sambo Creek en una verdadera cacería contra el pueblo garífuna”, denunció la coordinadora de la organización Miriam Miranda.

Protesta pacífica de la OFRANEH en Sambo Creek este 18 de diciembre (Crédito:OFRANEH)

Población de Sambo Creek atacada con bombas lacrimógenas este 18 de diciembre (ver video) (Crédito:OFRANEH)

En los barrios populares de Tegucigalpa, capital del país, se desplegaron decenas de miembros de la Policía Militar en respuesta a las protestas pacíficas. En la Colonia Villanueva por ejemplo, atacaron a la población con bombas lacrimógenas hasta dentro de sus casas.

Colonia Villanueva, Tegucigalpa, el 18 de diciembre (DR)

Colonia Villanueva, Tegucigalpa, el 18 de diciembre (DR)

Colonia Villanueva, Tegucigalpa, el 18 de diciembre (DR)

EL FRAUDE

El anuncio del TSE se dio tres semanas después del cierre de las Elecciones Generales organizadas el 26 de noviembre. La oposición y gran parte de la población denuncian un fraude electoral a favor del Partido Nacional, obviado por la anormalmente larga duración del proceso de divulgación de los resultados. En los primeros resultados parciales, Salvador Nasralla tenía una ventaja de 5 punto (45% VS 40%) y era el favorito hasta el 29 de noviembre, día en que los resultados empezaron a invertirse a favor de JOH después de varias fallas técnicas. Ese día estallaron numerosas marchas en varias partes del país en las que los manifestantes gritaban “¡Fuera JOH!”. Fueron violentamente reprimidas: entre el 29 de diciembre y el 6 de diciembre, hubo 14 personas asesinadas y 51 heridos, de los cuales 7 graves, en el marco de las protestas.

El 10 de diciembre, el TSE anunció resultados presentando como “finales”: 42.98% para JOH y 41.38% para Salvador Nasralla. Provocaron más protestas y bloques, en las que fueron retenidos lxs compañerxs del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). La población seguía denunciando un fraude, respaldada por la organización Human Rights Watch, cuyo director para las Américas José Miguel Vivanco denunció ese día que “hay indicios contundentes de fraude electoral en Honduras, y estos señalamientos deben ser investigados y debe respetarse la voluntad de los votantes”.

En un último intento de volver a la tendencia inicial, Salvador Nasrallo entregó el 12 de diciembre a las Misiones de Obseravción Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) una carta denunciando el fraude así como 14.364 actas electorales que comprobaban según él su victoria, pero no las 18.128 actas restantes. No tuvo exito: el veredicto de la Misión de la UE fue que “tras el cotejo de una gran muestra aleatoria de las copias de las actas entregadas por la Alianza y de los originales publicados en la web del Tribunal, la Misión constató que los resultados de ambos grupos de actas no presentaban prácticamente ninguna diferencia.” Tampoco tuvieron efecto los recursos de nulidad interpuestos por la Alianza y el Partido Liberal.

Más info:

Pronunciamiento de Amigos de la Tierra Europa y Amigos de la Tierra América latina y el Caribe ante la declaración de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE – UE) en Honduras

 

Informe por grave situación en Honduras (Amigos de la Tierra América latina y el Caribe – ATALC)

#AlertaHonduras: ¡No al fraude electoral, la represión y los ataques al derecho a la información!

Desplazados de Chalchihuitán: “Perturbador y cuestionable” el fallo a favor de Chenalhó según la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Compartimos este comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas que recibimos el día de hoy

Un fallo perturbador y cuestionable

Comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
14 de diciembre de 2017

“La obra de la justicia, será la paz,
y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre”
(Isaías 32,17)

1.- El 28 de noviembre pasado, el Consejo de Pastoral de esta diócesis advertía la grave situación provocada por el desplazamiento demiles de personas, agredidas por grupos armados ilegales que habían quemado viviendas, robado pertenencias  y aterrorizado a lapoblación con disparos de día y de noche, por la disputa limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó, con violación masiva de derechos humanos, con riesgos para la salud y la vida de las personas desplazadas, creando una grave emergencia humanitaria. El Consejo Diocesano reclamaba la relativa acción de las autoridades y la impunidad de los violentos. Expresaba la petición a las autoridades federales, estatales y municipales que garantizaran la seguridad de quienes llevaban la ayuda humanitaria a los desplazados, que se abocaran a la solución profunda de las causas, y a no dejar impunes los múltiples delitos que hasta entonces se habían cometido.

2.- Ante la prolongación y agravamiento del conflicto, las once parroquias de la zona tsotsil emitieron un comunicado, anteayer, en que denunciaban la amenaza explícita hecha por la asamblea de agentes municipales y comisariados de Chenalhó, convocados por la presidenta municipal, el 5 de diciembre, como consta en un documento firmado y sellado que dice: “En caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó”. Este párrafo se eliminó, posteriormente, para proteger a la autoridad local, pero el pacto es auténtico. (Ver abajo el acta de asamblea original del 5 de diciembre)


Hemos sabido también que los grupos armados exigían a pobladores del municipio de Chenalhó a colaborar en la vigilancia.

Las parroquias denunciaban que el grupo armado había puesto impunemente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán, y no entendían por qué las autoridades estatales y federales lo habían permitido. También hacían notar que “se da de hecho un estado de excepción, en el que se niegan los derechos fundamentales y las garantías individuales a los habitantes de comunidades de Chalchihuitán y algunas de Chenalhó, y no se perciben pasos eficaces para establecer el estado de derecho mínimo en favor de esa población mexicana”. Y agregaban: “Todo esto hace evidente que urge una solución de fondo e integral al conflicto… que, sin desconocer la dimensión jurídica, la incorpore en un contexto más amplio que tome en cuenta los factores culturales, sociales e históricos”.

3.- Ahora, ante la comunicación a las partes del fallo del Tribunal Unitario Agrario, que tuvo lugar ayer, 13 de diciembre, invalidando el deslinde anterior, que la misma Secretaría de la Reforma Agraria había hecho hace 45 años, y ordenando a la SEDATU a realizar un nuevo deslinde, afirmamos que este hecho es un despojo de las hectáreas que el mismo gobierno había dotado legalmente a Chalchihuitán. Quienes habitaron esas tierras, no eran invasores, sino campesinos pobres que poseyeron de buena fe lo que se les entregó con documentos de una resolución presidencial.

Recordamos que, desde 2010, una comisión interdisciplinar indicaba: “Dado el estado actual de conflictividad social entre ambas comunidades, consideramos que ninguna resolución jurídica será socialmente sostenible, sino al contrario, puede terminar fortaleciendo los factores estructurales de tensión, cualquiera que fuera la resolución de los tribunales.” Esto no se tuvo en cuenta.

Los agentes de pastoral de la diócesis, reunidos en nuestro encuentro anual, presididos por don Felipe Arizmendi Esquivel, estamos desconcertados y preocupados ante la resolución hecha por el Tribunal Agrario, así como por la gravedad de la situación. Se dio un fallo en favor del municipio de Chenalhó, sin que mediara un diálogo previo y un proceso necesario e indispensable para resolver un conflicto tan profundo e histórico entre las dos partes. Se da con la oferta de una compensación a Chalchihuitán en dinero y vivienda del todo insuficiente, pues ahora los desplazados son despojados, sin acceso a la tierra.

Nos preocupa sobremanera descubrir que la resolución del Tribunal está fechada el 6 de noviembre de 2017, y las autoridades la dan a conocer hasta el día 13 de diciembre de 2017, mediando más de un mes en el que la población desplazada ha sufrido miedo, frío, hambre, hostigamiento, enfermedades, daño psicológico y hasta la muerte de varios infantes y adultos. Consideramos que las autoridades gubernamentales deben dar una explicación a la sociedad sobre el motivo por el que se aplazó la comunicación del resolutivo del Tribunal Agrario. Fue un tiempo en que los grupos armados ilegales sometieron a la población de Chalchihuitán y de Chenalhó a los sufrimientos ya descritos. Cualquiera que sea la razón, el hecho lo consideramos totalmente reprobable, ilegítimo e inhumano.

En esta etapa del conflicto, no se ha hecho el menor intento de escuchar a la población; por el contrario, se ha dado una solución impuesta a nivel exclusivamente de autoridades, lo cual hace muy frágil el fallo y no resuelve las divisiones.

El imprudente y cuestionable fallo se dio en favor de quien ha ejercido más violencia, del que ha gozado de impunidad, del que había hecho amenaza pública, de quien provocaba el desplazamiento forzado de tan numerosas familias, de quien usa armas ilegales, de quien ahora aparece como responsable de la muerte de varias personas.

Al no haber construido una solución con la participación de los pueblos implicados, al tener en una situación de sometimiento por medios violentos a una de las partes, al no haber creado condiciones de diálogo y buscar una solución consensuada a partir de la cultura, de las necesidades, de las alternativas posibles, en que no resultara una parte ganadora y la otra derrotada y despojada, se hace muy cuestionable y perturbadora la aplicación del resolutivo del Tribunal, aunque sea “legal”.

Tememos que continúe la violencia. Tememos que los despojados de sus tierras no sean resarcidos integralmente, puesto que se les priva de su medio fundamental de subsistencia. Tememos que se aleje cada vez más la posibilidad de una paz basada en la justicia. Tememos que sea muy difícil, por no decir casi imposible, restaurar las relaciones armónicas entre los pueblos.

Urgimos a la autoridad federal, la causante de esta falta de conocimiento de la realidad histórica y cultural de estos pueblos, que se aboque a dotar a los despojados de condiciones de una vida digna, de buscar la forma de dotarles de tierra en algún lugar, de construirles casas adecuadas, de procurar su salud y su sostenimiento, pues se quedaron sin nada, sin casa y sin medios de subsistencia. Esto es lo mínimo en justicia y en humanidad. En vez de gastar tanto en campañas electorales, que demuestren su amor al pueblo haciendo lo más posible por proteger a estos hermanos.

Como cristianos, ante el dolor de los pueblos, vemos la urgencia de abrir un espacio a la esperanza y al diálogo; esto será una contribución a la paz tan deseada para los dos pueblos. Por nuestra parte, seguiremos impulsando la solidaridad con los despojados, y compartiendo con ellos la Palabra de Dios, que nos invita a construir la paz, siempre en base a la justicia y el respeto a los derechos de los demás.

Por los agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas,

Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel
Pbro. Luis Manuel López Alfaro
Hna. María del Refugio Esparza, MIF
Hna. María Isabel Hernández, O.P.
Pbro. Juan Manuel Hurtado López
Pbro. Víctor Manuel Pérez Hernández
Pbro. Marcelo Pérez Pérez
Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, O.P.

CÓMO APOYAR:

Enviar su ayuda a Cáritas, Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Prolongación Benito Juárez #8, Planta Alta, Colonia Maestros de México, C.P. 29246 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel. 01 967 6786479. Celular de emergencia 967 1203722. caritas@caritasancristobal.org

Donativos económicos para emergencias
Cáritas de San Cristóbal de Las Casas A.C
BANCO MERCANTIL DEL NORTE
Cuenta: 0642624985
Clabe::072130006426249855
BIC/SWIFT: MENOMXMTS S.A.

Más info:

Más de 5 mil desplazados no podrán regresar, Tribunal Agrario resuelve controversia de límites a favor de Chenalhó (Chiapas Paralelo)

“Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas”: organizaciones de Chiapas exigen el desarme de los paramilitares tras el fallo (CDH Frayba)

10 personas muertas en el desplazamiento forzado (Informe de Brigada Médica CAM-SADEC)

Foto: Padre Marcelo de la Parroquia de Simojovel (25 de noviembre)

 

Desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó: los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil alertan sobre creciente crisis humanitaria

Compartimos el comunicado de los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil sobre la situación de desplazamiento forzado en la que se encuentran más de 5.000 personas de Chenalhó y Chalchihuitán – A 12 de diciembre

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Foto: Radio Zapatista

San Cristóbal de las Casas, a 12 de diciembre 2017

           Desde la cercanía que nos da el ser parroquias vecinas de lengua Tsotsil, en continuidad con la declaración del 28 de noviembre del Consejo de Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal, con grande preocupación e impotencia vemos crecer el conflicto entre los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán y consideramos indispensable dar a conocer a la opinión pública la situación que prevalece.

  1. La crisis humanitaria crece día con día por el desabasto, ya cercano a un mes, provocado por el bloqueo de los tres accesos al municipio de Chalchihuitán, sumado a los efectos de las lluvias, el frio y la condición de desplazamiento de numerosas familias, muy mayoritariamente del municipio de Chalchihuitán.
  2. Crecen los reportes de crecientes problemas de salud y el limitado acceso a servicios médicos y medicamentos ofrecidos por personas de la sociedad civil y alguna presencia puntual de personal de instituciones públicas. Se informa ya de algunas defunciones de niños y ancianos, por hambre o por enfermedad.
  3. La dotación de ayuda humanitaria de la diócesis y de la sociedad civil está siendo insuficiente, dada la magnitud de las necesidades y la dificultad para hacerla llegar hasta las personas desplazadas.
  4. Continúan los reportes de disparos que mantienen el nivel del miedo y la imposibilidad de retornar a sus viviendas para la mayoría de los desplazados.
  5. Los acuerdos de las autoridades de Chenalhó de permitir sólo paso peatonal no significaron alivio alguno para la población de Chalchihuitán, pues no permiten el paso seguro de vehículos con víveres, personas y gasolina.
  6. Aunque el gobierno estatal ha tomado algunas medidas para atender la emergencia alimentaria y sanitaria, ha sido insuficiente. Lo más grave es que no se ve que procure un proceso de solución de fondo del conflicto.
  7. El problema limítrofe entre Chenalhó y Chalchihuitán ha crecido hasta parecer inmanejable. Se anuncia como inminente la resolución del Tribunal Agrario sobre este conflicto, pero nos preocupa cuál sea su sentido. No basta un documento de escritorio desde la ciudad de México, sin un consenso armónico entre los pueblos. Sin esto, las consecuencias pueden ser graves.
  8. La larga historia de este conflicto demuestra que las sentencias judiciales, aisladas de la verdadera atención a los aspectos sociales del problema, no solo no lo resuelven, sino que lo pueden empeorar.
  9. Esto se hace evidente porque la asamblea de agentes municipales y comisariados convocados por la presidenta municipal Chenalhó, indicó el 5 de diciembre que “en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la Resolución Definitiva a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó” (Ver Acuerdo Segundo del acta de asamblea abajo)
  10. Un grupo armado ha puesto impunemente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán y no entendemos por qué las autoridades estatales y federales lo han permitido. Recibimos noticias de que los armados están obteniendo más armas y aumentan sus amenazas. Es imprescindible su contención, desarme y procesamiento judicial, para garantizar la desactivación de las causales del desplazamiento forzado en curso.
  11. Se da de hecho un estado de excepción en el que niegan los derechos fundamentales y las garantía individuales a los habitantes de todas las comunidades de Chalchihuitán y algunas de Chenalhó, y no se perciben pasos eficaces para establecer el estado de derecho mínimo en favor de esa población mexicana.

Todo esto hace evidente que urge una solución de fondo e integral al conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán que, sin desconocer la dimensión jurídica, la incorpore en un contexto más amplio que tome en cuenta los factores culturales, sociales e históricos.

Ya hubo en el pasado un intento serio de encontrar una solución justa y respetuosa de los derechos de ambos municipios, con la creación de un “Comité Técnico para la Atención del Conflicto de Límites entre las Comunidades de San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán”. Después de aproximadamente dos años de trabajo, ese esfuerzo se abandonó inexplicablemente.

Pensamos que hoy es posible recuperar el estudio encomendado por el Comité Técnico a un Grupo de estudio Interdisciplinario que en 2010 indicaba:

“Dado el estado actual de conflictividad social entre ambas comunidades, consideramos que ninguna resolución jurídica resulta aceptable para las dos partes en disputa, por lo que no será socialmente sostenible sino al contrario, puede terminar fortaleciendo los factores estructurales de tensión; cualquiera que fuera la resolución de los Tribunales, produce el riesgo de perpetuar la actual incertidumbre jurídica sobre todo el edificio de los dos procesos de RTBC (Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales)”.[Recomendación no. 1 contenida en el Resumen Ejecutivo del Informe del GEI al Comité Técnico].

En otra Recomendación (No. 6) se afirma: “Consideramos inaplazable que se concerte y se instale una mesa de diálogo político y comisión tripartita, considerando en condiciones de equidad a los Bienes Comunales de Chenalhó y Chalchihuitán así como al Gobierno del Estado”, pero no solo éstos sino otro actores coadyuvantes al proceso de diálogo tales como “ancianos y autoridades indígenas actuales y pasadas” y “expertos de la sociedad civil, así como de los organismos multilaterales especializados” (Recomendaciones 10 y 11).

Instamos al gobierno federal, al estatal y a los municipales a que retomen el camino de una solución integral al problema, dado que en esta ocasión el conflicto se ha agravado más que en ninguna otra ocasión que se recuerde, por la creciente participación de grupos armados.

Urgimos y, en nombre de las víctimas, exigimos, a las autoridades tres niveles de intervención inmediata:

  1. Reconocer el conflicto violento y el desplazamiento forzado, imponiendo y garantizando un alto a cualquier acto de violencia, con la consiguiente determinación de responsabilidades de las graves violaciones a los Derechos Humanos y a la Constitución.
  2. Garantizar de manera inmediata un convoy de ayuda humanitaria, suficiente y continua, hasta atender a total de las familias desplazadas de ambos municipios y los efectos del desabasto en la población de Chalchihuitán.
  3. Hacer un verdadero desagravio a los dos pueblos, puesto que el conflicto surge a partir de la intervención gubernamental federal y es acrecentado por los intereses de partidos políticos, como condición para instalar una impostergable mesa de diálogo de alto nivel, encabezada por el gobierno federal, con participación de la sociedad civil y otros actores institucionales.

Por los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil

Fray Gonzalo Ituarte Verduzco O.P.

Vicario de Justicia y Paz

Con la anuencia de

+ Felipe Arizmendi Esquivel

Administrador Apostólico de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

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Comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas a 28 de noviembre 2017

Comunicado de la Misión de Observación de Derechos Humanos en Chalchihuitán a 13 de diciembre: “Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado”

Fallecen 4 niños y 2 adultos de Chlachiuitán, víctimas del desplazamiento forzado en Chiapas (Chiapas Paralelo)

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? (Radio Zapatista)

ueren otros 2 desplazados en Chalchihuitán: Iglesia Católica; suman 9

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://chiapas.quadratin.com.mx/principal/mueren-otros-2-desplazados-chalchihuitan-iglesia-catolica-suman-9/

Este contenido se encuentra protegido por la ley. Si lo cita, por favor mencione la fuente y haga un enlace a la nota original de donde usted lo ha tomado. Agencia Quadratín. Todos los Derechos Reservados © 2016.

Dibujos contra el Golpe de Estado en Honduras

#AlertaHonduras #HondurasNoEstásSola

Lamentablemente, hoy estos dibujos que nacieron de las imágenes de esas luchas en las calles, son vigentes de nuevo. Les compartimos algunos como aportes a la protesta contra el fraude electoral actual y para que las utilicen si les sirven en sus acciones y materiales de denuncia contra este nuevo Golpe de Estado en Honduras y contra la Represión.

Ilustraciones: Nieves Capote

>> Descargar el documento completo de “La Declaración de las Caminatas” aquí <<

>> Descargar todos los dibujos en alta calidad <<

>> Descargar todos los dibujos en Facebook (baja calidad) <<

Más información:

#AlertaHonduras: ¡No a un nuevo golpe de Estado y alto a la represión!

AUDIO: Entrevista con Carlos H Reyes, del movimiento sindical hondureño, sobre las claves internas y externas del fraude electoral y la continuidad del Juan Orlando Hernández

AUDIOS: Boletines y Entrevistas del #GuancascoDeMedios sobre las Elecciones en Honduras

¡Alto a la violencia policiaca y militar contra el pueblo de Honduras!

Comunicado urgente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 1 de diciembre 2017

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería condenamos enérgicamente la violencia que ha desatado el gobierno golpista de Juan Orlando Hernández, contra el pueblo hondureño que ha salido a las calles, a manifestar su hartazgo por el evidente fraude electoral perpetrado desde el gobierno actual que, en consecuencia, atenta y viola de manera directa el respeto y voluntad de las mayorías para, de forma pacífica, elegir a su presidente nacional.

Hemos recibido comunicados de organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos amigas, quienes de forma dramática nos indican que la violencia perpetrada desde el estado nacional, ya empezó a cobrar sus primeras víctimas mortales.

Los hechos se enmarcan en el proceso electoral realizado este 26 de noviembre del año en curso, en el cual el presidente Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección presidencial, ha utilizado a las instituciones del estado para que maquilen y manipulen tanto el sistema de cómputo, como a la propia autoridad electoral, y con ello dar un sesgo y evitar reconocer los resultados que ya daban por virtual y estadísticamente ganador al candidato de la Alianza de Oposición, el C. Salvador Narsalla.

Es importante recordar que Juan Orlando Hernández asume el poder en Honduras tras el golpe de Estado que en el 2009 se llevó cabo, en una clara colusión y alianza con Estados Unidos. Desde entonces su mandato ha sumido al pueblo hondureño en una profunda crisis social, económica de seguridad y de mercado global para facilitar la libre entrada de empresas transnacionales, que desde esas fechas han estado saqueando a las comunidades de sus bienes comunes, además de hacer brutales actos de despojo del territorio a partir de asesinar a cientos de defensoras y defensores que se oponen a ello, tal como sucedió con nuestra querida compañera Berta Cáceres, integrante del COPINH.

Exigimos que el Tribunal Supremo Electoral deje de actuar y enturbiar el proceso electoral al demorar la información, y validar una caída del sistema que lo único que fomenta es su actuación sin transparencia y sin legalidad.

Exigimos se respete la libre voluntad del pueblo hondureño para manifestarse de forma libre, plena y pacífica en las calles de Honduras, sin intromisión e intervención de las fuerzas armadas legales e ilegales del estado hondureño.

¡Respeto a la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas!

Exigimos al gobierno de Juan Orlando Hernández detener la persecución, criminalización y represión que ha desatado contra la población.

¡¡Alto al Fraude Electoral en Honduras!!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Más lectura:

#AlertaHonduras: ¡No a un nuevo golpe de Estado y alto a la represión!

AUDIOS: Boletines y Entrevistas del #GuancascoDeMedios sobre las Elecciones en Honduras

[AUDIO] Bertha Zúñiga: Hallazgos en el caso Berta Cáceres deben “poner el freno a las actuaciones violatorias de los derechos de los pueblos que tienen las empresas”

 

Informe: la situación de los derechos humanos en México según Amnistía Internacional

En octubre 2017, la organización internacional Amnistía Internacional publicó su informe 2016/2017 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

Diez años después del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” se seguía empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continuaba siendo generalizada. Seguían recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría de personas que huían de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Se llevaron a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, y siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo. La violencia contra las mujeres seguía suscitando honda preocupación, y se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán. El Congreso rechazó uno de los dos proyectos de ley presentados que permitirían a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños o niñas.

INFORMACIÓN GENERAL

En las elecciones de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder, perdió varios gobernadores en diferentes estados. El prolongado conflicto social entre gobierno y sindicatos de docentes dio lugar a manifestaciones multitudinarias y bloqueos de carreteras en todo el país; los sindicatos pedían la derogación de la reforma educativa de 2013. Tras un periodo preparatorio de ocho años, México culminó la transición de un sistema de justicia penal escrito inquisitorial a uno basado en juicios orales. A pesar de la aplicación de la reforma, persistían muchos de los problemas que aquejaban al sistema anterior, como el incumplimiento de la presunción de inocencia.

El plan de seguridad de 10 puntos, anunciado por el presidente Peña Nieto en noviembre de 2014, todavía no se había aplicado plenamente, y tampoco se había cumplido la promesa de promulgar leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas, así como contra las desapariciones a manos de agentes no estatales. El Congreso aprobó un paquete de leyes contra la corrupción. La nueva legislación recibió críticas generalizadas porque no cumplía las expectativas generadas por los anteproyectos de ley anteriores.

Los registros oficiales indicaban un incremento del número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país. En octubre, el secretario de Defensa admitió que la guerra contra el narcotráfico había pasado factura al ejército, que estaba exhausto, y pidió que se aclarara jurídicamente qué papel debía desempeñar éste en las tareas de seguridad pública. Los legisladores prometieron debatir reformas relativas a la participación del ejército en las operaciones de seguridad.

POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD

La violencia aumentó notablemente; las autoridades registraron 36.056 homicidios hasta el final de noviembre —la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Peña Nieto en 2012— frente a los 33.017 de 2015. En respuesta a las manifestaciones multitudinarias de los movimientos de docentes, las autoridades llevaron a cabo varias operaciones policiales, algunas de las cuales se saldaron con muertes y heridas de civiles. Varios líderes de los movimientos fueron arrestados y recluidos en prisiones federales. Posteriormente, muchos de ellos fueron puestos en libertad en espera de nuevas investigaciones.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Los autores de ejecuciones extrajudiciales seguían gozando de impunidad; esos delitos no se investigaban adecuadamente. Las fuerzas armadas seguían participando en las investigaciones que implicaban a personal militar, en contra de lo dispuesto en la reforma de 2014 del Código de Justicia Militar. Por tercer año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares.

Se descubrieron decenas de fosas comunes en todo el país, a menudo a iniciativa de grupos de familiares más que de las autoridades o expertos forenses oficiales.
Las autoridades locales se deshicieron ilegalmente de más de 100 cadáveres no identificados en al menos una fosa en el municipio de Tetelcingo, estado de Morelos. Los autores de los homicidios seguían sin ser identificados.

El 19 de junio, al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en Nochixtlán, estado de Oaxaca, durante una operación policial lanzada tras un bloqueo de carretera en el marco de una manifestación contra la reforma educativa del gobierno. Las imágenes emitidas por los medios de comunicación contradecían la afirmación inicial realizada por las autoridades de que los policías estaban desarmados.

En agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que varios miembros de la policía federal habían torturado al menos a dos personas en el municipio de Tanhuato, estado de Michoacán, en mayo de 2015, en el marco de una operación de seguridad; la Comisión concluyó, además, que 22 de las 43 personas muertas durante la operación habían sido víctimas de ejecución arbitraria y que la policía había alterado pruebas, por ejemplo mediante la colocación de armas en las víctimas.

La investigación sobre los homicidios de 22 personas a manos de soldados en Tlatlaya, estado de México, en 2014, todavía no había arrojado resultados concretos. Las autoridades no asumieron la responsabilidad por la orden de “abatir delincuentes” (en este contexto, con el sentido de “matar”) que guió las operaciones militares en la zona en 2014, ni investigaron a los oficiales con responsabilidad de mando.

No se tuvo constancia de ningún enjuiciamiento por los homicidios de 16 personas cometidos en 2015 por agentes de la policía federal y otras fuerzas de seguridad en Apatzingán, estado de Michoacán; las autoridades no investigaron adecuadamente los homicidios ni examinaron la responsabilidad de quienes estaban al mando.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS

La impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta, con numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante las operaciones policiales y militares. La violencia sexual como forma de tortura era habitual durante las detenciones de mujeres.[1] Por primera vez en dos años, en abril la Procuraduría General de la República anunció la presentación de cargos de tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un vídeo en el que se veía a policías y soldados torturando a una mujer.

También en abril, en un caso excepcional, un juez federal impuso una condena de 52 años de prisión a un general del ejército por haber ordenado una operación en la que se infligió tortura, se cometió un homicidio y se eliminó un cadáver en el estado de Chihuahua en 2008.

En abril, el Senado aprobó una iniciativa de Ley General contra la Tortura que se ajustaba a las normas internacionales. El proyecto de ley se reformó, y al concluir el año seguía pendiente una votación general en la Cámara de Diputados.

La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la Procuraduría General de la República, informó de que se estaban revisando a nivel federal 4.715 expedientes de investigación de casos de tortura.

Como en años anteriores, en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura; había más de 3.000 peticiones pendientes de tramitación. En muchos casos, sin un dictamen médico oficial, las investigaciones sobre torturas y otros malos tratos no avanzaban.

En septiembre, en vista de que México no aplicaba sus recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres sometidas a violencia sexual como forma de tortura en San Salvador Atenco en 2006.

DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES

Se registró una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo; hasta octubre se habían presentado 6.898 solicitudes, el 93% de las cuales correspondían a personas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Se concedió la condición de refugiado a 2.162 personas, a pesar de que se estimaba que anualmente más de 400.000 migrantes en situación irregular cruzaban la frontera sur de México; según las organizaciones internacionales y los estudiosos del tema, la mitad de estas personas podía reunir los requisitos para obtener asilo. En la mayoría de los casos, las autoridades no informaban adecuadamente a las personas migrantes sobre su derecho a pedir asilo en México.

En agosto entró en vigor una reforma de la Constitución que reconocía el derecho de asilo. La aplicación del Programa Integral Frontera Sur volvió a dar lugar a un aumento de las operaciones de seguridad en la frontera de México con Guatemala y Belice, y eran frecuentes los informes de extorsión, expulsiones masivas, secuestros y otros abusos contra los derechos humanos de las personas migrantes. Hasta noviembre, 174.526 personas migrantes en situación irregular habían sido capturadas y detenidas, y 136.420 habían sido devueltas a sus países. El 97% de las personas deportadas eran de Centroamérica. Según datos de febrero del Congreso de Estados Unidos, el gobierno estadounidense tenía planes de destinar 75 millones de dólares a “operaciones de seguridad y migración” en la frontera sur de México, a través de la Iniciativa Mérida.

La Procuraduría General de la República creó una nueva Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes. Varias organizaciones de la sociedad civil participaron en el diseño del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación para coordinar los esfuerzos de las autoridades mexicanas y centroamericanas, con el propósito de garantizar justicia para las personas migrantes víctimas de desapariciones perpetradas por agentes no estatales y de otros delitos en México.

En septiembre, el presidente Peña Nieto anunció un plan para personas refugiadas en una cumbre de la ONU y reconoció oficialmente la existencia de una crisis de refugiados en México y Centroamérica. El plan prometía aumentar en un 80% la financiación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, garantizar que no se detendría a migrantes menores de 11 años, y reforzar la inclusión e integración de la población refugiada en el país. En mayo, un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó al menos a 35.433 víctimas de desplazamiento interno en México, a pesar de que otras estimaciones dignas de crédito basadas en datos oficiales daban una cifra al menos cuatro veces más alta.

En octubre, la Comisión publicó un informe que hacía hincapié en las precarias condiciones de vida en los centros de detención de migrantes, especialmente para los niños y niñas no acompañados.

DESAPARICIONES FORZADAS

Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo práctica generalizada, y los responsables seguían gozando de una impunidad casi absoluta. Las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y sufriendo demoras indebidas. En general, las autoridades no iniciaban inmediatamente la búsqueda de las víctimas.

Al concluir el año, según el gobierno, 29.917 personas (22.414 hombres y 7.503 mujeres) se hallaban en paradero desconocido. Las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no incluían casos federales anteriores a 2014 ni casos clasificados como otros delitos, tales como secuestro o trata de seres humanos.
Las desapariciones forzadas y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales generaban un gran dolor en las familias de las víctimas, lo que constituía una forma de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los datos disponibles señalaban que la mayoría de las víctimas eran hombres; las mujeres conformaban la mayoría de los familiares en busca de verdad, justicia y reparación.

Algunas familias de personas desaparecidas que buscaban a sus seres queridos recibían amenazas de muerte. El Senado celebró audiencias públicas con familiares de personas desaparecidas para hablar del proyecto de Ley General sobre Desapariciones Forzadas, presentado en diciembre de 2015 ante el Congreso por el Presidente Peña Nieto. El proyecto de ley seguía pendiente ante el Congreso.

En marzo se presentaron cargos penales contra cinco marinos por la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villareal, hallado muerto semanas después de haber sido detenido arbitrariamente en el estado de Nuevo León en 2013.

En abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó su segundo informe sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que fueron víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014.

El GIEI confirmó que la afirmación de las autoridades de que los estudiantes habían sido asesinados y quemados en un vertedero local era científicamente imposible. El GIEI también reveló que, en octubre de 2014, varios funcionarios habían visitado de manera irregular otro lugar que posteriormente se relacionó con el crimen, y habían manejado pruebas importantes sin contar con la documentación ni los permisos adecuados. Un hombre, detenido en relación con el caso, había sido obligado por las autoridades a participar en esa visita sin la presencia de su abogado ni la supervisión de un juez. La visita tuvo lugar un día antes de que el gobierno descubriera un trocito de hueso en el mismo lugar.

Posteriormente, ese hueso se logró identificar como perteneciente a Alexander Mora Venancio. El funcionario al mando de la investigación dimitió de su cargo en la Procuraduría General de la República, aunque se estaba llevando a cabo una investigación sobre sus acciones. El presidente Peña Nieto le asignó inmediatamente otro alto cargo federal. En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su plan de trabajo para establecer un mecanismo de seguimiento del caso de Ayotzinapa, tras las recomendaciones formuladas por el GIEI y tras las medidas cautelares que la propia comisión había dictado en 2014, en las que ordenaba a México determinar el estado y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

PERIODISTAS Y DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Continuaron las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Al menos 11 periodistas fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (mecanismo federal) no brindaba protección adecuada a estas personas.

En febrero, varias organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron una campaña de difamación —que las autoridades parecían tolerar— contra el GIEI y contra ONG locales que trabajaban sobre el caso de Ayotzinapa. La cifra de peticiones de protección en virtud del Mecanismo se mantuvo constante en relación con el año anterior.

En julio, Humberto Moreira Valdés, ex gobernador del estado de Coahuila y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una demanda civil contra el destacado periodista Sergio Aguayo en la que pedía una indemnización de 550.000 dólares estadounidenses por los presuntos daños morales que el periodista había ocasionado a su reputación a través de un artículo de opinión. Lo excesivo de la cantidad solicitada podía constituir una forma de castigo e intimidación que podría, potencialmente, afectar al derecho a la libertad de expresión en el debate público.

En agosto, el preso de conciencia y defensor comunitario del medio ambiente Ildefonso Zamora fue puesto en libertad tras nueve meses de encarcelamiento por cargos falsos.

LIBERTAD DE REUNIÓN

La Suprema Corte de Justicia seguía analizando la impugnación de la Ley de Movilidad de Ciudad de México de 2014. En agosto, resolvió que la Ley no debía ser interpretada de manera que impusiera un régimen de autorización previa para la celebración de manifestaciones, sino sólo como una regla que permitiera a las personas notificar previamente a las autoridades cualquier manifestación prevista.

La Corte consideró que la falta de disposiciones sobre manifestaciones espontáneas en ningún caso significaba que éstas estuvieran prohibidas. Finalmente, votó a favor de una norma que prohibía las manifestaciones en las avenidas principales de la ciudad.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

En mayo, el presidente Peña Nieto presentó ante el Congreso dos anteproyectos de ley para reformar la Constitución y el Código Civil Federal. El Congreso rechazó en noviembre una propuesta de reforma constitucional para garantizar de manera expresa el derecho a contraer matrimonio sin discriminación.
La segunda reforma del Código Civil propuesta prohibiría la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género a la hora de permitir el matrimonio o la adopción; dicha reforma también incluía el derecho de las personas transgénero a que México les reconociera su identidad de género. El proyecto de ley seguía pendiente de debate en el Congreso.

En septiembre pasó a ser vinculante para todos los jueces y juezas del país la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que confirmaba los derechos de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar sin sufrir discriminación por su orientación sexual o su identidad de género.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

La violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo endémica. En abril, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país para exigir el fin de la violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual.

El mecanismo de “Alerta de Género” se activó en los estados de Jalisco y Michoacán, tras su activación en los estados de Morelos y México el año anterior. La falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituía un importante obstáculo para abordar el problema.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A consecuencia de una información de última hora de la Secretaría de Economía relativa a la cancelación de dos concesiones mineras a empresas en la comunidad de San Miguel Progreso, en el estado de Guerrero, la Suprema Corte rechazó considerar los efectos que la Ley Minera de 1991 tenía sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Seguía estando en gran medida ausente del debate legislativo un marco legal sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, a pesar de que se había debatido un proyecto de ley en foros públicos y de que en octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había formulado una recomendación al Congreso para que legislara sobre esta materia.

En septiembre, el municipio indígena de Guevea de Humboldt, estado de Oaxaca, permitió por primera vez a las mujeres de la comunidad ejercer el derecho al voto en las elecciones locales.

[1] Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México (AMR/41/4237/2016)

Exigimos Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa

Pronunciamiento del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), del cual Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México formamos parte – A 26 de septiembre del 2017

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) exige al gobierno de Enrique Peña Nieto la presentación de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos por fuerzas del Estado. Qué digan dónde los tienen.

En particular, respaldamos la exigencia para que la Procuraduría General de la República (PGR) siga cuatro líneas de investigación: la telefonía celular de los implicados; la intervención de las policías Federal y Municipal de Huitzuco; la pista del quinto camión y el trasiego de droga de Iguala a Chicago; la intervención del 27° Batallón de Infantería del Ejército mexicano en Iguala.

Los bienes comunales, ejidos, comunidades, organizaciones, colectivos e individuos, mujeres y hombres que formamos el MAPDER también padecemos los ataques de gobiernos y empresas, públicas o privadas, y es uno de los motivos por los cuales, en este tiempo de mayor dolor del pueblo mexicano por los sismos, a tres años sin los 43 y a tres de impunidad, nos unimos desde todos nuestros lugares a la Acción Global de exigencia encabezada por las familias y los normalistas bajo el total convencimiento de que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado y castigado.

No descansaremos hasta encontrarlos, porque Ayotzinapa es la prueba de fuego de la sociedad contra el olvido y la indiferencia.

¡Porque Vivos se los llevaron, Vivos los Queremos!

¡Ni perdón Ni Olvido!

¡Respeto a las Normales Rurales!

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Más información sobre el caso Ayotzinapa:

 

El caso de Ayotzinapa: Una cartografía de la violencia

 

El 1er Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)

El 2do Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos I (GIEI)

 

Descubra el micrositio “Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas”

Compartimos la nueva plataforma virtual de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal: “Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas: entre contrainsurgencia e impunidad”

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La memoria de los Pueblos fisura la obscuridad y el olvido. La memoria recarga la dignidad para confrontar a la impunidad de los gobiernos, fortalece las luchas y resistencias que apuntan a la libertad de quienes heredan el fulgor rebelde, mueve también a la construcción de cambios sociales hacia un mundo diferente al sistema de exclusión y muerte.

Los procesos de resistencia alrededor de la Memoria, Verdad y Justicia como los de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas) tienen una lucha profunda de construcción de autonomía. Han soportado la contrainsurgencia del gobierno implementada desde la creación y ejecución del Plan de Campaña Chiapas 94, estrategia elaborada por el Ejército mexicano para aniquilar el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Frente a esta acción de agresión, la exigencia de justicia de los pueblos ha impulsado una lucha constante por los derechos a la verdad y a la paz.

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Las agresiones vinculadas a la contrainsurgencia iniciaron en 1994 con los 12 días (1) de confrontación directa de las Fuerzas Armadas de México en contra del EZLN. Continuaron en un segundo periodo, de 1995 a 1999, caracterizado por la creación e implementación de grupos paramilitares (2) en la zona Norte, Selva y Altos bajo el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal. La población civil sufrió desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, agresiones físicas, hostigamientos, entre otros crímenes de lesa humanidad.

El tercer periodo, después de 1999 hasta la actualidad está caracterizado por una continua guerra integral de desgaste, disfrazada con la retórica de las autoridades federales y estatales de “respeto” a la población, que al mismo tiempo abre paso a la confrontación de las comunidades por medio de programas sociales.(3) La aplicación de estos programas se convierte en estrategia contrainsurgente al momento en que los dirigentes sociales son cooptados, volviendo un instrumento a las organizaciones de las que son parte, reduciendo su trabajo a gestores de proyectos de gobierno con intereses partidarios, prebendas políticas y control político territorial.

La cuarta etapa, coexistente con la anterior la ubicamos con la Guerra de Cuarta Generación o Cuarta Guerra Mundial como la nombran los y las zapatistas,(4) atravesada por una profunda ofensiva psicosocial que utiliza todos los medios del Estado para ocultar y maquillar las problemáticas reales del país. Se busca destruir la resistencia de los pueblos, sometidos a la voluntad de los intereses de unos cuantos grupos de poder político y económico a través de la implementación de un Estado policíaco-militar.(5)

Esta estrategia contrainsurgente conforma una continuidad que acentuamos en esta memoria a través de elementos multimedia, basados en la oralidad de hombres y mujeres que han forjado con lucha y dolor el caminar en medio de esta guerra contra los pueblos. Es a través de algunos de los desplazamientos forzados que han sufrido Las Abejas desde 1996 hasta el 2016, que se muestra cómo los actores paramilitares que perpetraron crímenes de lesa humanidad, siguen actuando bajo el manto de la impunidad, reagrupados, originando desplazamientos forzados, hostigamientos sistemáticos y conflictos al interior de las comunidades en un nuevo contexto de violencia generalizada.

(1) Anaya Gallardo, Federico. Siempre cerca, siempre lejos: las auerzas armadas en México. México: Global Exchange, CIEPAC, CENCOS, 2000

(2) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

(3) Consultar los Balances anuales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de los años 2005, 2006, 2007

(4) El Sub Comandante Insurgente Marcos y la Cuarta Guerra Mundial

(5) Chomsky, Noam. Cómo mantener a raya a la plebe. Siglo XXI, México, 2001