Desplazados de Chalchihuitán: “Perturbador y cuestionable” el fallo a favor de Chenalhó según la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

Compartimos este comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas que recibimos el día de hoy

Un fallo perturbador y cuestionable

Comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
14 de diciembre de 2017

“La obra de la justicia, será la paz,
y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre”
(Isaías 32,17)

1.- El 28 de noviembre pasado, el Consejo de Pastoral de esta diócesis advertía la grave situación provocada por el desplazamiento demiles de personas, agredidas por grupos armados ilegales que habían quemado viviendas, robado pertenencias  y aterrorizado a lapoblación con disparos de día y de noche, por la disputa limítrofe entre Chalchihuitán y Chenalhó, con violación masiva de derechos humanos, con riesgos para la salud y la vida de las personas desplazadas, creando una grave emergencia humanitaria. El Consejo Diocesano reclamaba la relativa acción de las autoridades y la impunidad de los violentos. Expresaba la petición a las autoridades federales, estatales y municipales que garantizaran la seguridad de quienes llevaban la ayuda humanitaria a los desplazados, que se abocaran a la solución profunda de las causas, y a no dejar impunes los múltiples delitos que hasta entonces se habían cometido.

2.- Ante la prolongación y agravamiento del conflicto, las once parroquias de la zona tsotsil emitieron un comunicado, anteayer, en que denunciaban la amenaza explícita hecha por la asamblea de agentes municipales y comisariados de Chenalhó, convocados por la presidenta municipal, el 5 de diciembre, como consta en un documento firmado y sellado que dice: “En caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la resolución definitiva a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó”. Este párrafo se eliminó, posteriormente, para proteger a la autoridad local, pero el pacto es auténtico. (Ver abajo el acta de asamblea original del 5 de diciembre)


Hemos sabido también que los grupos armados exigían a pobladores del municipio de Chenalhó a colaborar en la vigilancia.

Las parroquias denunciaban que el grupo armado había puesto impunemente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán, y no entendían por qué las autoridades estatales y federales lo habían permitido. También hacían notar que “se da de hecho un estado de excepción, en el que se niegan los derechos fundamentales y las garantías individuales a los habitantes de comunidades de Chalchihuitán y algunas de Chenalhó, y no se perciben pasos eficaces para establecer el estado de derecho mínimo en favor de esa población mexicana”. Y agregaban: “Todo esto hace evidente que urge una solución de fondo e integral al conflicto… que, sin desconocer la dimensión jurídica, la incorpore en un contexto más amplio que tome en cuenta los factores culturales, sociales e históricos”.

3.- Ahora, ante la comunicación a las partes del fallo del Tribunal Unitario Agrario, que tuvo lugar ayer, 13 de diciembre, invalidando el deslinde anterior, que la misma Secretaría de la Reforma Agraria había hecho hace 45 años, y ordenando a la SEDATU a realizar un nuevo deslinde, afirmamos que este hecho es un despojo de las hectáreas que el mismo gobierno había dotado legalmente a Chalchihuitán. Quienes habitaron esas tierras, no eran invasores, sino campesinos pobres que poseyeron de buena fe lo que se les entregó con documentos de una resolución presidencial.

Recordamos que, desde 2010, una comisión interdisciplinar indicaba: “Dado el estado actual de conflictividad social entre ambas comunidades, consideramos que ninguna resolución jurídica será socialmente sostenible, sino al contrario, puede terminar fortaleciendo los factores estructurales de tensión, cualquiera que fuera la resolución de los tribunales.” Esto no se tuvo en cuenta.

Los agentes de pastoral de la diócesis, reunidos en nuestro encuentro anual, presididos por don Felipe Arizmendi Esquivel, estamos desconcertados y preocupados ante la resolución hecha por el Tribunal Agrario, así como por la gravedad de la situación. Se dio un fallo en favor del municipio de Chenalhó, sin que mediara un diálogo previo y un proceso necesario e indispensable para resolver un conflicto tan profundo e histórico entre las dos partes. Se da con la oferta de una compensación a Chalchihuitán en dinero y vivienda del todo insuficiente, pues ahora los desplazados son despojados, sin acceso a la tierra.

Nos preocupa sobremanera descubrir que la resolución del Tribunal está fechada el 6 de noviembre de 2017, y las autoridades la dan a conocer hasta el día 13 de diciembre de 2017, mediando más de un mes en el que la población desplazada ha sufrido miedo, frío, hambre, hostigamiento, enfermedades, daño psicológico y hasta la muerte de varios infantes y adultos. Consideramos que las autoridades gubernamentales deben dar una explicación a la sociedad sobre el motivo por el que se aplazó la comunicación del resolutivo del Tribunal Agrario. Fue un tiempo en que los grupos armados ilegales sometieron a la población de Chalchihuitán y de Chenalhó a los sufrimientos ya descritos. Cualquiera que sea la razón, el hecho lo consideramos totalmente reprobable, ilegítimo e inhumano.

En esta etapa del conflicto, no se ha hecho el menor intento de escuchar a la población; por el contrario, se ha dado una solución impuesta a nivel exclusivamente de autoridades, lo cual hace muy frágil el fallo y no resuelve las divisiones.

El imprudente y cuestionable fallo se dio en favor de quien ha ejercido más violencia, del que ha gozado de impunidad, del que había hecho amenaza pública, de quien provocaba el desplazamiento forzado de tan numerosas familias, de quien usa armas ilegales, de quien ahora aparece como responsable de la muerte de varias personas.

Al no haber construido una solución con la participación de los pueblos implicados, al tener en una situación de sometimiento por medios violentos a una de las partes, al no haber creado condiciones de diálogo y buscar una solución consensuada a partir de la cultura, de las necesidades, de las alternativas posibles, en que no resultara una parte ganadora y la otra derrotada y despojada, se hace muy cuestionable y perturbadora la aplicación del resolutivo del Tribunal, aunque sea “legal”.

Tememos que continúe la violencia. Tememos que los despojados de sus tierras no sean resarcidos integralmente, puesto que se les priva de su medio fundamental de subsistencia. Tememos que se aleje cada vez más la posibilidad de una paz basada en la justicia. Tememos que sea muy difícil, por no decir casi imposible, restaurar las relaciones armónicas entre los pueblos.

Urgimos a la autoridad federal, la causante de esta falta de conocimiento de la realidad histórica y cultural de estos pueblos, que se aboque a dotar a los despojados de condiciones de una vida digna, de buscar la forma de dotarles de tierra en algún lugar, de construirles casas adecuadas, de procurar su salud y su sostenimiento, pues se quedaron sin nada, sin casa y sin medios de subsistencia. Esto es lo mínimo en justicia y en humanidad. En vez de gastar tanto en campañas electorales, que demuestren su amor al pueblo haciendo lo más posible por proteger a estos hermanos.

Como cristianos, ante el dolor de los pueblos, vemos la urgencia de abrir un espacio a la esperanza y al diálogo; esto será una contribución a la paz tan deseada para los dos pueblos. Por nuestra parte, seguiremos impulsando la solidaridad con los despojados, y compartiendo con ellos la Palabra de Dios, que nos invita a construir la paz, siempre en base a la justicia y el respeto a los derechos de los demás.

Por los agentes de pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas,

Monseñor Felipe Arizmendi Esquivel
Pbro. Luis Manuel López Alfaro
Hna. María del Refugio Esparza, MIF
Hna. María Isabel Hernández, O.P.
Pbro. Juan Manuel Hurtado López
Pbro. Víctor Manuel Pérez Hernández
Pbro. Marcelo Pérez Pérez
Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, O.P.

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Más info:

Más de 5 mil desplazados no podrán regresar, Tribunal Agrario resuelve controversia de límites a favor de Chenalhó (Chiapas Paralelo)

“Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas”: organizaciones de Chiapas exigen el desarme de los paramilitares tras el fallo (CDH Frayba)

10 personas muertas en el desplazamiento forzado (Informe de Brigada Médica CAM-SADEC)

Foto: Padre Marcelo de la Parroquia de Simojovel (25 de noviembre)

 

Desplazados de Chalchihuitán y Chenalhó: los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil alertan sobre creciente crisis humanitaria

Compartimos el comunicado de los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil sobre la situación de desplazamiento forzado en la que se encuentran más de 5.000 personas de Chenalhó y Chalchihuitán – A 12 de diciembre

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Foto: Radio Zapatista

San Cristóbal de las Casas, a 12 de diciembre 2017

           Desde la cercanía que nos da el ser parroquias vecinas de lengua Tsotsil, en continuidad con la declaración del 28 de noviembre del Consejo de Pastoral de la Diócesis de San Cristóbal, con grande preocupación e impotencia vemos crecer el conflicto entre los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán y consideramos indispensable dar a conocer a la opinión pública la situación que prevalece.

  1. La crisis humanitaria crece día con día por el desabasto, ya cercano a un mes, provocado por el bloqueo de los tres accesos al municipio de Chalchihuitán, sumado a los efectos de las lluvias, el frio y la condición de desplazamiento de numerosas familias, muy mayoritariamente del municipio de Chalchihuitán.
  2. Crecen los reportes de crecientes problemas de salud y el limitado acceso a servicios médicos y medicamentos ofrecidos por personas de la sociedad civil y alguna presencia puntual de personal de instituciones públicas. Se informa ya de algunas defunciones de niños y ancianos, por hambre o por enfermedad.
  3. La dotación de ayuda humanitaria de la diócesis y de la sociedad civil está siendo insuficiente, dada la magnitud de las necesidades y la dificultad para hacerla llegar hasta las personas desplazadas.
  4. Continúan los reportes de disparos que mantienen el nivel del miedo y la imposibilidad de retornar a sus viviendas para la mayoría de los desplazados.
  5. Los acuerdos de las autoridades de Chenalhó de permitir sólo paso peatonal no significaron alivio alguno para la población de Chalchihuitán, pues no permiten el paso seguro de vehículos con víveres, personas y gasolina.
  6. Aunque el gobierno estatal ha tomado algunas medidas para atender la emergencia alimentaria y sanitaria, ha sido insuficiente. Lo más grave es que no se ve que procure un proceso de solución de fondo del conflicto.
  7. El problema limítrofe entre Chenalhó y Chalchihuitán ha crecido hasta parecer inmanejable. Se anuncia como inminente la resolución del Tribunal Agrario sobre este conflicto, pero nos preocupa cuál sea su sentido. No basta un documento de escritorio desde la ciudad de México, sin un consenso armónico entre los pueblos. Sin esto, las consecuencias pueden ser graves.
  8. La larga historia de este conflicto demuestra que las sentencias judiciales, aisladas de la verdadera atención a los aspectos sociales del problema, no solo no lo resuelven, sino que lo pueden empeorar.
  9. Esto se hace evidente porque la asamblea de agentes municipales y comisariados convocados por la presidenta municipal Chenalhó, indicó el 5 de diciembre que “en caso de que el Tribunal Unitario Agrario no emita la Resolución Definitiva a favor del municipio de Chenalhó, se llevarán a cabo medidas drásticas en contra de los comuneros del municipio de Chalchihuitán, hasta recuperar las tierras que ancestralmente pertenecen al municipio de Chenalhó” (Ver Acuerdo Segundo del acta de asamblea abajo)
  10. Un grupo armado ha puesto impunemente en estado de sitio al municipio de Chalchihuitán y no entendemos por qué las autoridades estatales y federales lo han permitido. Recibimos noticias de que los armados están obteniendo más armas y aumentan sus amenazas. Es imprescindible su contención, desarme y procesamiento judicial, para garantizar la desactivación de las causales del desplazamiento forzado en curso.
  11. Se da de hecho un estado de excepción en el que niegan los derechos fundamentales y las garantía individuales a los habitantes de todas las comunidades de Chalchihuitán y algunas de Chenalhó, y no se perciben pasos eficaces para establecer el estado de derecho mínimo en favor de esa población mexicana.

Todo esto hace evidente que urge una solución de fondo e integral al conflicto entre Chenalhó y Chalchihuitán que, sin desconocer la dimensión jurídica, la incorpore en un contexto más amplio que tome en cuenta los factores culturales, sociales e históricos.

Ya hubo en el pasado un intento serio de encontrar una solución justa y respetuosa de los derechos de ambos municipios, con la creación de un “Comité Técnico para la Atención del Conflicto de Límites entre las Comunidades de San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán”. Después de aproximadamente dos años de trabajo, ese esfuerzo se abandonó inexplicablemente.

Pensamos que hoy es posible recuperar el estudio encomendado por el Comité Técnico a un Grupo de estudio Interdisciplinario que en 2010 indicaba:

“Dado el estado actual de conflictividad social entre ambas comunidades, consideramos que ninguna resolución jurídica resulta aceptable para las dos partes en disputa, por lo que no será socialmente sostenible sino al contrario, puede terminar fortaleciendo los factores estructurales de tensión; cualquiera que fuera la resolución de los Tribunales, produce el riesgo de perpetuar la actual incertidumbre jurídica sobre todo el edificio de los dos procesos de RTBC (Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales)”.[Recomendación no. 1 contenida en el Resumen Ejecutivo del Informe del GEI al Comité Técnico].

En otra Recomendación (No. 6) se afirma: “Consideramos inaplazable que se concerte y se instale una mesa de diálogo político y comisión tripartita, considerando en condiciones de equidad a los Bienes Comunales de Chenalhó y Chalchihuitán así como al Gobierno del Estado”, pero no solo éstos sino otro actores coadyuvantes al proceso de diálogo tales como “ancianos y autoridades indígenas actuales y pasadas” y “expertos de la sociedad civil, así como de los organismos multilaterales especializados” (Recomendaciones 10 y 11).

Instamos al gobierno federal, al estatal y a los municipales a que retomen el camino de una solución integral al problema, dado que en esta ocasión el conflicto se ha agravado más que en ninguna otra ocasión que se recuerde, por la creciente participación de grupos armados.

Urgimos y, en nombre de las víctimas, exigimos, a las autoridades tres niveles de intervención inmediata:

  1. Reconocer el conflicto violento y el desplazamiento forzado, imponiendo y garantizando un alto a cualquier acto de violencia, con la consiguiente determinación de responsabilidades de las graves violaciones a los Derechos Humanos y a la Constitución.
  2. Garantizar de manera inmediata un convoy de ayuda humanitaria, suficiente y continua, hasta atender a total de las familias desplazadas de ambos municipios y los efectos del desabasto en la población de Chalchihuitán.
  3. Hacer un verdadero desagravio a los dos pueblos, puesto que el conflicto surge a partir de la intervención gubernamental federal y es acrecentado por los intereses de partidos políticos, como condición para instalar una impostergable mesa de diálogo de alto nivel, encabezada por el gobierno federal, con participación de la sociedad civil y otros actores institucionales.

Por los agentes de pastoral del Equipo Tsotsil

Fray Gonzalo Ituarte Verduzco O.P.

Vicario de Justicia y Paz

Con la anuencia de

+ Felipe Arizmendi Esquivel

Administrador Apostólico de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas

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Comunicado de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas a 28 de noviembre 2017

Comunicado de la Misión de Observación de Derechos Humanos en Chalchihuitán a 13 de diciembre: “Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado”

Fallecen 4 niños y 2 adultos de Chlachiuitán, víctimas del desplazamiento forzado en Chiapas (Chiapas Paralelo)

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? (Radio Zapatista)

ueren otros 2 desplazados en Chalchihuitán: Iglesia Católica; suman 9

El texto original de este artículo fue publicado por la Agencia Quadratín en la siguiente dirección: https://chiapas.quadratin.com.mx/principal/mueren-otros-2-desplazados-chalchihuitan-iglesia-catolica-suman-9/

Este contenido se encuentra protegido por la ley. Si lo cita, por favor mencione la fuente y haga un enlace a la nota original de donde usted lo ha tomado. Agencia Quadratín. Todos los Derechos Reservados © 2016.

Dibujos contra el Golpe de Estado en Honduras

#AlertaHonduras #HondurasNoEstásSola

Lamentablemente, hoy estos dibujos que nacieron de las imágenes de esas luchas en las calles, son vigentes de nuevo. Les compartimos algunos como aportes a la protesta contra el fraude electoral actual y para que las utilicen si les sirven en sus acciones y materiales de denuncia contra este nuevo Golpe de Estado en Honduras y contra la Represión.

Ilustraciones: Nieves Capote

>> Descargar el documento completo de “La Declaración de las Caminatas” aquí <<

>> Descargar todos los dibujos en alta calidad <<

>> Descargar todos los dibujos en Facebook (baja calidad) <<

Más información:

#AlertaHonduras: ¡No a un nuevo golpe de Estado y alto a la represión!

AUDIO: Entrevista con Carlos H Reyes, del movimiento sindical hondureño, sobre las claves internas y externas del fraude electoral y la continuidad del Juan Orlando Hernández

AUDIOS: Boletines y Entrevistas del #GuancascoDeMedios sobre las Elecciones en Honduras

¡Alto a la violencia policiaca y militar contra el pueblo de Honduras!

Comunicado urgente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) – A 1 de diciembre 2017

Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería condenamos enérgicamente la violencia que ha desatado el gobierno golpista de Juan Orlando Hernández, contra el pueblo hondureño que ha salido a las calles, a manifestar su hartazgo por el evidente fraude electoral perpetrado desde el gobierno actual que, en consecuencia, atenta y viola de manera directa el respeto y voluntad de las mayorías para, de forma pacífica, elegir a su presidente nacional.

Hemos recibido comunicados de organizaciones civiles y defensoras de los derechos humanos amigas, quienes de forma dramática nos indican que la violencia perpetrada desde el estado nacional, ya empezó a cobrar sus primeras víctimas mortales.

Los hechos se enmarcan en el proceso electoral realizado este 26 de noviembre del año en curso, en el cual el presidente Juan Orlando Hernández, candidato a la reelección presidencial, ha utilizado a las instituciones del estado para que maquilen y manipulen tanto el sistema de cómputo, como a la propia autoridad electoral, y con ello dar un sesgo y evitar reconocer los resultados que ya daban por virtual y estadísticamente ganador al candidato de la Alianza de Oposición, el C. Salvador Narsalla.

Es importante recordar que Juan Orlando Hernández asume el poder en Honduras tras el golpe de Estado que en el 2009 se llevó cabo, en una clara colusión y alianza con Estados Unidos. Desde entonces su mandato ha sumido al pueblo hondureño en una profunda crisis social, económica de seguridad y de mercado global para facilitar la libre entrada de empresas transnacionales, que desde esas fechas han estado saqueando a las comunidades de sus bienes comunes, además de hacer brutales actos de despojo del territorio a partir de asesinar a cientos de defensoras y defensores que se oponen a ello, tal como sucedió con nuestra querida compañera Berta Cáceres, integrante del COPINH.

Exigimos que el Tribunal Supremo Electoral deje de actuar y enturbiar el proceso electoral al demorar la información, y validar una caída del sistema que lo único que fomenta es su actuación sin transparencia y sin legalidad.

Exigimos se respete la libre voluntad del pueblo hondureño para manifestarse de forma libre, plena y pacífica en las calles de Honduras, sin intromisión e intervención de las fuerzas armadas legales e ilegales del estado hondureño.

¡Respeto a la voluntad del pueblo hondureño expresada en las urnas!

Exigimos al gobierno de Juan Orlando Hernández detener la persecución, criminalización y represión que ha desatado contra la población.

¡¡Alto al Fraude Electoral en Honduras!!
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA (REMA)

Más lectura:

#AlertaHonduras: ¡No a un nuevo golpe de Estado y alto a la represión!

AUDIOS: Boletines y Entrevistas del #GuancascoDeMedios sobre las Elecciones en Honduras

[AUDIO] Bertha Zúñiga: Hallazgos en el caso Berta Cáceres deben “poner el freno a las actuaciones violatorias de los derechos de los pueblos que tienen las empresas”

 

Informe: la situación de los derechos humanos en México según Amnistía Internacional

En octubre 2017, la organización internacional Amnistía Internacional publicó su informe 2016/2017 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

Diez años después del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada” se seguía empleando personal militar en operaciones de seguridad pública, y la violencia en el país continuaba siendo generalizada. Seguían recibiéndose informes de tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias. Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. México recibió la cifra más alta de solicitudes de asilo de su historia, la mayoría de personas que huían de la violencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Se llevaron a cabo intensas campañas de difamación contra defensores y defensoras de los derechos humanos y contra observadores independientes, y siguieron denunciándose homicidios y amenazas contra periodistas debido a su trabajo. La violencia contra las mujeres seguía suscitando honda preocupación, y se declararon alertas de violencia de género en los estados de Jalisco y Michoacán. El Congreso rechazó uno de los dos proyectos de ley presentados que permitirían a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar niños o niñas.

INFORMACIÓN GENERAL

En las elecciones de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el poder, perdió varios gobernadores en diferentes estados. El prolongado conflicto social entre gobierno y sindicatos de docentes dio lugar a manifestaciones multitudinarias y bloqueos de carreteras en todo el país; los sindicatos pedían la derogación de la reforma educativa de 2013. Tras un periodo preparatorio de ocho años, México culminó la transición de un sistema de justicia penal escrito inquisitorial a uno basado en juicios orales. A pesar de la aplicación de la reforma, persistían muchos de los problemas que aquejaban al sistema anterior, como el incumplimiento de la presunción de inocencia.

El plan de seguridad de 10 puntos, anunciado por el presidente Peña Nieto en noviembre de 2014, todavía no se había aplicado plenamente, y tampoco se había cumplido la promesa de promulgar leyes contra la tortura y las desapariciones forzadas, así como contra las desapariciones a manos de agentes no estatales. El Congreso aprobó un paquete de leyes contra la corrupción. La nueva legislación recibió críticas generalizadas porque no cumplía las expectativas generadas por los anteproyectos de ley anteriores.

Los registros oficiales indicaban un incremento del número de soldados y marinos desplegados en operaciones de seguridad en todo el país. En octubre, el secretario de Defensa admitió que la guerra contra el narcotráfico había pasado factura al ejército, que estaba exhausto, y pidió que se aclarara jurídicamente qué papel debía desempeñar éste en las tareas de seguridad pública. Los legisladores prometieron debatir reformas relativas a la participación del ejército en las operaciones de seguridad.

POLICÍA Y FUERZAS DE SEGURIDAD

La violencia aumentó notablemente; las autoridades registraron 36.056 homicidios hasta el final de noviembre —la cifra más elevada desde el inicio del mandato del presidente Peña Nieto en 2012— frente a los 33.017 de 2015. En respuesta a las manifestaciones multitudinarias de los movimientos de docentes, las autoridades llevaron a cabo varias operaciones policiales, algunas de las cuales se saldaron con muertes y heridas de civiles. Varios líderes de los movimientos fueron arrestados y recluidos en prisiones federales. Posteriormente, muchos de ellos fueron puestos en libertad en espera de nuevas investigaciones.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Los autores de ejecuciones extrajudiciales seguían gozando de impunidad; esos delitos no se investigaban adecuadamente. Las fuerzas armadas seguían participando en las investigaciones que implicaban a personal militar, en contra de lo dispuesto en la reforma de 2014 del Código de Justicia Militar. Por tercer año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares.

Se descubrieron decenas de fosas comunes en todo el país, a menudo a iniciativa de grupos de familiares más que de las autoridades o expertos forenses oficiales.
Las autoridades locales se deshicieron ilegalmente de más de 100 cadáveres no identificados en al menos una fosa en el municipio de Tetelcingo, estado de Morelos. Los autores de los homicidios seguían sin ser identificados.

El 19 de junio, al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas en Nochixtlán, estado de Oaxaca, durante una operación policial lanzada tras un bloqueo de carretera en el marco de una manifestación contra la reforma educativa del gobierno. Las imágenes emitidas por los medios de comunicación contradecían la afirmación inicial realizada por las autoridades de que los policías estaban desarmados.

En agosto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que varios miembros de la policía federal habían torturado al menos a dos personas en el municipio de Tanhuato, estado de Michoacán, en mayo de 2015, en el marco de una operación de seguridad; la Comisión concluyó, además, que 22 de las 43 personas muertas durante la operación habían sido víctimas de ejecución arbitraria y que la policía había alterado pruebas, por ejemplo mediante la colocación de armas en las víctimas.

La investigación sobre los homicidios de 22 personas a manos de soldados en Tlatlaya, estado de México, en 2014, todavía no había arrojado resultados concretos. Las autoridades no asumieron la responsabilidad por la orden de “abatir delincuentes” (en este contexto, con el sentido de “matar”) que guió las operaciones militares en la zona en 2014, ni investigaron a los oficiales con responsabilidad de mando.

No se tuvo constancia de ningún enjuiciamiento por los homicidios de 16 personas cometidos en 2015 por agentes de la policía federal y otras fuerzas de seguridad en Apatzingán, estado de Michoacán; las autoridades no investigaron adecuadamente los homicidios ni examinaron la responsabilidad de quienes estaban al mando.

TORTURA Y OTROS MALOS TRATOS

La impunidad por tortura y otros malos tratos seguía siendo casi absoluta, con numerosas denuncias de palizas, semiasfixia con bolsas de plástico, descargas eléctricas, violaciones y agresiones sexuales durante las operaciones policiales y militares. La violencia sexual como forma de tortura era habitual durante las detenciones de mujeres.[1] Por primera vez en dos años, en abril la Procuraduría General de la República anunció la presentación de cargos de tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un vídeo en el que se veía a policías y soldados torturando a una mujer.

También en abril, en un caso excepcional, un juez federal impuso una condena de 52 años de prisión a un general del ejército por haber ordenado una operación en la que se infligió tortura, se cometió un homicidio y se eliminó un cadáver en el estado de Chihuahua en 2008.

En abril, el Senado aprobó una iniciativa de Ley General contra la Tortura que se ajustaba a las normas internacionales. El proyecto de ley se reformó, y al concluir el año seguía pendiente una votación general en la Cámara de Diputados.

La Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la Procuraduría General de la República, informó de que se estaban revisando a nivel federal 4.715 expedientes de investigación de casos de tortura.

Como en años anteriores, en la mayoría de los casos no se aplicaron los dictámenes forenses especializados de la Procuraduría General de la República para supuestos de posible tortura; había más de 3.000 peticiones pendientes de tramitación. En muchos casos, sin un dictamen médico oficial, las investigaciones sobre torturas y otros malos tratos no avanzaban.

En septiembre, en vista de que México no aplicaba sus recomendaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de 11 mujeres sometidas a violencia sexual como forma de tortura en San Salvador Atenco en 2006.

DERECHOS DE LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES

Se registró una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo; hasta octubre se habían presentado 6.898 solicitudes, el 93% de las cuales correspondían a personas provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Se concedió la condición de refugiado a 2.162 personas, a pesar de que se estimaba que anualmente más de 400.000 migrantes en situación irregular cruzaban la frontera sur de México; según las organizaciones internacionales y los estudiosos del tema, la mitad de estas personas podía reunir los requisitos para obtener asilo. En la mayoría de los casos, las autoridades no informaban adecuadamente a las personas migrantes sobre su derecho a pedir asilo en México.

En agosto entró en vigor una reforma de la Constitución que reconocía el derecho de asilo. La aplicación del Programa Integral Frontera Sur volvió a dar lugar a un aumento de las operaciones de seguridad en la frontera de México con Guatemala y Belice, y eran frecuentes los informes de extorsión, expulsiones masivas, secuestros y otros abusos contra los derechos humanos de las personas migrantes. Hasta noviembre, 174.526 personas migrantes en situación irregular habían sido capturadas y detenidas, y 136.420 habían sido devueltas a sus países. El 97% de las personas deportadas eran de Centroamérica. Según datos de febrero del Congreso de Estados Unidos, el gobierno estadounidense tenía planes de destinar 75 millones de dólares a “operaciones de seguridad y migración” en la frontera sur de México, a través de la Iniciativa Mérida.

La Procuraduría General de la República creó una nueva Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes. Varias organizaciones de la sociedad civil participaron en el diseño del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación para coordinar los esfuerzos de las autoridades mexicanas y centroamericanas, con el propósito de garantizar justicia para las personas migrantes víctimas de desapariciones perpetradas por agentes no estatales y de otros delitos en México.

En septiembre, el presidente Peña Nieto anunció un plan para personas refugiadas en una cumbre de la ONU y reconoció oficialmente la existencia de una crisis de refugiados en México y Centroamérica. El plan prometía aumentar en un 80% la financiación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, garantizar que no se detendría a migrantes menores de 11 años, y reforzar la inclusión e integración de la población refugiada en el país. En mayo, un informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó al menos a 35.433 víctimas de desplazamiento interno en México, a pesar de que otras estimaciones dignas de crédito basadas en datos oficiales daban una cifra al menos cuatro veces más alta.

En octubre, la Comisión publicó un informe que hacía hincapié en las precarias condiciones de vida en los centros de detención de migrantes, especialmente para los niños y niñas no acompañados.

DESAPARICIONES FORZADAS

Las desapariciones forzadas con implicación del Estado y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales seguían siendo práctica generalizada, y los responsables seguían gozando de una impunidad casi absoluta. Las investigaciones de los casos de personas desaparecidas seguían adoleciendo de irregularidades y sufriendo demoras indebidas. En general, las autoridades no iniciaban inmediatamente la búsqueda de las víctimas.

Al concluir el año, según el gobierno, 29.917 personas (22.414 hombres y 7.503 mujeres) se hallaban en paradero desconocido. Las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas no incluían casos federales anteriores a 2014 ni casos clasificados como otros delitos, tales como secuestro o trata de seres humanos.
Las desapariciones forzadas y las desapariciones perpetradas por agentes no estatales generaban un gran dolor en las familias de las víctimas, lo que constituía una forma de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Los datos disponibles señalaban que la mayoría de las víctimas eran hombres; las mujeres conformaban la mayoría de los familiares en busca de verdad, justicia y reparación.

Algunas familias de personas desaparecidas que buscaban a sus seres queridos recibían amenazas de muerte. El Senado celebró audiencias públicas con familiares de personas desaparecidas para hablar del proyecto de Ley General sobre Desapariciones Forzadas, presentado en diciembre de 2015 ante el Congreso por el Presidente Peña Nieto. El proyecto de ley seguía pendiente ante el Congreso.

En marzo se presentaron cargos penales contra cinco marinos por la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villareal, hallado muerto semanas después de haber sido detenido arbitrariamente en el estado de Nuevo León en 2013.

En abril, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicó su segundo informe sobre los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, que fueron víctimas de desaparición forzada en septiembre de 2014.

El GIEI confirmó que la afirmación de las autoridades de que los estudiantes habían sido asesinados y quemados en un vertedero local era científicamente imposible. El GIEI también reveló que, en octubre de 2014, varios funcionarios habían visitado de manera irregular otro lugar que posteriormente se relacionó con el crimen, y habían manejado pruebas importantes sin contar con la documentación ni los permisos adecuados. Un hombre, detenido en relación con el caso, había sido obligado por las autoridades a participar en esa visita sin la presencia de su abogado ni la supervisión de un juez. La visita tuvo lugar un día antes de que el gobierno descubriera un trocito de hueso en el mismo lugar.

Posteriormente, ese hueso se logró identificar como perteneciente a Alexander Mora Venancio. El funcionario al mando de la investigación dimitió de su cargo en la Procuraduría General de la República, aunque se estaba llevando a cabo una investigación sobre sus acciones. El presidente Peña Nieto le asignó inmediatamente otro alto cargo federal. En noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su plan de trabajo para establecer un mecanismo de seguimiento del caso de Ayotzinapa, tras las recomendaciones formuladas por el GIEI y tras las medidas cautelares que la propia comisión había dictado en 2014, en las que ordenaba a México determinar el estado y el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos.

PERIODISTAS Y DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Continuaron las amenazas, el hostigamiento, la intimidación, las agresiones y los homicidios contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Al menos 11 periodistas fueron víctimas de homicidio a lo largo del año. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (mecanismo federal) no brindaba protección adecuada a estas personas.

En febrero, varias organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron una campaña de difamación —que las autoridades parecían tolerar— contra el GIEI y contra ONG locales que trabajaban sobre el caso de Ayotzinapa. La cifra de peticiones de protección en virtud del Mecanismo se mantuvo constante en relación con el año anterior.

En julio, Humberto Moreira Valdés, ex gobernador del estado de Coahuila y ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una demanda civil contra el destacado periodista Sergio Aguayo en la que pedía una indemnización de 550.000 dólares estadounidenses por los presuntos daños morales que el periodista había ocasionado a su reputación a través de un artículo de opinión. Lo excesivo de la cantidad solicitada podía constituir una forma de castigo e intimidación que podría, potencialmente, afectar al derecho a la libertad de expresión en el debate público.

En agosto, el preso de conciencia y defensor comunitario del medio ambiente Ildefonso Zamora fue puesto en libertad tras nueve meses de encarcelamiento por cargos falsos.

LIBERTAD DE REUNIÓN

La Suprema Corte de Justicia seguía analizando la impugnación de la Ley de Movilidad de Ciudad de México de 2014. En agosto, resolvió que la Ley no debía ser interpretada de manera que impusiera un régimen de autorización previa para la celebración de manifestaciones, sino sólo como una regla que permitiera a las personas notificar previamente a las autoridades cualquier manifestación prevista.

La Corte consideró que la falta de disposiciones sobre manifestaciones espontáneas en ningún caso significaba que éstas estuvieran prohibidas. Finalmente, votó a favor de una norma que prohibía las manifestaciones en las avenidas principales de la ciudad.

DERECHOS DE LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSGÉNERO E INTERSEXUALES

En mayo, el presidente Peña Nieto presentó ante el Congreso dos anteproyectos de ley para reformar la Constitución y el Código Civil Federal. El Congreso rechazó en noviembre una propuesta de reforma constitucional para garantizar de manera expresa el derecho a contraer matrimonio sin discriminación.
La segunda reforma del Código Civil propuesta prohibiría la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género a la hora de permitir el matrimonio o la adopción; dicha reforma también incluía el derecho de las personas transgénero a que México les reconociera su identidad de género. El proyecto de ley seguía pendiente de debate en el Congreso.

En septiembre pasó a ser vinculante para todos los jueces y juezas del país la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que confirmaba los derechos de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar sin sufrir discriminación por su orientación sexual o su identidad de género.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

La violencia contra las mujeres y las niñas seguía siendo endémica. En abril, decenas de miles de personas se manifestaron en todo el país para exigir el fin de la violencia contra las mujeres, incluido el acoso sexual.

El mecanismo de “Alerta de Género” se activó en los estados de Jalisco y Michoacán, tras su activación en los estados de Morelos y México el año anterior. La falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituía un importante obstáculo para abordar el problema.

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

A consecuencia de una información de última hora de la Secretaría de Economía relativa a la cancelación de dos concesiones mineras a empresas en la comunidad de San Miguel Progreso, en el estado de Guerrero, la Suprema Corte rechazó considerar los efectos que la Ley Minera de 1991 tenía sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Seguía estando en gran medida ausente del debate legislativo un marco legal sobre el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado, a pesar de que se había debatido un proyecto de ley en foros públicos y de que en octubre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había formulado una recomendación al Congreso para que legislara sobre esta materia.

En septiembre, el municipio indígena de Guevea de Humboldt, estado de Oaxaca, permitió por primera vez a las mujeres de la comunidad ejercer el derecho al voto en las elecciones locales.

[1] Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México (AMR/41/4237/2016)

Exigimos Verdad y Justicia en el caso Ayotzinapa

Pronunciamiento del Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), del cual Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México formamos parte – A 26 de septiembre del 2017

El Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) exige al gobierno de Enrique Peña Nieto la presentación de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos por fuerzas del Estado. Qué digan dónde los tienen.

En particular, respaldamos la exigencia para que la Procuraduría General de la República (PGR) siga cuatro líneas de investigación: la telefonía celular de los implicados; la intervención de las policías Federal y Municipal de Huitzuco; la pista del quinto camión y el trasiego de droga de Iguala a Chicago; la intervención del 27° Batallón de Infantería del Ejército mexicano en Iguala.

Los bienes comunales, ejidos, comunidades, organizaciones, colectivos e individuos, mujeres y hombres que formamos el MAPDER también padecemos los ataques de gobiernos y empresas, públicas o privadas, y es uno de los motivos por los cuales, en este tiempo de mayor dolor del pueblo mexicano por los sismos, a tres años sin los 43 y a tres de impunidad, nos unimos desde todos nuestros lugares a la Acción Global de exigencia encabezada por las familias y los normalistas bajo el total convencimiento de que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado y castigado.

No descansaremos hasta encontrarlos, porque Ayotzinapa es la prueba de fuego de la sociedad contra el olvido y la indiferencia.

¡Porque Vivos se los llevaron, Vivos los Queremos!

¡Ni perdón Ni Olvido!

¡Respeto a las Normales Rurales!

¡Ríos para la Vida, No para la Muerte!

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER)

Más información sobre el caso Ayotzinapa:

 

El caso de Ayotzinapa: Una cartografía de la violencia

 

El 1er Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)

El 2do Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos I (GIEI)

 

Descubra el micrositio “Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas”

Compartimos la nueva plataforma virtual de La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal: “Desplazamiento forzado y resistencia de Las Abejas: entre contrainsurgencia e impunidad”

>> VISITAR EL MICROSITIO <<

La memoria de los Pueblos fisura la obscuridad y el olvido. La memoria recarga la dignidad para confrontar a la impunidad de los gobiernos, fortalece las luchas y resistencias que apuntan a la libertad de quienes heredan el fulgor rebelde, mueve también a la construcción de cambios sociales hacia un mundo diferente al sistema de exclusión y muerte.

Los procesos de resistencia alrededor de la Memoria, Verdad y Justicia como los de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal (Las Abejas) tienen una lucha profunda de construcción de autonomía. Han soportado la contrainsurgencia del gobierno implementada desde la creación y ejecución del Plan de Campaña Chiapas 94, estrategia elaborada por el Ejército mexicano para aniquilar el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Frente a esta acción de agresión, la exigencia de justicia de los pueblos ha impulsado una lucha constante por los derechos a la verdad y a la paz.

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Las agresiones vinculadas a la contrainsurgencia iniciaron en 1994 con los 12 días (1) de confrontación directa de las Fuerzas Armadas de México en contra del EZLN. Continuaron en un segundo periodo, de 1995 a 1999, caracterizado por la creación e implementación de grupos paramilitares (2) en la zona Norte, Selva y Altos bajo el apoyo de los gobiernos federal, estatal y municipal. La población civil sufrió desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, agresiones físicas, hostigamientos, entre otros crímenes de lesa humanidad.

El tercer periodo, después de 1999 hasta la actualidad está caracterizado por una continua guerra integral de desgaste, disfrazada con la retórica de las autoridades federales y estatales de “respeto” a la población, que al mismo tiempo abre paso a la confrontación de las comunidades por medio de programas sociales.(3) La aplicación de estos programas se convierte en estrategia contrainsurgente al momento en que los dirigentes sociales son cooptados, volviendo un instrumento a las organizaciones de las que son parte, reduciendo su trabajo a gestores de proyectos de gobierno con intereses partidarios, prebendas políticas y control político territorial.

La cuarta etapa, coexistente con la anterior la ubicamos con la Guerra de Cuarta Generación o Cuarta Guerra Mundial como la nombran los y las zapatistas,(4) atravesada por una profunda ofensiva psicosocial que utiliza todos los medios del Estado para ocultar y maquillar las problemáticas reales del país. Se busca destruir la resistencia de los pueblos, sometidos a la voluntad de los intereses de unos cuantos grupos de poder político y económico a través de la implementación de un Estado policíaco-militar.(5)

Esta estrategia contrainsurgente conforma una continuidad que acentuamos en esta memoria a través de elementos multimedia, basados en la oralidad de hombres y mujeres que han forjado con lucha y dolor el caminar en medio de esta guerra contra los pueblos. Es a través de algunos de los desplazamientos forzados que han sufrido Las Abejas desde 1996 hasta el 2016, que se muestra cómo los actores paramilitares que perpetraron crímenes de lesa humanidad, siguen actuando bajo el manto de la impunidad, reagrupados, originando desplazamientos forzados, hostigamientos sistemáticos y conflictos al interior de las comunidades en un nuevo contexto de violencia generalizada.

(1) Anaya Gallardo, Federico. Siempre cerca, siempre lejos: las auerzas armadas en México. México: Global Exchange, CIEPAC, CENCOS, 2000

(2) Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

(3) Consultar los Balances anuales del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de los años 2005, 2006, 2007

(4) El Sub Comandante Insurgente Marcos y la Cuarta Guerra Mundial

(5) Chomsky, Noam. Cómo mantener a raya a la plebe. Siglo XXI, México, 2001

Brasil: denunciamos las violaciones a derechos humanos y la criminalización de la protesta por parte del gobierno de Michel Temer

ATALC denuncia violaciones a los derechos humanos y criminalización al pueblo brasilero

por parte del gobierno de Michel Temer

Comunicado urgente de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)* – A 25 de mayo 2017

ENGLISH VERSIONVERSION FRANÇAISE

Foto: El gobierno de Michel Temer llamó al ejército para reprimir las protestas del día 24 de mayo en Brasilia. (Reuters)

Con absoluta indignación y repudio Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC- denuncia ante la opinión pública nacional e internacional la situación que se está presentando desde el día de ayer, martes 24 de mayo, en Brasil, en la que el gobierno de Michel Temer utilizó al ejército para reprimir movilizaciones sociales, dejando al descubierto su verdadero rostro autoritario y golpista. Denunciamos también la instauración del Estado de Sitio en Brasilia, la capital del país latinoamericano, hasta el 31 de mayo.

Nuestras compañeras y compañeros del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de la Vía Campesina, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, la Marcha Mundial de Mujeres y las centrales sindicales, junto a nuestro grupo miembro Amigos de la Tierra Brasil, el movimiento urbano y comunidades indígenas y quilombolas se encuentran movilizados en las calles, manifestándose contra el ilegitimo gobierno de ese país y su paquete de medidas neoliberales que buscan maximizar la explotación de los trabajadores, territorios y comunidades.

Asimismo, en ATALC hemos recibido informaciones de una nueva masacre contra campesinas/os en el Estado de Pará, obedeciendo a los intereses del latifundio y el agronegocio. Sabemos que la lucha por la soberanía alimentaria y por la justicia climática son aspectos principales que están siendo atacados y reprimidos a través de las medidas antipopulares e ilegítimas tomadas por la administración del gobierno golpista de Michel Temer.

Como organización ambientalista, y en lucha por la construcción de la justicia ambiental, que se siente hermana de las organizaciones y movimientos sociales populares movilizados y que han sido brutalmente reprimidos en Brasil, hacemos llegar toda nuestra solidaridad al Movimiento Sin Tierra, a la Vía Campesina, al Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, a la Marcha Mundial de Mujeres, a las centrales sindicales, a las comunidades indígenas y quilombolas y al movimiento urbano brasilero.

Nos sumamos al reclamo de elecciones directas y universales ya, para restablecer la democracia, reconstruir la institucionalidad política y construir la justicia social y ambiental con la participación democrática del pueblo brasilero.

A la comunidad internacional en general y a los grupos de Amigos de la Tierra, les solicitamos manifestar su respaldo a través de acciones y pronunciamientos públicos en favor de quienes luchan en Brasil por la defensa de los derechos colectivos de los pueblos y sus territorios.

*Otros Mundos A.C. forma parte de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) que a su vez forma parte de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI)

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Ecuador – Petición en solidaridad con el pueblo Shuar de Nankints en lucha contra la minería

Compartimos esta petición firmada por 46 organizaciones entre las cuales Otros Mundos AC. El pueblo Shuar de la comunidad de Nankints en la provincia de Morona Santiago en la Cordillera del Cóndor, Ecuador, está siendo reprimido por defender su territorio ante proyectos mineros.

Urge la desmilitarización de la comunidad Shuar de Nankints y la derogación del Estado de Excepción en Morona Santiago.

Dr. Patricio Benalcázar Alarcón – Defensoría del Pueblo de Ecuador – pbenalcazar@dpe.gob.ec, comunicacion@dpe.gob.ec

Javier Felipe Córdova Unda
– Ministro de Minería – javier.cordova@mineria.gob.ec

Abg. Cristina Silva Cadmen
– Directora Ejecutiva, Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) – cristina_silva@arcom.gob.ec  

Dra. Inés Arroyo
– Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria – iarroyoz@magap.gob.ec

Dr. Galo Chiriboga Zambrano
– Fiscalía General del Estado – serranoam@fiscalia.gob.ec

 

A 19 de diciembre del 2016

 

Señores y señoras,

Las organizaciones internacionales de solidaridad y de la justicia ambiental suscritas en esta carta nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación por la militarización del pueblo Shuar Nankints y el Estado de Excepción dictado en la provincia de Morona Santiago, con la intención de imponer el proyecto minero Panantza-San Carlos en la zona.

La comunidad shuar de Nankints fue desalojada por militares en agosto de 2016, para abrir paso para al proyecto de la empresa ExplorCobres S.A. Cuando la comunidad intentó recuperar su territorio a finales de noviembre, la zona fue militarizada. Luego, el 14 de diciembre, cuando policías y militares aparentemente actuando bajo órdenes del Fiscal de Gualaquiza de allanar a las comunidaes, se produjo un enfrentamiento violento que dejó el lamentable saldo de un policía muerto y otras siete personas heridas.

 

La empresa ExplorCobres S.A. es subsidiaria de Corriente Resources y CRCC-Tongguan Investment Co. registradas en Canadá, a su vez subsidiarias del consorcio chino CRCC-Tongguan, que compró la empresa Corriente Resources y el proyecto Panantza-San Carlos en 2010.

La mencionada empresa debió perder las concesiones mineras de Pananza-San Carlos por incumplir el Mandato Minero de 2008, el cual sigue vigente. Según este mandato, las concesiones mineras que no habían sido consultadas previamente con los pueblos indígenas afectados, ubicadas en fuentes de agua, entre otras criterios, debieron ser revocadas sin compensación económica alguna. Por esta y otras razones, la Contraloría encontró que este proyecto de extracción de cobre, oro y molibdeno no cumple con el Mandato Minero. Entre otras cosas, dentro de las 14.000 hectáreas comprendidas en las trece concesiones mineras hay más de 400 fuentes de agua, que son esenciales para la vida y la cultura de las comunidades shuar.

Es importante notar que las empresas mineras canadienses – entre ellas Corriente Resources – y la embajada canadiense comparten responsabilidades por la no aplicación del Mandato Minero desde 2008, tomando en cuenta que trabajaron en conjunto para defender los intereses económicos de las empresas privadas, en contra del estado de derecho y sin consideración de los impactos nocivos de estos proyectos en zonas ecológica y culturalmente sensibles, tal como la zona afectada por el proyecto Panantza San Carlos.

Además, otra grave irregularidad es que en el año 2011 el Ministerio del Ambiente otorgó la licencia ambiental del proyecto Panantza-San Carlos en base a un estudio de impacto ambiental presentado diez años atrás, bajo normas constitucionales, mineras y ambientales diferentes.

Este proyecto no solamente afecta a Nankints, sino a otros diez Centros Indígenas Shuar de las Asociaciones Tariamiat, Arutam y Churuwia, como también a numerosas familias campesinas. Otros centros shuar y establecimientos campesinos se encuentran en su zona de influencia.

Lamentamos profundamente la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano y expresamos nuestra solidaridad con su familia, y la de los demás heridos. Al mismo tiempo, creemos que estos hechos de violencia podría haber sido evitado.

En el interés de evitar mayor violencia y asegurar el bienestar de las comunidades afectadas, exigimos la inmediata derogación del Estado de Excepción, el retiro de las fuerzas armadas y de la empresa de la zona, y la urgente apertura de un espacio de diálogo con las comunidades afectadas en base del pleno respeto de sus derechos humanos, el derecho a la auto-determinación de los pueblos y su consentimiento previo, libre e informado, consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, la jurisprudencia internacional y otros convenios internacionales de los que el Ecuador es signatario.

Firman:

1.Alternatives au Développement Extractiviste et Anthropocentré (ALDEAH)
2.Amazon Watch, Estados Unidos
3.Atlantic Regional Solidarity Network, Canadá
4.Bios Iguana, México
5.CATAPA, Bélgica
6.Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Bolivia
7.CEIBA, Guatemala
8.Censat Agua Viva, Colombia
9.Cercle des Premières Nations de l’UQAM, Québec, Canadá
10.Colectivo CASA, Bolivia
11.Colectivo Voces Ecológicas (COVEC), Panamá
12.Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Tolima, Colombia
13.Committee for Human Rights in Latin America (CDHAL), Québec, Canadá
14.Cooperacción, Perú
15.Defensa y Conservación Ecológica de Intag (DECOIN), Ecuador
16.Defensa del Ixofillmogen – Vancouver, Canadá
17.Delhiin Mongol Nogoon Negdel (DMNN), Mongolia
18.Earth Law Center, Estados Unidos
19.Environmental Defender Law Center (EDLC), Estados Unidos
20.The Esperanza Project, Estados Unidos
21.Friends of the Earth – Canadá
22.Fundación Ecuménica para El Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), Perú
23.The Gaia Foundation, Reino Unido
24.GRUFIDES, Perú
25.Intercontinental Cry, Canadá
26.Justiça nos Trilhos, Brasil
27.Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC), Chile
28.KAIROS: Canadian Ecumenical Justice Initiatives  
29.Kalikasan Peoples Network for the Environment, Filipinas
30.Kanaka, Ecuador
31.Listen To The Amazon, Reino Unido
32.McGill Research Group Investigation Canadian Mining in Latin America (MICLA), Canadá
33.Mining Injustice Solidarity Network – Toronto, Canadá
34.Mining Justice Action Committee – Victoria, Canadá
35.Mining Justice Alliance – Vancouver, Canadá
36.MiningWatch Canada
37.Movimiento Mesoamericano en Contra del Modelo Minero (M4), Regional
38.Movimiento Morelense Contra las Concesiones Mineras de Metales Preciosos, México
39.Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Regional
40.Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile
41.Otros Mundos Chiapas, México
42.Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP), México
43.Red Muqui, Perú
44.Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), México
45.Servicios Internacionales Cristianos de Solidaridad con America Latina – Oscar Romero (SICSAL), Canadá
46.United for Mining Justice, Canadá

Mapa del Colectivo Geografía Crítica

Más información:

– Sobre lo ocurrido en Morona-Santiago: Necesitamos un baño de paz y verdad con la naturaleza (Acción Ecológica)

– Declaración conjunta de Conaie y Confeniae ante los últimos sucesos en Nankints, Morona Santiago

– Mapa de grandes proyectos mineros en la cordillera del cóndor (Colectivo Geografía Crítica)

ATALC: Repudio latinoamericano al golpe de Estado en Brasil

Declaración a la opinión pública
Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC.

Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe -ATALC- repudia el golpe de Estado que se ha consumado en Brasil como resultado de fraudulentas estrategias para la desestabilización de la democracia, orquestadas por la derecha latinoamericana, y manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo brasilero.

Llamamos a los gobiernos de nuestros países a implementar las medidas necesarias para que se garantice el respeto a la voluntad popular del pueblo brasilero, expresado libremente en las urnas, y para que no se reconozca el gobierno de Michel Temer por ser impuesto desde intereses antidemocráticos en contravía con la institucionalidad política y el estado democrático de derecho de ese país suramericano y de la Región.

Sin lugar a dudas, el golpe de Estado que hoy se impone al gobierno de Dilma Rousseff, democráticamente elegido por más de 54 millones de sufragantes, es otro de los nefastos resultados de la experimentación que ya en años anteriores han sufrido países como Honduras y Paraguay, en los que la posibilidad de avance de gobiernos democráticos, en búsqueda de la justicia social, se ve truncada por golpes de Estado parlamentarios que de cualquier manera configuran un asalto al poder popular y a las riquezas del país para entregarlos a la corrupción de fuerzas políticas golpistas, y al interés de las grandes corporaciones.

Advertimos que con el golpe de Estado, las reivindicaciones sociales alcanzadas para los más desfavorecidos en Brasil inician su marcha atrás, y se desvertebran las políticas sociales que había alcanzado el proyecto político del gobierno electo en la última década, y se desmantelan las politicas de Estado para la salud, educación y cultura, y las ya frágiles políticas ambientales.

Estos ataques a la democracia y a la gente ya se hacen manifiestos en Brasil con la imposición en los últimos meses de políticas económicas marcadas por recortes presupuestales y la privatización de los servicios y bienes comunes, que afectan directamente y en su cotidianidad al pueblo brasilero en el campo y en la ciudad. Están ahora en marcha, impulsados por un gobierno ilegitimo y un parlamento golpista, un paquete de beneficios para el gran capital y de opresión para el pueblo: la apertura del las reservas de petróleo para el capital transnacional, la anulación del sistema de permisos ambientales y el ataque directo a los derechos laborales, previdenciarios, de las mujeres y de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Denunciamos que este golpe de Estado es así un ataque a todos los pueblos de America Latina, se configura como una amenaza a las posibilidades de articulación incluyente que los gobiernos progresistas han adelantado en los últimos años, y que se expresan en UNASUR y otras propuestas de integración regional.

Como federación de organizaciones en busca de la justicia social y ambiental, y por la construcción de sociedades sustentables, con la indignación que nos embarga por este nuevo ataque a los pueblos del Continente, llamamos a las fuerzas populares de diversas partes del mundo para rodear a las comunidades, organizaciones, procesos y movimientos de Brasil que no obstante las adversidades actuales constituyen un movimiento social revigorizado y en lucha frente a las atrocidades de la derecha brasilera y sus aliados golpistas.

Confiamos en que la sumatoria de fuerzas de los pueblos en defensa de la vida y la dignidad se expresará en la honra de la democracia y los derechos de los pueblos en nuestra América.

Nunca más golpes de Estado en América Latina!
Seguiremos en lucha por la Soberanía Popular y contra el Neoliberalismo!

Septiembre 1 de 2016