Les compartimos esta seria de podcats de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A diciembre 2021
El Despojo Mata
Empresas Transnacionales y violaciones de Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe presenta su nuevo podcast, denominado “El despojo mata”.
En cada episodio contamos casos de empresas transnacionales que violan los Derechos de los Pueblos en América Latina y el Caribe.
Episodio 2. Honduras
En agosto de 2018, tras la contaminación de los ríos Guapinol y San Pedro, provocada por el proyecto minero de Los Pinares en el Municipio de Toca, Departamento de Colón, y ante la falta de respuesta por parte del Estado, un grupo de pobladores/as de la comunidad instaló en el parque nacional Carlos Escaleras en Honduras, el campamento por “la defensa del agua y la vida”. El resultado: más de 30 detenciones y el encarcelamiento de 8 defensores.
Algo similar sucedió en Reitoca, cuando en agosto de 2021 detuvieron a 5 defensores del Río Petacón.
Para conocer de cerca estos casos, en este segundo episodio nos trasladamos a Honduras.
Agradecemos especialmente al Dr. Juan Almendarez, del Movimiento Madre Tierra – Amigos de la Tierra Honduras y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), por compartir su testimonio con nosotros/as.
El despojo mata es posible gracias a Amigos de la Tierra Internacional. Queremos destacar su invalorable aporte para que este proyecto sea una realidad.
Una realización original de Tristana producciones para ATALC.
Créditos: Narración: Miranda Carrete Guion: Florencia Flores Iborra Mezcla de sonido: Belén López del Río Diseño gráfico: Eolio Producciones Música: Artlist Producción general: Danilo Urrea y José Elosegui.
Audios de archivo: Encuentro de los Pueblos por el Agua, Honduras: los migrantes de la sed. Edición 17Feb2019 – France 24. Indígenas hondureños en resistencia contra hidroeléctrica – AFP Español. Honduras: pobladores de Reitoca rechazan construcción de hidroeléctrica. Edición 09Ene2020 – TeleSUR tv. Las mujeres de Reitoca dicen NO a los proyectos extractivos y NO a la hidroeléctrica & Conoce la lucha de Berta Cáceres en Honduras – TeleSUR tv.
Episodio 1. Caso Fraport y Brumadinho
En este primer episodio viajamos a Brasil. Desde comienzos del 2018, la empresa alemana Fraport está atacando la comunidad de Vila Nazaré para ampliar el Aeropuerto Internacional Salgado Filho.
En enero de 2019, en tanto, la represa de la compañía minera Vale se rompió, derramando cerca de un millón de metros cúbicos de lodo sobre los empleados y los habitantes de Brumadinho.
Para conocer de cerca estos casos le invitamos a que escuche el primer episodio de nuestro podcast. Agradecemos especialmente a Fernando Campos Costa y Letícia Paranhos, de Amigos de la Tierra Brasil, y a Tchenna Maso, del Movimiento de Afectados por Represas de ese país (MAB, por sus siglas en portugués) por compartir sus testimonios con nosotros.
“El despojo mata” es una realización original de Tristana producciones para ATALC, y es posible gracias a Amigos de la Tierra Internacional. Queremos destacar su invalorable aporte para que este proyecto sea una realidad.
Créditos: Narración: Miranda Carrete Guión: Florencia Flores Iborra Mezcla de sonido: Belén López del Río Diseño gráfico: Eolio Producciones Música: Artlist Producción general: Danilo Urrea y José Elosegui
Audios de archivo: Nazaré unida na luta, Capítulo 1 – Amigos da Terra Brasil. Ruim pra quem sai, pior pra quem fica: os futuros incertos das famílias da Vila Nazaré – Amigos da Terra Brasil.
Desde la madrugada de este lunes, al menos 90 ejidatarios provenientes de el Ejido El Bajío, ubicado en Sonora, se dieron cita en el Zócalo de Ciudad de México, para exigir la resolución de las 67 sentencias que continúan pendientes en contra de la minera Penmont, subsidiaria de la empresa Fresnillo PLC, propiedad de Alberto Baillères –dueño de El Palacio de Hierro, accionista del Grupo Peñoles y GNP Seguros–.
Ejidatarios que salieron de Sonora, hacia Ciudad de México, desde el pasado viernes, se manifestaron en Palacio Nacional para exigir al Presidente Andrés Manuel López Obrador la resolución por el caso de El Bajío.
En entrevista con Once Noticias, Jesús Thomas, representante ejidal, señaló que las sentencias tienen 8 años y no se han ejecutado.
En ese lapso de tiempo se han suscitado distintos eventos de extrema violencia, entre los que sobresale el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz, María de Jesús Gómez Vega y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez, todas las personas son de El Bajío.
El presidente ejidal Jesús Thomas denunció, a Once Noticias, que otras personas del ejido han sido encarceladas injustamente y otras han sido ‘levantadas’ y torturadas. Artículos relacionados
“La no ejecución es la que nos ha llevado a padecer todo esto. Si el Tribunal [Agrario] hubiera hecho su trabajo ya no estuviéramos padeciendo todo esto. Una vez que dictan las sentencias tienen 90 días para ejecutarlas y en este caso eso no ha ocurrido”, enfatizó Thomas a Once Noticias.
Asimismo señalan que prevalece presión por parte de la minera.
“Esas avionetas las manda la compañía minera con otros guardias que eran de la Policía Federal y los guardias de la minera. Yo creo que ellos quieren ver si hay menos gente para poder entrar, porque hay rumores de que quieren volver a entrar”, comentó.
Santiago, de 49 años, recordó que la primera vez que la minera salió del ejido fue en 2013, aunque luego volvieron en 2017, pero volvieron a sacarlos. En la actualidad resguardan El Bajío, para evitar que vuelva la empresa.
“A ver si nos apoya el gobierno para que las sentencias se ejecuten a nuestro favor, porque no estamos a gusto, han amenazado a nuestros compañeros y pues todo eso es por parte de la minera”, concluyó Santiago.
Por otro lado, al conversar sobre los avances en el proceso para destinar 18 mil hectáreas, de las 21 mil que conforman El Bajío, a la figura de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), Thomas dijo que han avanzado en el proceso, pero aún continúa en las instancias.
Al respecto señaló que la semana pasada, la Comisión Binacional Arizona-Sonora para la Conservación del Berrendo realizó un conteo que anunció que fueron avistados en El Bajío 163 ejemplares de berrendos, mamífero de pezuña más veloz del mundo, que estuvo bajo alerta de extinción en 1998, en el país.
“Eso significa que tenemos la mayor concentración de berrendos. Se explica porque hace 8 años logramos sacar a la minera, eso ha impactado de forma positiva, para que el berrendo vuelva a ser visto. En Pinacate se contabilizaron 85 y en Quitovac 331”, relató el presidente ejidal.
Los ejidatarios de El Bajío presentarán también escritos al Senado y al Tribunal Superior Agrario, para solicitar que se ejecuten las sentencias, que se respete al derecho humano de acceso a la justicia, así como el esclarecimiento de los asesinatos.
Los ejidatarios, pese al frío de la ciudad, con sus enormes letreros exigen justicia y que la mina no vuelva al desierto.
La ocupación de la minera Penmont, en el Ejido se dio en 1991, comenzó sus exploraciones y enclavó tres proyectos mineros a cielo abierto en este territorio: Noche Buena (2012), Dipolos-La Soledad (2010) y La Herradura (1998).
En 2011, a través de una primera sentencia se determinó que la minera debía desalojar las tierras. Hasta 2013 se llevó a cabo la desocupación.
Desde entonces, 67 ejidatarios interpusieron denuncias por los daños causados al territorio.
Compartimos este artiuclo publicado en el Boletín 259 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM sobre el encuentro de palma aceitera realizó en año pasado en el Centro Alter Natos en Chiapas – A 17 de diciembre del 2021
En Mesoamérica, la expansión de monocultivos de palma aceitera es una de las principales causas de deforestación. Un intercambio de experiencias reunió a representantes de comunidades indígenas y campesinas para analizar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en comunidades y territorios así como para enlazar sus resistencias.
La palma aceitera avanza en Mesoamérica (territorio que abarca desde el sur de México a Panamá) disputando los territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes por parte de la agroindustria, con saldos de despojo y violencia contra las comunidades, pérdida de la soberanía alimentaria, contaminación y pobreza. Aunque la resistencia de los pueblos ha logrado detener su avance en algunas regiones, su expansión sigue amenazando la vida de pueblos y comunidades.
En el proceso de expansión de la palma aceitera, respaldada por los gobiernos locales y nacionales, las empresas han realizado una cantidad de promesas (1) que nunca se concretan y que las comunidades organizadas han denunciado (2) a voces. En respuesta, las empresas crean estrategias de marketing para ocultar sus impactos en los territorios y para llegar con una imagen verde a quienes consumen el aceite de palma.
Es así que surgieron los ‘contratos’ o acuerdos con pequeños productores, las políticas de ‘responsabilidad social empresarial’ y la promoción de los ‘sellos verdes’ y ‘certificados’, como los que avala la RSPO (Mesa Redonda de Palma Sustentable). Nuevas estrategias para ocultar los impactos de siempre.
Por otro lado se vio en el cambio climático una nueva oportunidad de expansión. El uso del aceite de palma industrial, que originalmente era destinado a la industria cosmética y la elaboración de alimentos ultraprocesados, pasó a ser promovido además como agrocombustible, como materia prima para la producción de energía y las plantaciones como sumideros de carbono y como reforestación. Todo esto se ve reflejado en un aumento del área de territorios bajo monocultivos de palma, mientras las verdaderas causas del cambio climático, como el uso de combustibles fósiles, no son abordadas.
Esta es la realidad que viven muchos pueblos y comunidades en Mesoamérica. En Honduras existen más de 190.000 hectáreas sembradas de palma aceitera distribuidas en los departamentos de Cortés, Yoro, Atlántida y Colón. En Guatemala, las 171.000 hectáreas de palma aceitera se encuentran principalmente en las zonas del Petén, Ixcán, Escuintla y Huehuetenango. En México existen más de 90.000 hectáreas ubicadas principalmente en los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche.
Desde el desvío, contaminación y reducción de las fuentes de agua, la reproducción de animales que ponen en riesgo la salud de las personas, como serpientes venenosas, la deforestación y destrucción de espacios de vida, hasta la militarización de los territorios con fuerte presencia de grupos paramilitares bajo el manto de seguridad privada o la presencia de narcotraficantes, son parte de la constante violencia e imposición que sufren las comunidades cuando se instala la plama aceitera en sus territorios. Todo esto, y sobre todo en los lugares donde las comunidades organizadas resisten a esta invasión, ha generado violencia e intimidación sistemática de las y los defensores de la vida, quienes deben confrontar desde la criminalización a la desaparición y el asesinato.
Por tal motivo, a inicios de octubre de 2021, comunidades y organizaciones de Honduras, Guatemala y México se reunieron en San Cristóbal de las Casas, México, para compartir sus experiencias sobre el avance y consecuencias del monocultivo industrial de la palma aceitera. Se buscó además elaborar un diagnóstico de la región y esbozar estrategias comunes que les ayuden a enfrentar estos monocultivos.
A partir de este encuentro se crea la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera, la cual resume en la siguiente Declaración parte de las denuncias y reflexiones compartidas durante el encuentro:
Declaración de la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera
“En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 4 al 7 de octubre de 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México, Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.
Las palma de aceite ha arribado a nuestros territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador. Los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, desvían ríos y desaparecen lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el agua. Impactan en las cosmovisiones de los pueblos originarios. El monocultivo de palma viola los derechos laborales, genera esclavitud laboral. Destruye el tejido social. Se basa en la apropiación de territorios por parte de las empresas con violencia engaños, mentiras y falsas promesas, criminalización de la protesta social, en complicidad con el poder político.
Las plantaciones de palma provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza y dependencia, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, generan fuertes problemas de salud en las poblaciones, despojo y desplazamiento, aceleran el cambio climático, y se acompañan con violencia, militarización y criminalización de los pueblos que reclaman derechos fundamentales. Las afectaciones de este modelo repercuten directamente a las mujeres, sumando sobre ellas la violencia física y sexual.
Por todo ello, los movimientos y organizaciones nos proponemos detener este Modelo Extractivo, generar alternativas locales y develar el falso discurso de que las plantaciones de palma de aceite son sustentables, que generan desarrollo, que reforestan y combaten el cambio climático, por una consciencia de que los monocultivos de palma no son bosques, sino megaproyectos de muerte que están destruyendo el planeta.
– Denunciamos la contaminación y pérdida de fuentes de agua, en particular las afectaciones al río Tulijá en México.
– Exigimos justicia para las comunidades del río Guapinol y para los asesinatos perpetrados en el Bajo Aguán en Honduras.
– Denunciamos la contaminación del río La Pasión por parte de la empresa [palmícola] REPSA en Guatemala.
– Rechazamos la persecución a la protesta social y a las comunidades defensoras y defensores de derechos que han sido asesinados, perseguidos, criminalizados, judicializados por parte del modelo de la agroindustria de la palma y nos solidarizamos con los defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier, judicializados por la empresa Energy & Palma/La Fabril en Ecuador.
¡Las plantaciones no son bosques! Por territorios libres de monocultivos de palma de aceite.”
Un grito por la vida
No podemos dejar de destacar que donde se instalan los monocultivos industriales de palma aceitera las mujeres ven afectadas sus vidas, ya sea como trabajadoras en las plantaciones o como habitantes de las comunidades aledañas. Una de las participantes de la reciente reunión en Chiapas, proveniente de Honduras, escribió un poema donde refleja los sentimientos y vivencias compartidos por las mujeres presentes en el encuentro.
“Te ofrecieron un futuro falso, una economía que no existe, te ilusionaron con una vida mejor, te hicieron creer que tener un bosque lleno de vida y oxígeno era malo, te vendieron un cuento que solo existe en la mente maligna de ellos, no te diste cuenta y entregaste todo a cambio de un futuro que no existe, te mintieron, te destruyeron poco a poco.
Ha pasado el tiempo y hoy los y las que crecimos en tu error nos dimos cuenta de lo que hiciste, de ese futuro que te vendieron que yo no vi y no existe. Te reprocho, pero no te culpo, por eso te digo, yo, nosotras y todas vamos a luchar por destruir este sistema así como ellos lo hicieron con ustedes. Vamos a recuperar lo que nos pertenece.
Esos bosques que nos quitaron volverán a ser de nosotras, volveremos a ver esos cultivos que nos llenan de vida, volveremos a ver esas mujeres llenas de valentía y fuertes, dándole vida a nuestras comunidades, la bella sonrisa de los y las niñas sin ser esclavos de nadie, siendo libres.
Diciendo NO a la palma aceitera, NO a la violencia, NO a quitarnos la vida. Y no solo por medio de una bala, sino quitándonos nuestras tierras y territorios, así también nos matan.
Porque esto no es forestación, sino deforestación. Porque esto no es trabajo, es esclavitud. Esto no es vida, es muerte.
Hoy alzamos la voz unidas y emponderadas, y decimos BASTA YA!”
Desde diferentes puntos de Mesoamérica y de América Latina en general la resistencia crece, las comunidades organizadas se están conectando para que ese BASTA YA se escuche en todo el mundo, y que llegue a las comunidades en África y Asia que también se ven afectadas por este monocultivo. Pero, además, que se escuche entre quienes consumen el aceite de palma industrial, que se entienda que este destructivo modelo de plantaciones industriales nunca va a ser ni sustentable ni verde.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el Modelo Minero Extractivista en México – A Diciembre 2021
La Secretaria Albores responsabilizó por estos desastres a “la complicidad de gobiernos pasados”1, dando eco al Presidente quien pretende distanciarse del despojo y la destrucción diciendo que no va a otorgar ninguna concesión minera durante su sexenio. La Secretaria propone que la solución sería “la adopción de las mejores prácticas en materia hídrica y en corresponsabilidad socioambiental con el Gobierno y en el sector privado, …y la sociedad civil”2. Pero, queremos aclarar que –aún sin otorgar ni una sola concesión minera– este gobierno es tan cómplice como los anteriores por la continuidad del modelo minero que sigue operando.
¿De qué “mejores prácticas” nos está hablando la Secretaria para la actividad más devastadora del planeta? No hay mejores prácticas que resuelven la codicia y agresividad del modus operandi del modelo extractivo, no existe la minería verde, sustentable, inteligente ni responsable.
La minería genera enormes impactos sobre las tierras y el territorio de los pueblos en donde se impone. Para servir los intereses de los grandes inversionistas y mercados de consumo de productos desechables, los depósitos de minerales que quedan en el mundo son cada vez de concentraciones más bajas y más dispersas bajo la tierra. Esto significa que, para extraer cada onza de oro, plata o cobre, las empresas mineras sacan muchas más toneladas de roca, una parte de la cual será molida y tratada con sustancias químicas de alta toxicidad para separar los metales de las rocas. A la vez que las empresas tumban cerros enteros para extraer los minerales, construyen otros con la roca desechada que amontonan, ahora más expuesta al aire y agua, que puede iniciar el proceso de drenaje ácido que genera contaminación por metales pesados y otras sustancias tóxicas por décadas y siglos. También construyen enormes pilas o piscinas de relaves que rompen y derramen cada vez con mayor frecuencia. En el proceso, no solamente contamina el agua y el suelo, sino también se desaparecen y desvían fuentes de agua de las que los pueblos y la biodiversidad dependen. Todo esto sin hablar de lo que sucede en el ámbito social o de salud, con los pueblos desplazados y despojados de sus tierras y formas de vida, y con una tendencia hacia el alza de violencia en estas zonas.
Hablar de supuestas “mejores prácticas” de una de las actividades más devastadoras que existe, y hablar de no otorgar más concesiones mineras cuando México ya tiene arriba de 24 mil otorgadas, es desviar la discusión y pintar de verde al gobierno mientras siguen intactas las estructuras que facilita la inversión minera y que deja en impunidad estos grandes daños a perpetuidad. La Secretaría reconoce que la minería deja pueblos enteros sin fuentes de agua y con altos índices de daños a su salud, entonces ¿por qué no hablar de castigar penalmente a los responsables por estos tremendos daños? En base de su propia experiencia en Puebla en donde empresas mineras tienen concesionada grandes extensiones de la Sierra Norte, la Secretaria sabe que la propia presencia de una concesión minera representa una amenaza a la autodeterminación y bienestar de las comunidades afectadas. Entonces, ¿por qué no hablar de extinguir las concesiones mineras que han sido otorgadas arbitrariamente en todo el país en violación de tantos derechos? ¿Por qué dejar vencer solamente las concesiones mineras en donde las empresas no están actualizadas con su pago de derechos? Y sobre todo por qué engañarnos en centrar el debate sobre el tema de las concesiones cuando desde el inicio de este sexenio, según una solicitud de información vía transparencia, la SEMARNAT ha autorizado más de 90 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) para proyectos mineros. ¿De qué sirve limitar el número de concesiones si los proyectos mineros que son realmente lo que devastan el medio ambiente, el territorio y la vida de los pueblos siguen avanzado en sus fases de exploración y operación?
La respuesta es porque este gobierno es cómplice de mantener intacto el modelo minero sin mayor cambio. La influencia de los empresarios mineros mexicanos y extranjeros, representado por CAMIMEX, quedó muy claro cuando este gobierno declaró la minería “no esencial” a inicios de la pandemia de COVID-19. Pocas semanas después, ante varias gestiones del sector empresarial inclusive para pedir presión sobre el gobierno mexicano desde los Estados Unidos, se convirtió en esencial. No es casual que, durante estas gestiones, el sector minero hizo referencia a la necesidad de mantener activa la industria minera ante la entrada en vigencia del renegociado tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) previamente anunciado para el 1 de julio de 2020. Tal como gobiernos anteriores, este gobierno ha aceptado el marco de los Acuerdos Internacionales de Inversión –tales como el T-MEC, el Tratado de Integración Progresista de Asociación Transpacífico–, y muchos otros que México ha ratificado. Estos acuerdos son la ley por encima de la ley para las empresas transnacionales con la cual pueden amenazar o demandar al gobierno por millones o miles de millones cuando sus cortes, agencias regulatorias, ejecutivo u otros órganos toman decisiones que podría afectar sus inversiones o, inclusive, sus ganancias al futuro. México ya enfrenta miles de millones en demandas de empresas mineras.
La actuación del gobierno actual resulta ser cómplice con el despojo y destrucción permanente por la minería a las vidas, aguas, tierras y territorios de muchas comunidades. El discurso de “mejores prácticas” y de no otorgar ninguna concesión minera mientras siguen operando todas las que están, es seguir legitimando la expansión minera y desviando la atención de las estructuras jurídicas, económicas y de poder que lo sigue facilitando.
BASTA A LA SIMULACIÓN Y A LA LEGITIMACIÓN DE LA MINERÍA POR SEMARNAT NO A LOS PROYECTOS DE MUERTE, SÍ A LA VIDA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los megaproyectos de minería canadiense – A 7 de diciembre del 2021
El 22 de noviembre, el presidente López Obrador dio su informe sobre su participación en la novena cumbre de líderes norteamericanos en Washington, D.C., cuando invitó a México al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con quien dijo “no tener conflictos mineros por la industria en el país”.1 Durante la misma semana, en su mañanera desde Guanajuato, repetía ideas semejantes: “son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad».2 Además, pretendiódecir que México “ya no es como antes”, por estar siguiendo el ejemplo de Canadá: “Nosotros lo que estamos planteando es: bueno, que paguen impuestos igual como se pagan impuestos en Canadá, que se cuide al medio ambiente igual como cuidan el medio ambiente en Canadá y que se les pague a los trabajadores igual como se les paga a los trabajadores mineros de Canadá, en las mismas condiciones”.3
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) le queremos decir a Justin Trudeau, que no sabemos a qué país se refiere AMLO, porque si hablamos de México nosotras/os tenemos otros datos. Y para AMLO, si el ejemplo a seguir es Canadá, nos dirige a más de lo mismo: despojo, devastación ambiental y graves afectaciones a la salud.
I. Cada concesión minera, un conflicto
Cada semana hay conflictos que surgen en diferentes estados del país en contra de proyectos mineros canadienses que amenazan con despojar a los pueblos y destruir sus tierras y territorios, además de los conflictos cotidianos y menos visibles de los pueblos que han sido desplazados a la fuerza y ahora pelean por una sobrevivencia digna, o que sufren por la contaminación con metales pesados y pelean por atender los costosos daños a su salud, o que se encuentran con un terrible aumento de violencia en sus comunidades y luchan para no estar completamente sometidos, o quienes asumen la eterna pelea por la justicia y la rendición de cuentas dentro de un sistema de impunidad. Quizás nada de esto figura para AMLO, quien se preocupa más por posicionar al país en la cadena de extracción y consumo de los vehículos eléctricos a nivel norteamericano, pero le aseguramos a Trudeau que los conflictos mineros que las empresas mineras canadienses generan en este país todos los días, perduran en el tiempo para los pueblos que lo han tenido que sufrir y que poco se resuelve o se restaura, salvo cuando los pueblos logran impedir la entrada de las empresas desde el inicio. Compartimos unos ejemplos, entre muchos:
Chiapas
El día después de la mañanera de AMLO en Guanajuato, conmemoramos el duodécimo aniversari o del asesinato de Mariano Abarca (fundador de la REMA), el 27 de noviembre del 2009, por su lucha contra los impactos ambientales y sociales de la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Junto con la familia Abarca, hemos llevado este caso a Canadá para exigir una investigación de la embajada canadiense en México por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano. Sabemos por documentos obtenidos bajo la ley de transparencia en Canadá que la embajada seguía de cerca los sucesos en Chiapas y participó en defender y facilitar los negocios mineros aún sabiendo de los riesgos que corría la vida de Mariano. Seis semanas después de que representantes de la embajada canadiense se reunieron con el gobernador de Chiapas en octubre de 2009 para pedir que se resolvieran los problemas de la empresa, mencionando específicamente las protestas de la comunidad, Mariano fue brutalmente asesinado frente a su restaurante en el centro de Chicomuselo.
Este crimen sigue en impunidad y por tanto sigue el conflicto. La familia Abarca junto con Otros Mundos Chiapas, REMA, MiningWatch Canadá y otros aliados han interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de autoridades mexicanas, así como la denuncia actualmente esperando la decisión de la Corte Federal de Apelaciones de Canadá buscando una investigación de la Embajada Canadiense en México. Vale destacar que un juez de la Corte Federal de Canadá, Keith Boswell, ad mitió en julio de 2019 la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no habría sido asesinado si la embajada canadiense en México hubiera actuado de otra manera”. Sin embargo, hasta la fecha aún seguimos peleando por una investigación que haga justicia al asesinato de nuestro compañero.
Oaxaca
La mina San José de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, ubicada en San José del Progreso, Oaxaca, terminó de imponerse el día 6 de mayo del 2009 por medio de un operativo policíaco y militar que culminó con decenas de personas detenidas arbitrariamente, golpeadas y heridas de gravedad; así como con cateos ilegales en varias casas de Magdalena Ocotlán, municipio vecino a San José del Progreso. En los siguientes 5 años, fueron asesinadas 5 personas en San José del Progreso.
Años después, en 2018, esta misma mina tuvo un derrame tóxico que contaminó gravemente el río Coyote y los pozos de cientos de familias. Esto fue encubierto por la PROFEPA, SEMARNAT, CONAGUA e IMTA quienes, a pesar de tener en su poder las pruebas de la contaminación, hoy a 3 años del desastre, están nuevamente tomando muestras, tal vez para seguir cubriendo las espaldas de la empresa minera.
Hoy en día la empresa intenta ampliar su proyecto por otros 10 años y presiona a la SEMARNAT (quien ya negó la autorización), para que le autorice su proyecto de expansión. Sin embargo, la SEMARNAT ahora echa marcha atrás, con total falta de ética y respeto para su equipo de evaluación de impacto ambiental, y declara que se hará una consulta a los pueblos para ver si quieren o no la ampliación de este proyecto, que inicialmente ellos desaprobaron. A la par, la empresa ha sacado a sus trabajadores para confrontar a las defensoras y defensores que exigen se detenga la expansión de este proyecto que ya ha demostrado causar destrucción, enfermedad y muerte entre las comunidades vecinas. La tensión y presión sobre las comunidades hace que nuevamente se genere un ambiente de violencia y división.
Zacatecas
En el año 2017, unas 46 familias de la comunidad La Colorada, Zacatecas, fueron desplazadas a la fuerza por la empresa canadiense Pan American Silver, con la ayuda del gobierno de ese estado para lograr la expansión de su mina “La Colorada” de donde extrae plata, oro, plomo y zinc desde 1998. Con este acto, las familias fueron despojadas de sus casas, terrenos, trabajo y salud, además de encontrarse con violaciones sistemáticas permanentes de sus derechos. Por dos años antes, las familias resistieron su desplazamiento, durante ese tiempo denunciaron haber sido acosadas y amenazadas por parte de directivos de la empresa, y varios trabajadores fueron selectivamente despedidos. Sin embargo, actuando en contubernio con el gobierno de Zacatecas y con el apoyo de hombres armados, la empresa finalmente desalojó a las familias y con maquinarias destruyó sus viviendas.
La denominada “Unidad Habitacional Mina La Colorada”, a la cual fueron desplazadas la familias, se compone de 96 casas armables de lámina que Pan A merican Silver les dio en comodato. Entre el complejo habitacional y la entrada a la mina existen menos de 200 metros y los divide una reja metálica que rodea a toda la comunidad, en donde las familias arriesgan su salud por su cercanía a la mina y se encuentran en una situación de control social extremo por la empresa que pone las reglas, inclusive sobre el tipo de mascota que pueden o no tener dentro de estas casas, así como para el uso de la iglesia. Desde ese entonces, habitantes de La Colorada luchan para la restitución de las tierras que la empresa les arrebató y para que su comunidad sea reconocida, ya que la empresa asegura que esa comunidad nunca existió4.
Guerrero
En el “cinturón dorado” de Guerrero, operan 5 proyectos mineros, 4 de ellos canadienses circunscritos en una región de 210 localidades. En los últimos 10 años, ha habido un desplazamiento forzado de 16 mil familias vinculadas a la violencia que se desencad ena por el poder vinculado a los grupos del crimen organizado, lo cual beneficia a la expansión minera de capital canadiense en la zona. Tan solo en Carrizalillo, Municipio de Eduardo Neri, donde la empresa minera Equinox Gold opera la mina Los Filos, se ha documentado el desplazamiento forzado de la mitad de la comunidad en 2015, por lo menos 55 asesinadas/os hasta 2019, y la prevalencia de daños a la salud en casi toda la población por consumo de agua contaminada y exposición permanente a polvo rico en metales pesados. Por cuatro meses, a fines de 2020, el ejido de Carrizalillo realizó un paro y cerró la mina por el tratamiento racista y discriminatorio de esta empresa y por sus incumplimientos al acuerdo de cooperación social, inclusive temas relacionados con la falta de agua limpia y atención médica5. En otro triste acto de discriminación y racismo, representantes canadienses han llegado para ayudar a legitimar la expansión minera en esta zona, a la vez establecen alertas para que los turistas canadienses no visiten el territorio guerrerense por la alta incidencia de violencia; la última alerta fue emitida en octubre de este año6.
Guanajuato
La minera Argonaut Gold pretende desarrollar el proyecto minero de oro Cerro del Gallo, en el territorio rural del municipio de Dolores Hidalgo, impactando directamente a más de 20 comunidades con una población aproximada de 8,000 habitantes. Además, afectará la Cuenca de la Independencia o la Cuenca alta del río La Laja, que abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato con una población de 680,000 habitantes que dependen de un solo manto acuífero. De autorizarse el proyecto, sería la primera mina a cielo abierto en el Estado de Guanajuato. Se propone usar la técnica de lixiviación con cianuro que conlleva graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas, así como el uso y contaminación de cantidades extraordinarias de agua. Además de las 13 concesiones mineras, Argonaut Gold cuenta con 8 títulos de concesión de agua otorgados por la CONAGUA por un total de 1,440,000 m3 al año para la explotación de su proyecto, mientras que las comunidades en su entorno, no tienen acceso al agua en condiciones adecuadas.
Durante el 2020, Argonaut Gold ha intentado, por cuarto año consecutivo sin éxito gracias a la oposición popular, obtener el permiso en materia de impacto ambiental de parte de la SEMARNAT. En su proyecto, que ha sometido a la evaluación de la autoridad federal, propone, entre otros agravios «la integración al proyecto de los habitantes de las poblaciones rurales, abatir y, para el caso de San Antón de las Minas y El Sisote, desaparecer la agricultura y ganadería de subsistencia», tratando de argumentar que esta actividad es más dañina al medio ambiente que la destrucción permanente que genera la minería. Aunque SEMARNAT acaba de denegar el permiso a la empresa, nada evita que la empresa lo pueda intentar nuevamente.
Al final, estos son sólo una muestra de los conflictos que generan las empresas mineras canadienses en México, de los que el presidente parece no darse cuenta. A lo largo del país, hay resistencias y procesos de defensa territorial ante los intereses de empresas mineras canadienses, especialmente frente a los llamados “junior”, que son empresas que se especializan en la prospección, exploración y especulación, y que están muy presentes en las bolsas de valores de Canadá, más que en cualquier otro país.
Los procesos de organización popular frente al avance minero representan la mayor esperanza para poder evitar la entrada de la minería a través del ejercicio de los derechos agrarios y la auto determinación de los pueblos. Aún así, son procesos de muy larga envergadura que frecuentemente conllevan muchas amenazas y deben sostenerse para poder frenar los avances del nocivo modelo extractivista minero y su permanente voracidad por generar ganancias a cambio de la destrucción de los pueblos. Por todo esto, las comunidades afectadas le decimos al Presidente que aquí estamos: no olvidamos, ni perdonamos, y exigimos se deje de ofertar nuestros territorios y nuestras vidas a las empresas mineras que nos despojan y asesinan.
II. Seguir el ejemplo de Canadá, nos lleva a más de lo mismo
En cuanto al deseo de AMLO de que las empresas mineras canadiense operen como hacen en Canadá, debe darse cuenta de la realidad colonial y del capitalismo depredador que prevalece en el país de su amigo Trudeau. Canadá atrae empresas mineras a su país por tener la tasa de impuestos corporativos más baja del grupo de los siete países industrializados (G7) y una investigación periodística ha mostrado cómo las empresas mineras pagan mucho menos a gobiernos en Canadá que cuando operan en otras partes del mundo, inclusive México7.
En torno al supuesto “respeto al ambiente”, basta decir que en Canadá hay más de 10,000 minas abandonadas que jamás han visto un programa de remediación, y que prevalece un ambiente de impunidad por los grandes daños que genera, a perpetuidad la actividad minera. Por ejemplo, nadie ha sido castigado por el derrame más grande en Canadá de 24 mil millones de litros de desechos tóxicos en agosto del 2014, de la mina Mount Polley en la provincia de Columbia Británica.
Finalmente, es indignante y vergonzoso escuchar las declaraciones vacías de AMLO y Trudeau diciendo que van a reconciliar al Estado con los pueblos indígenas8. Para muestra un botón: el mismo día que estos dos estuvieron reunidos en Washington, D.C., en el oeste de Canadá, la policía federal detuvo a defensores indígenas, observadores y prensa por oponerse a la construcción de un gasoducto9. En octubre, Trudeau fue de vacaciones en lugar de celebrar el primer Día Nacional de la Verdad y Reconciliación para honrar a los sobrevivientes y afligirse por los miles de niñxs que murieron en las escuelas de residenciales operadas hasta 1996 como parte de la política genocida del Estado, y que han empezado a aparecer en fosas comunes10. Y este mismo gobierno continúa impulsando un modelo de despojo para seguir nutriendo las grandes ganancias de las empresas extractivistas contaminadoras, aún cuando los incendios y las inundaciones tienen todo el oeste de Canadá en un estado de emergencia11.
BASTA DE MENTIRAS Y SIMULACIONES: MÉXICO SE DESBORDA DE CONFLICTOS POR PROYECTOS MINEROS
CANADÁ ES EJEMPLAR DE LO COLONIAL Y NEOLIBERAL
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RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
Compartimos esta nota escrita por María del Consuelo Sánchez Méndez sobre procesos de soberanía alimentaría y la lucha por las semillas libres y nativas – A 1 de diciembre del 2021
A principio de mes de febrero a julio del 2021, Otros Mundos AC. impulso con familias de los barrios de San Cristóbal de Las Casas el proceso de Agricultura Urbana “Un metro cuadrado de huerto”. Esta iniciativa pretendió aportar un granito de arena más para la construcción de la soberanía alimentaria y la salud de las familias que habitamos las ciudades.
Uno de los talleres que se compartieron este proceso fue para trabajar el tema del autoabasto de las semillas para los huertos urbanos. Este encuentro fue facilitado por Nereida Sánchez Rubio, fundadora y directora de Semillas Colibrí e integrante de la red de guardianes de semillas Occidente de México quien compartió el taller “Producción, recolección y conservación de semillas”, el día martes 6 de julio del 2021, en las instalaciones de Otros Mundos AC.
Las semillas libres son la base de los sistemas alimentarios y están siendo amenazadas por la agricultura industrial y su sistema de patentes, los tratados internacionales presionan a los gobiernos para legalizar los sistemas de despojo de las semillas originarias a los campesinos. En este contexto y desde los sistemas de producción urbana también es posible hacer frente a esta problemática tan urgente.
Durante el taller se compartió la importancia de la conservación de las semillas originarias y como en contextos urbanos también es posible producir semillas lo cual requiere ciertos procesos como sembrar determinado número de plantas y el debido cuidado y mantenimiento de los cultivos hasta su fructificación. También se realizaron dos métodos de obtención de semillas, el método húmedo para hortalizas de frutos carnosos como el pepino, jitomate, guayaba, berenjena, maracuyá, etc. Y el método seco para cultivos de frutos secos como frijol, rábano, lechuga, acelga, cebolla, etc.
Otro aspecto importante fue el tema de la conservación, donde se recomendó que una vez secas se guardaran en recipientes de vidrio con tapa. Para mayor protección se puede colocar ceniza o sílica en los frascos ya que esto servirá para absorber humedad. Para repeler insectos se pueden agregar algunas flores secas de caléndula, hoja santa, epazote, chile o ajo. Muy importante no olvidar etiquetar los frascos con fecha, variedad de semilla y algunas características del lugar del cultivo, almacenarlas en un lugar oscuro, seco y fresco.
El taller fue muy enriquecedor para todas y todos, se culminó con una reflexión de que las semillas, significan vida, herencia ancestral, inspiración, unión y buena alimentación. En estos tiempos, en los que su conservación se ha vuelto cada vez más complicada por las constantes amenazas de la industria, le dan significado a la resistencia y son punto de partida para volver a los saberes comunitarios, que mantienen la posibilidad tangible de alcanzar una autonomía alimentaria.
Compartimos comunicado de Acción Colectiva y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender Dolores Hidalgo de la devastación minera – A 4 de diciembre del 2021
El pasado mes de septiembre de 2021, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, resolvió el proceso de evaluación de impacto ambiental, solicitado por la empresa San Antón de las Minas, S.A. de C.V., filial de la minera canadiense Argonaut Gold, para su proyecto minero Cerro del Gallo, en Dolores Hidalgo, C.I.N., publicado el pasado 2 de diciembre en el número 54 de la Gaceta Ecológica de la SEMARNAT.
En este día de la fiesta patronal de Santa Bárbara, una de las comunidades más grandes amenazadas por el desastre del proyecto minero a cielo abierto del Cerro del Gallo, las mujeres y hombres de las comunidades afectadas, en conjunto con las organizaciones de la Hermandad de la Cuenca de la Independencia y con la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), celebramos también con mucha alegría y comunicamos a los habitantes de Dolores y del resto de la Cuenca de la Independencia que, después de una larga revisión, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), de la SEMARNAT, ha resuelto el siguiente:
I. Resolutivo La SEMARNAT resolvió NEGAR la autorización en materia de impacto ambiental solicitada para el proyecto, así como archivar el expediente como asunto totalmente concluido, indicándole que no podrá realizar la ninguna obra o actividad. Sin embargo, la empresa mantiene a salvo su derecho para intentar obtener la autorización en materia de impacto ambiental, una vez más, y podría impugnarla.
II. El proyecto es INCOMPATIBLE con las políticas y programas de Ordenamiento Ecológico Los diversos instrumentos de Ordenamiento Ecológico del Territorio, señalan que la política ambiental de la zona que sería impactada con la operación del proyecto, es de restauración y aprovechamiento sustentable y tiene como eje rector de desarrollo la agricultura y preservación de flora y fauna.
Es importante destacar que el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Municipio de Dolores 2018 (PMDUOET), señala que el sitio destinado al desarrollo del proyecto minero, se ubica dentro de la UGAT número DOL-078, la cual contempla una política ambiental de restauración ecológica.
En ese sentido, la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Dolores Hidalgo, en su Opinión Técnica emitida el 23 de marzo de 2021, informó que el proyecto «Cerro del Gallo» es INCOMPATIBLE, debido a que se contrapone totalmente a la restauración ecológica, y solicita se analice el Impacto que éste proyecto tendría en las zonas de recarga pluvial y recomienda que se analice el impacto social, pues la sociedad civil y organizada se ha manifestado en contra del proyecto en repetidas ocasiones y de manera constante.
III. Blindaje del territorio Con base en las opiniones técnicas incluidas en el documento resolutivo de la SEMARNAT, así como en base a la expresión popular manifestada el pasado 21 de noviembre en la Plaza Principal de rechazo al proyecto Cerro del Gallo y a la empresa Argonuat Gold, pero también
con base en el compromiso dado el pasado 17 de mayo por el candidato del Partido Acción Nacional, Adrian Hernández Alejandri, actual presidente municipal, a las comunidades directamente afectadas, exhortamos firmemente a las autoridades municipales a prohibir de manera definitiva el otorgamiento de permisos de uso de suelo para megaproyectos mineros, mediante un Acuerdo del Ayuntamiento para declarar al Territorio de Dolores Hidalgo como Libre de Minería, blindando al municipio, a sus bienes comunes naturales y a su gente, contra este tipo de proyectos depredadores, y que este sea el primer municipio de la Cuenca de la Independencia en blindarse.
IV. Cancelación de concesiones de agua para el proyecto Cerro del Gallo Dado el deterioro ecológico de la región, y el abandono del campesinado en las políticas de fomento durante las últimas décadas, exhortamos a las instituciones de los tres niveles de gobierno, a impulsar y favorecer proyectos de restauración de los ecosistemas y de aprovechamiento sustentable del agua, para reactivar la economía rural en la región, con la participación de la población organizada de las comunidades campesinas.
Para ello es indispensable un cambio radical en la política de gestión del agua en todo el territorio, que no se siga favoreciendo de manera preferente a las grandes empresas de agro-exportación que continúan extrayendo grandes volúmenes de agua en esta región en la que el agua es insuficiente para el consumo humano de las comunidades; y que se revoquen las inmorales concesiones por un total de 1,440,000 metros cúbicos de agua al año, en favor de la empresa San Antón de las Minas SA de CV, filial de la canadiense Argonaut Gold.
Invitamos a todos los colectivos contrarios a la mina, al Movimiento Social, a CEDESA, a Guardianes de la Cuenca de la Independencia y a todos las personas concientes de esta amenaza, a que caminemos unidos en contra de este ipo de proyectos depredadores y por proyectos que favorezcan el desarrollo sustentable de las comunidades rurales.
¡AGUAS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE! ¡FUERA ARGONAUT GOLD DE NUESTROS TERRITORIOS! ¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS MINEROS EN LA CUENCA DE LA INDEPENDENCIA!
Compartimos este artículo que sistematiza el proceso de huerto urbanos como alternativa a los monocultivos y a la crisis alimentaria durante los puntos más altos de la pandemia por covid 19 – A 14 de diciembre del 2021
San Cristóbal de Las Casas- 14 de diciembre del 2021
La sobreexplotación de los bienes comunes naturales, el desempleo, el cambio climático, la falta de servicios en el medio rural, la presión sobre la agricultura a pequeña escala junto con las falsas promesas de un futuro mejor en las ciudades ha hecho que la gente, en los últimos años, haya emigrado de forma masiva a las ciudades -ahora sobrepobladas-. Estas grandes urbes demandan cantidades altísimas de alimentos y agua, y a cambio ofrecen aguas contaminadas, toneladas de desechos y humos tóxicos que afectan a todos los seres del planeta, vivan o no en las ciudades que se han convertido hoy en día en una de las mayores amenazas a la vida misma del planeta. San Cristóbal no es la excepción, con un crecimiento exponencial de la población y de la mancha urbana especialmente alarmante en las últimas décadas.
Día con día se develan aún más las consecuencias de las urbes, y de los sistemas agroalimentarios industriales que acaparan el abastecimiento en las ciudades e impactan negativamente los lugares donde se producen y procesan; incluyendo la salud de las poblaciones, haciéndolas más susceptibles a todo tipo de enfermedades.
Desde Otros Mundos AC este 2021 hemos impulsado la iniciativa “Un metro cuadrado de huerto” con la cual hemos compartido con personas, familias, colectivos y centros educativos que siembran y cosechan la esperanza de que también en las ciudades podemos cultivar la vida y luchar por la soberanía alimentaria. Con la misma esperamos mejorar la salud de las familias que habitamos las ciudades y que se reconozca la enorme labor de las y los pequeños agricultores que alimentan nuestro planeta y enfrentan el embate de un modelo agroindustrial devastador.
Mediante este proceso descubrimos traspatios, huertos escolares, azoteas, huertos comunitarios e intercambiamos la riqueza de experiencias en la producción de plantas alimenticias y medicinales que existen localmente, y a través del mismo seguimos tejiendo lazos de solidaridad y esperanza de que otras ciudades son posibles.
Muchas gracias a las y los vecinos de las colonias de Cuxtitali, Once Cuartos, Ciudad Real, 31 de marzo, La Garita, Santa Lucia, Tlaxcala; y al Colectivo Plan Bioma, Colectivo Mujeres y Maíz, grupo de familias de Amatenango del Valle, Comunidad escolar 31 de marzo “Proyecto Canasto de Experiencias”, Huerto Universitario de la Facultad de Sociales, Tierra Roja AC, Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K’inal Antsetik, A.C. (CEFOCAM) , Telesecundaria 297 Juan Bosco Occhiena y a todas las personas que hemos encontrado en este hermoso proceso.
Compartimos esta nota de La Jornada sobre el hostigamiento a defensores de la vida en Mazapil, Zacatecas que lucha contra un proyecto minero – A 1 de diciembre del 2021
De la Rosa Dávila está citado para el próximo 3 de diciembre por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning
El grupo de personas que lo apoya afirma que también seguirá luchando por la liberación de las tierras que la empresa se ha apropiado de forma ilegítima
Las comunidades afectadas son Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas pertenecientes al municipio referido
Por: ALEJANDRA FÉLIX •
Dado que el defensor de Salaverna, comunidad perteneciente al municipio de Mazapil, Zacatecas, Roberto de la Rosa Dávila, ha sido citado el próximo 3 de diciembre por un juez penal por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning (propiedad de Carlos Slim), un grupo de personas que luchan por la misma causa, encabezado por el diputado José Luis Figueroa, declararon que no dejarán solo al activista y seguirán luchando por que se liberen las tierras de las localidades afectadas. – Publicidad –
Los habitantes de las comunidades Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas del municipio de Mazapil, tienen ya varios años luchando en contra del despojo de sus tierras que fue perpetrado de manera ilegal por la empresa de Slim, pues no se adquirieron las 3 mil 584 hectáreas de forma legítima, además de que se están adueñando de un total de 4 mil 650 hectáreas, mil 66 más de lo que tenían originalmente.
Roberto de la Rosa Dávila argumentó que los terrenos donde estaban establecidas estas localidades eran terrenos nacionales y, por lo tanto, no deberían haber pasado a manos de Slim a menos que dejaran de serlo, cosa que jamás sucedió. Ante esto, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que habría fallado a favor de los habitantes de las comunidades, pero el fallo cambió a favor de Slim el 30 de julio de 2018, donde, además, se le otorga el derecho de preferencia de adquirir el título de las tierras, cosa que la empresa minera no había solicitado en primer lugar.
Compartimos este pronunciamiento de diferentes organizaciones, y colectivos sobre la tragedia ocurrida en la carretera Chiapas de Corzo – Tuxtla Gutiérrez donde se volcó un trailer donde viajaban personas migrantes- A 9 de diciembre del 2021
54 migrantes muertos en el más grave accidente registrado en Chiapas
El tráiler con 159 personas migrantes provenientes principalmente de Guatemala volcó en una curva; 54 personas murieron y 105 sobrevivieron, aunque tienen diversas heridas, algunas de gravedad. La política migratoria militarizada por parte del gobierno mexicano obliga a las personas migrantes a tomar rutas peligrosas, denuncian organizaciones
Texto: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo
Fotos: Cuartoscuro
CHIAPAS.- Gerónimo Chicof Zavala canta en su lengua materna una canción triste, mientras enseña a su esposa, a través de una videollamada telefónica, sus heridas y la de sus compañeros de viaje. Llora, igual que Elvis Quino, de 16 años, monolingüe. A su lado, Vanesa Ambrosio Juárez, de 15 años, dice que va a volver a intentar emprender de nuevo la travesía, porque en su tierra no tiene un futuro. Los tres son sobrevivientes del accidente en el que murieron 54 migrantes, los tres son campesinos originarios de El Quiché, la zona más pobre de Guatemala.
El reporte oficial de la Secretaría de Protección Civil del gobierno de Chiapas indica que en el viejo tráiler de placas 444-DW-4 iban hacinadas 159 personas migrantes, el 94 por ciento de ellas originarias de Guatemala. Sólo tres eran de República Dominicana, una de Honduras y una de Ecuador.
En entrevistas, los sobrevivientes explicaron que la mayoría son del Departamento Quiché, donde siete de cada diez pobladores viven en pobreza o en pobreza extrema, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de ese país.
La historia de pobreza y hambre es el común denominador de quienes migran arriesgando su vida, para intentar cambiar su situación. Martín Méndez Salvador dice que desde que recuerda ha pasado hambre. Por eso ahora que tiene dos hijos, Josep Martín de tres años y Manuel Alejandro de un año, decidió vender sus pocas pertenencias para intentar llegar a Estados Unidos, y buscar trabajo; no quiere que sus crías sufran lo que él sufrió.
Pero su viaje terminó en tragedia, cuando el tráiler en el que iban tomó mal una curva. La caja de carga donde iban parados, solo sujetos de unas barras metálicas, se desprendió de la base y se impactó contra unos pilares de cemento de un puente, el vehículo volcó.
Martín, entrevistado en el hospital, dice que sintió un golpe fuerte, que se desmayó, y despertó en el hospital. De las 159 personas que iban en el vehículo, 49 murieron por el impacto de cuerpos y fierros retorcidos, cinco más fallecieron en el hospital; 105 sobrevivieron, aunque tienen diversas heridas, algunas de gravedad.
Resalta en esta tragedia que 19 son menores de edad, adolescentes que ven en la migración una vía para mejorar su futuro. “Yo vengo por un sueño, allá en Guatemala están bien duras las cosas y mi papá está enfermo”, explica Vanesa.
El accidente se registró a la altura del Puente Belisario Domínguez y Ribera Cahuaré, en la zona conurbada que comunica la capital con el municipio Chiapa de Corzo.
Según el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, el chofer iba a exceso de velocidad. Al llegar a la curva perdió el control, lo que provocó que la caja del vehículo se desprendiera e impactara contra los pilares de cemento del puente.
La travesía
Para entrar a México a través de Chiapas hay tres rutas principales. Una es la de la zona costa, donde se cruza por el río Suchiate y se llega como primer punto a la ciudad de Tapachula. En este lugar, ahora mismo en encuentran miles de migrantes imposibilitados de salir, cercados por retenes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN).
La segunda ruta es por la zona selva que los lleva a la ciudad de Palenque, donde el pasado 9 de noviembre una docena de migrantes fallecieron calcinados en el interior de dos vehículos en los que eran transportados. El nerviosismo de los conductores al pasar cerca del reten del INM en la zona de Playas de Catazajá los hizo chocar; explotaron los tanques de gasolina.
La tercera ruta es la más peligrosa. Pasa por la zona de sierra y montañas colindante con El Petén guatemalteco, región controlada por grupos de la delincuencia organizada, quienes en los meses recientes tienen el dominio absoluto de los caminos, establecen toques de queda y pagos por el tránsito. Ningún migrante pasa desapercibido, todos deben pagar y acordar su ruta con algún traficante.
Es por esta ruta que pasaron los migrantes del Quiché. Uno de los migrantes que pidió el anonimato dice que pasando la frontera “el coyote” subió a un grupo de unas 12 personas en unidades de transporte colectivo; llegaron al municipio de Comitán, cambiaron de vehículo a un camión más grande y llegaron a San Cristóbal de Las Casas. Ahí, relata, los metieron a una bodega donde esperaron que se juntara un grupo más grande. Cada “coyote” fue llevando a su grupo, hasta que alrededor de las dos de la tarde subieron a todos al camión de carga tipo tráiler.
En San Cristóbal de Las Casas y los municipios vecinos como San Juan Chamula y Teopisca, el tráfico de personas creció en años recientes. Casi cualquier habitante puede indicar donde hay “casas de seguridad” o bodegas donde los esconden hasta subirlos a transporte para ser trasladados.
De la frontera con el Petén al lugar donde ocurrió el accidente, hay al menos cuatro retenes de inspección policiaca-militar. El primero es el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, ubicado tres kilómetros antes de la entrada al municipio de Comitán; otro a seis kilómetros de la salida de ese municipio; en este retén hay agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional; inspeccionan todos los vehículos de carga y pasajeros que pasan por el lugar.
Un retén más está en el kilómetro 43 de la carretera Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas; y otro a sólo cuatro kilómetros antes del lugar del accidente. Por todos estos lugares pasaron los migrantes; en los dos últimos ya a bordo del tráiler.
Organizaciones responsabilizan la política migratoria militarizada
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano denunció que la política de contención migratoria del gobierno mexicano ha obligado a las personas migrantes a tomar rutas más peligrosas y controladas por traficantes de personas. También han denunciado la complicidad de autoridades de diferentes instituciones en este tráfico.
“La política migratoria militarizada, represiva y violenta, obliga a las personas migrantes que se desplazan por el sur de México a tomar opciones y rutas cada vez más peligrosas, que ponen en riesgo su vida e integridad. Los terribles hechos de este accidente son resultado directo de esas políticas del Estado que no garantizan los derechos fundamentales de las personas migrantes”, señalaron en un comunicado.
Apenas el pasado 9 de noviembre, 12 migrantes fallecieron calcinados en el interior de dos camionetas de transporte colectivo; hacían la ruta de Palenque-Playas de Catazajá, también en Chiapas. Otros tres de nacionalidad hondureña resultaron heridos.
El accidente de este jueves es el más grave que se ha registrado hasta el momento en donde las víctimas son personas migrantes.
Condolencias oficiales
En su cuenta de Twitter el INM señaló que “lamenta el fallecimiento de personas migrantes en el trágico accidente ocurrido en Chiapas”. Aseguró que se coordina con autoridades nacionales, estatales y municipales, para brindar asistencia consular, identificar los cuerpos, cubrir gastos funerarios y facilitar la repatriación de los restos a sus países. Además, se dará atención humanitaria a los sobrevivientes, alojamiento, alimentación y en caso de que acepten, Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias. También ofreció coadyuvar en la investigación.
También en Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró: “Lamento profundamente la tragedia ocasionada por la volcadura de un tráiler en Chiapas que transportaba migrantes centroamericanos. Es muy doloroso. Abrazo a los familiares de las víctimas”.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei también lamentó “profundamente la tragedia ” y ofreció a las familias “toda la asistencia consular necesaria incluyendo las repatriaciones”.
Al menos 53 migrantes fallecieron y más de 50 resultaron heridos esta tarde luego de que el tráiler en el que iban ocultos volcó en el tramo carretero de Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez.
En lo que es considerado el más grave accidente con el mayor número de migrantes muertos, este jueves alrededor de las 16 horas, el conductor de un tráiler perdió el control de su unidad y se le desprendió la caja en la que iban ocultos más de 100 migrantes procedentes de la frontera de México con Guatemala.
El accidente ocurrió en el tramo carretero que va de Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, cerca del puente Dr. Belisario Domínguez sobre el Río Grijalva, donde empieza el Cañón del Sumidero; a escasos metros había superado un retén de la policía estatal.
El Sistema Estatal de Protección Civil dijo que se brindó atención derivado del accidente automovilístico y de manera preliminar se tuvo registro de 45 personas lesionadas, las cuales fueron atendidas en el lugar y luego trasladadas a hospitales de diversos puntos de la región.
Atención a migrantes lesionados.
La tragedia activó la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil para traslados de lesionados. También se activó equipo de Respuesta Inmediata de la Secretaría de Protección Civil (ERI), Secretaría de Salud, Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, bomberos, Cruz Roja y Guardia Nacional.
En el lugar del accidente se registraron al menos 49 personas fallecidas y más de 50 lesionados, pero la Cruz Roja Mexicana reportaron cuatro personas más fallecidas en el Hospital Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza. Con lo que ascendería a 53 el número de personas migrantes fallecidas.
Aún no se ha determinado las edades, ni el sexo, no los nombres y nacionalidades de los migrantes fallecidos y heridos en esta tragedia. Lo que sí se sabe es que eran más de 100 migrantes que habían pasado ya varios retenes migratorios, policiacos, estatales y federales.
El chofer del tráiler huyó de la zona donde fue el accidente, según los migrantes salieron en la madrugada de la frontera de México con Guatemala, pasaron por Comitán, cruzarían Tuxtla la capital del Estado, para tomar la autopista Ocozocoautla-Cosoleacaque, Veracruz, para llegar hasta el estado de Puebla.
Compartimos esta nota de La Jornada sobre la industria del monocultivo de palma de aceite en Chiapas – A 4 de diciembre del 2021
Jóvenes indígenas de diversas comunidades del municipio Benemérito de las Américas, Chiapas, exigió a las autoridades locales y federales que ordenen el cierre de las fábricas de aceite de palma africana ubicadas en la zona, debido a los daños ecológicos que genera la producción de dicho compuesto.
En una carta dirigida a varias instancias de gobierno, aseguraron que tanto las personas como el entorno natural de la región están siendo afectados “por las emisiones líquidas, sólidas y gaseosas de las plantas extractoras de aceite de palma”.
Uno de los daños provocados por dicha actividad industrial, señalaron los habitantes de pueblos como Benemérito, San José, La Unión, Arroyo las Delicias y Quiringuicharo, es la contaminación que generan los residuos de la planta en los mantos acuíferos que se utilizan para el riego de sembradíos y la bebida de los animales.
También aseguraron que la presencia de la mencionada especie “ha provocado la infertilidad de la tierra, por lo que si una persona quisiera cambiar la palma por plantar arroz, maíz o frijol, sería muy difícil, porque el suelo ya está muy desgastado por la palma africana, que utiliza grandes cantidades de agua y cuyas raíces son difíciles de desterrar”. Un efecto más de esas emisiones industriales es la pérdida de la calidad y el sabor del pasto que come el hato ganadero, así como afectaciones a la salud de las personas que consumen su carne, como fuertes dolores de cabeza, náuseas y mareos.
Los inconformes exigieron que la información de las actividades de las plantas extractoras “sea compartida con el resto de la población” para saber si cumplieron o no con la Manifestación de Impacto Ambiental y si informaron a la población sobre las consecuencias que podían tener sus labores.
De igual forma, exigieron el cierre inmediato de las fábricas y la reparación del ecosistema, así como atención médica para la población afectada y el cese inmediato de la deforestación causada por esta industria.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de diciembre 2021
El viernes 27 de noviembre las comunidades de San Pedro Mártir y San Pedro Apóstol, pueblos ubicados en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, a través de sus autoridades se han posicionado ante el tema de “Consulta” que ha comenzado a organizar la SEMARNAT. Dicha consulta sería en torno a la ampliación de la mina San José de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines por 10 años más, proyecto que fue impuesto en 2009 a través de la represión y la violencia.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), respaldamos totalmente y apoyamos el posicionamiento que tienen las comunidades y volvemos a decir NO A LAS CONSULTAS, A LAS REGLAMENTADAS Y A AQUELLAS HECHAS A MODO, ya que, como se puede leer en nuestro posicionamiento1, las consultas “son utilizadas claramente como una nueva herramienta política pintada como democracia, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones de despojo y de desplazamiento forzado, las cuales son consecuencia de la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo”. En efecto, nos piden llegar a un acuerdo sobre la violación de nuestros derechos a través de los megaproyectos diseñados ya en un contexto de gran asimetría, pues hay fuertes intereses políticos y económicos tras ellos.
De manera paralela a las demandas realizadas por la comunidades, existe una presión asfixiante por parte del poderoso lobby minero – en este caso de la empresa minera Fortuna Silver Mines – que se ha encargado de someter a la SEMARNAT y ante esta presión, después de haber negado la licencia ambiental a su proyecto de ampliación(https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/oax/resolutivos/202 0/20OA2020M0039.pdf), la Secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora pretende, ante la opinión pública vender como un ejercicio democrático y legítimo.
Las pruebas y testimonios sobre el impacto ambiental, social y cultural están, existen y son claras. En el Expediente Administrativo No. PFPA/262/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL, obran elementos que comprueban el impacto del derrame ocurrido el 8 de octubre de 2018, día en que la presa de jales secos de la filial de Fortuna Silver Mines, Minera Cuzcatlán, se rompió, derramando 1 millón 516 mil litros de desechos al Río El Coyote; sus silos que contiene rocas molidas hasta el polvo son una fuente constante de contaminación a la atmósfera, como comprobó la SEMARNAT cuando en el año 2019 impuso una multa por esta acción a la empresa.
Todo esto ha ocurrido gracias a las condiciones que genera un sistema económico y político injusto como lo es el capitalista, un modelo de enriquecimiento sustentado en la extracción masiva y colonialista, al amparo de un marco jurídico claramente neoliberal que continúa (a pesar de los pronunciamientos de la 4T de que el neoliberalismo ha terminado); y que beneficia al capital privado de las empresas extranjeras. No podemos confiar en que un mecanismo gestado por los mismos actores que permiten el despojo esté ciertamente encaminado a garantizar el respeto de nuestros derechos y nuestras decisiones.
No obstante, lo anterior, esta imposición no es ejercida sólo por la SEMARNAT. En este evento de supuesta libertad se encuentran inmiscuidas instituciones de gobierno como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria y el propio gobierno del estado de Oaxaca, que intentan operar, utilizar y mangonear a los pueblos. Y aunque este último, no tiene ningún instrumento ni legal ni administrativo en el asunto minero, sí se convierte en un actor político que opera para las empresas trasnacionales, en este caso para Fortuna Silver Mines y su filial Minera Cuzcatlán.
En este tenor, el INPI plantea toda una serie de argumentos engañosos y trata de vender la consulta como un derecho primordial y como la única vía de defensa de los pueblos ante un megaproyecto por decir poco, devastador. Queremos decir que esta posición manipuladora niega los derechos que los pueblos tienen en sus manos y que se ejerce a través de la propia gobernanza local. Primero, deben respetar las decisiones que toman los pueblos y sus visiones para las futuras generaciones.
Rechazamos que quienes encarnan estas instituciones, intenten ponerle la soga al cuello a sus hermanos y hermanas zapotecas de Valles Centrales de Oaxaca. Reprobamos su intención de vender un instrumento de legitimación del despojo como un derecho. Recordamos que con estos mismos argumentos la Secretaría de Asuntos Indígenas fue la artífice de la entrega del Istmo de Tehuantepec a las empresas extranjeras en el sexenio de Gabino Cué, también bajo un contexto similar se consumaron el proyecto minero San José y los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez en San José del Progreso, asesinatos que siguen en la impunidad.
El Estado a través de sus instituciones como la SEMARNAT y el INPI, no reconocen, menos respetan el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza.
Desde la REMA exigimos a la SEMARNAT detenga ese mecanismo de despojo, que es la consulta que intenta imponer en Valles Centrales de Ocotlán para legitimar un proyecto que, desde su evaluación, esta misma institución había rechazado.
Responsabilizamos a la SEMARNAT, al INPI y a la empresa Fortuna Silver Mines de cualquier brote de violencia que se pueda generar en la zona por la imposición de este mecanismo de despojo.
Diciembre 2, 2021
ALTO A LOS MECANISMOS DE DESPOJO RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
