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Omisión, Inoperancia y Discriminación de las Autoridades Federales y de la CDMX, Al eludir la Defensa de los bosques de la Comunidad de Topilejo

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Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la defensa de uno de los pocos pulmones en la Ciudad de México – A 30 de noviembre 2021

Hace unas semanas las autoridades agrarias de la comunidad originaria de San Miguel Topilejo, Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México, junto con varios brigadistas cuando realizaban un recorrido de supervisión y vigilancia por el paraje “Tepeyehual” que corresponde al territorio comunal de ellos mismos, fueron sorprendidos y atacados a balazos por los talamontes que se encuentran saqueando el bosque de uno de los pulmones forestales más importante de la CDMX. Lamentablemente ello no ha sido un hecho aislado, pues esta problemática de saqueo lleva ya varios años, a pesar de que la comunidad ha realizado diversas denuncias desde por lo menos el 2018, ante diferentes instancias federales y de la CDMX, quienes sólo han atendido de forma tenue y pávida esta creciente y cada vez más grave problemática que dista mucho de los grandes discursos de protección de la naturaleza que la titular de medio ambiente fue a expresar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26). No hay nada de cercanía entre el discurso y la realidad en un país lleno de sombras para los defensores ambientales.

Según el estudio de doctorado que lleva por nombre “Brigadas Comunitarias para la Conservación y Gestión de los Recursos Forestales en San Miguel Topilejo, Tlalpan Ciudad de México” (*), de las 10,000 Has de propiedad comunal, 6,000 Has pertenecen a Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica (ACCE) y Reserva Ecológica Comunitaria (REC) que han sido destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad sin manejo forestal, por estar dentro del área de veda forestal de la CDMX. Sin embargo, como lo dice el mismo estudio la principal causa que deteriora el bosque de esta comunidad es la tala clandestina (82%). Los datos son contundentes respecto a la tala ilegal: “en México se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal”, y en ese contexto, a tres años de este gobierno autodenominado trasformador, se le agota el tiempo y se va haciendo añejo el discurso de echarle la culpa a los gobernantes neoliberales que le antecedieron. La tala ilegal es un acto de falta de procuración de justicia, de total impunidad y de la colosal descomposición de las instituciones que saben que ello ocurre y ni antes ni ahora hacen nada para resolverlo.

En la Alcaldía de Tlalpan, la cual es la segunda con mayor superficie de suelo de conservación en la CDMX, sólo después de Milpa Alta, la política de conservación y gestión de los bosques son operados a través de un programa de brigadistas encargados de vigilar, controlar y combatir incendios forestales, así como saneamiento del bosque y reforestación. Sin embargo, en los Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, el saqueo está llegado también a niveles alarmantes de violencia, ya que tanto los brigadistas como las autoridades agrarias han sido amenazados de muerte por grupos delincuenciales y últimamente, como sucedió el 4 de noviembre, ya les dispararon a matar (https://desinformemonos.org/denuncian-atentado-contra-defensores-del-bosque-de-san-miguel-topilejo/). Pareciera que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal esperan a que una gran desgracia ocurra para hacer una rueda de prensa y avisar que ahora si llegará la seudopoderosa Guardia Nacional, esa misma que ahí en Topilejo literalmente no ha servido para nada

Las autoridades de Topilejo han interpuesto más de 40 denuncias ante diferentes instancias de gobierno como Profepa, DGIVA, Semarnat, Sedema, Conafor, CNDH, Gobierno de la CDMX (Claudia Sheinbaum), Alcaldía de Tlalpan, CORENA, Gobierno Federal (Andrés Manuel López Obrador), quienes eventualmente han mandado a grupos, en algunas ocasiones con Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional para hacer recorridos, pero sin ningún plan o protocolo o concurrencia efectiva. De hecho, no ha habido ningún detenido a pesar de que a algunos funcionarios incluyendo a la guardia nacional sí les han tocado enfrentamientos. La Guardia Nacional y el Ejército se agazapan con la población de Topilejo bajo el argumento de que no tienen “órdenes” para actuar, que la orden suprema es “abrazos y no balazos” y, literalmente se han puesto por detrás de los comuneros y brigadistas cuando ha habido confrontaciones.

Esta situación no es de ahora, “En octubre de 2018 se realizó una reunión en San Miguel Topilejo a la que acudieron representantes de ejidos y comunidades de las alcaldías que cuentan con Suelo de Conservación dentro de sus territorios. En dicho evento se denunció que a pesar de haber atrapado y asegurado a talamontes y teniendo evidencia de sus delitos, las autoridades no procedieron penalmente contra ellos, dejándolos en libertad”. (*)  Esta falta de acción pero sobre todo de solapamiento del crimen por parte de las autoridades responsables del ambiente y de la seguridad ciudadana cada vez genera más y más descontento, porque la vulnerabilidad, el riesgo y el miedo se incrementa entre las autoridades comunitarias y los brigadistas, quienes están dispuestos a exponer hasta su vida por defender el bosque, porque tanto el gobierno de la ciudad como el federal continúan gobernado con discursos que son igual a los que realizaban sus antecesores.

El 6 de octubre las autoridades agrarias de Topilejo se presentaron ante la Semarnat en donde recibieron una nueva promesa para atender el problema. Fue la misma titular la Lic. María Luisa Albores quien nombró a Javier Lara como comisionado especial para atender el caso, prometiendo que aplicarían una “estrategia que ha funcionado en otros lados” (sic). Se agendó una reunión de continuidad y la dependencia solicitó a los comuneros toda la información del caso, misma que les fue enviada inmediatamente. No obstante, la Semarnat nunca les mencionó en qué consistía la tan efectiva estrategia, ni tampoco volvieron a saber nada de ellos, aunque vale la pena resaltar que, al margen de la ignominia de la respuesta y continuidad del trabajo, al día siguiente de la primera reunión de las autoridades de Topilejo con la Semarnat la propia secretaria titular la Lic. María Luisa Albores, pronta envió a las redes su twitter mostrando fotos del encuentro y diciendo que se había reunido con las organizaciones para resolver sus problemas, tal cual de estéril a su otrora discurso realizado en la COP26 mostrando al mundo el respeto y reconocimiento que dice tener para el resguardo que hacen los pueblos de la naturaleza. La vida real pone a cada cual en su lugar. 

No es la primera vez que mencionamos que la Semarnat ha estado llevando a cabo una política dual entre el cuidado y la destrucción de la naturaleza, igual hace promoviendo en viles actos de simulación la participación  de los pueblos bajo la falsa argumentación de los derechos de consulta, a la vez que también reparte a sus funcionarios en aquellos sitios en donde la población alza la voz, para mostrar que está pendiente de los procesos, cuando en realidad gana tiempo y administra los conflictos, mientras la destrucción de la naturaleza avanza y el asesinato y criminalización de las y los defensores de la naturaleza se incrementa. En el tema ambiental el señor López Obrador tiene razón: la 4T no es igual a la de sus antecesoras, porque las cifras muestran más asesinatos de defensores que nunca.

Es ofensivo ver el contenido de las páginas web de todas estas instituciones con grandes acciones en defensa de la naturaleza, líneas de atención ciudadana y hasta teléfonos para la presentación de denuncias. Todas promueven programas, leyes y piden y exigen a las comunidades corresponsabilidad para proteger los bosques, sin embargo, cuando comunidades, como San Miguel Topilejo, asumen, no de ahorita ni por mandato sino históricamente, el compromiso de proteger, conservar y restaurar los bosques, y estas le piden apoyo al gobierno para detener el saqueo, en el mejor de los casos, les toman nota para establecer un ofensivo “seguimos pendientes de su caso”.

 Desde la REMA, condenamos enérgicamente la soberbia y endeble o nula respuesta de las autoridades federales, de la CDMX y de la Alcaldía de Tlalpan, quienes lo único que hacen con su inacción es fortalecer la continuidad de la impunidad el saqueo y la falta de procuración de justicia que tanto pregonan todos los días. En consecuencia, el mensaje hacia los grupos del crimen organizado es que pueden seguir actuando con total libertad, sin importar los costos sociales que ello genere, mismos que al final del día serán argumentados como confrontaciones entre grupos armados ilegales.

Hoy está más claro que nunca antes… en México defender la naturaleza puede costar la vida.

La población de Topilejo está muy cerca de sufrir un ataque de fatales consecuencias y ante esa alta probabilidad, responsabilizamos a las autoridades de la Semarnat, Profepa, Sedema, Conafor, CNDH, CORENA, Alcaldía de Tlalpan, a Claudia Sheinbaum, a Andrés Manuel López Obrador, a la Guardia Nacional, porque todos ellos, sabedores de sobra del tema, continúan gobernando entre la simulación, el desprecio hacia los pueblos que dicen amar y proteger, y la soberbia que da tener el poder y no saber cómo utilizarlo ante diversos grupos criminales.

Hacemos un llamado urgente a las organizaciones y habitantes de la Ciudad de México para se mantengan alertas y apoyen a Topilejo, porque su bosque es uno de los últimos reductos que se tienen en la ciudad para limpiar el tóxico ambiente motriz en que se vive. Este gran bosque está siendo saqueado por grupos del crimen organizado y la vida de las/os defensores del bosque está corriendo un enorme riesgo, a pesar de que el gobierno municipal, de la CDMX y todas las instancias del ramo federal lo saben y no hacen nada.

Hacemos un llamado de alerta máxima también a las organizaciones internacionales para que sean solidarias y mantengan atención y exijan a las autoridades mexicanas atender este caso antes de que pueda terminar en una gran tragedia. Al margen de ello, lo dicho en la COP26 por la Lic. María Luisa Albores es una ofensa suprema.

ORGANIZADOS PAREMOS AL MODELO EXTRACTIVO

LAS/OS DEFENSORES DEL BOSQUE DE TOPILEJO DEFIENDEN A TODA LA CIUDAD DE MÉXICO

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Proceso

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El Escaramujo 112: DICCIONARIO POPULAR AGRARIO

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 112 en pdf<<

En México, para la instalación de Megaproyectos de todo tipo, el gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como las empresas, tienen que pasar por los núcleos agrarios que en el país representa la propiedad colectiva en poco más del 50% de todo el territorio mexicano. Por ello, para la defensa de la Tierra y el Territorio, los núcleos agrarios tienen otra herramienta legal basada en el buen uso de la Ley Agraria que por lo general los propios ejidatarios y ejidatarias, comunero y comuneras, pocos los han leído.

Este Diccionario Popular Agrario está basado en la Ley Agraria y busca facilitar la comprensión e interpretación de los términos legales muy comunes y usados en ella, en las dependencias de gobierno en materia agraria, como lo es el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y los Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS). De esta forma, el Diccionario Popular Agrario busca acercar a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, así como a toda persona interesada en el derecho agrario, el significado del vocabulario agrario que se usa en la celebración de las Asambleas, en la elaboración de los acuerdos de Asambleas, oficios o solicitudes.
Otros Mundos, A.C.

ABREVIATURAS

  • CEDH: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
  • CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
  • CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
  • CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
  • CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
  • CONVENIO 169 DE LA OIT: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas y tribales en países independientes.
  • CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • FANAR: Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar.
  • LA: Ley Agraria.
  • LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
  • LOTA: Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
  • PA: Procuraduría Agraria.
  • PROCEDE: Programa de Certificación y Delimitación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares.
  • PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
  • RAN: Registro Agrario Nacional.
  • RETRISA: Reglamento Interior del Tribunal Superior Agrario.
  • RIPA: Reglamento Interno de la Procuraduría Agraria.
  • RIRAN: Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional.
  • RRAJA: Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
  • SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano.
  • SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
  • TA: Tribunal Agrario.
  • TSA: Tribunal Superior Agrario.
  • TUA: Tribunal Unitario Agrario

A

Abigeato: robo de animales que requieren acarreo, como las vacas, chivos, borregos, etcétera.
Actor: persona que presenta una demanda.
Accesión: modo en que el propietario del suelo adquiere la propiedad de todo lo que quede unido o crezca en su suelo, ya sea de forma natural como un nuevo árbol o frutos, o el producto de una cosecha.
Achuramiento: forma de representar en un plano de núcleos agrarios, con un rayado diagonal, las áreas donde hay un problema entre colindantes, terrenos excedentes y especiales. Surgió con el PROCEDE.
Acciones series “T”: es la aportación de tierras y su destino de un socio a una sociedad propietaria de tierras agrícolas, forestales y ganaderas identificada con la letra “T”.
Acta de Asamblea: documento que se elabora cuando se llevan a cabo Asambleas y reuniones, donde se manifiestan los acuerdos que se toman. Existen mecanismos y requisitos para elaborarla si se requiere su legalidad en el marco de la Ley Agraria.
Acto de autoridad: en materia de amparo y en violaciones a derechos humanos son todas las actuaciones de las autoridades tanto federal, estatal y municipal que afectan de alguna manera los derechos de personas o de una colectividad.
Acto administrativo: todas y cada una de las decisiones que toman las autoridades administrativas (funcionarios públicos) para satisfacer intereses públicos. El acto administrativo es la manera donde se expresa la voluntad de una autoridad. Ejemplo: otorgar una concesión o negar una concesión.
Aceptación de ejidatario o comunero: atribución de la Asamblea en donde decide otorgar la calidad de ejidatario, ejidataria, comunero, comunera a una persona mayor de edad que es avecindado o posesionario en la comunidad o que haya heredado los derechos de una ejidataria, ejidatario, comunero o comunera.
Acta de audiencia conciliatoria: documento o acta que elabora la Procuraduría Agraria donde se anota lo que se trata en la audiencia conciliatoria.
Administración: llevar a cabo el control de algo, puede ser económico o de tierras; procurar que se haga bien una cosa.

Adopción: hacer propio una idea, una forma de organización, un pensamiento, una estructura social.
Agostadero: terreno donde van a pastar el ganado.
Amojonamiento: delimitar (trazar límites o colindancias) las tierras que le corresponden a un Ejido o Bien Comunal, por ejemplo: señales de piedra, mojoneras o estacas.
Aparcería: acuerdo entre el propietario de unas parcelas o las tierras y otra persona que las trabaja y le paga al propietario ya sea en dinero, en productos o la cosecha por concepto de renta de las tierras.
Apertura de Lista de Sucesión: después de que fallece un ejidatario o comunero, un familiar y dos testigos acuden al RAN para saber a quién se dejó como herederos. El RAN abre un expediente donde inicia el trámite de los certificados agrarios a la persona que aparece en la lista de sucesión.
Aprovechamiento: ocupar o usar una cosa (por ejemplo: parcelas, frutos de las cosechas o dinero).
Árbitro: cualquier persona, agentes auxiliares, jueces rurales o la misma PA que ayuda a resolver problemas entre dos partes quienes eligen a su árbitro. El árbitro da la última palabra sobre la solución al problema.
Área Natural Protegida: zona superficial decretada por una autoridad que por su importancia en la flora y fauna, en los valores culturales y sociales, se conserva de manera especial por parte del Estado ode actores privados.
Arrendamiento: rentar las tierras o las parcelas para que otra persona las trabaje.
Asamblea: órgano supremo de un Ejido o Comunidad donde participan todas las ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros con derechos vigentes, teniendo voz y voto para tratar acuerdos que van a regirlos. Su funcionamiento está estipulado en la LA.
Asentamiento humano: espacio, terreno o área necesaria para desarrollar la vida comunitaria del núcleo agrario. Es donde se construyen las viviendas.
Asignación: lo que se otorga o entrega. Pueden ser tierras, dinero o cosas.
Asociación civil: organización con personalidad jurídica reconocida legalmente; altruistas y sin fines de lucro, cuyo esfuerzo persigue fines culturales, deportivos, académicos, etcétera, y su existencia depende de los donativos de sus miembros, financiamientos o donativos y se rigen por medio de su Asamblea de socios en base a sus estatutos.
Audiencia Conciliatoria: forma en que la PA trata de que los mismos ejidatarios o comuneros resuelvan sus problemas y lleguen a soluciones en mutuo acuerdo.
Autoridad responsable: las que dictan algo u ordenan algo en las instituciones gubernamentales.
Avecindado: personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que son reconocidos por la Asamblea. No son ejidatarios o comuneros y no participan en las Asambleas ejidales o comunales.

B

Baldío: tierras que no tienen dueño.
Bien: cosas que posee o tiene una persona, pueblo o comunidad.
Bienes Comunales: tierras y parcelas trabajadas colectivamente y que pertenecen a una población que viven en un territorio. La Asamblea puede asignar también parcelas a los comuneros.
Bienes ejidales: todos los bienes y tierras que tengan los ejidos.
Buena fe: principio de actuar con honradez, sinceridad, lealtad, sin malicia y de buena manera.

C

Calificación registral: acto del servidor público del RAN, que tiene la fe pública, mediante el cual califica los documentos que se presentan ante ellos para saber si cumplen los requisitos formales y así proceder a su inscripción.
Cambio de uso de suelo: cuando mediante una Asamblea, o un acuerdo de cabildo, se cambia el uso de suelo de un determinado lote de terreno, por ejemplo: tierras que antes era para agricultura, cambiarlos para ganadería, de uso forestal a ganadería, o de uso agrícola a minería.
Cancelación: cuando algo no se hizo bien se solicita que se borre, se anule o eliminen acuerdos tomados incluso en una Asamblea.
Capacidad jurídica: condición necesaria de una persona para ser sujeta a derechos y obligaciones.
Carta poder: cuando una persona le da poder a otra de representarla, de realizar ciertas actividades o trámites mediante un documento que lo acredita.
Carpeta Agraria: expediente ubicado en el RAN donde se narra cómo se creó el Ejido o Bien Comunal, quiénes lo fundaron, quiénes han sido los órganos agrarios, qué cambios o modificaciones se han tenido. Contiene todos los datos importantes de un ejido o comunidad, como el padrón de ejidatarios o comuneros.
Causa: lo que origina algo. Lo que hace que surja un problema o conflicto.
Causa de utilidad pública: es un requisito de las expropiaciones. Son las acciones que realizan las autoridades, como el presidente de México, gobernador de los estados o de los municipios, para decir que una acción que realizarán (aprovechamiento de recursos naturales, materiales o sociales) será para el beneficio de la colectividad.
Catastro: inventario que se tiene sobre las tierras rústicas que hay en México para ayudar en la identificación de sus titulares, poseedores o los que tienen el uso y disfrute.
CEDH (Comisión Estatal de los Derechos Humanos): institución del gobierno del estado de Chiapas que está encargada de vigilar, promover y garantizar los derechos humanos de las personas que viven en Chiapas. En caso de que haya afectaciones a los derechos de las personas cometidas por autoridades, la CEDH tiene la facultad de investigar y buscar que se reparen los daños a los derechos humanos.
Centro de población: áreas de asentamiento humano donde vive la población del ejido o comunidad y que cuenta con muchas viviendas y servicios públicos como luz, drenaje, agua potable o parques.
Certificado de Derechos Agrarios: documento que entrega el RAN en la que menciona que una persona es ejidataria y que pertenece a un ejido, que tiene parcelas, un solar y que le corresponde algo de tierras en las áreas de uso común. Señala cómo obtuvo la calidad de ejidataria. Estos son los que aún tienen aquellos ejidatarias, ejidatarios, comuneras, comuneros que no entraron a los programas de certificación de las tierras.
Cerril: terrenos que son pedregosos, con pendiente, accidentados y desigual.
Certificado Parcelario: documento que otorga el RAN donde consta que una persona ejidataria o comunera es titular de una parcela con medidas exactas y sus colindancias, aprobado previamente en Asamblea. Surgió con los programas de delimitación de las tierras como el PROCEDE, FANAR, y RRAJA-FANAR.
Cesión de Derechos Agrarios: cuando una persona ejidataria o comunera renuncia en vida y decide entregarle sus derechos agrarios a otra persona. Puede ser su hija, hijo, esposa, hermano o cualquier persona que se convierte en la nueva persona ejidataria o comunera. No es herencia ya que ésta se realiza cuando se ha fallecido.
Citatorio: documento elaborado por una autoridad en la que busca que una persona o varias personas acudan a sus oficinas o tribunales para llevar a cabo una audiencia, para informarles sobre un acuerdo, etcétera.
Cláusula: parte de un contrato o convenio donde se mencionan las obligaciones y derechos de las personas que lo firman.
CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos): institución del gobierno federal con autonomía para vigilar, promover, garantizar, investigar y buscar la reparación de las violaciones a derechos humanos que cometan autoridades en contra de las personas.
Colectivo: grupo de personas que trabajan para un mismo fin.
Comisariado ejidal/o comunal: órgano de representación del ejido o comunidad cuya labor principal es convocar a las Asambleas, resolver problemas de tenencia de las tierras como las colindancias en los núcleos agrarios, gestionar o realizar trámites ante el RAN como los certificados de ejidatarios o actualizar el reglamento interno. El comisariado ejidal o comunal se integra por un Presidente, Secretario y Tesorero. Su máxima autoridad es la Asamblea.
Comunera /o: persona mayor de edad, o menor de edad si ya tiene familia a su cargo, que es titular de derechos agrarios, cuenta con su certificado de derechos agrarios o certificado parcelario y certificado de uso común.
Comunidad: extensión de territorio donde viven las personas y comparten sus costumbres, un mismo idioma y tradiciones, enfocadas a las actividades de la tierra (agricultura, ganadería y pesca) principalmente para autoconsumo y mantenimiento por lo que se les ha entregado un reconocimiento.
CONAGUA (Comisión Nacional del Agua): dependencia de gobierno que tiene como función vigilar, conservar, administrar y gestionar las aguas Nacionales.
Concesión: decisión de las autoridades federal, estatal y municipal, en la que otorga a una persona particular o empresas el derecho para extraer, explotar, aprovechar, usar o lucrar con bienes comunes naturales en el suelo o subsuelo (agua, minería, petróleo, gas, etcétera), así como con en el sector servicios.
Conciliación: forma para solucionar los problemas entre las partes en conflicto para legar a un acuerdo y resolver las diferencias. Las partes se reúnen ante una autoridad como el comisariado, ante el agente
auxiliar municipal o juez rural, o ante la PA.
Conservación: mantener las cosas como están.
Consejo de Vigilancia: persona ejidataria o comunera con derecho vigente, elegida mediante la Asamblea para vigilar que el Comisariado haga bien su trabajo, se cumpla con el Reglamento y la LA. Puede convocar a la Asamblea cuando no lo haga el comisariado.
Constancia de vigencia de derechos: documento que se solicita en el RAN por un costo determinado, donde se verifica si una persona ejidataria o comunera tiene vigente sus derechos como tal, si se ha perdido por alguna razón, si ha cedido su derecho o haya vendido sus tierras.
Constitución de un Ejido o Bien Comunal: la LA señala que para crear un nuevo Ejido o Bien Comunal, se necesita que 20 personas aporten sus tierras, y hagan su propuesta de Reglamento interno, que consten en escritura pública y se solicite su inscripción en el RAN.
Contrato: documento elaborado por dos o más personas en las que se obligan a algo. Puede contener al mismo tiempo derechos de las personas que lo firman.

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Más Escaramujos:

Escaramujo

Cómo una moneda comunitaria en México se convirtió en una «utopía realizable» en tiempos de crisis económica

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Compartimos esta nota publicada en Actualidad RT sobre el Túmin – A 17 de noviembre del 2021

A más de once años de que comenzó a circular el túnim, hay más de 2.200 socios que están distribuidos en 20 estados del país latinoamericano.

Una revolución financiera a nivel comunitario comenzó a gestarse en 2010 en el norte del estado de Veracruz, cuando productores del municipio Espinal decidieron crear el túnim —que significa «dinero» en lengua totonaca—, una moneda que les ofreció sortear la falta de pesos mexicanos derivado de las constantes crisis económicas y que fue la mejor alternativa para incentivar el comercio y la producción local. 

«Porque hay productos, pero no hay dinero, entonces la gente no puede hacer uso de ellos porque no hay un papelito. Entonces decidimos hacer nuestros propios papelitos y con eso comprarnos nuestros propios productos», explica Juan Castro, maestro de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) y uno de los cofundadores del túmin. 

Este proyecto de autonomía comunitaria y economía solidaria inició cuando productores, estudiantes y académicos de la UVI, del Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo (Ciides) y de la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) reunieron 3.000 pesos (unos 243 dólares al tipo de cambio del momento) e imprimieron billetes de túnim para 100 socios iniciales. 

Moneda comunitaria túnimCortesía Facebook: @monedatunim

A diferencia de lo que sucede con el trueque, esa herencia prehispánica que consiste en el intercambio de alimentos, el túnim permitió facilitar los acuerdos entre agricultores, artesanos y comerciantes,sin las discrepancias que conlleva ponerle un valor a diferentes productos. 

«Yo quiero tus manzanas, pero tú no quieres mis tomates, entones ya no hubo un trueque. Pero con el túnim que yo te doy, tú vas y compras lo que quieres, no se detiene el comercio«, explica Castro. 

Venta de artesanías donde aceptan túnim en mercado de Papantla, estado de VeracruzCortesía Facebook: @monedatunim

Los comercios y mercados que aceptan esta moneda usualmente tienen letreros con las leyendas: «Aquí se recibe túnim» y «Aceptamos túnim». Estos carteles también resumen, en unas cuantas palabras, la razón de ser de este proyecto: «El túnim es nuestro derecho«, «Viva la economía de los pueblos» y «Otro mundo es posible«. 

A más de once años de que los fundadores del proyecto imaginaron otro mundo posible, actualmente hay más de 2.200 socios que están distribuidos en 20 estados de México. El túnim es aceptado para la compra de alimentos y bebidas; de artesanías; de medicamentos y productos naturistas; de calzado; como moneda válida para cortarse el cabello; y hasta las bodas o festejos de XV años. 

Además, el profesor de la UVI cuenta a RT que los ayuntamientos de Espinal y Teotitlán del Valle (Oaxaca) son socios y es posible pagar con túnim el predial y las multas.

Monedas de túnim en MéxicoCortesía Facebook: @monedatunim

«Cualquier persona puede inscribirse al Túnim, vendiendo lo que venda, no hay una restricción en cuanto al producto, que tenga que ser de determinada calidad o tipo, como sí sucede en las monedas comunitarias», refiere Castro. 

PGR investiga el túnim

En 2011, el Banco de México (Banxico) solicitó a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que investigara si los usuarios del túnim incurrían en un delito federal al supuestamente sustituir la moneda oficial —el peso— por la alternativa comunitaria. Los socios y fundadores respondieron que se trataba de un acuerdo civil, de uso libre y voluntario. 

El asunto quedó zanjado y más allá de ese incidente, Castro dice que no han tenido más hostigamiento por parte del gobierno federal, estatal o municipal.

Difícil implementar una persecución cuando «todo funciona de nuestros propios bolsillos, no depende de un gobierno, sino de los propios socios y de la solidaridad ciudadana», apunta el académico de la UVI. 

Actualmente, hay unas diez monedas comunitarias, de acuerdo con Castro. Para el académico, la implementación del túnim destaca porque se basa en dos principios que chocan con el sistema capitalista: la confianza y la solidaridad. 

Después de once años de ver un sueño hecho realidad, Castro concluye que la implementación del túnim en México ha sido «una utopía realizable».

Imagen: Facebook Moneda Túmin

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El Escaramujo 111 MÉXICO: LA DEVASTACIÓN EXTRANJERA MINERA EN 2021

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 111 en pdf<<

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presume con orgullo que en su administración no se han otorgado concesiones mineras, mientras que en los pasados gobiernos neoliberales se otorgaron alrededor de 120 millones de hectáreas que equivalen al 60% del territorio nacional.1 Sin embargo, los mensajes al sector minero por parte de las distintas instancias de gobierno son muy contradictorios. Y las cifras y los mensaje van y vienen.

Por su lado, la Secretaria de Economía manifiesta su preocupación durante la XXXIV Convención Internacional de Minería por el desplome en la inversión minera y la parálisis en la exploración que espera se reactive. Según la Cámara Minera de México (Camimex) en su II Informe de Sustentabilidad, asegura que según la Secretaría de Economía, México cuenta actualmente con 24,066 concesiones mineras que abarcan 16.83 millones de hectáreas y equivalen al 8.59% del territorio nacional.2 Según la Camimex, desde 2014 al 2021 la inversión en exploración minera cayó un 60%, de 856 millones de dólares a sólo 399 millones. Para este sector empresarial los proyectos mineros no deben entrar en consulta con las comunidades en la etapa previa a la Exploración minera3. Les preocupa que el gobierno no otorgue más concesiones mineras, que haya desaparecido la Subsecretaría de Minas, disuelto el Fondo Minero y que no abra el litio a las inversiones privadas, uno de los metales que más ganancia dejarán con la supuesta transición energética4, que también podría llamarse la especulación energética.

En el mes de noviembre de 2021, AMLO afirmó a el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que el país no tiene conflictos con las empresas mineras canadienses, que se han resuelto los conflictos y que solo está pendiente un conflicto en Tayoltita, Durango, que ha tratado de evadir impuestos.5 Este es el caso de la canadiense First Majestic Silver que es dueña de 3 minas de oro y plata, y 4 en mantenimiento, y se encuentra en proceso arbitral dentro del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El SAT congeló su cuenta bancaria y la controversia ronda los 223.1 millones de dólares (4 mil 531 millones de pesos). En 2019 el SAT revaluó el pago fiscal para los años 2010 a 2012 por 242.2 millones de dólares (4 mil 919 millones de pesos), incluyendo intereses, inflación y multas, y que este año emitió otra revaluación para 2013 por 134.1 millones de dólares (2 mil 723 millones de pesos).6

Sin embargo, el territorio nacional está plagado de conflictos socioambientales que la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) ha documentado ampliamente. El rompimiento de la presa de jales de la minera Grupo México sobre el rio en Sonora fue de dimensiones sociales y ambientales gigantescas. Pero se pueden desplegar más conflictos por el país. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó el Inventario homologado preliminar de presas de jales en el país7 donde se da cuenta de las 585 presas de jales que son los embalses donde las mineras depositan los residuos sólidos y líquidos de la actividad minera, llena de metales pesados. Las presas de jales de las minas de oro representan el 53.9%, le siguen la plata con el 16.46%, cobre con el 17%, hierro y plomo con 6% cada una, entre otras.

En el Tercer Informe de Gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la vigilancia ambiental en las actividades económicas del país, y para lo cual de septiembre de 2020 a junio de 2021 se realizaron 79 visitas de inspección a instalaciones mineras e impusieron cinco clausuras totales por incumplimiento de la normatividad ambiental. Por otro lado destacó que para fomentar el sector se destinaron alrededor de 180.8 millones de pesos en créditos para empresas mineras entre septiembre del año pasado a junio de 2021, cerrando con una cartera vigente de mil 175.8 millones de pesos, 12.8% más a lo que estaba registrado en el noveno mes de 2020. De septiembre de 2020 a junio de 2021, el Fondo para el Desarrollo de Zonas de Producción Minera realizó 4 sesiones de Comités de Desarrollo Regional para las zonas mineras en Zacatecas, Oaxaca, Sinaloa y Colima. El Fondo aprobó 49 proyectos de inversión en infraestructura física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo; los recursos canalizados ascendieron a 257 millones de pesos.8

En marzo de 2021, en el marco de la convención virtual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá, la ministra canadiense de la Pequeña Empresa, Promoción de las Exportaciones y Comercio Internacional, se reunió con la Secretaría de Economía de México, Tatiana Clouthier Carrillo, para discutir el fortalecimiento de los lazos comerciales entre Canadá y México, particularmente en los sectores de la minería y la energía, mantener un ambiente de negocios estable y predecible para las empresas canadienses que operan en México, particularmente en el sector minero, con el fin de mantener la confianza de los inversionistas.

Algunos analistas advierten que el sector minero, la mal llamada “industria minera” ya que es una actividad primaria extractiva, va a la baja y su tendencia seguirá en la medida en que en la presente administración no se otorguen nuevas concesiones y que, si en el 2010 México se encontraba en el puesto 20 de los países atractivos para la Inversión Extranjera Directa en este sector, ha pasado ahora al lugar 42.9

LOS PROYECTOS MINEROS DE CAPITAL EXTRANJERO

Pese a toda la danza de números y declaraciones contradictoreias, lo que aquí haremos es un análisis en función del documento oficial de la Secretaria de Economía sobre las concesiones actuales otorgadas a las empresas extranjeras del sector minero al primer semestre del presente año.

Hasta el mes de julio de 2021, en México existía un total de 453 proyectos mineros operados por empresas de capital extranjero10 en 23 estados del país, que representan el 72% de las entidades del país donde se encuentran las mineras extranjeras. Sobresalen los territorios del norte de México con cinco entidades con más concesiones en manos de las mineras extranjeras en los estados de Sonora (116), Chihuahua (51), Durango (46), Zacatecas (37) y Sinaloa (35). (Ver Cuadro No.1)

De todos estos proyectos mineros, 316 se encuentran en la Fase de Exploración que representan el 69.7% del total, 44 en Desarrollo que representan el 9.7%, 84 en Producción que representan el 18.5% y solo 9 en Cierre el 1.9%. (Ver Cuadro No.2)

Para la Camimex las cifras son distintas ya que en su informe anual 2021 afirma que en el país existen 1,190 proyectos mineros con capital extranjero, y que 6 de cada 10 se encuentran en estado de «postergación» que suman 754. Este sector empresarial reporta 307 concesiones en 26 estados del país en etapa de exploración, 78 en producción, 43 en desarrollo y ocho cerrados. Confirman que la cifra de proyectos mineros que han sido aplazados creció 44% respecto a 2019.11

Según la Secretaría de Economía, el origen de las inversiones provienen de 16 países. La inmensa mayoría provienen de Canadá con las tres cuartas partes del total de las empresas que intervienen, seguida de Estados Unidos, China y Australia.

De los 453 proyectos mineros, 87 de ellos que representan el 19.2% del total se realizan en “alianzas estratégicas” entre dos o más empresas mexicanas o de otros países, por lo que suman alrededor de 533 inversiones de capitales provenientes de estos 16 países involucradas en los 453 proyectos (Ver lista oficial de la Secretaria de Economía más abajo en los indicados con relleno azul). De las 533 inversiones mineras, la mayoría provienen de Canadá con 398 que equivalen al 74.6% del total. Le sigue Estados Unidos y luego China (Ver Cuadro No. 3) quien por cierto tiene inversiones en los grandes puertos del país como los puertos de Ensenada, Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Veracruz.12

La extracción de minerales de las empresas extranjeras son principalmente de oro y plata, pero también de cobre, cobalto, litio, zinc, hierro, titanio, plomo, antimonio, manganeso, bario, mármol, boro, molibdeno, níquel, entre otros. Llama la atención una mina canadiense que explora uranio en Sonora.

Para Gustavo Abraham Ramonet Ontiveros, presidente de la Asociación Nacional de Directores de Minería de los Estados y titular de la Dirección de Minería, de la Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua, espera que la extracción de Litio se abra a la inversión privada y con apoyo del Fondo Minero13, con lo que pretenden compensar los daños socio ambientales.

Por lo pronto, según Secretaria de Economía en la fuente citada, existen 19 concesiones de Litio en 5 estados, de los cuales solo una está en la Etapa de Desarrollo y 18 en Exploración: Baja California con una canadiense en la Etapa de Exploración; en Coahuila y en San Luis Potosí 3 concesiones canadienses cada estado en Exploración; en Sonora 5 concesiones, 4 en Exploración entre inversiones de China-Uk e Italia, y solo una en Desarrollo de la alianza China-UK. Por último, en Zacatecas 7 concesiones de Litio, 4 canadienses en exploración y 3 en alianza estratégica entre Australia y México también en Exploración. Cabe señalar que el 79% de las concesiones de Litio son canadienses. (Ver último Cuadro de la relación de concesiones de la Secretaría de Economía).14

Existen mineras extranjeras canadienses y americanas que ya buscan yacimientos de litio en el estado de San Luis Potosí, según el el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Arturo Segoviano García.15 Esta es una advertencia importante para la población rural del estado que se verá enfrascado en disputas, divisiones, ofertas de compras de tierras, etc.

De los 16 países de donde provienen las inversiones mineras de capital extranjero, con 10 de ellos México tiene Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) extranjera o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI)16 que protegen las inversiones de las empresas y que, de violar las disposiciones, las corporaciones extranjeras pueden demandar a los Estados en los tribunales extraterritoriales. Estos países son: China, Australia, Italia, Reino Unido, Corea, Argentina, Francia, España, India y Suiza. Si a ello le sumamos los candados legales y geopolíticos que impone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), países con quienes México mantiene relaciones comerciales tan dependientes, se explica el por qué AMLO nunca eliminará una concesión minera so pena de multimillonarias demandas, y esperará a que vayan terminando su vigencia en caso de que sea coherente con su discurso. La lucha y la defensa de los territorios será entonces tarea prioritaria de los pueblos.

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Las Abejas de Acteal son reconocidas en su lucha por 35 Organizaciones Nacionales e Internacionales con el III Premio Mariano Abarca

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Acteal, Chenalhó, Chiapas, México 27 de Noviembre 2021

En el 12vo Aniversario del Asesinato del Defensor Mariano Abarcar en una emotiva ceremonia en la tierra sagrada de Actel fue entregado por la Familia Abarca el III Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal para reconocer su lucha pacifica por la vida y el territorio.

El “PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL MARIANO ABARCA reconoce año con año a la comunidad, colectivo u organización del Estado de Chiapas, México, con su lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza defienden a su pueblos, y nos defienden a todas y todos, que dignifican la vida, que hacen que no perdamos la esperanza de que Otros Mundos son posibles. Este Premio es avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales.

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es un grupo autónomo en resistencia que lucha pacíficamente para reivindicar sus derechos, construir su autonomía y para defender sus tierras y territorios. Desde su creación en 1992 por indígenas tsotsiles de ocho comunidades del municipio de Chenalhó, Chiapas, su objetivo fundamental es luchar contra las injusticias

A lo largo de toda su existencia Las Abejas han dado testimonio de paz, justicia, libertad y también de denuncia y protesta. Las Abejas buscan caminos en la construcción de la soberanía alimentaria, de acceso al agua y a la justicia en medio de un contexto por demás adverso. Han frenado la exploración petrolera en una comunidad y continúan luchando por sus derechos humanos, el derecho a la salud, la educación, a la comunicación, y a territorios libres de violencia. En la región de Los Altos de Chiapas son la organización que ha visibilizado el problema de las represas en el contexto de los proyectos hidroeléctricos Itzantún, Chinín y Chacté.

Por su postura a favor de los derechos humanos y contra la injusticia, los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal han sido perseguidos, hostigados y amenazados constantemente. A pesar de ello, no han dejado de ser, al mismo tiempo, espacio de refugio para todas aquellas familias y colectivos que sufren persecución. Su postura irrenunciable a favor de las causas más nobles, los ha hecho blanco de agresiones muy graves, la última el pasado 5 de julio de 2021 con el asesinato de Simón Pedro Pérez López, ex Presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, considerado un importante líder y defensor de los derechos humanos.

Con la participación de colectivos y organizaciones chiapanecas fue entregado este reconocimiento a las 24 comunicades de 3 minucipios de los Altos de Chiapas pertenecientes a la Socierdad Civil Las Abejas de Acteal. En el acto se pidio #JusticiaParaSimónPedro y #JusticiaParaMariano, así como también se recordó el legado del Defensor Chiapaneco Mariano Abarcar iniciador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria REMA. También se expreso la solidaridad internacional para Las Abejas de Acteal y la familia de Simón Pedro con la recolección de un millón 9,015 firmas en una petición para exigir a las autoridades mexicanas exclarecer el asesinado de Simón Pedro y castigo a los responsables materiales e intelectuales.

En seguida les compartimos las palabras de la Sociedad Civil.

Pronunciamiento de Las Abejas de Acteal

Hermanas y hermanos:

Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada día, en contra de los intereses de los poderosos que sólo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar más y más ganancias, aunque la dejen estéril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.

Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de México y otros países del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día– y que aún es muy pequeña- desde hace casi 29 años, como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro Territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compañeros y compañeras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada año para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 años, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracción de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.

Desde diciembre de 1992, nuestra organización se fundó en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por sacar de la cárcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrevían a hablar abiertamente de las injusticias que cometía el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberación con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oración, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos más fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compañeros, los participantes decidimos conformarnos como Organización de la Sociedad Civil, identificarnos como “Las Abejas” y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudiéramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se veía venir con la reforma al Artículo 27 que emprendió Carlos Salinas y el inicio de la parcelación y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es así como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploración para extracción de petróleo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploración a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán y Chenalhó nos organizamos para hacer marcha- peregrinación, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue así como pudimos parar esa invasión, ya que al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petróleo.

Ese año también supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros países para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petróleo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que sejuntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1º de enero de ese año. En el proceso de guerra que siguió, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera diálogo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gustó a los priístas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos costó ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios años y ver cómo paramilitares de los partidos políticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos más pequeños que ultrajaron aún antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano. Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros Mártires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch’oles de “Xinich” en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme’tik -la Vírgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andrés con el EZLN, para dar lugar en la Constitución Mexicana al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, también hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, donde precisamente acudió representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Simón Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.

Queremos aprovechar para decirle a la Fiscalía Indígena y a la Fiscalía General de la República que hoy hay miles de ojos mirando cómo están procesando el caso de nuestro hermano Simón Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 años sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jamás dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy también invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Simón Pedro, nuestro hermano.

Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aquí, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como única arma. También queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a través de nuestras voces, a través de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.

¡Mariano Vive! ¡Simón Vive! ¡Vivan las Abejas de Acteal!

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,
Atentamente
La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

>>Descargar Pronunciamiento en pdf<<

Carta enviado al Gobierno de México exigiendo #JusticiaParaSimónPedro

>>Descargar carta en pdf<<

>>Descargar petición solidaridad para Simón Pedro en pdf<<

Felicitaciones a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Este reconocimiento esta avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales enlistadas a continuación :

  • Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera.
  • Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS).
  • México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
  • Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
  • América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA).
  • Cataluña: Entrepueblos.
  • País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad.
  • Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald.
  • Internacional: International Rivers.

Galería de fotos de la III Entrega del Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca

Fotografías: Área de comunicación Otros Mundos

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Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado

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Compartimos este material de Amigos de la Tierra Internacional en el marco del #25N Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres – a A 25 de noviembre del 2021

Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la injusticia ambiental, el cambio climático, las catástrofes climáticas y la explotación de los bienes naturales. Es especialmente el caso para las mujeres de color, mujeres campesinas e indígenas, las mujeres LBTQ y mujeres trabajadoras. Pero no somos víctimas. Somos luchadoras. Las mujeres somos protagonistas de la defensa de nuestros territorios y de la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos, vidas y fuerza de trabajo.

Amigos de la Tierra Internacional considera que solo es posible lograr la justicia social y ambiental mediante una transformación radical de nuestras sociedades. Luchamos para que haya justicia y para liberarnos de todos los sistemas que desvalorizan y explotan a las mujeres, los pueblos y el medioambiente, tales como el patriarcado, el racismo, el (neo)colonialismo, la opresión de clase, el capitalismo y la heteronormatividad. Estos sistemas no pueden enfrentarse de forma aislada; ellos se refuerzan mutuamente en su afán constante de acumulación material y en beneficio y en función de los privilegios de las élites sociales.

Fiona Ranford, Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte

“El modelo económico capitalista y neocolonial actual, basado en la extracción violenta de recursos naturales refleja una peligrosa jerarquía de valores: prioriza el crecimiento por sobre el sustento, la producción más que la reproducción, el Norte por encima del Sur global, y lo masculino antes que lo femenino. Es un modelo patriarcal que socava las condiciones necesarias para sostener la vida misma, que refuerza y depende de los roles socialmente construidos de las mujeres como dispensadoras de cuidados, a fin de ocultar sus costos devastadores.”

Fiona Ranford, Amigos de la Tierra Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte

Amigos de la Tierra está comprometida a luchar por la justicia de género a lo largo y ancho de nuestra federación, y por el desmantelamiento del patriarcado en nuestras sociedades.

Entendemos el feminismo anti capitalista de base como un concepto teórico y una herramienta política clave en esta lucha por la autonomía de las mujeres, por la igualdad entre las mujeres y los hombres, entre los pueblos, y entre los pueblos y la naturaleza. Pretendemos demostrar en la práctica que este feminismo puede construirse y se está construyendo desde la base, de abajo hacia arriba, que es relevante para todas las mujeres y hombres, y que refleja la diversidad regional y diferentes realidades.¿Por qué hablamos de justicia de género y de desmantelar el patriarcado?

Las/os participantes del Grupo de Trabajo internacional de ATI sobre Justicia de Género y Desmantelamiento del Patriarcado explican por qué este trabajo es tan importante para Amigos de la Tierra Internacional y para nuestra lucha a favor del cambio de sistema:

Silvia Quiroa, CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

“En nuestra Federación tenemos que luchar [por justicia de género y por el desmantelamiento del patriarcado] porque en nuestros territorios, países y regiones sufrimos todas las formas de opresión, injusticia, desigualdad y violencia contra las mujeres, degradando nuestras vidas y no permitiendo que avancemos como civilización. Un cambio de sistema tal y como lo hemos definido en Amigos de la Tierra requiere nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, con igualdad de oportunidades en lo social, político, económico y cultural.”

Silvia Quiroa, CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

Peruth Atukwatse, NAPE / Amigos de la Tierra Uganda

“Terminar con el patriarcado, especialmente en África, es para mí como ponerle punto final a la mayoría de las contrariedades cotidianas más sentidas por las mujeres, entre ellas la opresión, la negación de sus derechos y la falta de poder de decisión. No podemos esperar nada, más que de nosotras mismas. Si como federación le decimos NO al capitalismo y sus pilares profundamente arraigados, entonces primero tenemos que desterrar el patriarcado que alimenta al capitalismo para así permitir la participación igualitaria de todas y todos nosotros en la lucha.”

Peruth Atukwatse, NAPE / Amigos de la Tierra Uganda

Dipti Bhatnagar y Martín Drago, de los programas de ‘Justicia climática y energía’ y ‘Soberanía alimentaria’

“Como coordinadores/as de los programas de Amigos de la Tierra Internacional consideramos que la justicia de género y el desmantelamiento del patriarcado son esenciales para lograr el mundo justo y equitativo por el que abogamos. De la misma forma que luchamos por la soberanía alimentaria, la justicia climática, la justicia económica y la protección de nuestra biodiversidad, nuestros pueblos y comunidades, entendemos la necesidad de integrar la justicia de género en el trabajo de nuestros programas.”

Dipti Bhatnagar y Martín Drago, de los programas Justicia Climática y Energía & Soberanía alimentaria

Rita Uwaka, ERA / Amigos de la Tierra Nigeria

«El trabajo relativo a la justicia de género y desmantelamiento del patriarcado es la solución a las crecientes injusticias de género que se dan en nuestro interior y a nuestro alrededor. Este trabajo es clave para lograr un ambiente justo y sustentable para los pueblos (en los ejes de trabajo, en los lugares de trabajo, en las comunidades) y el planeta. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Somos mujeres, somos africanas. Somos Amigas de la Tierra. ¡No habrá justicia de género ni cambio de sistema sin nosotras!”

Rita Uwaka, ERA / Amigos de la Tierra Nigeria

Rizwana Hasan, BELA / Amigos de la Tierra Bangladesh

«Los factores y sistemas que conducen a la explotación de los recursos naturales también apuntalan el patriarcado y dan lugar a violaciones contra las mujeres, generando injusticia y desigualdad. Como federación que trabaja para cambiar de sistema y fomentar la justicia, tenemos que trabajar para erradicar todas las relaciones de poder sin equidad e injustas, incluido el patriarcado, y debe avanzar hacia el empoderamiento de las mujeres y garantizar que puedan tener acceso irrestricto a los recursos naturales y fortalecer su autonomía económica, política y de sus cuerpos dentro de nuestras organizaciones y sociedades.”

Rizwana Hasan, BELA / Amigos de la Tierra Bangladesh

Ivana Kulic, The Center for Environment / Amigos de la Tierra Bosnia y Herzegovina

«Como mujer y activista ambiental considero que para lograr la justicia climática es clave desmantelar el patriarcado. El capitalismo se apoya en el sistema patriarcal debido a que está abocado a oprimir a las mujeres y subyugar su fuerza de trabajo y sus cuerpos para beneficio del capitalismo. Debemos visibilizar el vínculo entre la explotación de la naturaleza y la opresión de las mujeres. Tenemos que hacer conciencia de que si nuestro objetivo es terminar con el capitalismo, esa lucha tendrá que incluir la lucha por el desmantelamiento del patriarcado, y que todos nuestros problemas ambientales, sobre los derechos de las mujeres y las personas trans y los derechos de los/as trabajadores/as…todos tienen su origen en la misma causa, y que sólo podremos eliminarla y solucionar estos problemas si trabajamos solidariamente, lado a lado.”

Ivana Kulic, The Center for Environment / Amigos de la Tierra Bosnia y Herzegovina

Karin Nansen, Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional

“Amigos de la Tierra Internacional se ha comprometido a un cambio del sistema que conlleva la lucha contra el patriarcado y por la justicia de género, y por lo tanto, exige poner fin a la explotación de los cuerpos y el trabajo de las mujeres. Para nosotros/as, sólo será posible lograrlo cuando se reconozca a las mujeres como sujeto político, se ponga fin a la violencia contra las mujeres y la negación de sus derechos, y se revierta la división sexual del trabajo, que constituye la base material de la explotación y dominación patriarcal. En el marco de nuestro compromiso, construimos alianzas con organizaciones feministas de base, con la Marcha Mundial de Mujeres y con las Mujeres de La Vía Campesina, que al igual que nosotras luchan por un cambio de sistema.”

Karin Nansen, Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional

Petición para exigir Justicia para Berta

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Compartimos esta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sobre #JusticiaParaBerta – A 19 de noviembre 2021

El día 5 de julio del presente año, la sala primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa, conformada por las juezas Joselyn Donaire , Esther Carolina Flores y juez José Anaim Orellana, emitieron fallo de culpabilidad (bit.ly/3pEX1As) contra Roberto David Castillo por su responsabilidad como coautor del asesinato de Berta Cáceres.

A 5 meses del fallo condenatorio contra David Castillo, el Poder Judicial sigue sin dictar la sentencia, incumpliendo el artículo 369 del Código Procesal Penal que hace referencia a que la sentencia tuvo que emitirse inmediatamente después del fallo.

El COPINH solicita apoyo a Organizaciones Nacionales e Internacionales para firmar la siguiente petición y exigir al Poder Judicial la pronta sentencia contra Castillo, y que proceda con los autores intelectuales del crimen de nuestra compañera Berta Cáceres.

Puedes firmar la petición AQUI

Petición en Ingles

On July 5 of this year, the First Chamber of the Sentencing Court with National Jurisdiction in Criminal Matters in the city of Tegucigalpa, formed by judges Joselyn Donaire, Esther Carolina Flores and Judge José Anaim Orellana, issued a guilty verdict (bit.ly/3pEX1As) against Roberto David Castillo for his responsibility as co-perpetrator of the murder of Berta Cáceres.

Five months after the conviction of David Castillo, the Judiciary has still not issued the sentence, in violation of Article 369 of the Code of Criminal Procedure, which states that the sentence must be issued immediately after the verdict.

COPINH requests support from National and International Organizations to sign the following petition and demand the Judiciary the prompt sentencing against Castillo, and to proceed with the intellectual authors of the crime of our comrade Berta Cáceres.

You can sign the petition HERE

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Zoques de Esquipulas Guayabal, denuncian ataque armado de tsotsiles que quieren despojarlos de sus tierras

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Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el más reciente ataque a lo pueblo zoque en el norte de Chiapas – A 22 de noviembre del 2021

Indígenas zoques de la comunidad Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, denunciaron hoy que fueron atacados y expulsados de sus casas, por un grupo armado de indígenas tsotsiles que les disputan más de 2 mil hectáreas de tierras que les adjudicó un tribunal agrario.

Tras varios años de disputa, el pasado 21 de octubre, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3 con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió anular una asamblea de los indígenas tsotsiles que se habían adjudicado unas tierras que habían sido dejadas por zoques tras la erupción del volcán Chichonal en 1982.

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Los pobladores originarios, tras la erupción del volcán el domingo 28 de marzo de 1982 fueron desplazados, cientos de sus moradores desaparecieron y fallecieron enterrados en las cenizas y materiales pétreos que sepultó al pueblo por completo ubicado al pie del Chichonal.

Cuando regresaron a ocupar sus tierras, estas ya estaban ocupadas por tsotsiles, por lo que empezaron una disputa en los tribunales y tras varias décadas, por fin el pasado mes de octubre ganaron el litigio y se adjudicaron las tierras.

Esto no dejó conforme a los tsotsiles, que este domingo 21 de noviembre, a un mes de la resolución, llegaron armados con rifles y machetes para desalojar a los pobladores de Esquipulas Guayabal y expulsaron a los pobladores, hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños, que huyeron despavoridos tras el ataque a balazos.

Aunque no se ha precisado el número y los nombres de ellos, señalan que hay muertos y desaparecidos. Los zoques poseen unas dos mil 300 hectáreas de tierras que ahora los indígenas tsotsiles quieren arrebatarles a balazos.

Agregan además que este grupo armado quemó varias casas de los pobladores zoques. Muchos fueron detenidos por este grupo armado y otros más des dispersaron en las montañas de los alrededores.

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La  Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón, Chiapas denunció “estos lamentables  acontecimientos, sucedidos este 21 de Noviembre del presente, en la comunidad del Ejido Guayabal, en Chapultenango”.

Dijo que “hombres armados llegaron disparando en contra de la población dejando varios heridos, entre ellos niños y mujeres, violentando totalmente sus Derechos Humanos”.

Y que antes estas agresiones, exigieron a las autoridades Federales y Estatales “su intervención inmediata y se realicen  las acciones correspondientes y pertinentes conforme a Derecho”.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fisain.mandujano%2Fvideos%2F2213756528932097%2F&show_text=false&width=560&t=0

“Exigimos la paz y la seguridad para todas nuestras Comunidades, familias y toda persona ante todo los más vulnerables”, dijo Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón.

El grupo señala que estos indígenas tsotsiles armados llegaron desde un pueblo llamado Rincón Chamula, encabezados por algunas personas identificadas como Andrés “N”, Elías López, Alejandro Morales Valencia, Moisés Domínguez Bautista, Fermín Ávila, María Ávila y otros.

Esta domingo, cuando el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció en sus redes sociales el ataque armado, el Secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, reviró en un comentario: “Deberían reportar primero a la autoridad local antes de la comunidad internacional”.

A lo que ese Centro de Lengua y Cultura Zoque respondió: “El Coordinador Juridico del Ayuntamiento de Chapultenango, Luis Miguel Pérez Recinos tiene conocimiento de los hechos por denuncias directa de la población afectada; asimismo, a las 15:00 se reportó el incidente a la delegación regional de Protección Civil de Pichucalco encontrándonos con la respuesta de que «no tienen ordenes de nada». Se buscó al delegado Francisco Velazco Cantoral, tampoco lo encontramos. ¿algún otro aviso? PD: Por lo visto, en Facebook se atienden mejor los asuntos y son más atentos con la «comunidad internacional»

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Defensoras de la tierra: mujeres indígenas mexicanas reflexionan ante la COP26

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Compartimos esta nota de Distintas Latitudes sobre la participación de Mujeres en la COP26- A 11 de Nov

Una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas de México, conocidas como las Defensoras de la Tierra, acudió a la COP26 para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. ¿Qué hacen, qué piensan y qué desean? Te contamos. 

Texto:  Julieta Bugacoff (Argentina, 1997)
Fotos: @futurosindigenas #CopCollab26

En los grupos de Telegram conformados por activistas que acudieron a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hay una queja recurrente: los problemas de accesibilidad al mayor evento de discusión mundial sobre cambio climático. Para ingresar al centro de convenciones es necesario hacer colas de hasta dos horas, y hay una única entrada por la que deben pasar más de 15.000 personas por día. 

Pero no es el único problema: pocos días antes del inicio del evento, la Presidencia de la COP26 —ejercida por el Reino Unido— anunció que limitaría el número de observadores que pueden presenciar las salas de negociación. De esa forma, elementos como la transparencia en los procesos y la democratización de la información quedaron vedados de manera sistemática para la mayoría de los asistentes. Una puerta demasiado chica, ante un problema muy grande, constituye una gran metáfora de lo que las organizaciones sociales dedicadas a la problemática ambiental vienen denunciando hace años: la inclusión de la sociedad civil es escasa.  

Este año, una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas provenientes de México —conocidas como Defensoras de la Tierra— acudió a la COP26 en Glasgow, Escocia, para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. El principal reclamo de Mitzy Violeta Cortés, Rosa Marina Flores Cruz, Wilma Esquivel Pat, María Tzuc Dzib, Wendy Monserrat, Miryam Vargas, Erika Hernández Mariaca, Florina Mendoza Jiménez y Armanda García Carrillo es el reconocimiento de los pueblos indígenas como defensores del 80% de la biodiversidad en el planeta, y su inclusión en los procesos de toma de decisión. En las últimas dos semanas, el grupo participó en varias charlas y movilizaciones masivas. Aquí te contamos sus objetivos, reclamos, así como las contradicciones que ven con el actual gobierno mexicano. 

Itaxavi Mendoza pertenece a la comunidad Ñuu savi, de Oaxaca. Comenzó a involucrarse con el activismo ambiental después de percibir las consecuencias del extractivismo minero en su territorio. Poco después, decidió meterse de lleno en la defensa del agua, luego de que su pueblo sufriera un desplazamiento forzado. La activista -especializada en la recuperación de la lengua y la memoria territorial- es una de las Defensoras de la Tierra que fueron a Glasgow este año. Para ella, Glasgow es el escenario perfecto para trazar redes con otros referentes ambientales, y conocer las problemáticas presentes en su territorio: “buscamos generar alianzas que permitan fortalecer cada lucha y así conformar una fuerza mayor capaz de contrarrestar las imposiciones de la COP26 ”, afirmó. 

En 1982, el activista afroamericano Benjamín Chavir, definió el racismo ambiental como la manifestación de la discriminación racial en la elaboración de políticas medioambientales y la aplicación de reglamentos y leyes. Para él, la selección deliberada de comunidades racializadas para la instalación de residuos tóxicos, la sanción oficial de la presencia de venenos u otros contaminantes que ponen en peligro la vida de una población y la exclusión sistemática de las personas negras en el liderazgo de los movimientos ecologistas, son manifestaciones claras de esta dimensión. En la actualidad, el término está más vigente que nunca, y es fundamental para comprender planteos como el de Defensoras de la Tierra. A propósito de esto, Mendoza comentó: “Los efectos del racismo en torno a la crisis climática son devastadores. Los pueblos originarios cuidan el 80% de la biodiversidad del planeta, y excluirlos de la toma de decisiones sobre las soluciones para mitigar los efectos de la crisis climática va a derivar en una catástrofe. El panorama es crítico”.

Pero no solamente se trata de exclusión o discriminación. Según el informe anual 2019-2020 elaborado por Amnistía Internacional (AI), Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos y, en particular, para quienes protegen los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente. De los 304 asesinatos a nivel mundial, 23 ocurrieron en México. El país se ubica en el tercer puesto entre los más riesgosos de la región, sólo siendo superado por Colombia (106) y Honduras (31). La violencia de género también está presente en los números: el 13% de los defensores asesinados fueron mujeres. 

Miryam Vargas es otra de las mujeres que forman parte de Defensoras de  la tierra. Tiene 33 años, es de origen nahua (de la región cholulteca), en México, y forma parte del Frente de Pueblos Puebla-Tlaxcala-Morelos. Trabaja como periodista, y suele cubrir temas relacionados al cuidado del territorio y los procesos de resistencia. En relación a los problemas ambientales de su región, explicó: “Las empresas y los gobiernos están organizados y tienen estrategias muy claras de ataque hacia los defensores del territorio. Una práctica común es generar condiciones de violencia dentro de las comunidades para que cuando lleguen los proyectos que pueden resultar dañinos para el medio ambiente, se produzca una crisis social, el tejido comunitario esté roto, y sea más fácil instalar un negocio sin la necesidad de atravesar asambleas.”

Además de la violencia a líderes territoriales, en México hace varias décadas que científicos, comunidades indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales vienen alertando sobre los altos niveles de deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y mares, y la existencia de una gran cantidad de megaproyectos que impactan de manera negativa sobre los territorios.

La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó su ausencia en la COP26. En una rueda de prensa, afirmó que en la cumbre se hacen muchas promesas, pero hay pocas acciones concretas: “Ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo”, expresó. Además, agregó que existe un doble discurso entre los jefes de Estado y de Gobierno que decidieron concurrir al acuerdo global. “Al mismo tiempo que se están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente y enfrentar el cambio climático, los países más poderosos están aumentando la producción y extracción del petróleo”, concluyó. 

Existe una cuota de verdad en las palabras de López Obrador. En diciembre de 2015, se firmó el Acuerdo de París donde 189 países se comprometieron a generar acciones y programas para disminuir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Sin embargo, el tratado recién entró en vigencia el 1 de enero de 2021, es decir, cinco años después de su aprobación. Mientras tanto, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dejó en evidencia que, en 2019, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero volvieron a aumentar por tercer año consecutivo y se situaron en un máximo histórico. La evidencia es clara, para la mayoría de gobiernos, el cambio climático no es un tema prioritario, o que requiera de medidas urgentes. 

Pero en todos lados hay contradicciones y las políticas ambientales de AMLO no están exentas de críticas. Como apuntó el Financial Times, el gobierno de López Obrador lleva gastados varios millones de dólares en la construcción de “Dos Bocas”, una refinería gigante de petróleo y el fomento de la producción de hidrocarburos. Además, en octubre de este año, se presentó ante el Congreso una Reforma Eléctrica que propone bloquear la generación de energía a partir de fuentes renovables por parte de empresas privadas. De esta manera, la rectoría del sector quedaría en manos de la Comisión Federal de Electricidad. El problema no es la estatización en sí, sino el consecuente retroceso en materia de transición energética. 

A pesar de que López Obrador no estuvo presente en la COP26, sí envió representantes oficiales. México fue uno de los países que se adhirió a la declaratoria para la protección de bosques y uso de la tierra. Por fuera de eso, no se anunciaron mayores avances. 

Para Wilma Esquivel, feminista comunistaria territorial de Felipe Carrillo Puerto, y miembro de la delegación de Defensoras de la Tierra uno de los problemas de estas cumbres está en la representación: “El problema es que estas personas llevan un discurso oficialista. No están implicados en procesos de defensa del territorio, sino en la legitimación de la acciones, el estatus y los planes de gobierno. No tienen intención de solucionar nuestros problemas, así como tampoco respetan los pueblos y las comunidades originarias”. Por último, concluyó: “Su participación es peligrosa. Lo que buscan es aprobar megaproyectos a partir de consultas simuladas. Las personas que formamos parte de la resistencia sabemos que sus propuestas son destructivas para el ambiente, y contribuyen a aumentar la violencia en los territorios”. 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático empezó hace casi dos semanas. En la primera semana, el evento principal fue la Cumbre de Líderes Mundiales. Hubo acuerdos relacionados con la problemática de la deforestación, el uso de combustibles fósiles y el carbón. Como se dio a entender en los discursos de las mujeres que integran Defensoras de la Tierra, aún existe mucha distancia entre los planteos del activismo climático -integrados en su mayoría por jóvenes, pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil- y la agenda impuesta por los mandatarios. Dentro del recinto de negociaciones, los políticos y empresarios toman las decisiones que condicionarán el futuro del planeta. En paralelo, millones de personas aprovechan la ocasión para debatir qué estrategia tomarán una vez que no se cumplan los acuerdos, o que estos no se ajusten a las verdaderas necesidades de los territorios. El caso de Defensoras de la Tierra es un perfecto ejemplo de esto, pero no es el único. Parafraseando a uno de los graffitis más famosos del Mayo Francés: “La belleza está en las calles”. 

Imagen: Futuros Indígenas

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Solidaridad Internacional con La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal quien será reconocida este año con el III Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca” 2021

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Compartimos esta carta en apoyo y solidaridad con La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal – A noviembre 2021

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El 27 de noviembre de 2021 se cumplen 12 años del asesinato del defensor del medio ambiente mexicano Mariano Abarca. Como líder comunitario y miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano se manifestó activamente contra los impactos socio-ambientales de un proyecto de minería de barita en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Los sospechosos de su asesinato eran trabajadores de la empresa canadiense Blackfire Exploration que explotaba la mina.

Este año es especialmente importante. El 8 de noviembre, la familia de Mariano y aliados presentaron su última petición ante la Corte Federal de Apelaciones para que se investigue las acciones de la embajada canadiense en México que pudieron haber puesto en peligro la vida de Mariano. De acuerdo con más de mil páginas de documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, la embajada canadiense abogó ante las autoridades mexicanas para impulsar las operaciones de Blackfire, pese a que sabía que la vida de Mariano corría peligro. Como lo declaró la Corte Federal de Apelaciones en el 2019, Mariano Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”

La Corte Federal de Apelaciones de Canadá aún no ha decidido si recomendará que la investigación regrese al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública para evaluar las acciones de la embajada o si se pondrá del lado de la impunidad estatal y empresarial. Mientras tanto, las/los defensores del medio ambiente en México siguen enfrentando violencia por defender sus territorios y el agua frente al capitalismo extractivista. 

El compromiso de Mariano con la vida ha servido de inspiración para el Premio anual a la Defensa Ambiental «Mariano Abarca», que se entrega cada 27 de noviembre y que reconoce a una organización local de Chiapas en nombre de 35 organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales.

Este año, en honor a la memoria de Mariano, el Premio Ambiental Mariano Abarca se entregará a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, una organización indígena que fiel a la visión y vida de Mariano trabaja desde 1992 en la defensa de su territorio y de los derechos humanos. 

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal aboga por la justicia, la paz y la autodeterminación. Defiende los derechos de los pueblos indígenas mayas Tsotsil y Tseltal y apoya las luchas de otros movimientos sociales e indígenas que luchan por la justicia social y ambiental como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y la Escuela de Justicia Energética que aglutina a comunidades y organizaciones de Chiapas y Guatemala contra las represas y en búsqueda de un nuevo modelo energético para los pueblos. 

En este sentido, luchan contra la militarización de sus territorios para instalar megaproyectos extractivos como mega-hidroeléctricas y el Tren Maya. Estos proyectos amenazan con despojar y desplazar aún más a las comunidades de sus territorios en beneficio de las empresas transnacionales. Su resistencia pacífica ha detenido hasta ahora un proyecto de exploración petrolera.

En 1997, un grupo paramilitar mató a 45 de sus integrantes quienes se habían refugiado en Acteal en lo que se conoce hoy como la Masacre de Acteal. En un contexto de creciente violencia en México, y particularmente en el estado de Chiapas, Las Abejas se han convertido en un refugio muy necesario para las comunidades que huyen para salvar sus vidas de los grupos armados y de las fuerzas armadas del estado.

El premio Mariano Abarca de este año llega luego de que uno de los ex-presidentes de la Mesa Directiva de Las Abejas, Simón Pedro Pérez López, fue asesinado delante de su hijo el 5 de julio de 2021. Simón se había pronunciado firmemente en apoyo de las comunidades afectadas por las hidroeléctricas y los proyectos mineros. Hoy, las comunidades no sólo buscan justicia por la masacre de Acteal, sino también por Simón Pedro Pérez. 

La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es una fuente de inspiración y un ejemplo de resistencia pacífica para todas y todos los que luchan contra el despojo, el desplazamiento, la militarización y los megaproyectos extractivos en Chiapas. Expresamos nuestra solidaridad con la Las Abejas y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que inicien una investigación imparcial y exhaustiva por el asesinato de Simón Pedro y lleven a los responsables ante la justicia.

A doce años del asesinato de Mariano, nos solidarizamos con su familia y nos comprometemos a seguir apoyando sus esfuerzos para lograr justicia. 

¿Qué puedes hacer tú?  Firma esta petición y exige justicia para Simón:

Súmate firmando esta declaración de solidaridad con la familia de Mariano y la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. 

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Carta de apoyo a El Estor

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Compartimos esta carta de apoyo y solidaridad con El Estor – A Noviembre de 2021

Estimad@s compañer@s colegas y amig@s:


Les compartimos una carta de apoyo a la comunidad, autoridades ancestrales y periodistas de El Estor ante la proclamación del Estado de sitio por parte del Gobierno de Guatemala y la persecución y criminalización de los defensores del territorio y periodistas comunitarios.
Les pedimos que nos ayuden a DIFUNDIRLAY si están de acuerdo con el contenido y quieren FIRMARLA, por favor enviar su nombre y adscripción (si la hay) al correo  ApoyoalEstor@gmail.com

Muchas gracias

Los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos, miembros de pueblos, investigadoras y profesores, activistas de organizaciones, artistas, periodistas, defensoras y defensores de derechos, queremos unir nuestras voces para mostrar nuestra preocupación porque una vez más, un municipio guatemalteco, está vez el territorio Maya Q’eqchi’ de El Estor, colindando el Lago Izabal, está siendo objeto de un Estado de sitio, provocado por los intereses económicos de una empresa que en esta ocasión es extranjera. Como resultado, además de alterar la vida cotidiana de los habitantes de esta comunidad y  se están produciendo detenciones arbitrarias e irregulares y situaciones de acoso e intimidación que atentan contra los derechos de las personas, los pueblos afectados y la libertad de expresión.

La actividad minera ya tiene varias décadas en el Estor, y desde su instalación ha estado ligada a la imposición, la violencia, el desprecio por la población y el ambiente, y la corrupción, que han aumentado después de que en 2011 la compañía ruso-suiza Solway Investment Group tomara el control de la mina a través de su subsidiaria CGN –Compañía Guatemalteca de Níquel- y en 2014 el presidente Otto Pérez les aprobara una concesión de 250 km2, muy por encima de los 20 km2 regulados en la Ley de Minería. Las protestas de la comunidad ante la visible contaminación del Lago Izabal en 2017 y 2018, llevaron a la intervención de la Policía Nacional Civil -PNC- provocando la muerte de don Carlos Maaz, pescador artesanal. En este año 2021 se dieron a conocer acciones de corrupción que relacionan al presidente Alejandro Giamattei con los empresarios rusos de las principales mineras de níquel en esa región; CGN y MayaníquelFruto de los esfuerzos de la comunidad por defender su territorio de los efectos perniciosos de la actividad minera, en 2020 la Corte de Constitucionalidad -CC- conminó a la empresa CGN a suspender actividades mientras se llevaba a cabo la consulta que, según el Convenio 169 de la OIT –ratificado por el Estado guatemalteco- debía de haberse realizado previo a la reanudación de actividades. La empresa CGN no sólo no ha suspendido su accionar –tampoco lo hizo durante la vigencia de restricciones durante la pandemia de covid-19-  sino que ha puesto en marcha un proceso de pre-consulta en que se ha negado la participación de quienes se oponen a la presencia de la actividad minera, distorsionando y tergiversando el sentido de la consulta -libre, previa e informada-. Pretenden además acelerar el proceso de preconsulta bajo un estado de sitio, que elimina las garantías del pueblo Q’eqchi’.

Ante esta situación, los cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’s que representan a la población afectada, decidieron en asamblea el 3 de octubre organizar un plantón que impidiera el paso de los vehículos de la empresa –las “góndolas” que entran carbón y sacan tierra y ferroníquel-  para llamar la atención sobre las irregularidades que les mantenían fuera del proceso que ellos mismos habían puesto en marcha al solicitar la demanda contra el Ministerio de Energía y Minas MEM a través del amparo a la CC. 

La respuesta de las autoridades ha sido, una vez más, desoír las demandas de la población, criminalizar sus demandas y tratar sus acciones como un problema de orden público. De esa manera, desde el día siguiente a la instalación del plantón empezaron a llegar a El Estor elementos de la PNC, que el día 22 de octubre procedieron a desalojar el plantón con exceso de fuerza y apoyo del Ejército y de helicópteros militares. La acción policial de manera ilegal acompañó cada uno de los camiones cargados con carbón, a pesar de la suspensión minera y luego escoltó la salida de camiones cargados de ferroníquel al Puerto Santo Tomas de Castilla. Al día siguiente, el gobierno de Alejandro Giamattei consolidó la agresión promulgando el Estado de sitio en el municipio de El Estor. En este contexto, se ha procedido a retomar o poner en marcha procesos de persecución penal contra autoridades locales y periodistas comunitarios y hostigamiento a base de retenciones, amenazas y allanamiento de sus viviendas.

Este Estado de sitio y las actividades realizadas bajo su promulgación muestran una vez más la incapacidad del Estado guatemalteco de dar salida a los conflictos sociales y las demandas de la población que ve su bienestar, derechos y dignidad afectadas por las actividades económicas. La represión como única forma de respuesta muestra la toma de postura de los sucesivos gobiernos a favor de unas empresas que no sólo no dejan apenas beneficios y sí muchos problemas, sino que además desconocen las leyes vigentes. Ésta es una de las facetas más constantes en la degradación de la vida política guatemalteca que vivimos desde hace unas décadas.

Ante esta situación instamos a las instancias gubernamentales a cumplir su papel constitucional haciendo cumplir la legislación vigente a todos los sectores involucrados; y que se obligue a la empresa CGN a cumplir con lo establecido por la Corte de Constitucionalidad sin tergiversar sus obligaciones. Que se levante el estado de sitio, se suspenda la preconsulta minera promovida por el MEM, se respeten los derechos de los pueblos, sus demandas y formas de organización, como está establecido en los Convenios ratificados por el Estado guatemalteco. Que se respeten la vida, la dignidad y los derechos de las personas que en estos momentos están siendo objeto de  persecución y hostigamiento; así como el derecho a la libertad de informar, base del derecho a la libertad de expresión y de elección

 Firmantes

Imagen: Radio Temblor

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Rol de la embajada canadiense en el asesinato del líder Mariano Abarca vuelve a ser examinado en Corte de Canadá

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Compartimos esta del Comite por los Derechos Humanos en América Latina CDHAL sobre el caso en Canadá #JusticiaParaMariano – A Noviembre 2021

Descripción

El 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

Noticia

Organizaciones sociales de México y Canadá acuden a la Corte federal de apelaciones de Canadá para que se revise la decisión de no investigar el rol y la complicidad de la embajada canadiense en México en el asesinato del lîder Mariano Abarca. El crímen está relacionado a una mina de propiedad de la empresa canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. 

El abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA, y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca, nos relata los hechos:

“Quiero compartir un poco sobre mi padre, su lucha en contra de la mina y por qué hemos llevado una denuncia a Canadá para exigir una investigación sobre la embajada canadiense en México. Mi papá Mariano Abarca fue un líder comunitario importante cuando una mina de barita que pertenecía a una empresa minera canadiense empezó a generar daños sociales y ambientales en la comunidad. También fue un fundador de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA. La empresa Blackfire operaba desde fines de 2007 hasta finales del 2009. La mina fue clausurada por violaciones ambientales pocos días después del asesinato de mi papá. En junio de 2009, viajó desde Chicomuselo con un grupo de la comunidad y con el apoyo de Otros Mundos Chiapas para participar en una manifestación frente a la embajada canadiense. Ahí él habló con una representante de la embajada canadiense. Hablaba sobre las promesas de trabajo incumplidas, sobre los daños que los camiones de la empresa estaban generando a nuestras casas y calles, y sobre todo la contaminación de nuestros ríos. Hablaba sobre un grupo de trabajadores de la empresa que estaban armados y quiénes intimidaban a él y a otros. Unas tres semanas después mi papá fue detenido por la policía en respuesta a una queja interpuesta por la empresa. La empresa hizo muchas acusaciones falsas, diciendo que era involucrado en el crimen organizado. La embajada recibió 1400 cartas de todas las Américas expresando una gran preocupación por su ubicación y su vida y después de 8 días mi padre fue liberado sin juicio por falta de evidencias. Tres meses después, el 27 de noviembre del 2009, un hombre disparó y mató a mi papá. Todas las personas que tuvieron algún vínculo con el crimen estaban conectados con la empresa minera y hasta hoy no hemos logrado una investigación seria. Hemos llevado una denuncia en contra de las autoridades mexicanas ante la Comisión interamericana de derechos humanos y además hemos llevado una denuncia exigiendo una investigación sobre la embajada canadiense en México porque conseguimos documentos del gobierno canadiense que muestran lo mucho que supo la embajada canadiense y como hizo y como no hizo nada para mi papá. Esta documentación nos muestra que aún antes de que la mina entrará en funcionamiento la embajada sabía que la empresa tenía dificultades para llegar a acuerdos con la comunidad. Desde ese entonces, ejerció presión diplomática sobre los funcionarios del estado de Chiapas. Una vez operando, la documentación también muestra que la embajada hizo un seguimiento muy de cerca de los medios de comunicación en Chiapas sobre las protestas constantes y supo del descontento profundo de la gente. Todo esto debería haber sido una señal de alarma para la embajada, pero en lugar, la embajada se encargó de recabar información y comunicarse con las autoridades mexicanas. La embajada mandó una delegación a Chiapas. Fueron con el gobierno estatal y plantearon su preocupación y pidieron a los funcionarios del gobierno que sofocaran las protestas. Menos de seis semanas después, mi papá fue asesinado. No estamos diciendo que la embajada mandó a matar a mi papá, pero al negarle apoyo de seguridad y a trabajar únicamente a favor de la empresa, pensamos que sí lo pusieron en mayor riesgo y de haber actuado de otra forma no hubieran matado a mi padre. Es por esto que fuimos a Ottawa para interponer una denuncia ante el Comisionado de integridad del servicio público  y por qué seguimos insistiendo en la corte federal que debe  haber una investigación sobre el rol de la embajada en este caso”.

Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos, explica qué está en juego en este proceso:

“Esta audiencia que viene para el 8 de noviembre, la Corte federal de apelaciones de Canadá, es la última instancia que tenemos en Canadá para insistir sobre una investigación en torno a la embajada canadiense en México, va a escuchar de nuestros abogados, también va a escuchar de parte del parte gobierno canadiense.  

Lo novedoso, y algo que esperamos que da más fuerza también a nuestros argumentos, es que también va tener chance de presentar tres organizaciones. Y vale recordar que la Corte federal de Canadá, que era la instancia anterior aunque no era la decisión que quisiéramos, o sea, sí dijo que quizá si había actuado de otra forma la embajada las hubieran sido diferente. La Corte Federal de Apelaciones va a considerar la decisión que tomó la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá a no investigar este caso, para evaluar su decisión sobre eso de no investigar. Y, en este caso, está realmente en cuestión, toda la integridad del servicio público, en el sentido de que, por un lado, los representantes del gobierno están diciendo una cosa a la prensa, al Parlamento,  en sus propios documentos sobre cuál es su deber ante conflictos de esa forma y que por otro lado está haciendo todo lo contrario. Las instancias hasta ahora, del Comisionado y de la Corte federal, nos han dicho: pues esto no son políticas oficiales, entonces no están obligados a tomar ninguna acción al respecto – qué es lo que nos genera la pregunta: entonces es derecho del gobierno canadiense de engañar a todo el pueblo? Entonces estos tres grupos también van a estar presentando sus argumentos jurídicos para abonar a la decisión que toma desde la Corte Federal de Apelaciones y que esperemos ayude a tener una decisión favorable”.

Para Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas, el proceso puede generar impactos importantes y debe ser ampliamente difundido:

“Sí me parece que este es un proceso inédito y que va a abrir también muchas otras posibilidades. Yo sí tengo fe en que algo va a avanzar, aunque lo veamos así como un caso muy difícil o incluso a veces imposible de que avance, me parece que el mismo hecho de poner en tela de juicio la acción del gobierno y por medio de su embajada, pues me parece que abre un tema paradigmático. Va a hacer falta visibilizar mucho y mantenerlo bastante en los medios y diseñar una buena estrategia de difusión”.

Libertad Díaz, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, resalta la importancia de considerar todos los actores involucrados en el asesinato de Mariano Abarca :

“La insistencia de por qué una investigación así es de interés público sigue siendo creo que de los argumentos más fuertes. Hay pruebas y hay un caso paradigmático, que está documentado, muy bien argumentado. ¿Cómo ante esas pruebas se sigue negando aún una investigación así, y por qué es importante y por qué se niega, no? Creo que es muy importante posicionarlo, o sea, lo del poder no solo empresarial sino todos los otros actores que juegan alrededor de la empresa. Ya lo estamos hace unos años, en donde, bueno, medio se empezaba a hablar de la criminalización, el riesgo de las vidas. Si no estamos en un momento en donde ya hay muchísimos argumentos que demuestran que estas investigaciones deberían de ser mucho más entendibles o comprensibles y deberían de tener mucho menos bloqueos. Y sigue pasando que no es así. O sea, que hay todo un aparato del Estado alrededor de las empresas, que creo que es importante pues seguir señalando. Y argumentar por qué es importante, o porque es de interés público en Canadá y por qué es de interés público en México, retomando también los otros casos que hay de amenaza de minería canadiense en mi país”.

Miguel Ángel Mijangos, también de la REMA, contextualiza los daños causados en México por las empresas canadienses con la complicidad de la diplomacia económica de Canadá:

“Como ustedes saben, de todas las minas de oro, plata, platino qué hay en México, el capital canadiense opera el 80%. Tiene una influencia muy grande en el extractivismo y obviamente, pues, de ese tamaño es la problemática que tenemos. Pues nos ha enseñado el gobierno canadiense a luchar, desde nuestra fuerza, pero contra la mentira. 

Para dar un poco más de contexto a esto que queremos decir, que es un patrón de conducta de la embajada:  una de las regiones donde después de 12 años de que llegó la primera empresa canadiense al territorio de Guerrero, que fue la Goldcorp y que luego llegó la Torex Gold, tenemos cinco proyectos operando, de las cuales 4 son canadienses y una es mexicana, es una región que de 10 años para acá tenemos un desplazamiento de cerca de 16000 familias vinculadas a la violencia que se desencadena por el poder vinculado a la protección, así lo digo francamente, a la protección que grupos armados ofrecen a varias de las mineras de capital canadiense y que de alguna manera, en actos de omisión, pero también en actos de conocimiento, porque se han hecho las denuncias, pues se establece un proceso de tolerancia política, en el cuál el embajador constantemente llega con el gobernador, con las fuerzas políticas estatales y municipales, hablar de la Responsabilidad Social Corporativa, hablar de la minería verde y sustentable, hablar de las inversiones y el progreso para las comunidades. Y por otro lado, ese mismo gobierno establece en esa misma zona alertas para que los turistas de Canadá no visiten el territorio de Guerrero por la alta incidencia de violencia. 

Para nosotros esa es una expresión racista: que llegue toda la inversión canadiense, que destruya la naturaleza, que genere procesos de conflicto, que tengamos un montón de daños a la salud y al ambiente, que tengamos total impunidad y que bueno nos muestran justo este comportamiento que no solo lamentablemente nos deja hechos como lo sucedido con nuestro compañero Mariano, sino que se repiten constantemente.  

Vale  la pena mencionar que en este gobierno tenemos la lista más alta de la historia de México de asesinatos vinculados a defensores del territorio. No todos relacionados con Canadá, pero hay muchos que sí están relacionados con empresas canadienses. 

Pues es muy importante continuar estableciendo estos procesos sin dejar de mirar que no estamos luchando por visibilizar el caso. Estamos luchando por llevarlos a la rendición de cuentas, porque se lo merece Mariano, porque se lo merece su familia y porque se lo merecen todas y todos los que están peleando contra un modelo que sabemos mata la vida y no genera progreso y desarrollo”. 

José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca concluye respecto al proceso de apelación :

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros.”

Desde Canadá, reporta Christina Ayala, del Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL.

Esta producción contó con testimonios hechos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

El evento completo está disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/events/221820689840560/ 

La mesa redonda: https://www.youtube.com/watch?v=MX1jakmAzGA&t=8s

Imagen: Justicia Para Mariano Abarca

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