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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Chiapas ha albergado en el Poder Ejecutivo desde militares, políticos, familias ricas sumamente racistas, hacendados, profesionistas insignes y hasta masones, aunque no todos han sido oriundos de Chiapas, pero prácticamente todos han sido la correa de transmisión de las políticas federales en turno a lo largo de la historia llena de violencia desde todos los aspectos, desde la depredación y extracción de los Bienes Comunes Naturales hasta los Culturales, una deforestación acelerada, el olvido de los pueblos indígenas sumidos la pobreza en medio de la disputa por sus territorios, despojándolos de sus conocimientos, saberes, mano de obra, entre otras muchas formas de despojo y de epistemicidio.1 La cárcel, los asesinatos, la represión, la explotación y la esclavitud también han sido los saldos contra los pueblos originarios algunos de ellos sublevados.

Chiapas ha sido gobernado por 351 períodos de Gobernadores desde 1528, fecha en que se funda la Provincia de Chiapas y Diego de Mazariegos se convierte en el primer Teniente Gobernador luego de la invasión española en estos territorios. Desde 1528 hasta el 14 de Septiembre de 1824 en que se crea el Estado Libre y Soberano de Chiapas, pasaron 122 Gobernadores a lo largo de 296 años, esto es, un promedio de 2.4 por año. En el período de la Colonia, estos gobiernos se identificaron de la siguiente forma: 80 ‘Alcaldes Mayor’, 19 ‘Tenientes Gobernador’, 19 ‘Gobernadores Intendente’, 3 ‘Alcaldías Mayor’: Ciudad Real de Chiapa, de Ciudad Real y de Tuxtla; y una ‘Intendencia’ de Ciudad Real de Chiapa.2 (Ver Tabla 4).

Esto viene a colación, porque entre los años 1824 y 2021, desde la creación del Estado de Chiapas a la fecha, se han registrado 229 Gobernadores en el lapso de 197 años, o sea un promedio de 0.8 por año. De todos ellos, 116 han sido designados como ‘Gobernador Interino’ durante todas las etapas convulsas de la entidad, que representan la mitad de todos los períodos de gobierno que han pasado en 197 años. Y es que muchos de estos Gobernadores Interinos esperaban el regreso del Gobernador en turno. A estos le siguen los 73 asignados como ‘Gobernador Constitucional’ que equivalen al 31.8% del total; 21 como ‘Gobernador Provisional’, 10 como ‘Gobernador Encargado’, 8 como ‘Gobernador Sustituto’ y sólo un ‘Gobernador Asignado’ (Pantaleón Domínguez). Al menos 14 de todos ellos han sido militares. (Ver Tabla 1)

Algunos de estos Gobernadores son los mismos, y pasan de Constitucional a Interino, de Interino a Provisional o de Constitucional a Encargado. Otros han sido Gobernadores Constitucionales o Interinos en múltiples ocasiones. Por ello, los 229 periodos de Gobernadores han sido ocupados por 144 personas distintas. (Ver Tabla 1 y 2)

No es posible aquí recorrer el largo camino de los gobiernos en Chiapas, por ello nos concentraremos en los últimos sexenios con el fin de hacer un esbozo muy general que caracterice en grandes pinceladas, desde la perspectiva del crimen organizado, los momentos y el contexto que abonaron al arribo de lo que hoy se vive en Chiapas, una violencia no vista y que, para muchos, no tiene regreso. Distinguimos, a manera de hipótesis, 5 Etapas, que no son puras sino que identifica énfasis o la tendencia mayor en cada una. Esta es una perspectiva.

1) Tráfico: Antes del año 2000 Chiapas era más identificado como territorio de tráfico de la droga por su obligado paso proveniente de Centroamérica y Sudamérica hacia el mercado estadounidense, el más grande del mundo. La violencia de desataba más en los estados del norte del país donde los cárteles se disputaban los pasos fronterizos a Estados Unidos. La presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la militarización desatada luego de 1994 mantuvo de alguna forma un control del territorio chiapaneco al paso de los 5 Gobernadores en el lapso de esos 6 años controlados desde la Federación, bajo la Presidencia de Ernesto Zedillo para administrar el conflicto armado que arrastraba ya conflictos agrarios por el deslinde de tierras y las políticas de remunicipalización de Gobernador Sustituto Roberto Albores Guillén (1998-2000).

La entidad estuvo marcada por un estrategia de guerra contrainsurgente, con un aumento vertiginoso de la presencia militar y policíaca vinculada con la aparición de diversos grupos armados caracterizados como “paramilitares” que respondían a esta estrategia como lo fueron “Los Chinchulines”, “Paz y Justicia”, “Los Plátanos”, “Los Tomates”, “Máscara Roja”, “Los Machetes”, “Lo Aguilares”, “Los Puñales”, entre otros grupos de filiación priísta o con “guardias blancas” de grandes ganaderos y terratenientes cuyas tierras fueron recuperadas por diversos grupos indígenas. Todo ello culminó con la Masacre de Acteal y de El Bosque, entre otras acciones violentas contra Flores Magón en Taniperla, 10 de Abril en Altamirano, Tierra y Libertas en Amparo Aguatinta, Navil en Tenejapa y Nicolás Ruiz.3

Ya sea por la presencia internacional que se atrajo tras el conflicto, por la presencia de tantos puntos y cuarteles militares en la entidad4, por la recuperación de tierras tomadas a familias de caciques, o porque el 65% del territorio chiapaneco es propiedad colectiva y se regía en parte por las Asambleas ejidales y comunales, o por medio de otros mecanismos de gobernanza comunitarios, se mantenía el control de los territorios o al menos era más observado. Todo ello impedía el arraigo del crimen organizado en el estado aunque no el tráfico y el consumo de droga más vinculado a las fuerzas militares y policíacas, aunque poco a poco fuera creciendo la demanda. El gobierno estatal como correa de transmisión de las políticas federales tenía el reto de poner todas las condiciones para pacificar la entidad e inaugurar el Plan Puebla Panamá que se avecinaba luego de la “pacificación” de los conflictos armados en Centroamérica, con el fin de abrir los territorios a las inversiones trasnacionales y generar las condiciones sociales, políticas y económicas para el Tratado de Libre Comercio (TLC) iniciado en 1994.

2) Consumo: A partir del sexenio del Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y de Vicente Fox (2000-2006) la migración se dispara y el muro en la frontera norte se fortalece para impedir que arriben los pobres que genera el TLC al suelo norteamericano y el trasiego de droga encuentra más dificultades para vender en el país del norte. El envío de remesas irá creciendo hasta el día de hoy desplazando los ingresos petroleros, de la Banca Multilateral de Desarrollo, de las inversiones extranjeras, del turismo, del sector automotriz o de la minería. La población empieza a huir del país. El crimen organizado ve entonces la oportunidad de profundizar no solo la disputa de las rutas, sino convertir a Chiapas en un territorio de consumo. Las condiciones empiezan a darse.

La presencia de los puntos de distribución de la droga en centros escolares, bares y otros espacios se fortalece en el contexto de la crisis del campo y de los jóvenes sin empleo. Sin embargo, el EZLN mantenía cierto control sobre algunos territorios en la entidad fortaleciendo los Municipios Autónomos y las Juntas de Buen Gobierno, insistiendo en que sus territorios están libres de tráfico, consumo y siembra de droga. Mientras el crimen organizado empieza a afianzarse y estacionarse en los territorios del norte hacia el sur del país, el Ejecutivo Federal preparaba nuevos tratados de libre comercio con Asia.

Pablo Salazar Mendiguchía, quien fuera senador por el PRI desde 1994 al 2000 y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) llega a la gubernatura por una coalición amplia de partidos y se convierte en el primer gobierno de alternancia luego de 70 años del partido oficial. Se dispuso a poner el tapete a las inversiones construyendo el Puerto Chiapas, el aeropuerto internacional, la súper carretera y el Puente Chiapas, entre otras obras. El EZLN se disputaba el control de sus territorios y los diversos grupos armados locales seguían evolucionando hasta que en noviembre del 2006, el denominado grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), acompañado de policías estatales, fueron responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias desplazadas de la comunidad de Viejo Velasco en la Selva Lacandona.

3) Siembra: En el gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012), conocido como cocainómano5, y en el contexto de la guerra del Presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado y la feroz violencia desatada por ello en el país, Chiapas todavía se mantenía lejano de los escenarios violentos de los estados del norte y centro ligados al crimen organizado. Ambos gobiernos presuntamente ligados con el narco, han sido uno de los peores escenarios para Chiapas y para el país.

En este sexenio el Tratado de Libre Comercio empieza a hacer sentir sus efectos negativos en el campo por medio de la baja en la producción agropecuaria debido a las importaciones de maíz, frijol, entre otros productos del campo, subsidiados desde Estados Unidos y Canadá. Europa empieza a entrar en el terreno de las inversiones en parques eólicos, represas y carreteras. En este sexenio el gobernador impulsa la Palma de Aceite a costa de la soberanía alimentaria de las comunidades hasta llegar hoy a las más de 70 mil has sembradas. Esta situación en el campo será el caldo de cultivo para el arraigo en los territorios del crimen organizado.

Se profundiza la crisis en los Ejidos y Bienes Comunales. El original Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE) que fue cambiando de nombre, facilitó el debilitamiento del tejido comunitario y de las Asambleas como formas de control sobre los territorios. Otros mecanismos de gobernanza también se debilitan y se anuncian concesiones mineras que prenden la alerta en el estado y surgen nuevos conflictos territoriales que terminan con el asesinato de Mariano Abarca en 2009 por los empleados de la empresa minera canadiense Blackfire.

Los jóvenes no ven futuro en el campo, no hay precios favorable de los productos, no desean trabajar la tierra y además no son beneficiados en la distribución de tierras con el PROCEDE. La migración aumenta y los que regresan con otra visión y bajo los ecos del consumo de la droga increpan y retan a las autoridades comunitarias, desafían las costumbres y las estructuras de gobernanza locales al punto que en algunas regiones prohíben el regreso de este tipo de jóvenes que han perdido el camino. Este contexto favorece a que el crimen organizado de un paso más hacia siembra de droga en la entidad donde por conveniencia económica, por sobrevivencia o por extorsión, como en otras entidades del país, en diversas regiones se profundiza esta actividad que requerirá de ayudas, alianzas, jóvenes “halcones”, vigilantes, control, infiltración o cooptación de estructuras policíacas y municipales que se arraigan en los territorios de la entidad. Comitán fue un ejemplo de ello durante el paso de Eduardo Ramírez Aguilar en la presidencia municipal y que más tarde fuera diputado federal, Secretario de Gobierno de Chiapas durante la administración de Manuel Velasco, diputado del Congreso estatal, y Senador de la República y que desde hace rato busca la gubernatura del estado de Chiapas.

4) Nuevos negocios: Durante el periodo de Manuel Velasco Coello y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sumada la anterior crisis y ya en profundidad durante este sexenio, se suma la corrupción galopante en todo el andamiaje gubernamental. Por otro lado, se experimenta la división de las organizaciones y de los movimientos sociales, el debilitamiento de agendas comunes, la creciente impunidad, la violencia y los feminicidios ligados al crimen organizado. Se anuncian nuevos megaproyectos que amenazan los territorios, más concesiones mineras, represas, pozos petroleros, súper carreteras, Zonas Económicas Especiales, mercados de carbono, ampliación del Puerto Chiapas, entre otros que toma a los ejidatarios y comuneros, organizaciones indígenas y campesinas en total descobijo y desarticulación. No hay actor en la entidad que impulse o encabece agendas capaces de generar alianzas. La pulverización de los territorios y su control empieza a implosionar. El país anuncia ya los años más violentos de su historia.

En Chiapas, la impunidad se profundiza mientras que la violencia sigue en aumento y cada vez más la vinculada con el crimen organizado en diversas cabeceras municipales que evidencia su presencia como en Comitán, Comalapa, Pueblo Nuevo, Chamula, Chenalhó, Aldama, Chalchihuitán, entre otros. El narcotráfico hinca así sus dientes en las estructuras municipales y territoriales.

Este es el caldo de cultivo para otros indicadores más preocupantes, el de los nuevos negocios para el crimen organizado. La corrupción, la impunidad, la violencia y la que desata el mismo consumo de la droga, el desempleo, el control del narco-territorio geográfico, político y social, permite girar el interés hacia otros beneficios económicos locales como el tráfico de autos robados, de migrantes, de trata de personas y en especial de niños y niñas, los cobro de piso, la etnopornografía, las invasiones de tierras por parte de grupos contratados para la especulación de bienes raíces, las extorsiones, los robos, entre otros. En otros estados el crimen organizado tiene anclado sus intereses en los puertos, aeropuertos o en el sector minero por lo que el gobierno federal dispone una policía minera para cuidar los intereses de las grandes empresas mineras en el norte del país.

5) Crimen des-organizado: En el actual período del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), los indicadores de la violencia se evidencian como nunca y sin control, con muertos y miles de desplazados en un escenario favorecido por un año de total permisividad e impunidad para que el crimen organizado se afianzara durante la pandemia del 2020. En este año la inmovilización de la vida cotidiana, del movimiento social, del transporte, de la ausencia de la población por los caminos, las calles y las veredas, del abandono del campo y de toda actividad física y presencial por los territorios, del cierre de todas las oficinas gubernamentales, de la despolitización de la sociedad civil causada por los programas de Bienestar del gobierno que desestructura la organización, en un ambiente político sumamente polarizado, favoreció que el crimen organizado se cimentara profundamente en los territorios mientras el EZLN viaja por Europa y se evidencia la pérdida del control sobre muchos territorios. Este contexto también le favoreció al gobierno federal para el avance de sus megaproyectos en el Sur-Sureste del país donde radican las principales obras del actual sexenio como el Tren Maya, el Canal Interoceánico del istmo de Tehuantepec, la Refinería Dos Bocas, represas, pozos petroleros, gasoductos, súper carreteras, entre otros.

Así, arribamos al actual etapa del crimen des-organizado, que se caracteriza por la erupción y visibilización de diversos grupos armados en Chiapas. De los existentes podemos observar varios tipos que van desde el EZLN, los grupos paramilitares y autóctonos de la década de los 90’s que han ido evolucionando y otros más, el crimen organizado y las guardias comunitarias. Además del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional cuya presencia se despliega por todo el territorio estatal sugiriendo inhibir por sí solo la fermentación del narco-estado. Algunos de los grupos armados y sus acciones de violencia estallan con más virulencia en Aldama, Chenalhó, Chamula, Chalchihuitán, Oxchuc, Mitontic, Altamirano, Simojovel, Pantelhó, Pueblo Nuevo, Comalapa, Carranza, Chilón, San Andrés, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, entre otros. Sobre todo en el contexto de los procesos electorales se hace patente la lucha por el control de los territorios políticos y de las estructuras municipales.

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