Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 21 de mayo del 2021
FICOHSA es responsable de hechos de violencia que llevaron al crimen contra Berta Cáceres.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH se pronuncia acerca de la noticia del NO otorgamiento de un nuevo préstamo del banco holandés FMO al banco FICOHSA de Honduras por las reclamaciones acerca de su involucramiento en actos de corrupción así como graves violaciones de Derechos Humanos.
Saludamos la decisión del banco FMO de no otorgar el préstamo de 60 millones de dólares al banco FICOHSA Honduras del señor Camilo Atala. El camino correcto es el de escuchar las voces de las comunidades y organizaciones que hemos sufrido del coloniaje, el empobrecimiento, la corrupción y la desigualdad en Honduras a manos de las élites económicas.
Comunicamos que los chats e intervenciones de las comunicaciones evacuadas en el juicio contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, comprueban la existencia de financiamiento e involucramiento del Banco FICOHSA al proyecto Agua Zarca y su responsabilidad con los hechos de violencia que llevaron al asesinato de Berta Cáceres. A pesar de su reiterada negación por parte de FICOHSA.
Exigimos el esclarecimiento de las responsabilidades de los bancos FICOHSA, Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE y banco FMO en los hechos de violencia sufridos por la comunidad indígena Lenca de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres.
Exigimos a los bancos inversores en estos proyectos a que presten atención al llamamiento de comunidades afectadas y detengan inmediatamente las inversiones que afectan los derechos al agua y al territorio, antes de que más personas sean asesinadas, criminalizadas y desplazadas por reivindicar sus legítimos derechos.
Reconocemos el trabajo de comunidades afectadas y organizaciones para detener la inversión de los bancos de desarrollo en otros proyectos ilegales e ilegítimos en el país, como el proyecto Jilamito en Atlántida.
Exhortamos a la sociedad nacional e internacional a combatir el funcionamiento del sistema financiero internacional responsable del empobrecimiento, corrupción y violación de los derechos de las comunidades y pueblo hondureño.
Dado a los 21 días del mes de mayo de 2021 en la ciudad de Tegucigalpa.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el retorno de familiar de las Abejas de Acteal a su comunidad – A 21 de mayo del 2021
*Las familias se refugiaron en el campamento de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, y “su único delito: la resistencia frente a la violencia que viene del estado”.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que, 6 familias tsotsiles -30 personas en total- originarias de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros del municipio de Chenalhó, e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, retornaron este 20 de mayo de 2021, a su comunidad luego de permanecer un año, nueve meses y cuatro días en desplazamiento forzado interno.
Mencionaron que, desde el 16 de agosto de 2019, Las Abejas de Acteal no habían desistido a la búsqueda de un retorno seguro y digno para sus compañeros, esto con la demanda del diálogo ante las autoridades oficiales locales, municipales y estatales para el respeto a su autonomía y libre determinación.
Dicho retorno se dio en un contexto de falta de protección a las personas en situación de desplazamiento forzado interno en Chiapas, así como a la falta de verdad y acceso a la justicia.
El Frayba recordó que, familias de Rio Jordán y Los Chorros, fueron desplazadas de manera violenta de su comunidad, donde destruyeron y saquearon algunas de sus casas, así como el corte de luz y agua, por no aceptar proyectos gubernamentales.
En donde María Angélica Jiménez y María del Carmen Jiménez Ramírez, ambas niñas fallecieron en el periodo del desplazamiento forzado (26 de febrero de 2020 y 1 de mayo de 2021, de manera respectiva) provocando un profundo dolor no solo a sus familias sino a toda la organización.
El Día del Niño falleció María del Carmen Jiménez Ramírez, desplazada con sus papás en Acteal. Cortesía: Las Abejas de Acteal
Jiménez Ramírez nació desplazada en Acteal hace seis meses, con una vida corta difícil, pues vivir hacinados en un pequeño cuarto de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, donde la leña húmeda y el humo tupido se penetra en los pulmones de las mujeres, niñas y niños.
La noche del 29 de abril, Jiménez Ramírez no pudo dormir de llanto, cuando sus papás la llevaron al hospital en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el día 30, la carretera en malas condiciones, la distancia entre Acteal y el hospital, la indiferencia del tráfico vehicular y la desesperación hicieron que se complicara su situación.
La pequeña niña murió en el marco de desplazamiento forzado, en un México en donde los pueblos originarios son despojados de su territorio, pero sobre todo en donde no se garantizan los derechos, ni la vida de las niñas y niños.
Ante dicho contexto, la CDH dijo que, el mensaje del estado mexicano es que no se garantiza los derechos de las niñas y niños a una vida libre de violencia y a la integridad personal.
Enfatizaron que, la violencia contenía, los municipios más visibles son: Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó, y Venustiano Carranza, además el desplazamiento forzado interno es uno de los fenómenos históricos que han sido invisibilizados, entre otros por la falta de respuesta del Estado, que permite la vulneración continua y múltiple de derechos, enmarcándose en tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura.
Las familias que ahora retornan, han perdido parte de su historia en Rio Jordán y Los Chorros, sus bienes materiales y mantienen el dolor profundo frente a la incertidumbre del desarraigo territorial, mientras la situación no se resuelva, mencionó el Frayba.
Añadieron que, ante el hartazgo de promesas incumplidas, las familias decidieron retornar en compañía de algunas de las autoridades de la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal, colectivos en solidaridad a su proceso de paz, autoridades religiosas, organizaciones de derechos humanos, observación internacional y medios de comunicación.
Hacemos responsable al Estado mexicano de la vida, salud, integridad y seguridad personal de las 30 personas que hoy retornan a su comunidad; exigimos la reparación integral del daño que se les ha causado frente a su lucha por la defensa de la vida, acentuó el CDH.
Reafirmaron que la tortura ya no es exclusiva de personas privadas de la libertad o como método de represión a movimientos sociales o de resistencia, sino que en la actualidad se presenta dentro de las dinámicas del desplazamiento forzado interno que ocurren en el estado.
Familias desplazadas de Aldama, Chiapas. Fotos: Luis Enrique Aguilar
Por último, se sumaron a la exigencia de justicia al estado mexicano para que garantice la vida, salud, seguridad e integridad de las seis familias y para que atienda la situación desde la raíz, detenga los hechos de desplazamiento forzado interno y aplique los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos, para asegurar el respeto a los derechos humanos de la población.
Imagen: Retorno de las familias de Río Jordán, Colonia Los Chorros, Chenalhó. Cortesía: Frayba
Comunicado de Amigos Internacional ATI en solidaridad con el pueblo palestino – A 19 de mayo del 2021
Amigos de la Tierra Internacional condena los ataques continuos de Israel contra Palestina, que incluyen escandalosos bombardeos a mujeres y niños/as, infraestructuras civiles y lugares densamente poblados, y ataques a edificios que albergan a medios de comunicación, amenazando el derecho a la libertad de información.
Durante décadas, la ocupación israelí le ha negado a la población palestina el acceso y control de sus tierras, fronteras y recursos naturales. La ocupación es fuente de graves violaciones de los derechos humanos y ambientales del pueblo palestino, incluyendo por contaminación, destrucción de medios de sustento y acaparamiento de tierras y agua, leyes de planificación discriminantes y desplazamiento y desalojos forzosos.
Los violentos ataques recientes contra el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en la Ciudad Vieja de Jerusalén, los ataques aéreos sobre la Franja de Gaza sitiada ocurridos tras una campaña persistente y sistémica de represión y opresión por las fuerzas de ocupación en Jerusalén Oriental, y los planes israelíes de expulsar por la fuerza a la población palestina de sus hogares en Sheikh Jarrah ponen al desnudo un patrón de desprecio flagrante por la vida, los derechos humanos y el derecho internacional.
Aljazeera informó el 18 de mayo de 2021 que los bombardeos de la sitiada Franja de Gaza por las fuerzas israelíes, que ya llevan dos semanas, han segado la vida de al menos 201 palestinas/os, entre ellas/os 58 niñas/os y 35 mujeres, según las autoridades sanitarias de Gaza. Más de 1300 personas más han sufrido heridas. Israel informa que al menos 10 personas, dos de ellas niñas/os, perdieron la vida en los ataques de Hamas con cohetes.
Condenamos el uso de armas letales contra la población civil y objetivos civiles que ponen en riesgo la vida de civiles.
Además, hay más de 38.000 palestinas y palestinos desplazados internamente en Gaza, según la ONU, que están buscando refugio en 48 escuelas del Organismo de Socorro de la ONU para los Refugiados Palestinos (OOPS/UNRWA) a lo largo y ancho de ese territorio costero. Esa cifra incluye no menos de 2.500 personas cuyos hogares fueron completamente destruidos por los bombardeos israelíes recientes. Conseguir agua y comida también se está tornando difícil.
Estas agresiones ocurren en medio de una pandemia contra la que el sistema sanitario de Gaza está luchando con un número cada vez mayor de casos de contagio con Covid-19. Los ataques actuales contra la Franja de Gaza sitiada han obligado al personal médico a reducir o suspender la atención de pacientes con Covid-19, reasignar sus camas en los hospitales a las/os heridas/os y lidiar con instalaciones averiadas.
Llamamos a la comunidad internacional a sumarse a nuestro repudio de esos ataques:
Pídele a tu gobierno que se manifieste en contra de esta violencia y exija el cese de estas aborrecibles injusticias provocadas por Israel.
Emprende acciones para que cese la Nakba de Palestina y la masacre en Gaza sumándote a las manifestaciones de protesta que se estén llevando a cabo en tu zona organizadas por palestinas/os y movimientos de solidaridad con Palestina, u organízate con más personas para convocar una protesta si no hay ninguna planificada.
Lleva pancartas y carteles condenando la agresión actual contra Gaza y Sheikh Jarrah.
Comparte fotos y videos ampliamente en las redes sociales.
Amigos de la Tierra Internacional insta urgentemente a todos/as los líderes y lideresas mundiales a que terminen de una vez por todas con la ocupación de los territorios palestinos por Israel, un Estado que viola el derecho internacional a diario amparándose en la ausencia de cualquier tipo de rendición de cuentas. Exhortamos a la comunidad internacional a que intervenga de forma inmediata para detener los crímenes de Israel y reitere su llamamiento a las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra de 1949 para que cumplan con sus obligaciones.
Expresamos nuestra solidaridad internacionalista inquebrantable y constante con PENGON/ AT Palestina y el pueblo palestino y exigimos el cese inmediato de la ocupación de los territorios palestinos y el fin de esta violencia escandalosa.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de mayo del 2021
En fechas recientes el innombrable multimillonario Alberto Baillères, propietario del conglomerado Grupo Bal, integrado por cerca de 15 empresas entre las que destacan minero Grupo Peñoles y su emblemática empresa Fresnillo plc, ha estado muy activo cerrando un ciclo de vida llena de oprobios y saqueo de los pueblos generándole ganancias desorbitantes. A sus 89 años, le hereda a su hijo Alejandro Baillères la presidencia de cada una de las empresas del poderoso conglomerado, hijo al que seguirá aconsejando desde la consejería honoraria.
Su “cesión de derechos”coincide con el 13voaniversario de la poderosa productora de plata y oro Fresnillo plc (primera productora de plata en el mundo y de oro en México), al mismo tiempo que, para sumar a los festejos, hace un par de días ésta empresa recibió, junto con su alma mater Grupo Peñoles, el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) por su contribución y compromiso con el desarrollo sustentable, el cual le fue entregado por el muy cuestionado Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi).
En el contexto de la fiesta y su jubilación, justo al lado de su proyecto minero más emblemático;“La Herradura” (una de las minas de oro más grandes en México), en Sonora, se encuentra la mina denominada “Dipolos” también de la empresa Penmont subsidiaria de Peñoles, que se ubica en el municipio de Puerto Peñasco, en el Estado de Sonora. Ésta operó dentro del Ejido “El Bajío”, ejido que ha dado una batalla emblemática en contra de una cantidad impresionante de agresiones y violaciones gestadas por los operadores de este proyecto, a tal grado que, el último desenlace sucedió el 29 de abril de este año, día en el que son sustraídos de su domicilio y asesinados nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega- ejidatario y avecindada respectivamente-, además de colocarles una cartulina con 13 nombres más de “El Bajío” quienes, al margen del dolor de esta pérdida, no se amedrentan y continuarán luchando contra la fatídica compañía. http://www.remamx.org/2021/05/comunicado-rema-asesinan-a-integrantes-de-la-rema-en-sonora/
La empresa rápidamente salió a medios para desmentir su participación en este cobarde asesinato, sin embargo, nada menciona de todas las denuncias que nuestro compañero José de Jesús Robledo Cruz realizó en contra de la empresa señalando las amenazas y la tortura de la que él y María su esposa, fueron objeto, así como del constante hostigamiento instrumentado por el gobierno de Sonora a cargo de la familia Pavlovich que opera de manera abierta y cínica a favor tanto del empresario minero como del tío de la gobernadora, tanto que la empresa se atreve a entrar en desacato sobre las decenas de sentencias a favor del ejido. En este contexto, más que penoso resulta la respuesta totalmente evasiva que realiza el presidente de la república a pregunta expresa sobre el tema en la mañanera https://www.youtube.com/watch?v=wYYR5xTGKIg(sobre Ejido El Bajío 1:03:00), dejando claro que estos empresarios sanguinarios son intocables.
Los manteles largos del Sr Baillères no sólo están llenos de sangre, sino también de impunidad y de una descarada y abierta protección estatal y federal al usar fuerzas armadas1 legales e ilegales contra la población para amedrentar, intimidar y violentar a las y los ejidatarios, todo de forma tan desproporcionada,que contrasta con los recitales matutinos del Sr. presidente de la república cuando habla del castigo a los culpables. Basta señalar que, desde el 2014, el Tribunal Unitario Agrario N° 28 reconoció el derecho de las/los ejidatarios a recibir las rentas por la ocupación ilegal de sus tierras, lo cual incluye la devolución del oro ilegalmente extraído durante el periodo de ocupación, al igual que también el ejido ganó la restauración por daño ambiental causado en sus tierras, cuestión que quedó en firme con la intervención de tres distintos Tribunales Colegiados, pero sin que a la fecha se hayan saldado las últimas dos.
Sr. presidente Andrés Manuel López Obrador, la lucha de El Bajío lleva 25 años y el expediente de su lucha es amplio y bien fundamentado, sin embargo, ni ganando legalmente es posible meter en orden al Sr. Baillères quien, como otros empresarios tiranos de México, parece disfrutará el resto de sus días gozando de plena impunidad, pero esta vez durante el periodo de su mandato, por lo tanto, usted pasará a la historia al igual que sus antecesores como otro presidente de la nación protector de los saqueadores más grandes del país, que despojan y criminalizan al pueblo mexicano, ese mismo pueblos que dice usted amar y defender. Criticar los monopolios y saqueo de empresas mineras privadas no debería limitarlo sobre sólo algunas de ellas, como ha sido el caso con las empresas Américas Gold and SilveroFirst Majestic, sino aplicarse a todas las empresas saqueadoras que existen a lo largo del país. Sin embargo, curiosamente ni críticas, mucho menos seguimiento legal sobre las atrocidades, ilegalidades, saqueos, enfermedades y muertes que rondan sobre las empresas de los señores Baillères, Larrea, Slimy Salinas Pliego, “casualmente” artífices de los proyectos emblemáticos que usted impulsa y, en consecuencia, intocables al margen de existir un claro conflicto de interés.
Desde la REMA advertimos que, las celebraciones y premios del octogenario empresario minero, se empañan por la fuerza y determinación de nuestras/os compañeros quienes, a pesar de las dolorosas pérdidas humanas, la intimidación y el desplazamiento del que son objeto, continuarán denunciando las atrocidades de este empresario que ha forjado su grandeza monetaria a costa del saqueo de nuestro país.
Una vez más hacemos el llamado para que se garantice, por parte de la fiscalía general del estado de Sonora que, al menos una de las líneas de investigación conducentes, pivote en torno a la actividad minera en el ejido El Bajío, así como a la reparación del daño a la que está obligada la minera Penmont.
Felices fiestas, celebraciones y jubilación Sr. Baillères,esperemos disfrute y deguste los bocadillos que le serán colocados sobre sus manteles largos llenos de sangre. Es una vergüenza que su hijo reciba como herencia una vida llena de violencia, el despojo, asesinatos y saqueo.
CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ, AMBOS TAMBIÉN DEL EJIDO EL BAJIO
LA IMPUNIDAD LE PESA A LA 4T
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Les compartimos algunas fotografías de las instalaciones de biodigestores en difententes puntos de Chiapas, para la generación de Biogas y Biofertilizante.
El uso de los fogones abiertos afecta la salud especialmente de las mujeres, los adultos mayores, las niñas y los niños. En muchas regiones del campo la dificultad de conseguir leña, o su exclusivo uso está provocando deforestación y otros problemas asociados como la falta de agua, la pobreza de los suelos, entre otras consecuencias. El consumo de tanques de gas comercial merma la economía familiar y acelera el uso de hidrocarburos que pretendemos eliminar por el Cambio Climático. En el ámbito urbano o semiurbano se da también la crianza de cerdos y borregos que genera malos olores y descargas residuales a los ríos. Por ello consideramos que el uso de los biodigestores es un mecanismo para contrarrestar estos efectos y problemáticas tanto en las zonas rurales como urbanas y semiurbanas.
¡Energía limpia y renovable para los pueblos! Porque otros mundos son posibles.
También les compartimos este video sobre la instalación de un Biodigestor en Chilil, municipio de Hixtán, Chiapas.
La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.
A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.
Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.
A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.
La diversidad de intereses por detrás de la regulación se evidencia en el cabildeo realizado por sectores económicos junto a los parlamentarios, así como en manifestaciones públicas de representantes de estos sectores sobre el tema. Un ejemplo fue la participación de integrantes de la Cámara Minera de México, en el Parlamento Abierto, realizado el 30 de marzo, en el marco del proceso de construcción del proyecto de ley.
“La industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de interés, sus usos y costumbres. Considero que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cuáles son los pueblos y comunidades indígenas en México y que se constituya un padrón que registre sus autoridades, número de integrantes y territorio que ocupan”,
DIJO KAREN FLORES ARREDONDO, DIRECTORA GENERAL DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO.
Otro representante del sector minero, Christopher Ávila Mier, dijo que la identificación plena de las comunidades indígenas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto público o privado realice una consulta con certeza administrativa. “Con esto se avanzaría de la mano con los pueblos indígenas”, señaló.
En tono de conciliación con estos sectores, Regino Montes les mandó un recado.“Hay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el diálogo e interlocución con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que estén tranquilos, esta ley no afecta a nadie”, dijo.
Para la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, Elisa Cruz Rueda, antropóloga y abogada, con una larga experiencia en derecho indígena, el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”, explica.
La investigadora señala dos puntos del proyecto de ley para demostrar este recorte. Uno de ellos es el artículo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que “el sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar”, dice el proyecto. “Queda abierta la posibilidad para que se busquen otras vías para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo”, argumenta Cruz Rueda.
Un segundo ejemplo dice respecto a los protocolos de Consulta, que deben establecer las reglas y procedimientos para la consulta. El artículo 29 del proyecto establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligación de realizar los protocolos de consulta.“Ahí viene el procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Es el modelo que ha establecido la Secretaria de Energía”, explica. “En un proceso de consulta real se debería impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos autonómico de consulta, donde se recorra las formas de organización y decisión de cada comunidad”, sostiene.
La investigadora argumenta que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual México es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el país. Para la abogada, no se necesita de una ley específica, “lo único que se debería de hacer es cumplir con estos grandes parámetros de estándares internacionales que ya existen, pero no lo hacen”.
Como han sido implementadas las consultas en los anteriores gobiernos y en este, de Andrés Manuel López Obrador, “vemos que es nada más legitimar lo que ya tienen planeado. Entonces que ganancias tienen los pueblos con eso. Las malas llamadas consultas por el Tren Maya, en 2019, son un ejemplo. Eso que hicieron, pues, ya nos da el preludio de cómo quieren que salga la ley”, argumenta la investigadora que se posiciona contra la creación de una ley que reglamente la consulta.
Tras el arribo de López Obrador a la presidencia de México, para la gente que votó por él, avizoraba cambios radicales, incluso, para los pueblos. “Ellos dicen, ¡primero los pueblos indígenas!, ¡primero los más pobres! Pero vemos que primero son las empresas del gran capital, primero son los megaproyectos antes de que nos tomen en cuenta. Luego hacen simulacros con supuestas consultas, pero los proyectos de muerte ya están en marcha ¿entonces para qué hacen consultas?”, puntualiza la integrante de la comunidad Otomí y también del Congreso Nacional Indígena (CNI), Maricela Mejía.
Para el abogado agrario Carlos González, que hace parte del CNI, el derecho a la consulta se está proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. “Desde mi punto de vista los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinación, que en el marco del Estado nacional se llama autonomía; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que están pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta”.
Una burla
El 10 de junio de 2020, la SCJN emitió la sentencia de amparo que ordena la creación de la ley. La SCJN otorgó hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Unión cree la ley. El amparo fue interpuesto por la organización oaxaqueña Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. “Lo que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones”, sostiene la investigadora Cruz Rueda.
La abogada sostiene que “no hay condiciones” refiriéndose a las desiguales históricas y estructurales de la sociedad mexicana. “Desde su origen, el Estado mexicano ha sido negacionista de la diversidad en todas sus formas, sobretodo en lo que respecta a los pueblos indígenas”, sostiene. “Las condiciones estructurales que dieron origen al levantamiento zapatista, en 1994, no han cambiado. No están las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. Los pueblos indígenas en México están precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es más bien un regateo”.
Y pone sobre la mesa una pregunta a las organizaciones que promueven la ley. “Si el racismo es una de las líneas fundamentales de este Estado mexicano, sea cual sea el gobierno, entonces a ¿qué estamos jugando con este tipo de cosas?”. “A la larga, si este proyecto pasa, los pueblos van a verse entre la espada y la pared”, afirma.
Al promover esta ley “lo único que hacen es dar chance que la corte, desde su racismo, tome lo que le interesa para seguir apuntalando un modelo extractivo que consolida las arcas de dinero de unos pocos en contra de unos muchos, que siempre han pagado los costos del desarrollo”, sostiene Cruz Rueda.
El análisis de Mijangos va en la misma dirección. “En un modelo tan asimétrico, consultar a los pueblos es una burla”.
Lo que se debe buscar, apunta Cruz Rueda, es cambiar la relación entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, como señalan los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. “El formato que tiene este proyecto de ley no cumple este propósito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza”, sostiene.
Carta de apoyo y solidariadad con el pueblo Garífuna en Honduras
CARTA DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN APOYO A LA INCORPORACIÓN DEL SUNLA EN EL PROCESO DE INVESTIGACION Y BÚSQUEDA DE LOS GARIFUNAS DESAPARECIDOS DE TRIUNFO DE LA CRUZAL
C. JUAN ORLANDO HERNADEZ ALVARADO – Presidente de la República de Honduras AL C. MAURICIO OLIVA – Presidente del Congreso Nacional de la República de Honduras Al C. ROLANDO ARGUETA PÉREZ – Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras A LA C. LIDIA ESTELA CARDONA – Procuradora General de la República de Honduras AL C. OSCAR CHINCHILLA – Fiscal General de la República de Honduras A LA C. JACKELINE ANCHECTA – Secretaria de Estado por ley en los Despachos de Derechos Humanos. A LA C. BLANCA IZAGUIRRE – Comisionada Nacional Derechos Humanos Honduras MICHELLE BACHELET – Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos GIOVANNI SASSOLI – Presidente del Parlamento Europeo NANCY PELOSI -Presidenta Cámara de Representantes EUA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL A LA OPINIÓN PÚBLICA
SRAS Y SRES.
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes como espacio de articulación de organizaciones defensoras de derechos, asociaciones estudiantiles; organizaciones de base, organizaciones barriales, movimientos de mujeres, LGTBIQ, movimientos populares, artistas, campesinos, pueblos indígenas y negros organizados quienes nos fortalecemos en la diversidad, en el consenso y la horizontalidad como práctica política en la búsqueda de verdad y justicia para el pueblo garifuna en Honduras.
El 18 de julio de 2020 alrededor de las 5 de la mañana, un grupo de aproximadamente 30 hombres fuertemente armados con uniformes y chalecos de la Dirección Policial de Investigación (DPI), identificándose como pertenecientes a dichas fuerzas, ingresaron a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, en el departamento de Atlántida, Honduras. El ingreso a la comunidad se justificó a partir de un supuesto operativo de allanamiento y búsqueda de personas. Según testigos de la comunidad el objetivo del indicado operativo fue capturar al presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, Alberth Sneider Centeno, quien, junto con Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix, fue detenido luego de ingresar de manera violenta a su vivienda. Desde entonces, se desconoce su paradero.
Transcurridos 10 meses de la desaparición, las autoridades no han desarrollado una investigación diligente y efectiva que haya permitido establecer el paradero de los desaparecidos, identificar a los responsables de estos hechos o determinar el móvil del delito. Ante ello, y amparados en el principio de autodeterminación de los pueblos, que se contempla, entre otros instrumentos, en la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Asamblea del pueblo Garífuna, a solicitud de familiares de los jóvenes desaparecidos, aprobó la conformación de El Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA).
Teniendo en cuenta la impunidad que opera en el país1, y la importancia de ésta en la histórica violación sistemática a los derechos humanos que ha vivido el pueblo garífuna, el SUNLA tiene como objetivo llevar a cabo una veeduría en el proceso de investigación ejecutada por el Estado de Honduras, y de manera simultánea, desarrollar una investigación competente, independiente y autónoma desde las formas ancestrales y propias del pueblo garifuna, que permita un análisis independiente, objetivo e imparcial de los hechos, que haga posible identificar la verdad de los hechos y dar respuesta al reclamo de justicia de las familias de los jóvenes desaparecidos y de las comunidades mismas.
Sin embargo, el pasado 26 de marzo de 2021, el Estado de Honduras desatendiendo que estos hechos constituyen una grave violación de derechos humanos que habilitaría la acción pública, negó a través de la Procuraduría General de la República la incorporación del SUNLA en las investigaciones. En su informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las medidas provisionales otorgadas en favor de comunidades garífunas Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra2, adujo que, la inclusión de SUNLA en el proceso investigativo violaría los principios del derecho internacional público relativos a la soberanía y no intervención en los asuntos internos del Estado.
Afirmamos que, de manera contraria a lo señalado por el Estado de Honduras, la incorporación a la investigación de SUNLA y de las personas extranjeras que pudieran integrar no pretende sustituir al Estado en sus atribuciones y obligaciones y tampoco violaría los principios indicados, pues lejos de constituir una forma de injerencia extranjera, supone una iniciativa nacida desde el pueblo garífuna, a través de la cual éste ejerce su autodeterminacion como pueblo culturalmente diferenciado. . Por el contrario, su integración sería una muestra de voluntad del Estado de respetar los derechos del pueblo garífuna y de trabajar una estrategia conjunta de investigación que permita velar por la transparencia, eficacia e independencia en las investigaciones.
La incorporación del SUNLA en el proceso de investigación no solo se justifica en el respeto a los derechos del pueblo garífuna, sino también a partir de los derechos reconocidos a las víctimas de desaparición forzada3 , y en las posibilidades que otorga el derecho interno de incorporarse como acusación particular4 en casos de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios públicos. Por tanto, la incorporación de SUNLA es vital como mecanismo para garantizar el legítimo derecho de las víctimas, familiares y representantes de poder acompañar y participar en el proceso de investigación y búsqueda y velar porque este sea exhaustivo e independiente.
De esta manera, les abajo firmantes, organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, EXIGIMOS: 1.- La incorporación inmediata del SUNLA al proceso de investigación y búsqueda de los jóvenes garífunas desaparecidos el 18 de Julio del 2020. 2. El respeto irrestricto al derecho de las víctimas, familiares y representantes de acompañar y participar en el proceso de investigación y velar porque este sea exhaustivo e independiente; 2.- El cese a la persecución, criminalización, hostigamiento e intimidación por parte del Estado contra el Pueblo Garifuna;
Por la vida y el territorio, justicia y verdad para el pueblo garifuna
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(1) Honduras es el segundo país con mayor índice de impunidad a nivel mundial, según el Informe 2020 del Índice Global de Impunidad. (2) Oficio DNDDHH-LI-256-2021, mediante el cual se presenta informe en relación con el punto resolutivo sexto de la Resolución del 02 de septiembre de 2020. (3) La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece en el artículo 24 que “cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida y recoger también el derecho de las víctimas, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, así como toda persona, asociación u organización con un interés legítimo tienen el derecho de participar en la búsqueda, establecido en los Principios Rectores de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobados en 2019. (4) Código Procesal Penal. Artículo 96. El acusador privado y los delitos de acción pública. En los delitos de acción pública, la víctima o su representante legal podrá provocar la persecución penal con la asistencia de un profesional del derecho debidamente colegiado y en el pleno ejercicio de su profesión, o intervenir en la ya iniciada por el Ministerio Público, con todos los derechos y facultades que le confieren la Constitución de la República, el presente Código y las leyes especiales. Cuando la víctima acredite carecer de medios económicos suficientes para ejercitar la acción privada, será representada por el Ministerio Público. El mismo derecho tendrá cualquier persona, natural o jurídica, contra los funcionarios o empleados públicos que, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, hayan violado derechos humanos. La participación de la víctima como acusador, no impedirá que el Ministerio Público cumpla con las funciones que le atribuye el presente Código o su respectiva ley, ni lo eximirá de sus responsabilidades. Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo prescrito por el artículo 230 de la Constitución de la República.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la violencia hacia las mujeres y sobre todo defensoras en América Latina – A 7 de mayo de 2021
En Mesoamérica la constante violencia perpetuada en contra de las mujeres es una dolorosa realidad. Datos preliminares de la Iniciativa de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) revelan que durante el mes de marzo de 2021 se registraron 282 ataques contra defensoras de México, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.
Las cifras recabadas, comparadas con las obtenidas en años anteriores, demuestran que en el mes de marzo hay un considerable crecimiento en el número de ataques a defensoras mesoamericanas.
De acuerdo con la IM-Defensoras, el aumento no es casual. Debido a que el 8 de marzo se conmemora el día internacional de la mujer – y por ende se efectúan diversos tipos de dinámicas y protestas en nombre de la vida, dignidad y derechos de la mujer- la cultura machista pone en marcha sus mecanismos de ataque, un mensaje contundente que conjuga misoginia pura: no exijan, no se quejen, no se defienda, o será peor.
La naturaleza de las agresiones y número de víctimas de ataques es diferente en cada país. No obstante, en cada uno de ellos se afianza el mensaje de represión y el odio.
En México, en marzo las protestas – y los actos de represión a las mismas- ocurrieron alrededor de toda la república; en muchos casos la policía encapsuló a las manifestantes como medio de intimidación y coerción física. Se observaron detenciones arbitrarias, acoso cibernético y la violación al derecho de difundir información de las activistas mexicanas. En total se registraron 84 agresiones (el triple en comparación a enero y marzo).
Defensoras en el 8M Oaxaca, México. Fotografía: Vanessa García Navarro
En Nicaragua, se reportó 156 ataques contra defensoras (16 de ellos el día 8 de marzo). El gobierno -utilizando como medio la fuerza policiaca- fue el principal instigador de la violencia. Se dedico a acosar y hostigar a las activistas, incluso impidió que lograran movilizarse libremente en el desempeño de sus diligencias.
En Guatemala, sus tierras, que fueron testigos de la imperdonable masacre de 56 niñas y mujeres adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción (en 2017), ahora contemplan las secuelas del crimen. Se sabe que las defensoras del derecho a la verdad, reparación y justicia (madres de las víctimas de esta fatídica tragedia) siguen siendo amenazadas y atacadas ahora que el proceso judicial ha abandonado su pausa. En 2018 y en febrero de este año dos madres activistas fueron asesinadas en su búsqueda de justicias, mientras que, a finales de marzo de este año, la activista Elsa Siquín (también madre de una de las niñas victimas) fue agredida junto a sus hijos en su propio hogar.
En El Salvador, se registraron 25 agresiones (de las cuales 20 acontecieron el 8 de marzo). Las defensoras salvadoreñas de los derechos sexuales y reproductivos amenazadas por la policía y el ejército. En añadidura, su sororidad con el insólito caso en el que una mujer que murió en prisión tras ser condenada debido a que sufrió una emergencia obstétrica, les ha costado desprestigio e estigmatización.
En Honduras, se crearon organizaciones anti-derechos, con el fin único de boicotear las actividades que los grupos feministas y mujeres planeaban llevar a cabo el 8 de marzo y se atacó con propaganda misógina el Foro de Mujeres por la Vida (FMPV). Además, destacan de los crímenes cometidos contra las defensoras de la tierra.
El gobierno en cada uno de los países mencionados se niega a proporcionar seguridad y apoyo a las mujeres, las estorba y las ataca cuando intentan procurárselos ellas mismas. El término “feminismo” se criminaliza, se castiga y se convierte en tabú. No obstante, el no ver, no oír y no hablar de los males de nuestra sociedad no los hace desaparecer. Únicamente difundirlos y encararlos puede abatirlos.
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“El susto”
Martes 18 de mayo de 2021, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
El documental “El susto”, dirigido por Karen Akins, exhibe uno de los problemas más graves de salud que enfrenta México desde el 2000, cuando la diabetes se convirtió en la primera causa de muerte en el país. Para este cine-debate nos acompañaran Marcos Arana del Centro de Capacitación en Ecología y Salud de Chiapas, que trabaja especialmente en los altos de Chiapas y Alejandro Calvillo del Poder del Consumidor.
Sinopsis: En México, donde los refrescos azucarados son más accesibles que el agua potable y la diabetes tipo 2 es una de las principales causas de muerte, la coca-cola y otras bebidas azucaradas son tanto una forma de vida como de muerte, lo que desencadena una crisis de salud pública en un gobierno y una población mal equipados para manejarlo. Tan revelador como estimulante, El Susto descubre la enorme influencia de la poderosa industria de bebidas en todo el país, su acceso impulsado por profundos lazos políticos, agresivas campañas de marketing y un gran abuso de poder. Presentando familias devastadas por la diabetes tipo 2 durante generaciones; trabajadores de la salud integrados en las comunidades afectadas; destacados defensores de la salud pública; e incluso un ex ejecutivo de marketing de Coca-Cola, El Susto traza la insidiosa infiltración de Big Soda en la sociedad mexicana mientras valientes defensores de la salud pública, profesionales médicos y miembros de la comunidad luchan por el bienestar de una nación.
Ver Trailer aquí :
Les recordamos que la entra el libre, sin embargo hay que pasar a la taquilla de Kinoki por sus boletos ya que debido a la pandemia se controla el número de asistentes a las salas. Recuerden también seguir tomas las medidas y usar correctamente el cubrebocas dentro de la sala
Les compartimos el resumen del día 13 del juicio contra David Castillos en la búsqueda de #JusticiaParaBerta hecho por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 11 de mayo del 2021
Ministro de seguridad le dijo hoy a pedro q era “lio de faldas” -Daniel Atal
Resalta la conversación en la que Daniel Atala Midence, le asegura Sergio Rodríguez que el crimen contra Berta Cáceres sería investigado como un crimen pasional. “Ministro de seguridad le dijo hoy a pedro q era “lio de faldas” le enviaba Atala a Rodríguez, demostrando la coordinación entre los Atala Zablah, en particular Pedro Atala, y el Ministro de Seguridad Julián Pacheco para asegurar su impunidad.
En esta conversación también se demuestra el acceso a información exclusiva del asesinato por parte de Sergio Rodríguez, la cual era proporcionada por miembros de la policía.
Quedo demostrado también como Pedro Atala, José Eduardo Atala, David Castillo y otros empleados de la empresa discutieron estrategias de comunicación después del asesinato de Berta con el fin de desvincularse del crimen. https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1392152319068971010?s=20
Información exclusiva sobre el asesinato y las investigaciones alrededor de este, fueron garantizadas con el Comisionado Sanchez, además de presencia policial para “asegurar” las instalaciones de la empresa. https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1392152323451928578?s=20
La defensa de David Castillo también solicitó la lectura de mensajes con la intención de demostrar supuestas acciones que realizaba la empresa para beneficiar a los miembros de la comunidad, sin embargo estas contrastan con las declaraciones de la compañera Rosalina Domínguez en las que denunció la violencia y destrucción de cultivos que vivieron quienes se oponían al proyecto Agua Zarca. https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1392183339856142336?s=20
La audiencia continuó con la lectura de la prueba documental propuesta por la acusación privada que representa al hijo de Berta Cáceres, Salvador Zúniga.
Entre estos documentos se encontraban: Actas de protocolización de la empresa DESA Acta de monitoreo de las medidas cautelares de las que era beneficiaria Berta Cáceres. En las actas de protocolización de DESA se demostró cómo la empresa fue constituida por los hermanos Abate Ponce, ambos empleados de David Castillo quienes no contaban con conocimiento técnico para la producción de energía, además de que fue creada con un capital mínimo de 25 mil lempiras.
Esto, mientras David Castillo trabajaba en la dirección de la ENEE y los Atala Zablah fraguaban el plan para defraudar el Estado con supuestos proyectos de generación de energía.
Más información sobre este fraude se encuentra en el caso de “Fraude Sobre El Gualcarque” en el que David Castillo también es imputado, caso del cual el COPINH fue expulsado ilegalmente.
En el documento de protocolización de la empresa DESA se menciona a los miembros del Consejo de Administración entre los que se encuentran, David Castillo, Jacobo, José Eduardo y Pedro Atala Zablah.
En el acta de monitoreo de las medidas cautelares de Berta Cáceres, se demostró que Berta demandó medidas de seguridad por su situación de riesgo; sin embargo, estas solicitudes ni las denuncias sobre la empresa DESA de la familia Atala, fueron atendidas.
Es responsabilidad del Estado de Honduras la falta de protección a Berta y su asesinato a mano de sicarios, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y los empresarios Atala Zablah. https://twitter.com/COPINHHONDURAS/status/1392261186092154881?s=20 La audiencia finalizó con la presentación de prueba documental propuesta por la defensa de David Castillo. Este miércoles se avanzará con la presentación de los demás medios de prueba propuestos por la defensa.
El Tribunal convocó para este miércoles 12 de mayo, a las 9:00 am
Agenda 12 de mayo: Listado de conversaciones de WhatsApp. ( prueba documental de la defensa se introducida por lectura.) Culminar interrogatorio de perito David Amador sobre el DETECI 167 del teléfono de Sergio Rodríguez. Verificación de acta de decomiso Paola Quintero en la Sala Penal a las 4:00pm y verificación de medios de prueba de acta de allanamiento y decomiso de auto neon. Evacuar medio de prueba de Alejandro Maradiaga.
Por si te lo perdiste: Roxanna Altholz, integrante del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) y el Abogado Víctor Fernández realizaron un análisis de lo acontecido en estas semanas de juicio.
“Asesinato de Berta Cáceres no fue casual. Fue complot de estructuras criminales bajo apariencia de empresas legales, financiadas por altos empresarios en asocio con políticos y funcionarios públicos.” – Padre Melo
Declaración de la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales Red-DESC – A 7 de mayo del 2021
El 28 de abril de 2021 varios sectores de la sociedad colombiana tomaron las calles en protesta consecuencia de los aumentos de impuestos propuestos a las necesidades básicas, a los combustibles y los servicios públicos. Medidas que afectarían de manera desproporcionada a una gran parte de la población de la clase trabajadora y la clase media que ya se encuentra en dificultades socioeconómicas. El proyecto de reforma tributaria fue justificado por el gobierno del presidente Iván Duque como necesario para estabilizar la economía afectada por el COVID-19, pero fue retirado el domingo 2 de mayo de 2021. Sin embargo, las protestas han continuado en respuesta a la política neoliberal del actual gobierno. Las autoridades han respondido a las protestas con una severa represión que ha sido condenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(link is external) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos(link is external). Según diversas fuentes, al menos 19 personas han muerto como consecuencia de la represión estatal, cientos han resultado heridas, detenidas arbitrariamente y se han producido incidentes de violencia sexual contra manifestantes. Quienes monitorean e informan sobre las movilizaciones, incluidas personas defensoras de derechos humanos y periodistas, han recibido amenazas y agresiones.
La Red-DESC se solidariza con los integrantes de la Red en Colombia y con la sociedad civil en general del país. En este sentido, en el marco de la grave situación violatoria de derechos humanos solicitamos a las autoridades colombianas cumplir con sus obligaciones y buscar una salida a la crisis en las siguientes vías:
Respetar y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía que se encuentra en el ejercicio del derecho legítimo de protesta y desescale la violencia.
Dar cumplimiento a las órdenes de la sentencia de tutela de septiembre 22 de 2020 dictada por la Corte Suprema de Justicia que se encuentran incumplidas total o parcialmente, en especial:
Diseñar y cumplir un protocolo de acciones preventivas, de acompañamiento y seguimiento a la reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y la protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana, incluyendo informes públicos y sustentados cuando se presenten ataques a la vida e integridad personal;
Expedir un protocolo que permita a la ciudadanía y las organizaciones de defensa de derechos humanos realizar verificaciones en casos de capturas y traslados de personas durante las protestas.
A los órganos de investigación y control cumplir de manera independiente con su función de protección y garantía en el ejercicio de los derechos humanos.
Respetar el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión, así como a las legítimas exigencias de derechos humanos planteadas por los y las manifestantes.
Liderar con apertura un diálogo efectivo como respuesta a los reclamos sociales y cumplir con las obligaciones de Colombia en materia de derechos económicos, políticos, sociales, civiles y culturales.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de mayo del 2021
El pasado jueves 29 de abril, en el municipio de Puerto Peñasco en el Estado de Sonora, fueron asesinados nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz yMaría de Jesús Gómez Vega, ejidatario y avecindada del ejido El Bajío, esposos y firmes opositores a la minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles, en el Estado de Sonora.
No fue la primera ocasión en la que José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega habrían sido agredidos. El 3 de septiembre del año 2017, sin el amparo de una orden judicial, fue detenido y desaparecido afuera de su domicilio por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional). Según relata el propio Jesús Robledo para Pie de Página el 23 de marzo de 2020, “ese día me levantaron junto con mi esposa, me torturaron hasta dejarme casi muerto. Mi esposa corrió la misma suerte”.
Tampoco es la primera vez que las y los ejidatarios sufren actos de violencia, porque desde el 2002, al ingreso de la empresa Penmont en su territorio, dio comienzo la ya conocida escalada de violencia dentro de proyectos mineros, misma que ha sido documentada por el ejido, incluyendo la realización de denuncias conforme a la ley a partir de presentar amparos, impulsar la apertura de carpetas de investigación y, por supuesto, llevar ante el tribunal agrario juicios por el despojo del cual han sido objeto. Sin embargo, a pesar de lograr varias sentencias a su favor de los actos de reclamo realizados por el ejido, ninguna de ellas ha sido ejecutada y, por el contrario, desde el primer momento de reclamo, se acrecentaron los actos de violencia tales como; sufrir intimidaciones, detenciones arbitrarias, homicidios, levantones[1], desapariciones forzadas, el uso de la fuerza pública, el despojo y el desplazamiento forzado, además del amedrentamiento a periodistas y robos de vehículos.
En los tiempos de la 4T todo sigue igual; el Modelo Extractivo continúa mostrando su verdadera naturaleza y, sin recato alguno, opera en abierto contubernio, con los tres órdenes de gobierno, los empresarios mineros y el uso de las fuerzas armadas legales -entre ellas la policía minera, creada recientemente por el entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el Ing. Alfonso Durazo Montaño, hoy aspirante de Morena para gobernar el estado de Sonora-, y grupos armados ilegales, estos últimos relacionados con el crimen organizado. Ambas fuerzas son utilizadas para castigar a quienes se atreven a defender el territorio, aún si las y los defensores usan las instituciones en búsqueda de justicia.
En época de celebración de jubilaciones, no podía ser diferente la del empresario minero mexicano Alberto Bailléres González, al dejar como su último acto, otra andanada de sangre derramada sobre los cuerpos de la compañera María y el compañero José de Jesús. Se retira de sus “ocupaciones” con la saña que lo ha caracterizado siempre, tal cual una vida llena de saqueo, de asesinatos y de la compra de los aparatos de justicia, por mencionar sólo algunos de sus episodios. ¡Que lejos se encuentra López Obrador de castigar a los mega–empresarios mineros mexicanos que le acompañan en diversos programas de gobierno!; ¡Qué equivocado está cuando pide a los canadienses que hagan algo por las mal portadas empresas que operan en México! Sr. presidente los empresarios mineros “mexicanos” con los que usted opera, son mucho peores que los extranjeros, sin que ello justifique, claro está, que los extranjeros también hacen barbaridad y media.
Para las y los compañeros ejidatarios de El Bajío, no podía estar peor el contexto en el cual, la Sra. Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del estado de Sonora, es la sobrina de otro personaje impresentable; el Sr. Rafael Pavlovich Durazo. Es evidente el nepotismo con el cual actúa el gobierno estatal al cubrir y ser omisa ante la fabricación de documentos apócrifos gestados por su tío, con el propósito de obligar a los ejidatarios de El Bajío a que lo aceptaran como integrante del ejido y posiblemente, si ello sucediera, ser entonces el puente perfecto para que la empresa minera Penmont lograra continuar con el saqueo de las tierras. El Sr Rafael Pavlovich aparece en el ejido por primera vez en abril el 2014 y, desde entonces su presencia cobra una gran relevancia por sus actos violentos y de denuncias en contra de las y los ejidatarios, muchas orquestadas a través de instituciones de gobierno, con el propósito de imponer condiciones dentro de la asamblea ejidal. Como antecedente mencionamos que, el Sr Rafael Pavlovich, con apoyo del magistrado del tribunal agrario[2] el Lic. Benjamín Arellano Navarro le otorga posesión de un predio de 1,824 hectáreas, que era propiedad plena de El Bajío. Con el respaldo del magistrado, el Sr. Rafael Pavlovich presenta denuncias por despojo agravado contra compañeros del ejido y en 14 días ya tenía a todos encarcelados gracias al trabajo exprés de la fiscalía del estado. En Sonora Rafael Pavlovich es un conocido delincuente, pues su historial en la falsificación de títulos de tierra en Sonora es basto, además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Caborca (Caballero, 2018).
El compañero José de Jesús Robledo Cruz fue quien, durante su periodo como presidente del comisariado del ejido El Bajío, encabezó la defensa de sus tierras en contra del despojo minero y del despojo por desposesión. Esta condición rápidamente lo llevó a oponerse contra estos poderosos personajes que en este país son garantes de libertades para el asesinato y el despojo: Alberto Baillères, potentado empresario minero y Rafael Pavlovich Durazo, un delincuente protegido por su sobrina, la actual gobernadora del estado de Sonora.
La lucha sostenida y legal de El Bajío por la defensa de su territoriosupera los 18 años buscando justicia, misma que, como mencionábamos líneas arriba, en varios tribunales han logrado sentencias a favor del ejido, por ejemplo; a causa de varias resoluciones judiciales se obligó a que la minera Penmont suspendiera su actividad minera y a desalojar y devolver las tierras ejidales. Otro ejemplo sucede al Sr. Rafael Pavlovich Durazo, le obligan a devolver al ejido las 1,824 hectáreas que ocupaba de manera ilegal.
Denunciamos que el asesinato de nuestra compañera y compañero ocurre dentro del contexto de su exigencia para que se hagan cumplir las múltiples resoluciones judiciales que implican que la minera Penmont, propiedad de Alberto Baillères, debe pagar no sólo las rentas que los ejidatarios exigían por la ocupación ilegal de sus tierras, sino también la devolución del oro extraído, también ilegalmente, durante ese mismo tiempo, así como la restauración por el daño ambiental causado a las tierras del ejido, cuestiones que siguen pendientes de ejecución por parte de los órganos judiciales competentes.
Adicionalmente advertimos, por las imágenes a las que hemos tenido acceso, no tenemos duda que el asesinato de nuestra compañera y compañero fue realizado por el brazo armado ilegal que trabaja en contubernio tanto con la empresa de Alberto Baillères como con el Sr Pavlovich. Los cuerpos de nuestra compañera y compañero estaban cubiertos con una cartulina en la que aparecen, a modo de advertencia y amenaza, los nombres de 13 ejidatarias/os cuya vida evidentemente se encuentra en alto riesgo.
Los hechos son vergonzosos para un país que todas las mañanas pregona que la impunidad se terminó y que la corrupción es tema del pasado. La muerte de cada defensora/r del territorio es una herida que la clase política no podrá sanar, esconder o limpiar, salvo que los dichos, por la fuerza de nuestros pueblos, en algún momento se vuelvan hechos.
Exigimos de manera firme y contundente que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad histórica y proteja a sus ciudadanas/os, además de vigilar la actuación de la Fiscalía General del Estado de Sonora, la cual en complicidad se ha mantenido al margen de actos de violencia anteriores y, por lo tanto, la duda persiste en el sentido de que ahora lleve a cabo las investigaciones y acciones correspondientes para encontrar y presentar a los asesinos de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega ante un tribunal de justicia.
Demandamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, que implemente de manera urgente las acciones necesarias que garanticen tanto la protección de las y los 13 ejidatarios amenazados a los que hicimos referencia líneas arriba, así como al resto de las y los ejidatarios de El Bajío y sus familias.
REMA se suma a las condolencias y solidaridad de los familiares de José de Jesús Robledo Cruz yMaría de Jesús Gómez Vega.
CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE SU ESPOSA NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ
CADA DÍA LA IMPUNIDAD SE VUELVE UNA LOZA MUY PESADA PARA LA 4T
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
