Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la ruptura de una represa de una minera canadiense en Brasil nuevamente- A 23 de abril de 2021
En una humillante respuesta (para el pueblo de Maranhão, Brasil), de parte de la empresa Equinox Gold al Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/equinox-gold-response-4/, sobre el desastre ocasionado, entre el 23 y 25 de marzo del año en curso, a causa de la ruptura de su presa de desechos mineros; la minera relata de manera cínica que, “debido a las intensas lluvias se desbordó un pequeño estanque de agua dulce de nuestra propiedad conocido como Lagoa do Pirucáua, lo que contribuyó a la turbidez del agua e inundó temporalmente la carretera de la aldea de São José.”
De igual forma minimiza los daños y llama a los medios mentirosos y faltos de información, cuando afirma que, “el desbordamiento ha sido reportado incorrectamente por algunos medios de comunicación independientes como una falla de la «presa de jales». No hubo ningún fallo en la presa de residuos. Las fuertes lluvias y las consiguientes inundaciones regionales no afectaron a las estructuras operativas de la mina, incluidos nuestros pozos, la instalación de almacenamiento de residuos y las instalaciones de roca estéril, que siguen intactas y funcionando con normalidad. Tampoco se produjeron emisiones de «productos químicos tóxicos» en la mina, como se afirma en algunos artículos. Estos hechos han sido confirmados por los reguladores que visitaron el sitio de Aurizona para inspeccionar las instalaciones de jales y roca estéril y también fue publicado en el sitio web de la Agencia Nacional de Minería de Brasil.”
Equinox Gold, en su relato al centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos, al que hacemos referencia líneas arriba, afirma de manera engañosa y en consecuencia con dolo, que “el personal de la mina reaccionó rápidamente para apoyar a las comunidades vecinas, incluso transportando a la gente a través de las carreteras cuando se inundaron, ayudando a restablecer rápidamente el acceso a las carreteras, entregando agua limpia en camiones para complementar los suministros de agua de los hogares y entregando agua potable embotellada para complementar los suministros disponibles en la comunidad. También ofrecimos nuestra ayuda para mantener y mejorar la planta de tratamiento de agua de la comunidad, que estaba entregando agua filtrada en pocos días tras la instalación de nuevos filtros”.
Sorprende la rápida y colaborativa respuesta por parte de la empresa en una clara estrategia para tapar lo más rápidamente posible los daños que ocasionó y aparecer ahora de forma colaborativa apoyando a la población, cuando es su responsabilidad directa mantener sus instalaciones en constante supervisión para reducir los impactos al ambiente que de por si ocasiona la actividad minera. Nada puede cubrir los daños a la salud y al ambiente ocasionados por la minería, ni siquiera su estrategia mediática para subsanar los daños que este tipo de notas le puede ocasionar con sus inversionistas, a quienes sí busca cuidar de miles de formas y no así, ni a la población ni al ambiente en sus sitios de interés.
Que casualidad que ahora en esta nueva contingencia minera en Brasil, muestre todo tipo de colaboraciones para apoyar a la comunidad de Aurizona y ayudar a garantizar el acceso a una fuente estable de agua limpia filtrada, cuando tenemos testimonios de que esa misma empresa ni siquiera permite el libre transito de la población que habita en la cercanía.
En contracorriente a la respuesta de la empresa, las y los afectados junto al Movimiento de Afectados por Represas de Brasil (MAB), denuncian la contaminación al río Tromai; “en algunas casas ha llegado el agua, pero ha llegado con un olor fuerte, da picazón en la piel de la gente. El rompimiento de la presa acabó con la laguna Cachimbo y la laguna Juiz de Fora, que además de los reservorios de abastecimiento de agua de la comunidad, también era nuestro punto turístico. Lo único que teníamos en la región era agua en abundancia, y ahora hasta el agua nos ha quitado la empresa. Las notas (de la empresa) son mentirosas, no son justas, las reuniones con la empresa no resuelven” Comenta Jonais Pinheiro, afectado por el crimen de Equinox Gold.”
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) la respuesta que realiza la empresa minera Equinox Gold para los organismos internacionales como el Centro de información sobre Empresas y Derechos Humanos sólo refuerza y refrenda lo que acá en México también demuestra; el profundo racismo, discriminación y comportamiento que prevalece no sólo en esta empresa, sino en las empresas mineras del mundo entero. No tenemos duda que la empresa Equinox Gold es un buen ejemplo, pero de intolerancia para lo que ellos llaman sus grupos de interés comunitario, a quienes cada que encuentran ocasión desacreditan ante la opinión pública e incluso acusan ante diversas instancias gubernamentales para que les faciliten la emisión de juicios a favor de la empresa.
No hay forma de que tapen las afectaciones que provocan, porque la ambición minera tal cual lo muestra la empresa canadiense Equinox Gold, no tiene límites para atentar contra la vida.
¡JUSTICIA PARA MARANHAO!
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de habitantes de las colonias del Sur de San Cristóbal de Las Casas en la Peregrinación en Defensa del Agua, los Humedales, la Madre Tierra y la Vida en los humedales de montaña compartido por SERAPAZ– A 2 de marzo del 2021
A las compañeras, compañeros que acompañan la lucha por la vida, el agua, los territorios, los humedales de montaña.
Con esperanza y alegría nos dirigimos a ustedes para poder agradecerles su asistencia y acompañamiento a esta peregrinación y celebración, ya que es muy significativa para la colonia y comunidad cinco de marzo.
La memoria viva y colectiva de estas tierras que ahora tocan, son tierras recuperadas de 1994 por la lucha de nuestros hermanos y hermanas zapatistas, que sembraron su vida en estos suelos. Aquí buscamos hogar personas pertenecientes a pueblos de raíz Maya Tsotsiles, Tseltales, Cho’les, y castilla; hemos convivido con nuestra sagrada ciénega hogar de diversas plantas, arboles y animales. queremos decirles que sigue vive la luz de la resistencia, para el cuidado de la vida, de la madre tierra.
La declaratoria de lugar sagrado de la ciénega 5 de marzo, es un acto para decir que ahí donde los intereses extractivistas ven dinero y destrucción, nosotras vemos vida en abundancia. Con esta declaratoria de lugar sagrado sabemos que este lugar pasa a ser tierra y agua para todas y todos. El agua no solo es para unos cuantos, el agua es para todos y todas debemos defenderla y cuidarla, ser guardianes y guardianas del agua y de la madre tierra.
Sabemos que esta lucha por la vida, los territorios, el agua, los humedales de montaña, es una lucha hermana de otras luchas, como la de nuestras compañeras y compañeros de Las Abejas de Acteal, Gobierno Comunitario de Chilón, Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, Chinamperos de Xochimilco y San Gregorio Tlapulco.
Seguiremos tejiendo redes organizativas con las comunidades y ciudad para proteger nuestros espacios comunes de vida.
Agradecemos a los pueblos que hoy nos acompañan y nos abrazan en estos momentos de alegría, les damos las gracias por hacer lo posible y tener acto de presencia aquí en nuestra colonia y comunidad cinco de marzo. También agradecemos a los compañeros que no pudieron asistir, pero que a distancia nos apoyan y nos acompañan en esta lucha que es de todos.
A nombre de las colonias del norte y de los barrios al consejo general de la zona sur y norte, de las organizaciones, colectivas, de los académicos, de los defensores de derechos humanos, de los pueblos originarios, de la colonia y comunidad cinco de marzo a nombre de todos, gracias.
¡La Madre Tierra no se vende, se ama y se defiende! ¡El agua no se vende, se cuida y se defiende! ¡Ciénegas para vivir, no para destruir!
SERAPAZ- Peregrinación en Defensa del Agua, los Humedales, la Madre Tierra y la Vida en los humedales de montaña – 2 de mayo 2021
En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.
“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.
Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.
De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.
Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.
Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.
El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.
Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.
Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.
Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.
Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.
Militarización en Chiapas, imparable
Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.
Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.
Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.
Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.
Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.
En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.
La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.
Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.
“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. https://archive.org/embed/pascuala-militarizacion
El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.
En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.
“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh. https://www.youtube.com/embed/zBecjsxw3bQ?feature=oembed
Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.
Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.
“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.
Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.
Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.
Sin acceso a la justicia
Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.
“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.
Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.
“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.
“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.
“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.
No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de monocultivo que se pretende instalar en el sureste mexicano – A 5 de abril del 2021
Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.
Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.
Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.
Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).
En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.
“Se ha detectado que, en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal”, relató para medios locales Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo.
Aunado a la deforestación, el programa también es señalado por implementar la siembra de especies no nativas en Chiapas y Tabasco, e incluso “algunos participantes dicen que les obligaron a talar los nuevos árboles nativos y replantar las especies no nativas que habían muerto por falta de agua o demasiado sol”, detalla el reportaje ¿Deforestar en vez de reforestar? Esto es lo que ocurre con Sembrando Vida.
Corrupción
Sembrando Vidarealiza pagos de 4 mil 500 pesos al mes a cerca de 420 mil agricultores. Opera en 20 estados y registra históricos presupuestos para el campo mexicano con 15 mil millones de pesos en 2019 y 27 mil millones en 2020.
De acuerdo al plan federal, el programa además de cuidar al ambiente, busca combatir la pobreza y corrupción con la eliminación de intermediarios en la entrega del dinero. No obstante, existen indicios de que la poca o nula supervisión a los denominados técnicos productivos y sociales constituye un escenario propicio a malas prácticas.
“Permanecen ciertas malas prácticas por parte de algunos (técnicos) que abusan de su poder y del desconocimiento de los beneficiarios sobre las reglas de operación del programa; al igual, hay campesinos que buscan integrarse al programa Sembrando vida sin contar con los requisitos, a cambio de entregar moches; simulación de pertenencia de tierras; y, sobre todo, un clientelismo político disfrazado”.
“Tenemos testimonios puntuales en Veracruz, Chiapas y Campeche de terratenientes que acumulan y simulan pequeñas propiedades, a base de poner como beneficiarios a la esposa, al hijo del primo, y así. Hemos tenido testimonios de gente con diferentes apellidos y se trata de una misma persona, porque además el programa tiene la posibilidad de inscribir predios que están arrendados”, detalla la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).
Entre los problemas identificados desde el inicio del programa se encuentra la deficiencia en el suministro de las plantas, tanto en la construcción y equipamiento de los viveros comunitarios, pero sobre todo de parte de los viveros forestales militares.
En México existen 12 viveros, distribuidos en siete estados, operados por el ejército, los cuales en el papel representarían la principal fuente de plantas para Sembrando Vida. No obstante, de acuerdo con una revisión en el portal Compranet realizada por Ethos, debido a que no se ha podido cumplir con la cantidad necesaria para cumplir con sus objetivos, se autorizó la adjudicación directa de 77 proveedores para proveer 28 especies y diversas variedades de plantas.
La deficiencia en el suministro de plantas también facilita abusos por parte de los técnicos. Un testimonio recogido en el reporte de Ethos detalla que en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, los participantes del programa no han recibido plantas ni tampoco el dinero para adquirir los insumos para la construcción del vivero comunitario.
Por ese motivo, el testimonio “denuncia que una técnica productiva les exigió 50 mil pesos a su madre, quién es la beneficiaria, y a los otros compañeros del CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino compuesta de técnicos, campesinos y becarios) para adquirir árboles frutales, que ella misma compraría y les llevaría, para que comenzaran a sembrar”.
Con esta deficiencia, Sembrando Vida se encuentra lejos de su meta. Solo en 2019, primer año de su implementación, pese a que el objetivo era la siembra de más de 500 millones de árboles, sólo se plantaron 80 millones. Para finales de este 2021, y con un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos, el programa pretende cultivar más de mil millones de plantas.
Cabe recordar que el pasado febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reiteró que el programa presenta deficiencias tanto en su diseño como en la implementación. Entre las fallas encontradas por la ASF se señala que no se identificó a la población objetivo y que el padrón de beneficiarios presenta deficiencias en su integración y actualización, además de que no se generó información ni se elaboraron parámetros para evaluar el programa.
En nuestra emisión mensual de mayo del El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando con Valente y Andrea sobre Lekarbon, una alternativa para los residuos orgánicos en San Cristóbal que no solo traerá beneficios ambientales sino también sociales, acompáñanos este martes 4 de abril a las 6 pm.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Koniki este martes 4 de mayo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Radio Ambulante es un podcast de Radio Ambulante Estudios, se produce y se mezcla en el programa Hindenburg PRO. Radio Ambulante cuenta las historias de América Latina.
Créditos
PRODUCCIÓN : Victoria Estrada, David Trujillo y Chiara Eisner
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el 11no aniversario del asesinato de nuestra hermana Bety Cariño y Jyri Jaakola- A 27 de abril de 2021
BETY CARIÑO Once años han pasado desde que grupos armados de paramilitares les arrebataron la vida a Jyri Jaakkola y a ti, en un intento por callar tu voz, voz siempre solidaria, voz que puso en relieve a un sistema injusto que golpea, persigue, criminaliza y trata de desaparecer pueblos en resistencia. Voz que hasta hoy retumba fuerte y clara en cada una de nuestras luchas en la REMA, que hacemos hoy un homenaje en tu nombre, BETY CARIÑO.
Nos arrebataron tu presencia por que la caravana en la que ibas trataron de abrir el cerco que tenía aprisionada a la comunidad de San Juan Copala, que venía dando lecciones de dignidad en la defensa de su autonomía, y hasta la fecha lo hace.
Sabías que tejiendo redes, entrelazando solidaridad, trenzando las voces de mujeres y hombres era indispensable para dar fuerza a la resistencia en ese y otros territorios donde impera la impunidad, las amenazas, los ataques físicos, el hostigamiento y la muerte. Sabías que siendo pilar de apoyo de muchos pueblos era un principio que llevaría poco a poco al sendero de la soberanía, la salud y la felicidad colectiva.
Sabías claramente que la defensa del territorio es el camino, que no hay más a donde ir, que la consigna es “luchar o desaparecer frente a la avaricia, el poder y la mercantilización de la vida”.
Tu asesinato no solo evidencia la cobardía, sino los contubernios, las alianzas de grupos de poder, la podredumbre de quienes están protegiendo el saqueo y la mercantilización de los bienes comunes.
Hoy exigimos justicia porque nos arrebataron tu presencia siempre cálida, siempre alegre, nos arrebataron a la compañera, a la hermana, a la amiga entrañable, a la madre, a la esposa, a la mujer que fortaleció a tantas otras mujeres.
Hoy exigimos justicia porque también nos arrebatan la justicia, porque los asesinos materiales e intelectuales siguen libres, porque la impunidad no debe seguir privando en este país.
Hoy exigimos justicia porque no dejamos de extrañarte, porque nos sigues doliendo. Hoy exigimos justicia en tu nombre y en el nuestro.
¡JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA!
¡BASTA DE IMPUNIDAD, CASTIGO A LOS RESPONSABLES!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota de Desinformémonos sobre la lucha por la autogestión de los territorio en Puebla y por la defensa del agua – A 21 de abril del 2021
Ciudad de México | Desinformémonos. Pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes, quienes desde el pasado 22 de marzo mantienen un plantón afuera de la planta de Bonafont ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla en Puebla, denunciaron amenazas por parte de autoridades locales y empresarios, además, este miércoles, decretaron el cierre definitivo de la empresa.
En conferencia de prensa desde “la casa de los pueblos”, como han nombrado a las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), tomadas por integrantes de la comunidad otomí desde hace seis meses en la Ciudad de México, los pueblos unidos denunciaron las afectaciones directas que la empresa provocó mediante el saqueo de los mantos acuíferos de la región, lo que, explican, dificultó la realización de sus actividades agrícolas y fuentes de autoempleo.
Aseguraron que desde la toma de la planta de Bonafont, empresarios y autoridades han intimidado y amenazado a quienes protestan y denunciaron que la empresa los acusó de robo de vehículos. Además, se pronunciaron contra “la estrategia de persecución e intimidación” por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien los amenazó con detenerlos si no se retiraban del plantón.
“Hacemos responsables a los empresarios y gobiernos si a algún compañero o compañera le llega a pasar algo, sabemos que defender el agua, la tierra y la vida no es un delito”, condenaron los defensores y aseguraron que no aceptarán consultas “amañadas para beneficio del gobierno y de empresas transnacionales”.
En conferencia, los defensores también se pronunciaron contra el robo de agua en Santiago Mexquititlán, comunidad otomí en Querétaro y parte del Congreso Nacional Indígena. Integrantes de la comunidad denunciaron que desde hace meses no tienen agua. “Estamos en defensa de la vida, como pueblos sabemos que el agua es sagrada porque la utilizamos para la agricultura y para todo ser vivo”, explicaron que no permitirán ningún megaproyecto en sus territorios.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha antiminera en Argentina – A 19 de abril de 2021
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos totalmente con el pueblo Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina, quienes están librando una dura lucha por la defensa del agua, a causa de la instalación del ilegal proyecto minero “Agua Rica Alumbrera” en la zona del Nevado de Aconquija. El pueblo Andalgalá ha realizado diversas manifestaciones pacíficas, mientras el gobierno provincial de Catamarca, en contubernio con las mineras Yamana Gold, Glencore Xstrata y Newmont; ha desplegado todo su aparato represor policial y militar sitiando a la población.
Estas empresas mineras que pretenden extraer cobre, oro, plata y molibdeno, han violado la Ley de Protección de los Glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ordenanza Municipal 29/16, que prohíbe toda actividad minera metálica a cielo abierto; no ha respetado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce el derecho de todas y todos los habitantes de la región a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
La Asamblea el Algarrobo y la Asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), entre muchas otras organizaciones, todas integradas por vecinas/os de Andalgalá denunciaron públicamente el brutal despliegue policial y del ejército por parte del gobierno de Catamarca que han allanado casas, perseguido, hostigado y amenazado a las y los defensores del territorio. En estas redadas 11 defensoras/es fueron detenidos.
Con estas acciones el Gobierno de Argentina y el Gobierno de Catamarca, criminalizan y judicializan las legítimas protestas, poniéndose al servicio de los corporativos, que con sangre se van imponiendo en los territorios que despojan; violando los derechos de las comunidades que libremente han decidido rechazar los megaproyectos mineros.
Como REMA condenamos la brutal violencia contra el pueblo Andalgalá, exigimos al gobernador Raúl Jalil la inmediata liberación, sin cargos, de las y los detenidos, así como la desmilitarización del pueblo Andalgalá. Finalmente exigimos total respeto a la libre determinación del pueblo Andalgalá que ya dijo NO A LA MINERÍA en su territorio.
¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS DE MUERTE! ¡ANDALGALÁ LIBRE DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Imagen: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
San Cristóbal de Las Casas tiene uno de los ecosistemas más raros en el mundo los humedales de montaña, los cuales sirven para captar, filtrar, almacenar y proveer agua. De ahí su enorme importancia para el ser humano y el medio ambiente. Según el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) el Valle de Jovel cuenta con 10 humedales: Almolonga, La Hormiga, Peje de Oro, Maria Auxiliadora, San Juan de los Lagos y María Eugenia, Real del Monte, El Campanario, Pedregal, Navajuelos y La Kisst. De los cuales solo 2 están catalogados como sitio Ramsar: Humedales de Montaña María Eugenia 85.950 hectáreas y Los humedales de Kisst con 35.670 hectáreas, este último provee provee el 70% del agua potable que se distribuye a los habitantes de la ciudad de San Cristóbal de las Casas.
Les compartimos este video sobre los Humedales en San Cristóbal y algunas de las acciones que se realizan en su defensa, así como testimonios de jóvenes que colaboran en estas acciones.
Un sitio Ramsar es un humedal designado como de importancia internacional bajo la Convención de Ramsar. La Convención sobre Humedales, conocida como la Convención de Ramsar, es un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la UNESCO, que entró en vigor en 1975.
Humedales de Montaña María Eugenia tiene un papel importante en la prevención y control de inundaciones. Como humedal urbano, es importante para la recarga de acuíferos para abastecer de agua a San Cristóbal de las Casas.
El sitio alberga grandes poblaciones de peces, aves y anfibios, de los cuales 5 han sido identificados como endémicos: Profundulus hildebrandi mejor conocido como Popoyote en peligro crítico, Ergaticus versicolor, también peligro de extinción, Plectrohyla pycnochila, Abronia lythrochila y Carduelis atriceps .Así como la ranita arborícola (Plectrohyla pycnochila) y la rana ladrona (Eleutherodactylus glaucus), que son endémicas del área, y el topo de San Cristóbal (Sorex stizodon) sujeto a protección especial.
El sitio también es un importante lugar de descanso para las aves migratorias como entre las que destaca la cerceta ala azul (Anas discors) y la garza grande (Ardea alba) y un refugio para las especies locales por ejemplo, Micropterus salmoides, Lithobates brownorum y Tamnophis proximus a la garza azul (Egretta caerulea), el ralo de virginia (Rallus limicola), la gallineta común (Gallinula chloropus) y el sargento (Agelaius phoeniceus).
A pesar de su gran importación ecológica los humedales de montaña en San Cristóbal se ven fuertemente amenazados. Entre los factores se encuentran el constante aumento de la población, la expansión desorganizada de la vivienda, las invasiones, el cambio irregular de uso de suelo, el rellenado, la introducción de especies, entre otros. Lo que han provocado que el área disminuya de tamaño y la deforestación. En el marco de día mundial por el agua Diferentes colectivos y organizaciones en la ciudad promovieron acciones en pro de los humedales. Dentro de ellas la construcción de un dique para evitar la desecación de los mismos y la limpieza del área.
¿De quién es la responsabilidad de proteger y cuidar los humedales? ¿De las instituciones de gobiernos? ¿De la presidencia municipal? ¿De las y los habitantes de la ciudad? ¿O de todas y todos?
Imagen: Humedales de La Kisst – Área de comunicación de Otros Mundos
Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre la situación grabe de las defensoras y los defensores de derechos humanos en México – A 15 de abril de 2021
Ciudad de México | Desinformémonos. Durante 2019 y 2020 fueron asesinadas 45 personas defensoras, expone el informe “Semillas de Dignidad y Lucha” de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT). El informe busca nombrar a las personas que fueron “arrebatadas injustamente” a manera de “honrar su lucha”, pues en este país “no hay garantías para el ejercicio de la defensa de derechos humanos”, explica la organización.
En el informe, la Red señala la criminalización y estigmatización por parte del Estado mexicano hacia personas defensoras, que se enfrentan a “intimidación, amenazas y acoso” al realizar su trabajo. Además, considera, existe un “amplio desconocimiento y descrédito” de las luchas de pueblos y comunidades por parte del actual gobierno.
En los últimos dos años, los movimientos feministas crecieron y se posicionaron contra la violencia en América Latina y el Caribe, ante esto, la respuesta de los gobiernos fue reprimir y criminalizar. A esto se suman los retos para la organización en medio de la pandemia, pero ésta “no ha conseguido frenar la lucha de las mujeres”, destaca el documento.
El informe apunta que seis personas de la diversidad sexual, quienes realizaban acciones a favor de los derechos humanos, fueron asesinadas en 2020. Ante ello la Red explica que la invisibilización y vulnerabilidad de las poblaciones LGBTTIQ+ causan la “falta de reconocimiento” a su labor como personas defensoras.
Durante el actual gobierno, las comunidades que protestan contra la imposición de megaproyectos han sido “ignoradas y criminalizadas”, advierte el informe. Además, señala que los patrones de violaciones de derechos y omisiones por parte del Estado se reflejan en el caso particular del Proyecto Integral Morelos, con el asesinato del defensor nahua Samir Flores.
Un caso que para la Red es especialmente grave es el de la defensora Kenia Hernández, abogada indígena actualmente presa en un penal de máxima seguridad, a quien las autoridades abrieron un proceso judicial con “pruebas falsas”. El informe asegura que el sistema de justicia penal se ha utilizado para “criminalizar la protesta y a las personas defensoras”, además de que existe un “abuso de la figura de prisión preventiva oficiosa”.
Con este documento la Red TDT busca visibilizar a aquellas personas que ahora “son semillas de cambio”, pues, asegura, “la memoria es una forma de andar, luchar y cuidar”.
