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Ante la violencia producida por armas de fuego, organizaciones y academia lanzan campaña: #PazSinArmas

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Compartimos este comunicado de diversas organizaciones, colectivos y movimientos en México- A 12 de octubre del 2021

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021. La campaña #PazSinArmas es producto de la suma de esfuerzos de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otros actores sociales, que buscamos mitigar los efectos negativos que ha producido la creciente violencia armada en el país. Nos hemos unido para exigir que existan controles efectivos de armas, que eviten su entrada ilegal, principalmente de Estados Unidos a México; además, que se refuercen los mecanismos de auditoría para conocer el uso y destino de las armas adquiridas de forma legal entre
las instituciones de seguridad. A la par que se garanticen los controles de confianza y seguimiento efectivo de los elementos que las portan. Asimismo, abogamos por que los controles incluyan la investigación y sanción ejemplar a unidades específicas o elementos con historiales impunes de violaciones graves de derechos humanos o colusión con el crimen organizado.

La violencia armada se ha incrementado drásticamente en México durante los últimos años, afectando a toda la población. Si bien este tipo de violencia responde a múltiples factores, la cercanía con los Estados Unidos siendo el mayor productor y consumidor de armas de fuego del mundo, así como la decisión de militarizar la seguridad pública, adicionada con la opacidad con la que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) actúa en cuanto a su papel en el manejo, distribución y control de armas de fuego, juegan una papel fundamental en el actual contexto de violencia.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EUA, casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México —entre 70% y 90% de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos. En este sentido, es importante resaltar que la búsqueda de paz demanda reforzar el control de armas de fuego entre ambos países: tanto de aquellas armas traficadas ilegalmente al país y que se ven involucradas en un gran número de eventos catastróficos perpetrados con armas de fuego utilizadas por miembros del crimen organizado y por parte de personas civiles que no forman parte de organizaciones criminales. Así como de aquellas que entran legalmente y terminan en manos de autoridades que hacen mal uso de estas, perpetrando graves violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con la información obtenida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Stop US Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos, la SEDENA se declaró como el usuario final en más de 147 mil armas de fuego importadas de Estados Unidos entre 2008 y 2019, cuando estas en realidad estaban destinadas para uso policial. Dejando así una brecha en la información respecto del usuario final de esas armas y su utilidad. Aunado a ello se debe considerar la adquisición de armas por particulares, que carecen de registro y que ya han sido documentadas en otros estudios.

Del mismo modo resulta nos es pertinente resaltar el impacto diferenciado de las armas de fuego en las dinámicas de violencia. Las organizaciones Intersecta y Data Cívica han identificado que, desde el año 2007, los homicidios de mujeres con armas de fuego han incrementado, así como su ocurrencia en la vía pública.

Ante este contexto, las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado urgente a la construcción de la #PazSinArmas. El uso de armas de fuego sin controles facilita la ocurrencia de violaciones de derechos humanos, actos de tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas, lesiones en personas, robos, extorsiones y violencia de género; además de forzar a poblaciones enteras a desplazarse o migrar para huir de la violencia.

Por ello, exhortamos a las autoridades a:

  • Iniciar las investigaciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de las y los servidores públicos implicados en actos contrarios a derecho, particularmente aquellos que tienen relación con el uso de las armas de fuego.
  • Establecer un sistema de seguimiento adecuado para las importaciones legales de armas a México, el cual incluya información que transparente los registros, controles y rastreo de los usos finales de las armas, incluyendo todas las unidades de posibles usuarios finales, no solo las unidades centrales de distribución.
  • Garantizar el diálogo permanente entre representantes de sociedad civil, la SEDENA, SEMAR, Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otras dependencias federales y locales sobre el flujo y control de armas. En este sentido, se exhorta a las autoridades a comprometerse, participar y dar seguimiento puntual a los espacios de diálogo y trabajo con la sociedad civil.
  • Diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas y el marco normativo para el control de armas y municiones conforme a la evidencia y con participación de la sociedad civil; sustentados en metodologías para recabar y sistematizar información con indicadores interseccionales de un amplio espectro de la violencia armada, con el fin de identificar el impacto específico en diferentes poblaciones y diseñar mejores políticas de prevención y de atención a víctimas.
  • Actualizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente desde hace casi 50 años (1972), así como sus normas secundarias. En esta reforma el Legislativo deberá incluir, entre otras cosas, la transparencia en la información sobre armas y municiones. El gobierno debe socializar la propuesta de la nueva Ley de Armas y Municiones y normas reglamentarias a la ciudadanía, para garantizar que la sociedad civil tenga plena incidencia en la formulación y revisión de dicha normatividad.
  • Garantizar que la SEDENA identifique y declare los usuarios finales verdaderos a las empresas exportadoras y a las autoridades de sus países respectivos, en los certificados emitidos antes de expedir una licencia y el envío de las armas.
  • Formular medidas que tengan mayor efectividad en la búsqueda y recuperación de armas que han ingresado de manera ilegal al país, así como el establecimiento de mayores controles en materia, haciendo énfasis particular, en la frontera norte.
  • Las dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, deberían recopilar informacion tanto de victimas como de perpetradores, asi como difundir proactivamente datos de impactos de armas de fuego, desagregados por categorías sospechosas e interseccionalidad; por ejemplo y no limitado a sexo, identidad de género, edad, etnia, orientación sexual, estatus migratorio y discapacidad.

Es innegable que parte de las armas adquiridas que han sido adquiridas por el estado mexicano, en conjunto con las que tienen actores criminales están cobrando vidas, en un contexto en el que parece ser que el único marco de regulación existente es la violencia armada.

La situación requiere la participación inmediata de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. que exista una política centrada en la reparación y asistencia a las víctimas y familias afectadas. En este sentido, recordamos al Estado mexicano que tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar los actos que pongan en riesgo la vida, salud (física y mental), integridad, seguridad y libertad de las personas, así como ofrecer elementos suficientes que permitan la construcción de la #PazSinArmas y garantizar los derechos de las víctimas.

Contacto de prensa: Eva Avilés Gómez (Comunicación, Prensa & Medios Sociales, CMDPDH)
comunicacion1@cmdpdh.org

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La reforma energética de la 4T perpetúa el modelo extractivo

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 13 de octubre del 2021

El 1º de octubre del 2021 el Ejecutivo Federal presentó, ante la Cámara de Diputados, una Iniciativa de Reforma Constitucional a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Esta iniciativa de reforma del sector energético contempla, entre otras cosas, “integrar al litio, y los demás minerales estratégicos, como área estratégica del estado… además, como una condición necesaria para que la Transición Energética fortalezca la soberanía de la Nación, se incluye a las industrias que forman parte de esta como área prioritaria, a condición de que se trate de empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales”.

La propuesta pretende la creación de una figura controlada por el Estado mexicano para la extracción del litio, en consecuencia, inhibe la entrega de nuevas concesiones para explorar y explotar el litio a las mineras privadas que las soliciten, aunque también precisa que se respetarán las concesiones otorgadas previamente.

Hasta la fecha en México existen 31 concesiones de litio vigentes por una superficie total de 94 mil ha. que están en manos de empresas privadas y de las cuales algunos proyectos ya se encuentran en fases iniciales y avanzadas. El de mayor relevancia y avance es el de Sonora Lithium, impulsado inicialmente por la empresa británica Bacanora Minerals Ltd., la cual acaba de ser adquirida al 100% por la empresa china Ganfeng, quien ya controla actualmente la mitad de la producción de litio a nivel mundial. Vienen luego las concesiones vigentes de la empresa Organimax Nutient Corp, que cedió luego sus derechos de concesión a la empresa canadiense Advance Gold para proyectos de litio en una decena de salares entre San Luis Potosí y Zacatecas.

Existen otras 14 concesiones vigentes para litio relacionadas con empresas como Radius Gold Inc. (proyecto La unión 1 y 2 en Chihuahua), Pan American lithium Corp. En Mexicali, Zenith Minerals Ltd en San Luis Potosí e Infinite Lithium Corp. en Sonora, pero esas empresas y proyectos no tienen por ahora ningún avance. También existen otras 17 concesiones para litio que se encuentran en fase de trámite por una superficie total de 527 mil ha. Si consideramos lo que se plantea en la iniciativa de ley, significa que el 84% de la superficie de concesiones asociadas con la extracción del litio actualmente están en proceso y es previsible pensar que serán las concesiones que no formarán parte de la propuesta de reforma energética. En otras palabras, las áreas de litio que le quedarían al estado, serían de acuerdo a la información disponible, áreas marginales en comparación con las que ya han sido entregadas.

El presidente López Obrador ha justificado esta propuesta utilizando el mismo discurso nacionalista y populista de siempre, como algo que permitirá “dejarles a todos los mexicanos recursos para el desarrollo” aclarando que “Tomamos la decisión de remontar esta situación para fortalecer la economía popular” o que “sin ese mineral en manos de la nación, no podríamos desarrollarnos, y cierra afirmando que; “esto tiene que ver con las nuevas generaciones».

Al respecto poco nos dice o explica sobre cómo resolverá que, en este posible retorno a la rectoría del estado en el bien natural llamado litio, se manifieste la ineficiencia del estado tal cual sucedió con todas las paraestatales que formó el nacionalismo del PRI y luego desapareció el neoliberalismo del PRI. Esa ineficiencia trastoca cargos mayores como la nula credibilidad de un otrora traidor a la patria, pero ahora justiciero social llamado Manuel Bartlett.

Las declaraciones que alientan la arenga política para ganar espacios de opinión antes de que se discuta, modifique y apruebe la iniciativa de ley, son declaraciones que nuevamente nos muestran las contradicciones, ignorancia y visión errónea y patriarcal que tienen el presidente para el “desarrollo” de las y los mexicanos. Parte de sus muchos errores es que se le olvida ser un representante y no una autoridad del pueblo de México, por lo tanto, hablar y pensar a nombre de los pueblos, y poner como punto de fuerza lo que, según él es bueno para que “se desarrollen”, usando como palanca el apostar a la promoción de las actividades extractivistas y a la implementación de megaproyectos como propuestas de desarrollo. Muestras de ello están plenamente documentadas en otras expresiones similares como es el caso del desarrollo pensado desde él para los pueblos del sureste que tendrán que lidiar con el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

A REMA nos preocupa que estás iniciativas sean acéfalas y tomen distancia de quienes conocen cómo ha operado el modelo extractivo minero en este país, o a lo largo del continente y del mundo, porque de facto volvemos a caer en la retórica de cuando el estado era el rector de la economía, pero por sus ineficiencias nos dijeron debíamos entregárselas a los privados y ahora que se les ubica como verdaderos insaciables y saqueadores de la vida, debemos retornar a la protección del estado. Las dos visiones se pelean entre la eficiencia y la ineficiencia, entre el despojo y la repartición de las ganancias, pero ambas en esencia harán lo mismo; le darán continuidad al modelo extractivo depredador que está deteriorando el planeta.

Hablar de fortalecer la “economía popular” apostándole a actividades extractivas también es contradicción absurda, ya que justamente dicho modelo extractivo es uno de los principales factores que destruye e impide el mantenimiento de las actividades económicas populares, rompiendo por completos con los modos de vida tradicionales y los procesos de soberanía alimentaria de los pueblos.

También lo es apostar a este modelo extractivo a nombre de “las nuevas generaciones”, porque en realidad si no paramos el modelo extractivo el presente y futuro de las nuevas generaciones será la continuidad de ser explotadas, despojadas, de enfermarse y/o de huir lejos de los territorios donde han vivido sus generaciones anteriores, rompiendo por completo con sus modos de vida, sus identidades y sus lazos familiares para establecer, tal cual la colonia, una nueva construcción de identidades articuladas al capitalismo y el consumo sustentado en un modelo económico que nadie quiere mover un centímetro, a pesar de ser la casual de lo que hoy enfrentamos de forma masiva.

Reiteramos que tratar de romper con el acaparamiento y la explotación de bienes naturales y estratégicos por parte de empresas privadas es algo necesario e importante. Sin embargo, el hecho de que una mina sea explotada por “empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales” no cambia nada en absoluto en términos de los procesos de despojo y los impactos que generan dichos proyectos en los territorios. La larga y turbia historia de PEMEX para la explotación de hidrocarburos, o de la CFE para la implementación de grandes hidroeléctricas o centrales térmicas, como es actualmente el caso con el Proyecto Integral Morelos (PIM), por citar uno dentro de tantos, nos muestran que el patrón de actuación de las empresas privadas o de las paraestatales, inician a partir de la imposición de proyectos, de promover el despojo y de generar la división social usando como herramienta básica la criminalización de quienes se oponen o nos oponemos a este tipo de “desarrollo”. Si el modelo extractivo se perpetua de verdad no importa si privados o el estado o hasta cooperativas comunitarias son quienes sacan los minerales, como tampoco importa si hablamos de minerales tradicionales o los nuevos minerales del futuro como el litio. Todo es una farsa nacionalista, política, económica y ambiental.

Cabe destacar también que el objetivo de reemplazo progresivo del parque vehicular tradicional por coches eléctricos, que justifican ahora esos proyectos de “minería verde” en el contexto de transición energética, implica mucho más minerales que solamente el uso del litio. El litio representa una parte mínima de los minerales necesarios para construir un coche eléctrico (6% del volumen de minerales estimado para los coches eléctricos), lo que implica el uso de cantidades gigantescas de cobre (26% de la demanda total), grafito (33%) o níquel (25%), entre muchos otros metales menos abundantes en el planeta. En promedio se estima que un coche eléctrico requiere seis veces más minerales que los coches convencionales, con lo cual podemos darnos una idea del fomento tan drástico que tendremos del extractivismo minero bajo la falsa premisa de “salvar el planeta” a través de la transición energética. A eso hay que agregarle cantidades aún más abrumantes de cobre y aluminio que son necesarias para construir las nuevas redes eléctricas para los puntos de carga de dichos coches y conectar las nuevas centrales renovables previstas con las zonas de consumo.

En el caso del cobre, la Energy Information Administration (EIA) estima en casi 19 millones de toneladas la cantidad de cobre que será necesaria de aquí al 2040 a nivel mundial para satisfacer la demanda de las redes eléctricas (representa 10 veces la cantidad de cobre necesaria estimada para construir los coches eléctricos). Pero al parecer ello no debería preocuparnos como mexicanos ya que, para entregar el bien natural cobre al mercado, contamos con la limpia, maravillosa, ambientalmente justa y responsable empresa conocida como Grupo México, esa que podemos presumir en el mundo como una buena “empresa de capital nacional”, que nos ayudará a resolver el tan ansiado “desarrollo de los pueblos”, la “economía popular” y “el futuro de las nuevas generaciones”. Da vergüenza el bajísimo nivel de análisis político, técnico, tecnológico, ambiental y social que se plantea tanto por los acompañantes de la iniciativa, incluyendo a su gestor, como por los detractores de la misma que apuntan a sostener la continuidad de sus negocios.

Por otra parte, si agregamos otro componente de análisis, pretender que esta reforma energética garantiza la soberanía energética y económica de México o que “la regulación del litio hará crecer la economía mexicana pues le brindará oportunidad a la industria automotriz para exportar bienes manufacturados por medio del T-MEC” es otra cosa absurda. Casi el 80% de la electricidad que se genera en México se produce consumiendo hidrocarburos que provienen en buena medida del gas extraído mediante la técnica de fracking en los EEUU y que México debe importarlo como fuente energética para cubrir sus procesos industriales y domésticos.

Tampoco es cierto que, si la CFE sea la encargada de la operación y generación de la electricidad a nivel nacional implica que seremos soberanos ya que seguimos y seguiremos dependiendo de las importaciones que requerimos desde los EEUU, lo cual está sujeto a las condiciones existentes en el tratado de libre comercio firmado con el gobierno estadounidense y en el cual ya participó esta presidencia de México. Importamos gas para generar electricidad, que termina en gran medida consumiendo la industria (60% del consumo eléctrico nacional) dentro de las cuales destacan las empresas mineras (la actividad minera consume lo mismo que un tercio de la población mexicana) y el sector maquilador, que se han instalado aquí por la mano de obra barata y las pocas restricciones ambientales. Dichas industrias, como lo es por ejemplo la industria maquiladora del sector automotriz, no aportan “desarrollo” o trabajo digno y emancipador a la población mexicana, sino todo lo contrario: busca explotar y despojar cuerpos, recursos y territorios. Tampoco hacen crecer la economía mexicana, producen bienes que no benefician al desarrollo del país, y apuntalan los bienes de consumo que se exportan a otros países, principalmente hacia EEUU. La dependencia de México y su subordinación a los EEUU y otros mercados del norte global es un tema complejo y entramado por medio de múltiples acuerdos de libre comercio, que no se solucionan con esta propuesta de reforma energética. Eso lo sabe el gobierno de México, pero esconde la información para meterla al análisis de la transición energética y en consecuencia nos miente.

Abiertamente manifestamos que, el hecho de ser críticos y mostrar de manera breve las contradicciones de la iniciativa de ley del actual gobierno, no nos vuelve para nada afines con los discursos neoliberales de las saqueadoras empresas energéticas privadas, así como tampoco nos mete en la lista de sus aliados ambientalistas encabezados por grandes Ongs que andan muy activas refrendado un discursos de la transición, sin nada de elementos que garanticen sus afirmaciones sobre la apuesta las energías renovables, con el argumento de la emergencia climática. Esta emergencia es real, pero desde nuestro posicionamiento, el desarrollo de esos megaproyectos “renovables” es parte del mismo modelo que criticamos y combatimos. Los intereses de las empresas que los promueven son los mismos que los de las empresas mineras que promueven proyectos de “minería verde”: aumentar y diversificar sus ganancias usando la estrategia emocional de la “emergencia” (climática, sanitaria y económica) para imponer sus proyectos, es manipulación. Este patrón de imposición, los impactos que generan en los territorios, y los sectores que abastecen, nos muestran claramente que dichos proyectos eólicos, solares, hidroeléctricos o mineros no tienen nada de “limpio”, “verde “sustentable” o de “utilidad púbica” ni de desarrollo nacional ni futurista para las nuevas generaciones. La Transición Energética Corporativa es una transición de mercado que permite a los actores responsables, en grandes medidas, de la crisis ambiental actual, de mantenerse a flote y de posicionarse cínicamente ahora como los “salvadores del planeta”. No representa ningún cambio de modelo, repite las mismas estructuras de dominación coloniales y de acumulación de capital (creando también nuevas, que algunas personas nombran ahora “acumulación por descarbonización”).

Los pueblos, y los otros seres vivos que habitan nuestra tierra, no necesitamos que “nos salven” o “nos desarrollen”. Necesitamos que dejen de imponernos sus falsas soluciones y modelos de vida hegemónicos y explotadores. Que respeten nuestro derecho a la autodeterminación para decidir lo que queremos para nuestros territorios, nuestras vidas y generaciones futuras. El derecho a no seguir siendo “sacrificadas/os” a nombre de un supuesto desarrollo en el que no cabemos. El derecho a apostar en soluciones colectivas y alternativas a este modelo impuesto, que iremos construyendo desde y para los pueblos.


TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA Y DE FALSOS PROYECTOS VERDES

Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: José Yuste

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Ecuador: Justicia ordena que empresa petrolera apague mecheros y pare de contaminar

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Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real RMR sobre la lucha por la vida en Ecuador- A 6 de octubre del 2021

Nuevo triunfo de UDAPT en la defensa de la Amazonia ecuatoriana, a pesar de la presión de empresas transnacionales.

Quienes viven en la localidad “Virgen del Carmen” del Cantón “Joya de los Sachas”, en la provincia ecuatoriana Francisco de Orellana, celebraron a mediados de septiembre que un juez de primera instancia de la Unidad Judicial Multicompetente Penal falló a favor de la acción de protección que solicitaron contra la Empresa ENAP- SIPETROL.

>>Escucha la entrevista aquí<<

ENAP es responsable de la administración y explotación del campo petrolero Mauro Dávalos Cordero desde el año 2004 y fue denunciada el 16 de agosto por habitantes del cantón ante diversas acciones contaminantes provocadas por los generadores de electricidad -que emiten una fuerte contaminación acústica-, dos mecheros que son utilizados para la quema de gas – que provocan lluvias ácidas y contaminan los cursos de agua-, residuos tapados con tierra, y otros impactos socioambientales que afectan a las personas que viven en el sector y a la flora y fauna endémica.

El juez reconoció que las operaciones de la petrolera vulneran los derechos a un ambiente sano, al buen vivir, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la salud y la empresa deberá frenar sus actividades.

«El juez dispuso a la empresa que, en un término de 18 meses, elimine todos los mecheros, todo el ruido, toda esa agresividad de la empresa hacia la comunidad. Y reconoció que la empresa, con sus operaciones y la complicidad del estado ecuatoriano, vulnera el derecho a la salud, al ambiente, a la alimentación sana, al acceso al agua, a la vida en paz y tranquilidad», dijo el abogado Pablo Fajardo a Radio Mundo Real en la entrevista que acompaña esta nota.

Fajardo integra la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) que patrocinó a las personas que denunciaron a la empresa y explicó cómo fue el proceso judicial. Este año, además, la UDAPT se unió a Amigos de la Tierra y representa a la federación en Ecuador.

Se espera que ENAP apele el fallo y por eso habrá que estar alertas para apoyar a “Joya de los Sachas”.

El resultado judicial de primera instancia «es un gran paso que dimos como UDAPT y como colectivos que protegemos la Amazonía», dijo el abogado ambientalista. «La empresa dice que hace lo que le corresponde como parte de invertir en el país, pero no tiene en cuenta que sus derechos terminan donde empiezan los de los campesinos. Las consecuencias de sus acciones están pasando los límites: no están siendo responsables con los derechos de las personas ni de las naturaleza», continuó.

Pero, sobre todo, Fajardo remarcó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en dejar avanzar los impactos contaminantes. En el juicio «estaba todo el Estado haciendo presión para que el juez no se atreviera a fallar contra la empresa; al Estado no le importa garantizar los derechos de la gente: le importa garantizar la ‘seguridad jurídica’ a las empresas. Es una cuestión gravísima, que nos preocupa cada vez más».(CC) 2021 Radio Mundo Real

Imagen: texaco-mecheros-planv – RMR

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Soberanía Alimentaria, Un manifiesto por el futuro de nuestro planeta

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Compartimos este comunicado de La Vía Campesina a través de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 10 de octubre del 2021

DECLARACIÓN OFICIAL DE LA VÍA CAMPESINA POR LOS 25 AÑOS DE LUCHA COLECTIVA
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La Soberanía Alimentaria es una filosofía de vida.

Define los principios sobre los cuales nos organizamos en nuestra vida diaria y coexistimos con la Madre Tierra. Es una celebración de la vida y de la diversidad que nos rodea. Abraza a cada elemento de nuestro cosmos; el cielo sobre nuestras cabezas, la t ierra debajo de nuestros pies, el aire que respiramos, los bosques, las montañas, los valles, campos, océanos, ríos y estanques. Reconoce y protege la interdependencia entre 8 millones de especies que comparten este hogar con nosotrxs.

Heredamos esta sabiduría colectiva de nuestrxs ancestrxs, quienes labraron la tierra y vadearon las aguas durante 10000 años, período en el que evolucionamos hacia una sociedad agraria. La Soberanía Alimentaria promueve la justicia, la igualdad, la dignida d, la fraternidad y la solidaridad. Es, también, la ciencia de la vida; construida a través de realidades vividas a lo largo de innumerables generaciones, cada una enseñando a su progenie algo nuevo, inventando nuevos métodos y técnicas que se integren en armonía con la naturaleza.

Como poseedorxs de este rica herencia, es nuestra responsabilidad colectiva defenderla y preservarla. Reconociendo esto como nuestra responsabilidad (especialmente, a finales de los años 90 cuando los conflictos, el hambre agud a, el calentamiento global y la pobreza extrema eran demasiado visibles para ignorarlos), La Vía Campesina (LVC) llevó el paradigma de la Soberanía Alimentaria a los espacios de formulación de políticas internacionales. LVC le recordó al mundo que esta fil osofía de vida debe guiar los principios de nuestra vida compartida.

Los años 80 y 90 fueron una era de expansión capitalista desenfrenada, a un ritmo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Las ciudades se expandían y crecían a costa de la man o de obra barata, no remunerada y mal remunerada. El campo estaba siendo empujado al olvido. Las comunidades rurales y las formas de vida rurales fueron barridas bajo la alfombra por una nueva ideología que quería convertir a todxs en merxs consumidorxs de cosas y en objetos de explotación con fines de lucro. La cultura y la conciencia popular estaban bajo el hechizo de anuncios brillantes que incitaban a la gente a «comprar más». En todo esto, sin embargo, lxs que producían (la clase trabajadora en las zonas rurales, costas y ciudades, lo que incluía a lxs campesinxs campesinxs1 y otrxs pequeñxs productorxs alimentarixs) eran invisibles, mientras que lxs que podían permitirse el consumo ocupaban un lugar central. Llevadxs al límite, lxs trabajadorxs campesinxs y las comunidades indígenas de todo el mundo reconocieron la urgente necesidad de una respuesta organizada e internacionalista a esta ideología globalizadora y de libre mercado propagada por lxs
defensorxs del orden mundial capitalista. La Soberanía Alimentaria se convirtió en una de las expresiones de esta respuesta colectiva.

En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, en un debate sobre cómo organizamos nuestros sistemas alimentarios globales, La Vía Campesina acuñó este término; para insistir en la centralidad de lxs pequeñxs productorxs de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y diversidad de las comunidades rurales y urbanas y la solidaridad entre los pueblos como componentes esenciales para la elaboración de políticas en torno a la alimentación y la agricultura.

En la década siguiente, los movimientos sociales y lxs actorxs de la sociedad civil trabajaron juntxs para definirlo más «como el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados producidos mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas. Coloca las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias en lugar de las demandas de los mercados y las corporaciones

La introducción de la Soberanía Alimentaria como un derecho colectivo cambió la forma en la que el mundo entendía la pobreza y el hambre. Hasta entonces, especialmente en los primeros años del siglo XXI, una idea limitada de «Seguridad Alimentaria» dominaba los círculos de gobernanza y formulación de políticas. Noble en su intención, la seguridad alimentaria trataba a lxs afectadxs por el hambre como objetos de compasión y corrí a el riesgo de reducirlxs a consumidorxs pasivxs de alimentos producidos en otros lugares. Si bien reconoció la alimentación como un derecho humano fundamental, no defendió las condiciones objetivas para producir alimentos. ¿Quién produce? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Y, ¿Por qué? Todas estas preguntas estaban ausentes y el foco estaba decididamente puesto en, simplemente, «alimentar a la gente». Un énfasis manifiesto en la seguridad alimentaria de las personas ignoró las peligrosas consecuencias de la producción industrial de alimentos y la agricultura industrial, construida sobre el sudor y el trabajo de lxs trabajadorxs migrantes.

La Soberanía Alimentaria, por otro lado, presenta una reforma radical. Reconoce a la gente y las comunidades locales como age ntes centrales en la lucha contra la pobreza y el hambre. Requiere comunidades locales fuertes y defiende su derecho a producir y consumir antes de comercializar el excedente. Demanda autonomía y condiciones objetivas para el uso de los recursos locales, exige la reforma agraria y la propiedad colectiva de los territorios. Defiende los derechos de las comunidades campesinas a usar, guardar e intercambiar semillas. Defiende los derechos de las personas a comer alimentos saludables y nutritivos. Fomenta los ciclos productivos agroecológicos, respetando las diversidades climáticas y culturales de cada comunidad. La paz social, la justicia social, la justicia de género y las economías solidarias son condiciones previas esenciales para hacer realidad la soberanía alimentaria. Exige un orden comercial internacional basado en la cooperación y la compasión frente a la competencia y la coacción. Exige una sociedad que rechace la discriminación en todas sus formas (de casta, clase, raza y género) e insta a las personas a luchar contra el patriarcado y la estrechez mental. Un árbol es tan fuerte como sus raíces. La Soberanía Alimentaria, definida por los movimientos sociales de los años 90 y, posteriormente, en el Foro de Nyeleni en Mali en 2007, intenta precisamente eso.

Este año celebramos 25 años de esta construcción colectiva.

El mundo no es para nada perfecto. Incluso frente a una desigualdad sin precedentes, el aumento del hambre y la pobreza extrema, el capitalismo y la ideología del libre mercado continúan dominando los círculos políticos. Peor aún, también se están haciendo nuevos intentos para visualizar un futuro digital: de agricultura sin agricultorxs, pesca sin pescadorxs todo bajo el disfraz de la digitalización de la agricultura y para crear nuevos mercados para los alimentos sintéticos.

A pesar de todos estos desafíos, el Movimiento por la Soberanía Alimentaria, que ahora es mucho
más extenso que La Vía Campesina y está compuesto por varixs agentes, ha logrado avances significativos.

Gracias a nuestras luchas conjuntas, las instituciones de gobernanza mundial, como la FAO FAO2 han llegado a reconocer la centralidad de la soberanía alimentaria de los pueblos en la formulación de políticas internacionales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales vuelve a enfatizar esto en el artículo 15.4, cu ando establece que: Lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a determinar sus propios sistemas alimentarios y agrícolas, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Esto incluye el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones sobre políticas alimentarias y agrícolas, y el derecho a una alimentación sana y adecuada producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles que respeten sus culturas.

Algunas naciones también han otorgado reconocimiento constitucional a la Soberanía Alimentaria. Las interrupciones causadas por la pandemia de COVID 19 en las cadenas alimentarias industriales han recordado aún más a los gobiernos nacionales la importancia de crear economías locales sólidas.

La Agroecología Campesina, fundamental para asegurar la soberanía alimentaria en nuestros territorios, ahora es reconocida en la FAO como fundamental para nuestra lucha contra el calentamiento global. Los relatores especiales actuales y anteriores de las Naciones Unidas han respaldado la soberanía alimentaria como una idea simple, pero poderosa que puede transformar el sistema alimentario mundial favoreciendo a lxs pequeñxs productorxs de alimentos. La campaña sostenida de los movimientos sociales también ha resultado en varias victorias legales contra las corporaciones que producen agrotóxicos y semillas químicas y transgénicas.

Sin embargo, lo que tenemos por delante esun camino con muchas barreras.

Lxs defensorxs del orden mundial capitalista se dan cuenta de que la soberanía alimentaria es una idea que atenta contra sus intereses financieros. Prefieren un mundo de monocultivos y gustos homogéneos, donde los alimentos se puedan producir en masa, utilizando mano de obra barata en fábricas lejanas, sin tener en cuenta sus impactos ecológicos, humanos y sociales. Prefieren economías de escala a economías locales sólidas. Eligen un libre mercado global (basado en la especu lación y la competencia feroz) por sobre las economías solidarias que requieren mercados territoriales más sólidos (mercados campesinos locales) y la participación activa de lxs productorxs de alimentos locales. Prefieren tener bancos de tierra donde la ag ricultura por contrato a escala industrial reemplace a lxs pequeñxs productorxs. Inyectan nuestro suelo con agrotóxicos para obtener mejores rendimientos a corto plazo, ignorando el daño irreversible a la salud del suelo. Sus arrastrerxs volverán a rastrea r los océanos y ríos, capturando peces para un mercado global mientras las comunidades costeras mueren de hambre. Continuarán intentando secuestrar semillas de campesinxs indígenas a través de patentes y tratados de semillas. Los acuerdos comerciales que e laboran volverán a tener como objetivo reducir los aranceles que protegen nuestras economías locales.

Un éxodo de jóvenes desempleadxs, que abandonan las granjas de las aldeas y eligen el trabajo asalariado en las ciudades, encaja perfectamente con su impulso de encontrar un suministro regular de mano de obra barata. Su enfoque implacable en los «márgenes» significa que encontrarían todos los medios para deprimir los precios en las explotaciones agrícolas mientras los negocian a precios más altos en los supermercados minoristas. Al final, lxs que pierden son las personas, tanto lxs productorxs como lxs consumidorxs. Lxs que se resistan serán criminalizadxs. Una feliz coexistencia de la élite financiera mundial con gobiernos autoritarios significaría que incluso las más altas instituciones, a nivel nacional y mundial, destinadas a supervisar y detener las violaciones de derechos humanos, mirarían hacia otro lado. Lxs multimillonarixs utilizarían sus fundaciones filantrópicas para financiar agencias que producen «informes de investigación» y «revistas científicas» para justificar esta visión corporativa de nuestros sistemas alimentarios. Cada espacio de gobernanza global, donde los movimientos sociales y los miembros de la sociedad civil hicieron campaña para ganar un asiento en la mesa, dará paso a los conglomerados corporativos que entrarán en escena como «par tes interesadas». Se hará todo lo posible para ridiculizar a aquellxs de nosotrxs que defendemos la Soberanía Alimentaria como no científicxs, primitivxs, poco prácticxs e idealistas. Todo esto sucederá, como sucedió en las últimas dos décadas.

Nada de esto es nuevo para nosotrxs. Lxs condenadxs a las periferias de nuestras sociedades por un sistema capitalista cruel y devorador no tenemos más remedio que luchar. Debemos resistir y demostrar que existimos. No se trata solo de nuestra supervivencia, sino también de las generaciones futuras y de una forma de vida transmitida de generación en generación. Es por el futuro de nuestra humanidad que defendemos nuestra soberanía alimentaria.

Esto solo es posible si insistimos en que cualquier propuesta de política local, nacional o global en materia de alimentación y agricultura debe basarse en los principios de soberanía alimentaria, como la definen los movimientos sociales. Lxs jóvenes campesinxs y trabajadorxs del movimiento mundial deben liderar esta lucha. Debemos recordarnos a nosotrxs mismxs que la única manera de hacer oír nuestra voz es uniéndonos y construyendo nuevas alianzas dentro y fuera de cada frontera. Los movimientos sociales rurales y urbanos, los sindicatos y lxs agentes de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, lxs académicxs, lxs científicxs y lxs entusiastas de la tecnología deben unirse para defender esta visión de nuestro futuro. Las mujeres campesinas y diversidades deben encontrar un espacio equitativo en la dirección de nuestro movimiento en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y abordar todas las formas de discriminación que mantienen divididas a las sociedades rurales.

La Soberanía Alimentaria ofrece un manifiesto para el futuro, una visión feminista que abraza la diversidad. Es una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta y nutre.

¡En su defensa, estamos unidxs!
¡Globalicemos la lucha, glogalicemos la esperanza!

#NoHayFuturoSinSoberaníaAlimentaria

La Vía Campesina
10 de Octubre de 2021

A 99 días del asesinato de nuestro hermano y compañero Simón Pedro

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Compartimos este comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal sobre nuestro compañero Simón Pedro – A 11 de octubre del 2021

Hermanas y hermanos:

Estamos a 99 días del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, denunciamos la negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para investigar y hacer justicia conforme a derecho de dicho crimen.

Da pena ajena cuando el abogado del asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, que exigió la exhumación del mismo para la autopsia de ley, porque asegura que la consecuencia de la muerte de Simón Pedro fue por una enfermedad que él padecía y no por los dos disparos de arma de fuego que recibió en la cabeza. Además, no cree que nuestro compañero y hermano haya sido defensor de la vida y de la Madre Tierra y también por ello solicitó pruebas.

Ante tal circunstancia, la familia de Simón Pedro y la Organización Las Abejas de Acteal, tomamos la decisión de aportar las pruebas necesarias y así mismo accedimos a la exhumación a pesar de ir en contra de nuestra cultura, ya que si no se cumplían con dichos requisitos el sistema de justicia en Chiapas dejaría en libertad al asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro y eso nunca lo permitiremos.

Nuestros abogadosdel Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., encargados de llevar el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, junto con la familia de Simón, desde el 13 de agosto presentamos la solicitud para la exhumación y autopsia de Simón Pedro y con lo cual no se ha realizado. Y tampoco se han recabado las otras pruebas que existen para el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se ha seguido la línea de investigación respecto que el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, fue por su trabajo en la promoción y defensa de la vida y de la Madre Tierra. Según la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas su pretexto de que no han avanzado en el caso de Simón Pedro, es que su equipo de trabajo se enfermó de Covid, cosa que no lo creemos, porque tenemos experiencia que sus usos y costumbres son las mentiras.

Que entienda la Fiscalía de Justicia del Estado Chiapas, que no es un favor lo que le estamos pidiendo, sino que le exigimos que cumpla con su obligación. Y que no tome ese mismo camino el que tomaron los administradores de justicia ante el Caso Acteal al propiciar la dilación de justicia para las víctimas y familiares de la Masacre de Acteal y así los abogados de los paramilitares tuvieron la oportunidad de encontrar maneras para liberar a los asesinos de niñas y niños y de mujeres embarazadas masacradas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Ante evidente agravio al derecho de justicia expedita, pronta e imparcial del caso del asesinato cobarde de Simón Pedro, les pedimos a todas las personas de buena voluntad a que exijamos a la Fiscalía y a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y que no sigan empeñados a encubrir a los asesinos, mientras Chiapas se desangra por la violencia que está aconteciendo día a día.

Y Si la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas no nos entrega resultados positivos y a tiempo, no descansaremos en actuar hasta que el crimen de Simón Pedro, sea juzgada y no simulada.

Por ahora es todo.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Imagen: Justicia para Simón Pedro

Más información:

Martes 19 de octubre, 6 pm, Cine-debate: El campo tiene sed

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En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

“El campo tiene sed»

Montes de María y su lucha por el derecho al agua

Martes 19 de octubre de 2021, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

En nuestra emisión del mes de octubre y en el marco del mes del agua proyectaremos el documental: El Campo tiene Sed, que nos cuenta sobre .Acompáñanos este martes 19 de octubre 6 pm en Kinoki San Cristóbal

Les recordamos que la entra el libre, sin embargo hay que pasar a la taquilla de Kinoki por sus boletos ya que debido a la pandemia se controla el número de asistentes a las salas. Recuerden también seguir todas las medidas y usar correctamente el cubrebocas dentro de la sala

El documental “El Campo tiene Sed» sobre las Comunidades rurales de Montes de María y su lucha por el derecho al agua, da cuenta de la situación que viven tres comunidades campesinas de la subregión de los Montes de María en relación con su derecho al agua potable y al acceso y uso colectivo del recurso hídrico y sus playones comunales. Si bien se reconoce el fuerte impacto del fenómeno del niño, existen otras causas que podrían explicar por qué una región con un alto potencial hídrico representado en ciénagas, represas, arroyos, aguas subterráneas y el imponente paso del río Magdalena, no ha logrado hacerle frente a la crisis de agua que vive su población..

Una producción de la Corporación Desarrollo Solidario y el equipo de Comunicación Rural de OPDs -Montes de María, con el apoyo de Hanns Seidel, Planeta Paz y la Fundación Ayuda en Acción Colombia.

1er Feria Ambiental Acciones por el buen vivir en San Cristobal – 15,16 y 17 de octubre

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Les compartimos la invitación a la Primera Feria Ambiental de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. La cual reúne a organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el cuidado y conservación del ambiente con la finalidad de compartir con la población: Acciones para el Buen Vivir.

Entrada Libre

Les esperamos en las diversas actividades que se realizarán, consulta la convocatoria y visita su cuenta en facebook. Les invitamos a la inauguración este viernes 15 de octubre de 12 a 13 horas, vía online desde las cuentas de Na Bolom y Alianza Francesa de San Cristóbal.

Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca en contra de los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021”

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Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca sobre la falsa hermandad que pretenden hacer entre el Gobiernos de Canadá y el Gobierno de Oaxaca apensar de la gran destrucción de proyectos mineros canadienses – A 29 de septiembre de 2021

A nuestrxs hermanxs de Isla tortuga

En el contexto de la celebración organizada por los Estados canadiense y mexicano, denominada “Encuentros indígenas Oaxaca-Canadá 2021-”, llevada a cabo del 20 de septiembre al 8 de octubre en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hemos decidido dar a conocer algunos aspectos relevantes que han sido omitidos o tergiversados en las convocatorias oficiales y en las ruedas de prensa.

Lo que llaman “estado de Oaxaca” es uno de los más diversos cultural y lingüísticamente gracias a la resistencia indígena al exterminio, que comenzó con la expansión europea en el territorio de lo que hoy es México. Esta diversidad a la que aluden los gobiernos de Oaxaca y Canadá, figura como la motivación principal para realizar dicho evento.

Sin embargo, lo que llaman diversidad ésta más cercano al nacionalismo mexicano construido con los huesos y sangre de nuestros antepasados, la razón principal para decir esto es que los gobiernos ven al indígena y al afro como expresión cultural mercantilizable, como un discurso, como una imagen, etc.

Nosotrxs, quienes por generaciones hemos resistido a su necropolitica, racismo, clasismo y sexismo, no solo nos negamos a alentar ese nacionalismo, si no que repudiamos la mercantilización de nuestras formas de vida. Queremos que sepan todxs aquellxs que lo ignoran, que por generaciones hemos sido testigxs de la expulsión y marginalización de indígenas en el territorio invadido que han nombrado como Oaxaca; hemos sido objeto de la invasión y despojo de tierras, a las que miramos con tristeza y rabia convertirse en artículo de especulación financiera.

Si algo hemos de compartir con nuestrxs hermanxs de Isla Tortuga, es esta historia de dolor y violencia colonial. Ellxs también fueron despojados, masacrados y obligados a vivir en reservaciones. Lo que llaman “Canadá” oculta bajo sus suelos miles de cuerpos de infantes, hombres y mujeres indígenas, asesinados por la desgracia de no ser blancos y no pensar como blancos. Aunque el Estado pretenda ocultarlo, esta violencia perdura y se manifiesta de diversas maneras.

Esta historia compartida de despojo, nos convoca en esta ocasión para decirles al unísono, a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena y de cualquier modo de vida contingente, a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folcklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”, que NO SE LOS VAMOS A PERMITIR, NI MATERIAL NI SIMBÓLICAMENTE.

DENUNCIAMOS, que han sido estas mismas personas los actores intelectuales de la peor tragedia ambiental y social que hemos visto en tiempos recientes, un ejemplo de ellos es la instalación de minas para la extracción masiva de minerales, a través de la exploración y puesta en marcha de concesiones y proyectos mineros.

Empresas Canadienses tienen desplegados cientos de proyectos mineros por toda América Latina; muchos de ellos en territorios de comunidades indígenas, a las que ha tratado con racismo y desde una perspectiva colonialista.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.

En lo que respecta al estado de Oaxaca, hoy sede de este mal llamado “Hermanamiento cultural”, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.

En la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, la criminal Fortuna Silver Mines opera bajo el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán y, tras imponerse en el año 2009 mediante un operativo policial de más de 2 mil efectivos, ha dejado como saldo: 5 personas asesinadas, dos de ellas líderes antimineros y 3 integrantes de la autoridad municipal; el derrame de 1 millón 516 mil litros de desechos tóxicos, ocurrido el 8 de octubre de 2018, y que sigue en la impunidad; la contaminación del Río Coyote en Magdalena Ocotlán que actualmente presenta 5 elementos químicos en concentraciones tales que hacen al agua inviable para cualquier tipo de uso, agrícola o humano. Cabe señalar que, en 9 años de producción, Fortuna Silver Mines ha extraído del subsuelo una riqueza equivalente a 1,487 millones 778 mil dólares, de la explotación de oro y plata y también ha divido a la comunidad, desinformando y agudizando conflictos.

Otro caso de invasión y despojo se localiza en la zona de los Chimalapas, uno de los grandes pulmones del mundo. La empresa canadiense Minaurum Gold SA. tiene adjudicados a su nombre los títulos de concesión minera 22 5472 y 24 6936, a través de los cuales ha pretendido apropiarse de más de 6 mil 400 hectáreas para la explotación de oro y cobre. Este territorio selvático ha sido hogar del pueblo angpøn o zoque durante siglos; hoy, un proyecto minero canadiense pone en riesgo su vida, su cultura milenaria y un ecosistema vital para la regulación climática.

Ixtepec es un caso similar al anterior, donde una mina de capital canadiense pretendía apropiarse de 8,150 hectáreas para la apertura de una mina a cielo abierto; esto, cabe señalar, sin la menor preocupación por la vida y la salud de las comunidades indígenas susceptibles a ser afectadas. Actualmente, dicho proyecto se encuentra detenido temporalmente por la cancelación de la concesión.

Por su parte, Capulálpam de Méndez, comunidad indígena de la Sierra Juárez, ha denunciado constantemente, desde 2005, el grave daño ambiental causado por la CIA Minera de Natividad y Anexas a su territorio comunal y recursos naturales. Es bien sabido que esta empresa funciona como presta nombre de compañías canadienses, primero sirviendo a Continuum Resource y después a la empresa SUNDANCE. Sus actividades, llevadas a cabo contra la voluntad del pueblo de Capulálpam, han causado graves afectaciones ambientales, principalmente la desaparición de trece manantiales debido a los túneles excavados en el subsuelo. Asimismo, la contaminación con residuos tóxicos y jales mineros que vierten impunemente en el Río Grande, principal afluente del Río Papaloapam, lo que significa afectaciones a un gran número de comunidades que ya no pueden aprovechar el agua y por ende se violenta su derecho universal al acceso al agua. Por lo antes expuesto sobre este caso, queremos DENUNCIAR, que en 2015 se interpuso un amparo en contra de las concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó sin el consentimiento de la comunidad y sin la consulta previa, libre e informada a la que tenemos derecho. Sin embargo, la Secretaría de Economía impugnó la sentencia a favor de la comunidad y, derivado de ello, la Minera de Natividad y Anexas sigue trabajando sin acatar la sentencia, sin permiso de la comunidad y sin tener la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental; todo en complacencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales como la PROFEPA y la CONAGUA.

¡Mentira que buscan reconciliación con los pueblos indígenas!

Con este evento, el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros; pero no lograrán desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto.

Por último, SEÑALAMOS que nos encontramos en ALERTA MÁXIMA y a la expectativa por esta simulación de hermandad. Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio.

¡NO PUEDE HABER HERMANDAD DONDE HAY DESPOJO Y SAQUEO!

¡MUERTE AL COLONIALISMO!

¡FUERA EMPRESAS MINERAS!

¡SIN ORO Y PLATA, SE VIVE!; ¡SIN AGUA, NO!

ATENTAMENTE

AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLÁN. AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO MÁRTIR, OCOTLÁN. COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ. COMUNIDADES EL REBOLLERO, RÍO MINAS Y LOS ARQUITOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA. COMITÉ IXTEPECANO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO. ESPACIO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA “LAS MEÑAS”. COLECTIVO MATZA, SAN MIGUEL CHIMALAPAS. ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA EN EL VALLE DE OCOTLÁN

Imagen: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.

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Declaración de la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera

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Pronunciamiento del Encuentro Mesoamericano contra la Palma Aceitera – A 6 de octubre de 2021 >>Descargar en comunicado en pdf<<

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, durante los días 3 al 6 de Octubre 2021 nos encontramos diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México,Uruguay y Ecuador, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en nuestros territorios.

Las palma de aceite ha arribado a nuestros territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador. Los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, desvían ríos y desaparecen lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el agua. Impactan en las cosmovisiones de los pueblos originarios. El monocultivo de palma viola los derechos laborales, genera esclavitud laboral. Destruye el tejido social. Se basa en la apropiación de territorios por parte de las empresas con violencia engaños, mentiras, y falsas promesas, criminalización de la protesta social, en complicidad con el poder político.

Las plantaciones de palma provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza y dependencia, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, generan fuertes problemas de salud en las poblaciones, despojo y desplazamiento, aceleran el cambio climático, y se acompañan con violencia, militarización y criminalización de los pueblos que reclaman derechos fundamentales. Las afectaciones de este modelo repercuten directamente a las mujeres, sumando sobre ellas, la violencia física y sexual.

Por todo ello, los movimientos y organizaciones nos proponemos detener este Modelo Extractivo, generar alternativas locales y develar el falso discurso de que las plantaciones de palma de aceite, son sustentables, que generan desarrollo, que reforestan y combaten el cambio climático, por una consciencia de que los monocultivos de palma, no son bosques, sino megaproyectos de muerte que están destruyendo el planeta.

  • Denunciamos la contaminación y perdida de fuentes de agua, en particular las afectaciones al río Tulijá en México
  • Exigimos justicia para las comunidades del rio Guapinol y para los asesinatos pepetrados en el Bajo Aguan en Honduras
  • Denunciamos la contaminación del rio la pasión por parte de la empres REPSA en guatemala
  • Rechazamos la persecución a la protesta social y a las comunidades defensoras y defensores de derechos que han sido asesinados, perseguidos, criminalizados, judicializados por parte del modelo de la agroindustria de la palma, y nos solidarizamos con los defensores de la Comuna
  • Barranquilla de San Javier, judicializados por la empres Energy y Palma/La Fabril en Ecuador.

¡LAS PLANTACIONES NO SON BOSQUES!
POR TERRITORIOS LIBRES DE MONOCULTIVOS DE PALMA DE ACEITE

Atentamente:

RED MESOAMERICANA FRENTE A LA PALMA ACEITERA

Honduras:
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Guatemala:
Consejo de Pueblos Wuxhtaj (Hermanos)
México:
Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Otros Mundos AC/Chiapas
Organización Yashalum Santiago Aposte A.C
Ejido Acambak
Zoques por la Defensa de la Vida y el Territorio (ZODEVITE)
Defensoras de Nasakobajk
Centro de Lengua y Cultura Zoque
Mujeres, Organización y Territorios MOOTS
CAL Naturaleza y Esperanza por un Territorio Digno
El Puente ES
Ecuador:
Acción Ecológica
Internacional:
Salva la Selva
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM)
Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA)

>>Descargar en comunicado en pdf<<

Imagen: Foto grupal del Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite

Más información:

Carta de Organizaciones Sociales sobre la Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre Comercio de Armas

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Compartimos esta carta del Centro de Estudios Ecuménicos – A 19 de agosto del 2021

Ciudad de México, 19 de agosto de 2021.
Lic. Marcelo Ebrard Casaubón
Secretario de Relaciones Exteriores
Lic. Martha Delgado Peralta
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos
Secretaría de Relaciones Exteriores
Presentes

Estimados Secretario y Subsecretaria:
Reciban saludos cordiales de comunidades de fe, organizaciones de la sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos que trabajamos en la construcción de caminos de paz con justicia y dignidad. Sabedoras del compromiso del gobierno de México con la reducción de la violencia y sufrimiento que causan las armas de fuego en nuestro país y en el mundo1, en esta ocasión nos dirigimos a ustedes con motivo de la próxima Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA/ATT – CSP7).

La Sexta Conferencia de Estados Partes del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA/ATT – CSP6), celebrada en agosto de 2020, se llevó a cabo mediante un procedimiento escrito, que fue criticado por la falta de transparencia. Este año, la CSP7, bajo el liderazgo del Embajador Lansana Gberie de Sierra Leona, se celebrará utilizando un modelo híbrido (en persona y virtual) y permitirá una inclusión significativa de todas las partes interesadas del ATT de todo el mundo, incluida la sociedad civil; por lo que hacemos eco a las peticiones de la coalición Armas Bajo Control de mantenerse firmes en su compromiso para reducir el sufrimiento humano.

I. Con reducir el sufrimiento humano:

1-Participar activamente en el proceso de de la Conferencia y la implementacion eficaz del tratado (TCA/ATT) con:

  • Declaraciones durante las sesiones plenarias de la CSP7 para compartir los beneficios del ATT con otros estados y destacar el apoyo y la asistencia internacionales para aplicar el ATT. Además, fomentar que otros estados de la región Latinoamericana y del Caribe también las hagan.
  • Debates en la sesión plenaria de la CSP7, sobre el impacto de las transferencias de armas en los conflictos en curso, para identificar y denunciar el incumplimiento del Tratado.

Para garantizar que las voces de todos los Estados Miembros, de los que participan en todas las etapas del comercio de armas (exportación, importación, tránsito/transbordo) y de todas las regiones, se incluyan y se escuchen para que se identifiquen las áreas de asistencia y cooperación y se aborden todos los aspectos del ATT de forma equitativa.

2- Participar en las evaluaciones de riesgo de las exportaciones de armas que dispone el Tratado:

  • Compartir opiniones y experiencias nacionales sobre el establecimiento y la aplicación con coherencia de las evaluaciones del riesgo en las exportaciones, en cumplimiento de los artículos 6 y 7 del Tratado, para fomentar el desarrollo de normas comunes sólidas para evaluar los riesgos de cualquier transferencia de armas.
  • Alentar a otros Estados Miembros a que realicen una revisión exhaustiva de todas las licencias de exportación a zonas de conflicto en todo el mundo para garantizar que se cumplen todas las obligaciones del ATT.

Para lograr que todos los Estados Miembros comprendan en la práctica los elementos de un proceso de evaluación riguroso para poner en práctica procedimientos de control de armas que defiendan los principios humanitarios mundiales y protejan los derechos humanos de las poblaciones.

3-Participar en las evaluaciones del Tratado sobre riesgos de desvío de las armas

  • Comentar el documento del Presidente de la CSP7, para asegurarse de que sus recomendaciones son prácticas, útiles y servirán para reforzar la capacidad del Tratado de abordar la seguridad de los arsenales y frenar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras (APAL).
  • Compartir -en el marco del Foro de Intercambio de Información sobre Desvíos (DIEF) y en el subgrupo de trabajo del ATT sobre el artículo 11- las medidas adoptadas a nivel nacional para evaluar el riesgo de desvío y debatir los casos concretos de desvío junto con las medidas de mitigación que hayan resultado eficaces.

Para Garantizar que la dirección del subgrupo de trabajo sobre el artículo 11 aborde los riesgos de desvío de forma práctica y útil, incluyendo la cooperación y el intercambio de información para aprender de la experiencia la mejor manera de prevenir y mitigar los riesgos.

Asegurar que los Estados miembros proporcionen vías de comunicación y entendimiento a todas las partes interesadas en el Tratado para lograr una mayor comprensión pública del DIEF (Diversion Information Exchange Forum/ Foro de inercambio de información sobre desvio) su proceso y su potencial para mejorar la detección y prevención del desvío de las armas.

II. Profundizar el compromiso con la transparencia y alentar a otros Estados a comprometerse:

1-Con la presentación de informes del ATT

  • Instar a los Estados Partes a cumplir con sus obligaciones de presentación de informes anuales y que presenten informes completos, precisos y a tiempo; con menos agregación de datos, menos dependencia de la confidencialidad y más detalles sobre las transferencias de armas.
  • Fomentar que los Estados miembros apoyen y respalden las modificaciones o ajustes recomendados en las revisiones del modelo de informe, que permiten una mayor coherencia y precisión en la presentación de informes; así como una mayor facilidad de uso, lo que permitirá obtener una radiografía más clara del comercio de armas, para todos.

Para revertir la tendencia actual hacia la privacidad y confidencialidad en los informes y en solo foros por invitación; para adoptar el intercambio de información, la cooperación y el diálogo como práctica cotidiana entre todas las partes interesadas en el Tratado y así mejorar la transparencia y la inclusión en el mismo.

III. Comprometerse con el progreso

  1. En la integración de la perspectiva de género y la prevención de la violencia basada en el género
  • Asegurar el equilibrio de género en la delegación de México en el CSP7
  • Dar prioridad a la prevención de la GBV cuando consideren la venta de armas en el marco del TCA.

2-Participar en la revisión de las recomendaciones de enfoque temático.

  • Animar a los Estados miembros a implementar las recomendaciones formuladas en años anteriores como parte del enfoque temático del Presidente y alentar la inclusión de una sesión especial en la agenda de del CSP, que permitirá a las partes interesadas del TCA hacer un balance de los progresos realizados en relación con cada uno de estos compromisos, año a año.

Para poner en práctica las recomendaciones de la CSP5 sobre género y violencia basada en el género; y dar mayor atención y continuidad a las áreas temáticas elegidas a lo largo de los ciclos de las diferentes Conferencias de Estados Parte CSP.

3- Participar en los esfuerzos de universalización del Tratado

  • Instar que el Grupo de Trabajo sobre Univerzalizacion (WGTU) centre sus esfuerzos desde un enfoque regional para la universalización del Tratado, tal como se estableció en el mandato original de ese grupo de trabajo en la Segunda Conferencia de Estados Parte (CSP2), para identificar objetivos más concretos
  • Compartir con aquellos que aún no se han unido al Tratado , los beneficios de formar parte del mismo desde perspectivas nacionales, regionales y globales.
  • Ayudar a los que aún no se han adherido a dar los pasos procesales y legislativos necesarios para ratificar o adherirse al Tratado

Para que más Estados se adhieran al Tratado destacando ejemplos de su impacto positivo y avanzar en el control efectivo del comercio mundial de Armas de fuego y en la reducción del sufrimiento humano.

Agradeceremos la oportunidad de dialogar previo a la Séptima Conferencia, con las y los responsables de esta temática en la Secretaria, y reiteramos nuevamente nuestro interés en otros procesos de desarme humanitario que enfrentan diversos obstáculos por la continuada emergencia sanitaria, con los cuales tanto la sociedad civil organizada como ciertos Estados, incluyendo México, mantenemos nuestro compromiso. Tengan la seguridad de que desde la Campaña contra Robots Asesinos (SKR), la Red Internacional sobre Armas Explosivas (INEW), la Coalición sobre Municiones en Racimo (CMC), la Campaña Internacional contra Minas Terrestres (ICBL) y la Campaña para la Prohibición de las Armas Nucleares (ICAN) seguimos trabajando para lograr nuestros diversos objetivos humanitarios y esperamos seguir contando con el compromiso del gobierno de México en estos escenarios.

Atentamente,

Organización civil o comunidad de fe:

  • Centro de Estudios Ecuménicos, A.C. Ana Paula García V. Directora Ejecutiva
  • Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco De Vitoria, O.P.», A.C. Fr.Miguel Concha Malo, Dir. Gral.
  • Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. Mtra. Alicia Mesa Bribiesca Directora Ejecutiva
  • Centro de Educación en Apoyo a la Producción y al Medio ambiente, A.C., CEP-Parras Coahuila, .Guadalupe Macías Pérez, Nestora Macías Pérez
  • Global Thougth – Mx, Mtra. Montserrat Martínez Téllez
  • Servicio Paz y Justicia – México (Serpaj-México). Pietro Ameglio
  • Cultura Joven, A.C. Juan Machín
  • Derechos de la Infancia y la Adolescencia, A.C. Raquel Pastor Escobar, Directora
  • Enlace Comunicación y Capacitación, A.C. Dir. Consuelo Tafoya Guerrero,
  • Comunidades Eclesiales de Base – Derechos Humanos, Hmna. Carmen Gallegos
  • Comunidad Teológica de México, Rev. Dan González Ortega, Rector
  • Iglesias por la Paz, Ignacio Cuevas
  • Centro de Estudios Humanísticos A.C., Mtro. Javier Ulloa Castellanos, Rector
  • Pastoral Social de la Iglesia Anglicana de México, P. Arturo Carrasco-Gómez
  • Morada infantil, A. C. Dir. María Teresa Zúñiga Preciado
  • Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina Mons. Oscar A. Romero/Sicsal/México. Maria Elena
  • Mujeres para el Diálogo, Maricarmen Montes Castillo
  • Red x la Infancia en Cd Juarez y Red por la Infancia en Ciudad Juárez.
  • Otros Mundos AC/Chiapas, México. Gustavo Castro
  • Organización Popular Independiente A.C. Cd Juárez, Catalina Castillo
  • Centro de Apoyo y Defensa de los Derechos Humanos de la Infancia A.C. Cd. Juárez
  • Fundación Don Sergio Méndez Arceo, Soila Luna Pineda, Coordinadora
  • Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México. AFADEM-FEDEFAM
  • Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH);
  • Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)
  • Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL)
  • Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, A.C. (FPM-I)
  • Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, A.C. (FMPDH);
  • ReverdeSer Colectivo AC
  • Colectivo María Herrera de Chilpancingo Guerrero
  • Frente Guerrero por Nuestros Desaparecidos
  • Articulación para la Paz y el Buen Vivir
  • Programa Casa Refugiados AC. José Luis Loera Aguilar
  • Dinamismo Juvenil – Celina Valadez .
  • Solidarios México. Red Nacional de Economía Solidaria en México
  • Centro de apoyo y defensa de los derechos Humanos de la infancia A.C.
  • Instituto RIA A.C. Zara Snapp
  • Servicio, Desarrollo y Paz- SEDEPAC. A.C. Roberto Vega
  • Seminario Bautista de México, Rev. Lázaro González Domínguez

De Otros países de la región:

  • Global Exchange, Marco Castillo
  • Mennonite Central Committe U.S. Kate Parsons.
  • Red Seguridad Humana en América Latina y el Caribe (SEHLAC), Pía Devoto
  • ECPAT – Guatemala. End Child Trafficking and Sexual Exploitation of Children. María Eugenia
  • Instituto de Ecología Política de Chile, Pamela Velázquez Guzmán
  • Campaña Colombiana Contra Minas – Camilo Ernesto Serna V

Personas:
Clara Jusidman, Sergio Aguayo, Miguel Álvarez Gándara, Rafael Reygadas Gil, Noé Amezcua, Ma. Luisa Guzmán
Aguirre, Ilse Mayer, Daniel Mata Lugo, Beatriz Gómez Berrenechea, Karen Castillo Mayagoita, Rosa Margarita
Mayoral, Gerardo Cruz González, María de los Dolores Palencia Gómez, Julián Cruzalta Aguirre, Lucila Sertvije
Montull, Gema Antunez Flores; Daniel Otero, Guadalupe Cruz Cárdenas, Hmna. Paola Clerico Medina,
Hmna.María Elena Gallardo, Ricardo Gallego

Contacto:
Sara San Martín Romero
Centro de Estudio Ecuménicos
Área de Paz y Solidaridad
sara@estudiosecumenicos.org.mx
sarasanmartin1@gmail.com

Imagen: Carl-Fredirik-Reutersward

México: Hostigamiento en contra de periodistas y defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes en Chiapas

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Compartimos este comunicado de Front Line Defender, SweFor, IM Defensoras entre otros colectivos y organizaciones sobre la situación de violencia y hostigamiento a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos en la frontera sur de México – A 21 de septiembre del 2021

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por el reciente aumento de violencia y el persistente clima de hostilidad en contra de las personas migrantes, periodistas, y defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes en el sureste mexicano. Particularmente, en el estado de Chiapas y Tabasco en donde colectivos de defensa de derechos humanos, periodistas y organizaciones se han enfrentado a una nueva oleada de hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Desde el 28 de agosto de 2021, la Guardia Nacional y el INM han llevado a cabo continuos operativos conjuntos para frenar el tránsito de personas migrantes que desean salir de Chiapas debido al retraso en la resolución de sus trámites de regularización migratoria o de refugio. De acuerdo a reportes de organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE), los operativos han sido violentos y se han llevado a cabo sin protocolos adecuados que respeten los derechos y la dignidad de las personas migrantes. En este contexto, las personas defensoras de derechos humanos quienes acompañan a las personas migrantes en la exigencia de sus derechos, han experimentado nuevas olas de hostigamientos por parte de las autoridades mexicanas.

El 28 de agosto, partió una caravana migrante de Tapachula, Chiapas junto con periodistas, personas defensoras de derechos humanos y funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el camino, personas defensoras de derechos humanos e integrantes del COMDHSE se percataron que la caravana estaba siendo vigilada y seguida por personas desconocidas en vehículos con vidrios polarizados. Cerca de las seis de la tarde, elementos de la Guardia Nacional bloquearon el paso de las y los defensores periodistas y funcionarios de la CNDH impidiéndoles realizar su labor de documentación, observación y acompañamiento. El despliegue de elementos desde este día fue desproporcionado, con la presencia de aproximadamente 50 vehículos de elementos del INM, de la Guardia Nacional y del Ejército, además de vehículos con vidrios polarizado con hombres armados vestidos de civiles.

El 2 de septiembre, funcionarios del INM obstruyeron el paso de autos pertenecientes COMDHSE y de periodistas en Mapastepec, quienes estaban ahí para documentar los pasos de la caravana. El 5 de septiembre, el COMDHSE documentó un fuerte operativo conjunto llevado a cabo por elementos antimotines de la Guardia Nacional y por el INM en Huixtla . Durante el operativo que dueró más de ocho horas, se llevaron a cabo múltiples detenciones violentas y arbitrarias en las que las y los defensores también fueron agredidos por elementos de la Guardia Nacional, quienes utilizaron los escudos antimotines para empujarlos.

Las agresiones, hostigamiento y vigilancia en contra de quienes defienden los derechos de las personas migrantes y, en particular, de integrantes del COMDHSE no son nuevas; en julio de 2021 distintas relatorías de las Naciones Unidas expresaron preocupación por los actos de hostigamiento en contra de la red de organizaciones ocurridos durante el primer semestre de Así mismo, en 2019 las organizaciones Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos investigaron y denunciaron algunos de los riesgos y amenazas a las que se enfrentan de manera continua quienes defienden los derechos de las personas migrantes, así como las consecuencias que ello tiene en dicha población.


Las organizaciones firmantes recuerdan la obligación del gobierno mexicano de garantizar la integridad personal de todas las personas que transitan el territorio mexicano. Así como su compromiso de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas que transitan o residen dentro del país, incluyendo a las y los extranjeros, tal y como ha reconocido en los principios de la Ley de Migración de 2011.


Estas as organizaciones instan a las autoridades mexicanas a que reconozcan y permitan sin obstrucciones la labor de documentación y acompañamiento que realizan las personas defensoras de derechos migrantes y comunicadoras, así como las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la frontera sur de México. Asimismo, hacen un llamado a que se respeten los derechos humanos de todas las personas que transitan el territorio mexicano, recordando que migrar y solicitar refugio es un derecho garantizado en la Constitución Mexicana y en los instrumentos internacionales de los que México es parte.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Front Line Defenders, Ibero Ciudad de México, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México,

con la Observación Internacional de SweFOR México, con la Observación Internacional de Brigadas Internacionales de
Paz-México

Imagen: Los abusos habrían ocurrido en el contexto de la migración en Chiapas. Foto: Darinel Zacarías

Más información:

El Escaramujo en la Radio Martes 5 de octubre 6pm – “Agricultura Urbana, Cultivando en los barrios de San Cristóbal de Las Casas”

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En nuestra emisión mensual de octubre del El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando sobre los huertos urbanos como una alternativa a la crisis alimentaria y encaminados a la autogestión alimentaria y por hábitos más sanos, así que acompáñanos este martes 3 de agosto a las 6 pm.

Acompáñanos este martes 5 de octubre a las 6 pm en el programa de radio “El Escaramujo” en que abordaremos el tema “Agricultura Urbana, Cultivando en los barrios de San Cristóbal de Las Casas”.
Charlaremos acerca de la importancia de producir alimentos en las ciudades, nuestres invitades especiales nos compartirán sus experiencias, perspectivas, alegrías y retos desde la práctica de la agroecología urbana.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Koniki este martes 3 de agosto a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki