Compartimos esta nota publicada publicada en Ángulo 7 a través de la REMA sobre los proyectos extractivistas en la Sierra Norte de Puebla – 29 de marzo de 2020
Al menos cinco megaproyectos que buscan ejecutarse en las Sierras Norte y Nororiental tiene procesos jurídicos en contra, tras los amparos promovidos por las comunidades afectadas, entre ellas de los municipios de Cuetzalan, Huacatlán e Ixtacamaxtitlán.
Así lo señaló, en entrevista con este medio, Diana Pérez, integrante del Consejo TiyacTlali, quien indicó que lo anterior se ha logrado por la “lucha de los pueblos” que se han agrupado para evitar que las “grandes empresas” terminen con sus recursos naturales.
Explicó que entre los proyectos que han logrado frenar están la “Línea de Alta Tensión (LAT) Cuetzalan Entronque Teziutlán II Tajín”,
que consiste en 20 kilómetros de LAT de 115 kilovots de doble circuito y
que aterriza en una subestación que entronca con una línea eléctrica
que va de Teziutlán a Papantla, con una inversión de 200 millones de pesos.
Otro de ellos es el Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1, que está a cargo de la empresa Deselec 1 Comexhidro en el municipio de Ahuacatlán, con el que se busca generar energía para abastecer de electricidad a cadenas como Walmart, Vips, Suburbia y Waldos.
Explicó que esta obra se basa en una a concesión para el uso y aprovechamiento del agua del río Ajajalpan, específicamente para 350 millones de metros cúbicos de aguas naturales por un periodo de 15 años, por lo que igual se verían afectados las demarcaciones de San Felipe Tepatlán y Tlapacoya.
Licencias irregulares
Sin embargo, indicó que “gracias” al gobierno municipal actual se ha detenido, pues en enero pasado en sesión de Cabildo, se determinó cancelar los permisos que se dieron años atrás, ya que eran ilegales y ante eso la empresa no puede trabajar.
Explicó que se detectó que la autorización de licencias otorgadas por el regidor de obras del periodo 2009-2011, Andrés Francisco Juan Covarrubias, fue de manera irregular ya que actos como cambio de uso de suelo y licencia deconstrucción deben ser aprobados por el cuerpo edilicio, lo cual nuca sucedió.
No obstante, señaló que esta acción por parte del ayuntamiento provocó que la empresa haya demandado al gobierno municipal por revocar permisos que ya tenían, por lo que ahora se resolverá en tribunales.
Diana Pérez comentó que otros de los proyectos involucran los municipios como Tlatlauquitepec, en Ixtacamaxtitlan, donde se pretende hacer una minera a cargo de la empresa Almaden Minerals, además de otro más en Cuetzalan.
“Ha variado la disposición de las distintas autoridades,
esto de acuerdo con los diversos momentos y sensibilidades de los
gobiernos en turno, pero ahorita todos estos que mencioné tienen acciones jurídicas en contra, todos tienen suspensiones los proyectos, ninguno ha continuado”, expresó.
Posponen asamblea por Covid-19
En otro tema, comentó que debido a la contingencia epidemiológica por el Covid-19, se determinó posponer la Asamblea para la Construcción de planes de Vida en el Territorio de los Pueblos Maseual, Tutunaku, y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, misma que estaba programada para el pasado domingo 22 de marzo en Ahuacatlán.
Precisó que estas asambleas son un ejercicio de autodeterminación de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla que se han desarrollando desde 2014; primero eran cada mes y desde 2018 se hace cada tres, por lo que era la primera del año.
Indicó que, aunque esta región contempla a 69 municipios del estado, solo acuden alrededor de 38 y en su mayoría se encuentran en las cuencas de los ríos Apulco, Zempoala y Ajajalpan, población principalmente náhuatl, totonaca, que son de la Sierra Nororiental.
Aunque se le preguntó sobre si conocía avances del Gasoducto que la empresa Trascanadá pretende ejecutar y atravesar la comunidad de San Pablito, en Pahuatlán,
indico que la única información es que hay un recurso jurídico al
respecto, pero debido a que los pobladores no han acudido a las
asambleas no saben mayores datos.
“En estas asambleas se han tomado varias decisiones importantes como la creación del consejo Maseual Altepetajpianij, que se hizo para presentar acciones ilegales en contra de concesiones mineras y otros megaproyectos hidroeléctricos, así como otras enfocadas al apoyo y respaldo a otros pueblos para fortalecer la solidaridad con otras luchas”, concluyó.
Imagen: 5 megaproyectos en Sierra Norte, frenados tras amparos: Consejo Tiyac Tlali. Foto: Especial Ángulo 7
Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre las resistenicas a mega proyectos en territorios Wirikutas – A 26 de marzo de 2020
Ciudad de México | Desinformémonos. Autoridades
municipales y caciques de Villa Guerrero, Jalisco, han permitido y
ordenado ataques violentos contra integrantes de la comunidad autónoma
wixárika y tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, a raíz de «la lucha
colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía», denunció
el Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).
El CNI-CIG señaló a miembros del gobierno y la policía municipal de
estar involucrados en el ataque con piedras y robo de pertenencias
contra los domicilios de Camerino Márquez Aguilar y Genaro González
Bañuelos, sucedido el pasado 22 de marzo.
«A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias
ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa
Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el
contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo
hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el
despojo», indicó el CNI-CIG, por lo que exigió sanción para los
responsables y justicia para las víctimas.
A continuación el comunicado completo:
Al pueblo de México A los medios de comunicación
Denunciamos que persiste la violencia en contra de autoridades y
comuneros de la comunidad autónoma wixárika y tepehuana de San Lorenzo
de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, motivada por la
lucha colectiva en defensa de su territorio ancestral y autonomía.
Condenamos las cobardes agresiones perpetradas por personas al
servicio de Favio Flores (alias la polla) y del gobierno municipal de
Villa Guerrero el pasado domingo 22 de marzo, cuando los señores Teódulo
Pérez Martínez, quien es policía municipal de Villa Guerrero, Jalisco,
en compañía de Abram Pérez Bañuelos, Manuel de Jesús Herrera, Esteban
Aguilar Herrera, Marcos Aguilar Bañuelos, Gustavo Pérez Bañuelos, Jairo
Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González, llegaron a las 23:15 horas a la
casa del compañero Camerino Márquez Aguilar, quien es de avanzada edad,
apedreando puertas y ventanas mientras gritaban “Los gobernantes, el
comandante y el topil son culos” “con el tisón (pistola) al cabrón que
salga nos lo vamos a chingar”.
Posteriormente se trasladaron a la casa del señor Genaro González
Bañuelos, quien es también de avanzada edad, donde igualmente apedrearon
su casa diciéndole que saliera para matarlo a pedradas, destruyendo su
puerta y ventana, y robando el burro que tenía amarrado.
A pesar de que estas personas han sido denunciadas en varias
ocasiones, han sido solapadas por el gobierno municipal de Villa
Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionar, sino por el
contrario ha promovido la violencia y la confrontación, por lo que lo
hacemos responsable de estos hechos, cuyo objetivo es la represión y el
despojo.
Esto sucede mientras maquinaria del ayuntamiento con el supuesto
objetivo de abrir un camino cercano al sitio sagrado de Los Pilares ha
estado invadiendo y destruyendo cercos en cuamiles de varios comuneros.
Exigimos que cese la violencia y el robo descarado del territorio
comunal de Azqueltan, y que sean castigados los culpables de estos
hechos.
Atentamente
Marzo de 2020
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos.
Nunca más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno
Compartimos el pronunciamiento de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM-Defensoras – A 20 de marzo de 2020
Mesoamérica, 20 de marzo de 2020 – Desde hace unos días, nuestros abrazos se han convertido en palabras de aliento que se diluyen en la distancia. La
incertidumbre y el desasosiego marca las vidas tanto de las personas en
situación de confinamiento como de las que no pueden permitirse el lujo
de resguardarse porque la pobreza y la injusticia son epidemias instaladas desde hace tiempo en nuestras sociedades.
La crisis provocada por la irrupción a escala global del COVID-19 llega a un mundo que ya enfrenta serias crisis
(de cuidados, de cambio climático, de violencia, desigualdad, derechos
humanos, entre otras) y expresa la insostenibilidad del modelo
político, social y económico imperante en el planeta, reproducido por
los Estados cada vez más controlados por intereses privados. Por ello esta situación está teniendo y tendrá impactos desproporcionados sobre nosotras, nuestras comunidades y nuestras luchas.
Este
modelo, basado en la depredación “capitalista, racista y patriarcal”, en
palabras de nuestra compañera Berta Cáceres, durante décadas se ha
centrado en los mercados y las lógicas neoliberales, destruyendo las
estructuras institucionales, comunitarias y culturales de cuidado
colectivo, dejando a la mayoría de personas sin acceso a una vida digna.
Por la destrucción de lo público y desprecio de lo común, hoy se nos
dificulta afrontar situaciones como ésta desde una mirada de derechos
humanos y justicia social.
Nos preocupa que los Gobiernos se
aprovechen de esta crisis para profundizar y normalizar ante la opinión
pública sus políticas de control social, represión y persecución contra activistas y personas defensoras de los derechos humanos, tal y como lo manifestaron recientemente un grupo de Relatores y Relatoras independientes de Naciones Unidas.
En
Honduras, El Salvador y Guatemala se han aplicado planes de emergencia
basados en la militarización, la suspensión de derechos fundamentales o
toques de queda, fortaleciendo el autoritarismo y deteriorando las
formas de supervivencia de gran parte de la población. En México, las
condiciones estructurales de vulnerabilidad social para enfrentar esta
crisis son patentes. En Nicaragua nos preocupa que el Gobierno omita su
responsabilidad en la respuesta a la emergencia sanitaria y niegue el
acceso a información de salud.
La aplicación de estos planes de emergencia afecta profundamente el trabajo de las defensoras.
Limita su derecho de manifestación y expresión y el libre desarrollo de
sus actividades, aumenta el riesgo de ser atacadas y criminalizadas por
actores estatales (a la fecha hemos registrado agresiones contra
defensoras en Honduras, El Salvador y Guatemala en el marco de esta crisis) y de sufrir violencias machistas dentro de sus hogares.
Desde nuestra apuesta política por el
cuidado colectivo y la protección integral feminista contemplamos el
panorama abierto por la crisis del COVID-19 con mucha preocupación, pero
también vemos en el horizonte la posibilidad de cambiar colectivamente
las estructuras sobre las que organizamos nuestras sociedades.
Las
mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes de nuestra región,
como advirtió la lideresa afroindígena garífuna Miriam Miranda, además
de ser los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, son
también quienes tienen mayores fortalezas vitales para enfrentar y
superar esta crisis: el saber del cuidado mutuo y la reproducción de la
vida, la construcción de autonomías, el cuidado y cultivo de la tierra y
el agua que nos alimenta o sistemas de salud alternativa y
espiritualidades emancipadoras.
Desde la IM-Defensoras exigimos a los Estados:
Que
afronten la coyuntura actual desde una perspectiva integral de cuidado
colectivo y derechos humanos, teniendo en cuenta la dimensión sanitaria,
social y económica, desde un enfoque interseccional en términos de
clase, etnia, edad, orientación sexual y género.
Que se
abstengan de utilizar al ejército y a las fuerzas de seguridad en
funciones que no les corresponden y se garantice el total respeto a los
derechos humanos.
Que no
aprovechen la situación de excepción generada por la emergencia para
agredir o criminalizar a activistas, periodistas, organizaciones y
personas defensoras de derechos humanos.
Que
reconozcan y establezcan una interlocución abierta con las mujeres, las
defensoras y las comunidades cuyos aportes son fundamentales para
construir una respuesta que ponga en el centro los cuidados y el
mantenimiento de la sociedad y de la vida.
Que
implementen políticas efectivas para combatir la desigualdad, factor de
riesgo de las personas y comunidades en situación de vulnerabilidad,
poniendo los derechos de éstas por encima de los intereses de
corporaciones, empresas y élites económicas.
Que
garanticen mecanismos efectivos de prevención, protección y atención
urgente ante las violencias machistas al interior del hogar que
potencialmente pueden generar las situaciones de confinamiento.
Que
garanticen el flujo de información transparente, objetiva y contrastada
hacia el conjunto de la población, con el fin de contrarrestar fake-news (noticias falsas) y otras informaciones que contribuyen a exacerbar el miedo y la confusión.
Que dejen
de crear y alentar discursos que provoquen discriminación y
estigmatización de las personas con COVID-19 y que la atención de
pacientes se maneje de forma responsable, científica y laica.
Asimismo, hacemos un llamado a
organizaciones, colectivos, movimientos sociales y población en general a
cuidarnos y acuerparnos colectivamente, a promover la
solidaridad, afrontando la situación actual con todos los medios,
creatividad y energía a nuestro alcance para mantenernos sanas,
vigilantes y activas en la construcción de alternativas de vida que, tal
y como pone de relieve la crisis actual, cada vez son más urgentes y
necesarias.
¡Transformemos el miedo en abono de libertades y derechos para el presente y el futuro!
¡Viralicemos la solidaridad!
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) Asociadas por lo Justo (JASS-Mesoamérica) Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador Consorcio Oaxaca Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM) Iniciativa Nicaragüense de Defensoras (IN-Defensoras) Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos
Compartimos esta nota publicada en La Jornada y de la Campaña Sin Maíz No Hay Pais sobre la inictativa #MAÍZYA para la defensa del maíz nativo – A 25 de marzo de 2020
El Senado aprobó anoche la Ley Federal para el
Fomento y Protección del Maíz Nativo, con las modificaciones que realizó
la Cámara de Diputados y remitió la minuta al Ejecutivo federal, para
su promulgación entre expresiones de júbilo de Jesusa Rodríguez y Ana
Lilia Rivera, autoras de esa iniciativa encaminada a preservar ese
alimento, “que es también la esencia de nuestra cultura”, frente a los
intereses de poderosas corporaciones trasnacionales.
Es la segunda ocasión en que esa reforma pasó por el
Senado, la primera en septiembre del año pasado, cuando se aprobó la
iniciativa y anoche, al allanarse esa cámara a las modificaciones
realizadas por la colegisladora, las que, a juicio de las comisiones
dictaminadoras “no modifican la naturaleza” ni el espíritu de la
propuesta original que es establecer mecanismos institucionales para la
protección y fomento del maíz nativo y en diversificación constante y
declarar a esta actividad como mecanismo cultural.
Casi al final de la sesión con la que cerró
actividades el Senado -para cumplir con las medidas gubernamentales de
prevención del Covid-19, la senadora Jesusa Rodríguez subió a tribuna
para expresar su jubilo ante la aprobación de es nueva ley. Citó el
poema “Patria y superficie del maíz”, de López Velarde y resalto que el
maíz es más que un alimento, “es también la esencia nuestra cultura”.
«¿Qué sería de los pueblos si maíz?”. Como amanecer
sin sol, como paisaje sin distancia, como árbol sin raíz… como dormir
sin descansar, como viajar sin asombro, Así estaríamos, como como
muñecos de lodo, de paja, de madera, sin sangre sin carne”
En igual tono poético, la senadora Jesusa Rodríguez
resaltó: “Sin maíz qué fuera de nosotros, qué fuera de las esperanzas,
qué fuera de fuera de la vida sin la gracia primera. sin la dulce
sonrisa de mazorca, qué fuera de los campos sin rastrojo, de la noche
sin el día que fuera de la gente sin sus huesos, qué fuera de un un
país, que es el nuestro que vive del maíz y en él se inventa”
«¿Qué fuera del pasado y del futuro, qué fuera del
presente si no fuera el maíz nuestro sustento, nuestro amor. Nada
seríamos ya porque somos maíz no somos otra cosa”.
La senadora, actriz y activista resaltó que “triunfó
la causa y México”, porque el país es esa planta, crece en ella y se
levanta porque “México y el maíz son uno solo”.
Por su parte, la senadora Rivera señaló: “festejamos,
estamos orgullosas de lo que hemos trabajado durante toda nuestra vida
en defensa de nuestro país, porque le arrebatamos a intereses perversos
la posibilidad de poder crear propiedad intelectual sobre las variedades
vegetales del maíz “
Detalló que son más de 2 millones de 64 razas y de más de 1000 años de evolución y domesticación del maíz.
Mostró “uno de los morales más maravillosos de
Cacaxtla, en Tlaxcala, “donde vemos una milpa qué lugar de mazorcas da
de esos, porque es la simbología de nuestro pueblo. Es la esencia del
pueblo de México”.
La senadora de Morena resaltó que no son un grupo de
locos poetas, sino un grupo que lucha por el maíz “contra monopolios
agroalimentarios poderosos, ambiciosos calumniadores, a quienes hoy se
les acabó la posibilidad de hacerse del maíz.
“¡¡Sin maíz no hay país y milpa tampoco!!”, concluyó.
Unánime aprobación del Senado para crear Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo
Senado de la República Boletines 24 Marzo 2020 22:48
Se protege a la producción, comercialización y consumo de este alimento como una obligación del Estado.
Por unanimidad, con 79 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó, en
lo general y lo particular la minuta devuelta por la Cámara de Senadores
que expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo,
con el objetivo de garantizar el derecho humano a la alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad.
Con este ordenamiento se declara a la producción, comercialización y
consumo del Maíz Nativo y en Diversificación Constante, como
manifestación cultural, de conformidad con el artículo 3 de la Ley
General de Cultura y Derechos Culturales.
Se establece su protección y la obligación del Estado para garantizar
el derecho humano a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad,
como lo indica el tercer párrafo del artículo 4 de la Constitución
Mexicana.
También, se establecen mecanismos institucionales para la protección y fomento del Maíz Nativo y en Diversificación Constante.
Se incluye la creación del Consejo Nacional del Maíz Nativo, como un
órgano de consulta del Poder Ejecutivo Federal para brindar su opinión
en la materia, y se disponen procedimientos y mecanismos para la
identificación de áreas geográficas en las que se practiquen sistemas
tradicionales de producción, a fin de establecer las medidas necesarias
para garantizar y fomentar su subsistencia.
“Logramos crear una ley de salvaguarda que reconoce al maíz como un
derecho humano a la cultura y un derecho humano a extensión del derecho a
la salud de este país”, dijo la senadora, Ana Lilia Rivera Rivera, de
Morena, una de las promotoras de la legislación.
Destacó el orgullo de quienes han trabajado en la defensa del maíz,
al arrebatar de “intereses mezquinos y perversos” la posibilidad de
crear propiedad intelectual sobre las más de 64 razas, resultado de más
de siete mil años de evolución y domesticación del alimento.
En tribuna, la senadora de Morena y también promotora de la Ley,
Jesusa Rodríguez Ramírez, manifestó que el maíz es el alimento y base de
la salud de la población. La mayoría de las enfermedades, indicó, son
causa de la mala alimentación. “Representa el fundamento de una buena
alimentación y la esencia de nuestra cultura”.
Después de haber sido devuelta con cambios por la Cámara de Diputados, la Ley fue aprobada en reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; y de Estudios Legislativos, Segunda.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de marzo de 2020
Ante la invasión mediática (justificada), por el coronavirus, poca información circula sobre las otras calamidades de lo cotidiano que vivimos en tiempo de la 4T. El compañero Isaac Medardo Herrera, luchador social, abogado, defensor de territorios y comunidades en Morelos, fue asesinado frente a su casa en Jiutepec el pasado 23 de marzo. Como ciudadano y como abogado puso su empeño en las luchas contra el atropello de empresarios y gobiernos que tienen como única premisa la obtención de beneficios económicos y de poder a costa de la vida del Pueblo. En Jiutepec, participó centralmente en la lucha por impedir que una importante zona verde de la cabecera municipal, la de “Los Venados”, fuese convertida en otra masa más de cemento como parte de la especulación inmobiliaria, en otro fraccionamiento más de la empresa “Ara”, de la cual sobresale su director el Sr. Germán Ahumada Russek, otro más de “clásicos empresarios” con un sin fin de redes políticas, con alianzas operativas dentro de poderosas empresas de medios comunicación y, por supuesto, financieras.
Pero esta lucha fue una más de una serie. Isaac Medardo también participó como representante legal, y de manera muy comprometida, en la protección del manantial “Chihuahuita”, del municipio de Emiliano Zapata, también ante otro fraccionamiento, el de “La Ciénega”, para el cual se pretendía despojar de agua a comunidades campesinas requeridas de ella para su sobrevivencia. El motivo de esas y otras luchas en las cuales participó Isaac fue el mismo: la defensa ante la imposición de los intereses privados sobre el interés y el futuro de la colectividad; la voracidad de unos cuantos a costa del bien común y, los impulsores de esos y otros proyectos son, como ya señalábamos, los “clásicos empresarios” acostumbrados a coludir y comprar a gobernantes y, en consecuencia, tener vía libre para que sus proyectos ejecuten el despojo de los pueblos y de la naturaleza.
ta cuándo se detendrá este descarado patrón delictivo/encubierto que trasciende fronteras, y que nuevamente se repite en el estado de Morelos. Hasta cuándo este gobierno actuará en consecuencia y dejará de echarle la culpa a sus antecesores o continuará en la clásica omisión o administración del conflicto que irremediablemente nos lleva a la impunidad y la falta de procuración de justicia de las y los defensores del Pueblo y de los Territorios que han sido asesinados sea frente a su domicilio, o han sido sacados del mismo para ultimarlos en otro lado. Hasta cuándo la 4T mostrará voluntad y sobre todo justicia gubernamental para clarificar los crímenes cometidos y meter a la cárcel no sólo a quienes activan sus armas, sino a los verdaderos operadores intelectuales de estos asesinatos, quienes ya están tan acostumbrados a operar de esta forma, cuando ven sus intereses afectados, mismos que, en su enceguecida codicia no se dan cuenta de estar llegando al límite de las comunidades y el significado de luchar por la y la dignidad.
La lucha por la vida en el estado de Morelos ya le ha costado la misma a; Samir Flores Soberanes, quien fue asesinado el 20 de febrero de 2019; la de Paul Humberto Vizcarra Ruiz, hallado muerto el 16 de octubre de 2019 y ahora, el del compañero Isaac Medardo Herrera Ávila, asesinado este recién 23 de marzo de 2020.
En REMA nos solidarizamos con su familia, amigos y compañeras y compañeros de lucha, para quienes también enviamos un abrazo fraterno, pero llenos de indignación por estos lamentables hechos.
¡EXIGIMOS EL ESCLARECIMIENTO! DEL ASESINATO DE ISAAC MEDARDO HERRERA ÁVILA, DE SAMIR FLORES SOBERANES, DE PAUL HUMBERTO VIZCARRA RUIZ, DEFENSORES DE LA VIDA Y DEL TERRITORIO.
¡EXIGIMOS JUSTICIA, PORQUE NO ESCLARECER ESTOS CRÍMENES, ES HACERSE CÓMPLICE DE ELLOS!
¡BASTA DE COMPLICIDAD, NEGLIGENCIA E IMPUNIDAD!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota publicada en Notas sin Pautas sobre la resistencia a proyectos mineros en Oaxaca – A 14 de Marzo de 2020
Reflexiones sobre el Primer Foro Antiminería y Megaproyectos
Por Frente Oriente /Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Santiago Chazumba es una población encallada en la región mixteca del
estado de Oaxaca; cabecera del municipio que lleva su mismo nombre, se
encuentra rodeada por la cordillera montañosa del estado de Puebla.
Chazumba, al igual que toda la mixteca oaxaqueña, es territorio de gran
diversidad ecológica y con enorme riqueza de recursos minerales lo que
ha hecho que la región se encuentre en la mira de corporativos mineros y
sus agresivas prácticas de despojo. Es por ello que esta localidad se
convirtió en la sede del Primer Foro Antiminería y Megaproyectos convocado por el Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca el pasado domingo 8 de marzo.
Con la participación de habitantes de las comunidades oaxaqueñas de
San Sebastián Frontera, Guadalupe Cuautepec, Santa Cruz Acatepec,
Huajuapan de León, San José Miahuatlán, Yucuquimi de Ocampo, entre
otras; así como las comunidades poblanas de Tehuacán, Acatitlán,
Zapotitlán Salinas, San José Mihuatlán, Acatlán de Osorio, entre otras; y
la participación de organizaciones sociales como el Movimiento Agrario
Indígena Zapatista (MAIZ), la Asociación de Periodistas Independientes
de la Mixteca, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de
Morelos-Puebla-Tlaxcala, la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo
en Defensa de la Tierra y el Territorio, el Grupo de Investigación
Independiente, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de
Tehuacán, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Frente
Oriente; el foro se convirtió en una importante tribuna de denuncia y
organización en contra del intento por convertir esta región en rehén de
los intereses de las grandes corporaciones mineras.
Desde hace 15 años, el apetito voraz de las mineras se dispone a engullir la Mixteca Oaxaqueña
En el año 2008 la Universidad Tecnológica de la Mixteca publicó, en su revista Temas de ciencia y tecnología,
un ensayo titulado “Grado de concentración potencial relativa de los
recursos minerales de la Mixteca Oaxaqueña”. En ese texto el autor
expresa que “el objetivo del presente trabajo fue diseñar un
indicador cualitativo que muestre la magnitud, en primera instancia, de
la concentración relativa de los recursos minerales en un espacio
geográfico, en este caso, de los municipios y distritos de la Región
Mixteca oaxaqueña. Lo anterior es útil para coadyuvar a orientar y
fomentar la exploración y posible aprovechamiento de los yacimientos
minerales existentes”. Desde luego que la ayuda ofrecida por la investigación no es para las comunidades originarias, sino para “el
diseño de planes y programas públicos y privados y fortalecer la
eficacia y la eficiencia de las acciones en la consecución de los
objetivos y metas del sector minero (…), y en consecuencia, tomar la
decisiones para su exploración y su posible explotación, beneficio y
comercialización”. Asimismo, la investigación fundamenta que en la mixteca oaxaqueña “las
concentraciones minerales más relevantes se ubican en los distritos de
Huajuapan, Juxtlahuaca y Nochixtlán; sin embargo, Silacayoapan destaca
por sus yacimientos de oro, plata y yeso; Juxtlahuaca por sus depósitos
de antimonio y carbón y Teposcolula por su producción de cal”[1].
En ese mismo año, la Secretaría de Energía del gobierno federal
anunció que en el estado entregaron 20 concesiones para proyectos de
explotación minera equivalentes al 12.5% del territorio oaxaqueño. Entre
las corporaciones mineras beneficiadas en esa época con los proyectos
se encontraban Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco
Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp,
Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources,
Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius
Gold, Compañía Minera Plata Real, New Coast Silver Mines LTD, Aura
Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd., entre muchas otras.
Seis años después de publicado el diagnóstico minero de la Universidad Tecnológica de la Mixteca, la Gerencia Regional Sur del Servicio Geológico Mexicano
informó que Oaxaca es considerado como uno de los estados de mayor
potencial minero a nivel nacional, por la presencia de grandes
extensiones de cobre, plata, oro, zinc, antimonio, y de minerales no
metálicos, por lo que despertó el interés de empresas mineras
internacionales. Ante ello, el gobierno federal encabezado por Enrique
Peña Nieto realizó una serie de modificaciones constitucionales,
contenidas en la Reforma Energética, que posibilitaron el despojo de
tierras en zonas campesinas e indígenas del país. Bajo estas reformas
jurídicas, el capital extranjero logró la plena apertura para explotar
los recursos naturales y energéticos nacionales y, a través de la Ley
Nacional de Hidrocarburos, establecer esquemas de servidumbre donde los
campesinos recibirán únicamente una renta ínfima a cambio del despojo de
sus recursos a través de la explotación petrolera, gasera y de
minerales. Huelga decir que con estas disposiciones se declara la
explotación energética y mineral como prioritaria ante, por ejemplo, la
producción alimentaria.
Desde entonces, más de 15 años, Oaxaca ha estado en la mira de las
trasnacionales mineras quienes, a través del Estado, impulsaron el
decreto de creación de las Zonas Económicas Especiales mediante las
cuales se construirían espacios para el capital trasnacional que les
permita desarrollar la infraestructura de enclave necesaria para la
explotación de los recursos energéticos, minerales y de agrocombustibles
que posee la región. Es cierto que las Zonas Económicas Especiales se
han eliminado, pero no la convicción entreguista de los recursos al
capital trasnacional, como lo evidencia el actual Plan Nacional de
Infraestructura elaborado por las mismas corporaciones que tienen
intereses específicos en Oaxaca.
Por ejemplo, Luiz Camargo, director de la Compañía Minera Cuzcatlán, filial de Fortuna Silver Mines,
afirmó que Oaxaca, es un estado “premium” por el alto potencial minero
que, sin embargo, se encuentra en una “fase embrionaria” y “necesita dar
otro paso” y realizar un banco de datos para facilitar el desarrollo de
la exploración minera que a su vez “podría llevar desarrollo a las
comunidades que se encuentran en rezago”. Agregó que “hay una buena
relación con las comunidades con las cuales se celebran convenios para
apoyarles en materia de salud, educación y sostenibilidad social”; sin
embargo, la realidad muestra lo contrario: ante el panorama de invasión
de las corporaciones mineras a la región mixteca, comunidades han
desarrollado permanentemente procesos de organización para rechazar los
megaproyectos mineros en sus localidades.
La organización de los pueblos ante la voracidad minera
En febrero de 2016 habitantes de 48 comunidades y representantes de
30 organizaciones sociales exigieron la cancelación de 400 concesiones y
35 proyectos mineros en zonas indígenas de Oaxaca.
La respuesta de la burguesía minera y del Estado fue criminalizar,
asesinar y desparecer de manera forzada a miembros de organizaciones y
defensores ambientales con el objetivo de sembrar terror en todo el
estado y poder realizar plenamente las actividades de minería con sus
ulteriores efectos en la vida y la cultura indígena, en el medio
ambiente, en la salud y en las relaciones sociales.
A pesar de esto, la resistencia y lucha en contra de los proyectos
mineros no ha dejado de desarrollarse. Por ejemplo, desde el año 2009,
la comunidad de Magdalena Ocotlán ha mostrado su oposición rotunda a la
imposición del proyecto minero pues, mediante un acta de sesión solemne
de cabildo, reafirmaron su lucha por la tierra y determinaron declarar
su territorio totalmente libre de actividades mineras. Igualmente,
habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca iniciaron en 2018 la resistencia
para evitar la actividad minera de la empresa canadiense Fortuna Silver
Mines que afecta a 35 municipios de los Valles Centrales.
También en Valles Centrales las comunidades en resistencia
realizaron, en 2019, la “Guelaguetza Antiminera” con la que conmemoraron
tres décadas de lucha y resistencia. En ese acto, varias comunidades se
declararon “territorios prohibidos para la minería”.
Esta lucha por la defensa de sus territorios y en contra de la
minería cada vez se hace más general en todas las regiones de Oaxaca.
Las comunidades indígenas han desarrollado procesos de organización y
articulación regional para evitar que las corporaciones mineras devasten
sus comunidades y la biodiversidad que poseen.
Pero ante estos procesos de resistencia popular, la estrategia de
división en las comunidades ha sido una práctica que el Estado ha
implementado a través de los partidos políticos de todos los colores.
Entre la represión, el hostigamiento, la división y las falsas promesas
de cambio, se intenta dar el golpe de fuerza que permita a los intereses
mineros romper los lazos sociales y de autogestión comunitaria.
El Frente en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca
A partir de la preocupación de las concesiones mineras que se han
otorgado en la zona mixteca de Oaxaca y Puebla, autoridades comunales,
habitantes y organizaciones sociales de la región comenzaron a reunirse
en asambleas comunitarias para discutir y tomar acciones contra la
imposición de estos proyectos. Así, colectivamente las comunidades
tomaron la decisión de formar un frente regional para implementar
acciones de defensa y resistencia. Fue así como nació el Frente Regional en Defensa del Territorio de los Recursos Naturales Puebla-Oaxaca,
con la finalidad de exigirle al gobierno que elimine las concesiones a
mineras extranjeras para la explotación de la tierra en sus comunidades.
Ya constituídos como frente, el pasado 1 de febrero desarrollaron en la comunidad de Santiago Chazumba la Segunda Asamblea de la Defensa de la Tierra y los Recursos Naturales,
a la que acudieron autoridades municipales, agrarias, activos,
población de la Sierra Norte de Puebla y de la Mixteca. Durante la
asamblea informaron que los proyectos mineros, establecidos desde la
Sierra Norte poblana hasta la Mixteca Alta oaxaqueña, atentan contra los
ecosistemas de los municipios de la región, y denunciaron las amenazas
que enfrentan por los responsables de los proyectos existentes en sus
comunidades entre los que se encuentran: el proyecto hidroeléctrico
Coyolapa-Atzala; concesión minera Newmont Mining Co. en Cerro Colorado,
Tehuacán; parque eólico en Miahuatlán, Puebla; fumigación de nubes con
yoduro de plata en el valle de Tehuacán y en comunidades de la Mixteca
oaxaqueña; concesión minera en Tequixtepec; así como la concesión minera
Arco Resources Corporation en San Jerónimo Silacayoapilla; San Marcos
Arteaga y Santiago Ayuquililla, aunado a la extracción de material
pétreo en ríos de la región por pequeños concesionarios.
Ante este contexto de afectaciones y conflictividad, el Frente acordó
declarar sus comunidades como “pueblos libres de minería, megaproyectos
y en permanente resistencia” y, asimismo, la realización de acciones de
resistencia y movilización en Oaxaca y Puebla para la defensa de sus
territorios. Su primera acción fue la realización del Primer Foro
Antiminería y Magaproyectos, celebrado el 8 de marzo en Santiago
Chazumba.
La minería es feminicida
El Primer Foro se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), giró en torno al tema de la minería como feminicida. Ahí se destacó que la minería extermina la vida, en particular de las mujeres, pues “el
modelo extractivo minero es una de las caras más visibles y
patriarcales del sistema capitalista el cual no duda en asesinarnos, en
desaparecernos y enfermarnos”.
Las mujeres de REMA, denunciaron firmemente “los agravios de este
sistema patriarcal que se esconde en empresarios nacionales e
internacionales; en gobernantes a nivel federal, estatal y municipal;
también en las instituciones financieras y los agentes de gobiernos
extranjeros”. Por ello, no dudaron en sentenciar que “no creemos en la minería sustentable, ni responsable, ni verde. Las mujeres no negociamos la vida”.
Finalmente, REMA fue contundente al manifestar que “le decimos al
gobierno federal que si ellos no están dispuestos a acabar con el
saqueo y la rapiña de las empresas extractivas y sus empresarios
parásitos que operan en nuestro país, lo haremos con la fuerza de las
mujeres. Si este gobierno no está dispuesto a acabar de tajo con la
impunidad, lo haremos nosotras”.
“Estamos comenzando tarde… pero podemos ganar”
“En Oaxaca existen 427 concesiones mineras. En la Región Mixteca, por lo menos, hay 61 concesiones diferentes”
para la explotación de titanio, plomo, cobre, zinc, barita, hierro, oro
y plata; manifestaron durante su ponencia los investigadores delGrupo de Investigación Independiente de Oaxaca.
Asimismo, manifestaron que en la lucha contra el despojo minero las
comunidades de la región están comenzando tarde, por la rapidez con que
avanzan las exploraciones mineras; sin embargo, confiaron en que aún hay
tiempo para revertir esta problemática. Destacaron que el patrimonio de
las comunidades y sus habitantes, concretamente de los niños, están en
un grave riesgo pues de acuerdo con la Ley Minera las concesiones tienen
vigencia de 50 años con renovación automática de otros 50 años más. “Todos
tenemos que estar involucrados mujeres, niños, hombres, ancianos,
ancianas. ¿Por qué? Muchos de estos niños tal vez tienen por lo mucho
cuatro o cinco años. Si la concesión la otorgaron en el [año] 2016, esa
concesión va a estar vigente cuando esos niños tengan cincuenta años y
muchos de nosotros ya no vamos a estar aquí”. Con esta duración en las concesiones “están hipotecando el futuro de nuestros pueblos por 100 años; y eso, el gobierno no lo ha echado para atrás”, expresó el mencionado grupo.
También informaron a los participantes un dato sorprendente: en la
mixteca se encuentra el yacimiento de hierro más grande del planeta y
éste se encuentra en las ambiciones del magnate acerero Lakshmi Mittal,
dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas – Las Truchas (SICARTSA), en
Michoacán, quien en junio de 2019 se reunión con el presidente Andrés
Manuel López Obrador quien se comprometió a generar las condiciones
idóneas para que el “Rey del Acero” pueda invertir en nuestro país mil
millones de dólares. De acuerdo a lo dicho por el presidente de la
República, “estamos llegando al acuerdo de explorar, de que invierta más
en México, cuando menos unos mil millones de dólares más, tanto en
Lázaro Cárdenas como en otras actividades productivas”. La garantía que
AMLO ofrece a Mittal es respaldar el proyecto minero implementado por su
antecesor Enrique Peña Nieto que establece, de acuerdo con la Ley
Minera, que la concesión minera cuesta 5 pesos por hectárea al año y
después de los diez años, aumenta a 111 pesos. Sin duda un negocio
redondo a la medida de la voracidad minera extranjera.
El panorama resulta complejo, por ello el grupo de investigación insiste en que “estamos empezando tarde”.
De acuerdo a sus consideraciones, se necesita difundir ampliamente la
información de lo que rodea al negocio minero a toda la sociedad y,
principalmente, a dos instancias fundamentales: la presidencia municipal
y la autoridad agraria “porque la empresa tendrá la venia del
gobierno federal, pero si no tiene el permiso del municipio y no tiene
el permiso del núcleo agrario, no puede entrar. Y eso está establecido
en las leyes”.
Desde la óptica del Grupo de Investigación Independiente, para
avanzar en la lucha de resistencia es necesario allegarse y difundir
información lo más completa y certera posible. También considera que es
fundamental desarrollar una política de medios que les permita insertar
en la opinión pública la problemática que viven las comunidades mixtecas
ante el avance de los proyectos mineros. Igualmente es necesaria la
asesoría jurídica, pero siempre bajo las directrices de los mandatos de
la asamblea comunitaria.
“Tenemos que estar preparados para movilizarnos y para
confrontarnos. La empresa no nos va a decir ‘por favor déjame entrar’.
En el momento en que vea que no tiene el permiso, va a aplicar la
fuerza; y nosotros tenemos la razón, pero también tenemos que ser
conscientes de que tenemos que tener la fuerza para demostrar que esa
razón es válida”.
Y concluyó: “Podemos ganar, pero tenemos que hacer un esfuerzo continuo”.
Imagen destacada: Con los Ojos Abiertos. Cobertura del Foro: Frente Oriente
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre las amenazas que han sufrido recientemente integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco – A 25 de marzo de 2020
Es una burla que, en plena contingencia del COVID-19, el gobierno morenista del gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Chiapas, por medio de la Subsecretaría de Relaciones Políticas y Organizaciones, amenaza e intimida al “Frente Popular en Defensa del Soconusco” (FPDS) de los municipios de Acacoyagua y Escuintla, miembros de la REMA, al citarlos para que acudan a una mesa de trabajo llamada “Problemática entre el grupo minero El Puntal S.A. de C.V . con el grupo denominado 20 de Junio”, cuando saben que en esa zona hay un proceso organizativo que lleva varios años enfrentándose a los proyectos mineros.
El día 18, luego el día 20, y el 23 del presente mes, el gobierno del Estado convocó para que las comunidades de la zona asistieran a un llamado -irresponsablemente requeridos en plena contingencia del coronavirus-, con el propósito de garantizar la extracción del titanio por parte de la empresa que tantos daños ha hecho a la región, entre lo que destacan acciones relacionadas con amenazas, intimidaciones y divisiones comunitarias. En este juego, y como siempre sucede de manera lastimosa y perversa, se han prestado al contubernio con la empresa minera tanto la Fiscalía del Estado, como la Procuraduría Agraria, quedando en claro lo serviles que son para facilitar los intereses empresariales y no los comunitarios y agrarios.
Tanto el gobierno federal, como estatal no acaban de entender que el modelo extractivo es insustentable, contamina las fuentes de agua, deforesta, genera graves condiciones de despojo y desplazamiento, lo que, en consecuencia, termina de manera definitiva con los suelos de las regiones montañosas biodiversas de Chiapas. Peor aún, cuando de manera beligerante e irresponsable llevan a cabo acciones en un momento de crisis pandémica de graves consecuencias económicas, en donde los ejidos están más susceptibles para absorber prebendas o dinero por permitir el desarrollo de actividades extractivas.
Responsabilizamos tanto al gobierno morenista de Rutilio Escandón, como al licenciado Concepción Zavala López -Delegado Regional de Gobierno y a la Fiscalía-, de cualquier intento de intimidación, coerción, división y conflictos que susciten bajo el pretexto de aplicar el Estado de Derecho y criminalizar la justa demanda de los pueblos de proteger el medio ambiente, la salud, el agua y la biodiversidad, en contra de los ambiciosos intereses de la empresa de Monterrey que pretende devastar las montañas del sureste de México.
¡LA MINERÍA DESTRUYE LA VIDA!
¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos esta nota publicada en Proceso sobre los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali el pasado fin de semana – A 23 de marzo de 2020
CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El presidente Andrés Manuel López Obrador
confirmó hoy el resultado de la consulta realizada ayer en Mexicali,
Baja California, en la que la mayoría decidió no aceptar la instalación
de una planta cervecera de la trasnacional licorera Constellation
Brands.
La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, presentó hoy los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali
Inclusive, ante las primeras reacciones de organismos y cámaras
empresariales, así como de algunos actores políticos, el mandatario
expuso que no podía ponerse en duda el resultado de dicha consulta, por
la cantidad de participantes, así como del amplio margen de rechazo.
“Cuando hay resultados así es evidente que no hay
acuerdo. Si hubiese participado menos gente o hubiera un resultado más
parejo… pero hay que gobernar con el mandato popular”, expresó el
mandatario.
La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury,
presentó hoy los resultados que, con una participación total de 36 mil
781 personas, reflejó que 76.1 por ciento de los participantes están en
contra y sólo un 23% a favor.
“Conagua ya no dará los permisos correspondientes para la
operación de la planta. El gobierno se pondrá en contacto con la
empresa para la subsanación de los daños”, dijo.
La instalación de una cervecera en esa ciudad fronteriza ha generado
descontento desde hace años, por las implicaciones que tendría para el
acuífero.
Las respuestas de la consulta fueron:
Estoy de acuerdo en que se termine construir en Mexicali la
planta de Cerveza Constellation Brands porque ya han invertido y se
crearán empleos sin afectar el abasto de agua para la población.
No estoy de acuerdo en que se termine construir en Mexicali la
planta de Cerveza Constellation Brands porque no quiero que se use el
agua para este tipo de industrias.
Ante el movimiento de rechazo, el gobierno de López Obrador
decidió realizar una consulta que se celebró los pasados 21 y 22 de
marzo, con el resultado mencionado.
En su alocución al respecto, el presidente recordó el amplio
movimiento social que se gestó en Baja California en defensa del agua,
hace unos años.
Finalmente, el mandatario se dijo dispuesto a tener diálogo con el
Consejo Coordinador Empresarial, así como con otros organismos y con los
dueños de la empresa, a fin de ofrecerles opciones y facilidades para
su instalación en zonas donde si hay agua.
“Voy a hablar, si es necesario, con los dueños. Claro que
nos importa la inversión extranjera, la creación de empleos, pero
también tenemos que cuidar la opinión de la gente y cuidar nuestros
recursos naturales, no es crecer por crecer, es crecer con bienestar”,
dijo.
Imagen: Opositores a la instalación de la cervecera Constellation Brands en Mexicali. Foto: Especial Proceso. / La subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Diana Álvarez Maury, presentó hoy los resultados de la consulta sobre la cervecera en Mexicali Foto: Germán Canseco
Comunicado del Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de junio», el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. y Otros Mundos Chiapas A.C. – A 23 de marzo de 2020>> Descargar comunicado en pdf<<
El gobierno de Chiapas, a través de la Delegación de Mapastepec, representada por el Lic. Concepción Zavala López, ha convocado a una reunión de trabajo al Frente Popular en Defensa del Soconusco para “dirimir conflictos sociales” sin que las comunidades afectadas por la extracción minera lo hayan solicitado. La reunión se llevó a cabo con el empresario Victor Espinoza, representantes de la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. El objetivo de la convocatoria fue la de advertir a los y las integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) que el gobierno aplicará el “estado de derecho” para que la empresa de extracción de titanio reinicie sus obras. En presencia de la Fiscalía de Chiapas y la Procuraduría Agraria el empresario señaló a 12 integrantes del FPDS como los “líderes” de la organización y advirtió aplicar denuncias penales en su contra.
Las organizaciones que suscribimos este comunicado expresamos nuestra preocupación ante el evidente respaldo que el gobierno de Chiapas está dando a la empresa minera El Puntal S.A. de C.V. para sus operaciones, poniendo en riesgo la integridad física y psicológica de los y las integrantes del FPDS y de los y las habitantes de Acacoyagua. Es grave que el Gobierno de Chiapas y la Fiscalía adviertan “el estado de derecho” al servicio de una empresa y de intereses privados. Por el contrario, «el estado de derecho», en su relación intrínseca con los derechos humanos, debe estar al servicio de proteger a las personas y los pueblos, así como nuestros ecosistemas, y no para promover los intereses económicos y proyectos mineros.
Del 2016 al 2018 los y las integrantes del FPDS fueron víctimas de una estrategia de criminalización y judicialización, coordinada por el gobierno de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. Misma que fue documentada por diversas organizaciones de la sociedad civil en Chiapas y por la organización de observación internacional SweFOR. En ese momento el FPDS acudió de manera pacífica a tres mesas de trabajo en donde se solicitaron a distintas dependencias hacer los estudios de calidad de agua y de salud correspondientes para la documentación de daños a la salud y al medio ambiente. Ninguna solicitud fue atendida, sino todo lo contrario, en este periodo se documentaron amenazas directas hacia los y las integrantes del FPDS, pago a ejidatarios y coordinación de acciones de confrontación por parte del integrante de la empresa: Julio Alfaro, pago a periódicos locales para que difundieran notas que deslegitimaban a integrantes del FPDS, la presencia de un convoy militar que llamó el municipio de Chiapas para vigilar una reunión convocada por el FPDS, entre otras.
En esos años y hasta hoy, el gobierno de Chiapas juega un rol de apoyo a la empresa Minera El Puntal S.A de C.V.. Desde entonces las organizaciones advertimos que el proyecto tan solo contaba con el permiso de exploración, pero que la gente denunciaba el paso de transportistas con mucho material y una serie de inconsistencias en los contratos con los ejidos. Además que su apoyo a la empresa contravenía la obligación del estado de proteger los derechos humanos antes que los intereses privados. Hacer uso del “estado de derecho” sería revisar todas las inconsistencias e irregularidades que presenta el proyecto, no para criminalizar a las y los defensores ambientales de Acacoyagua.
Reiteramos que el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio” somos una organización integrada por representantes de comunidad: jueces, ejidatarios y comuneros, así como madres de familia y jóvenes. Nuestra labor desde el 2015 ha sido la de informar y hacer denuncia de las consecuencias ambientales y sociales por la actividad minera. Nuestras acciones son pacíficas, sin ningun fin más que el de proteger el medio ambiente y el patrimonio de las futuras generaciones.
Responsabilizamos al Gobierno del Estado de Chiapas y la empresa El Puntal S.A. de C.V. por cualquier acto de intimidación y criminalización hacia los y las afectadas por la minería en Acacoyagua y a las justas demandas amparadas en los derechos humanos y colectivos. Llamamos a la protección de nuestros derechos y la integridad física y psicológica de los integrantes del FPDS.
Firma
FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO “20 DE JUNIO”
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el Tren Maya – A 17 de marzo 2020
Por Magdalena Gómez E
El proyecto llamado Tren Maya es un vivo retrato de la injusticiabilidad de los derechos de los pueblos indígenas. A la simulación de consulta ni previa, ni libre, ni informada, ni culturalmente adecuada, ajena a los estándares internacionales como señaló la oficina en México de representación de Naciones Unidas; ahora el Poder Ejecutivo ha decretado una fase de seguimiento con las autoridades ejidales y municipales que suplantaron a las indígenas. El objeto de esa llamada fase es revisar los acuerdos tomados cuando libremente aprobaron el Tren Maya, es decir, las peticiones planteadas que consisten en apoyos oficiales diversos.
Pero no queda ahí la auténtica operación de Estado. Ante el amparo
que presentó el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx),
en Campeche, en el cual obtuvo primero una suspensión provisional
respecto del proyecto de tren que ya hemos insistido es más que un tren,
Fonatur presentó una queja cuyo documento es toda una pieza digna de
denunciarse. Argumentó que la suspensión afecta a quienes participaron
en la consulta y aprobaron el proyecto. Es decir, se abroga la
representación de dichas autoridades ejidales y municipales, habla en su
nombre, son su estandarte para tender un manto de legalidad a su consulta.
No sólo eso, reproduce el discurso oficial respecto a los indígenas, no a los pueblos, lo sabemos, a los indígenas que reciben apoyos individualizados y miente ante el Poder Judicial señalando que son entidades de derecho público cuando la contrarreforma indígena de 2001 los ubicó como entidades de interés público y a la fecha la Constitución no se ha reformado. Si recordamos que el Poder Legislativo en la creación del Instituto de Pueblos Indígenas mencionó que lo son de derecho público. ¿Pretendió reformar la Constitución a través de una ley? Todo se vale. Reiteró que se trata de un reordenamiento territorial sin abordar la implicación en términos del mercado de tierras sustentando el proyecto en que las vías del tren ya existen. Pero este galimatías fue recibido por el tribunal colegiado de circuito, que al resolver el discurso de queja, perdón, el recurso de queja, transcribió ampliamente el sustento de la suspensión, las jurisprudencias que se han emitido por la Corte en materia indígena, el texto del artículo 2º constitucional y ello le sirvió para rechazar el cuestionamiento de Fonatur sobre la representatividad de los promoventes del amparo, lo cual es positivo, validó su interés legítimo, pero introdujo la limitante de que la suspensión se circunscribe al ámbito geográfico donde se ubican los promotores. Ello a partir de la facultad de modificar la suspensión que la jueza primera de distrito con sede en Campeche había otorgado respecto al proyecto en cuestión. Es decir que el área de influencia del proyecto o el impacto no atañe a la integridad territorial de los pueblos indígenas, sino que aplicó el criterio jurídico tradicional de amparar sólo a quien promueve . Las autoridades de Fonatur se dieron por satisfechas, ya que en virtud de tal determinación la jueza asumió ese criterio en la audiencia incidental del pasado 4 de marzo y si bien concedió suspensión definitiva lo hizo sólo para el área de influencia acotada a Calakmul.
Falta avanzar en el juicio de amparo, presentar pruebas y obtener una
resolución definitiva. Mientras, continuarán con el proyecto. El asunto
no queda sólo entre funcionarios que simulan y jueces que no ven y
comunidades indígenas apelando al respeto a sus derechos mediante un
juicio de amparo. El panorama está cargado de señales que configuran el
patrón de despojo que viene de tiempo atrás. En los días previos afloró
un escándalo en el Registro Agrario Nacional, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de un
informe sobre mercado de tierras y prácticas corruptas que derivó en la
remoción de su delegado en Yucatán. Se aplicó control de daños y sólo
los medios locales filtraron datos del informe. Justamente es un telón
de fondo no casual, no de ahora, en la trayectoria de tratamiento
oficial en la península, frente a los ejidos a partir de la
contrarreforma salinista al 27 constitucional. Hay juicios en curso
derivados de esas prácticas que involucran a otras dependencias.
¿Cómo y de dónde saldrán las tierras que requieren los polos de desarrollo previstos para el llamado Tren Maya? Fonatur en días recientes aplicó un blindaje al reservar información respecto del proyecto llamado Tren Maya reservándola por cinco años, en un contexto en que un día se habla de recursos sólo del gobierno y otro de inversión privada. Lo contrario de transparencia es oscuridad y esa es la apuesta oficial hoy, mientras otras comunidades buscarán el amparo de la justicia federal, como un pie en la resistencia.
Compartimos esta nota publicada en Pie de Página a proposito de la consulta que se realizará este fin de semana en Baja California sobre las concesión del agua para la cervecera Constellation Brands – A 17 de marzo de 2020
Si la empresa Constellation Brands instala la cervecera en
Mexicali, Baja California, tomaría casi la mitad del agua disponible,
según un estudio. En una zona con estrés hídrico. La consulta para
definir su instalación está prevista para este 21 de marzo
Texto y fotos: Daliri Oropeza
La empresa cervecera Constellation Brands tomaría hasta el 44 por
ciento del agua de la reserva que tiene Mexicali, de acuerdo con el
investigador Alfonso Andrés Cortés Lara, quien hiz un estudio para una
Opinión Técnica sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la
Planta Cervecera.
Por ello, denuncia que el derecho humano al agua no se consulta sino
que se protege y debe garantizarse agua de calidad, de manera oportuna,
precio asequible, y de esa manera también garantizar el derecho de los
productores agrícolas para la seguridad alimentaria.
Para el, la Constellation Brans atenta directamente contra este derecho.
Desde su perspectiva, “una consulta como la que proponen es como
decir ‘¿están de acuerdo que se cumpla el derecho humano al agua?’ y esa
no es la ruta mas indicada (para respetarlo)”.
A esto se suma la denuncia de Elena Burns de la red Agua para Todos.
Ella da cuenta de que las leyes mexicanas que crearon permiten el
acaparamiento del agua confines mercantiles.
“Estamos en un periodo con una Ley de aguas nacionales que no
reconoce el derecho humano al agua y está permitiendo la violación de
este derecho en el país. Particularmente en esta zona, de las más
críticas del país. Las temperaturas llegan a 45 grados, además, Estados
Unidos presiona por tener acceso”.
De acuerdo con su lectura, se está privilegiando en este caso la
mercantiilzación. Explica que esto es posible desde 1992. Para llevar a
cabo el Tratado de Libre Comercio acomodaron la ley para poner las aguas
nacionales bajo sistema de concesiones concebida como compra y venta,
sin preocuparse por derechos de pueblos.
“El derecho humano al agua no tiene valor bajo este sistema, y todos
los funcionarios, (Felipe) Calderón, (Enrique) Peña Nieto lo siguieron, y
sigue operando actualmente”.
Queda entonces reducido al acceso al agua por privatización.
Por ello, la CNDH emitió la recomendación 1/2020 para la Conagua y el gobierno de Baja California.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que la instalación
de la empresa Constellation Brands pone en peligro el acceso al agua de
la población y de los agricultores del Valle de Mexicali.
De acuerdo con el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara es importante que
la CNDH resaltó las irregularidades en el otorgamiento de permisos que
hubo a la empresa estadounidense. Cortés Lara se especializa en uso y
manejo del agua en zonas áridas y desarrollo de recursos Hídricos,
Estrés hídrico
La cuenca del Río Colorado, que es la que abastece al valle de
Mexicali, principal fuente de agua para todo el estado y para parte de
Sonora, es una cuenca que está bajo amenaza por estrés hídrico, por
cuestiones de cambio climático, por atravesar zonas desérticas y por el
uso que se le da a este afluente compartido con Estados Unidos.
El Acuífero Valle de Mexicali es vedado y oficialmente reconocido como sobreexplotado, en esta zona de extremo estrés hídrico.
Alfonso Andrés Lara, profesor investigador del Colegio de la Frontera
Norte asegura que esta cuenca resiente el periodo prolongado de sequía
que vivimos desde 1999. Además se han agotado las fuentes de recarga y
la precipitación pluvial es casi nula. Por lo que es imposible una
recarga natural del acuífero. En suma, la evaporación por el calor es
mayor que la precipitación.
Es un desierto, es zona seca, árida. Aunque la planta la construyeron
en un lugar estratégico cerca de los campos de riego agrícolas, a la
orilla sur de la ciudad, al norte del Río Colorado, cerca de carreteras y
vías férreas.
El exgobernador panista Víctor Hermosillo vendió a 11 pesos el metro
cuadrado a la empresa, cuando su valor está entre 200 y 300 pesos por
metro cuadrado.
A esto se suma que el caudal del río Colorado, que baja desde las
montañas Rocallosas, atraviesa por 7 estados de EU, y deriva a través de
la presa José María Morelos y Pavón al cruzar la frontera. Desde 1965
hay concesiones de agua, y está sobre explotado.
Los acuíferos del norte de Baja California, como el del Valle de
Mexicali, se abastecen de los ríos que bajan desde Colorado y
California. Y ambas fuentes se encuentran en condición crítica por la
sobreexplotación agrícola que prevalece en Estados Unidos y en este
estado.
En suma, nada de esta agua se regresa al medio ambiente y este es el principal punto de alerta que detalla el investigador.
Uso del agua y opacidad
El volumen del agua que utilizaría la planta cervecera pone más
presión limitar el agua para consumo humano, de acuerdo con el
investigador del Colef Alfonso Andrés Cortés Lara.
El doctor encontró, al revisar la Manifestación de Impacto Ambiental
de la empresa, que la trasnacional nunca especifica de manera precisa el
volumen de agua que requieren para la construcción y operación de la
planta cervecera.
De acuerdo con sus cálculos, si usara el que tiene más coincidencias
en la MIA, serían 15 millones de metros cúbicos del agua superficial y 5
millones de metros cúbicos de aguas subterráneas.
Pero Cortés Lara acusa que hay maña cuando la cervecera niega que se
afectará el consumo de agua de la ciudadanía en Mexicali. Esto es porque
lo está equiparando con el volúmen de agua del Estado, en donde
entonces sí daría el 1 por ciento.
“La empresa no dice que va a sacar el agua de toda la ciudad ni del
valle, no dice que de la reserva de la ciudad, y esa es 22.78 millones
de metros cúbicos al año. Mexicali actualmente consume 101 millones de
metros cúbicos al año, es dueño de 124 millones de metros cúbicos. Esa
reserva es para todas las actividades: uso gubernamental, privado,
público, de los hogares y para la siembra. En documentos oficiales dicen
que la cervecera obtendría de la ciudad 20 millones de agua. Si hacemos
el cálculo con 10 millones de metros cúbicos equivale al 44 por ciento
de las reservas”, detalla el investigador.
En la gestión del panista Víctor Hermosillo, la ciudadanía organizada
de Mexicali logró frenar la construcción irregular destinada a ser un
acueducto que daría servicio a la cervecera. Se construía con recursos
públicos licitado en 520 millones de pesos.
De acuerdo con los informes, la cervecera tiene el 65 por ciento de avance en su construcción.
La cuenca compartida y el tironeo con EU
Baja California tiene derecho a usar el 9 por ciento del agua de la
cuenca del río Colorado. Lo comparte con 7 estados de Estados Unidos,
país de donde llega el río y desemboca en el golfo de California.
Para dividir el uso, México firmó el Tratado de Aguas Internacionales
con el país vecino por el cual puede usar mil 850 millones de metros
cúbicos anualmente.
Este tratado tiene agregados que ha hecho Estados Unidos en los
últimos años. Con estos agregados se ha reducido la cantidad de litros
que pueden ocupar los ocho usuarios mencionados en el acuerdo.
Por ello, el investigador afirma que esto tiene efectos esperados
como resultado de la alta variabilidad climática para el Valle de
Mexicali, como es la disminución de la velocidad de flujo del agua, el
aumento de la concentración salina en el agua del río y acuífero
subterráneo, la disminución de eficiencia de riego a nivel general y
parcelario; el incremento de costos de operación en zona de riego y en
sistemas de la ciudad, entre otros.
¿De dónde salió la consulta?
“Nos mandan a decir hasta de la Embajada de Estados Unidos (…) que si
se lleva a cabo la consulta va a quedar muy mal el país”, dice el
presidente Andrés Manuel Lopez Obrador sobre las presiones que recibe
por la inversión realizada por la cervecera trasnacional Constellation
Brands. Es su conferencia de prensa del 3 de marzo. Asegura que la
consulta fue una resolución de la Secretaría de Medio Ambiente, para ver
si opera o no la planta en Mexicali.
“¿Y qué le digo a la gente de Baja California donde se va a llevar a
cabo la consulta? Nada más que tengan todos los elementos, toda la
información, que vean si realmente se afecta, si objetivamente hay una
afectación, porque la empresa sostiene que no hay ninguna afectación,
que es una inversión que va a generar empleos”.
Uno de los argumentos para realizar la consulta que dio el presidente
en su conferencia matutina es una denuncia: “¿quiénes fueron los
responsables de esto?, ¿quiénes dieron los permisos? Si no era
conveniente, ¿para qué entregaron los permisos a la planta? Nos toca a
nosotros estar enfrentando estos asuntos y por eso tenemos que escuchar a
la gente”.
A su vez emitió un mensaje a las élites extranjeras: “Pedirles
también a los inversionistas extranjeros, a los empresarios en general
que actúen también con ética, porque, ¿qué pasaba antes? Venían y veían a
México como tierra de conquista”.
Colectivos ciudadanos como Mexicali Resiste han documentado que la empresa constructora de la cervecera es del ex alcalde panista, Víctor Hermosillo.
Semarnat aseguró que es la Secretaría de Gobernación la que convoca a
la consulta. Esta semana previa a la consulta comenzaron a circular
volantes con información idéntica a la que difunde la empresa pero
firmados con el sello que dice “Gobierno México” y Secretaría de
Gobernación, Conagua y Semarnat.
Ante esto, Semarnat también se deslindo de la información:
“Uno de los principios fundamentales de la Semarnat es el manejo de
información científica actualizada en la toma de decisiones, así como un
respeto irrestricto a la opinión de los ciudadanos y su derecho a
recibir información fidedigna. Por lo cual, la Semarnat no está de
acuerdo con la información que desde el pasado sábado está circulando en
un folleto”.
Elena Burns denuncia que es una consulta “es altamente irregular,
pues no saber las preguntas, las casillas. Y lo que no nos gusta es que
este tipo andamiaje, intento de consulta, tan rápido y tan opaco y tan
manipulado, es muy preocupante”. Estos días fueron publicados de
maneraoficial los lugares de Mexicali donde habrá casillas. Aún falta la
pregunta y la información se maneja a cuentagotas.
“Yo hubiera preferido que se dejara libre el proceso con la CNDH. Que
se evitara esta distracción de la consulta para que siguiera el proceso
de las recomendaciones y que las autoridades respondieran a estas. Con
la consulta, de manera indirecta facilita, se desvía a que las
autoridades evadan la responsabilidad de responder a la CNDH, proceso
que llevaría a frenar la construcción”, asegura el doctor Cortés Lara.
Las élites trasnacionales
Constellation Brands, con sede en Nueva York, es líder en la venta de
alcohol en el mundo. La compañía tiene un portafolio con más de 100
marcas de vinos, licores y cervezas.
En 2013 la compañía compró Grupo Modelo, la empresa cervecera más importante de México. La compañía tiene plantas de producción en Coahuila y Ciudad Obregón, Sonora. Desde que compró Grupo Modelo en las plantas de Hidalgo y Yucatán, momento en que se convirtió en la tercera productora de cerveza en México.
Compartimos esta nota publicada en La Cooperacha sobre un proyecto hidroeléctrico en Oaxaca – A 16 de marzo 2020
Comunidades chatinas, mixtecas y afromexicanas, que integran el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) denunciaron un nuevo intento por construir una presa hidroeléctrica en el Río Verde, Oaxaca, a pesar de que han expresado su rechazo y el presidente López Obrador dijo que no se construirá la presa Paso de la Reina.
En el “Día Internacional de Acción Contra las Presas y a Favor de los
Ríos”, reunidos en el ejido de Paso de la Reyna, municipio de Santiago
Jamiltepec, Oaxaca, los integrantes del Copudever informaron que el 20
de febrero la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) publicó la
Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Hidroeléctrico Río
Verde, promovido por la empresa ENERSI.
La empresa ya había presentado la MIA en 2019, misma que fue
rechazada en noviembre por Semarnat al presentar varias inconsistencias.
El Copudever denunció además, actos de intimidación a la población
posiblemente relacionados con el nuevo proyecto hidroeléctrico, pues el
08 de marzo un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad
sobrevoló desde Pinotepa Nacional hasta Corral de Piedra y San Lucas
Atoyaquillo, todos ellos, pueblos que viven del Río Verde.
La organización de pueblos y ejidos de Oaxaca reiteraron su rechazo a
la imposición de cualquier proyecto hidroeléctrico y exigieron a la
Semarnat y a las instancias del Gobierno Federal respetar esa decisión.
El proyecto hidroeléctrico de la empresa ENERSI contempla la
construcción de una central hidroeléctrica para generar 30 MW de energía
que afectaría los municipios de Santa Cruz Zenzontepec, Santiago
Ixtlayutla, Santiago Tetepec, Santa Catarina Mechoacán, San Andrés
Huaxpaltepec, Santiago Jamiltepec y Santiago Pinotepa Nacional.
A lo largo de 10 años, el Copudever rechazó un primer intento de
construir una presa en el Río Verde, por parte de la Comisión Federal de
Electricidad, el cual pretendía contar con una cortina de agua de 180
metros que afectaría siete comunidades por inundación o por desecación.
Además, en 2018 integrantes del Copudever ganaron un juicio de amparo
contra la declaración de zonas de reserva que decretó Enrique Peña
Nieto, para evitar construir cualquier proyecto de infraestructura,
resolución que fue impugnada por la Conagua y Semarnat en el gobierno de
AMLO.
El 13 y 14 de marzo, el Copudever conmemoró el Día Internacional
Contra las Presas con ceremonias y fiesta al margen del Río Verde, así
como con la proyección del documental La Sangre de la Tierra.
Para los pueblos chatinos, mixtecos y afromexicanos el Río Verde es “la madre de nuestras aguas y nos permite alimentarnos, crecer, divertirnos y valorar a la naturaleza”.
Imagen: Conmemoración del día mundial el defensa de los ríos, Copudever, Crédito: Educa Oaxaca
