Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de mayo del 2021
El pasado jueves 29 de abril, en el municipio de Puerto Peñasco en el Estado de Sonora, fueron asesinados nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, ejidatario y avecindada del ejido El Bajío, esposos y firmes opositores a la minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles, en el Estado de Sonora.
No fue la primera ocasión en la que José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega habrían sido agredidos. El 3 de septiembre del año 2017, sin el amparo de una orden judicial, fue detenido y desaparecido afuera de su domicilio por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional). Según relata el propio Jesús Robledo para Pie de Página el 23 de marzo de 2020, “ese día me levantaron junto con mi esposa, me torturaron hasta dejarme casi muerto. Mi esposa corrió la misma suerte”.
Tampoco es la primera vez que las y los ejidatarios sufren actos de violencia, porque desde el 2002, al ingreso de la empresa Penmont en su territorio, dio comienzo la ya conocida escalada de violencia dentro de proyectos mineros, misma que ha sido documentada por el ejido, incluyendo la realización de denuncias conforme a la ley a partir de presentar amparos, impulsar la apertura de carpetas de investigación y, por supuesto, llevar ante el tribunal agrario juicios por el despojo del cual han sido objeto. Sin embargo, a pesar de lograr varias sentencias a su favor de los actos de reclamo realizados por el ejido, ninguna de ellas ha sido ejecutada y, por el contrario, desde el primer momento de reclamo, se acrecentaron los actos de violencia tales como; sufrir intimidaciones, detenciones arbitrarias, homicidios, levantones[1], desapariciones forzadas, el uso de la fuerza pública, el despojo y el desplazamiento forzado, además del amedrentamiento a periodistas y robos de vehículos.
En los tiempos de la 4T todo sigue igual; el Modelo Extractivo continúa mostrando su verdadera naturaleza y, sin recato alguno, opera en abierto contubernio, con los tres órdenes de gobierno, los empresarios mineros y el uso de las fuerzas armadas legales -entre ellas la policía minera, creada recientemente por el entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el Ing. Alfonso Durazo Montaño, hoy aspirante de Morena para gobernar el estado de Sonora-, y grupos armados ilegales, estos últimos relacionados con el crimen organizado. Ambas fuerzas son utilizadas para castigar a quienes se atreven a defender el territorio, aún si las y los defensores usan las instituciones en búsqueda de justicia.
En época de celebración de jubilaciones, no podía ser diferente la del empresario minero mexicano Alberto Bailléres González, al dejar como su último acto, otra andanada de sangre derramada sobre los cuerpos de la compañera María y el compañero José de Jesús. Se retira de sus “ocupaciones” con la saña que lo ha caracterizado siempre, tal cual una vida llena de saqueo, de asesinatos y de la compra de los aparatos de justicia, por mencionar sólo algunos de sus episodios. ¡Que lejos se encuentra López Obrador de castigar a los mega–empresarios mineros mexicanos que le acompañan en diversos programas de gobierno!; ¡Qué equivocado está cuando pide a los canadienses que hagan algo por las mal portadas empresas que operan en México! Sr. presidente los empresarios mineros “mexicanos” con los que usted opera, son mucho peores que los extranjeros, sin que ello justifique, claro está, que los extranjeros también hacen barbaridad y media.
Para las y los compañeros ejidatarios de El Bajío, no podía estar peor el contexto en el cual, la Sra. Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del estado de Sonora, es la sobrina de otro personaje impresentable; el Sr. Rafael Pavlovich Durazo. Es evidente el nepotismo con el cual actúa el gobierno estatal al cubrir y ser omisa ante la fabricación de documentos apócrifos gestados por su tío, con el propósito de obligar a los ejidatarios de El Bajío a que lo aceptaran como integrante del ejido y posiblemente, si ello sucediera, ser entonces el puente perfecto para que la empresa minera Penmont lograra continuar con el saqueo de las tierras. El Sr Rafael Pavlovich aparece en el ejido por primera vez en abril el 2014 y, desde entonces su presencia cobra una gran relevancia por sus actos violentos y de denuncias en contra de las y los ejidatarios, muchas orquestadas a través de instituciones de gobierno, con el propósito de imponer condiciones dentro de la asamblea ejidal. Como antecedente mencionamos que, el Sr Rafael Pavlovich, con apoyo del magistrado del tribunal agrario[2] el Lic. Benjamín Arellano Navarro le otorga posesión de un predio de 1,824 hectáreas, que era propiedad plena de El Bajío. Con el respaldo del magistrado, el Sr. Rafael Pavlovich presenta denuncias por despojo agravado contra compañeros del ejido y en 14 días ya tenía a todos encarcelados gracias al trabajo exprés de la fiscalía del estado. En Sonora Rafael Pavlovich es un conocido delincuente, pues su historial en la falsificación de títulos de tierra en Sonora es basto, además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Caborca (Caballero, 2018).
El compañero José de Jesús Robledo Cruz fue quien, durante su periodo como presidente del comisariado del ejido El Bajío, encabezó la defensa de sus tierras en contra del despojo minero y del despojo por desposesión. Esta condición rápidamente lo llevó a oponerse contra estos poderosos personajes que en este país son garantes de libertades para el asesinato y el despojo: Alberto Baillères, potentado empresario minero y Rafael Pavlovich Durazo, un delincuente protegido por su sobrina, la actual gobernadora del estado de Sonora.
La lucha sostenida y legal de El Bajío por la defensa de su territoriosupera los 18 años buscando justicia, misma que, como mencionábamos líneas arriba, en varios tribunales han logrado sentencias a favor del ejido, por ejemplo; a causa de varias resoluciones judiciales se obligó a que la minera Penmont suspendiera su actividad minera y a desalojar y devolver las tierras ejidales. Otro ejemplo sucede al Sr. Rafael Pavlovich Durazo, le obligan a devolver al ejido las 1,824 hectáreas que ocupaba de manera ilegal.
Denunciamos que el asesinato de nuestra compañera y compañero ocurre dentro del contexto de su exigencia para que se hagan cumplir las múltiples resoluciones judiciales que implican que la minera Penmont, propiedad de Alberto Baillères, debe pagar no sólo las rentas que los ejidatarios exigían por la ocupación ilegal de sus tierras, sino también la devolución del oro extraído, también ilegalmente, durante ese mismo tiempo, así como la restauración por el daño ambiental causado a las tierras del ejido, cuestiones que siguen pendientes de ejecución por parte de los órganos judiciales competentes.
Adicionalmente advertimos, por las imágenes a las que hemos tenido acceso, no tenemos duda que el asesinato de nuestra compañera y compañero fue realizado por el brazo armado ilegal que trabaja en contubernio tanto con la empresa de Alberto Baillères como con el Sr Pavlovich. Los cuerpos de nuestra compañera y compañero estaban cubiertos con una cartulina en la que aparecen, a modo de advertencia y amenaza, los nombres de 13 ejidatarias/os cuya vida evidentemente se encuentra en alto riesgo.
Los hechos son vergonzosos para un país que todas las mañanas pregona que la impunidad se terminó y que la corrupción es tema del pasado. La muerte de cada defensora/r del territorio es una herida que la clase política no podrá sanar, esconder o limpiar, salvo que los dichos, por la fuerza de nuestros pueblos, en algún momento se vuelvan hechos.
Exigimos de manera firme y contundente que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad histórica y proteja a sus ciudadanas/os, además de vigilar la actuación de la Fiscalía General del Estado de Sonora, la cual en complicidad se ha mantenido al margen de actos de violencia anteriores y, por lo tanto, la duda persiste en el sentido de que ahora lleve a cabo las investigaciones y acciones correspondientes para encontrar y presentar a los asesinos de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega ante un tribunal de justicia.
Demandamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, que implemente de manera urgente las acciones necesarias que garanticen tanto la protección de las y los 13 ejidatarios amenazados a los que hicimos referencia líneas arriba, así como al resto de las y los ejidatarios de El Bajío y sus familias.
REMA se suma a las condolencias y solidaridad de los familiares de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega.
CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO
ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE SU ESPOSA NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ
CADA DÍA LA IMPUNIDAD SE VUELVE UNA LOZA MUY PESADA PARA LA 4T
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
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