Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha antiminera en Argentina – A 19 de abril de 2021
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) nos solidarizamos totalmente con el pueblo Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina, quienes están librando una dura lucha por la defensa del agua, a causa de la instalación del ilegal proyecto minero “Agua Rica Alumbrera” en la zona del Nevado de Aconquija. El pueblo Andalgalá ha realizado diversas manifestaciones pacíficas, mientras el gobierno provincial de Catamarca, en contubernio con las mineras Yamana Gold, Glencore Xstrata y Newmont; ha desplegado todo su aparato represor policial y militar sitiando a la población.
Estas empresas mineras que pretenden extraer cobre, oro, plata y molibdeno, han violado la Ley de Protección de los Glaciares, la Ley General del Ambiente, la Ordenanza Municipal 29/16, que prohíbe toda actividad minera metálica a cielo abierto; no ha respetado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconoce el derecho de todas y todos los habitantes de la región a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
La Asamblea el Algarrobo y la Asamblea Pucará (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación), entre muchas otras organizaciones, todas integradas por vecinas/os de Andalgalá denunciaron públicamente el brutal despliegue policial y del ejército por parte del gobierno de Catamarca que han allanado casas, perseguido, hostigado y amenazado a las y los defensores del territorio. En estas redadas 11 defensoras/es fueron detenidos.
Con estas acciones el Gobierno de Argentina y el Gobierno de Catamarca, criminalizan y judicializan las legítimas protestas, poniéndose al servicio de los corporativos, que con sangre se van imponiendo en los territorios que despojan; violando los derechos de las comunidades que libremente han decidido rechazar los megaproyectos mineros.
Como REMA condenamos la brutal violencia contra el pueblo Andalgalá, exigimos al gobernador Raúl Jalil la inmediata liberación, sin cargos, de las y los detenidos, así como la desmilitarización del pueblo Andalgalá. Finalmente exigimos total respeto a la libre determinación del pueblo Andalgalá que ya dijo NO A LA MINERÍA en su territorio.
¡ALTO A LOS PROYECTOS EXTRACTIVOS DE MUERTE! ¡ANDALGALÁ LIBRE DE MINERÍA!
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA
Imagen: Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina
Compartimos esta nota publicada en Dossier Político sobre la defensa del territorio ante las amenazas mineras esta vez en Sonora- A 11 de abril de 2021
Santiago García C. Dossier Politico
Hermosillo, Sonora.- En lo que representa un primer precedente en Sonora, el Juez Federal decimoprimero, aceptó el amparo al Ejido Tesoripa y ordenó a “Minas de Oro Nacional”, subsidiaria de la Canadiense Álamos Gold Inc., la suspensión inmediata de trabajos de instalación de postes de energía eléctrica, realizar desmonte ni tala, barrenación de suelos, ni utilizar ninguna área de tierras de uso común.
El Comisariado Ejidal presentó el pasado 23 de marzo ante el Tribunal Agrario una demanda por la nulidad de acuerdos y la restitución de tierras ejidales en contra de MINAS DE ORO NACIONAL, S.A de C.V, por violaciones graves a la nueva Ley de la Industria Eléctrica, Ley Agraria y a la propia Legislación Minera, pero el Tribunal Agrario negó la procedencia de la demanda.
Contra la negativa del Tribunal Agrario el Comisariado Ejidal se amparó y el 7 de abril le fue admitida la demanda y concedida la suspensión total de dichos trabajos por la afectación de derechos agrarios y por violación a los derechos humanos, incluyendo por riesgos de daños ecológicos y ambientales irreparables.
El abogado del Ejido, Marco Antonio Andrade Aguirre, dijo que acudieron al Tribunal Agrario para contener la arbitrariedad y el abuso del poder económico y empresarial de Minas de Oro Nacional cometidos en perjuicio del ejido Tesoripa y después el amparo buscando enderezar el mal criterio del Tribunal que negó las medidas cautelares solicitadas inicialmente.
“Hemos logrado encauzar por la ruta constitucional y por la vía del derecho y la justicia agraria un conflicto generado por el abuso recurrente de algunas empresas mineras y por un evidente fraude a la ley basado en la impunidad jurídica y política que avasalla los derechos de los ejidos sonorenses sobre sus tierras”, señaló Andrade Aguirre.
Con estas acciones los ejidatarios buscan justicia y respeto por la legalidad agraria y sus derechos humanos colectivos ya que han sido fraudeados y es lógico suponer que también están agraviados, como sucede en los ejidos de Mulatos y Matarachi donde la falta de ética y la nula integridad de los representantes de la empresa podría tener, aunados al amparo y al juicio agrario actuales, consecuencias penales por delitos empresariales tipificados por el código penal federal y el código nacional de procedimientos penales”.
“Estamos revisando el Compliance Criminal Program ó Programa de Responsabilidades Penales de Minas de Oro Nacional y sus Directivos para proceder en consecuencia. Afortunadamente la justicia federal en Sonora si funciona, sin temores ni distingos como lo demuestra la suspensión ordenada por el Juez de Distrito”, señaló.
El Abogado del Ejido Tesoripa refiere que “sin embargo, la realidad socioeconómica del ejido, como sucede en los núcleos agrarios de sonora y del país, aparte de soportar la actividad destructiva de la actividad minera, es incuestionable que enfrentan la necesidad de buscar nuevos mecanismos de aprovechamiento de sus tierras para proteger, por una parte, la deplorable economía familiar y su precaria capacidad productiva.
Y por otra, garantizarse un ingreso por renta de tierras para sobrevivir su casi indigencia actual, lo cual no justifica a la empresa haber violentado la propia legislación minera y la nueva Ley de la Industria Eléctrica vigente a partir de las reformas estructurales del 2014 en materia de desarrollo del sector social, propiedad ejidal y energía eléctrica.
“Se aprovecharon de la necesidad y la marginación social de diversas familias ejidales. Nuestro trabajo es demostrar al Tribunal, con el mayor sentido de serenidad, pruebas, fundamentación jurídica y defensa intransigente de los derechos del ejido, que Minas de Oro Nacional violó las obligaciones que le impone la legislación minera e incumplió con los requisitos de forma y validez señalados por la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Agraria para ocupar una área de tierras de uso común, incluyendo la inexistencia de un contrato de ocupación temporal, renta, servidumbre superficial de paso, aérea o subterránea para la instalación de postes de la CFE y suministro de energía para un usuario particular exclusivo como es dicha empresa. La electrificación de la Mina no pasa desafortunadamente por ningún ejido, solamente usan sus tierras en forma ilegal y fraudulenta”.
Finalmente el Abogado del Ejido Marco Antonio Andrade Aguirre, señalo que la demanda de amparo es por el cabal cumplimiento de la tutela constitucional a la propiedad ejidal y la aplicación inmediata de las leyes que rigen, por una parte, el funcionamiento de la industria minera y eléctrica, y por otra, para proteger los derechos humanos de los ejidos y sus integrantes, nada más, pero nada menos.
“La Constitución y diversos tratados internacionales que en su conjunto configuran el orden jurídico nacional, nos dan la razón plena y absoluta para librar con toda determinación esta batalla litigiosa ante los tribunales agrarios, el poder judicial federal u organismos internacionales si es necesario. Es necesario limitar la arbitrariedad, el abuso y los engaños legales inducidos de empresas mineras contra los ejidos y las comunidades rurales y agrarias de sonora”, expresó.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la minería en Oaxaca – A 30 de marzo de 2021
Nueve comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca lanzaron la tarde de este martes (30) una carta en la cual rechazan el proyecto minero San José de la Minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. La carta es una respuesta a la réplica que ha dado esta empresa en relación a la investigación periodística “Minera Cuzcatlán: con licencia para contaminar”, publicada en alianza con Avispa Midia; Aristegui Noticias; Pie de Página y Connectas.
Las comunidades sostienen, “nuestras asambleas comunitarias han determinado prohibir cualquier actividad que tenga por objeto explotar nuestros bienes comunes”, de manera que la Minera Cuzcatlán opera “sin el consentimiento de nuestras asambleas”.
Reiteran que la comunidad Magdalena Ocotlán “ha vivido los impactos” producidos por el derrame de jales en el arroyo El Coyote, en 2018, y por “la contaminación hallada en el río Santa Rosa, en 2020”.
A continuación, la carta íntegramente, firmada por la presidencia municipal de Magdalena Ocotlán, la sindicatura municipal, la regiduría de Hacienda, el comisdariado ejidal, el consejo de vigilancia, entre otros.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería y un nuevo desastre en Brasil por la rutpura de presa nuevamente – A 29 de marzo de 2021
Mientras el patrón mundial del discurso empresarial avanza inmisericorde desde el Banco Mundial, entre otros, quienes ahora apuestan al financiamiento de la minería climáticamente inteligente para la transición energética, un nuevo y escandaloso desastre ambiental envuelve de nuevo al Modelo Extractivo Minero. De nuevo en Brasil, de nuevo una presa revienta, de nuevo un río envenenado para siempre, de nuevo cientos de habitantes que se quedaron de golpe sin agua limpia y ahora enfrentarán el paulatino incremento de enfermedades a la salud, con la esperanza de sobreponerse para resistir el largo trecho que deben recorrer para alcanzar justicia; por cierto, una justicia inacabada, incompleta e incomprensible para la población, pero muy eficiente y bien hecha para que la impunidad se instale en los lodos y metales tóxicos que estarán en el río y sus cuerpos para siempre.
El pasado 25 de marzo, en el municipio Godofredo Viana, del estado de Maranhão, en Brasil, se desbordó la presa del proyecto minero Aurizona, perteneciente a la empresa canadiense Equinox Gold, https://twitter.com/MAB_Brasil/status/1375486303626797057?s=20, lo cual inmediatamente nos hizo recordar las tragedias en las que se vio envuelta la población, tanto del “emblemático” caso de la ruptura de la presa minera de Brumadinho, ocurrido hace apenas dos años en el estado de Minas Gerais al sureste de Brasil, como también lo sucedido en el 2015 por la Vale y BHP Billiton, cuando se rompió y se vertieron unos 50 millones de m3 de relaves de mineral de hierro a lo largo de la cuenca del Río Doce hasta llegar al Océano Atlántico.
Sirva este nuevo desastre ambiental, social y productivo para recordarle al mundo que la minería debe estar prohibida en todo el mundo, que los desastres recurrentes de daños a la población y al ambiente deben ser pagados con la cárcel de propietarios, directivos y operadores y utilizar la riqueza de su saqueo para resarcir, en la medida de lo posible, los daños permanentes que ocasionan.
En México, Equinox Gold opera el proyecto de “Los Filos” en la comunidad de Carrizalillo, en donde la población ha definido a la empresa como racista y discriminatoria, además de incumplir los convenios que acuerda con sus grupos de interés.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el modelo extractivista minero- A 23 de marzo de 2021
A inicios del mes la empresa minera canadiense First Majestic fue reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)y la Fundación Mexicana para la Sostenibilidad y la Equidad como empresa líder en Responsabilidad Social Corporativa por sus“prácticas éticas y de buen gobierno”y su “dedicación al cuidado del medio ambiente”. Estos reconocimientos fueron para las tres minas donde opera en México (San Dimas, Santa Elena y La Encantada).
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos incitara los responsables corporativos del CEMEFI para que por lo menos maquillen un pocolos títulos de sus premios y no sean cómplices del lavado de imagen de las empresas mineras, de tal manera que sus reconocimientos al menos, sean más apegados a las realidades que vive la población de lospueblos en donde operan esas empresas.
Desde nuestro punto de vista, un reconocimiento indiscutible para la First Majestic, sería uno que haga referencia a su “dedicación al destrozo del medio ambiente”. Sobran los ejemplos,pero podemos resaltar los derrames por cianuro que han ocurrido en la mina la Encantada en 2016; la contaminación del río San Rafael y las enfermedades en la población derivadas la por su mina Del Toro en Zacatecas; la tala de más de 2,000 hectáreas de bosque, el derrame y entierros de residuos tóxicos, que han contaminado ríos y manantiales provocados por sus minas “La Guitarra” y “El Coloso” en el estado de México.Podemos citar también el grave intento al destrozo del área protegida y sitios sagrados en Wirikuta por su proyecto de mina La luz.
Asociar First Majestic y “prácticas éticas y de buen gobierno” es otro oxímoron. En los distintos territorios donde opera,la población local ha denunciado las irregularidades en las rentas de tierras, los niveles de criminalización y las estrategias de división social utilizadas por la empresa. El hecho que First Majestic está actualmente demandando al gobierno por medio de un arbitraje internacional para evitar pagar impuestos de hasta 4,919millones de pesos mexicanos, no parece por ningún lado una práctica ética, menos aun de buen gobierno. Esta disputa surge en torno a una diferencia con las autoridades mexicanas sobre impuestos pagados sobre las ventas de plata desde la mina San Dimas en Durango entre 2010-2014 a otra filial de la misma empresa en Barbados. En ese entonces, la mina San Dimas fue propiedad de la empresa canadiense Primero Mining, la cual también amenazó a México con un proceso de arbitraje internacional por la misma razón en 2016, aunque luego se desistió después de que su amenaza desembocó en un proceso de diálogo. Ante la insistencia del estado mexicano de recaudar lo que falta, parece que First Majesticva a proceder con su demanda.
Generalmente las empresas mineras han creado una serie de mecanismos basados en; prémiate a ti mismo,en consecuencia, éticamente incorrectas, totalmente alejadas de cualquier posibilidad de vínculo jurídico (le llaman códigos voluntarios) y siempre cobijadas por académicos quienes han desarrollado cualquier cantidad de artificios para lavar un poco la sucia imagen empresarial del sector
Lamentablemente esas mentiras al respeto alas prácticas de las empresasmineras no se han limitadoal CEMEFIo a las propias empresas, sino que ha llegado, en los últimos días, haciael puesto más alto de quien gobierna nuestro país. Lasdeclaraciones de AMLO resaltando la ejemplaridadde la empresa Newmont-Goldcorp por su mina Peñasquito en Zacatecas por el hecho que“paga bien a los trabajadores, ayuda a las comunidades, no destruyeel entorno y cuida el medio ambiente”, son desconcertantes y absurdas por el nivel de engaño que hace en esa declaración.La mina de Peñasquito, si es un ejemplo, pero del nivel de depredación a lo cual puede llegar este modelo extractivo. Desde que ha empezado a operar ha generado un verdadero desastre social y ambiental totalmente ocultado por esta declaración presidencial, como ha sido muy bien señalado en la carta siguiente: https://ljz.mx/2021/03/19/carta-al-presidente-sobre-el-desastre-ambiente-de-la-mina-penasquito/
Basta de tratar de engañar a los pueblos, y a la opinión pública, promoviendo supuestas empresas y prácticas socialmente responsables o verdes. El modelo extractivo minero,y los actores que la promueven,solo generan despojo, miseria y devastación.
La única práctica socialmente responsable, cuidadora del medio ambiente y realmente de buen gobierno es: TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA.
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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas – Foto La Jornada/ archivo
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre un gran logro en la lucha por defender la vida de la minería – A 9 de marzo de 2021
A las/os integrantes de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería nos llenó de alegría la noticia del Ayuntamiento Municipal de Libres en Puebla quienes, en una sesión de cabildo del 25 de febrero,acordaron no autorizar ningún permiso de uso de suelo para cualquier proyecto minero en el municipio.
Este gran logro se enmarca con la incansable lucha que desde 2014 ha dado el Movimiento Atzin-integrante del Consejo Tiyat Tlali, a su vez miembros de REMA-, al enterarse de la existencia de dos concesiones mineras en la comunidad de Libres, entregadas a la MINERA GAVILAN, S.A. DE C.V filial de la empresa canadiense Álmaden Minerals, con una superficie total de 8,801 Ha.lo que representa alrededor de un tercio de la superficie total del municipio.
Haciendo pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y colectivos, las mujeres y hombres que conforman el movimiento Atzin y el Consejo Tiyat Tlali lograron involucrar a sus autoridades municipales para que estos sumarán esfuerzos al compromiso por la defensa del territorio y de la vida. Ese acto nuevamente refrenda la fuerza que tiene la organización comunitaria cuando, desde abajo y de forma constante, impulsa procesos que apuntan al ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas y campesinos, dando fuerza y solvencia a sus estructuras de gobernanza tanto agrarias y municipales, al analizar, discutir y acordar aquellas acciones que atentan contra sus vidas y territorios.
Estas estrategias de consolidación de sujetos políticos colectivos y de trabajos preventivos frente al modelo extractivo minero que apuntan hacia la realización actos legales definidos en este caso a partir de las declaraciones de territorios libres de minería,son y debe ser un quehacer fundamental para todos los movimientos de México ante el embate de acomodos de leyes y manipulaciones políticas que actualmente continúan gestándose a favor de empresas dedicadas al extractivismo. Evidentemente a REMA nos da mucha alegría y esperanza que hoy podamos contar con un nuevo territorio libre de minería en nuestro país, porque reafirma que la mejor forma de parar las asimetrías del poder corporativo es a través de las acciones preventivas, mismas que desde la REMA son el tronco común de nuestro quehacer.
Nos unimos a las exigencias y recomendaciones del Movimiento Atzin hacia sus autoridades municipales de no hacer uso de este gran logro ciudadano como bandera política-electoral, asícomo también queden enteradas las autoridades futuras,su obligación en darle un seguimiento rotundo y firme a esta decisión y mantener su compromiso por la defensa del territorio colocando los intereses de la población por encima de las pretensiones empresariales que hacen toda serie de simulaciones para imponer sus proyectos extractivos.
También nos sumamos a las inquietudes frente a otros megaproyectos que amenazan la región de la Sierra Norte de Puebla(proyecto minero Ixtaca de la misma empresa Álmaden Mineralsen el municipio vecino de Ixtacamatitlán,hidroeléctricas, proyectos solares, proyectos agroindustriales, uso de bombas antigranizo, entre otros), para lo que ya se suman esfuerzos y compromisos que sin duda avanzan en una férrea defensa regional de esas hermosas tierras de la Sierra Norte,que han sido tan acogedoras y fuentes de tantos aprendizajes, para toda nuestra red.
Retiramos toda nuestra admiración,felicitación y solidaridad hacia la digna lucha del pueblo de Libres, así como del movimiento Atzin y el Consejo Tiyat Tlali.
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Compartimos este Geovisualizador de GeoComunes sobre la energía y la miería- A diciembre 2020
Presentación:
La energía eléctrica es un bien común controlado por el Estado y empresas privadas que generan, distribuyen y consumen la mayor parte de la electricidad del país. Mientras tanto, casi dos millones de personas carecen de acceso real a la electricidad, y los pueblos y comunidades organizadas enfrentan los impactos de la expansión de proyectos y redes eléctricas.
En este Geovisualizador podrás explorar y descargar información georreferenciada sobre los actores y la infraestructura relativa a la producción, transmisión y consumo de electricidad, así como algunas de las principales actividades asociadas con el consumo eléctrico (industria minera, cementera maquiladora, etcétera).
Con el «PANEL DE CAPAS» puedes activar o desactivar la visualización de la información geográfica. La sección “EMPRESAS” permite hacer filtros para ubicar las centrales promovidas por determinada empresa. La pestaña “ANÁLISIS E INFOGRAFÍAS” integra análisis generales y regionales, así como infografías, que muestran las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y buscan fortalecer la construcción de un modelo energético distinto, dirigido desde y para los pueblos (y no desde el mercado y para el capital).
Este Geovisualizador es parte de la investigación cartográfica “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética” realizada por el colectivo GeoComunes con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, y publicada en Diciembre de 2020.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de febrero de 2021
El colectivo GeoComunes acaba de hacer público el geovisualizador que forma parte de la investigación “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética”,realizado con apoyo de la fundación Rosa Luxemburg.
Esta investigación aporta datos suficientes para cuestionar y criticar la “utilidad pública” de los proyectos de generación de energía eléctrica en un contexto en donde éstos han sido publicitados como parte de la estrategia de transición energética o como parte de un proyecto de interés nacional. La investigación busca responder de manera sencilla a preguntas que develan algunas de las contradicciones de fondo sobre un sistema eléctrico que hoy, con la reforma en discusión, es nuevamente tema de atención general.
De manera particular, como REMA nos interesa recuperar algunas de las preguntas y datos allí planteados que se relacionan directamente con el modelo extractivo minero, el cual como organización combatimos;datos que nos permiten reafirmar lo que hemos dicho desde siempre: no hay minería verde,ni responsable, ni sus aporteseconómicos generanprogreso y desarrollo, de tal manera que, para nosotros la única minería sustentable es la que no se hace.
La Minería Es La Actividad Que Más Electricidad Consume En México
La investigación presenta que en 2018 el 60.6% de la electricidad producida en México fue consumida por el sector industrial, lo que representa 3 veces el consumo del conjunto de los usuarios domésticos a nivel nacional. Además, dentro del sector industrial, el mayor consumo lo hacen las ramas minera y cementera,dos actividades que,juntas,representaron en el 2018 el8% del consumo total de electricidad, lo que equivale al consumo domiciliario de 46 millones de personas en México.
Este desequilibrio entre el consumo eléctricode las mineras o cementeras y el consumo doméstico se agrava a nivel local. Así, por ejemplo, la investigación muestra que:
-La empresa Cementos Moctezuma con sus tres plantas cementeras (ubicadas en Apazapan, en Veracruz; Emiliano Zapata en Morelos y Cerritos en San Luis Potosí), en 2018consumió 553 gigavatios-hora(GWh), lo mismo que los 764 mil usuariosde los 779 municipioscon menor consumo residencial.-La Mina Hércules (AHMSA) en Sierra Mojada (Coahuila), consumió 248.7 GWh(2018), lo que representa 529 veces el consumo doméstico total del municipiopara este mismo año. En 22010 el 8.4% de las viviendas del municipio de Sierra Mojadano tenían acceso a la electricidad.
-La mina San Julián de Industrias Peñoles consumió 117.6 GWh en 2018;30 veces más que el total del consumo doméstico del municipio de Guadalupe y Calvo donde opera. En este municipio en 2010 ¡el 78% de la población indígena seguía sin acceso a la electricidad!El consumo de esta mina equivale al consumo doméstico de 17 municipios de Chihuahua y de 80 mil usuarios domésticos.
-La mina Peñasquito de Newmonten 2018, tuvo una demanda eléctrica (potencia que requiere la mina) de 220 Megavatios (MW), lo que equivale a la demanda sumada de 45 mil viviendas.
Cabe resaltar que este incesanteconsumo de energía eléctricano considera el consumo energético derivado del uso de diversos combustiblespor parte de las empresas mineras, concentrados sobre todo en buena parte de los procesos motricesque implementan sean estos en minas subterráneas o a cielo abierto, así como también la fuerte demanda de las metalúrgicas.
La llamada “transición energética” implica más extractivismo minero
Además de señalar a quiénes son los mayores consumidores de electricidad, una sección de la investigación se dedica en aportar datos que desmitifican la “transición energética”corporativa que se predica hoy en día como una verdadera solución a la crisis ambiental. Las referencias más claras de esos señalamientos delatan lo siguiente:
-Las energías renovables no están reemplazando la generación eléctrica basada en fósiles,por el contrario, se están sumando al aumento continuo de generación eléctrica. A pesar de duplicar la capacidad instalada de energías renovables entre 2005 y 2019 (con 123 nuevas centrales principalmente eólicas y solares), la generación con fuentes fósiles ha aumentado en un 30% durante este periodo(de 191 mil a 253 mil GWh).
-La “Transición Energética” oficial hasta ahora no ha reducido la emisión de bióxido de carbono (CO2)en la generación eléctrica. Por el contrario, las emisiones de la generación eléctrica aumentaronde 133 a 162 mil gigagramos (Gg)de CO2 entre 2005 y 2017.
-Debido a que la generación con fuentes fósiles sigue aumentando, y considerando la intermitencia de las centrales renovables y la gran superficie de tierras que éstas requieren para su operación, este “modelo” de transición resulta inviable social y ambientalmente, ya que tan sólo para cumplir con la meta de 35% de generación total para 2024, se requeriría instalar aproximadamente740 nuevas centrales renovables, usando 8.4 mil km2de tierra. ¡Eso representa casi la superficie sumada de los estados de Morelos y Tlaxcala, o aproximadamente 6 veces la superficie de la CDMX
-Este modelo de transición energética fomenta el extractivismo minero: las centrales eólicas y solares que actualmente se encuentran en fase de proyecto en México,van a requerir aproximadamente 1.5 millones de toneladas de minerales para su construcción. Además,se seguirá extrayendo gas mediante fracking para abastecer las centrales de ciclo combinado. La transición energética actual es una apuesta corporativa que beneficia a una de las actividades industriales con mayor consumo eléctrico y emisiones de CO2, y es responsable de graves impactos socio ambientales.
-La transición energética corporativa es una “transición de mercado”: las energías renovables, los vehículos eléctricos y los minerales que requieren representan nuevas mercancías para la acumulación de capital bajo las mismas lógicas de explotación centradas en el despojo y desplazamiento forzado, sólo que ahora pintadas de verde.
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 23 de febrero de 2021
Las y los integrantes de la REMA, enviamos nuestras condolencias y un abrazo solidario a los familiares de Cristóbal Ramírez Carrizales y Macedonio Huerta, trabajadores mineros, quienes lamentablemente perdieron la vida laborando en en minas de carbón en el estado de Coahuila. Cristóbal trabajaba en la mina Santa María de la empresa Materiales Industrializados (MINSA), que es parte del conglomerado que poseen los hermanos Guadiana, por cierto, uno de ellos hoy senador morenista Armando Guadiana Tijerina. Macedonio laboraba en la empresa Drumak, la cual tiene contrato con la CFE.
Las muertes de ambos compañeros son resultado de la corrupción y la impunidad en la que opera la minería en nuestro país, en donde los accidentes se solapan, las muertes que son evitables se naturalizan y se protegen a las empresas. Desde la tragedia de Pasta de Conchos ocurrida en 2006, han muerto aproximadamente 150 personas en a zona, según el conteo que lleva la organización Familia Pasta de Conchos, muertes sin justicia porque hasta la fecha no hay ningún empresario preso.
!La minería mata! !No más muertos!
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Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de febrero de 2021
El 19 de febrero pasado, se cumplieron 15 años de la tragedia ocurrida en la Unidad de carbón Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas en el estado de Coahuila, en la que, una explosión de gas metano al interior de la mina de carbóndejó 8 trabajadores lesionados, los cuales lograron salir, 2 muertos que sus cuerpos fueron rescatados unos meses después del suceso y 63 mineros que quedaron atrapados, sepultados a cientos de metros bajo tierra hasta el día hoy y en que el crimen sigue impune.
En ese entonces, los familiares de los trabajadores denunciaron las malas condiciones en que estaban laborando los hombres, mientras otros trabajadores mineros reclamaron que la mina -propiedad de Grupo México, del magnate Germán Larrea Mota -operaba en alto riesgo. Tal como tantos desastres que ocurren por esta actividad destructiva y la avaricia de las empresas mineras, era previsible una tragedia de estas proporciones. Sin embargo, han pasado cuatro sexenios, desde el último año de la presidencia de Vicente Fox hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador y aún no ha habido rescate y los responsables aún gozan de total impunidad.
Ha sido solamente gracias a los esfuerzos permanentes de los familiares quienes, después de que llevaron su caso al sistema interamericano, lograron el compromiso de AMLO en mayo del 2019 de rescatar a los mineros atrapados y el establecimiento del Comité para la Reparación y la Justicia de Pasta de Conchos. Sin embargo, hasta hoy,no se han cumplido las promesas de recuperación de los cuerpos, que según dijo el presidente “era prioridad”. Tampocoha habido una investigación seria que pueda llevar a la cárcel a los responsables.
Así mismo recordamos cuando AMLO realizó su primera visita al sitio en Coahuila en octubre del 2020, y dejó fuera del evento a los familiares que son parte de los quejosos ante la Comisión Interamericana. Aunque el gobierno dice querer llegar a una resolución amistosa con los familiares, les ha mostrado un terrible desdén y falta de respeto.
Desde la REMA nos sumamos a las exigencias que siguen haciendo las familias afectadas, buscando en primer lugar hacer valer el derecho inherente a todos los seres humanos: SEPULTAR A SUS MUERTOS. Un derecho negado por parte de Industria Minera Mexicana, perteneciente a Grupo México, empresa que estuvo a cargo del rescate durante 12 días después del siniestro, a pesar de ser la responsable de las deplorables condiciones de trabajo en las que la laboraban los mineros y de las que la Secretaría de Trabajo estaba al tanto.
En segundo lugar, nos sumamos a las exigencias de JUSTICIA, por esas muertes que se pudieron evitar si se hubieran garantizado las condiciones de seguridad e higiene laboral por parte de la empresa y si el gobierno en lugar de encubrir y proteger los intereses de una empresa minera lo hubiera hecho con los trabajadores. Es indignante que, frente a los gritos desesperados de justicia, a Grupo México, y su presidente, Larrea, por cierto, responsable de otras tragedias como la ocurrida en Cananea, en lugar de estar en la cárcel, se les siga garantizando el negocio de la minería. Lo mismo pasa con Napoleón Gómez Urrutia, hoy amparado con su puesto de Senador, pero señalado como otro de los responsables de este lamentable sucesoy la falta de rescate o justica hasta hoy.
Expresamos nuestra admiración por la tenacidad y la fuerza de los familiares de estos hombres quienes, por quince años, han estado exigiendo el rescate de sus seres queridos y para que esto no se vuelva a repetir. Desde la REMA enviamos nuestra solidaridada la Organización Familia Pasta de Conchos cuyos integrantes han tenido que enfrentar amenazas, golpes, y hostigamientos en varias ocasiones por su trabajo incansable. Así mismo acompañamos la causa y exigimos el castigo inmediato a los criminales responsables.
Compartimos esta nota de Avispa Midia a 2 años de la tragedia de Brumadinho – A 2 de febrero de 2021
Vale SA es una de las mayores productoras de hierro y níquel del mundo, con operaciones en más de 30 países. El año 2019 volvió a marcar su historial de las afectaciones ambientales que ha provocado en Brasil. La presa que contenía sus desechos tóxicos se fracturo y provocó un derrame de millones de m3 de sus desechos mineros en Brumadinho, un municipio del estado de Minas Gerais en el sudeste de Brasil. Estos lodos tóxicos inundaron pueblos enteros y plantaciones, dejando un saldo de 270 muertos. Fue uno de los peores desastres ambientales del país.
El 25 de enero de 2019 era un viernes de trabajo como cualquier otro en la Mina Córrego do Feijão, donde la empresa minera Vale explota fierro, en el municipio de Brumadinho, en el estado brasileño de Minas Gerais. Aproximadamente a las 12h30, la represa en la cual la empresa almacena los desechos de su proceso minero se rompió. Un mar de lodo empezó a correr a gran velocidad sobre las instalaciones de la minera, un hotel, casas, cultivos, áreas de bosques y el restaurante del personal de la mina, que estaba lleno. La mayoría de la gente se quedó soterrada.
Las alarmas de seguridad no sonaron, hubo poco tiempo para que la gente huyera. Alrededor de 13 millones de metros cúbicos de desechos escurrieron de la represa, matando a 270 personas y contaminando el trayecto de la cuenca del Río Paraopeba, que irriga por lo menos 48 municipios a lo largo de 300 kilómetros, esta agua era utilizada para abastecimiento humano y para uso agropecuario.
Fue uno de los mayores desastres ambientales en este país. Algunos días después del desastre, los órganos de salud estatales lanzaron una alerta para que la población no utilizara el agua en ninguna situación. “El rompimiento de la presa de Brumadinho ofrece riesgos inmediatos y futuros a la salud de quien tenga contacto con los desechos provenientes de la presa”, sostuvo la Secretaría de Salud del Estado de Minas Gerais.
Desastre en Mariana
Tres años antes del desastre en Brumadinho, la minera Vale había protagonizado otro desastre en el mismo Estado brasileño, Minas Gerais. Otra presa de desechos mineros explotó. En aquella ocasión había sido en la ciudad de Mariana. Las comunidades de Bento Rodrigues y Paracatu de Baixo quedaron bajo el lodo minero, 19 personas murieron. Hoy, a 5 años del derrame este escenario esta lleno de pueblos fantasmas. En el desastre fueron liberados 40 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos que recurrieron 600 kilómetros del Río Doce hasta llegar en las aguas del océano Atlántico. Es considerado el peor en la historia de Brasil. Las fotos que siguen fueron tomadas por un equipo de Avispa Midia en Mariana, hechas un mes después del desastre.
Fotos: Renata Bessi
A dos años del desastre en Brumadinho, el Movimiento de Afectado por Represas (MAB) denuncia en su informe Dos años del crimen de la Vale en Brumadinho que “no hubo reparación de los derechos a la población afectada (…), hasta el momento diversas acciones de emergencia no fueron cumplidas, y los afectados sufren sin acceso al agua y con el control de la multinacional Vale sobre los territorios”.
El agua continúa siendo el tema de emergencia en las comunidades afectadas. La población que vive en las orillas del río y que utilizan pozos sufren con el miedo de consumir el agua. “La Vale fue obligada judicialmente a distribuir agua potable a esta población, pero el abastecimiento no es regular”, denuncia el MAB.
De acuerdo con el informe independiente de la Asociación Estatal de Defesa Ambiental y Social (Aedas), a dos años del derrame tan solo el 40% de las familias que fueron afectadas tienen el abastecimiento de agua con regularidad.
Según el MAB, no existen informaciones concretas sobre el nivel de contaminación de las aguas de la región, lo que dificulta las actividades económicas y de subsistencias de esta población. “Dificulta principalmente la vida de los pescadores que están imposibilitados de pescar y al no tener plena confianza en el agua y los pescados”, sostiene en MAB en su comunicado.
El documento de Aedas señala que 62,51% de los afectados no ejercen ningún tipo de actividad remunerada en los municipios de Betim, Juatuba, Mário Campos y São Joaquim de Bicas, siendo uno de los medios de sobrevivencia de esta población el programa asistencial del Estado, el Bolsa-Familia.
La narrativa de la minera Vale ha sido construida en el sentido de sostener públicamente que el río ya está recuperado. Sin embargo, estudios independientes señalan que la contaminación todavía está presente. “La Fundação SOS Mata Atlântica divulgó un informe sobre la contaminación del Río Paraopeba que señala niveles de cobre 600 veces superiores a los niveles permitidos por las normas brasileñas. Inviable para el abastecimiento humano, para el riego, pesca”, sostiene el MAB.
La incertidumbre sobre la real situación de contaminación del agua y del medioambiente en general es generada porque “las empresas contratadas por el Estado para realizar los estudios son prestadoras de servicios de la Vale, lo que trae falta de confianza sobre cualquier resultado”, señala el informe del MAB.
El acuerdo
En el 22 de octubre de 2020 la minera Vale, el Gobierno del Estado de Minas Gerais e instituciones judiciales del país realizaron en acuerdo sobre las indemnizaciones y las futuras acciones a ser tomadas por la empresa en lo que respecta a la reparación de los daños ambientales y sociales. Una de las críticas del MAB al acuerdo es que fue hecho bajo sigilo, sin la participación de la principal parte interesada, los afectados.
Otra crítica es en relación a los valores de las indemnizaciones. En un acuerdo inicial, sostiene el MAB, el valor general era de alrededor de 10 billones de dólares, siendo un poco más de la mitad para reparar los daños económicos del Estado y lo demás para reparar daños morales y sociales colectivos de las comunidades. Para hacer una comparación con los lucros de la minera Vale, la compañía registró solamente en el tercer trimestre de 2020, una producción de casi 3 billones de dólares.
En el acuerdo final, según este Movimiento, el valor total de las indemnizaciones se redujo a menos de la mitad, no llega a 5 billones de dólares. Además, los afectados denuncian que parte de estos recursos van para obras del metro y de construcción de carreteras en el Estado, temas totalmente desconectados con el desastre. “Las discusiones sobre reparación de los daños no atienden a las cuestiones de urgencia, como suministro de agua e indemnizaciones, que garanticen las condiciones de vida hasta la reparación integral”, sostuvo el MAB.
Este movimiento de los afectados denuncia todavía que la justicia brasileña no se ha mostrado como un instrumento efectivo de reparación de los daños. Además, la minera Vale posee un “enorme aparato jurídico por medio de los inúmeros bufetes de abogados, lo que le confiere una fuerte capacidad de incisión en las decisiones tomadas por las instancias jurídicas brasileñas”, sostiene el MAB.
Dueños de la Vale
La minera es controlada principalmente por el capital financiero, con una importante participación de bancos de distintas partes del mundo, como el banco inglés HSBC, el español Santander, los estadunidense JPMorgan y State Street Corp, el alemán Deutsche Bank, el canadiense Royal Bank of Canadá.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de enero de 2020
En un mundo que no esté al revés, la vida de cualquier individuo, comunidad o territorio, sea o no indígena, merece respeto. Merece que no se le despoje y que no se le atropelle. Un Estado que permite el despojo y lo justifica es un Estado diseñado para el atropello.
Para cualquier ser vivo, cualquier modelo de “desarrollo” basado en el despojo, en la extracción de sus medios de vida, es un atropello. Y eso, aunque la devastación y saqueo han sido parte de un proceso continuo a lo largo de la historia y siguen siendo tan comunes que se ven como algo “natural”.
En un mundo que no esté al revés, quien atropella no debe quedar en la impunidad. Y una Ley que justifica y permite el despojo debe ser erradicada por injusta. Y los legisladores y jueces que han hecho del despojo una Ley no deben quedar en la impunidad. Aunque sea insuficiente, saludamos que funcionarios de la Semarnat se atrevan a asomar la cabeza y sugerir con diplomática moderación lo que tenían que haber planteado sin ambages desde hace años, o al menos desde el inicio de este sexenio: algo tan elemental como que la ley debe de respetar la integridad ambiental. Hay que animarlos a que se atrevan a más, que es lo menos: a exigir y a ocuparse de lleno en que la Ley Minera sea sujeta a una transformación profunda, no importa si esa transformación es la primera o la quinta.
En un mundo que no esté al revés, haciendo a un lado cualquier moderación diplomática ante la estructura jurídica actual y ante el poder del capital, es una responsabilidad básica el que todas las dependencias del Estado, cada una desde su respectivo ámbito, sea el de la salud, el ambiental, el educativo, el económico, el cultural, desde todos los ámbitos, se exijan a sí mismos, de entrada y en su propio desempeño y el de sus funcionarios, y a todo el sistema en su conjunto, el respeto a la vida y al futuro de los habitantes de este país, sean o no indígenas, y el respeto a la vida en su conjunto y al futuro de sus territorios sin discriminación étnica, de género y de clase, como un postulado fundamental ya impostergable. Sin ese acuerdo plasmado en hechos, no hay Estado que valga.
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas – Foto La Jornada/ archivo
