Categoría: EL ESCARAMUJO

El Escaramujo 110: LOS GOBERNADORES DE CHIAPAS ¿Cómo llegamos a la violencia brutal de hoy?

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Chiapas ha albergado en el Poder Ejecutivo desde militares, políticos, familias ricas sumamente racistas, hacendados, profesionistas insignes y hasta masones, aunque no todos han sido oriundos de Chiapas, pero prácticamente todos han sido la correa de transmisión de las políticas federales en turno a lo largo de la historia llena de violencia desde todos los aspectos, desde la depredación y extracción de los Bienes Comunes Naturales hasta los Culturales, una deforestación acelerada, el olvido de los pueblos indígenas sumidos la pobreza en medio de la disputa por sus territorios, despojándolos de sus conocimientos, saberes, mano de obra, entre otras muchas formas de despojo y de epistemicidio.1 La cárcel, los asesinatos, la represión, la explotación y la esclavitud también han sido los saldos contra los pueblos originarios algunos de ellos sublevados.

Chiapas ha sido gobernado por 351 períodos de Gobernadores desde 1528, fecha en que se funda la Provincia de Chiapas y Diego de Mazariegos se convierte en el primer Teniente Gobernador luego de la invasión española en estos territorios. Desde 1528 hasta el 14 de Septiembre de 1824 en que se crea el Estado Libre y Soberano de Chiapas, pasaron 122 Gobernadores a lo largo de 296 años, esto es, un promedio de 2.4 por año. En el período de la Colonia, estos gobiernos se identificaron de la siguiente forma: 80 ‘Alcaldes Mayor’, 19 ‘Tenientes Gobernador’, 19 ‘Gobernadores Intendente’, 3 ‘Alcaldías Mayor’: Ciudad Real de Chiapa, de Ciudad Real y de Tuxtla; y una ‘Intendencia’ de Ciudad Real de Chiapa.2 (Ver Tabla 4).

Esto viene a colación, porque entre los años 1824 y 2021, desde la creación del Estado de Chiapas a la fecha, se han registrado 229 Gobernadores en el lapso de 197 años, o sea un promedio de 0.8 por año. De todos ellos, 116 han sido designados como ‘Gobernador Interino’ durante todas las etapas convulsas de la entidad, que representan la mitad de todos los períodos de gobierno que han pasado en 197 años. Y es que muchos de estos Gobernadores Interinos esperaban el regreso del Gobernador en turno. A estos le siguen los 73 asignados como ‘Gobernador Constitucional’ que equivalen al 31.8% del total; 21 como ‘Gobernador Provisional’, 10 como ‘Gobernador Encargado’, 8 como ‘Gobernador Sustituto’ y sólo un ‘Gobernador Asignado’ (Pantaleón Domínguez). Al menos 14 de todos ellos han sido militares. (Ver Tabla 1)

Algunos de estos Gobernadores son los mismos, y pasan de Constitucional a Interino, de Interino a Provisional o de Constitucional a Encargado. Otros han sido Gobernadores Constitucionales o Interinos en múltiples ocasiones. Por ello, los 229 periodos de Gobernadores han sido ocupados por 144 personas distintas. (Ver Tabla 1 y 2)

No es posible aquí recorrer el largo camino de los gobiernos en Chiapas, por ello nos concentraremos en los últimos sexenios con el fin de hacer un esbozo muy general que caracterice en grandes pinceladas, desde la perspectiva del crimen organizado, los momentos y el contexto que abonaron al arribo de lo que hoy se vive en Chiapas, una violencia no vista y que, para muchos, no tiene regreso. Distinguimos, a manera de hipótesis, 5 Etapas, que no son puras sino que identifica énfasis o la tendencia mayor en cada una. Esta es una perspectiva.

1) Tráfico: Antes del año 2000 Chiapas era más identificado como territorio de tráfico de la droga por su obligado paso proveniente de Centroamérica y Sudamérica hacia el mercado estadounidense, el más grande del mundo. La violencia de desataba más en los estados del norte del país donde los cárteles se disputaban los pasos fronterizos a Estados Unidos. La presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la militarización desatada luego de 1994 mantuvo de alguna forma un control del territorio chiapaneco al paso de los 5 Gobernadores en el lapso de esos 6 años controlados desde la Federación, bajo la Presidencia de Ernesto Zedillo para administrar el conflicto armado que arrastraba ya conflictos agrarios por el deslinde de tierras y las políticas de remunicipalización de Gobernador Sustituto Roberto Albores Guillén (1998-2000).

La entidad estuvo marcada por un estrategia de guerra contrainsurgente, con un aumento vertiginoso de la presencia militar y policíaca vinculada con la aparición de diversos grupos armados caracterizados como “paramilitares” que respondían a esta estrategia como lo fueron “Los Chinchulines”, “Paz y Justicia”, “Los Plátanos”, “Los Tomates”, “Máscara Roja”, “Los Machetes”, “Lo Aguilares”, “Los Puñales”, entre otros grupos de filiación priísta o con “guardias blancas” de grandes ganaderos y terratenientes cuyas tierras fueron recuperadas por diversos grupos indígenas. Todo ello culminó con la Masacre de Acteal y de El Bosque, entre otras acciones violentas contra Flores Magón en Taniperla, 10 de Abril en Altamirano, Tierra y Libertas en Amparo Aguatinta, Navil en Tenejapa y Nicolás Ruiz.3

Ya sea por la presencia internacional que se atrajo tras el conflicto, por la presencia de tantos puntos y cuarteles militares en la entidad4, por la recuperación de tierras tomadas a familias de caciques, o porque el 65% del territorio chiapaneco es propiedad colectiva y se regía en parte por las Asambleas ejidales y comunales, o por medio de otros mecanismos de gobernanza comunitarios, se mantenía el control de los territorios o al menos era más observado. Todo ello impedía el arraigo del crimen organizado en el estado aunque no el tráfico y el consumo de droga más vinculado a las fuerzas militares y policíacas, aunque poco a poco fuera creciendo la demanda. El gobierno estatal como correa de transmisión de las políticas federales tenía el reto de poner todas las condiciones para pacificar la entidad e inaugurar el Plan Puebla Panamá que se avecinaba luego de la “pacificación” de los conflictos armados en Centroamérica, con el fin de abrir los territorios a las inversiones trasnacionales y generar las condiciones sociales, políticas y económicas para el Tratado de Libre Comercio (TLC) iniciado en 1994.

2) Consumo: A partir del sexenio del Gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y de Vicente Fox (2000-2006) la migración se dispara y el muro en la frontera norte se fortalece para impedir que arriben los pobres que genera el TLC al suelo norteamericano y el trasiego de droga encuentra más dificultades para vender en el país del norte. El envío de remesas irá creciendo hasta el día de hoy desplazando los ingresos petroleros, de la Banca Multilateral de Desarrollo, de las inversiones extranjeras, del turismo, del sector automotriz o de la minería. La población empieza a huir del país. El crimen organizado ve entonces la oportunidad de profundizar no solo la disputa de las rutas, sino convertir a Chiapas en un territorio de consumo. Las condiciones empiezan a darse.

La presencia de los puntos de distribución de la droga en centros escolares, bares y otros espacios se fortalece en el contexto de la crisis del campo y de los jóvenes sin empleo. Sin embargo, el EZLN mantenía cierto control sobre algunos territorios en la entidad fortaleciendo los Municipios Autónomos y las Juntas de Buen Gobierno, insistiendo en que sus territorios están libres de tráfico, consumo y siembra de droga. Mientras el crimen organizado empieza a afianzarse y estacionarse en los territorios del norte hacia el sur del país, el Ejecutivo Federal preparaba nuevos tratados de libre comercio con Asia.

Pablo Salazar Mendiguchía, quien fuera senador por el PRI desde 1994 al 2000 y miembro de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) llega a la gubernatura por una coalición amplia de partidos y se convierte en el primer gobierno de alternancia luego de 70 años del partido oficial. Se dispuso a poner el tapete a las inversiones construyendo el Puerto Chiapas, el aeropuerto internacional, la súper carretera y el Puente Chiapas, entre otras obras. El EZLN se disputaba el control de sus territorios y los diversos grupos armados locales seguían evolucionando hasta que en noviembre del 2006, el denominado grupo paramilitar Organización Para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (OPDIC), acompañado de policías estatales, fueron responsables de 6 ejecuciones extrajudiciales, 2 desapariciones forzadas y 36 familias desplazadas de la comunidad de Viejo Velasco en la Selva Lacandona.

3) Siembra: En el gobierno de Juan Sabines Guerrero (2006-2012), conocido como cocainómano5, y en el contexto de la guerra del Presidente Felipe Calderón contra el crimen organizado y la feroz violencia desatada por ello en el país, Chiapas todavía se mantenía lejano de los escenarios violentos de los estados del norte y centro ligados al crimen organizado. Ambos gobiernos presuntamente ligados con el narco, han sido uno de los peores escenarios para Chiapas y para el país.

En este sexenio el Tratado de Libre Comercio empieza a hacer sentir sus efectos negativos en el campo por medio de la baja en la producción agropecuaria debido a las importaciones de maíz, frijol, entre otros productos del campo, subsidiados desde Estados Unidos y Canadá. Europa empieza a entrar en el terreno de las inversiones en parques eólicos, represas y carreteras. En este sexenio el gobernador impulsa la Palma de Aceite a costa de la soberanía alimentaria de las comunidades hasta llegar hoy a las más de 70 mil has sembradas. Esta situación en el campo será el caldo de cultivo para el arraigo en los territorios del crimen organizado.

Se profundiza la crisis en los Ejidos y Bienes Comunales. El original Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE) que fue cambiando de nombre, facilitó el debilitamiento del tejido comunitario y de las Asambleas como formas de control sobre los territorios. Otros mecanismos de gobernanza también se debilitan y se anuncian concesiones mineras que prenden la alerta en el estado y surgen nuevos conflictos territoriales que terminan con el asesinato de Mariano Abarca en 2009 por los empleados de la empresa minera canadiense Blackfire.

Los jóvenes no ven futuro en el campo, no hay precios favorable de los productos, no desean trabajar la tierra y además no son beneficiados en la distribución de tierras con el PROCEDE. La migración aumenta y los que regresan con otra visión y bajo los ecos del consumo de la droga increpan y retan a las autoridades comunitarias, desafían las costumbres y las estructuras de gobernanza locales al punto que en algunas regiones prohíben el regreso de este tipo de jóvenes que han perdido el camino. Este contexto favorece a que el crimen organizado de un paso más hacia siembra de droga en la entidad donde por conveniencia económica, por sobrevivencia o por extorsión, como en otras entidades del país, en diversas regiones se profundiza esta actividad que requerirá de ayudas, alianzas, jóvenes “halcones”, vigilantes, control, infiltración o cooptación de estructuras policíacas y municipales que se arraigan en los territorios de la entidad. Comitán fue un ejemplo de ello durante el paso de Eduardo Ramírez Aguilar en la presidencia municipal y que más tarde fuera diputado federal, Secretario de Gobierno de Chiapas durante la administración de Manuel Velasco, diputado del Congreso estatal, y Senador de la República y que desde hace rato busca la gubernatura del estado de Chiapas.

4) Nuevos negocios: Durante el periodo de Manuel Velasco Coello y de Enrique Peña Nieto (2012-2018), sumada la anterior crisis y ya en profundidad durante este sexenio, se suma la corrupción galopante en todo el andamiaje gubernamental. Por otro lado, se experimenta la división de las organizaciones y de los movimientos sociales, el debilitamiento de agendas comunes, la creciente impunidad, la violencia y los feminicidios ligados al crimen organizado. Se anuncian nuevos megaproyectos que amenazan los territorios, más concesiones mineras, represas, pozos petroleros, súper carreteras, Zonas Económicas Especiales, mercados de carbono, ampliación del Puerto Chiapas, entre otros que toma a los ejidatarios y comuneros, organizaciones indígenas y campesinas en total descobijo y desarticulación. No hay actor en la entidad que impulse o encabece agendas capaces de generar alianzas. La pulverización de los territorios y su control empieza a implosionar. El país anuncia ya los años más violentos de su historia.

En Chiapas, la impunidad se profundiza mientras que la violencia sigue en aumento y cada vez más la vinculada con el crimen organizado en diversas cabeceras municipales que evidencia su presencia como en Comitán, Comalapa, Pueblo Nuevo, Chamula, Chenalhó, Aldama, Chalchihuitán, entre otros. El narcotráfico hinca así sus dientes en las estructuras municipales y territoriales.

Este es el caldo de cultivo para otros indicadores más preocupantes, el de los nuevos negocios para el crimen organizado. La corrupción, la impunidad, la violencia y la que desata el mismo consumo de la droga, el desempleo, el control del narco-territorio geográfico, político y social, permite girar el interés hacia otros beneficios económicos locales como el tráfico de autos robados, de migrantes, de trata de personas y en especial de niños y niñas, los cobro de piso, la etnopornografía, las invasiones de tierras por parte de grupos contratados para la especulación de bienes raíces, las extorsiones, los robos, entre otros. En otros estados el crimen organizado tiene anclado sus intereses en los puertos, aeropuertos o en el sector minero por lo que el gobierno federal dispone una policía minera para cuidar los intereses de las grandes empresas mineras en el norte del país.

5) Crimen des-organizado: En el actual período del Gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), los indicadores de la violencia se evidencian como nunca y sin control, con muertos y miles de desplazados en un escenario favorecido por un año de total permisividad e impunidad para que el crimen organizado se afianzara durante la pandemia del 2020. En este año la inmovilización de la vida cotidiana, del movimiento social, del transporte, de la ausencia de la población por los caminos, las calles y las veredas, del abandono del campo y de toda actividad física y presencial por los territorios, del cierre de todas las oficinas gubernamentales, de la despolitización de la sociedad civil causada por los programas de Bienestar del gobierno que desestructura la organización, en un ambiente político sumamente polarizado, favoreció que el crimen organizado se cimentara profundamente en los territorios mientras el EZLN viaja por Europa y se evidencia la pérdida del control sobre muchos territorios. Este contexto también le favoreció al gobierno federal para el avance de sus megaproyectos en el Sur-Sureste del país donde radican las principales obras del actual sexenio como el Tren Maya, el Canal Interoceánico del istmo de Tehuantepec, la Refinería Dos Bocas, represas, pozos petroleros, gasoductos, súper carreteras, entre otros.

Así, arribamos al actual etapa del crimen des-organizado, que se caracteriza por la erupción y visibilización de diversos grupos armados en Chiapas. De los existentes podemos observar varios tipos que van desde el EZLN, los grupos paramilitares y autóctonos de la década de los 90’s que han ido evolucionando y otros más, el crimen organizado y las guardias comunitarias. Además del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional cuya presencia se despliega por todo el territorio estatal sugiriendo inhibir por sí solo la fermentación del narco-estado. Algunos de los grupos armados y sus acciones de violencia estallan con más virulencia en Aldama, Chenalhó, Chamula, Chalchihuitán, Oxchuc, Mitontic, Altamirano, Simojovel, Pantelhó, Pueblo Nuevo, Comalapa, Carranza, Chilón, San Andrés, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, entre otros. Sobre todo en el contexto de los procesos electorales se hace patente la lucha por el control de los territorios políticos y de las estructuras municipales.

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El Escaramujo 109: EL EPISTEMICIDIO DEL CAPITAL, El Asesinato de la Diversidad…

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El Capitalismo suprime las diversas formas de pensamientos subalternos y que considera marginales. Por ello, las relega y las descalifica, las combate, las elimina, las silencia, las ignora y las niega. También se les persigue sistemáticamente sin dar tregua, se les excluye e incluso se les extorsiona y tortura a tal grado que su racismo y patriarcado intrínseco al capital llega a la eliminación física de toda diversidad.

Frente a la resistencia de los grupos sociales subalternos a esta dinámica depredadora, el sistema desacredita todo lo alternativo que emerge de los otros modos de vida y de los saberes de los pueblos. Sin embargo, cuando este conocimiento alterno tiene la posibilidad de especulación y ganancia, entonces se le arrebata, se le roba y se absorben aquellos conocimientos ancestrales, el conocimiento tradicional de los pueblos originarios, pero también de los pueblos campesinos y de otros sectores de la sociedad. Otra forma de extractivismo.

La palabra “Epistemología” proviene del griego “episteme” que significa conocimiento, saber, o ciencia; y de “logos” que significa estudio, palabra, tratado y discurso. Los filósofos griegos desde Platón inician la carrera por desentrañar el significado del conocimiento, de la verdad, de la experiencia y la razón, de lo objetivo y subjetivo, o de las creencias y opiniones, que fueron desarrollando distintas perspectivas y ramas a lo largo de la historia. Así, el capitalismo adopta su propio método que le de sustento y que se impone como el pensamiento único de la hegemonía occidental.

En el Siglo IX, en el auge del nacimiento del capitalismo, el filósofo escocés James Frederick Ferrier (1808-1864) introduce el concepto de “Epistemología” para hacer referencia al ‘conocimiento científico’. Desde la filosofía griega y medieval que occidente adoptó, propagó la idea de que el orden de lo racional era la ‘Totalidad’ de Kant o el ‘Absoluto’ de Hegel. Sin embargo, de acuerdo con X. Ziburi, el orden de lo racional es el ‘Mundo’, porque las cosas reales son solo un momento de la respectividad de lo real, de otras cosas reales, de la realidad que es abierta, el mundo sentido, el mundo en que los pueblos actualizan la actuidad de las cosas para producir y reproducir sus conocimiento según sus contextos geográficos, ambientales, políticos, culturales, psicológicos, económicos y sociales. Este es el “Episteme” de los pueblos, esas otras formas de ver el mundo, de
conocer, de aprender y que pretenden ser aniquiladas. Esto es el epistemicidio.

En la “AmerÁfrica Ladina” convive una gran riqueza epistémica entre los pueblos originarios de América, los Afrodescendientes y la población Ladina fruto del mestizaje. Sin embargo, especialmente los pueblos indígenas vieron quemar bajo la hoguera cerros de libros y sabiduría ancestral con el alma destrozada bajo el yugo europeo. Se les despojó de sus conocimientos, de sus métodos y formas de vida. Se les impuso un catálogo de derechos, de preceptos, de axiomas e incluso de dogmas ahí donde el conocimiento científico no les alcanzó. La Totalidad, lo Absoluto, el Universalismo engendró un racismo epistemológico así como una epistemología patriarcal.

A lo largo de la historia de la humanidad se ha expresado esta dinámica. Sin embargo, en el contexto del capitalismo recobra una fuerza descomunal por su globalidad que excluye lo que considera que no se mantiene dentro de la esfera de su ‘verdad objetiva’, lo que no se sujete al riguroso ‘método científico’ europeo que imponen las élites que pretenden dominar el conocimiento y la verdad, como la única forma de validarlas, ahorcando todo lo demás y confinándolo a la subjetividad-irracional contrapuesta a lo que es ‘objetivo’, ‘racional’ y a ‘su verdad’. Es la nueva inquisición del sujetomundo capitalista que pretende acabar con la otredad, con otras formas de conocimiento que le sean marginales o que impiden el desarrollo del ADN capitalista: la acumulación incesante de poder y de capital.

Sin embargo, es necesario hacer énfasis en algo más. Hablar del “capitalismo global” es una tautología, un pleonasmo y un eufemismo. Porque el capitalismo no lo es si no fuera global. La esencia del capitalismo es precisamente ser una hegemonía cultural, política, económica, social y militar, racista y patriarcal. En estos ejes basa también su connatural movimiento hacia la acumulación incesante de capital y de poder como lo seguimos constatando por las consecuencias de la crisis desatada con pretexto del COVID-19. Porque lo único global en el planeta es el capitalismo, fuera de ello lo que hay es diversidad que éste pretende acabar y que incluyen las formas propias de generar realidades locales, formas propias de alteridad, de “Alter Natos”, de otros mundos posibles. Y en el planeta se despliega una variedad inimaginable de diversidad en todas sus formas: biológica, cultural, social, económica e incluso política, de saberes y modos de estar en la realidad. Una enorme riqueza epistémica.

Se dice que el “epistemicidio” es la destrucción, por parte del colonialismo, de los saberes propios de los pueblos; la subordinación, la dominación y el control hasta llegar a la aniquilación de otras formas de conocer, de crear y transmitir conocimientos, así como los saberes ancestrales y comunitarios de los pueblos. Por ello, se hace referencia a la necesidad de la descolonización epistemológica. De una emancipación del paradigma.

Ahora, consideramos que esta concepción no es correcta. No es un problema baladí. Y es que no se trata de una “descolonización” o “decolonización”, ya que asumir el concepto de “colonia” es tan eurocentrista, y cuya sustancia conceptual no refleja la realidad de lo sucedido, ya que “colonia” se refiere etimológicamente al “territorio establecido por gente que no es de ahí”. Y la realidad rebasó con creces esta idea.

En América, Asia y África se establecieron las “colonias” de prácticamente todos los países de Europa (Reino Unido, Alemania, España, Portugal, Bélgica, Francia, Italia, Holanda..), pero el concepto no enfatiza en que dichos territorios no sólo los ‘colonos’ europeos no eran originarios de ahí y que se instalaron en lugares desolados, sino que invadieron militarmente a los pueblos que habitaban esos territorios desde centurias y hasta milenios pasados.

Con la Invasión militar, económica y política, expoliaron y sustrajeron las riquezas de los habitantes locales; los asesinaron, robaron, desplazaron, esclavizaron e impusieron su lengua, su cultura, su religión, su visión, su verdad, su mundo, su economía, sus estructuras políticas, su epistemología. Que no fue un “choque de culturas”, un “encuentro de civilizaciones”, mucho menos un “diálogo multicultural”.

Por tanto, más que ‘colonias’ como las llaman los europeos para distraer de la realidad sucedida -y como lo tenemos ya conceptualmente muy asimilado-, fue una sangrienta Conquista e Invasión de una forma occidental de comprender el mundo y dominarlo para garantizar sus propios intereses, y que después reforzó la etnia europea desde América del Norte, a donde se desplazaron en los actuales territorios de Canadá y Estados Unidos.

Además, el “Sur Geográfico” no fue el único invadido por unas élites que pretendieron competir, imponerse y dominar, sino que también lo hizo en el “Norte Geográfico” con invasiones y guerras descomunales, genocidios y etnocidios, con la desaparición física de conocimientos subalternos llamados ‘bárbaros’, ‘brujas’, ‘judíos’, ‘tribus’, ‘herejes’, ‘esclavos’, ‘gitanos’ o ‘nómadas’, entre otros, y donde hoy por hoy siguen existiendo sociedades excluidas en estos países llamados “desarrollados” sobre la base del epistemicidio. Este es el Sur Global.

Consideramos también que la dicotomía Norte-Sur refleja un análisis estructural desactualizado toda vez que la crisis del capitalismo, si bien inició en la periferia, ya está instalada irremediablemente en el corazón del sistema, donde los países llamados del Norte arrastran pobreza, exclusión, deuda, migración, racismo, odio, patriarcado galopante, violencia y desempleo, persecución y hasta cárcel de artistas que pintan y cantan la vida de otras formas; se manifiestan también movilizaciones sociales de protesta cada vez más en aumento frente al resurgimiento de la derecha otrora vez controlada legal, social y políticamente, y que hoy sale de las venas y de las entrañas del capital, del Norte Global. En todo el mundo observamos cómo la derecha irrumpe con violencia en el andamiaje institucional para controlar la insurrección de las epistemes subalternas que ya no les producen consenso sobre los supuestos beneficios del sistema, por lo que buscan imponerse nuevamente por la fuerza.

Y es que la miseria causada por el capitalismo no tiene patria, y los sectores marginales, pueblos, etnias, culturas diversas y sus múltiples formas de conocer su mundo están en todas partes, o sea, en el Sur Global. De ahí que es adecuado hablar del Sur Global y del Norte Global, así como de la “Epistemología del Sur Global”.

El epistemicidio aparece y reaparece de muchas formas en cada rincón del planeta de este Sur Global. El más grave es y sigue siendo la aniquilación física de la vida, los etnocidios de pueblos originarios, de grupos étnicos en Medio Oriente, en África, entre otros rincones del mundo. El asesinato de defensoras y defensores de los derechos humanos, de quienes defienden la tierra y el territorio frente a los megaproyectos trasnacionales con otra concepción del mundo, de la vida digna, de los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza, para aniquilar esas otras formas de entenderse en el mundo y de gestionar los bienes comunes naturales, culturales, los tangibles o intangibles en beneficio de la humanidad priorizada sobre el capital. Las manifestaciones de epistemicidios también se reflejan en las políticas para eliminar lenguas que conectan a los pueblos con su realidad, sus formas de conocer y de entender el mundo.

Otros epistemicidios se expresan en la eliminación de las manifestaciones culturales ya que ofrecen formas de acercarse a la realidad, de generar su propia epistemología, para al fin imponer una asimilación cultural de hegemonía y control. También se expresan en las supuestas “consultas libres, previas e informadas” controladas desde el poder político y económico. En el desplazamiento forzado que desarraiga a los pueblos de sus territorios, de la cultura y de sus usos y costumbres, de la lengua y los mecanismos de conocimiento con la realidad inmediata.

La coerción, el miedo, la violencia estructural, la pobreza, el condicionamiento del poder con el fin de que los pueblos abandonen sus tradiciones, su cultura, o entreguen sus saberes colectivos y ancestrales a manos privadas a cambio de dádivas o pequeños proyectos productivos para paliar la pobreza; o para que absorban los parámetros de la educación que les impone el sistema y que los invisibiliza en las historias oficiales, también son formas de epistemicidio.

Pese a lo anterior, existe un radical exterminio por parte del capitalismo: el feminicidio. El patriarcado que pretende aniquilar una forma de pensamiento radicalmente distinto, una epistemología feminista que acabaría con el capitalismo y su conocimiento científico, ya que ofrece una perspectiva distinta de mundo. Porque el capitalismo es originariamente y fundamentalmente patriarcal, el feminismo es su principal amenaza y fatal antídoto. Y no sólo es el exterminio físico de las mujeres, sino el exterminio y el asesinato en vida, otro tipo de feminicidio: la intimidación, las amenazas, la descalificación pública y moral, entre otras estrategias para confinarlas nuevamente a lo privado y dejen de cuestionar, reclamar, organizar e inyectarle a este mundo otra perspectiva de la vida.

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El Escaramujo 108: LA MONEDA COMUNITARIA “TÚMIN”, X Aniversario de la Economía Solidaria

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En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Mercado Alternativo y de autogestión se extendió a partir de septiembre por los barrios contagiando la solidaridad. Pareciera que llegó tarde, ya que durante los meses del confinamiento provocado por el COVID-19 hubiera tenido un gran impacto para el sostenimiento de las economías familiares y los empleos locales. Sin embargo, los barrios ya se preparan para enfrentar otros confinamientos.

Luego de talleres, reuniones y asambleas, se han logrado establecer más de diez puntos de información donde los socios y socias del Túmin fungen como enlaces en sus barrios y colonias encargados de promover, inscribir e impulsar la moneda comunitaria en sus zonas, así como de preparar y organizar los tianguis del túmin donde corren los productos, los servicios, la solidaridad y la amistad entre las y los tumistas. En dos meses se sumaron tumistas que ofrecen pan, café, miel, granola, tacos, donas, alimentos preparados, medicina tradicional, mole, huevo, verduras, frutas, artesanías, cacao, ropa, joyería y abarrotes entre otros muchos productos. También proveedores de servicios como dentista, médico, carpintero, balconero, sastre, electricista, pintor, albañil, taxista, transportista, renta de locales, clases de regularización de materias, de música o de idiomas, papelería, restaurante, cafetería, etcétera. Se organiza ya un tianguis mensual, se elabora un directorio, grupos de chat, página de Facebook “Túmin San Cristóbal” y otras herramientas para difundir la confianza y la solidaridad.

La moneda comunitaria “Túmin” fue creada el 6 de Noviembre de 2010 cuando se inscribió a este sistema solidario la primera persona en la comunidad de El Espinal, Veracruz. Por ello, San Cristóbal se prepara para festejar en Noviembre 2020 el X Aniversario del Túmin.

¿QUÉ ES EL TÚMIN?

El Túmin es un instrumento de papel moneda de 1, 5, 10 y 20 Túmin para facilitar el intercambio y dinamizar la circulación de nuestros productos y servicios entre los barrios, las colonias y los pueblos, entre la zona urbana y rural. Es para completar el gasto familiar con el fin de cubrir las necesidades, para mantener nuestras fuentes de ingresos y empleos, para que la riqueza y los beneficios sean para nosotros y se queden entre nosotros y nosotras; pero también para incrementar los lazos de confianza y solidaridad.

Surgió en 2010 en el municipio de Espinal, Veracruz, y actualmente se extiende en 20 estados de la República mexicana. Es un Mercado Alternativo de Economía Solidaria de carácter autogestivo y comunitario que se basa en la confianza y el respeto.

El Túmin evita que nuestra economía se estanque frente a los grandes supermercados transnacionales. El Túmin no se acapara, no se estanca, no se devalúa, no se especula. El Túmin nos invita a moverlo, a danzarlo de mano en mano entre productores y productoras. El valor de nuestros productos respaldan al papel moneda que se nos entrega gratuitamente. Por ello, el Túmin no es un vale asistencialista que se reparte a un consumidor, y por ello no circularía; sino que representa productos y trabajo al servicio de la comunidad. Entre más lo usamos menos se acaba, a nadie nos conviene guardarlo y a todas y todos nos conviene que circule, por eso decimos que el Túmin es dinero sustentable, es una moneda autónoma que nos hace más independientes.

Al usar el Túmin se invierte en la comunidad y la comunidad lo invierte en mí. La autonomía será mayor cuando en este Mercado Alternativo se sumen más proveedores locales de distintos productos y servicios. Frente a los confinamientos sanitarios y la crisis económica, el Túmin se vuelve la moneda alternativa de sobrevivencia con solidaridad y confianza.

Con el Túmin también se facilita y favorece el trueque y otras formas de intercambio de la Economía Solidaria. El Túmin favorece la autonomía de los territorios rurales y urbanos. Fortalece la riqueza propia en beneficio colectivo porque se queda y circula en la comunidad y no se fuga a los grandes supermercados, o a las grandes trasnacionales.

Con el Túmin, nadie pierde y todos ganan. Con sus tianguis es un espacio también de reencuentro, de alegría, de confianza, de ganas de vernos y de relacionarnos, de cercanía y sobrevivencia colectiva, todo eso que el capitalismo pretende arrebatarnos.

En el Túmin cabemos todas y todos. Y es responsabilidad del tumista lo que vende. En el Túmin no se discrimina a nadie por raza, etnia, religión, opción política, organización, orientación sexual; ni por clase, nacionalidad, producto o servicio que se ofrezca. Porque en el Túmin es más importante la productora y el productor, que el producto. En el capitalismo lo más importante es el producto, su precio, y se hace de la marca o de la mercancía un fetiche, algo muy exclusivo solo para algunos, o que lo puede adquirir quien tenga mucho dinero. En el Túmin, la persona es más importante, y con ello recomponernos en el tejido social, comunitario y barrial ayudándonos de manera solidaria.

Esta pequeña moneda es grande, y hace grande a los pueblos. Nos ayuda a ser conscientes del funcionamiento especulativo del sistema bancario y financiero. Con el Túmin recuperemos la solidaridad y la confianza que el capitalismo nos pretende secuestrar. Con el Túmin combatimos esa frase de “Hoy No Fío, Mañana Tampoco”, a “Hoy Sí Con-fio, ¡Mañana “Tumbién!”

Combatimos también esa frase de “No mezclar la amistad con los negocios”, porque con el Túmin, la sobrevivencia colectiva es amistad, confianza y solidaridad.

¿COMO FUNCIONA EL TÚMIN?

El funcionamiento es muy sencillo. Se entregan de manera gratuita 500 Túmin que equivalen a 500 pesos mexicanos. Un túmin es igual a un dólar, a un euro, a la unidad de cualquier otra moneda extranjera, o a una hora de cualquier tipo de trabajo ya sea manual o intelectual. Porque con el Túmin nos acercamos a la justicia porque nos hace iguales y reivindica con dignidad todo tipo de trabajo.

Quien los recibe debe ser una productora o un productor o un prestador de servicios. Se le inscribe y participa en el Directorio para darse a conocer por medio de las redes sociales u otras formas de difusión. Hay alguna persona Enlace cerca de ti con quien te puedes inscribir y quienes te proporcionará la moneda del Túmin, un pequeño reglamento, y si hay posibilidades también un póster, un tríptico, una calcomanía de “Se aceptan Túmin” o “Pide Túmin de Cambio” para ponerlo visible en tu establecimiento, negocio o vehículo o cualquier medio de transporte.

¿QUIEN PUEDE RECIBIR TÚMIN?

Todas aquellas personas que ofrezcan un bien o un servicio en el barrio, colonia o comunidad para ayudarnos mutuamente. Por ejemplo, quien vende pasteles, elotes, paletas, papitas, ropa, libros, tacos, quesadillas, gorditas, arroz, cacao, frijol, maíz, bebidas preparadas, plantas, miel, queso, café, artesanías, regalos, huevo, chiles, semillas, pan, alimentos orgánicos o preparados, frutas, carne, piñatas, medicina tradicional, etcétera.

También los servicios como taxi, panadería, sastrería, carpintería, alfarería, eléctrico, albañil, costureras, zapaterías, estéticas, ferretería, papelería, pintor, balconería, herrería, jardinería, hotel, restaurantes y fondas, tiendas de abarrotes, renta de sillas y mesas, peluquería, cuidado de enfermos o personas mayores, torno, mecánico, vulcanizadora, agua purificada, imprenta, enfermería, doctoras, servicios religiosos en las Iglesias, clases de yoga o de algún deporte, reparación de bicicletas, trabajo doméstico, lavado de ropa, entre otras muchos. O quien da clases de regulación de materias, quien pasea perros o arregla celulares, lavadoras, planchas, refrigeradores o máquinas

El Túmin permitirá que los negocios y las actividades económicas en los barrios y en las comunidades sobrevivan de manera solidaria con el apoyo de todas y de todos. Con el Túmin disminuimos la necesidad de conseguir más dinero para obtener lo que necesitamos.

En el Túmin no hay ninguna condición, ninguna coerción, ninguna penalización. La persona entra cuando quiere y sale cuando lo desee regresando los tumins que le fueron entregados. Pero sólo hay un compromiso: aceptar como mínimo el 10% en moneda túmin por tu producto o servicio. No significa aumentar un 10% en moneda túmin a tu producto o servicio, sino restarle el 10% para ser cobrado en la moneda solidaria del túmin.

El cobro del 10% en moneda túmin puede aumentar hasta el 100%, depende de la voluntad y necesidad del tumista que vende, y puede bajar cuando lo desee, pero nunca por debajo del 10%. Este es el principio de la confianza en la Economía Solidaria. En el Túmin puede ofrecerse mejores precios en comparación con la venta solo en pesos mexicanos.

Se puede dar Túmin de cambio recomendando que no sea mayor al costo del servicio recibido o producto comprado. El vendedor puede preguntar si el comprador acepta túmin de cambio o el comprador pedir que le den túmin de cambio, aunque no sea socia o socia del Túmin. A nadie obliga dar o recibir túmin de cambio. Es voluntario. El Túmin es válido al portador, aunque no seas productor o productora o vendedor o vendedora de servicios, aunque no seas socia o socio del túmin, porque lo puedes solicitar de cambio para adquirir productos o servicios que aceptan túmin, o porque lo puedes donar a algún familiar o amistad.

Lo más importante en la Economía Solidaria del Túmin es el Productor/a, la persona, la solidaridad, la ayuda mutua, no el producto. Nos importa más la solidaridad, la organización, la toma de consciencia, la ayuda mutua, la sobrevivencia colectiva, la unidad, aprender otra lógica de mercado. Si de esa consciencia nace otra actividad productiva, pues mejor. Si el día de mañana alguien logra salir del sistema y producir algo sustentable, orgánico, que impacte menos al medio ambiente y la salud, será parte de este proceso de tomar consciencia por el que transitamos todos y todas. Por ello, el Túmin es una moneda solidaria, alternativa, viva, sustentable, autogestiva, pero de transición. El Túmin no cambiará todo el capitalismo, pero será una puerta de entrada para construir otros mundos posibles que, sin la solidaridad, no se podrá lograr.

La moneda comunitaria del Túmin no se vende, no se especula, no es mercancía, no genera intereses, no se devalúa, sino un instrumento de solidaridad y de transición. La moneda comunitaria no es para resolver todos los problemas del capitalismo, sino para iniciar a resolverlos.

El Túmin vale en todos los sitios y estados del país donde circula, y de la misma manera se aceptan los túmins de otros estados que tienen otros diseños. No hay voceros en el Túmin, todos y todas las socias podemos hablar y representar el espíritu de la moneda comunitaria en cualquier espacio. Dar charlar, promover, invitar, etc.

Cada Colectivo, Colonia, Barrio o Comunidad puede organizarse como desee para impulsar el Túmin por medio de ferias, tianguis, difusión por cualquier medio, grupos de Whatsapp, etcétera. También se pueden organizar actividades del túmin por sectores, productores o temáticas. El Túmin es libre, es de la gente, es para resolver necesidades básicas.

¿QUÉ SIGNIFICA ‘TÚMIN’?

Alrededor del año 300 antes de Cristo, en la Antigua Grecia, existió una moneda de plata llamada “Dracma”, palabra que proviene del verbo griego “empuñar”, “agarrar”, porque esta moneda equivalía al peso en plata de 6 óbolos que eran 6 barras de metal largas y finas que cabían en el puño de la mano.

Posteriormente, los árabes derivaron la palabra “Dracma” en “Adarme”. Y a un ochavo de “adarme” le llamaron “tumn” o “tumni”, que equivalía al valor más pequeño.

Más tarde, en España le llamaron “tomin” que también significaba el valor más ínfimo y equivalía a la tercera parte del Adarme y a la octava de la moneda “Castellano”. El “tomin” fue una medida de peso equivalente a poco más de medio gramo de oro (0.596 gramos) o a 12 granos.

En el virreinato de Nueva España, la primera moneda autóctona acuñada en 1536 fue el peso de oro de Tepuzque, cuyo nombre sería la versión castellanizada de Teputzli, cobre en lengua náhuatl. Este peso equivalía a 272 maravedíes, a 8 Reales de plata, y cada Real equivalía a un Túmin.

La unidad de peso para metales preciosos fue el equivalente a unos 230 gramos. En el caso de las piezas de oro, sus divisores eran el castellano, el tomín y el grano. En cuanto a la plata aparecían la onza, equivalente a 1/8 de marco o 28,75 gramos; y el tomín de plata, de 1/384 o 0,559 gramos. Alrededor del año 1600 el Rey Felipe III acuñó una moneda de cobre llamada un ochavo que equivalía a un octavo de onza y que dejó se usarse alrededor de 1850. En aquel tiempo una onza castellana equivalía a 28.75 gramos o a 576 granos.

Así, durante la colonia se hace referencia a diversas monedas: pesos de oro, maravedíes, tomín, ducados, doblones, reales, dineros, sueldos, escudos (conocidos también como patacas), doses y tostones (monedas de 4 reales) muy comunes en Chiapas.

El “Tomin” que tiene origen en los griegos y que pasó a los árabes, luego a los españoles y por ahí a nuestro continente, llegó a ser parte de las culturas americanas y del vocabulario náhuatl. Por eso “Túmin” significa dinero en náhuatl, en totonaco y en purépecha. Y en tzeltal significa algodón, porque los tributos que se pagaban durante la colonia al gobernante o tlatoani antes de la colonia, fueron adoptados por los españoles introduciendo las equivalencias de sus monedas, combinadas con los pagos en especie que ya se hacían. Por ejemplo, según el Códice Otlazpan, cada 80 días una persona que contaba con un terreno para sembrar de 800 por 20 brazas, debía pagar 4 tomines más dos cargas de leña, además de un guajolote al año.

Mientras la cantidad de guajolotes y de leña era fija para todos, la del Tomin y el cacao aumentaban con el tamaño de la parcela. En parte, esto explica por qué nuestros antepasados comenzaron a pelear por el oro y la plata acuñados en monedas: para poder pagar sus tributos. Pero también explica, quizá, de dónde vienen las costumbres que hoy subsisten para efectuar pagos mediante la leña, como hoy en Santiago Tinguistenco, Estado de México; sólo que aquí es al modo mexicano y no al modo colonial: no para someter unos a otros, sino para intercambiar productos y generar vida comunitaria.

Otras fuentes refieren que el túmin era el impuesto que pagaban los indígenas en el Perú con destino al sostenimiento de hospitales. Para los pueblos originarios Incas, túmin o tumis eran las navajas ceremoniales que se usaban en los siglos XV y XVI durante los festivales para el sacrificio de las llamas con el fin de agradecer al sol por las cosechas. Actualmente existe el poblado Tumina en la provincia de Estado Miranda, Venezuela, y el pueblo Los Tumines (Poblado de los Ates) en el Municipio Ario, Michoacán, México.

Hoy, muchas formas de colonización han cambiado, pero el mundo entero sigue peleándose por el dinero para pagar los tributos que ahora se llaman intereses e impuestos. En el corazón del mundo financiero, Wall Street, los propios norteamericanos protestan por la nueva esclavitud a las tarjetas bancarias, pues también en los Estados Unidos –y allá mucho más que aquí– viven peleándose por el dinero.

Por ello, más de 5 mil monedas comunitarias circulan en el mundo para salirse de estos esquemas de dominio. Y con el TÚMIN, con esta humilde moneda, la de menor valor, que equivalía a la cantidad o porción mínima de algo, los indígenas comerciaban entre sí. Hoy, el TÚMIN es una pequeña moneda en papel que hace maravillas, milagros, que mantiene viva la vida económica de la comunidad basada en la solidaridad y la confianza que el capitaliso nos pretende arrebatar.

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El Escaramujo 107: LAS REPRESAS EN GUERRERO

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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El Estado de Guerrero es uno de las 32 entidades del país con una superficie de alrededor de 64,000 km² y representa el 3.2% del territorio nacional. Cuenta con 81 municipios y una población de más de 3.5 millones de habitantes representando la 12ª entidad más poblada de México. Guerrero es uno de los Estados con más caudales hidrológicos y ocupa el 12º sitio en cuanto a disponibilidad acuífera. Sin embargo, es una de las entidades más pobres y violentas del país, y al mismo tiempo aporta con sus represas la energía que requiere el sector turístico de élite ubicado en sus costas.

Los contrastes de la pobreza y opulencia marcan la injusticia en el estado de Guerrero, la tierra de quienes abonaron a la Independencia del país como José María Izazaga, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Juan N. Álvarez, así como la lucha de Canto A. Neri y las revueltas de Mochitlán y Quechultenango contra la dictadura porfirista. Es la tierra de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas quienes lucharon por un país nuevo. Pero es también el territorio donde en la región de la Costa Grande fueron asesinados 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en 1995, y en 2014 los 43 Normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Es el territorio donde las mineras canadienses explotan con consecuencias sociales y ambientales irreversibles y en total impunidad violan acuerdos y contratos con los propietarios de las tierras, un estado que le proporciona gigantes cantidades de oro, agua y energía que extraen de una entidad empobrecida y violentada.

Guerrero es el territorio donde operó la época del milagro mexicano impulsando el desarrollo turístico internacional promovido por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952). Es entonces cuando las grandes represas se construyen desalojando pueblos para alimentar el turismo que destacara el llamado Triángulo del Sol considerado como el primer destino turístico con el que México se dio a conocer en el mundo para atraer el turismo extranjero al puerto de Acapulco, Ixtapa y Zihuatanejo así como al “pueblo mágico” de Taxco.

En medio de este turismo de élite se libra una lucha de las comunidades campesinas e indígenas a quienes se les disputan los territorios, el agua y la vida, por parte de las grandes empresas mineras con las actividades más voraces y destructivas que se hayan visto. Es la tierra donde los feminicidios y el crimen organizado han creado territorios libres de justicia y llenos de impunidad. Es el Estado donde por más de quince años, los ejidatarios resisten contra la construcción de la Presa La Parota que ha generado saldos de muertos, desplazados, violencia y presos políticos. Por ello, es el territorio que grita la consigna de “¡basta de represión, represas y presos políticos!”.

Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Guerrero con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras. Desde el año 1550 hasta el 2020 la CONAGUA ha logrado documentar1 la construcción en México de un total de 6,489 represas, derivadoras, diques y bordos en todo el país a lo largo de estos 470 años, independientemente de su tamaño, constructor y objetivo (ya sea para el riego, generación de electricidad, agua potable, abrevadero, acuacultura y pesca, recreativo, navegación, infiltración, entre otros). A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 grandes represas de las ya existentes.2 Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 463 presas, de las cuales 668 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.3

De estas 6,489 obras en el país, en el estado de Guerrero solo se han construido 105 en estos 470 años. Esto representa el 1.6% del total. Guerrero ocupa el lugar numero 23 de las 31 entidades con estas obras. De las 105 obras, CONAGUA tiene registro de su fecha de construcción de 94 de ellas. Es importante hacer notar que la primera obra registrada data de apenas 1937 y hasta 1964 que inicia la operación de la Presa El Infiernillo para detonar el desarrollo del turismo más que apuntalar a solucionar las causas de la pobreza y la violencia en el estado.

Al menos 10 Constructores distintos han realizado estas intervenciones, entre las que se encuentran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Gobiernos municipales, Hacendados, Particulares, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) que existió entre 1946 y 1976; y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994.

LOS SISMOS

Pese a que el estado de Guerrero se mantiene como la tercera entidad del país con mayor actividad sísmica después de Oaxaca y Chiapas, todas las represas, los diques, los bordos y las derivadoras se han construido en Zonas Sísmicas: 49 en Alta Sismicidad y 56 en Media Sismicidad. Es necesario tomar en cuenta que tan solo durante el mes de julio de 2020 se registraron 269 sismos en Guerrero de variada intensidad.

La Brecha de Guerrero es una región sísmica que no ha registrado ninguna actividad sísmica mayor a 7,0 desde el año de 1911. Por ello se calcula que podría ocurrir un sismo de gran magnitud en cualquier momento cuando la placa de Cocos se continúe introduciendo por debajo de la placa Norteamericana. Esta Brecha se ubica en el océano Pacífico frente a la Costa Grande de Guerrero, y se prolonga a lo largo de 230 km desde el sur de la ciudad turística de Acapulco hasta Papanoa.

LAS CUENCAS

Guerrero es uno de los Estados con más caudales hidrológicos y ocupa el 12º sitio en cuanto a disponibilidad acuífera. Su aprovechamiento es de 602,626 millones de m³. Las lagunas más importantes son la Laguna Negra, Laguna de Coyuca y Laguna de Tres Palos. Las aguas superficiales de Guerrero se distribuyen en 3 Regiones Hidrológicas: RH18 “Balsas”, RH19 “Costa Grande” y RH20 “Costa Chica-Rio Verde”.

La Región Hidrológica RH18 “Balsas” abarca la zona centro y norte del estado que equivale al 53,31% del territorio estatal. Los afluentes escurren al río Balsas que nace en el estado de Puebla y toma tres nombres diferentes antes de llegar al mar: Río de Mezcala, Río Balsas y Río Zacatula. En total son 771 Km de los cuales 522 corren sobre Guerrero, 107 sobre Puebla y 142 sobre Oaxaca. La Región incluye las Cuencas del Río Balsas-Mezcala (22,07% del territorio estatal), Rio BalsasZirándaro (14,72%), Rio Balsas-Infiernillo (5,46), Rio Tlapaneco (5,61%), Rio Grande de Amacuzac (3,24%) y Rio Cutzamala (2,21%).

El Río Balsas es uno de los más importantes de Guerrero y también con un alto índice de contaminación por la agricultura industrial, la industria textil, toneladas de residuos orgánicos, sólidos y metales pesados, como cianuro, zinc, aluminio, cadmnio y manganeso, aguas residuales sin tratamiento provenientes del consumo humano, industrial, agrícola, pecuario o minero.

La Región Hidrológica RH19 “Costa Grande” desembocan sus aguas en el Océano Pacífico, abarcando el suroeste con el 19,5% del estado. Las cuencas de esta región incluyen al Río Atoyac y Otros (8,06% del territorio estatal), Río Coyuquilla y Otros (5,80%) y Río Ixtapa y otros (5,64%).

La Región Hidrológica RH20 “Costa Chica-Rio Verde” desembocan sus aguas en el Océano Pacífico, se ubica en el sureste del estado abarcando el 27,19% de su superficie. Incluyen las cuencas Río La Arena y otros (0,31% del territorio estatal), Río Ometepec o Grande (7,81%), Río Nexpa y otros (7,22%) y Río Papagayo (11,85%).

En cuanto a las Regiones identificadas por CONAGUA, las represas, diques, bordos y derivadoras, 79 se ubican en la Región Balsas y 26 en la Región Pacífico Sur. Desde el punto de vista de las Regiones Hídricas se ubican 73 en Balsas, 20 en la Costa Chica y 12 en la Costa Grande de Guerrero. CONAGUA ubica las represas, diques, bordos y derivadoras en 19 Cuencas diferentes:

Más de 80 Corrientes superficiales se han intervenido con represas, bordos, diques y derivadoras entre los que se encuentran alrededor de 60 Arroyos y 25 Ríos.

Entre los Arroyos encontramos Agua De Correa, Agua Zarca, Ahiles, Ahuelican, Amatitlán, Amatitlan El Gde., Anillo, Apa, Arenal, Atlixtac, Copalillo, Cuachatlajco, Cuauhtenango, Cuavillas, El Columpio, El Cuajilote, El Limon, El Molino, El Platanar, El Tiro, El Tomatal, Escuchapa, Huacapa, Jaltipan, La Basilia, La Muñeca, La Pala, Las Anonas, Las Cuatas, Las Flores, Las Mojarras, Limpio, Los Ahiles, Los Capulines, Los Guajes, Nombre De Dios, Ojo De Agua, Pala, Pantitlan, Piedra Salada, Platanillo, Potrero De Rosas, Poza Blanca, Rancho Viejo, Redondeado, San Antonio, San Marcos, Santa Cruz, Tecorral Alto, Terremote, Tomatal, Totoloapan, Villegas y Xihuatoxtac, además de la Barranca de Xoxoquitla, Boca de Alcantarilla, Boca Potrerillo, Escurrimientos y la Laguna de las Flores.

Entre los Ríos encontramos Ajuchitlán, Amuco, Atopula, Atoyac, Azul, Balsas, Chiquito o El Oro, Cocula, Cortijo, Coyuquilla, Cutzamala, El Zopilote, Huacapa, Las Truchas, Nexpa, Papagayo, Poliutlao Sultepec, San Jeronimito, Tepecuacuilco, Tuxpan y Viramontes.

LOS MUNICIPIOS

Las represas, los diques, los bordos y las derivadoras se han construido en 37 municipios de la entidad que representan el 45.67% de un total de 81 municipios en el estado de Guerrero. Los Municipios con más obras lo encabeza Huitzuco (23) seguido de Buenavista de Cuéllar (8), Iguala (7), Atenango (5), La Unión (5), Chilapa, Taxco, Tixtla y Zihuatanejo (4 cada uno).

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El Escaramujo 106: SAN CRISTÓBAL DE LOS OXXOs

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Además de los baches, la violencia, los feminicidios, los problemas vinculados a la falta de agua, la invasión ilegal de los humedales y terrenos prohibidos, las minas destrozando las montañas del Valle de Jovel, la corrupción, el robo de vehículos, el tráfico de droga, la destrucción de los bosques y la biodiversidad, los ríos contaminados, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se distingue también por algo más: existen 33 tiendas Oxxo que se van multiplicando por cada esquina de la ciudad junto con la imagen de Coca Cola. Estas tiendas venden refrescos principalmente de FEMSA y comida chatarra, y con su competencia han eliminado a muchas tiendas de los barrios y colonias de la ciudad. Han arrasado con la economía de muchas familias pobres en los alrededores en donde se instalan.

La empresa FEMSA (Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V.) es la dueña de las tiendas Oxxo y al mismo tiempo es la mayor embotelladora de Coca Cola Company en el mundo y con mayor volumen de ventas. Tiene su sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y opera en Filipinas así como en 10 países de América Latina entre las que se encuentra Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Colombia, México, Uruguay y Venezuela.

Las Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V., no son una franquicia, sino que operan bajo contratos de comisión mercantil y algunas otras con empleados directos. En 1978 FEMSA abrió su primer tienda Oxxo en la ciudad de Monterrey, México. Hoy cuenta con más de 19,558 tiendas en México, y más de 80 en Chile al igual que en Colombia.

En 2014 existían 622 mil tienditas de abarrotes en el país según el INEGI. De ellas más de 85 mil se ubicaban en la Ciudad de México. A pesar de que se calcula que atienden a más de 100 millones de personas, y que representaban 50% del sector de distribución, van desapareciendo con la agresiva instalación de Oxxos por todo el país. También se calcula que por cada Oxxo que abre, por lo menos 5 tienditas de los alrededores terminan en la quiebra y cierran. Cada 8 horas que se inaugura una nueva tienda Oxxo en el país elimina a su competencia y capta el dinero que ya no va a las familias, sino a la transnacional más poderosa que le acarrea mayores ganancias a The Coca Cola Company.

Una tienda de abarrotes gana en promedio un peso por la venta de un refresco de Coca Cola descontando los impuestos que paga. Y Coca Cola FEMSA ahorra miles de pesos en renta de locales y energía eléctrica al venderse sus refrescos chatarra fríos. Regala unos refrescos más si la tienda de abarrotes pone su refrigerador en “primera posición”, o sea de cara a la calle, para generar más publicidad, o si se compra más de diez cajas de sus productos En el caso de la venta de las Sabritas un abarrotes gana en promedio dos pesos por cada producto vendido. Como esto es más caro en las tiendas Oxxo, las ganancias de FEMSA son enormes, de ahí se explica su riqueza.

Otra Fuente, El Finaciero, documentó hace algunos años en un estudio que 8 empresas de consumo masivo dominaban el 90% de las ventas de las 750 mil tiendas de abarrotes y misceláneas que operan en México, según datos de la Alianza Nacional del Pequeño Comerciante (Anpec), entre ellos Coca Cola, Pepsi (incluida Sabritas), Bimbo, Grupo Modelo, Lala, Alpura, Philip Morris (con Malboro) y Nestlé. Kantar Worldpanel México estima que “las tiendas tradicionales representan el 35% del gasto de los 31.5 millones de hogares en el país, y de ese monto, 43% se usa para la compra de lácteos y 58 por ciento para bebidas como refrescos, agua y jugos.” También calcula que “cada hogar mexicano realizó 276 visitas a una tienda de abarrotes o miscelánea en un año y 99 por ciento de las familias compraron una Coca Cola al menos en ese mismo periodo, aunque otros productos de Lala, Bimbo, Alpura y Nestlé también tienen una alta penetración.”

Esto explica por qué FEMSA va por estas ganancias insertando las tiendas Oxxo por todos los barrios y colonias, por todas las gasolineras, con el fin de captar todos estos clientes que ha arrebatado a los abarrotes y tienditas y que ahora dice estar muy preocupado por ellas y desea apoyar a las familias mexicanas.

Según Dinero/En Imagen, existen tiendas Oxxo en más de 50 pueblos mágicos. Venden desde tarjetas de regalo de Google Play, iTunes, Xbox, Netflix, Spotify, Nintendo, Facebook, PlayStation, YouTube, etc; así como tacos, tortas, burritos, quesadillas, chilaquiles, molletes y hasta comida corrida, y más de 2,500 productos en todas sus tiendas que van desde chicles hasta celulares y tiempo aire conectando 1.2 millones de personas diariamente por medio de las recargas. También da el servicio de envío de dinero, depósitos y casetas telefónicas. Se pueden pagar más de 5,000 servicios como luz, agua, teléfono, televisión, predial, multas, tenencias, boletos de autobús, boletos de cine, hasta actas de nacimiento y de matrimonio en algunas ciudades.

Las tiendas Oxxos distribuyen productos de la transnacional estadounidense Colgate-Palmolive (Colgate, Palmolive, Suavitel, Ajax, Fabulso, Acción, Speed Stick, Hill’s, Tom’s) y cuenta con 25 marcas propias. A diario se abren tres tiendas Oxxo nuevas. Más de 13 millones de clientes son atendidos diariamente. En 1995 abrieron la primera estación de servicio OXXO Gas y actualmente cuenta con más de 500 gasolineras en todo el país. Oxxo es la tercera cadena de supermercados con más ventas en México y la séptima cadena comercial más grande en ventas en América Latina.

Según El Economista, las ventas de Oxxo representa más de 40% de los ingresos anuales de FEMSA. Para Interbrand, es la tercera marca más valiosa del país, después de la cerveza Corona y Telcel.

Todo ese dinero y ganancias se canalizaban a las tienditas y abarrotes familiares quienes captaban a todos estos clientes. Por ello, FEMSA ha arrasado con las economías barriales y sigue abriendo sus tiendas por doquier.

PERO ESO SÍ, FEMSA ESTÁ MUY PREOCUPADO POR LAS TIENDITAS…

Con la Ley de Oaxaca, de Tabasco, y las que se preparan en otros estados del país como en Chihuahua, Ciudad de México, Tamaulipas, Colima y Chiapas, en el sentido de prohibir la venta de refrescos y comidas chatarras a menores de edad; con las miles de firmas en Chiapas exigiendo la expulsión de Coca Cola FEMSA de San Cristóbal de las Casas así como marchas y movilizaciones sociales; con la aparición reciente del documental “El Susto”; con la solicitud del Síndico de San Cristóbal de las Casas a la CONAGUA en el sentido de retirarle la concesión de extracción de agua a Coca Cola FEMSA; y con el inicio obligatorio a partir del 1 de octubre 2020 del nuevo etiquetado de productos que contienen exceso de azúcares, calorías, grasas saturadas, sodio, grasas trans (ácidos grasos insaturados), Coca Cola FEMSA ha visto, como en pocas ocasiones, amenazadas fuertemente sus ganancias y ha lanzado una agresiva y ridícula campaña publicitaria, visual y en los medios de comunicación. Su descrédito aumenta aunque su imagen es parte del paisaje urbano y rural en todo el país.

Por ello, ahora a Coca Cola FEMSA parece que le interesan las tienditas que ha ido destruyendo y en sus campañas televisivas recrea el apoyo a las familias, el reparto de mamparas transparentes para las tienditas que se reciben con sonrisas y felicidad por los dueños de un abarrotes, con imágenes donde la tiendita que aparece llena de productos Coca Cola también venden pan y otros productos del barrio. En San Cristóbal lanzan un proyecto de apoyo con tambos para la captación de agua de lluvia en los barrios. También han sacado a la calle los camiones gigantes con letreros enormes cuyos mensajes afirman que gracias a Coca Cola FEMSA dependen millones de familias y tienditas.

Así, la transnacional reparte sus productos en las pequeñas tiendas de abarrotes que les venden sus refrescos fríos sin pagar energía eléctrica ni rentas de locales, al tiempo que despliega en todos su propaganda con sillas, letreros, mesas, etc., con la imagen de la Coca Cola. Una contaminación visual que provoca cierto hartazgo a la población aunque la refresquera sigue imponiendo su imagen en cada rincón no sin miedo a perder un centavo de sus millonarias ganancias con su bebida y comida chatarras. Pese a todo ello, no sólo en México sino en América Latina existen denuncias, reclamos y movilizaciones por la historia negra de las aguas negras de Coca Cola FEMSA.

México es uno de los principales consumidores de refrescos especialmente de Coca-Cola pero también de otras de sus marcas como son Ciel, Sprite, Fanta, Power Ade, Delawer Punch, Ades, Del Valle, Monster Emergy, FuzeTea, Yas, Sidral Mundet, y ¡hasta la leche Santa Clara!

También en los Oxxos se venden los productos de la estadounidense Pepsico y su comida chatarra de Sabritas, así como de Bimbo y su filial de comida chatarra Barcel. En otras palabras, los Oxxos están llenas de refrescos y comida chatarra. Por ello no es casualidad que México tenga los mayores índices de la epidemia de la obesidad, sobrepeso y diabetes que se agrava en la población infantil. En el contexto de los más de 70 mil muertos por el COVID-19, el gobierno mexicano reveló que la hipertensión y obesidad fueron los principales problemas de salud preexistentes en todos los fallecidos.

México tiene los mayores índices de consumo de productos ultraprocesados de toda América Latina y el Caribe, y Chiapas es el ejemplo de lo que no se debe hacer ya que es la entidad del país con el mayor consumo de Coca Cola en un estado lleno de pobreza y miseria.

El consumo de agua por parte de las embotelladoras de Coca Cola es abismal. En San Cristóbal de los Oxxos la planta de FEMSA consume 200 litros por cada litro de refresco; 1.3 millones de litros es lo que extrae del subsuelo, el que equivale al consumo diario de 13 mil personas; o el equivalente a 2,888 tinacos con capacidad de 450 litros de agua. Durante 20 años la refresquera extrajo alrededor de 10 mil millones de litros de agua que equivalen a 4 mil albercas olímpicas.

Pese a todo, FEMSA tiene el descaro de afirmar que “nos comprometemos a satisfacer las necesidades de hidratación de los consumidores y clientes de cada país donde operamos, además de desarrollar de manera sostenible cada comunidad donde operamos.” Sus argumentos no han convencido y cientos de personas solicitan que el estado de Chiapas legisle al igual que Oaxaca y Tabasco para prohibir la venta de bebidas y comidas chatarra en Chiapas a menores, y 27 mil firmas que exigen que Coca Cola FEMSA se retire de San Cristóbal de las Casas ya que agudiza la crisis de acceso al agua en el Valle de Jovel. Por ello la campaña publicitaria de Coca Cola se vuelve más aguerrida. Para colmo expresa Coca-Cola FEMSA: “En 2019 conseguimos un índice de uso de agua de 1.52 litros de agua por litro de bebida producida. Con esta referencia tenemos el compromiso de devolver la misma cantidad de agua que utilizamos en la producción de bebidas.“

La pandemia de los Oxxos y del consumismo de comida chatarra ha generado una sindemia, que significa el contagio de dos o más pandemias como efecto dominó, que son causales unas de otras, que interactúan y secuencialmente van apareciendo. De esta forma, la adicción a la Coca Cola, la falta de disponibilidad de agua, los bajos precios del refresco en zonas indígenas de Chiapas, la diabetes, la accesibilidad a la comida chatarra y la crisis alimentaria acompañada del colapso de los sistemas productivos locales, son enfermedades que se vinculan, se contagian y se dispersan. Chiapas es el peor ejemplo de lo que no se debe hacer, donde la empresa Coca Cola agrede la cultura indígena, se le permite entrar en todos los planteles educativos, en los edificios públicos e incluso en hospitales con sus refrigeradores para la venta de sus refrescos fríos cuya energía ni siquiera paga, donde financia eventos deportivos hasta campañas oficiales de salud bucal, donde a los niños se les alimenta con Coca Cola desde muy temprana edad, donde los problemas dentales, de diabetes y de adicción llegan a extremos preocupantes.

Tan solo en el Hospital de las Culturas, en dos años aumentó casi el 60% de enfermedades que ponen en riesgo la salud de la población frente al COVID-19 y que están asociadas a la Diabetes, una de las contribuciones del alto consumo de refrescos embotellados.

LA VORACIDAD DE FEMSA

Los orígenes de FEMSA se remontan a 1890 con la creación de la Cervecería Cuauhtémoc por parte de los empresarios Isaac Garza, José Calderón Penilla, José A. Muguerza, Francisco Sada Gómez y Joseph M. Schnaider. Su crecimiento fue vertiginoso. En 1954 compró una planta cervecera en Tecate, Baja California Norte.

En 1979 abrió su división Coca-Cola FEMSA. En 1985 se fusiona con la Cervecería Moctezuma y en 1990 se fusiona con el nombre «Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma». En 1993 The Coca-Cola Company compra el 30% de las acciones de Coca-Cola FEMSA y con ello coloca el 19% del capital en la Bolsa Mexicana de Valores y en el New York Stock Exchange. En 1994 Coca Cola FEMSA compra el 51% de las acciones de Coca-Cola en Buenos Aires, Argentina. En 1995 se asocian con Amoco Oil Co., para formar Amoxxo y operar los centros de servicio OXXO Express.

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El Escaramujo 105: MÉXICO: ¿QUÉ ES EL NDC? El Espejismo del combate al Cambio Climático…

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Ante la crisis cada vez más grave del Cambio Climático, los gobierno que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), decidieron en su reunión llevada a cabo en Varsovia en 2013, llamada la Conferencia de las Partes (COP 19), reducir las emisiones de los Gases Efecto Invernadero (GEI) en todo el mundo a un nivel que no permita aumentar la temperatura mayor a los 2°C y mantenerlo en 1.5°C. Pero, ¿cómo? En la COP 21 llevada a cabo en París en 2015, cada gobierno tendría que presentar como punto de partida sus propuestas de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés).

Esto significa que cada país, para disminuir los GEI, debe definir y determinar las medidas con las que va a contribuir hasta el 2030 para mitigar los GEI y adaptarse al Cambio Climático. Estas contribuciones serían el punto de partida para iniciar acciones que reduzcan las emisiones de GEI en cada país y cuyas contribuciones serían actualizadas cada cinco años por lo que vendría una primera revisión en 2020. Algunas Partes presentaron sus primeros NDC en 2015, y algunas han presentado su actualización en 2020.

Los Estados miembros (las Partes) presentan las contribuciones con las que pueden aportar según sus posibilidades, sus prioridades, circunstancias y capacidades. Estas medidas de Mitigación y Adaptación con lo que México puede contribuir en el planeta a disminuir los GEI pueden ser de dos tipos: No Condicionadas y Condicionadas.

Las No Condicionadas son las medidas en las que un país puede contribuir por sus propios recursos, por su propios medios y por su propia voluntad política de hacerlo.

Las Condicionadas son aquellas medidas que dependen de la existencia de condiciones externas e internacionales que le ayuden, como la ayuda internacional, acceso a financiamiento, transferencia de tecnología y otras condiciones internacionales.

¿Cómo está la situación en México?

Según fuentes oficiales, las características geográficas de México y las condiciones sociales desfavorables de algunos sectores hacen un país altamente vulnerable a los efectos adversos del cambio climático. En poco más de 100 años las temperaturas superficiales terrestres y marinas se han incrementado en todo el territorio. Por ello, en ciertas zonas del norte del país los cambios han sido mayores, oscilando entre 1.2 y 1.5°C por arriba de sus promedios históricos. Por ello se observan un aumento del número de días cálidos extremos y la disminución de días gélidos extremos y de heladas. A ello se suma el incremento de fenómenos hidrometeorológicos extremos, como los ciclones tropicales y los huracanes.

Entre 1970 y 2013, de los 22 ciclones de categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson que afectaron las costas de los océanos Pacífico y Atlántico mexicanos, diez ocurrieron en los últimos doce años. En este 2020 los fenómenos meteorológicos han marcado récords al igual que en sus afectaciones.

Según fuentes oficiales, en el caso de las sequías, en lo que va del siglo se han presentado cinco eventos importantes: entre 2000 y 2003, en 2006, entre 2007 y 2008, en 2009 y entre 2010 y 2012. En 2011 las sequías afectaron al 90% del territorio mexicano. Por otro lado, el nivel del mar también se ha elevado en muchas zonas costeras de México. De 17 sitios estudiados en el Golfo de México y el Pacífico entre los años cincuenta y el 2000 destacaron las elevaciones observadas en Ciudad Madero, Tamaulipas (de hasta 9.16 milímetros por año) y de Guaymas, en Sonora (con 4.23 milímetros por año).

El cambio climático en México se ha acompañado de pérdidas humanas y de altos costos económicos y sociales. Tan sólo entre 2001 y 2013, los afectados por los fenómenos hidrometeorológicos en el país ascendieron a cerca de 2.5 millones de personas y los costos económicos sumaron 338.35 miles de millones de pesos. Los impactos negativos se acentúan por las condiciones de pobreza que sufren amplios sectores de la población y por la degradación ambiental que afecta a sus comunidades, lo que genera altos niveles de vulnerabilidad en muchas regiones del país.

De acuerdo con el PECC 2014-2018, existen en México 319 municipios (13% de los existentes en el país) con mayor vulnerabilidad a impactos por el cambio climático, en particular a sequías, inundaciones y deslaves. El gobierno estima que entre el período 2015 a 2039, se proyectan temperaturas anuales mayores hasta en 2°C en el norte del país, y en el resto podrían oscilar entre 1 y 1.5°C. En el caso de la precipitación, se proyectó, en general, una disminución de entre el 10 y 20%. Todo ello podría traer graves consecuencias económicas, sociales y ambientales.

El gobierno mexicano estima que el 15% del territorio nacional es vulnerable al cambio climático, y 68% de la población y 71% del PIB están altamente expuestos a importantes riesgos asociados. Se calcula que el cambio climático implica para el país un costo superior a los 60 mil millones de dólares cada año -aproximadamente 6% del PIB.

El incremento en la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos y su impacto serán más graves aún en las comunidades rurales e indígenas más pobres, que dependen de la agricultura de temporal, carecen de medios para adaptarse y, muchas veces, tienen que migrar a las ciudades o a otros países.

Las Emisiones de GEI en México.

Las emisiones de Bióxido de Carbono (CO2) en México, derivadas del uso y quema de combustibles fósiles, representó en 2012 el 1.37% de las emisiones globales, lo cual colocó al país en el lugar 13 de los países con mayores volúmenes de emisiones de este gas derivados de dicha quema.

Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013 (INEGEI), las emisiones directas de GEI en el país ascendieron a 665 megatoneladas de CO2 equivalente, de las cuales la mayor contribución se debe al sector transporte (26%), seguido por el de generación de energía eléctrica (19%) y el de industria (17%). Para el caso del carbono negro, un contaminante climático de vida corta (CCVC), su volumen de emisión alcanzó 125 mil toneladas, derivadas en su mayor parte de las actividades del sector transporte (38%) e industrial, principalmente el subsector azucarero (28%).

Sin embargo, para el año 2017 las emisiones habían aumentado. México calcula que las emisiones totales de GEI oscilaron para este año alrededor de 734 Mt de CO2 equivalentes. Para ese año las emisiones de GEI destacan la Industria de la Energía (25.9%), Transporte (24.5%), Ganado (10.1%), Industria Manufacturera y de la Construcción (9.3%), Procesos Industriales y Usos de Productos IPPU (7.7%), Residuos (6.6%), Emisiones Fugitivas (6.3%) y otros sectores (5.3%). Esto significa que entre 2015 y 2017 México no había logrado disminuir sus emisiones.

¿Cuáles son las Contribuciones Nacionales que Determina México?

De acuerdo con el Art. 63 de la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con la colaboración técnica del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y en el marco de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), es la responsable de coordinar el proceso de actualización de las Contribuciones en materia de Mitigación de GEI y de Adaptación al cambio climático.

Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional presentadas por México en 2015 de Mitigación y Adaptación incluyeron las No Condicionada a factores externos, donde se asumió el compromiso de reducir un 22% los GEI lo cual significa una reducción de alrededor de 210 megatoneladas (Mt), y una reducción del 51% de Carbono Negro para el 2030.

La reducción al 2030 No Condicionada será en los siguientes sectores, de mayor a menor: Transporte, Industria, Generación de electricidad, petróleo y gas, agricultura y ganadería, residuos y residencial/comercial.

Las prioridades en la reducción de Carbón Negro en un 51% y en un 70% Condicionada, son, por orden de importancia: transporte, generación eléctrica, residencial y comercial, petróleo y gas, industria, agricultura y ganadería, residuos, forestal y cambio de uso de suelo. Esta reducción de emisiones de GEI implicaría que la intensidad de carbono se reduciría en alrededor de 40% entre 2013 y 2030.

El compromiso de reducción de los CCVC y de los GEI se podrá incrementar de manera condicionada si se adoptara un acuerdo global que incluya, por ejemplo, un precio al carbono internacional, ajustes a aranceles por contenido de carbono, cooperación técnica, acceso a recursos financieros de bajo costo y a la transferencia de tecnología, todo ello a una escala equivalente con el reto del cambio climático global. Bajo estas condiciones, las reducciones nacionales de carbono negro podrán incrementarse a 70% y las de GEI alcanzar un 36% al 2030, llegando a reducir al 2050 el 50% del volumen de las emisiones con respecto a las registradas en el año 2000.

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El Escaramujo 104: MINERÍA Y DEUDA, Y la lucha digna del Ejido de Carrizalillo, Guerrero

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Entre todos los megaproyectos implementados en América Latina, consideramos que la minería es uno de los que genera mayor deuda pública a los gobiernos y a los pueblos, además de ser de las actividades extractivas de mayor violencia física, psicológica, económica, política y cultural. El impacto social y ambiental es tan descomunal que las dimensiones de la destrucción de pueblos, culturas, vidas de defensores y defensoras de sus territorios, ecosistemas, suelos, cuencas, montañas y bosques son irreversibles. Este Modelo Extractivo Minero se caracteriza por la apropiación privada en manos de grandes empresas mineras de territorios indígenas, campesinos o de Áreas Naturales Protegidas bajo la lógica del mercado, el lucro y la mayor ganancia a toda costa.

El Modelo Extractivo Minero afecta a todo el conjunto de los derechos humanos. Además de minar la soberanía alimentaria de los pueblos y la biodiversidad, muchos otros efectos son irreversibles. La contaminación de las cuencas, las presas de jales y la utilización de miles y miles de toneladas de cianuro, con el uso intensivo desde uno a tres millones de litros de agua por hora para lixiviar el oro, marcan la pauta del impacto social y ambiental en todo nuestro continente.

Los Ríos contaminados y disputando las empresas el agua a los pueblos y las comunidades vecinas provocan saldos de grandes conflictos sociales con consecuencias irreparables como el asesinato de lideres y lideresas por la defensa del territorio y del medio ambiente, o comunidades desplazadas y empobrecidas. El uso de energía, agua y devastación de territorios es intensa. Y por si fuera poco, son raquíticos los empleos que genera.

Considerada un actividad esencial durante el confinamiento decretado por los gobiernos a causa del COVID-19, las mineras no sólo continuaron su actividad extractiva sino que obligaron a los trabajadores a asistir a las instalaciones provocando pérdidas humanas por los contagios de la pandemia. Aprovechando el confinamiento y la imposibilidad de defender las tierras y territorios, las mineras continuaron su expansión.

El aporte del Modelo Extractivo Minero al Cambio Climático es enorme. La deforestación, la pérdida de sumideros de carbono y el alto grado de emisiones de Gases Efecto Invernadero, hacen del sector minero uno de las principales actividades del calentamiento global. Y pese a ello, el sector minero pretende fortalecer un discurso en el sentido de que su actividad extractiva es sustentable, verde, limpia, amable con el medio ambiente y que sus empresas son un derroche de responsabilidad social.

Las empresas mineras no asumen los costos sociales y ambientales de su actividad extractiva tan destructiva. Intentan justificar que la necesidad de la Transición Energética de fuentes no renovables e hidrocarburos a fuentes renovables, la minería es esencial para dotarle de insumos a la tecnología de que demanda las energías renovables y así modificar la Matriz Energética, y bajo el mismo esquema del Modelo Extractivista. Ahora, el litio se ha convertido en un mineral estratégico para la nueva tecnología de las fuentes renovables colocando a otros países en el escenario de la nueva disputa geopolítica de los territorios.

Es aquí donde estriba uno de los hilos conductores de la enorme deuda pública que genera este sector minero. Por un lado, los Tratados de Libre Comercio firmados por prácticamente todos los países del Caribe y de América Latina con Estados Unidos Canadá, la Unión Europea, entre otros, condiciona la eliminación de aranceles a la importación y exportación de minerales extraídos en la región. De la misma forma la condonación de impuestos y otras facilidades administrativas y hacendarias para favorecer sus inversiones en el territorio nacional, repercute en menores ingresos al estado que podría usar en el gasto social, por lo que recurre al endeudamiento con la supuesta Banca Multilateral de Desarrollo (BMD).

Para facilitar la labor a este sector, los gobiernos han tenido que modificar su Constitución y leyes secundarias que de igual manera sus estudios son financiados por la BMD o el Fondo Monetario Internacional lo que provoca un aumento de la deuda externa del estado. A tal efecto, los gobiernos se han visto obligados a modificar leyes en materia ambiental para flexibilizarlas a favor de las inversiones mineras, pero también en materia de agua, minería, hacienda, inversión extranjera directa, seguridad, tierras y energía, entre otras.

Todo ello para cumplir con tres condiciones básicas que la inversión extranjera exige: seguridad jurídica, seguridad en la tenencia de la tierra y seguridad social. Esto último implica la modificación de los códigos penales con el fin de criminalizar la protesta social que se ejerce contra las empresas mineras por sus afectaciones socioambientales. Además, muchos países han firmado Tratados Bilaterales de Inversión con el fin de garantizar el poder demandar a los gobiernos que impidan o bloqueen por alguna razón las inversiones extranjeras.

En este marco, según ISDSImpactos el Banco Mundial, vía el CIADI, recibe el 78% del total de las demandas de las empresas contra los gobiernos de América Latina y el Caribe. De los 42 países de la región, 22 de ellos han sido demandados por las empresas extranjeras, y suman 282 demandas contra los gobiernos que representan el 29% del total mundial, donde Argentina, Venezuela, México, Ecuador, Bolivia y Perú cuentan con 206 de esas demandas que equivalen al 73% del total.

Por su lado, República Dominicana cuenta con 6 demandas; Barbados, Grenada y Trinidad y Tobago con una cada país caribeño. Hasta el momento, los países de América Latina y El Caribe han tenido que pagar más de 31 mil millones de dólares a las empresas extranjeras que los han demandado cuyo monto podrían solucionar la pobreza en 16 países de la región. De todas las demandas el 23% se refieren al sector de minería, gas y petróleo. El 36% de las demandas provienen de empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Así, pueblos y gobiernos terminan más endeudados.

Por tanto, si las empresas mineras no pagan o evaden impuestos, exigen devolución de millones de dólares de impuestos, no pagan aranceles, no pagan la reparación de los daños sociales y ambientales, ¿quién asume este costo? Si es necesario modificar las leyes para facilitar sus inversiones, ¿quién asume este costo? Si hay desplazados, enfermos de cáncer, demandas de los pueblos, necesidad de hospitales, reubicación de poblaciones, proyectos productivos o algún miserable subsidio o reparación económica a los afectados por la empresa minera, ¿quién paga esto? Si es necesario limpiar las aguas, compensar la deforestación, la pérdida de suelos, la contaminación del aire, cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas o los compromisos de bajar las emisiones de Gases Efecto Invernadero, ¿quién paga los costos? Así, gobiernos y pueblos terminan asumiendo en sus espaldas los costos de la ambición y riqueza de las empresas mineras.

Si no hay recursos del estado por la falta de captación de ingresos como sucede con el el sector minero, ¿de dónde salen los recursos para facilitarle los caminos, los puertos, los aeropuertos, las represas para que tengan energía, el tendido eléctrico, entre otras infraestructuras que requiere la extracción de los minerales? ¿De dónde salen los recursos del estado para el gasto social como escuelas, clínicas rurales, medicamentos, apoyo a la educación superior, entre otros derechos humanos que el estado debe garantizar, proteger, velar y procurar, se ejerzan? Todavía más, el sector minero busca los créditos blandos de los fondos públicos de la BMD o los créditos de carbono.

Si las empresas mineras demandan a los gobiernos vía los Tratados Bilaterales de Inversión o los Tratados de Libre Comercio, ¿de dónde salen los recursos para pagar tales demandas? Si sucede una crisis financiera y económica del capitalismo, ¿es el sector minero uno de los que hay que recuperar y salvar con fondos públicos?

En este marco, la deuda que provoca el sector minero en los países del Caribe y América Latina es enorme. Una deuda en materia social y ambiental del cual los países de la región son los verdaderos acreedores. Sin embargo, los gobiernos acuden al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o al Banco de Desarrollo de América Latina con el fin de solventar los estragos del sector minero, para crear la infraestructura que demanda su actividad extractiva o para paliar las consecuencias que dejan a su paso, ya que no será Vancouver a donde se lleven los millones de litros de agua con metales pesados, sino qué éstos se abandonan en los territorios indígenas y campesinos, ni los millones de toneladas desperdicios tóxicos.

A Canadá se llevan sólo su lingote de oro que hoy alcanza los dos mil dolares la onza en el mercado internacional. Por cierto, cabe señalar que la empresa canadiense GoldCorp ha llegado a donar millones de dólares a los sistemas de salud de ciudades en Canadá, mientras deja a comunidades y pueblos empobrecidos con enfermedades como el cáncer en México, Honduras y Guatemala.

Es esta misma minera canadiense que en la comunidad de Carrizalillo ha provocado desplazados, muertos, enfermos, y un territorio devastado por una mina de dimensiones descomunales. La mina de Gold Corp que luego fue comprada por Leagold Mining y ahora Equinox Gold, todas han incumplido los contratos con los Ejidatarios. Siguen provocando destrozos y muerte.

Ahora, nuevamente las familias ejidatarias han decidido cerrar la mina Los Filos el 3 de Septiembre de 2020 por el incumplimiento del contrato. Enfermedades, destrucción de las fuentes de agua, entre otros incumplimientos al contrato que siguen violando los derechos humanos. Y no es el único caso de incumplimiento de contrato con los ejidatarios en el país.

Si el gobierno incumple los Tratados de Libre Comercio las mineras están blindadas con mecanismos para demandar por millones de dólares que los pueblos pagan de sus fondos públicos. Los gobiernos tienen que pagar hasta los gastos legales en que incurrieron las empresas durante el proceso de demandar a un gobierno.

Pero si son las empresas las que incumplen los contratos simplemente criminalizan la lucha legítima y legal de los pueblos que son afectados directamente en sus territorios, y son ellos, no la empresa ni el gobierno, quienes tienen que asumir los costos de su defensa, el desgaste económico y social que les genera la resistencia contra las violaciones a los derechos humanos. Esto implica más deuda que los pueblos se ven obligados asumir y que no les son resarcidos los costos de su lucha legal y justa.

Si hay una vacuna para combatir el Modelo Extractivo Minero es la Agroecología. Las alternativas agroecológicas protegen los bosques, enriquecen los suelos, potencializan la biodiversidad, enraizan a los pueblos en sus territorios y fortalecen su pertenencia legal y cultural. La Agroecología protege los ríos y las fuentes de agua, asegura la soberanía alimentaria de los pueblos y combate el Cambio Climático. La Agroecología es una práctica anti sistémica frente a este capitalismo depredador.

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El Escaramujo 103: EL CORREDOR INTEROCEÁNICO

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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El proyecto que nunca logró el gran capital imponer en la región durante más de 100 años, el primer gobierno de supuesta izquierda bajo la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende imponerlo pese a la resistencia del movimiento indígena, campesino y social de la región que en las últimas dos décadas se volvió a levantar contra este megaproyecto, cuando nuevamente fue anunciado por el entonces presidente Vicente Fox en el año 2000, en el marco del lanzamiento del Plan Puebla Panamá (PPP). Así, En Junio de 2019 AMLO publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que imponía el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y en Marzo del 2020 el Estatuto Orgánico. Se espera su funcionamiento a partir del año 2023 y con una inversión de 20 mil millones de pesos.

El Corredor Interoceánico es el multi Megaproyecto más ambicioso del país que hila a otros ubicados en el Sur-Sureste. En el Corredor el Presidente pretende colocar los más grandes despojos de los territorios y los bienes comunes naturales. A este multi Megaproyecto se le unen las refinerías de Dos Bocas, la explotación petrolera y de Fracking, los proyectos de gasoductos, oleoductos y de represas en Chiapas, Puebla, Oaxaca y Veracruz; los parques eólicos de Oaxaca; la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca; la supercarretera que cruzará Chiapas de Sur a Norte y que unirá la comunicación turística con el Tren Maya que a su vez alimentará el comercio hacia el Corredor Interocéanico. También las plantaciones de palma de aceite, la extracción minera, las posibles regasificadoras para sacar el excedente de gas al mercado asiático; la ampliación de infraestructura aeroportuaria, la instalación de infraestructura para los parques industriales de automotrices y maquiladoras. Todo ello encaminado a facilitar a las empresas transnacionales sus mercancías rumbo al mercado internacional reduciendo tiempos y costos de un puerto a otro, aumentando el valor agregado y sus ganancias, y tratando de humanizar la peor lógica del capitalismo con los supuestos “Polos de Desarrollo para el Bienestar”. El extractivismo será voraz y de todo tipo, de territorios, de bienes comunes naturales y culturales, de mano de obra y de todo aquello que pueda alimentar la cadena de valor mientras las mercancías transitan de un puerto a otro despojando a los pueblos y absorbiendo todo a su paso.

El Istmo de Tehuantepec será la línea divisoria del país, el proyecto cortafuegos que generaría un muro físico con las vías ferroviarias, pero también un muro político, económico y militar de contención de la migración de población pobre e indígena del país así como la proveniente de Centroamérica, pero también para el tráfico y el crimen organizado. (Ver Mapas de Geocoumunes).

El Tren Maya que también estará compuesto por supuestos “Polos de Desarrollo”, desde Palenque, Chiapas, se pretende unir con otras vías férreas hacia el puerto de Coatzacoalcos y de ahí a Salina Cruz. Así, el Corredor Interocéanico también estaría alimentado en su trayecto de 10 “Polos de Desarrollo para el Bienestar” y marcará especialmente al Istmo de Tehuantepec como el epicentro de la recomposición territorial y económica, que inaugurará una nueva etapa de disputa geopolítica en la región Mesoamericana. Se disputará las tierras a indígenas y campesinos, así como el agua y la energía. Los conflictos socio ambientales prometen agudizarse en la medida en que los pueblos de la región van conformando redes de resistencia y lucha para defender sus territorios. Es una región con mucha violencia y crimen organizado. El Corredor Interocéanico está ubicado en una región altamente sísmica y con estrés hídrico. Su instalación acarreará el despojo de territorios ejidales y comunales, elevará los costos de las tierras, de los productos básicos y de los servicios. Será una intervención territorial, política, económica, cultural, social y militar de dimensiones insospechadas e irreparables.

Como es costumbre de la actual administración, el Corredor Interocéanico primero se diseñó, se conformaron los intereses, los objetivos, los presupuestos, los planes y trazos, y luego se simuló la consulta a la población indígena y campesina de la región. No fue a ellos a quienes se les preguntó primero qué “desarrollo” desean para su región, cómo quieren vivir, cómo quieren que se gestionen el agua, los ríos, los territorios, la vida digna, sino que primero se Decretó el Corredor Interoceánico para beneficio de los grandes intereses económicos y para alimentar el mercado internacional, bajo el argumento que se les llevará progreso, empleo y bienestar a la población. Pareciera que el bienestar no lo puede definir la libre autodeterminación de los pueblos, si no solo con la intervención del gran capital, sus empleos y su Modelo Extractivo.

Cabe recordar que México ha firmado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que obliga al Estado a sujetarse a las demandas de las trasnacionales en caso de que consideren que el gobierno viola los acuerdos comerciales. México es uno de los países más demandados en América Latina por las trasnacionales, especialmente de Canadá, Estados Unidos y Europa. El Corredor Interoceánico pondrá al país en un escenario más vulnerable por el impacto financiero, territorial, geopolítico y de incidencia de intereses trasnacionales muy poderosos que se instalarían en la región. Si bien AMLO no es anti capitalista, ciertamente es anti neoliberal pero en algunas cosas, en muchas otras no lo es, y en otras, bajo las condiciones actuales del Modelo Estado Corporativo, es imposible serlo. No se puede soñar un antineoliberalismo cuando el Estado y la economía está sujeta y dependiente del andamiaje corporativo y empresarial.

¿Qué dice el Decreto y su Estatuto?

Mucho se ha escrito ya y aún se debate en diversos escenarios sobre el Corredor Interoceánico. Por ahora queremos hacer énfasis en lo que dice el Decreto y su Estatuto para entender su esencia. Para ello rescatamos y resumimos la información que nos parece relevante con el fin de dimensionar el funcionamiento, la influencia y el rol que tendrá este ente estatal.

Sabemos que la alternativa a los males sociales y a la crisis sistémica que actualmente vivimos no puede encontrarse dentro del mismo sistema para que arribe la justicia social. En el marco de este sistema no existe la industria sustentable, limpia, ecológica ni verde. Tampoco lo convierte el hecho de transitar la Matriz Energética hacia las Energías Renovables bajo el mismo Modelo Extractivo como ya lo hemos abordado en El Escaramujo 102. Desde esta perspectiva, el Decreto irónicamente dice considerar que el Corredor garantiza el desarrollo nacional integral, el desarrollo industrial sustentable, el “fortalecimiento de la la Soberanía de la Nación y su régimen democrático”. Se considera que es inaplazable el pleno ejercicio de la “libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, así como de los pueblos indígenas” en la región del Istmo de Tehuantepec, para lo cual la “competitividad”, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza, son condiciones indispensables. Que el Estado mexicano considera prioritario el desarrollo regional del Istmo de Tehuantepec y para ello tiene el propósito de alentar y proteger la actividad económica que realicen específicamente el comercio internacional. Son demasiados supuestos. Como si no existieran las asimetrías en la competitividad y ésta distribuyera la riqueza a los pueblos indígenas y el ingreso a los trabajadores y migrantes maquiladores; como si todos los recursos en beneficio del comercio internacional favoreciera el ejercicio de la soberanía nacional.

El Objetivo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se resumen en prestar servicios administrativos portuarios en Coaztacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, y su interconexión por medio de un tren que mueva las mercancías. Será un Organismo Público Descentralizado, “con personalidad jurídica y patrimonio propio, no sectorizado”, y con oficinas en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Su patrimonio estará formado por aportes del gobierno federal, quien subsidiará al comercio internacional especialmente de las grandes trasnacionales para el beneficio del mercado asiático.

Los tres niveles de gobierno, todos los sectores, todos los tipos y tamaños de empresas y todos los recursos naturales se pretenden vincular al Corredor para integrarse en la cadena productiva y de valor en beneficio del comercio internacional de las grandes empresas trasnacionales. Las inversiones serán públicas y privadas para construir la infraestructura física necesaria, así como la social y productiva; o en su caso modernizarla o mejorarla. Así, según los casos, se buscará la participación de los sectores público, privado y social. También se concertará los esfuerzos y coordinación entre los tres niveles de Gobierno (Federal, Estatal y Municipal).

Por tanto, los Presidentes Municipales serán un foco de presión política fuerte para la implementación de toda la Plataforma Logística que abarcan los puertos de ambos lados, la interconexión con el tren durante todo su recorrido por sus territorios, los ductos, las carreteras paralelas al tren, los aeropuertos, servicios de combustible, la infraestructura eléctrica y los Polos de Desarrollo para el Bienestar, ya que serán los “polígonos al interior del Istmo de Tehuantepec quecontarán con incentivos para atraer la inversión que detone el desarrollo económico y social de laregión, con base en las vocaciones productivas con mayor potencial”. Al final, la presión serámayúscula sobre los Ejidos y Bienes Comunales.

La Dirección y Administración del Corredor se conformará por una Junta de Gobierno. El Director General será nombrado por el Presidente de la República. La Junta de Gobierno será el órgano supremo de la Administración, quienes contarán con voz y voto, no recibirán sueldo por ello y estará integrada por los Titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien lo presidirá,el Subsecretario y la Subsecretaría de Egresos; de la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT); de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Dirección General de Programación y Presupuesto «B» de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y otro de la Secretaría de Economía; dos representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y un representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (SEDATU).

El Corredor tendrá la participación de las Unidades Administrativas siguientes: Unidad de Desarrollo Regional y Bienestar Social (Planeación y Diseño de Estrategias para el Desarrollo;Diseño de Estrategias para el Desarrollo y Articulación de Políticas Públicas; Desarrollo del Sector Agroalimentario y Agroindustrial; Cadenas Productivas Agroindustriales; Desarrollo y Estrategia del Sector Productivo Industrial y el Bienestar; Fomento a Programas de Apoyo y Desarrollo de Sectores Productivos; de Incentivos y Mecanismos de Facilitación; de Estrategia de Financiamiento para el Desarrollo, Investigación, Tecnología e Innovación; de Financiamiento para el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec). La Unidad de Infraestructura y Transportes (Coordinación General de Proyectos, Transporte y Energía); y la Unidad de Promoción de Inversiones y Desarrollo Comercial(Promoción de Inversiones, y Coordinación General de Desarrollo Comercial); la Unidad de Administración, Finanzas y Tecnologías de la Información (Recursos Humanos, Materiales y Tecnologías de la Información, y Coordinación General de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad); y la Unidad de Transparencia. La Coordinación General Jurídica, la Dirección de Control de Gestióny Compromisos Gubernamentales.

La Junta de Gobierno y todo su andamiaje institucional, tendrá, entre otras funciones:

  1. Impulsar y definir los “Polos de Desarrollo para el Bienestar”; los perfiles de las industrias y empresas que se instalarán en ella a lo largo del Istmo de Tehuantepec; la infraestructura logística, social y de servicios necesarios en el Istmo y para las empresas; y las bases para el otorgamiento de concesiones y concursos públicos.
  2. Vincular al sector social, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en la provisión de bienes y servicios en la región del Istmo de Tehuantepec, incrementar su producción, agilizar el traslado y la provisión oportuna de materias primas, bienes y servicios vinculados. para integrarlas a las cadenas productivas y con las cadenas globales de valor.
  3. Mejorar el marco regulatorio que permitan reducir el tiempo y costo del cumplimiento delos trámites y requisitos que las personas físicas y morales que deseen realizar actividades económicaso la instalación u operación de unidades de producción.
  4. Para el funcionamiento de la Plataforma Logística (puertos, carreteras, aeropuertos, ductos, y su interconexión del ferrocarril), crear estrategias integrales de la infraestructura, para la planeación,financiamiento, construcción, operación y comercialización del sistema de transporte, energía y en general de los servicios unificados multimodales con valor agregado para el transporte de las mercancías, la infraestructura eléctrica y de combustibles.
  5. Realizar estudios, consultas, análisis y proyectos en temas de planeación, ordenamiento territorial, sustentabilidad e infraestructura, capital humano, así como de políticas públicas complementarias en el Istmo de Tehuantepec.
  6. Coordinar esfuerzos con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que el desarrollo económico y social de la región del Istmo de Tehuantepec “preserve la cultura, costumbres y la identidad de sus pueblos indígenas”; diseño de los protocolos de consulta específicos en colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblo Indígenas.
  7. Identificar el mercado laboral y vincular al sector académico.
  8. Impulsar proyectos para el el desarrollo social en la región del Istmo.
  9. Incluir en la cadena productiva del Corredor las actividades de agricultura, ganadería,pesca, acuacultura, aprovechamiento forestal, agroindustrial, agroalimentaria, y cualquier otra actividad que tenga relación con la colaboración de los productores, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas y actores del sector.
  10. Crear las facilidades administrativas, beneficios, incentivos y apoyos para los sectores social, las comunidades, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
  11. Atraer financiamiento para la infraestructura a corto, mediano y largo plazo. Vincular a las empresas que se instalen en el Corredor con la Banca de Desarrollo y/o Comercial.
  12. Integrar los proyectos de inversión de las empresas e instituciones nacionales e internacionales interesadas en participar.
  13. Establecer centros de investigación, tecnología e innovación en la región del Istmo de Tehuantepec

Los conflictos socio ambientales…

El Corredor Transístmico del Istmo de Tehuantepec ha levantado nuevamente el conflicto con las comunidades afromexicanas, indígenas y campesinas por donde se pretende trazar su ruta por sus impactos ambientales y el despojo de las tierras para el beneficio del comercio internacional. Los sectores afectados directos confirman que no han sido informados de forma adecuada, que no se ha respetado su derecho a la libre determinación de sus territorios pese a los amparos presentados. Porotro lado, se denuncia que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada por la empresa“Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV” contiene errores y omisiones graves.

Los movimientos sociales manifiestan que otros proyectos de supuesto “desarrollo” en la región delIstmo en los corredores industriales y petroquímicos no han beneficiado a la población. Basta conobservar la pobreza, la contaminación del aire, suelos y ríos en la región de Coaztacoalcos, el deteriorode la infraestructura y el abandono de las localidades aledañas.

La presencia del crimen organizado es muy fuerte y se refleja en violencia, secuestros, drogadicción,feminicidios, asesinatos, cobros de derechos de piso, desaparecidos, prostitución, trata de personas,entre otras problemáticas que subsisten alrededor de la industria petrolera. Con ello, un aumento de lamilitarización además de otras problemáticas como la inflación, la desigualdad social y la migración.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es una intervención física y territorial compuestapor muchos megaproyectos interconectados que acarreará un impacto social y ambiental lamentable sinprecedentes. Los pueblos sostienen que hay otras formas, por medio de la autonomía y laautodeterminación, como se pueden generar mejores condiciones de vida, no para alimentar al sistema,sino para alimentar la esperanza de los pueblos de que es posible un mundo donde quepamos todas ytodos con dignidad.

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El Escaramujo 102: LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y el Nuevo Modelo Energético

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Desde hace muchos años se advierte la necesidad de eliminar los hidrocarburos como fuente de energía y como combustible para alimentar el sistema actual de vida, de producción y de consumo en todo el planeta. La actividad extractiva de petróleo, gas y carbón acelera irremediablemente el Cambio Climático y los Gases Efecto Invernadero. Las afectaciones sociales y ambientales que ya se agudizan intentan ser drenadas por los supuestos esfuerzos de los gobiernos mediante compromisos que nunca se cumplen y que se postergan a las siguientes décadas cada vez que se reúnen en sus cumbres climáticas. Se insiste en modificar la Matriz Energética Mundial con Energías Renovables pero sin alterar el modelo extractivo, privado y centralizado desde la producción, la transportación, la distribución y el consumo de la energía eléctrica.

Ante tal emergencia, hay quienes desean el cambio radical y mutante, de la noche a la mañana. Otros, para lograr el cambio de la Matriz Energética proponen una “Transición” pero que cada quien entiende de diversa manera; y unos con más urgencia y otros con más paciencia. Para algunas opiniones la transición significa solo un cambio de fuente de energía aunque fueran renovables, mientras que para otros implica una “Transición Justa” con características muy específicas y que se encamine hacia la disminución de los efectos que ahora se sufren por el actual modelo energético, hacia otro paradigma y con otra forma de gestionar la energía.

Así, una Transición del actual Modelo Energético modificando la Matriz Energética y con Energías Renovable. Pero, ¿cómo y hacia dónde? Saltan en el horizonte muchos conceptos como la soberanía energética, seguridad energética, autodeterminación energética, agua y energía no son mercancía, o la energía como un derecho. Pero, la energía, ¿es un derecho o un derecho humano? Cuando hablamos de ‘energía’ ¿nos referimos a la ‘energía’, a la ‘electricidad’ o a la ‘energía eléctrica’? También se discute sobre el papel de las políticas públicas, de la democracia energética; sobre la participación, las consultas y las alternativas, aunque poco sobre el capitalismo. Estas temáticas se tornan cada vez más importantes entre los sectores académicos, ambientalistas, ONG’s, gobiernos, pero también entre los pueblos y los movimientos sociales. Pues bien, aquí abordamos una reflexión sobre estos elementos para alimentar el debate.

La energía, ¿un “derecho” o un “derecho humano”?

Y es que no es lo mismo. Cuando nos referimos a que “tengo derecho” lo usamos en el sentido de que es legítimo querer, hacer o pensar o no en algo, cuyo motor es la voluntad y lo casuístico del querer o no querer. Que se pude renunciar a ello sin que se vea condicionada la felicidad o menoscabe la existencia humana digna, independientemente de si está estipulado ese querer en alguna norma o ley. Es también cuando se dice que tenemos “derecho a decir ‘no”, porque se puede renunciar a ello.

Sin embargo, sabemos que la vida humana, como cualquier otra, no sería posible sin ‘energía’ y que por lo tanto no podemos renunciar a ella. Sin la energía solar no habría vida, alimentos, viento, movimiento, lluvia, biodiversidad, agua dulce o polinización. Todos estos elementos se interrelacionan y son condiciones para la existencia. Y la ‘electricidad’ es una forma como se manifiesta la ‘energía’. Pero ello, la ‘energía’ sí es un ‘Derecho Humano’ y un ‘Derecho de la Naturaleza’ en la medida en que sin ella no es posible la existencia misma. Porque es el principio de la vida. Pero, ¿y la ‘energía eléctrica’? ¿Es un ‘derecho’ o es un ‘derecho humano’? ¿Podemos renunciar a ella o no? ¿Determina los derechos humanos?

El primer registro del Homo Sapiens, de los “humanos”, data de hace 315 mil años. Pero es hasta algunos pocos miles de años que se se conoció la existencia de la ‘electricidad’ presente en nuestro mundo. Sin embargo, sólo hace menos de 200 años se conoció la ‘energía eléctrica’ como la conocemos hoy en día y de la cual la humanidad prescindió durante milenios. Y ahora, es imprescindible para la vida actual. La ‘energía eléctrica’ se descubre dentro del capitalismo, por ello se convierte en una mercancía y por tanto con patente. En la medida en que avanzó el sistema ha hecho que la energía eléctrica sea imprescindible. Sin ella hoy no tendríamos acceso a otros derechos humanos necesarios para existir y hacerlo de manera digna, ya que todos los derechos humanos se complementan, se interrelacionan, son progresivos y son interdependientes como la alimentación, la seguridad, el trabajo, la vivienda digna, la atención de la salud en un hospital, el acceso a la educación en unas instalaciones físicas, al agua cuando tenemos que almacenarla o extraerla, transportarla y consumirla; o para generar frío o calor artificial con el fin de protegernos de las adversidades climáticas. Para todo ello y más requerimos de la ‘energía eléctrica’.

No solo para vivir dignamente sino incluso para sobrevivir en este sistema capitalista la ‘energía eléctrica’ es indispensable. Por ello es un derecho humano, un bien público que no pueden tener un dueño ni ser una mercancía. De ahí la famosa consigna de los pueblos de que “el agua y la energía no son mercancía”, ya que no puede ser un mero “servicio” ni estar en propiedad de una persona o empresa, sino que es de toda la humanidad para que pueda existir de manera digna. Para ello se generan mecanismos, leyes e instituciones con el fin de que todas las personas y los pueblos tengan acceso, y hoy le llaman a eso ‘políticas públicas’ que alguien debe organizar, lo que en el capitalismo denominamos ‘Estado’, quien debe proteger, vigilar y velar por que esos derechos humanos y colectivos se ejerzan.

Sin embargo, no basta una cuota de energía mínima per cápita para garantizar el derecho humano a la energía eléctrica, porque el actual Modelo Extractivo ya impide el goce de otros derechos humanos. Es necesario modificar el sistema de vida porque cuando se garantiza el ejercicio de los derechos humanos también se abusa de ellos. Existen abusos, trastornos, fundamentalismos, excesos y/o enfermedades alimenticias, académicas, laborales, recreativas, religiosas, de acumulación de bienes y de viviendas, de libre opinión, sanitarias, entre otras muchas, y por supuesto de la energía eléctrica con el derroche, el abuso o usos que no ofrecen necesariamente el acceso a otros derechos humanos sino a más enfermedades sistémicas.

Pese a todo ello, podemos decir que la ‘energía’ es un ‘derecho humano existencial’ y que la ‘energía eléctrica’ es un ‘derecho humano sistémico’, porque sin ella no podemos sobrevivir en este sistema, aunque en otros sí se pudo.

La energía no debe ser un tema exclusivo ni monopólico de empresas, gobiernos, ingenieros, intelectuales o ambientes académicos, sino debería ser un concepto, reflexión y realidad apropiada por los pueblos. Porque la energía es la vida. Pero, ¿de dónde obtenemos la energía eléctrica para satisfacer las necesidades? Esto se refleja en la ‘Matriz Energética’. Otro tema será cómo la obtenemos, cómo la producimos, la manejamos, la transportamos y la consumimos. Eso lo refleja el Modelo Extractivo.

La Matriz Energética

La ‘Matriz Energética’ no es otra cosa que una radiografía de las fuentes primarias y secundarias y los porcentajes que se usan en una región determinada, en un país, continente o en el mundo. Esta puede variar con el paso del tiempo. Por ejemplo, en América Latina la energía se obtiene en un 34% del Gas Natural, el 31% el Petróleo, el 19% de la Biomasa (carbón vegetal, bagazo y leña), el 8% de la Hidroelectricidad, el 6% Solar, el 1% Geotermia, el 1% Nucleoeléctrica. Esto es en promedio, ya que en cada país la Matriz Energética cambia ya sea porque se cuenta con energía nuclear o se usa más biomasa, porque no cuenta con represas hidroeléctricas o dependen de la importación de gas o gasolina. También puede variar porque se cuenta con energía geotérmica, parques eólicos o solares; o ya sea porque se descubren nuevos yacimientos petrolíferos en su territorio, porque las fuentes no renovables se agotan, o porque no se cuentan con los recursos para comprarla a otro país. También se dan casos en los países donde existen grandes fuentes de energía renovables o no renovables, pero no se cuenta con la tecnología ni con el dinero para acceder a ella. Razones, hay muchas.

Como podemos observar, la Matriz Energética Mundial está basada principalmente en el consumo de hidrocarburos, una energía no renovable que tarde o temprano se agotará. El Calentamiento Global es ya alarmante y se acelera en la medida en que la demanda de energía y de hidrocarburos aumenta año con año pero no así las mejores condiciones para los pueblos. Los efectos del Cambio Climático están impactando fuertemente sobre los derechos humanos.

Existen desigualdades profundas entre continentes, entre los países y al interior de estos de tal manera que el consumo de energía por persona (consumo per cápita) es muy desigual, muy injusto o con pocas posibilidades de acceso en términos económicos o geográficos. Hay ciudades y regiones que cuentan con todos los servicios, otros sectores en que los altos derroches de energía son alarmantes o con un consumo enorme de energía como son la industria, la minería, los servicios turísticos, entre otros. Todo ello a costa de regiones y sectores pobres, urbanos, campesinas e indígenas con altos índices de ‘pobreza energética’.

Esta Matriz Energética refleja un Modelo Extractivo intenso, privatizado, centralizado y a gran escala, con enormes megaproyectos para genera energía a costa de la apropiación de grandes extensiones de territorios; subsidiados por el estado y entregados en manos de pocas empresas trasnacionales. Megaproyectos de energía que implican ingentes consumos de agua y energía, con altos costos al consumidor, con desplazamientos de población, pérdida biocultural y de la biodiversidad y otras afectaciones sistemáticas a los derechos humanos, y otros enormes daños socio ambientales en muchas ocasiones irreversibles.

Por ello, el nuevo discurso gira en torno a cambiar y transformar la Matriz Energética eliminando los combustibles fósiles. Pero, ¿para qué?, ¿para dónde? No hay consenso en la respuesta. Para algunos será con el objetivo de eliminar la contaminación, combatir el Cambio Climático, descarbonizar la economía y el planeta entero, para eliminar los Gases Efecto Invernadero (GEI) o combatir la pobreza energética. Para otros intereses corporativos el objetivo consiste primordialmente en seguir buscando las mejores oportunidades de inversión, de negocio, de mercado, de ganancia, aunque sea pintando de verde cualquier opción y lucrando con créditos de carbono. Pero, independientemente de ello, para cambiar y transformar esta Matriz Energética, ¿se puede hacer de un día a otro? Obviamente que no, imposible una mutación de la Matriz Energética de un momento otro. Por eso se llama ‘transición’ que significa el movimiento de un lado a otro en un lapso de tiempo determinado. Sin embargo, ¿existe un cambio significativo si sólo sustituimos una fuente por otra pero con el mismo Modelo Extractivo? Consideramos que tampoco.

La Transición Energética, ¿para dónde, para qué y cómo?

Pese a la crisis global sistémica que enfrentamos producto de la pandemia del COVID-19, no toda la población está consciente de la necesidad de vivir de otra forma, de no regresar a la “normalidad” que ha causado precisamente esta crisis, y menos de evitar una “nueva normalidad” que sólo pretenda pintarla de verde y mitigar sus efectos para continuar con el mismo modelo de extracción de bienes comunes naturales, renovables o no renovables; el mismo modelo de producción y consumo, o que sólo sea una adaptación de sobrevivencia sin atender las causas profundas de esta crisis.

Ciertamente es urgente y necesario modificar la Matriz Energética en todo el mundo. No podemos seguir así, no se puede continuar infinitamente extrayendo hidrocarburos a este ritmo tan acelerado, ni continuar con la carbonización del planeta. Pero nos enfrentamos a muchos retos aunque no imposibles de sortear. Las empresas trasnacionales dueñas de los hidrocarburos no querrán dejar el negocio de vender petróleo, gas, carbón y sus derivados hasta exprimirles el último dólar de su ambición. Son gigantescas empresas las que controlan las voluntades y las políticas de los gobiernos, los precios y los mercados. Las corporaciones dueñas de la tecnología que usan hidrocarburos tampoco cederán tan fácilmente. La dependencia del transporte, de la producción de alimentos, del tipo de consumo y de la generación de energía eléctrica es de tal magnitud que no podría modificar de un día para otro esta multipandemia. De nada servirá si continuamos con el mismo consumo y consumismo que alimenta el mismo modelo extractivista aunque cambie la Matriz Energética. No hay planeta que soporte esto. Incluso hay países que invirtieron muchos recursos en energías fósiles o renovables, o en infraestructura, para la supuesta demanda de energía que llegaría con las inversiones y que nunca sucedió, pero sí aumentaron los conflictos socioambientales y la deuda externa de los países.

Es obvio que requerimos de un proceso paulatino para transitar. Y la crisis ambiental la antoja más rápido que lento. Pero, ¿hacia dónde queremos transitar? Cuando no vemos el objetivo o el horizonte nos quedamos discutiendo sobre el material para construir un puente que nos lleve a otra orilla pero no sabemos a cuál, y en realidad es hacia la misma orilla, hacia más de lo mismo. Ese horizonte diferente es el nuevo paradigma, el nuevo sistema. Podremos cambiar la matriz energética, pero si es bajo el mismo modelo extractivo y para hacer y consumir de la misma manera, regresamos al mismo punto.

Para descarbonizar la vida y el planeta, eliminar la extracción de hidrocarburos, es necesario modificar los patrones de producción y los hábitos de consumo de la sociedad que es de lo más difícil de cambiar. De verdad ¿estamos dispuestos a modificar el consumo? La crisis del COVID-19 nos obligó a ello, pero no fue por virtud o voluntad propia de la humanidad.

La Transición Energética implica hablar de la transición de la Matriz Energética. Y es urgente no sólo porque se agotan los combustibles fósiles, por sus impactos socio ambientales y planetarios, por el desarrollo violento que genera, sino porque sobre todo subyace a ellos la urgente necesidad de la Transición de Sistema. Sin embargo, la Transición Energética no se reduce a una Transición Minera si sólo cambiamos de tecnología y fuente de energía. Insistimos en que no basta cambiar de fuente, aunque sea renovable, sino que es urgente cambiar de modelo para extraer, producir y consumir. Es urgente plantear un nuevo modelo de vida, un paradigma de sociedad con otra forma de sentirse integrada en la naturaleza. La solución no está en la misma lógica capitalista. La resistencia a ello lleva a crear los discursos de economía verde, a plantear el sistema actual como inevitable y solo pretender ‘humanizar’, ‘mitigar’ y ‘compensar’ el mismo modelo extractivo ya sea sobre energías renovables o no renovables.

La Transición Energética no es un fin, ni un medio, sino un proceso con características que abarquen una “Transición Justa” que implica no continuar emitiendo Gases Efecto Invernadero, eliminar los combustibles fósiles paulatinamente aunque rápido y a la par invertir en tecnologías alternativas. Una transición que incluya a la población desfavorecida en el acceso a la electricidad y que mejore las condiciones de vida, que genere procesos descentralizados y modifique el modelo extractivo en que se ha basado la explotación de los hidrocarburos. Una Transición Justa debe contemplar la justicia climática, la perspectiva de la energía como derecho humano y no como mercancía, como un recurso común y público; incluye políticas públicas que garanticen el acceso mínimo universal, que combatan la obsolescencia programada e impulse campañas con el fin de generar conciencia en la urgente necesidad de transitar en los hábitos de consumo.

La Transición Justa implica equidad, democracia, transparencia, sustentabilidad, sin conflictos socio ambientales, con una distribución equitativa de costos y beneficios, con el reconocimiento de la injusticias y las adecuadas reparaciones de los daños socio ambientales; que reduzca las asimetrías de poder en la planeación, producción, distribución y goce de la energía eléctrica. Una ‘Transición Justa’ donde el Estado apoye la creación de experiencias de generación y distribución de energía en micro, pequeñas y medianas escalas por medio de cooperativas y otras formas asociativas locales adecuadas a la población tanto urbanas como rurales, descentralizadas, locales, territorializadas, con gestión local, participación social, con respeto a la autodeterminación de los pueblos, de manera soberana y autónoma pero también solidaria con otras regiones. Con tecnologías apropiadas. Incluso el uso de biomasa a pequeña escala, del biogás doméstico y otros insumos energéticos primarios no fósiles, bien usados y con la tecnología apropiada, han demostrado que son efectivos y sustentables y revierten la estigmatización del uso de la biomasa ligada a la pobreza energética para justificar el acceso a la energía solo por medio del sistema eléctrico centralizado y corporativo.

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El Escaramujo 101:LAS REPRESAS EN OAXACA

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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En el presente sexenio Oaxaca es una de las entidades más amenazadas en el país por los efectos de los megaproyectos planeados para el estado y para el resto del Sur-Sureste. Los proyectos mineros siguen generando grandes conflictos socioambientales además de los proyectos de represas. El Oleoducto, la infraestructura eléctrica, los parques eólicos, la ampliación del puerto en Salina Cruz y el Canal Interoceánico que partirá al estado y que incluirá diez centros o polos de desarrollo maquilador tendrán consecuencias socio ambientales irreversibles.

Hay otros proyectos aledaños que impactan también en el territorio oaxaqueño como la Refinería Dos Bocas en Tabasco, la explotación petrolera en Veracruz, Chiapas y Tabasco; El Tren Maya en la Península de Yucatán que aumentaría el tráfico de mercancías y turistas; la ampliación de puertos y aeropuertos, entre otros, mantiene al estado de Oaxaca en el epicentro nacional de la reconfiguración territorial y geopolítica, donde el capital disputará los territorios a los Ejidos y Bienes Comunales, a los pueblos y sus culturas.

Todos estos megaproyectos demandan enormes cantidades de energía, agua, mano de obra barata, tierras, y otros insumos para el beneficio del comercio internacional. Es el ofrecimiento de todos los bienes comunes para beneficio de las grandes trasnacionales, entendiendo el ‘desarrollo’ como ofrecer trabajo mal pagado a los pobres, a la población indígena y campesina.

Será Oaxaca el estado rompefuegos de toda la región Mesoamericana donde una muralla de contención pretenderá cortar al país a la mitad para detener los flujos migratorios y trasladar las condiciones de pobreza y miseria de la frontera norte hacia el Istmo de Tehuantepec. Los diez polos de desarrollo serían ahora el nuevo “Matamoros” o “Reynosa”, como otros asentamientos maquiladoras de la frontera norte. Todo ello en un estado con altos índices de pobreza, de estrés hídrico, con los mayores índices de sismos y violencia, pero también de resistencia y lucha en defensa de los territorios.

Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Oaxaca con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras, con lo que se pretende enfrentar esta demanda en términos de agua y energía para alimentar el extractivismo en la región.

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 462 presas, de las cuales 667 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.1 En el caso de Oaxaca solo resalta la Presa Hidroeléctrica Miguel Alemán (Temascal) construida en 1955, y se ha priorizado en los últimos años la generación eólica con gigantescos parques en manos de trasnacionales extranjeras que han ocasionado fuertes conflictos socio ambientales. Estas serán las que se beneficiarán por la demanda de energía de los megaproyectos en la región, aunque desde hace años los gobiernos en turno han mantenido la intención de construir las represas hidroeléctricas Paso de la Reina y Río Verde, sobre las que el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) mantiene una fuerte resistencia en la defensa de uno de los ríos más caudalosos de Oaxaca. Sin embargo, existen otros tipos de presas e intervenciones sobre el agua superficial de las Cuencas.

Desde el año 1550 hasta el 2019 la CONAGUA ha logrado documentar2 la construcción en México de un total de 6,225 represas, derivadoras y bordos en todo el país a lo largo de estos 469 años, independientemente de su tamaño, objetivo y constructor. A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 represas de las ya existentes.3

En el caso de Oaxaca que representa el 4.8% del territorio nacional, a lo largo del periodo señalado, el agua superficial de sus cuencas ha sido intervenidas en sus ríos, arroyos y afluentes con 167 obras artificiales como son los bordos, los diques, las derivadoras y las represas para el almacenamiento de agua, riego e hidroeléctrica en 81 municipios que representan el 14.21% de total de 570 con los que cuenta la entidad oaxaqueña. Todas estas 167 obras representan el 2.6% del total del país.

En Oaxaca existen pequeñas presas o embalses comunales de captación de agua y para el riego amenazadas por la sequía o la contaminación, como son las presas El Estudiante y La Azucena. Sin embargo, se destacan 4 Grandes Presas que han generado fuertes impactos socio ambientales. En ellas, la resistencia de las comunidades indígenas y campesinas fueron fuertemente reprimidas y sin ninguna acción de resarcimiento. Divisiones comunitarias, familiares y precarización de los desplazados fue el saldo de ellas.

  • 1) Presa Pte. Miguel Alemán (Temascal): Construida en 1955 con una cortina de 76 metros de altura es abastecida por el Río Tonto y tiene una capacidad de 8,119 hm³. El propósito original fue el riego agrícola y ahora también es para el control de avenidas e hidroeléctrica.
  • 2) Presa Benito Juárez: Construida en 1961 para el riego pero también para proporcionar el agua que requiere la paraestatal PEMEX, cuenta con una cortina de 86 metros de altura y una capacidad de 947 hm³.
  • 3) Presa Yosocuta: Construida en 1969 para fines de riego dota de agua potable a Huajuapan y comunidades aledañas pese a sus aguas contaminadas con aguas residuales.
  • 4) Presa Pte. Miguel de la Madrid (Cerro de Oro): Construida en 1988 para la irrigación tiene una capacidad de 2,599 hm³ y cuenta con una cortina de 70 metros de altura. Generó un desplazamiento de alrededor de 26 mi personas indígenas y campesinas.

Todas las 167 obras entre represas, bordos y derivadoras están ubicadas en regiones Sísmicas. La mayoría en Sismicidad Alta con un total 114, y en Sismicidad Media un total de 53. Por otro lado, Oaxaca registra alrededor del 25% de los sismos del país.

Entre los tres elementos claves que mantienen a las represas en la insustentabilidad en el territorio oaxaqueño son las inundaciones, las sequías y los sismos, factores que azotan el Estado.

Por un lado las tormentas tropicales han logrado que los embalses sean rebasados con las consecuentes inundaciones y afectaciones a las comunidades. Por otro lado, las sequías en Oaxaca han provocado los niveles más bajos de las presas lo que ha permitido ver las iglesias y cerros que originalmente habían quedado bajo el agua. Esta inestabilidad pluvial es una de las razones de la insustentabilidad de las represas.

Los constructores en Oaxaca de las intervenciones en los tipos de obras mencionados han sido diversos a lo largo de la historia, entre ellos Asociaciones de Usuarios, Ejidatarios, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Gobierno del Estado y gobiernos municipales, particulares; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) que existió entre los años 2000 y 2018; la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994; la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) y el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO).

De las 167 obras construidas en Oaxaca, CONAGUA solo tiene registro histórico de su fecha de construcción de 103 de ellas. Cabe señalar cómo entre las décadas de 1960 y 1979 se dieron el mayor número de las obras y de las mayores represas.

Todas las obras se han construido sobre más de 40 Ríos, entre ellos Tequisistlán, Ocotlán, Salado, Teotongo, Tejúpam, Río Verde, Atoyaquillo, Blanco, Calabaza, Chicapa, Coapa, Río de la Cantera o La Pita, Garcés, Río Grande, Huajuapan, La Bomba, La Raya, Las Cucharas, Los Perros, Mixteco, Negro o Grande de Huitzo, Papaloapan, Prieto, San Antonio, San Antonio Monteverde, San Bernardo, San Felipe, San Pedro, Santo Domingo, Tehuantepec, Tonto, Tsundaa, Yerolea, Zempoalatengo, Río de la Y, El Matadero, El Palenque, Río Grande, Morán y San Francisco.

También se han intervenido más de 60 Arroyos, entre otros, Arroyo de los Montes de Donají, El Estudiante, La Ciénega, La Pe, Piedra del Sol, Río Grande, La Concordia, Andaruca, Arenal, Blanca, de La Cruz, El Bayito, El Boquerón, El Cántaro, El Capitán, El Capulín, El Colorado, El Encinal, El Guatabo, El Nazareno, El Palenque, El Rincón, El Rito, El Sabino, El Salado, El Veinte, Expiación, Higo Macho, La Azucena, La Cruz, La Noria, La Pila, La Soledad, Las Ahumadas, Los Hornitos, Los Ocotitos, Los Sabinos, Monjas, Salado, San Juan, Vigoldi, Agua del Ramón, Agua del Ramón, Cañada de León, Cañada del Burro, Cañón del Veinte, El Alambrado, El Cajón, El Cantarito, El Cuajilote, El Guayabal, El Gusano, El Morón, El Saucito, El Sauz, El Ticulute, La Estancia Chica, Arroyo Seco, Yanee, Cañada de Agua, Cañada de la Palma, Cañada El Pedernal, Piedra del Muerto.

La CONAGUA distingue 3 Regiones en las que han sido intervenido el agua superficial en Oaxaca con estas obras. Un total de 11 en la Región del Balsas, 13 en la Región Golfo Centro, y 143 en la Región Pacífico Sur.

Por otro lado, distingue las 16 Cuencas sobre las que se han intervenido con estas 167 obras: Río Atoyac-Paso de la Reina (26), Río Atoyac-Salado (21), Río Atoyac-Tlapacoyan (72), Río Espíritu Santo (1), Río Grande (2), Río Los Perros (2), Río Mixteco (13), Río Salado (11), Río San Antonio (9), Río Santo Domingo (1), Río Sordo-Yolotepec (3), Río Tehuantepec (2), Río Tequisistlán (1), Río Tlapaneco (1), Río Tonto (1), Río Verde (1).

Otra forma en que CONAGUA identifica geográficamente las intervenciones de los cuerpos de agua con estas 167 obras son por medio de las 5 Regiones Hídricas: Costa Chica de Guerrero (122), Tehuantepec (17), Papaloapan (16), Balsas (11) y Costa de Oaxaca (1).

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El Escaramujo 100: LOS PRÉSTAMOS DEL BANCO MUNDIAL A MÉXICO

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

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Durante la Presidencia de Miguel Alemán, en 1949 México solicitó su primer préstamo al Banco Mundial para invertirlo en el Sistema Eléctrico Nacional. Desde entonces han transcurrido 71 años en los cuales México han solicitado un total de 334 proyectos a esta institución de Bretton Woods fundada en 1944 en el contexto de las negociaciones que dieran fin a la II Guerra Mundial.

De los 334 proyectos presentados por México al Banco Mundial a lo largo de la historia, el 33.83% de ellos que representan 113 proyectos fueron durante el Modelo Estado de Bienestar que en México abarcó 36 años desde la Presidencia de Miguel Alemán Valdés en 1946, hasta el fin del sexenio del Presidente José López Portillo en 1982.

La implementación del Modelo Neoliberal también duró 36 años a partir de la Presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado en 1982 hasta la Presidencia de Enrique Peña Nieto en 2018, período en el que se han solicitado 66.16% de los proyectos que equivalen a 221 del total.

Hace 38 años que México empezó a transitar del Modelo de Bienestar al Modelo Neoliberal ya que es a partir de la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) que da inicio el proceso de implementación de las Políticas de Ajuste Estructural (PAE) impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En este sexenio inicia la privatización de la banca que pasaron de 62 a 18 en manos del Estado; se devalúa la moneda, se eliminan los subsidios gradualmente a los alimentos básicos como el pan, la tortilla y la leche. Privatizó las empresas públicas pasando de 1,150 a 400. Se generó una hiperinflación nunca antes vista, se agudiza la pérdida del poder adquisitivo, caen los salarios en términos reales e inició la escalada de los precios de la gasolina que aumentó hasta mil 300 por ciento.

Miguel de la Madrid se ve obligado a renegociar la deuda externa con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, entre otras Instituciones Financieras, que ya rondaba los 83 mil millones de dólares y además durante su sexenio pagó otros 65 mil 250 millones de dólares (casi 7 mil 500 millones de dólares más de lo que fue el endeudamiento neto).

En el contexto de esta crisis y del descontento social, es cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo se escinden del partido oficial para conformar el Frente Democrático Nacional postulando a Cárdenas para la Presidencia. Pero la transición al nuevo Modelo Neoliberal apenas iniciaba y faltaba mucho por avanzar y desmantelar el papel del Estado, por lo que se fragua el fraude electoral con la famosa “caída del sistema” en manos de Manuel Bartlett para garantizar la continuidad de las PAE.

Es Manuel Bartlett, como Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien coordinó la campaña presidencial de Miguel de la Madrid, y como su asesor en asuntos políticos participa en la elaboración del Primer Plan Global de Desarrollo. Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett fue Secretario de Gobernación y responsable de las elecciones de 1988 en el que sale electo Carlos Salinas de Gortari gracias a la “caída del sistema” para evitar la victoria a Cuauhtémoc Cárdenas. Salinas nombra a Bartlett Secretario de Educación Pública y luego es electo gobernador de Puebla por el partido oficial durante los años más álgidos del conflicto zapatista (1993-1999). Hasta el 2006 llama al “voto útil” en contra del PAN y a favor de Andrés Manuel López Obrador. En 2012 es Senador Plurinominal por el Partido del Trabajo y en 2018 AMLO lo nombra Director General de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Será por ello que el Presidente Andrés Manuel López Obrador omite el sexenio de Miguel de la Madrid como parte del período neoliberal?

Durante el Modelo Neoliberal, el Presidente que más proyectos ha solicitado préstamos al Banco Mundial ha sido Felipe Calderón seguido por Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Miguel de la Madrid Hurtado, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. No tomamos en cuenta a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya que lleva apenas dos años de su administración.

Felipe Calderón también ha sido el Presidente que más préstamos solicitó en miles de millones de dólares durante su sexenio, seguido de Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo y Enrique Peña Nieto. Claro, esto es en términos brutos, ya que la paridad cambiaria entre el dólar y el peso en los últimos casi 40 años ha variado enormemente. Tampoco están aquí contemplados los intereses que se han tenido que pagar por los 334 proyectos en durante los 71 años, más los que faltan con los últimos préstamos en el sexenio de AMLO.

Cabe señalar que durante los dos primeros años de su administración, Andrés Manuel López Obrador ha solicitado en préstamos al Banco Mundial 5 proyectos con casi la misma cantidad que su antecesor Enrique Peña Nieto con 18 proyectos. Sin embargo, es necesario considerar que cualquiera de los anteriores sexenios, de haber vivido una crisis como la del COVID-19 seguro su deuda hubiera sido mucho mayor. Casi todos los países del mundo se han endeudado para levantar sus economías por la crisis económica que ha generado dicha pandemia.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que a partir de su sexenio (2018-2024) se da fin al período neoliberal. En algún sentido AMLO tiene razón en la medida en que los dos años que lleva su administración ha revertido muchas de las políticas neoliberales y de ajuste estructural que no podemos negar. No significa bueno o malo, simplemente, lo ha hecho o está en proceso. Por ejemplo, ha evitado la privatización del sector eléctrico, petrolero y de salud que era la tendencia ya muy marcada en los últimos años.

Ha evitado más privatizaciones, regresó el subsidio a algunos sectores sensibles como a los productores de granos básicos; ha establecido nuevamente el precio de garantía, aumenta los presupuestos para programas sociales con recursos propios; revirtió la reforma educativa y pretende garantizar mejores derechos a los trabajadores y su vida sindical.

También pone candados constitucionales que eviten hasta donde sea posible la voracidad empresarial y transnacional tipificando a corrupción como delito grave, promueve el derecho a los servicios públicos y el papel del Estado en la rectoría de la vida económica del país. Promueve la revocación de mandato y la eliminación del fuero a legisladores y presidencia. Aumenta el gasto público, evita el aumento de impuestos e intenta revertir la corrupción, y elimina la condonación de impuestos a las grandes empresas mexicanas y extranjeras.

Si no fuera por la crisis de la pandemia ocasionada por el COVID-19, si no del todo, sí hubiera disminuido la deuda externa en comparación a otras administraciones.

Sin embargo, también es cierto que otros aspectos siguen la misma dinámica e inercia neoliberal difícil de contener y mucho menos revertir, como los Tratados de Libre Comercio, los Tratados Bilaterales de Inversión con las garantías al gran capital, la deuda externa con sus condicionamientos, la presión por la eliminación de los aranceles y los megaproyectos en función de las ganancias de las grandes empresas con el pretexto de dar empleo a los pobres a costa del despojo de los territorios y de las consecuencias socio ambientales. La manipulación de las supuestas “consultas” que favorezcan y encaminen sus megaproyectos que principalmente están alojados en el Sur-Sureste del país donde mayoritariamente hay pueblos originarios y propiedad colectiva de Ejidos y Bienes Comunales. Ante ello las protestas y resistencias se levantan contra la 4T y el Canal Interocéanico, las concesiones mineras, de represas, de carreteras, de fracking, de puertos y aeropuertos, del Tren maya, las refinerías, los gasoductos, entre otros.

Son 5 Proyectos con los que AMLO ha solicitado préstamos al Banco Mundial en los dos años que lleva su administración y que suman un total de 2,130,000,000 de dólares, que equivalen más o menos a 46,000,000,000 de pesos. Entre ellos están:

  • 1) “COVID- Políticas de Desarrollo de Inclusión Financiera (DPF)”, para enfrentar la crisis generada por la pandemia.
  • 2) “Seguridad del Agua y Resiliencia para el Valle de México (PROSEGHIR)” que básicamente consiste en el mantenimiento y mejoras al Sistema Cutzamala que dota de agua a la Ciudad de México.
  • 3) “Modernización de los sistemas de gestión financiera pública en México”, que se consiste básicamente en la modernización del sistema financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
  • 4) “Proyecto de Financiación de Políticas de Desarrollo de Inclusión Financiera (DPF)”, que consiste en aumentar la inclusión financiera, reducir las disparidades regionales, aumentar el acceso de las personas a la financiación y a los sistemas bancarios.
  • 5) “Proyecto de Financiamiento Rural en expansión para México”, que consiste en aumentar la disponibilidad de financiamiento para la economía rural y sus Micro, Pequeña y Medianas Empresas, acceso a la banca, entre otros aspectos.

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El Escaramujo 99: MÉXICO Y SUS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO

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En plena pandemia, en Abril de 2020 se firmó la modernización del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea. Y el 1o. de Julio 2020 entra en vigor la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre Canadá, Estados Unidos y México, llamado T-MEC. Con ello iniciará un nuevo período en que el trabajo, los precios, las mercancías, el medio ambiente, la salud, los servicios y otros aspectos de la vida cotidiana marcarán un futuro distinto para la población. Por lo pronto, hagamos un balance general de todos los TLC’s que México ha firmado para darnos cuenta del reto que implicaría un verdadero proceso de transición a un sistema justo, a una integración entre los pueblos con respeto a las asimetrías de los diversos países, a las soberanías y al medio ambiente, y romper así con el entramado de beneficios y facilidades a las grandes trasnacionales que circulan por todo el mundo por las carreteras y la infraestructura de los TLC’s.

Como hemos mencionado en El Escaramujo No. 98, existen diversas modalidades de lo que normalmente llamamos ‘Tratados de Libre Comercio’ (TLC’s), pero que todos ellos determinan la vida cotidiana de la población. Y si bien un país no puede sustituir todas las importaciones y ser 100% autosuficiente, ya que su territorio, su geografía, sus bienes comunes, su cultura o sus posibilidades técnicas y de mano de obra no le son suficientes, se ve obligado a negociar con otros para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, existen otras formas de integración, de apoyo solidario, de Economía Solidaria Internacional, en lugar de los TLC’s que sólo benefician a los países y sus empresas más ricas en una correlación de fuerza desigual, en debilidad y desventaja de los países más pobres.

Cabe señalar que el Banco Mundial ha declarado que los países con menor crisis económica por la pandemia y que crecerán más son los menos abiertos con tanto TLC; los más agrícolas ya que producen sus propios alimentos, no dependen de los precios internacionales ni de las grandes corporaciones; y los que dependen menos del sector servicios como el turismo. Sin embargo, junto con el FMI han presionado por décadas para la apertura comercial y la privatización del sector salud que ahora quieren a reforzar con más deuda de los países. Estas son las Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s) que tanto daño han hecho al mundo y que debieran desaparecer.

Según el Sistema de Información de Tratados Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, en conceptos amplios, México ha realizado 298 compromisos internacionales en materia comercial de los cuales incluyen 173 “Acuerdos Interinstitucionales” y 125 “Tratados”. En todos ellos México se compromete con al menos 82 países. Sin embargo, México tiene 34 demandas de inversores extranjeros por el supuestos incumplimientos a estos ‘Tratados’. Es de los más demandados en el mundo.

De los 173 Acuerdos Interinstitucionales se entienden, por ejemplo, memorándums de entendimiento, acuerdos de implementación, declaración de intenciones, declaraciones conjuntas o acuerdos de cooperación en materia de minera, energía, cooperación técnica, encadenamientos productivos. También los hay para conformar estructuras o instituciones bilaterales, para transferencia tecnológica, de cooperación industrial, asesorías, normas, regulación comercial, consultorías, promoción económica, inversiones, turismo, financiación, formación de grupos de estudio o de expertos; en materia de telecomunicaciones, convenios comerciales, sobre pequeñas y medianas empresas, sobre el arancel o información de algún producto específico (tomate, azúcar, edulcorantes, entre otros).

Dentro de las compromisos llamados “Tratados” hay diversas modalidades entre las que se encuentran los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) como tal. También los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI’s), de Complementación Económica (ACE), de Alcance Parcial (AAP), de Integración Comercial, de Asociación Estratégica; o acuerdo de Asociación o Cooperación Económica, Comercial, Científica, Tecnológica o Técnica; acuerdos sobre agricultura, para ampliar disposiciones, sobre aranceles, sobre obstáculos al comercio, trámites para importación o hasta acuerdos interinos. Existen también Convenciones para realizar contratos de compraventa o sobre arbitraje. Los Convenios se han firmado para establecer estructuras multilaterales sobre el comercio, industria, organismos, bancos, estatutos; sobre información comercial, de colaboración económica, comercial, financiera e industrial, para el fomento de la inversión o para facilitar las importaciones. Y para todos los anteriores, existen otras firmas de Tratados denominados Protocolos Adicionales, Modificatorios, para Enmendar o Rectificar cualquier tipo de Tratados mencionados.

Por lo general, los temas en todos los ‘Tratados’ que México ha firmado incluyen su ámbito de aplicación, el programa de liberalización de aranceles o desgravación, las reglas de origen, las cláusulas de salvaguardia, el retiro de concesiones, los tratamientos diferenciales, las medidas sanitarias y fito sanitarias, los remedios comerciales así como los obstáculos técnicos al comercio. Otros temas son: contrataciones públicas, inversiones, servicios financieros y marítimos, telecomunicaciones, comercio digital; comercio fronterizo, de servicios y de bienes; entrada temporal de personas de negocios, medio ambiente, laboral, competitividad, solución de controversias, compras del sector publico, propiedad intelectual, agricultura, acceso a mercados, comercio electrónico, transparencia, trato nacional, procedimientos aduaneros, antidumping y derechos compensatorios, prácticas desleales, cooperación bilateral, medidas de emergencia, normas técnicas, políticas de competencia y disposiciones finales.

Entre los anteriores ‘Tratados’ destacamos aquellos que son los centrales. Según la Secretaría de Economía y completando la información con el Sistema de Información sobre Comercio Exterior (SICE), México ha firmado 14 TLC’s con 50 países, 32 APPRI’s con 32 países, 20 Acuerdos, 8 Convenios y 33 Tratados Bilaterales de Inversión (AII).

En la medida en que los ‘Tratados’ avanzan, los conceptos se amplían y se flexibilizan. Por ejemplo, de “expropiación directa” a “expropiación indirecta” que incluye la criminalización y judicialización contra el movimiento social que interrumpe por alguna vía la inversión extranjera. Ya no solo es la inversión en capital fijo sino es también la fusión de empresas, su compra o traspaso; las patentes avanzan hacia todo tipo de bienes tangibles e intangibles, genes, plantas, semillas o alimentos; la privatización ya no es solo de empresas sino que abarca las propiedades públicas en el sector primario secundario y terciario; por poner algunos ejemplos.

En el marco de los TLC’s, los países desarrollados miembros de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) protegen los intereses de las grandes transnacionales fitomejoradores, de las empresas semilleras y de biotecnología para que puedan patentar variedades de semillas como el arroz, el trigo, el maíz, entre otros, e incluso las plantas. Facilita el robo del conocimiento tradicional indígena y generan derechos de propiedad intelectual (DPI) sobre la biodiversidad. Por ejemplo, en junio de 2020 investigadores mexicanos se pronunciaron contra el proyecto de ley del Congreso para reformar la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) basada en los lineamientos de la Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) Acta 1991, ya que México se comprometió a ello en el marco de la firma del Tratado Transpacífico (TPP11) y el T-MEC. Esto implicaría a los agricultores, campesinos e indígenas del país la prohibición de vender e intercambiar las semillas obtenidas de sus cosechas para que sean compradas a las grandes trasnacionales semilleras. Esto agudizaría la dependencia alimentaria y aumentaría la contaminación por los paquetes tecnológicos. Otro ejemplo es el caso de los Estados de la AELC (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia) que por años han obligado a los países en desarrollo, en el marco de los TLC’s firmados con ellos, a adoptar leyes que protejan las obtenciones vegetales en consonancia con el Convenio de la UPOV 91. Sin embargo, los Estados de la AELC no cumplen con los requisitos de la UPOV91 en sus propias leyes nacionales. Otro ejemplo es la intención del congreso mexicano para favorecer a las farmacéuticas y preservar sus patentes por más años para cumplir los compromisos de los TLC’s a costa de la población.

Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) extranjera o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) protegen las inversiones de las empresas y que, de violar las disposiciones, las corporaciones pueden demandar a los Estados en los tribunales extraterritoriales.

Las demandas Corporativas contra México

Como ya hemos mencionado, todos los Tratados conllevan la adhesión a un tribunal o mecanismo dónde disputar los conflictos que pudieran suscitarse entre los países y sus inversores. Los Acuerdos Internacionales de Inversión (AII) o también llamados Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) son uno de ellos y ponen las bases para que las empresas demanden al Estado, y no al revés.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 es también otra oportunidad para la rapiña del gran capital y enriquecerse a costa de sus consecuencias. Como los gobiernos enfrentaron estallidos sociales ante la pobreza, la falta de empleo y la desesperación social, se prevé que los bufetes de abogados de los países desarrollados, preparen demandas contra los gobiernos que han implementado medidas para enfrentar y mitigar la pandemia ya que supuestamente afectaron sus intereses. Esto implica demandar a los Estados por no garantizar las inversiones, por no dar protección y seguridad frente a las protestas sociales, por intervenir la economía con subsidios en apoyo a un sector vulnerable; por la intervención estatal en algún sector como el de salud para enfrentar el caos sanitario, por fortalecer el sistema eléctrico estatal en el caso de México, por interrumpir operación de empresas, por evitar el corte de servicios básicos privatizados por falta de pago, por beneficios fiscales otorgados generando competencia desleal, o por el mal manejo que dieron a la crisis sanitaria. Por ello, las empresas podrían demandar en el marco de los ‘Tratados’ grandes indemnizaciones y reparaciones.

Según el Informe de ISDS impactos, pese a que México tiene un alto número de demandas, sigue otorgando más derechos y protección a los inversores extranjeros. El TLC México-UE que no contaba con un capitulo de protección de inversiones, con las modernización de dicho tratado finalizado en abril de 2020 se incluye un mecanismo para blindar las privatizaciones y las inversiones en el sector energético en el cual España, por ejemplo, tiene muchas inversiones. Por otro lado, México incluyó el Sistema de Tribunales de Inversiones de la Comisión Europea para «substituir» el tradicional sistema de ISDS. En 2018, previo al cambio del nuevo gobierno, México se convierte en el miembro 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial para mandar así un mensaje de seguridad a las empresas extranjeras y atraer su inversión.

México ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina de los países más demandados con 34 demandas. El 58,8% de ellas fueron iniciadas por inversores estadounidenses. El resto son, por orden de importancia, de España, Canadá, Francia, Panamá, Argentina, Singapur y el Reino Unido. Solo existen 4 demandas de empresas mexicanaas contra otros paises (2 contra España, una contra Colombia y otra contra Estados Unidos). A pocos años de firmado el TLCAN, México recibió en 1997 la primera demanda por parte de la empresa estadounidense Metalclad que pretendía construir un basurero de residuso tóxicos en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces se han recibido en promedio una 1 demanda y media por año. Durante el Gobierno de Vicente Fox, en 2002 y 2004 se presentaron 4 demandas en cada año. Y en 2017 se recibieron 3 demandas. Tan solo durante el cambio al nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018 hasta la fecha ya suman 5 demandas. Aproximadamente las ⅔ partes de las demandas han sido resueltas; 47% a favor del Estado y 53% a favor de las Corporaciones.

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