Categoría: ANÁLISIS

Rol de la embajada canadiense en el asesinato del líder Mariano Abarca vuelve a ser examinado en Corte de Canadá

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Compartimos esta del Comite por los Derechos Humanos en América Latina CDHAL sobre el caso en Canadá #JusticiaParaMariano – A Noviembre 2021

Descripción

El 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

Noticia

Organizaciones sociales de México y Canadá acuden a la Corte federal de apelaciones de Canadá para que se revise la decisión de no investigar el rol y la complicidad de la embajada canadiense en México en el asesinato del lîder Mariano Abarca. El crímen está relacionado a una mina de propiedad de la empresa canadiense Blackfire en Chicomuselo, Chiapas. 

El abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA, y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca, nos relata los hechos:

“Quiero compartir un poco sobre mi padre, su lucha en contra de la mina y por qué hemos llevado una denuncia a Canadá para exigir una investigación sobre la embajada canadiense en México. Mi papá Mariano Abarca fue un líder comunitario importante cuando una mina de barita que pertenecía a una empresa minera canadiense empezó a generar daños sociales y ambientales en la comunidad. También fue un fundador de la Red mexicana de afectados por la minería, REMA. La empresa Blackfire operaba desde fines de 2007 hasta finales del 2009. La mina fue clausurada por violaciones ambientales pocos días después del asesinato de mi papá. En junio de 2009, viajó desde Chicomuselo con un grupo de la comunidad y con el apoyo de Otros Mundos Chiapas para participar en una manifestación frente a la embajada canadiense. Ahí él habló con una representante de la embajada canadiense. Hablaba sobre las promesas de trabajo incumplidas, sobre los daños que los camiones de la empresa estaban generando a nuestras casas y calles, y sobre todo la contaminación de nuestros ríos. Hablaba sobre un grupo de trabajadores de la empresa que estaban armados y quiénes intimidaban a él y a otros. Unas tres semanas después mi papá fue detenido por la policía en respuesta a una queja interpuesta por la empresa. La empresa hizo muchas acusaciones falsas, diciendo que era involucrado en el crimen organizado. La embajada recibió 1400 cartas de todas las Américas expresando una gran preocupación por su ubicación y su vida y después de 8 días mi padre fue liberado sin juicio por falta de evidencias. Tres meses después, el 27 de noviembre del 2009, un hombre disparó y mató a mi papá. Todas las personas que tuvieron algún vínculo con el crimen estaban conectados con la empresa minera y hasta hoy no hemos logrado una investigación seria. Hemos llevado una denuncia en contra de las autoridades mexicanas ante la Comisión interamericana de derechos humanos y además hemos llevado una denuncia exigiendo una investigación sobre la embajada canadiense en México porque conseguimos documentos del gobierno canadiense que muestran lo mucho que supo la embajada canadiense y como hizo y como no hizo nada para mi papá. Esta documentación nos muestra que aún antes de que la mina entrará en funcionamiento la embajada sabía que la empresa tenía dificultades para llegar a acuerdos con la comunidad. Desde ese entonces, ejerció presión diplomática sobre los funcionarios del estado de Chiapas. Una vez operando, la documentación también muestra que la embajada hizo un seguimiento muy de cerca de los medios de comunicación en Chiapas sobre las protestas constantes y supo del descontento profundo de la gente. Todo esto debería haber sido una señal de alarma para la embajada, pero en lugar, la embajada se encargó de recabar información y comunicarse con las autoridades mexicanas. La embajada mandó una delegación a Chiapas. Fueron con el gobierno estatal y plantearon su preocupación y pidieron a los funcionarios del gobierno que sofocaran las protestas. Menos de seis semanas después, mi papá fue asesinado. No estamos diciendo que la embajada mandó a matar a mi papá, pero al negarle apoyo de seguridad y a trabajar únicamente a favor de la empresa, pensamos que sí lo pusieron en mayor riesgo y de haber actuado de otra forma no hubieran matado a mi padre. Es por esto que fuimos a Ottawa para interponer una denuncia ante el Comisionado de integridad del servicio público  y por qué seguimos insistiendo en la corte federal que debe  haber una investigación sobre el rol de la embajada en este caso”.

Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos, explica qué está en juego en este proceso:

“Esta audiencia que viene para el 8 de noviembre, la Corte federal de apelaciones de Canadá, es la última instancia que tenemos en Canadá para insistir sobre una investigación en torno a la embajada canadiense en México, va a escuchar de nuestros abogados, también va a escuchar de parte del parte gobierno canadiense.  

Lo novedoso, y algo que esperamos que da más fuerza también a nuestros argumentos, es que también va tener chance de presentar tres organizaciones. Y vale recordar que la Corte federal de Canadá, que era la instancia anterior aunque no era la decisión que quisiéramos, o sea, sí dijo que quizá si había actuado de otra forma la embajada las hubieran sido diferente. La Corte Federal de Apelaciones va a considerar la decisión que tomó la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá a no investigar este caso, para evaluar su decisión sobre eso de no investigar. Y, en este caso, está realmente en cuestión, toda la integridad del servicio público, en el sentido de que, por un lado, los representantes del gobierno están diciendo una cosa a la prensa, al Parlamento,  en sus propios documentos sobre cuál es su deber ante conflictos de esa forma y que por otro lado está haciendo todo lo contrario. Las instancias hasta ahora, del Comisionado y de la Corte federal, nos han dicho: pues esto no son políticas oficiales, entonces no están obligados a tomar ninguna acción al respecto – qué es lo que nos genera la pregunta: entonces es derecho del gobierno canadiense de engañar a todo el pueblo? Entonces estos tres grupos también van a estar presentando sus argumentos jurídicos para abonar a la decisión que toma desde la Corte Federal de Apelaciones y que esperemos ayude a tener una decisión favorable”.

Para Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas, el proceso puede generar impactos importantes y debe ser ampliamente difundido:

“Sí me parece que este es un proceso inédito y que va a abrir también muchas otras posibilidades. Yo sí tengo fe en que algo va a avanzar, aunque lo veamos así como un caso muy difícil o incluso a veces imposible de que avance, me parece que el mismo hecho de poner en tela de juicio la acción del gobierno y por medio de su embajada, pues me parece que abre un tema paradigmático. Va a hacer falta visibilizar mucho y mantenerlo bastante en los medios y diseñar una buena estrategia de difusión”.

Libertad Díaz, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, resalta la importancia de considerar todos los actores involucrados en el asesinato de Mariano Abarca :

“La insistencia de por qué una investigación así es de interés público sigue siendo creo que de los argumentos más fuertes. Hay pruebas y hay un caso paradigmático, que está documentado, muy bien argumentado. ¿Cómo ante esas pruebas se sigue negando aún una investigación así, y por qué es importante y por qué se niega, no? Creo que es muy importante posicionarlo, o sea, lo del poder no solo empresarial sino todos los otros actores que juegan alrededor de la empresa. Ya lo estamos hace unos años, en donde, bueno, medio se empezaba a hablar de la criminalización, el riesgo de las vidas. Si no estamos en un momento en donde ya hay muchísimos argumentos que demuestran que estas investigaciones deberían de ser mucho más entendibles o comprensibles y deberían de tener mucho menos bloqueos. Y sigue pasando que no es así. O sea, que hay todo un aparato del Estado alrededor de las empresas, que creo que es importante pues seguir señalando. Y argumentar por qué es importante, o porque es de interés público en Canadá y por qué es de interés público en México, retomando también los otros casos que hay de amenaza de minería canadiense en mi país”.

Miguel Ángel Mijangos, también de la REMA, contextualiza los daños causados en México por las empresas canadienses con la complicidad de la diplomacia económica de Canadá:

“Como ustedes saben, de todas las minas de oro, plata, platino qué hay en México, el capital canadiense opera el 80%. Tiene una influencia muy grande en el extractivismo y obviamente, pues, de ese tamaño es la problemática que tenemos. Pues nos ha enseñado el gobierno canadiense a luchar, desde nuestra fuerza, pero contra la mentira. 

Para dar un poco más de contexto a esto que queremos decir, que es un patrón de conducta de la embajada:  una de las regiones donde después de 12 años de que llegó la primera empresa canadiense al territorio de Guerrero, que fue la Goldcorp y que luego llegó la Torex Gold, tenemos cinco proyectos operando, de las cuales 4 son canadienses y una es mexicana, es una región que de 10 años para acá tenemos un desplazamiento de cerca de 16000 familias vinculadas a la violencia que se desencadena por el poder vinculado a la protección, así lo digo francamente, a la protección que grupos armados ofrecen a varias de las mineras de capital canadiense y que de alguna manera, en actos de omisión, pero también en actos de conocimiento, porque se han hecho las denuncias, pues se establece un proceso de tolerancia política, en el cuál el embajador constantemente llega con el gobernador, con las fuerzas políticas estatales y municipales, hablar de la Responsabilidad Social Corporativa, hablar de la minería verde y sustentable, hablar de las inversiones y el progreso para las comunidades. Y por otro lado, ese mismo gobierno establece en esa misma zona alertas para que los turistas de Canadá no visiten el territorio de Guerrero por la alta incidencia de violencia. 

Para nosotros esa es una expresión racista: que llegue toda la inversión canadiense, que destruya la naturaleza, que genere procesos de conflicto, que tengamos un montón de daños a la salud y al ambiente, que tengamos total impunidad y que bueno nos muestran justo este comportamiento que no solo lamentablemente nos deja hechos como lo sucedido con nuestro compañero Mariano, sino que se repiten constantemente.  

Vale  la pena mencionar que en este gobierno tenemos la lista más alta de la historia de México de asesinatos vinculados a defensores del territorio. No todos relacionados con Canadá, pero hay muchos que sí están relacionados con empresas canadienses. 

Pues es muy importante continuar estableciendo estos procesos sin dejar de mirar que no estamos luchando por visibilizar el caso. Estamos luchando por llevarlos a la rendición de cuentas, porque se lo merece Mariano, porque se lo merece su familia y porque se lo merecen todas y todos los que están peleando contra un modelo que sabemos mata la vida y no genera progreso y desarrollo”. 

José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca concluye respecto al proceso de apelación :

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros.”

Desde Canadá, reporta Christina Ayala, del Comité por los derechos humanos en América Latina, CDHAL.

Esta producción contó con testimonios hechos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

El evento completo está disponible en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/events/221820689840560/ 

La mesa redonda: https://www.youtube.com/watch?v=MX1jakmAzGA&t=8s

Imagen: Justicia Para Mariano Abarca

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Agroindustria seguirá financiada por bancos de desarrollo; organizaciones ven despojo

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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de la Economía Verde – A 20 de octubre del 2021

Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.

“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.

En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.

De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.

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Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.

Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.

“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.

Inversiones para el despojo

Ceremonia a cuatro años del asesinato de Berta Cáceres por su organización contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por PDBs europeos. Foto: Valentina Valle

Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.

Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.

También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.

Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.

Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.

“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.

Casos

Mujeres en resistencia contra la imposición de una megaplanta fotovoltaica, financiada por empresas y bancos noruegos en Choluteca, Honduras. Foto: Renata Bessi.

Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:

  • El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
  • En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
  • La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN,  antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
  • La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
  • El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.

Imagen: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Foto: Aldo Santiago

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La disputa por el litio: nueva expresión del despojo y profundización del modelo extractivo minero

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Compartimos esta nota de la Jornada del Campo sobre el modelo energético – A 16 de octubre del 202

El litio para nada es un recurso en el mundo que pueda sustituir la actual dependencia que tenemos hacia el petróleo, el carbón o el gas, por más aposicionamientos que escuchemos o leamos sobre las bondades de su abundancia, menos aún en México.

REMA-GEOCOMUNES-MININGWATCH inforema.mexico@gmail.com

Una nueva línea de progreso y desarrollo capitalista se encuentra en boga, esta vez se trata de “la transición energética” la cual, de acuerdo a un discurso mediatizado y cada vez más preponderante, atenderá y resolverá una parte significativa de todas las calamidades y destrucción que hemos realizado contra el planeta y los bienes naturales. El litio, junto a cerca de otros 35 metales que son y serán utilizados durante la transición energética, es uno de los nuevos insumos masivos presentes en la discusión política y económica bajo un contundente discurso de combate al calentamiento global.

Este proceso de transición energética corporativa promueve un cambio de insumos sin mover ni cuestionar el modelo de consumo actual, con el fin de proponer falsas soluciones tecnológicas que representan nuevos nichos de acumulación para capitales mineros, energéticos o automotrices. Esta propuesta no representa ningún cambio significativo con respecto a la relación inseparable que tenemos desde diferentes procesos vinculados con el modelo extractivo, en donde, sin duda alguna, el más destructivo es el modelo extractivo minero.

El litio para nada es un recurso en el mundo que pueda sustituir la actual dependencia que tenemos hacia el petróleo, el carbón o el gas, por más posicionamientos que escuchemos o leamos sobre las bondades de su abundancia, menos aún en México. Su promoción actualmente está empujada por la especulación, la creación de oferta y demanda, el alineamiento de grandes actores corporativos que ya se frotan las manos con la apertura de nuevos negocios con potencial crecimiento: carros eléctricos y energías renovables.

Esto no sólo está provocando una creciente especulación mercantil y comercial. Varios países, entre ellos México, experimentan una fuerte presión política y económica para facilitar la expansión de la extracción minera alrededor de la exploración de los pocos sitios en el mundo que tienen litio. Las empresas, incluidas las mineras, buscan ya la posesión de tierras, generan expectativas irreales, además de conflictos, y provocan violencia y desplazamiento en nombre de tecnologías que supuestamente se califican de verdes o justas.

En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite. El 84% de las concesiones asociadas con la extracción del litio están actualmente en proceso, en consecuencia, es interesante preguntarnos ¿qué hará el gobierno mexicano actual con la presión extranjera si está decidido a no entregar nuevas concesiones mineras? El tema generó distintas posturas y propuestas como la posibilidad de una nacionalización del litio, de fomentar proyectos de Asociación Público Privada (APP) para su explotación o de realizar procesos estratégicos de alianzas tecnológicas y comerciales con Bolivia. Al margen de que ello ya sucede, es importante resaltar que ese país no ha sacado aún el primer kilogramo de litio al mercado.

Examinando de cerca la información disponible sobre dichos proyectos de litio y empresas en México, se observa que en su mayoría son proyectos mineros sin actividad que están controlados principalmente por pequeñas empresas canadienses al borde de la quiebra, que dependen del proceso de especulación para generar recursos en las bolsas de valores de Canadá. Existen solamente tres empresas realmente activas para avanzar sus proyectos de extracción. El más avanzado es el proyecto Sonora Lithium en ese estado, que acaba de ser adquirido al 100% por la empresa china Ganfeng, que controla actualmente la mitad de la producción de litio a nivel mundial. Y los proyectos en salares entre Zacatecas y San Luis Potosí, adquiridos por Advance Gold Coporation a la empresa Organimax, y el proyecto en Baja California de la empresa One World Lithium.

Sin embargo, y a pesar de la promoción especulativa de la producción de litio en México, existen presiones geopolíticas que nos obligan a considerar el posible futuro de México dentro del mercado de litio mundial. No hay duda de que el litio de México es de gran importancia para el futuro inmediato de los EEUU, así como para el mercado asiático, por lo tanto, no es casual que ello se vea reflejado en la imposición de ciertos términos en los nuevos acuerdos multilaterales firmados con EEUU, como es el caso del T-MEC. Las medidas impuestas por este tratado para incrementar el consumo regional de insumos esenciales para la industria automotriz ponen mayor presión sobre los yacimientos de este mineral en México y Canadá. En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite.

El litio no representa un camino hacia la “transición energética”; por el contrario, es la continuación del uso de nuevos insumos ante el eventual agotamiento de otros. Por esa razón, las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital que la industria minera reproduce, mantendrán su vigencia y prevalencia. •

En México existen actualmente 36 proyectos mineros de capital extranjero destinados a la extracción de litio que son controlados por 10 empresas. Estos proyectos representan 97 mil hectáreas concesionadas, además de 537 mil más que están en trámite

Imagen: GeoComunes

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Chiapas Acción Urgente: Las 10 comunidades de Aldama, Chiapas, bajo fuego. Por lo menos 3 mil desplazados

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Chiapas Acción Urgente: Las 10 comunidades de Aldama, Chiapas, bajo fuego. Por lo menos 3 mil desplazados

Compartimos esta nota de Radio Zapatista sobre la violencia constante en comunidades de Aldama – A 3 de noviembre del 202

Según información de la comisión de comunicación de Aldama, Chiapas, las 10 comunidades que conforman el municipio (Xuxch’en, Coco’, Taba, San Pedro Cotzilnam, Yeton, Ch’ivit, Cabecera, Stzelejpotobtik, Juxton y Ch’ayomte’ de Aldama) se encuentran en este momento (20:00) bajo fuerte ataque armado por parte de grupos paramilitares de Santa Marta, municipio de San Pedro Chenalhó.

A esta hora, los habitantes de Ch’ayomte’, Juxton, Stzelejpotobtik, Ch’ivit, Yeton, en las orillas que están en San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco’ y una parte de Xuxch’en, ya abandonaron sus casas y se fueron a las montañas a refugiarse, sumando aproximadamente 3 mil personas.

Los ataques iniciaron a las 9:07 con disparos de alto calibre contra la comunidad de Xuch’en Aldama, desde el punto de ataque de Slumka’ en Saclum, Chenalhó. Para las 11:15, se había sumado el punto de ataque de Yaxaltik, ahora también contra la comunidad de Coco’, y poco después lanzaron una bomba contra esa comunidad.

A las 13:00, se suma el punto de ataque Chuch te’ 2, ahora también hacia la comunidad de Chi’vit Aldama, donde un taxi que transitaba por la Tijera Ch’ivit fue alcanzado. Afortunadamente, en el taxi sólo iba el conductor, que resultó ileso.  A as 14:00 se suma el punto de ataque K’ante’, también contra Chi’vit. En esta ocasión una moto que transitaba por la carretera fue alcanzada, afortunadamente sin daños para el conductor.

A las 15:00 la comunidad de Tabac Aldama también es atacada desde el punto de ataque de El Volcán, a los que se les suman a los pocos minutos los puntos de ataque de Telesecundaria y Tojtik, Santa Martha Chenalhó. Para las 17:45, las comunidades de Cabecera, Stzelejpotobtik y Juxton Aldama también estaban bajo fuego, desde los puntos de ataque de Chuch te’ 1 y 2, K’ante’, Panteón, Templo, Chalontik, Tijera Caridad y Puente, Santa Martha Chenalhó.

Una hora después, las 10 comunidades de Magdalena Aldama estaban bajo fuego. Los grupos armados estaban, y continúan hasta ahora, a todo lo largo del río, desde Yoc Ventana hasta Sector Santa Martha Chenaló. “Nos tienen rodeados”, advirtió la comisión de información de Aldama a las 17:15.

Cabe recordar que las comunidades de Aldama vienen siendo agredidas con armas de alto calibre constantemente desde hace cinco años, cuando siete familias fueron violentamente despojadas de 60 hectáreas en 2016, año en que se activa el grupo paramilitar que opera en Chenalhó. Las agresiones aumentaron dramáticamente en 2018, resultando en más de 2 mil desplazados. A lo largo del 2020 y 2021, los ataques armados se han incrementado aún más, afectando a 12 comunidades y más de 5 mil personas. Sólo en el mes de octubre de 2021 se reportaron 203 ataques armados hacia 9 comunidades.

Lee el Comunicado del Pueblo de Magdalena Aldama

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PDF: Diccionario Popular Agrario

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Compartimos con mucha alegría este material de Educación Popular que surgió como una inquietud de entender la Ley Agraria durante la Escuela Popular Ejidal y Comunal elaborado por nuestro compañero Eleazar Gómez – Octubre de 2021 >>Descargar Diccionario en pdf aquí<<

PRESENTACIÓN

En México, para la instalación de Megaproyectos de todo tipo, el gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como las empresas, tienen que pasar por los núcleos agrarios que en el país representa la propiedad colectiva en poco más del 50% de todo el territorio mexicano. Por ello, para la defensa de la Tierra y el Territorio, los núcleos agrarios tienen otra herramienta legal basada en el buen uso de la Ley Agraria que por lo general los propios ejidatarios y ejidatarias, comunero y comuneras, pocos los han leído.

Este Diccionario Popular Agrario está basado en la Ley Agraria y busca facilitar la comprensión e interpretación de los términos legales muy comunes y usados en ella, en las dependencias de gobierno en materia agraria, como lo es el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) y los Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS). De esta forma, el Diccionario Popular Agrario busca acercar a los ejidatarios, ejidatarias, comuneras y comuneros, así como a toda persona interesada en el derecho agrario, el significado del vocabulario agrario que se usa en la celebración de las Asambleas, en la elaboración de los acuerdos de Asambleas, oficios o solicitudes.

ABREVIATURAS

  • CEDH: Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas.
  • CNDH: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
  • CONAFOR: Comisión Nacional Forestal.
  • CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
  • CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
  • CONVENIO 169 DE LA OIT: Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho de los pueblos indígenas y tribales en países independientes.
  • CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • FANAR: Fondo de Apoyo para Núcleos Agrarios sin Regularizar.
  • LA: Ley Agraria.
  • LGEEPA: Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
  • LOTA: Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
  • PA: Procuraduría Agraria.
  • PROCEDE: Programa de Certificación y Delimitación de Derechos Ejidales y Certificación de Solares.
  • PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
  • RAN: Registro Agrario Nacional.
  • RETRISA: Reglamento Interior del Tribunal Superior Agrario.
  • RIPA: Reglamento Interno de la Procuraduría Agraria.
  • RIRAN: Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional.
  • RRAJA: Programa de Regularización y Registro de Actos Jurídicos Agrarios.
  • SEDATU: Secretaria de Desarrollo Agrícola Territorial y Urbano.
  • SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
  • TA: Tribunal Agrario.
  • TSA: Tribunal Superior Agrario.
  • TUA: Tribunal Unitario Agrario.

A

Abigeato: robo de animales que requieren acarreo, como las vacas, chivos, borregos, etcétera.
Actor: persona que presenta una demanda.
Accesión: modo en que el propietario del suelo adquiere la propiedad de todo lo que quede unido o crezca en su suelo, ya sea de forma natural como un nuevo árbol o frutos, o el producto de una cosecha.
Achuramiento: forma de representar en un plano de núcleos agrarios, con un rayado diagonal, las áreas donde hay un problema entre colindantes, terrenos excedentes y especiales. Surgió con el PROCEDE.
Acciones series “T”: es la aportación de tierras y su destino de un socio a una sociedad propietaria de tierras agrícolas, forestales y ganaderas identificada con la letra “T”.
Acta de Asamblea: documento que se elabora cuando se llevan a cabo Asambleas y reuniones, donde se manifiestan los acuerdos que se toman. Existen mecanismos y requisitos para elaborarla si se requiere su legalidad en el marco de la Ley Agraria.
Acto de autoridad: en materia de amparo y en violaciones a derechos humanos son todas las actuaciones de las autoridades tanto federal, estatal y municipal que afectan de alguna manera los derechos de personas o de una colectividad.
Acto administrativo: todas y cada una de las decisiones que toman las autoridades administrativas (funcionarios públicos) para satisfacer intereses públicos. El acto administrativo es la manera donde se expresa la voluntad de una autoridad. Ejemplo: otorgar una concesión o negar una concesión.

Aceptación de ejidatario o comunero: atribución de la Asamblea en donde decide otorgar la calidad de ejidatario, ejidataria, comunero, comunera a una persona mayor de edad que es avecindado o posesionario en la comunidad o que haya heredado los derechos de una ejidataria, ejidatario, comunero o comunera.
Acta de audiencia conciliatoria: documento o acta que elabora la Procuraduría Agraria donde se anota lo que se trata en la audiencia conciliatoria.
Administración: llevar a cabo el control de algo, puede ser económico o de tierras; procurar que se haga bien una cosa.
Adopción: hacer propio una idea, una forma de organización, un pensamiento, una estructura social.
Agostadero: terreno donde van a pastar el ganado.
Amojonamiento: delimitar (trazar límites o colindancias) las tierras que le corresponden a un Ejido o Bien Comunal, por ejemplo: señales de piedra, mojoneras o estacas.
Aparcería: acuerdo entre el propietario de unas parcelas o las tierras y otra persona que las trabaja y le paga al propietario ya sea en dinero, en productos o la cosecha por concepto de renta de las tierras.
Apertura de Lista de Sucesión: después de que fallece un ejidatario o comunero, un familiar y dos testigos acuden al RAN para saber a quién se dejó como herederos. El RAN abre un expediente donde inicia el trámite de los certificados agrarios a la persona que aparece en la lista de sucesión.
Aprovechamiento: ocupar o usar una cosa (por ejemplo: parcelas, frutos de las cosechas o dinero).

Árbitro: cualquier persona, agentes auxiliares, jueces rurales o la misma PA que ayuda a resolver problemas entre dos partes quienes eligen a su árbitro. El árbitro da la última palabra sobre la solución al problema.
Área Natural Protegida: zona superficial decretada por una autoridad que por su importancia en la flora y fauna, en los valores culturales y sociales, se conserva de manera especial por parte del Estado o de actores privados.
Arrendamiento: rentar las tierras o las parcelas para que otra persona las trabaje.
Asamblea: órgano supremo de un Ejido o Comunidad donde participan todas las ejidatarias, ejidatarios, comuneras y comuneros con derechos vigentes, teniendo voz y voto para tratar acuerdos que van a regirlos. Su funcionamiento está estipulado en la LA.
Asentamiento humano: espacio, terreno o área necesaria para desarrollar la vida comunitaria del núcleo agrario. Es donde se construyen las viviendas.
Asignación: lo que se otorga o entrega. Pueden ser tierras, dinero o cosas.
Asociación civil: organización con personalidad jurídica reconocida legalmente; altruistas y sin fines de lucro, cuyo esfuerzo persigue fines culturales, deportivos, académicos, etcétera, y su existencia depende de los donativos de sus miembros, financiamientos o donativos y se rigen por medio de su Asamblea de socios en base a sus estatutos.
Audiencia Conciliatoria: forma en que la PA trata de que los mismos ejidatarios o comuneros resuelvan sus problemas y lleguen a soluciones en mutuo acuerdo.
Autoridad responsable: las que dictan algo u ordenan algo en las instituciones gubernamentales.

Avecindado: personas que viven en la comunidad o ejido por más de un año y que son reconocidos por la Asamblea. No son ejidatarios o comuneros y no participan en las Asambleas ejidales o comunales.

B

Baldío: tierras que no tienen dueño.
Bien: cosas que posee o tiene una persona, pueblo o comunidad.
Bienes Comunales: tierras y parcelas trabajadas colectivamente y que pertenecen a una población que viven en un territorio. La Asamblea puede asignar también parcelas a los comuneros.
Bienes ejidales: todos los bienes y tierras que tengan los ejidos.
Buena fe: principio de actuar con honradez, sinceridad, lealtad, sin malicia y de buena manera.

C

Calificación registral: acto del servidor público del RAN, que tiene la fe pública, mediante el cual califica los documentos que se presentan anteellos para saber si cumplen los requisitos formales y así proceder a su inscripción.
Cambio de uso de suelo: cuando mediante una Asamblea, o un acuerdo de cabildo, se cambia el uso de suelo de un determinado lote de terreno, por ejemplo: tierras que antes era para agricultura, cambiarlos para ganadería, de uso forestal a ganadería, o de uso agrícola a minería.
Cancelación: cuando algo no se hizo bien se solicita que se borre, se anule o eliminen acuerdos tomados incluso en una Asamblea.

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Examinan el papel de la Embajada Canadiense en el asesinato del líder mexicano Mariano Abarca

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Compartimos este podcats producido por CDHAL y ALER sobre la próxima audiencia en Canadá sobre el caso de #JusticiaParaMariano – A 19 de octubre del 2021

El próximo 8 de noviembre, organizaciones mexicanas y canadienses acudirán a la Corte federal de apelaciones para intentar revertir la decisión de la Comisión para la Integridad de la Administración Pública de Canadá de no investigar el rol de la embajada canadiense en el asesinato del defensor Mariano Abarca en el 2009. Mariano Abarca lideró el movimiento de resistencia a la mina en Chicomuselo, Chiapas – México, de propiedad de la empresa minera canadiense Blackfire, así como el movimiento nacional la Red mexicana de personas afectadas por la minería (REMA).

“Mi papá no va regresar, pero pensamos que este proceso puede sentar un precedente importante para la lucha de otras comunidades quiénes corren peligro por estar luchando para proteger su medio ambiente y su salud frente a los enormes daños mineros”, son palabras de José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca.

Declaraciones del abogado José Luis Abarca, hijo del líder asesinado, miembro de la Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA), y director de la Fundación Ambiental Mariano Abarca; Jennifer Moore, investigadora asociada del Programa de Economía Global del Instituto de Estudios Políticos; Gustavo Castro, de la organización Otros Mundos Chiapas; Libertad Díaz y Miguel Ángel Mijangos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Algunos de los testimonios de esta producción radial fueron obtenidos en el marco del evento ¿Qué nos dice el asesinato del activista Mariano Abarca-México sobre rendición de cuentas en Canadá?, organizado por Miningwatch, la REMA, Otros Mundos Chiapas y otras organizaciones de la sociedad civil de Canadá.

Producción: Christina Ayala, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL); María Cianci Bastidas, Coordinación General ALER

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Nuevo informe expone los Paraísos Industriales e Infiernos Ambientales en México

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Compartimos este informe de diferentes organizaciones y colectivos – A Octubre 2021

Este informe integra los principales resultados de la “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México” (#ToxiTourMexico), que tuvo lugar en diciembre de 2019, con la participación de cerca de cincuenta organizaciones de afectadas/os en México, además de integrantes del Parlamento Europeo, del Parlamento Vasco, del Senado de Minnesota, y científicas/os y observadoras/es de organizaciones de Alemania, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Catalunya, México, el País Vasco y los Países Bajos. La elaboración del informe contó también con la contribución de algunos miembros de la Red [5]_Europea de Observatorios de Empresas transnacionales (ENCO). [5]

Acerca del informe

El informe examina cómo en los últimos 30 años, México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. Arguyendo la necesidad de atraer inversiones a toda costa para generar “desarrollo” y empleo, en el marco de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) o el Acuerdo entre la Unión Europea y México (TLCUEM), se ha profundizado y sofisticado un proceso de desvío de poder. Así, se ha impuesto un régimen en el cual la ley ha permitido la autorregulación ambiental, social y laboral por parte de las empresas transnacionales (ETNs). Gran parte del territorio mexicano ha sido sometido a una dinámica de densos corredores industriales interconectados entre sí, donde han proliferado industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas. Estas áreas coinciden con espacios urbanizados, sin que haya un seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales, convirtiéndose en lo que V. M.  Toledo, ex – secretario de Medio Ambiente de México denominó “infiernos ambientales”.

Las/os observadora/es internacionales pudieron constatar _in situ_ una pequeña proporción de la auténtica devastación socioambiental generada por el neoliberalismo en este país. Resultó evidente hasta qué punto, los territorios más industrializados se caracterizan por una contaminación sistemática del aire, el agua y del suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos. Esta dinámica no solo ha provocado una situación de emergencia sanitaria y ambiental, en la cual son abrumadoras las cifras de personas que mueren por enfermedades probablemente vinculadas con las operaciones de las empresas en diferentes sectores. Además, la Caravana constató que para las poblaciones locales, la instauración de los corredores industriales ha tenido lugar en el marco de un violento despojo de su territorio, privándolas de sus medios de subsistencia económica, social y cultural, destruyendo su salud, a la vez que sus tejidos comunitarios.

En la cuenca del río Santiago, grandes zonas industriales manufactureras, urbanas y agropecuarias se articulan en los dos corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma con más de 1.000 empresas manufactureras, y Ocotlán-El Salto con alrededor de 700 empresas, esencialmente industria metalmecánica y metalurgia, química-farmacéutica, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas. La población directamente expuesta a la contaminación ambiental se eleva a más de medio millón de personas, un tercio de los habitantes de los márgenes del lago de Chapala y del río Santiago. Estudios científicos sobre la calidad del agua han demostrado la presencia de 1.090 contaminantes en el río, y el incumplimiento de la laxa normas de descargas por hasta el 94% de las industrias. Una investigación sobre la salud de la población infantil dada a conocer durante la Caravana demostró entre otros, que en Juanacatlán, el 40% de las/os niñas/os tenían arsénico en sus cuerpos, y el 93% tenían plomo. En la localidad de El Salto, el 98% de los niños tenían cadmio. Entre las empresas transnacionales que operan en esta cuenca, se ubican, por ejemplo: las alemanas Continental, Siemens, ZF, Voit; la suiza Nestlé; y las holandesas DSM y Nutreco.

En la cuenca de la Independencia (estado de Guanajuato), las organizaciones expusieron los impactos padecidos por medio millón de personas, y generados por la agroindustria de exportación destinada al mercado estadounidense. La explotación excesiva del acuífero ha tenido por consecuencia que el agua extraída desde hace más de treinta años contenga fluoruro, arsénico, sodio, manganeso y otros minerales en concentraciones nocivas para la salud humana. En esta entidad federativa, los municipios donde estos elementos tienen mayor presencia, son aquellos donde se ubican las incidencias más altas de enfermedad renal crónica (ERC), trasplante renal y fluorosis dental. Además, en el corredor establecido entre Celaya y León, han tenido lugar accidentes industriales importantes, uno de los cuales provocó la intoxicación de hasta 6.000 personas. En la ciudad de Guanajuato, las organizaciones locales denunciaron también ante la Caravana daños para la salud y el ambiente, provocados durante las campañas sanitarias frente contra el dengue, donde la población se encuentra expuesta a plaguicidas clasificados por PAN Internacional como altamente peligrosos.

En la cuenca del río Tula en el Sur del Valle del Mezquital, la Caravana constató el solapamiento de los impactos generados por el núcleo duro de la industria cementera a nivel nacional, industrias extractivas, parques industriales, una gran refinería, una planta termoeléctrica, así como aguas residuales industriales y urbanas que se descargan en el río Salado y el río Tula, posteriormente usadas para la producción agrícola. En total, se estima que el número de personas afectadas es de un millón. Entre los principales daños a su salud, reportaron: manifestaciones agudas de cefalea, náusea, vómito, irritación faríngea y conjuntival, dolores abdominales, dificultad respiratoria y pérdida de conocimiento. También se registran allí leucemias, diferentes tipos de cáncer con afectación a todos los órganos, malformaciones congénitas, disrupción endocrina, alternaciones inmunológicas, insuficiencia renal, y enfermedades respiratorias. En esta región opera la franco-suiza LafargeHolcim, entre otras.

En la cuenca del Atoyac-Zahuapan se entrelazan antiguos y nuevos corredores industriales, donde operan 20.400 empresas. Ante las denuncias presentadas desde 2011 por las organizaciones locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación (10/2017) donde concluía que las principales causas de la contaminación eran: la descarga de aguas residuales municipales e industriales sin previo tratamiento; la mala disposición y recolección de los residuos sólidos; y la creciente expansión demográfica e industrialización desordenada de la región. A partir de las cifras oficiales, se ha contabilizado que entre 2002 y 2016 fallecieron 26.477 personas de cáncer y 4.379 de insuficiencia renal, además de que se produjeron 906 abortos espontáneos. La tasa de mortalidad debida al cáncer en el conjunto de la cuenca es de 13,5 veces el promedio nacional. En promedio, entre 2015 y 2019, cada dos horas y media falleció una persona por enfermedades probablemente vinculadas con la contaminación ambiental. La CNDH identificó en la región una alta incidencia de: enfermedades diarreicas, hidroarsenicismo crónico endémico, daño genético y predisposición a desarrollar cáncer relacionada con la exposición a dioxinas y furanos, con potencial genotóxico. Estableció también una relación entre la exposición a Compuestos Orgánicos Volátiles y la presencia de leucemia mieloide. En esta región se ubican plantas de Volskswagen, Bayer, y BASF, entre otras.

En la cuenca Libres-Oriental, donde los recursos hídricos se caracterizan por la escasez, confluyen megagranjas porcícolas de la empresa estadounidense Granjas Carroll, invernaderos de Driscoll’s que produce verduras y frutas destinadas a la exportación, parques de celdas fotovoltáicas de la empresa Iberdrola, y una planta automotriz de Audi, que opera como una extensión de la fábrica de Volkswagen en Puebla. Dichas industrias consumen grandes cantidades de agua del acuífero, pero además utilizan cañones anti-granizo para inhibir la lluvia y proteger su producción, afectando gravemente a la agricultura campesina local. También se denunciaron en esta región procesos contaminantes asociados a la industria.

El Istmo de Tehuantepec Norte, última región recorrida por la Caravana, se caracteriza por albergar el Corredor Industrial – Uxpanapa y uno de los polos de la industria química y petroquímica más antiguos e importantes de América Latina. Las organizaciones de afectadas/os reportaron la contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua, producida tanto durante las operaciones regulares de las empresas, como cuando se producen accidentes y situaciones de emergencias químicas. Se evidenciaron asimismo ante las/os observadoras/es internacionales las consecuencias para la salud humana y el medio ambiente del almacenamiento de coque a cielo abierto por la empresa de origen catalán García Munté Energía (GME – ADN Energía).

A pesar de tener conocimiento de los padecimientos de la población en estos infiernos ambientales, hasta ahora, los sucesivos gobiernos mexicanos, a nivel municipal, estatal y federal, no solo no han actuado, sino que además han invisibilizado los efectos ambientales, laborales y sociales, ignorando las demandas y reivindicaciones de la/os afectadas/os. Han operado como muro de contención del descontento social, mediante políticas de criminalización y  represión, sin prevenir la siembra de terror en las organizaciones sociales por diversos grupos criminales. Asimismo, han facilitado la implementación de nuevos proyectos industriales y de megainfraestructuras que no hacen sino aumentar los riesgos para la población local.

Es importante mencionar también a los gobiernos de los países europeos y de Estados Unidos, donde tienen sede gran parte de las empresas transnacionales que operan en los paraísos industriales mexicanos. Estos gobiernos brindan apoyo, con fondos públicos, a la internacionalización de las empresas a través de seguros, créditos y soporte técnico, sin ningún control ni garantía de respeto del medio ambiente y los derechos humanos. No asumen ninguna responsabilidad ante los conflictos socioambientales generados, pero presionan para la firma de tratados de libre comercio y de protección de las inversiones. Tal es el caso de la renegociación del acuerdo entre la Unión Europea y México [6], gracias al cual, México sería el primer país latinoamericano en firmar un acuerdo de protección de las inversiones con la Unión Europea como bloque. De ser aprobado este acuerdo, blindaría aún más el poder de las empresas y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.

Las recomendaciones del informe se dirigen a gobiernos y parlamentos, tanto en México como en los Estados Unidos y Europa, puesto que las ETN estadounidenses y europeas se destacan en prácticamente todos los infiernos ambientales visitados por la Caravana. En la elaboración de este informe se contó con la participación de las organizaciones de afectadas/os, las/os observadoras/es internacionales, miembros de la “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad [7]”, de la Red Europea de Observatorios de Transnacionales (ENCO), [8] y otras/os investigadoras/es independientes. En su conjunto, se evidencia la necesidad urgente de contar con normas vinculantes, en particular en el proceso de negociación del Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales en materia de derechos humanos [9].

El informe constituye también una herramienta de movilización de la sociedad civil frente al régimen de comercio e inversiones. Por ejemplo, la renegociación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México extenderá aún más el poder corporativo y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.

Buscamos una investigación de la embajada canadiense en México con audiencia de noviembre en Canadá

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el caso #JusticiaParaMariano- A 18 de octubre del 2021

Los representantes legales en Canadá de la familia de Mariano Abarca, Otros Mundos Chiapas, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería-REMA, y otros aliados mexicanos y canadienses serán escuchados por la Corte Federal de Apelaciones de Canadá el 8 de noviembre de este año. Buscamos una investigación a la Embajada Canadiense por haber puesto en mayor riesgo la vida de Mariano en las semanas y mese antes de su asesinato el 27 de noviembre del 2009 como resultado de su lobby político a favor de la minera canadiense Blackfire, aun cuando tuvo conocimiento que la empresa y sus trabajadores amenazaban su vida por estar denunciando los daños sociales y ambientales de una mina de barita en Chicomuselo, Chiapas.

Vamos con fuerza a esta audiencia dado que, además de nuestros abogados, la corte ha aceptado escuchar argumentos jurídicos a favor de tal investigación de Amnistía Internacional Canadá, Abogados Canadienses para los Derechos Humanos Internacionales (CLAIHR por sus siglas en inglés) junto con la Clínica de Justicia Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, y el Centro para la Libre Expresión de la Universidad de Ryerson en Toronto. Si la Corte Federal de Apelaciones falla a favor de la familia, nuestra petición para una investigación regresará al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública (https://miningwatch.ca/node/9945).

Mariano Abarca fue fundador de nuestra red y un importante luchador ambiental en Chiapas, México. Él advirtió de manera directa a la Embajada que su vida y la seguridad de su familia y otros miembros de la comunidad corrían peligro, sin embargo, la diplomacia canadiense prefirió promover la minería en Chiapas y los intereses de la empresa Blackfire. Entre otras gestiones, las que han sido plenamente documentados (https://miningwatch.ca/node/7110), la embajada mandó una delegación al gobierno de Chiapas en octubre 2009 cuando pidió que sofocara las protestas. Seis semanas después, Mariano fue asesinado. La mina de barita de Blackfire fue suspendida pocos días después del asesinato de Mariano, dando razón a su lucha que el y muchos más en Chicomuselo había sostenido.

Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido una investigación seria en el caso y jamás ha sido investigado la empresa Blackfire, a pesar de que todos los sospechosos tuvieron una conexión con la empresa. Las tres personas que fueron detenidas o arrestada fueron liberadas. Por esto, además de la denuncia interpuesta en Canadá, la familia de Mariano ha presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, por violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales, entre otros (https://miningwatch.ca/node/9834).

¿Por qué es de interés público para la familia, la REMA y las organizaciones de la sociedad civil que el Estado Canadiense abra una investigación a la Embajada?

  1. Este caso es el primer de su tipo en Canadá que busca la rendición de cuentas del estado canadiense por su apoyo incondicional a sus empresas mineras que generan despojo, destrucción ambiental, daños a la salud, violencia y asesinatos a defensores, defensoras ambientales. Necesitamos que el estado canadiense toma responsabilidad, sabiendo que el caso de Mariano Abarca no es único, que la diplomacia canadiense frecuentemente ignora los llamados de las comunidades afectadas por los daños de las empresas mineras canadienses y su imposición en los territorios. Esto contribuye al riesgo de violencia y criminalización que enfrentan las vidas y el futuro de los pueblos y las comunidades.
  2. Ante el incremento de difamación, criminalización, y asesinatos de afectad@s por la minería y otras actividades extractivistas es urgente que los estados y su diplomacia protejan las vidas de los y las defensoras ambientales, no que ofrezcan una gama de servicios a las empresas mineras para asegurar sus intereses económicos por encima de la vida de los pueblos.
  3. La familia Abarca y todas las familias de l@s asesinad@s, amenazad@s y criminalizad@s por la minería tienen derecho al acceso a la justica, a la memoria y a la verdad.

Por todo esto, esperamos con mucha anticipación la audiencia del 8 de noviembre, lo cual se llevará a cabo de forma presencial y virtual, y que es un importante momento para dar luz a los abusos y excesos, no solamente de las empresas mineras, sino también de los estados que facilitan sus intereses. 

¡Rendición de cuentas de la embajada canadiense en México por su parte de responsabilidad en el asesinato de Mariano Abarca!

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

Imagen: Mariano vive 2012

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Video: Un grito por la vida

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Les compartimos este video de un bello poema que surgió en el marco del Encuentro Mesoamericano contra la Palma de Aceite realizado los días 5 y 6 de octubre en el Centro Alter Natos en San Cristóbal de Las Casas, con participación de diferentes países de América Latina.

Un grito por la vida

Te ofrecieron un futuro falso Una economía que no existe ,té ilusionaron con una vida mejor , te hicieron creer que tener un bosque lleno de vida y oxigeno era malo , te vendieron un cuento que sólo existe en la mente maligna de ellos , no te diste cuenta y entregaste todo cambio de un futuro que no existe, te mintieron , te destruyeron poco a poco .

Ha pasado el tiempo y hoy los que crecimos en tu error nos dimos cuenta de lo hiciste, de ese futuro que te vendieron que yo no vi y no existe.

Te reprocho , pero no te culpo , por eso te digo , yo , nosotras y todas vamos a luchar por destruir este sistema así como ellos lo hicieron con ustedes Vamos a recuperar lo que nos pertenece.

Esos bosques que nos quitaron volverán hacer de nosotras , volveremos a ver esos cultivos que nos llenan de vida, volveremos a ver esa mujeres llenas de valentía y fuertes , dandole vida a nuestras comunidades , la bella sonrisa de los y las niñas sin ser esclavos de nadie siendo libres.

Diciendo No Ala palma aceitera ,No ala violencia ,No a quitarnos la vida , y no por medio de una bala , sino quitándonos nuestras tierras y territorios, así también nos matan. Por qué esto no es forestación , si no des forestación , por qué esto no es trabajo. Es esclavitud eso no es vida. Es muerte

Hoy alzamos la voz unidas y en ponderadas y decimos vasta ya

Escrito por Flor iveth Contreras Ulloa

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Ante la violencia producida por armas de fuego, organizaciones y academia lanzan campaña: #PazSinArmas

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Compartimos este comunicado de diversas organizaciones, colectivos y movimientos en México- A 12 de octubre del 2021

Ciudad de México, a 12 de octubre de 2021. La campaña #PazSinArmas es producto de la suma de esfuerzos de más de 20 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y otros actores sociales, que buscamos mitigar los efectos negativos que ha producido la creciente violencia armada en el país. Nos hemos unido para exigir que existan controles efectivos de armas, que eviten su entrada ilegal, principalmente de Estados Unidos a México; además, que se refuercen los mecanismos de auditoría para conocer el uso y destino de las armas adquiridas de forma legal entre
las instituciones de seguridad. A la par que se garanticen los controles de confianza y seguimiento efectivo de los elementos que las portan. Asimismo, abogamos por que los controles incluyan la investigación y sanción ejemplar a unidades específicas o elementos con historiales impunes de violaciones graves de derechos humanos o colusión con el crimen organizado.

La violencia armada se ha incrementado drásticamente en México durante los últimos años, afectando a toda la población. Si bien este tipo de violencia responde a múltiples factores, la cercanía con los Estados Unidos siendo el mayor productor y consumidor de armas de fuego del mundo, así como la decisión de militarizar la seguridad pública, adicionada con la opacidad con la que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) actúa en cuanto a su papel en el manejo, distribución y control de armas de fuego, juegan una papel fundamental en el actual contexto de violencia.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, y de acuerdo con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de EUA, casi todas las armas recuperadas en las escenas del crimen en México —entre 70% y 90% de ellas— fueron traficadas desde Estados Unidos. En este sentido, es importante resaltar que la búsqueda de paz demanda reforzar el control de armas de fuego entre ambos países: tanto de aquellas armas traficadas ilegalmente al país y que se ven involucradas en un gran número de eventos catastróficos perpetrados con armas de fuego utilizadas por miembros del crimen organizado y por parte de personas civiles que no forman parte de organizaciones criminales. Así como de aquellas que entran legalmente y terminan en manos de autoridades que hacen mal uso de estas, perpetrando graves violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con la información obtenida por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Stop US Arms to Mexico y el Centro de Estudios Ecuménicos, la SEDENA se declaró como el usuario final en más de 147 mil armas de fuego importadas de Estados Unidos entre 2008 y 2019, cuando estas en realidad estaban destinadas para uso policial. Dejando así una brecha en la información respecto del usuario final de esas armas y su utilidad. Aunado a ello se debe considerar la adquisición de armas por particulares, que carecen de registro y que ya han sido documentadas en otros estudios.

Del mismo modo resulta nos es pertinente resaltar el impacto diferenciado de las armas de fuego en las dinámicas de violencia. Las organizaciones Intersecta y Data Cívica han identificado que, desde el año 2007, los homicidios de mujeres con armas de fuego han incrementado, así como su ocurrencia en la vía pública.

Ante este contexto, las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación y hacemos un llamado urgente a la construcción de la #PazSinArmas. El uso de armas de fuego sin controles facilita la ocurrencia de violaciones de derechos humanos, actos de tortura, ejecuciones, desapariciones forzadas, lesiones en personas, robos, extorsiones y violencia de género; además de forzar a poblaciones enteras a desplazarse o migrar para huir de la violencia.

Por ello, exhortamos a las autoridades a:

  • Iniciar las investigaciones para determinar la responsabilidad administrativa y penal de las y los servidores públicos implicados en actos contrarios a derecho, particularmente aquellos que tienen relación con el uso de las armas de fuego.
  • Establecer un sistema de seguimiento adecuado para las importaciones legales de armas a México, el cual incluya información que transparente los registros, controles y rastreo de los usos finales de las armas, incluyendo todas las unidades de posibles usuarios finales, no solo las unidades centrales de distribución.
  • Garantizar el diálogo permanente entre representantes de sociedad civil, la SEDENA, SEMAR, Secretaría de la Función Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y otras dependencias federales y locales sobre el flujo y control de armas. En este sentido, se exhorta a las autoridades a comprometerse, participar y dar seguimiento puntual a los espacios de diálogo y trabajo con la sociedad civil.
  • Diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas y el marco normativo para el control de armas y municiones conforme a la evidencia y con participación de la sociedad civil; sustentados en metodologías para recabar y sistematizar información con indicadores interseccionales de un amplio espectro de la violencia armada, con el fin de identificar el impacto específico en diferentes poblaciones y diseñar mejores políticas de prevención y de atención a víctimas.
  • Actualizar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente desde hace casi 50 años (1972), así como sus normas secundarias. En esta reforma el Legislativo deberá incluir, entre otras cosas, la transparencia en la información sobre armas y municiones. El gobierno debe socializar la propuesta de la nueva Ley de Armas y Municiones y normas reglamentarias a la ciudadanía, para garantizar que la sociedad civil tenga plena incidencia en la formulación y revisión de dicha normatividad.
  • Garantizar que la SEDENA identifique y declare los usuarios finales verdaderos a las empresas exportadoras y a las autoridades de sus países respectivos, en los certificados emitidos antes de expedir una licencia y el envío de las armas.
  • Formular medidas que tengan mayor efectividad en la búsqueda y recuperación de armas que han ingresado de manera ilegal al país, así como el establecimiento de mayores controles en materia, haciendo énfasis particular, en la frontera norte.
  • Las dependencias del gobierno federal, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, deberían recopilar informacion tanto de victimas como de perpetradores, asi como difundir proactivamente datos de impactos de armas de fuego, desagregados por categorías sospechosas e interseccionalidad; por ejemplo y no limitado a sexo, identidad de género, edad, etnia, orientación sexual, estatus migratorio y discapacidad.

Es innegable que parte de las armas adquiridas que han sido adquiridas por el estado mexicano, en conjunto con las que tienen actores criminales están cobrando vidas, en un contexto en el que parece ser que el único marco de regulación existente es la violencia armada.

La situación requiere la participación inmediata de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. que exista una política centrada en la reparación y asistencia a las víctimas y familias afectadas. En este sentido, recordamos al Estado mexicano que tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar los actos que pongan en riesgo la vida, salud (física y mental), integridad, seguridad y libertad de las personas, así como ofrecer elementos suficientes que permitan la construcción de la #PazSinArmas y garantizar los derechos de las víctimas.

Contacto de prensa: Eva Avilés Gómez (Comunicación, Prensa & Medios Sociales, CMDPDH)
comunicacion1@cmdpdh.org

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La reforma energética de la 4T perpetúa el modelo extractivo

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 13 de octubre del 2021

El 1º de octubre del 2021 el Ejecutivo Federal presentó, ante la Cámara de Diputados, una Iniciativa de Reforma Constitucional a los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución. Esta iniciativa de reforma del sector energético contempla, entre otras cosas, “integrar al litio, y los demás minerales estratégicos, como área estratégica del estado… además, como una condición necesaria para que la Transición Energética fortalezca la soberanía de la Nación, se incluye a las industrias que forman parte de esta como área prioritaria, a condición de que se trate de empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales”.

La propuesta pretende la creación de una figura controlada por el Estado mexicano para la extracción del litio, en consecuencia, inhibe la entrega de nuevas concesiones para explorar y explotar el litio a las mineras privadas que las soliciten, aunque también precisa que se respetarán las concesiones otorgadas previamente.

Hasta la fecha en México existen 31 concesiones de litio vigentes por una superficie total de 94 mil ha. que están en manos de empresas privadas y de las cuales algunos proyectos ya se encuentran en fases iniciales y avanzadas. El de mayor relevancia y avance es el de Sonora Lithium, impulsado inicialmente por la empresa británica Bacanora Minerals Ltd., la cual acaba de ser adquirida al 100% por la empresa china Ganfeng, quien ya controla actualmente la mitad de la producción de litio a nivel mundial. Vienen luego las concesiones vigentes de la empresa Organimax Nutient Corp, que cedió luego sus derechos de concesión a la empresa canadiense Advance Gold para proyectos de litio en una decena de salares entre San Luis Potosí y Zacatecas.

Existen otras 14 concesiones vigentes para litio relacionadas con empresas como Radius Gold Inc. (proyecto La unión 1 y 2 en Chihuahua), Pan American lithium Corp. En Mexicali, Zenith Minerals Ltd en San Luis Potosí e Infinite Lithium Corp. en Sonora, pero esas empresas y proyectos no tienen por ahora ningún avance. También existen otras 17 concesiones para litio que se encuentran en fase de trámite por una superficie total de 527 mil ha. Si consideramos lo que se plantea en la iniciativa de ley, significa que el 84% de la superficie de concesiones asociadas con la extracción del litio actualmente están en proceso y es previsible pensar que serán las concesiones que no formarán parte de la propuesta de reforma energética. En otras palabras, las áreas de litio que le quedarían al estado, serían de acuerdo a la información disponible, áreas marginales en comparación con las que ya han sido entregadas.

El presidente López Obrador ha justificado esta propuesta utilizando el mismo discurso nacionalista y populista de siempre, como algo que permitirá “dejarles a todos los mexicanos recursos para el desarrollo” aclarando que “Tomamos la decisión de remontar esta situación para fortalecer la economía popular” o que “sin ese mineral en manos de la nación, no podríamos desarrollarnos, y cierra afirmando que; “esto tiene que ver con las nuevas generaciones».

Al respecto poco nos dice o explica sobre cómo resolverá que, en este posible retorno a la rectoría del estado en el bien natural llamado litio, se manifieste la ineficiencia del estado tal cual sucedió con todas las paraestatales que formó el nacionalismo del PRI y luego desapareció el neoliberalismo del PRI. Esa ineficiencia trastoca cargos mayores como la nula credibilidad de un otrora traidor a la patria, pero ahora justiciero social llamado Manuel Bartlett.

Las declaraciones que alientan la arenga política para ganar espacios de opinión antes de que se discuta, modifique y apruebe la iniciativa de ley, son declaraciones que nuevamente nos muestran las contradicciones, ignorancia y visión errónea y patriarcal que tienen el presidente para el “desarrollo” de las y los mexicanos. Parte de sus muchos errores es que se le olvida ser un representante y no una autoridad del pueblo de México, por lo tanto, hablar y pensar a nombre de los pueblos, y poner como punto de fuerza lo que, según él es bueno para que “se desarrollen”, usando como palanca el apostar a la promoción de las actividades extractivistas y a la implementación de megaproyectos como propuestas de desarrollo. Muestras de ello están plenamente documentadas en otras expresiones similares como es el caso del desarrollo pensado desde él para los pueblos del sureste que tendrán que lidiar con el Tren Maya y el Corredor Transístmico.

A REMA nos preocupa que estás iniciativas sean acéfalas y tomen distancia de quienes conocen cómo ha operado el modelo extractivo minero en este país, o a lo largo del continente y del mundo, porque de facto volvemos a caer en la retórica de cuando el estado era el rector de la economía, pero por sus ineficiencias nos dijeron debíamos entregárselas a los privados y ahora que se les ubica como verdaderos insaciables y saqueadores de la vida, debemos retornar a la protección del estado. Las dos visiones se pelean entre la eficiencia y la ineficiencia, entre el despojo y la repartición de las ganancias, pero ambas en esencia harán lo mismo; le darán continuidad al modelo extractivo depredador que está deteriorando el planeta.

Hablar de fortalecer la “economía popular” apostándole a actividades extractivas también es contradicción absurda, ya que justamente dicho modelo extractivo es uno de los principales factores que destruye e impide el mantenimiento de las actividades económicas populares, rompiendo por completos con los modos de vida tradicionales y los procesos de soberanía alimentaria de los pueblos.

También lo es apostar a este modelo extractivo a nombre de “las nuevas generaciones”, porque en realidad si no paramos el modelo extractivo el presente y futuro de las nuevas generaciones será la continuidad de ser explotadas, despojadas, de enfermarse y/o de huir lejos de los territorios donde han vivido sus generaciones anteriores, rompiendo por completo con sus modos de vida, sus identidades y sus lazos familiares para establecer, tal cual la colonia, una nueva construcción de identidades articuladas al capitalismo y el consumo sustentado en un modelo económico que nadie quiere mover un centímetro, a pesar de ser la casual de lo que hoy enfrentamos de forma masiva.

Reiteramos que tratar de romper con el acaparamiento y la explotación de bienes naturales y estratégicos por parte de empresas privadas es algo necesario e importante. Sin embargo, el hecho de que una mina sea explotada por “empresas de capital nacional públicas, privadas y sociales” no cambia nada en absoluto en términos de los procesos de despojo y los impactos que generan dichos proyectos en los territorios. La larga y turbia historia de PEMEX para la explotación de hidrocarburos, o de la CFE para la implementación de grandes hidroeléctricas o centrales térmicas, como es actualmente el caso con el Proyecto Integral Morelos (PIM), por citar uno dentro de tantos, nos muestran que el patrón de actuación de las empresas privadas o de las paraestatales, inician a partir de la imposición de proyectos, de promover el despojo y de generar la división social usando como herramienta básica la criminalización de quienes se oponen o nos oponemos a este tipo de “desarrollo”. Si el modelo extractivo se perpetua de verdad no importa si privados o el estado o hasta cooperativas comunitarias son quienes sacan los minerales, como tampoco importa si hablamos de minerales tradicionales o los nuevos minerales del futuro como el litio. Todo es una farsa nacionalista, política, económica y ambiental.

Cabe destacar también que el objetivo de reemplazo progresivo del parque vehicular tradicional por coches eléctricos, que justifican ahora esos proyectos de “minería verde” en el contexto de transición energética, implica mucho más minerales que solamente el uso del litio. El litio representa una parte mínima de los minerales necesarios para construir un coche eléctrico (6% del volumen de minerales estimado para los coches eléctricos), lo que implica el uso de cantidades gigantescas de cobre (26% de la demanda total), grafito (33%) o níquel (25%), entre muchos otros metales menos abundantes en el planeta. En promedio se estima que un coche eléctrico requiere seis veces más minerales que los coches convencionales, con lo cual podemos darnos una idea del fomento tan drástico que tendremos del extractivismo minero bajo la falsa premisa de “salvar el planeta” a través de la transición energética. A eso hay que agregarle cantidades aún más abrumantes de cobre y aluminio que son necesarias para construir las nuevas redes eléctricas para los puntos de carga de dichos coches y conectar las nuevas centrales renovables previstas con las zonas de consumo.

En el caso del cobre, la Energy Information Administration (EIA) estima en casi 19 millones de toneladas la cantidad de cobre que será necesaria de aquí al 2040 a nivel mundial para satisfacer la demanda de las redes eléctricas (representa 10 veces la cantidad de cobre necesaria estimada para construir los coches eléctricos). Pero al parecer ello no debería preocuparnos como mexicanos ya que, para entregar el bien natural cobre al mercado, contamos con la limpia, maravillosa, ambientalmente justa y responsable empresa conocida como Grupo México, esa que podemos presumir en el mundo como una buena “empresa de capital nacional”, que nos ayudará a resolver el tan ansiado “desarrollo de los pueblos”, la “economía popular” y “el futuro de las nuevas generaciones”. Da vergüenza el bajísimo nivel de análisis político, técnico, tecnológico, ambiental y social que se plantea tanto por los acompañantes de la iniciativa, incluyendo a su gestor, como por los detractores de la misma que apuntan a sostener la continuidad de sus negocios.

Por otra parte, si agregamos otro componente de análisis, pretender que esta reforma energética garantiza la soberanía energética y económica de México o que “la regulación del litio hará crecer la economía mexicana pues le brindará oportunidad a la industria automotriz para exportar bienes manufacturados por medio del T-MEC” es otra cosa absurda. Casi el 80% de la electricidad que se genera en México se produce consumiendo hidrocarburos que provienen en buena medida del gas extraído mediante la técnica de fracking en los EEUU y que México debe importarlo como fuente energética para cubrir sus procesos industriales y domésticos.

Tampoco es cierto que, si la CFE sea la encargada de la operación y generación de la electricidad a nivel nacional implica que seremos soberanos ya que seguimos y seguiremos dependiendo de las importaciones que requerimos desde los EEUU, lo cual está sujeto a las condiciones existentes en el tratado de libre comercio firmado con el gobierno estadounidense y en el cual ya participó esta presidencia de México. Importamos gas para generar electricidad, que termina en gran medida consumiendo la industria (60% del consumo eléctrico nacional) dentro de las cuales destacan las empresas mineras (la actividad minera consume lo mismo que un tercio de la población mexicana) y el sector maquilador, que se han instalado aquí por la mano de obra barata y las pocas restricciones ambientales. Dichas industrias, como lo es por ejemplo la industria maquiladora del sector automotriz, no aportan “desarrollo” o trabajo digno y emancipador a la población mexicana, sino todo lo contrario: busca explotar y despojar cuerpos, recursos y territorios. Tampoco hacen crecer la economía mexicana, producen bienes que no benefician al desarrollo del país, y apuntalan los bienes de consumo que se exportan a otros países, principalmente hacia EEUU. La dependencia de México y su subordinación a los EEUU y otros mercados del norte global es un tema complejo y entramado por medio de múltiples acuerdos de libre comercio, que no se solucionan con esta propuesta de reforma energética. Eso lo sabe el gobierno de México, pero esconde la información para meterla al análisis de la transición energética y en consecuencia nos miente.

Abiertamente manifestamos que, el hecho de ser críticos y mostrar de manera breve las contradicciones de la iniciativa de ley del actual gobierno, no nos vuelve para nada afines con los discursos neoliberales de las saqueadoras empresas energéticas privadas, así como tampoco nos mete en la lista de sus aliados ambientalistas encabezados por grandes Ongs que andan muy activas refrendado un discursos de la transición, sin nada de elementos que garanticen sus afirmaciones sobre la apuesta las energías renovables, con el argumento de la emergencia climática. Esta emergencia es real, pero desde nuestro posicionamiento, el desarrollo de esos megaproyectos “renovables” es parte del mismo modelo que criticamos y combatimos. Los intereses de las empresas que los promueven son los mismos que los de las empresas mineras que promueven proyectos de “minería verde”: aumentar y diversificar sus ganancias usando la estrategia emocional de la “emergencia” (climática, sanitaria y económica) para imponer sus proyectos, es manipulación. Este patrón de imposición, los impactos que generan en los territorios, y los sectores que abastecen, nos muestran claramente que dichos proyectos eólicos, solares, hidroeléctricos o mineros no tienen nada de “limpio”, “verde “sustentable” o de “utilidad púbica” ni de desarrollo nacional ni futurista para las nuevas generaciones. La Transición Energética Corporativa es una transición de mercado que permite a los actores responsables, en grandes medidas, de la crisis ambiental actual, de mantenerse a flote y de posicionarse cínicamente ahora como los “salvadores del planeta”. No representa ningún cambio de modelo, repite las mismas estructuras de dominación coloniales y de acumulación de capital (creando también nuevas, que algunas personas nombran ahora “acumulación por descarbonización”).

Los pueblos, y los otros seres vivos que habitan nuestra tierra, no necesitamos que “nos salven” o “nos desarrollen”. Necesitamos que dejen de imponernos sus falsas soluciones y modelos de vida hegemónicos y explotadores. Que respeten nuestro derecho a la autodeterminación para decidir lo que queremos para nuestros territorios, nuestras vidas y generaciones futuras. El derecho a no seguir siendo “sacrificadas/os” a nombre de un supuesto desarrollo en el que no cabemos. El derecho a apostar en soluciones colectivas y alternativas a este modelo impuesto, que iremos construyendo desde y para los pueblos.


TERRITORIOS LIBRE DE MINERÍA Y DE FALSOS PROYECTOS VERDES

Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: José Yuste

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Ecuador: Justicia ordena que empresa petrolera apague mecheros y pare de contaminar

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Ecuador: Justicia ordena que empresa petrolera apague mecheros y pare de contaminar

Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real RMR sobre la lucha por la vida en Ecuador- A 6 de octubre del 2021

Nuevo triunfo de UDAPT en la defensa de la Amazonia ecuatoriana, a pesar de la presión de empresas transnacionales.

Quienes viven en la localidad “Virgen del Carmen” del Cantón “Joya de los Sachas”, en la provincia ecuatoriana Francisco de Orellana, celebraron a mediados de septiembre que un juez de primera instancia de la Unidad Judicial Multicompetente Penal falló a favor de la acción de protección que solicitaron contra la Empresa ENAP- SIPETROL.

>>Escucha la entrevista aquí<<

ENAP es responsable de la administración y explotación del campo petrolero Mauro Dávalos Cordero desde el año 2004 y fue denunciada el 16 de agosto por habitantes del cantón ante diversas acciones contaminantes provocadas por los generadores de electricidad -que emiten una fuerte contaminación acústica-, dos mecheros que son utilizados para la quema de gas – que provocan lluvias ácidas y contaminan los cursos de agua-, residuos tapados con tierra, y otros impactos socioambientales que afectan a las personas que viven en el sector y a la flora y fauna endémica.

El juez reconoció que las operaciones de la petrolera vulneran los derechos a un ambiente sano, al buen vivir, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la salud y la empresa deberá frenar sus actividades.

«El juez dispuso a la empresa que, en un término de 18 meses, elimine todos los mecheros, todo el ruido, toda esa agresividad de la empresa hacia la comunidad. Y reconoció que la empresa, con sus operaciones y la complicidad del estado ecuatoriano, vulnera el derecho a la salud, al ambiente, a la alimentación sana, al acceso al agua, a la vida en paz y tranquilidad», dijo el abogado Pablo Fajardo a Radio Mundo Real en la entrevista que acompaña esta nota.

Fajardo integra la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) que patrocinó a las personas que denunciaron a la empresa y explicó cómo fue el proceso judicial. Este año, además, la UDAPT se unió a Amigos de la Tierra y representa a la federación en Ecuador.

Se espera que ENAP apele el fallo y por eso habrá que estar alertas para apoyar a “Joya de los Sachas”.

El resultado judicial de primera instancia «es un gran paso que dimos como UDAPT y como colectivos que protegemos la Amazonía», dijo el abogado ambientalista. «La empresa dice que hace lo que le corresponde como parte de invertir en el país, pero no tiene en cuenta que sus derechos terminan donde empiezan los de los campesinos. Las consecuencias de sus acciones están pasando los límites: no están siendo responsables con los derechos de las personas ni de las naturaleza», continuó.

Pero, sobre todo, Fajardo remarcó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en dejar avanzar los impactos contaminantes. En el juicio «estaba todo el Estado haciendo presión para que el juez no se atreviera a fallar contra la empresa; al Estado no le importa garantizar los derechos de la gente: le importa garantizar la ‘seguridad jurídica’ a las empresas. Es una cuestión gravísima, que nos preocupa cada vez más».(CC) 2021 Radio Mundo Real

Imagen: texaco-mecheros-planv – RMR

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