Compartimos esta nota de La Jornada sobre el hostigamiento a defensores de la vida en Mazapil, Zacatecas que lucha contra un proyecto minero – A 1 de diciembre del 2021
De la Rosa Dávila está citado para el próximo 3 de diciembre por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning
El grupo de personas que lo apoya afirma que también seguirá luchando por la liberación de las tierras que la empresa se ha apropiado de forma ilegítima
Las comunidades afectadas son Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas pertenecientes al municipio referido
Por: ALEJANDRA FÉLIX •
Dado que el defensor de Salaverna, comunidad perteneciente al municipio de Mazapil, Zacatecas, Roberto de la Rosa Dávila, ha sido citado el próximo 3 de diciembre por un juez penal por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning (propiedad de Carlos Slim), un grupo de personas que luchan por la misma causa, encabezado por el diputado José Luis Figueroa, declararon que no dejarán solo al activista y seguirán luchando por que se liberen las tierras de las localidades afectadas. – Publicidad –
Los habitantes de las comunidades Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas del municipio de Mazapil, tienen ya varios años luchando en contra del despojo de sus tierras que fue perpetrado de manera ilegal por la empresa de Slim, pues no se adquirieron las 3 mil 584 hectáreas de forma legítima, además de que se están adueñando de un total de 4 mil 650 hectáreas, mil 66 más de lo que tenían originalmente.
Roberto de la Rosa Dávila argumentó que los terrenos donde estaban establecidas estas localidades eran terrenos nacionales y, por lo tanto, no deberían haber pasado a manos de Slim a menos que dejaran de serlo, cosa que jamás sucedió. Ante esto, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que habría fallado a favor de los habitantes de las comunidades, pero el fallo cambió a favor de Slim el 30 de julio de 2018, donde, además, se le otorga el derecho de preferencia de adquirir el título de las tierras, cosa que la empresa minera no había solicitado en primer lugar.
Compartimos esta nota de La Jornada sobre la industria del monocultivo de palma de aceite en Chiapas – A 4 de diciembre del 2021
Jóvenes indígenas de diversas comunidades del municipio Benemérito de las Américas, Chiapas, exigió a las autoridades locales y federales que ordenen el cierre de las fábricas de aceite de palma africana ubicadas en la zona, debido a los daños ecológicos que genera la producción de dicho compuesto.
En una carta dirigida a varias instancias de gobierno, aseguraron que tanto las personas como el entorno natural de la región están siendo afectados “por las emisiones líquidas, sólidas y gaseosas de las plantas extractoras de aceite de palma”.
Uno de los daños provocados por dicha actividad industrial, señalaron los habitantes de pueblos como Benemérito, San José, La Unión, Arroyo las Delicias y Quiringuicharo, es la contaminación que generan los residuos de la planta en los mantos acuíferos que se utilizan para el riego de sembradíos y la bebida de los animales.
También aseguraron que la presencia de la mencionada especie “ha provocado la infertilidad de la tierra, por lo que si una persona quisiera cambiar la palma por plantar arroz, maíz o frijol, sería muy difícil, porque el suelo ya está muy desgastado por la palma africana, que utiliza grandes cantidades de agua y cuyas raíces son difíciles de desterrar”. Un efecto más de esas emisiones industriales es la pérdida de la calidad y el sabor del pasto que come el hato ganadero, así como afectaciones a la salud de las personas que consumen su carne, como fuertes dolores de cabeza, náuseas y mareos.
Los inconformes exigieron que la información de las actividades de las plantas extractoras “sea compartida con el resto de la población” para saber si cumplieron o no con la Manifestación de Impacto Ambiental y si informaron a la población sobre las consecuencias que podían tener sus labores.
De igual forma, exigieron el cierre inmediato de las fábricas y la reparación del ecosistema, así como atención médica para la población afectada y el cese inmediato de la deforestación causada por esta industria.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 2 de diciembre 2021
El viernes 27 de noviembre las comunidades de San Pedro Mártir y San Pedro Apóstol, pueblos ubicados en el Valle de Ocotlán, Oaxaca, a través de sus autoridades se han posicionado ante el tema de “Consulta” que ha comenzado a organizar la SEMARNAT. Dicha consulta sería en torno a la ampliación de la mina San José de la empresa minera canadiense Fortuna Silver Mines por 10 años más, proyecto que fue impuesto en 2009 a través de la represión y la violencia.
Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), respaldamos totalmente y apoyamos el posicionamiento que tienen las comunidades y volvemos a decir NO A LAS CONSULTAS, A LAS REGLAMENTADAS Y A AQUELLAS HECHAS A MODO, ya que, como se puede leer en nuestro posicionamiento1, las consultas “son utilizadas claramente como una nueva herramienta política pintada como democracia, aunque en realidad profundiza y legitima las acciones de despojo y de desplazamiento forzado, las cuales son consecuencia de la imposición de megaproyectos relacionados al Modelo Extractivo”. En efecto, nos piden llegar a un acuerdo sobre la violación de nuestros derechos a través de los megaproyectos diseñados ya en un contexto de gran asimetría, pues hay fuertes intereses políticos y económicos tras ellos.
De manera paralela a las demandas realizadas por la comunidades, existe una presión asfixiante por parte del poderoso lobby minero – en este caso de la empresa minera Fortuna Silver Mines – que se ha encargado de someter a la SEMARNAT y ante esta presión, después de haber negado la licencia ambiental a su proyecto de ampliación(https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgiraDocs/documentos/oax/resolutivos/202 0/20OA2020M0039.pdf), la Secretaría decide abrir un proceso de consulta que ahora pretende, ante la opinión pública vender como un ejercicio democrático y legítimo.
Las pruebas y testimonios sobre el impacto ambiental, social y cultural están, existen y son claras. En el Expediente Administrativo No. PFPA/262/2C.27.1/0031-18 INSP. INDUSTRIAL, obran elementos que comprueban el impacto del derrame ocurrido el 8 de octubre de 2018, día en que la presa de jales secos de la filial de Fortuna Silver Mines, Minera Cuzcatlán, se rompió, derramando 1 millón 516 mil litros de desechos al Río El Coyote; sus silos que contiene rocas molidas hasta el polvo son una fuente constante de contaminación a la atmósfera, como comprobó la SEMARNAT cuando en el año 2019 impuso una multa por esta acción a la empresa.
Todo esto ha ocurrido gracias a las condiciones que genera un sistema económico y político injusto como lo es el capitalista, un modelo de enriquecimiento sustentado en la extracción masiva y colonialista, al amparo de un marco jurídico claramente neoliberal que continúa (a pesar de los pronunciamientos de la 4T de que el neoliberalismo ha terminado); y que beneficia al capital privado de las empresas extranjeras. No podemos confiar en que un mecanismo gestado por los mismos actores que permiten el despojo esté ciertamente encaminado a garantizar el respeto de nuestros derechos y nuestras decisiones.
No obstante, lo anterior, esta imposición no es ejercida sólo por la SEMARNAT. En este evento de supuesta libertad se encuentran inmiscuidas instituciones de gobierno como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria y el propio gobierno del estado de Oaxaca, que intentan operar, utilizar y mangonear a los pueblos. Y aunque este último, no tiene ningún instrumento ni legal ni administrativo en el asunto minero, sí se convierte en un actor político que opera para las empresas trasnacionales, en este caso para Fortuna Silver Mines y su filial Minera Cuzcatlán.
En este tenor, el INPI plantea toda una serie de argumentos engañosos y trata de vender la consulta como un derecho primordial y como la única vía de defensa de los pueblos ante un megaproyecto por decir poco, devastador. Queremos decir que esta posición manipuladora niega los derechos que los pueblos tienen en sus manos y que se ejerce a través de la propia gobernanza local. Primero, deben respetar las decisiones que toman los pueblos y sus visiones para las futuras generaciones.
Rechazamos que quienes encarnan estas instituciones, intenten ponerle la soga al cuello a sus hermanos y hermanas zapotecas de Valles Centrales de Oaxaca. Reprobamos su intención de vender un instrumento de legitimación del despojo como un derecho. Recordamos que con estos mismos argumentos la Secretaría de Asuntos Indígenas fue la artífice de la entrega del Istmo de Tehuantepec a las empresas extranjeras en el sexenio de Gabino Cué, también bajo un contexto similar se consumaron el proyecto minero San José y los asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez en San José del Progreso, asesinatos que siguen en la impunidad.
El Estado a través de sus instituciones como la SEMARNAT y el INPI, no reconocen, menos respetan el deber ser de los derechos de los pueblos que se sustentan en la libre determinación, la autonomía y la autogestión de su territorio, de sus bienes naturales y de sus estructuras de gobernanza.
Desde la REMA exigimos a la SEMARNAT detenga ese mecanismo de despojo, que es la consulta que intenta imponer en Valles Centrales de Ocotlán para legitimar un proyecto que, desde su evaluación, esta misma institución había rechazado.
Responsabilizamos a la SEMARNAT, al INPI y a la empresa Fortuna Silver Mines de cualquier brote de violencia que se pueda generar en la zona por la imposición de este mecanismo de despojo.
Diciembre 2, 2021
ALTO A LOS MECANISMOS DE DESPOJO RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS
Compartimos comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la defensa de uno de los pocos pulmones en la Ciudad de México – A 30 de noviembre 2021
Hace unas semanas las autoridades agrarias de la comunidad originaria de San Miguel Topilejo, Alcaldía de Tlalpan en la Ciudad de México, junto con varios brigadistas cuando realizaban un recorrido de supervisión y vigilancia por el paraje “Tepeyehual” que corresponde al territorio comunal de ellos mismos, fueron sorprendidos y atacados a balazos por los talamontes que se encuentran saqueando el bosque de uno de los pulmones forestales más importante de la CDMX. Lamentablemente ello no ha sido un hecho aislado, pues esta problemática de saqueo lleva ya varios años, a pesar de que la comunidad ha realizado diversas denuncias desde por lo menos el 2018, ante diferentes instancias federales y de la CDMX, quienes sólo han atendido de forma tenue y pávida esta creciente y cada vez más grave problemática que dista mucho de los grandes discursos de protección de la naturaleza que la titular de medio ambiente fue a expresar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26). No hay nada de cercanía entre el discurso y la realidad en un país lleno de sombras para los defensores ambientales.
Según el estudio de doctorado que lleva por nombre “Brigadas Comunitarias para la Conservación y Gestión de los Recursos Forestales en San Miguel Topilejo, Tlalpan Ciudad de México” (*), de las 10,000 Has de propiedad comunal, 6,000 Has pertenecen a Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica (ACCE) y Reserva Ecológica Comunitaria (REC) que han sido destinadas a la preservación, protección y restauración de la biodiversidad sin manejo forestal, por estar dentro del área de veda forestal de la CDMX. Sin embargo, como lo dice el mismo estudio la principal causa que deteriora el bosque de esta comunidad es la tala clandestina (82%). Los datos son contundentes respecto a la tala ilegal: “en México se estima que el 70% del mercado nacional de madera tiene procedencia ilegal”, y en ese contexto, a tres años de este gobierno autodenominado trasformador, se le agota el tiempo y se va haciendo añejo el discurso de echarle la culpa a los gobernantes neoliberales que le antecedieron. La tala ilegal es un acto de falta de procuración de justicia, de total impunidad y de la colosal descomposición de las instituciones que saben que ello ocurre y ni antes ni ahora hacen nada para resolverlo.
En la Alcaldía de Tlalpan, la cual es la segunda con mayor superficie de suelo de conservación en la CDMX, sólo después de Milpa Alta, la política de conservación y gestión de los bosques son operados a través de un programa de brigadistas encargados de vigilar, controlar y combatir incendios forestales, así como saneamiento del bosque y reforestación. Sin embargo, en los Bienes Comunales de San Miguel Topilejo, el saqueo está llegado también a niveles alarmantes de violencia, ya que tanto los brigadistas como las autoridades agrarias han sido amenazados de muerte por grupos delincuenciales y últimamente, como sucedió el 4 de noviembre, ya les dispararon a matar (https://desinformemonos.org/denuncian-atentado-contra-defensores-del-bosque-de-san-miguel-topilejo/). Pareciera que el gobierno de la ciudad y el gobierno federal esperan a que una gran desgracia ocurra para hacer una rueda de prensa y avisar que ahora si llegará la seudopoderosa Guardia Nacional, esa misma que ahí en Topilejo literalmente no ha servido para nada
Las autoridades de Topilejo han interpuesto más de 40 denuncias ante diferentes instancias de gobierno como Profepa, DGIVA, Semarnat, Sedema, Conafor, CNDH, Gobierno de la CDMX (Claudia Sheinbaum), Alcaldía de Tlalpan, CORENA, Gobierno Federal (Andrés Manuel López Obrador), quienes eventualmente han mandado a grupos, en algunas ocasiones con Seguridad Ciudadana y la Guardia Nacional para hacer recorridos, pero sin ningún plan o protocolo o concurrencia efectiva. De hecho, no ha habido ningún detenido a pesar de que a algunos funcionarios incluyendo a la guardia nacional sí les han tocado enfrentamientos. La Guardia Nacional y el Ejército se agazapan con la población de Topilejo bajo el argumento de que no tienen “órdenes” para actuar, que la orden suprema es “abrazos y no balazos” y, literalmente se han puesto por detrás de los comuneros y brigadistas cuando ha habido confrontaciones.
Esta situación no es de ahora, “En octubre de 2018 se realizó una reunión en San Miguel Topilejo a la que acudieron representantes de ejidos y comunidades de las alcaldías que cuentan con Suelo de Conservación dentro de sus territorios. En dicho evento se denunció que a pesar de haber atrapado y asegurado a talamontes y teniendo evidencia de sus delitos, las autoridades no procedieron penalmente contra ellos, dejándolos en libertad”. (*) Esta falta de acción pero sobre todo de solapamiento del crimen por parte de las autoridades responsables del ambiente y de la seguridad ciudadana cada vez genera más y más descontento, porque la vulnerabilidad, el riesgo y el miedo se incrementa entre las autoridades comunitarias y los brigadistas, quienes están dispuestos a exponer hasta su vida por defender el bosque, porque tanto el gobierno de la ciudad como el federal continúan gobernado con discursos que son igual a los que realizaban sus antecesores.
El 6 de octubre las autoridades agrarias de Topilejo se presentaron ante la Semarnat en donde recibieron una nueva promesa para atender el problema. Fue la misma titular la Lic. María Luisa Albores quien nombró a Javier Lara como comisionado especial para atender el caso, prometiendo que aplicarían una “estrategia que ha funcionado en otros lados” (sic). Se agendó una reunión de continuidad y la dependencia solicitó a los comuneros toda la información del caso, misma que les fue enviada inmediatamente. No obstante, la Semarnat nunca les mencionó en qué consistía la tan efectiva estrategia, ni tampoco volvieron a saber nada de ellos, aunque vale la pena resaltar que, al margen de la ignominia de la respuesta y continuidad del trabajo, al día siguiente de la primera reunión de las autoridades de Topilejo con la Semarnat la propia secretaria titular la Lic. María Luisa Albores, pronta envió a las redes su twitter mostrando fotos del encuentro y diciendo que se había reunido con las organizaciones para resolver sus problemas, tal cual de estéril a su otrora discurso realizado en la COP26 mostrando al mundo el respeto y reconocimiento que dice tener para el resguardo que hacen los pueblos de la naturaleza. La vida real pone a cada cual en su lugar.
No es la primera vez que mencionamos que la Semarnat ha estado llevando a cabo una política dual entre el cuidado y la destrucción de la naturaleza, igual hace promoviendo en viles actos de simulación la participación de los pueblos bajo la falsa argumentación de los derechos de consulta, a la vez que también reparte a sus funcionarios en aquellos sitios en donde la población alza la voz, para mostrar que está pendiente de los procesos, cuando en realidad gana tiempo y administra los conflictos, mientras la destrucción de la naturaleza avanza y el asesinato y criminalización de las y los defensores de la naturaleza se incrementa. En el tema ambiental el señor López Obrador tiene razón: la 4T no es igual a la de sus antecesoras, porque las cifras muestran más asesinatos de defensores que nunca.
Es ofensivo ver el contenido de las páginas web de todas estas instituciones con grandes acciones en defensa de la naturaleza, líneas de atención ciudadana y hasta teléfonos para la presentación de denuncias. Todas promueven programas, leyes y piden y exigen a las comunidades corresponsabilidad para proteger los bosques, sin embargo, cuando comunidades, como San Miguel Topilejo, asumen, no de ahorita ni por mandato sino históricamente, el compromiso de proteger, conservar y restaurar los bosques, y estas le piden apoyo al gobierno para detener el saqueo, en el mejor de los casos, les toman nota para establecer un ofensivo “seguimos pendientes de su caso”.
Desde la REMA, condenamos enérgicamente la soberbia y endeble o nula respuesta de las autoridades federales, de la CDMX y de la Alcaldía de Tlalpan, quienes lo único que hacen con su inacción es fortalecer la continuidad de la impunidad el saqueo y la falta de procuración de justicia que tanto pregonan todos los días. En consecuencia, el mensaje hacia los grupos del crimen organizado es que pueden seguir actuando con total libertad, sin importar los costos sociales que ello genere, mismos que al final del día serán argumentados como confrontaciones entre grupos armados ilegales.
Hoy está más claro que nunca antes… en México defender la naturaleza puede costar la vida.
La población de Topilejo está muy cerca de sufrir un ataque de fatales consecuencias y ante esa alta probabilidad, responsabilizamos a las autoridades de la Semarnat, Profepa, Sedema, Conafor, CNDH, CORENA, Alcaldía de Tlalpan, a Claudia Sheinbaum, a Andrés Manuel López Obrador, a la Guardia Nacional, porque todos ellos, sabedores de sobra del tema, continúan gobernando entre la simulación, el desprecio hacia los pueblos que dicen amar y proteger, y la soberbia que da tener el poder y no saber cómo utilizarlo ante diversos grupos criminales.
Hacemos un llamado urgente a las organizaciones y habitantes de la Ciudad de México para se mantengan alertas y apoyen a Topilejo, porque su bosque es uno de los últimos reductos que se tienen en la ciudad para limpiar el tóxico ambiente motriz en que se vive. Este gran bosque está siendo saqueado por grupos del crimen organizado y la vida de las/os defensores del bosque está corriendo un enorme riesgo, a pesar de que el gobierno municipal, de la CDMX y todas las instancias del ramo federal lo saben y no hacen nada.
Hacemos un llamado de alerta máxima también a las organizaciones internacionales para que sean solidarias y mantengan atención y exijan a las autoridades mexicanas atender este caso antes de que pueda terminar en una gran tragedia. Al margen de ello, lo dicho en la COP26 por la Lic. María Luisa Albores es una ofensa suprema.
ORGANIZADOS PAREMOS AL MODELO EXTRACTIVO
LAS/OS DEFENSORES DEL BOSQUE DE TOPILEJO DEFIENDEN A TODA LA CIUDAD DE MÉXICO
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
Compartimos esta nota publicada en Actualidad RT sobre el Túmin – A 17 de noviembre del 2021
A más de once años de que comenzó a circular el túnim, hay más de 2.200 socios que están distribuidos en 20 estados del país latinoamericano.
Una revolución financiera a nivel comunitario comenzó a gestarse en 2010 en el norte del estado de Veracruz, cuando productores del municipio Espinal decidieron crear el túnim —que significa «dinero» en lengua totonaca—, una moneda que les ofreció sortear la falta de pesos mexicanos derivado de las constantes crisis económicas y que fue la mejor alternativa para incentivar el comercio y la producción local.
«Porque hay productos, pero no hay dinero, entonces la gente no puede hacer uso de ellos porque no hay un papelito. Entonces decidimos hacer nuestros propios papelitos y con eso comprarnos nuestros propios productos», explica Juan Castro, maestro de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) y uno de los cofundadores del túmin.
Este proyecto de autonomía comunitaria y economía solidaria inició cuando productores, estudiantes y académicos de la UVI, del Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo (Ciides) y de la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) reunieron 3.000 pesos (unos 243 dólares al tipo de cambio del momento) e imprimieron billetes de túnim para 100 socios iniciales.
A diferencia de lo que sucede con el trueque, esa herencia prehispánica que consiste en el intercambio de alimentos, el túnim permitió facilitar los acuerdos entre agricultores, artesanos y comerciantes,sin las discrepancias que conlleva ponerle un valor a diferentes productos.
«Yo quiero tus manzanas, pero tú no quieres mis tomates, entones ya no hubo un trueque. Pero con el túnim que yo te doy, tú vas y compras lo que quieres, no se detiene el comercio«, explica Castro.
Venta de artesanías donde aceptan túnim en mercado de Papantla, estado de VeracruzCortesía Facebook: @monedatunim
Los comercios y mercados que aceptan esta moneda usualmente tienen letreros con las leyendas: «Aquí se recibe túnim» y «Aceptamos túnim». Estos carteles también resumen, en unas cuantas palabras, la razón de ser de este proyecto: «El túnim es nuestro derecho«, «Viva la economía de los pueblos» y «Otro mundo es posible«.
A más de once años de que los fundadores del proyecto imaginaron otro mundo posible, actualmente hay más de 2.200 socios que están distribuidos en 20 estados de México. El túnim es aceptado para la compra de alimentos y bebidas; de artesanías; de medicamentos y productos naturistas; de calzado; como moneda válida para cortarse el cabello; y hasta las bodas o festejos de XV años.
Además, el profesor de la UVI cuenta a RT que los ayuntamientos de Espinal y Teotitlán del Valle (Oaxaca) son socios y es posible pagar con túnim el predial y las multas.
Monedas de túnim en MéxicoCortesía Facebook: @monedatunim
«Cualquier persona puede inscribirse al Túnim, vendiendo lo que venda, no hay una restricción en cuanto al producto, que tenga que ser de determinada calidad o tipo, como sí sucede en las monedas comunitarias», refiere Castro.
PGR investiga el túnim
En 2011, el Banco de México (Banxico) solicitó a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que investigara si los usuarios del túnim incurrían en un delito federal al supuestamente sustituir la moneda oficial —el peso— por la alternativa comunitaria. Los socios y fundadores respondieron que se trataba de un acuerdo civil, de uso libre y voluntario.
El asunto quedó zanjado y más allá de ese incidente, Castro dice que no han tenido más hostigamiento por parte del gobierno federal, estatal o municipal.
Difícil implementar una persecución cuando «todo funciona de nuestros propios bolsillos, no depende de un gobierno, sino de los propios socios y de la solidaridad ciudadana», apunta el académico de la UVI.
Actualmente, hay unas diez monedas comunitarias, de acuerdo con Castro. Para el académico, la implementación del túnim destaca porque se basa en dos principios que chocan con el sistema capitalista: la confianza y la solidaridad.
Después de once años de ver un sueño hecho realidad, Castro concluye que la implementación del túnim en México ha sido «una utopía realizable».
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México 27 de Noviembre 2021
En el 12vo Aniversario del Asesinato del Defensor Mariano Abarcar en una emotiva ceremonia en la tierra sagrada de Actel fue entregado por la Familia Abarca el III Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal para reconocer su lucha pacifica por la vida y el territorio.
El “PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL MARIANO ABARCA reconoce año con año a la comunidad, colectivo u organización del Estado de Chiapas, México, con su lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza defienden a su pueblos, y nos defienden a todas y todos, que dignifican la vida, que hacen que no perdamos la esperanza de que Otros Mundos son posibles. Este Premio es avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales.
La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es un grupo autónomo en resistencia que lucha pacíficamente para reivindicar sus derechos, construir su autonomía y para defender sus tierras y territorios. Desde su creación en 1992 por indígenas tsotsiles de ocho comunidades del municipio de Chenalhó, Chiapas, su objetivo fundamental es luchar contra las injusticias
A lo largo de toda su existencia Las Abejas han dado testimonio de paz, justicia, libertad y también de denuncia y protesta. Las Abejas buscan caminos en la construcción de la soberanía alimentaria, de acceso al agua y a la justicia en medio de un contexto por demás adverso. Han frenado la exploración petrolera en una comunidad y continúan luchando por sus derechos humanos, el derecho a la salud, la educación, a la comunicación, y a territorios libres de violencia. En la región de Los Altos de Chiapas son la organización que ha visibilizado el problema de las represas en el contexto de los proyectos hidroeléctricos Itzantún, Chinín y Chacté.
Por su postura a favor de los derechos humanos y contra la injusticia, los integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal han sido perseguidos, hostigados y amenazados constantemente. A pesar de ello, no han dejado de ser, al mismo tiempo, espacio de refugio para todas aquellas familias y colectivos que sufren persecución. Su postura irrenunciable a favor de las causas más nobles, los ha hecho blanco de agresiones muy graves, la última el pasado 5 de julio de 2021 con el asesinato de Simón Pedro Pérez López, ex Presidente de la Mesa Directiva de Las Abejas, considerado un importante líder y defensor de los derechos humanos.
Con la participación de colectivos y organizaciones chiapanecas fue entregado este reconocimiento a las 24 comunicades de 3 minucipios de los Altos de Chiapas pertenecientes a la Socierdad Civil Las Abejas de Acteal. En el acto se pidio #JusticiaParaSimónPedro y #JusticiaParaMariano, así como también se recordó el legado del Defensor Chiapaneco Mariano Abarcar iniciador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria REMA. También se expreso la solidaridad internacional para Las Abejas de Acteal y la familia de Simón Pedro con la recolección de un millón 9,015 firmas en una petición para exigir a las autoridades mexicanas exclarecer el asesinado de Simón Pedro y castigo a los responsables materiales e intelectuales.
En seguida les compartimos las palabras de la Sociedad Civil.
Pronunciamiento de Las Abejas de Acteal
Hermanas y hermanos:
Desde esta Tierra Sagrada saludamos a todas aquellas organizaciones que luchan por la vida y el Territorio, defendiendo a la Madre tierra, que generosamente nos da lo necesario para sobrevivir cada día, en contra de los intereses de los poderosos que sólo quieren extraer sus riquezas y usarla para generar más y más ganancias, aunque la dejen estéril y destruida, condenando a muerte a todos los vivientes del planeta.
Nuestro corazón se siente contento hoy porque 35 Organizaciones, Movimientos y Colectivos de México y otros países del mundo pensaron en nosotros para reconocer una lucha que hacemos día con día– y que aún es muy pequeña- desde hace casi 29 años, como Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, ayudando a cuidar y proteger nuestro Territorio. Nuestros esfuerzos se han tejido en una red muy grande, un movimiento por la defensa de la vida, que hoy trae a muchos compañeros y compañeras hasta nuestra sede para celebrar con nosotros la entrega de este premio a la defensa ambiental, que se hace cada año para nunca olvidar a nuestro hermano Mariano Abarca, quien fue perseguido, encarcelado y asesinado por la empresa minera canadiense BlackFire hace exactamente 12 años, por participar en la lucha y resistencia colectiva y organizada de su pueblo contra las afectaciones a su vida y a sus tierras, por la extracción de un mineral que se llama Barita, en Chicomuselo, Chiapas. Nuestra propia historia nos ha llevado a un camino muy parecido al suyo y hoy les decimos que no nos vamos a cansar de seguir su ejemplo.
Desde diciembre de 1992, nuestra organización se fundó en el proceso de lucha del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas por sacar de la cárcel a 5 catequistas tsotsiles de nuestro municipio que fueron culpados de asesinato a base de mentiras, para espantar y desanimar a quienes, como ellos, se atrevían a hablar abiertamente de las injusticias que cometía el gobierno en nuestras comunidades mayas tsotsiles. Tras lograr su liberación con Peregrinaciones, plantones, ayuno y oración, esta experiencia donde vimos que unidos tuvimos más fuerza y contamos con el apoyo de otras organizaciones solidarias para liberar a nuestros compañeros, los participantes decidimos conformarnos como Organización de la Sociedad Civil, identificarnos como “Las Abejas” y nombrar representantes en cada una de nuestras comunidades, de modo que pudiéramos informarnos y defendernos juntos de los problemas que vivimos, como la amenaza a los pueblos campesinos que ya se veía venir con la reforma al Artículo 27 que emprendió Carlos Salinas y el inicio de la parcelación y posibilidad de venta de las tierras colectivas. Es así como en 1993, nos organizamos para resguardar el territorio frente a la amenaza de la exploración para extracción de petróleo en nuestras tierras y cerros. El gobierno estaba enviando comisiones de exploración a nuestros terrenos comunales, sin tomarnos en cuenta ni pedirnos permiso. Hermanos de los municipios de Pantelhó, Chalchihuitán y Chenalhó nos organizamos para hacer marcha- peregrinación, orar e ir a rezar con nuestros ancianos a los cerros sagrados para pedirle a sus protectores que ayudaran a cerrarle el paso al gobierno, para que nos dejaran en paz. Fue así como pudimos parar esa invasión, ya que al ver los resultados de los estudios, los ingenieros encontraron agua en vez de petróleo.
Ese año también supimos que el gobierno preparaba un Tratado de Libre Comercio con otros países para ponerse de acuerdo con ellos y facilitarles venir por nuestras riquezas (oro, petróleo, grava, etc.), lo que quiere decir, despojarnos de nuestras tierras y contaminarlas. Fue en 1994 que escuchamos que sejuntaron los zapatistas para taparles el camino y que se levantaron el 1º de enero de ese año. En el proceso de guerra que siguió, nosotros dejamos claro que somos civiles sin armas, y demandamos que hubiera diálogo para tomar acuerdos y parar la guerra, con diferentes acciones dentro y fuera de nuestras comunidades, lo que no le gustó a los priístas y cardenistas de nuestro municipio. El no colaborar con la guerra contrainsurgente del gobierno contra el EZLN y actuar organizadamente en el camino de la lucha no violenta, nos costó ser perseguidos, tener que vivir desplazados de nuestras comunidades por varios años y ver cómo paramilitares de los partidos políticos mencionados, asesinaron con tanta crueldad a nuestras 45 hermanas, hermanos y otros 4 hermanitos más pequeños que ultrajaron aún antes de nacer, el 22 de diciembre de 1997, asesorados, financiados y encubiertos por altos funcionarios de los tres niveles de gobierno y el Ejército mexicano. Desde entonces, Las Abejas nos hemos fortalecido con la sangre de nuestros Mártires y la solidaridad de muchos hermanos que se han identificado con nuestro dolor y nos hemos animado mutuamente. Tal es el caso de nuestros hermanos tseltales y ch’oles de “Xinich” en Palenque, con los que juntos organizamos una Peregrinación a pie hacia la Basílica de Guadalupe en 2001 para pedirle a la Jme’tik -la Vírgen, que es nuestra madre- y al Estado Mexicano, que respetaran los Acuerdos firmados en San Andrés con el EZLN, para dar lugar en la Constitución Mexicana al derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, y con ello, el respeto a nuestra vida y Territorios. Por los caminos de esta lucha no violenta, también hemos podido ir a solidarizarnos de distintas maneras con varios hermanos y hermanas que se resisten a abandonar su tierra, sus casas y su modo de vivir, amenazados por los intereses capitalistas, como los compañeros de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en el estado de Jalisco, que siguen en lucha contra la Presa El Zapotillo; o los compañeros del Consejo de Autoridades Agrarias de la Montaña de Guerrero, donde precisamente acudió representando a Las Abejas de Acteal nuestro hermano Simón Pedro, ex-presidente de la Mesa Directiva de nuestra organización, quien fue cobardemente asesinado el pasado 5 de julio por no cansarse de trabajar por la defensa de los derechos humanos, y seguir siempre preocupado por buscar caminos no violentos para apoyar a los pueblos que defienden su tierra contra la violencia del crimen organizado, las minas, las presas y los grandes mega-proyectos.
Queremos aprovechar para decirle a la Fiscalía Indígena y a la Fiscalía General de la República que hoy hay miles de ojos mirando cómo están procesando el caso de nuestro hermano Simón Pedro, y que, como hemos demostrado por casi 24 años sin rendirnos en la exigencia de la justicia en el Caso de la Masacre de Acteal, jamás dejaremos de demandar que se encuentre y castigue a los verdaderos autores materiales e intelectuales de su asesinato. Hoy también invitamos a todas las organizaciones solidarias a que nos acompañen y apoyen en este camino, sobre todo para poder cumplir nuestra promesa de nunca abandonar a la familia de Simón Pedro, nuestro hermano.
Hermanas y hermanos, aunque nos siguen asesinando, nos siguen persiguiendo, nos han querido silenciar y nos han querido exterminar, nosotros seguimos y seguiremos aquí, guardando la memoria y luchando de manera no violenta, con la palabra y la verdad como única arma. También queremos decirle hoy a la familia de nuestro hermano Mariano Abarca que su memoria y su lucha siguen vivas a través de nuestras voces, a través de nuestras denuncias y de nuestra resistencia. Y que sepan que seguiremos apoyando la lucha por que en su caso puedan tener el consuelo de la justicia.
¡Mariano Vive! ¡Simón Vive! ¡Vivan las Abejas de Acteal!
Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, Atentamente La Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Felicitaciones a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Este reconocimiento esta avalado por 35 organizaciones nacionales e internacionales enlistadas a continuación :
Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera.
Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS).
México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA).
Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA).
Cataluña: Entrepueblos.
País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad.
Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald.
Internacional: International Rivers.
Galería de fotos de la III Entrega del Premio a la Defensa Ambiental Mariano Abarca
Compartimos este material de Amigos de la Tierra Internacional en el marco del #25N Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres – a A 25 de noviembre del 2021
Las mujeres se ven desproporcionadamente afectadas por la injusticia ambiental, el cambio climático, las catástrofes climáticas y la explotación de los bienes naturales. Es especialmente el caso para las mujeres de color, mujeres campesinas e indígenas, las mujeres LBTQ y mujeres trabajadoras. Pero no somos víctimas. Somos luchadoras. Las mujeres somos protagonistas de la defensa de nuestros territorios y de la lucha por la autonomía de nuestros cuerpos, vidas y fuerza de trabajo.
Amigos de la Tierra Internacional considera que solo es posible lograr la justicia social y ambiental mediante una transformación radical de nuestras sociedades. Luchamos para que haya justicia y para liberarnos de todos los sistemas que desvalorizan y explotan a las mujeres, los pueblos y el medioambiente, tales como el patriarcado, el racismo, el (neo)colonialismo, la opresión de clase, el capitalismo y la heteronormatividad. Estos sistemas no pueden enfrentarse de forma aislada; ellos se refuerzan mutuamente en su afán constante de acumulación material y en beneficio y en función de los privilegios de las élites sociales.
“El modelo económico capitalista y neocolonial actual, basado en la extracción violenta de recursos naturales refleja una peligrosa jerarquía de valores: prioriza el crecimiento por sobre el sustento, la producción más que la reproducción, el Norte por encima del Sur global, y lo masculino antes que lo femenino. Es un modelo patriarcal que socava las condiciones necesarias para sostener la vida misma, que refuerza y depende de los roles socialmente construidos de las mujeres como dispensadoras de cuidados, a fin de ocultar sus costos devastadores.”
Entendemos el feminismo anti capitalista de base como un concepto teórico y una herramienta política clave en esta lucha por la autonomía de las mujeres, por la igualdad entre las mujeres y los hombres, entre los pueblos, y entre los pueblos y la naturaleza. Pretendemos demostrar en la práctica que este feminismo puede construirse y se está construyendo desde la base, de abajo hacia arriba, que es relevante para todas las mujeres y hombres, y que refleja la diversidad regional y diferentes realidades.¿Por qué hablamos de justicia de género y de desmantelar el patriarcado?
“En nuestra Federación tenemos que luchar [por justicia de género y por el desmantelamiento del patriarcado] porque en nuestros territorios, países y regiones sufrimos todas las formas de opresión, injusticia, desigualdad y violencia contra las mujeres, degradando nuestras vidas y no permitiendo que avancemos como civilización. Un cambio de sistema tal y como lo hemos definido en Amigos de la Tierra requiere nuevas formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, con igualdad de oportunidades en lo social, político, económico y cultural.”
“Terminar con el patriarcado, especialmente en África, es para mí como ponerle punto final a la mayoría de las contrariedades cotidianas más sentidas por las mujeres, entre ellas la opresión, la negación de sus derechos y la falta de poder de decisión. No podemos esperar nada, más que de nosotras mismas. Si como federación le decimos NO al capitalismo y sus pilares profundamente arraigados, entonces primero tenemos que desterrar el patriarcado que alimenta al capitalismo para así permitir la participación igualitaria de todas y todos nosotros en la lucha.”
“Como coordinadores/as de los programas de Amigos de la Tierra Internacional consideramos que la justicia de género y el desmantelamiento del patriarcado son esenciales para lograr el mundo justo y equitativo por el que abogamos. De la misma forma que luchamos por la soberanía alimentaria, la justicia climática, la justicia económica y la protección de nuestra biodiversidad, nuestros pueblos y comunidades, entendemos la necesidad de integrar la justicia de género en el trabajo de nuestros programas.”
«El trabajo relativo a la justicia de género y desmantelamiento del patriarcado es la solución a las crecientes injusticias de género que se dan en nuestro interior y a nuestro alrededor. Este trabajo es clave para lograr un ambiente justo y sustentable para los pueblos (en los ejes de trabajo, en los lugares de trabajo, en las comunidades) y el planeta. Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Somos mujeres, somos africanas. Somos Amigas de la Tierra. ¡No habrá justicia de género ni cambio de sistema sin nosotras!”
«Los factores y sistemas que conducen a la explotación de los recursos naturales también apuntalan el patriarcado y dan lugar a violaciones contra las mujeres, generando injusticia y desigualdad. Como federación que trabaja para cambiar de sistema y fomentar la justicia, tenemos que trabajar para erradicar todas las relaciones de poder sin equidad e injustas, incluido el patriarcado, y debe avanzar hacia el empoderamiento de las mujeres y garantizar que puedan tener acceso irrestricto a los recursos naturales y fortalecer su autonomía económica, política y de sus cuerpos dentro de nuestras organizaciones y sociedades.”
«Como mujer y activista ambiental considero que para lograr la justicia climática es clave desmantelar el patriarcado. El capitalismo se apoya en el sistema patriarcal debido a que está abocado a oprimir a las mujeres y subyugar su fuerza de trabajo y sus cuerpos para beneficio del capitalismo. Debemos visibilizar el vínculo entre la explotación de la naturaleza y la opresión de las mujeres. Tenemos que hacer conciencia de que si nuestro objetivo es terminar con el capitalismo, esa lucha tendrá que incluir la lucha por el desmantelamiento del patriarcado, y que todos nuestros problemas ambientales, sobre los derechos de las mujeres y las personas trans y los derechos de los/as trabajadores/as…todos tienen su origen en la misma causa, y que sólo podremos eliminarla y solucionar estos problemas si trabajamos solidariamente, lado a lado.”
“Amigos de la Tierra Internacional se ha comprometido a un cambio del sistema que conlleva la lucha contra el patriarcado y por la justicia de género, y por lo tanto, exige poner fin a la explotación de los cuerpos y el trabajo de las mujeres. Para nosotros/as, sólo será posible lograrlo cuando se reconozca a las mujeres como sujeto político, se ponga fin a la violencia contra las mujeres y la negación de sus derechos, y se revierta la división sexual del trabajo, que constituye la base material de la explotación y dominación patriarcal. En el marco de nuestro compromiso, construimos alianzas con organizaciones feministas de base, con la Marcha Mundial de Mujeres y con las Mujeres de La Vía Campesina, que al igual que nosotras luchan por un cambio de sistema.”
Karin Nansen, Presidenta de Amigos de la Tierra Internacional
Compartimos esta petición del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) sobre #JusticiaParaBerta – A 19 de noviembre 2021
El día 5 de julio del presente año, la sala primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal de la ciudad de Tegucigalpa, conformada por las juezas Joselyn Donaire , Esther Carolina Flores y juez José Anaim Orellana, emitieron fallo de culpabilidad (bit.ly/3pEX1As) contra Roberto David Castillo por su responsabilidad como coautor del asesinato de Berta Cáceres.
A 5 meses del fallo condenatorio contra David Castillo, el Poder Judicial sigue sin dictar la sentencia, incumpliendo el artículo 369 del Código Procesal Penal que hace referencia a que la sentencia tuvo que emitirse inmediatamente después del fallo.
El COPINH solicita apoyo a Organizaciones Nacionales e Internacionales para firmar la siguiente petición y exigir al Poder Judicial la pronta sentencia contra Castillo, y que proceda con los autores intelectuales del crimen de nuestra compañera Berta Cáceres.
On July 5 of this year, the First Chamber of the Sentencing Court with National Jurisdiction in Criminal Matters in the city of Tegucigalpa, formed by judges Joselyn Donaire, Esther Carolina Flores and Judge José Anaim Orellana, issued a guilty verdict (bit.ly/3pEX1As) against Roberto David Castillo for his responsibility as co-perpetrator of the murder of Berta Cáceres.
Five months after the conviction of David Castillo, the Judiciary has still not issued the sentence, in violation of Article 369 of the Code of Criminal Procedure, which states that the sentence must be issued immediately after the verdict.
COPINH requests support from National and International Organizations to sign the following petition and demand the Judiciary the prompt sentencing against Castillo, and to proceed with the intellectual authors of the crime of our comrade Berta Cáceres.
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el más reciente ataque a lo pueblo zoque en el norte de Chiapas – A 22 de noviembre del 2021
Indígenas zoques de la comunidad Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, denunciaron hoy que fueron atacados y expulsados de sus casas, por un grupo armado de indígenas tsotsiles que les disputan más de 2 mil hectáreas de tierras que les adjudicó un tribunal agrario.
Tras varios años de disputa, el pasado 21 de octubre, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3 con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió anular una asamblea de los indígenas tsotsiles que se habían adjudicado unas tierras que habían sido dejadas por zoques tras la erupción del volcán Chichonal en 1982.
https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fisain.mandujano%2Fvideos%2F1346780235771879%2F&show_text=false&width=560&t=0 Los pobladores originarios, tras la erupción del volcán el domingo 28 de marzo de 1982 fueron desplazados, cientos de sus moradores desaparecieron y fallecieron enterrados en las cenizas y materiales pétreos que sepultó al pueblo por completo ubicado al pie del Chichonal.
Cuando regresaron a ocupar sus tierras, estas ya estaban ocupadas por tsotsiles, por lo que empezaron una disputa en los tribunales y tras varias décadas, por fin el pasado mes de octubre ganaron el litigio y se adjudicaron las tierras.
Esto no dejó conforme a los tsotsiles, que este domingo 21 de noviembre, a un mes de la resolución, llegaron armados con rifles y machetes para desalojar a los pobladores de Esquipulas Guayabal y expulsaron a los pobladores, hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños, que huyeron despavoridos tras el ataque a balazos.
Aunque no se ha precisado el número y los nombres de ellos, señalan que hay muertos y desaparecidos. Los zoques poseen unas dos mil 300 hectáreas de tierras que ahora los indígenas tsotsiles quieren arrebatarles a balazos.
Agregan además que este grupo armado quemó varias casas de los pobladores zoques. Muchos fueron detenidos por este grupo armado y otros más des dispersaron en las montañas de los alrededores.
La Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón, Chiapas denunció “estos lamentables acontecimientos, sucedidos este 21 de Noviembre del presente, en la comunidad del Ejido Guayabal, en Chapultenango”.
Dijo que “hombres armados llegaron disparando en contra de la población dejando varios heridos, entre ellos niños y mujeres, violentando totalmente sus Derechos Humanos”.
Y que antes estas agresiones, exigieron a las autoridades Federales y Estatales “su intervención inmediata y se realicen las acciones correspondientes y pertinentes conforme a Derecho”.
“Exigimos la paz y la seguridad para todas nuestras Comunidades, familias y toda persona ante todo los más vulnerables”, dijo Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón.
El grupo señala que estos indígenas tsotsiles armados llegaron desde un pueblo llamado Rincón Chamula, encabezados por algunas personas identificadas como Andrés “N”, Elías López, Alejandro Morales Valencia, Moisés Domínguez Bautista, Fermín Ávila, María Ávila y otros.
Esta domingo, cuando el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció en sus redes sociales el ataque armado, el Secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, reviró en un comentario: “Deberían reportar primero a la autoridad local antes de la comunidad internacional”.
A lo que ese Centro de Lengua y Cultura Zoque respondió: “El Coordinador Juridico del Ayuntamiento de Chapultenango, Luis Miguel Pérez Recinos tiene conocimiento de los hechos por denuncias directa de la población afectada; asimismo, a las 15:00 se reportó el incidente a la delegación regional de Protección Civil de Pichucalco encontrándonos con la respuesta de que «no tienen ordenes de nada». Se buscó al delegado Francisco Velazco Cantoral, tampoco lo encontramos. ¿algún otro aviso? PD: Por lo visto, en Facebook se atienden mejor los asuntos y son más atentos con la «comunidad internacional»
Compartimos esta nota de Distintas Latitudes sobre la participación de Mujeres en la COP26- A 11 de Nov
Una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas de México, conocidas como las Defensoras de la Tierra, acudió a la COP26 para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. ¿Qué hacen, qué piensan y qué desean? Te contamos.
En los grupos de Telegram conformados por activistas que acudieron a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hay una queja recurrente: los problemas de accesibilidad al mayor evento de discusión mundial sobre cambio climático. Para ingresar al centro de convenciones es necesario hacer colas de hasta dos horas, y hay una única entrada por la que deben pasar más de 15.000 personas por día.
Pero no es el único problema: pocos días antes del inicio del evento, la Presidencia de la COP26 —ejercida por el Reino Unido— anunció que limitaría el número de observadores que pueden presenciar las salas de negociación. De esa forma, elementos como la transparencia en los procesos y la democratización de la información quedaron vedados de manera sistemática para la mayoría de los asistentes. Una puerta demasiado chica, ante un problema muy grande, constituye una gran metáfora de lo que las organizaciones sociales dedicadas a la problemática ambiental vienen denunciando hace años: la inclusión de la sociedad civil es escasa.
Este año, una delegación compuesta por 10 mujeres indígenas provenientes de México —conocidas como Defensoras de la Tierra— acudió a la COP26 en Glasgow, Escocia, para exigir que se escuchen las voces de los pueblos que defienden el medio ambiente y el territorio. El principal reclamo de Mitzy Violeta Cortés, Rosa Marina Flores Cruz, Wilma Esquivel Pat, María Tzuc Dzib, Wendy Monserrat, Miryam Vargas, Erika Hernández Mariaca, Florina Mendoza Jiménez y Armanda García Carrillo es el reconocimiento de los pueblos indígenas como defensores del 80% de la biodiversidad en el planeta, y su inclusión en los procesos de toma de decisión. En las últimas dos semanas, el grupo participó en varias charlas y movilizaciones masivas. Aquí te contamos sus objetivos, reclamos, así como las contradicciones que ven con el actual gobierno mexicano.
Itaxavi Mendoza pertenece a la comunidad Ñuu savi, de Oaxaca. Comenzó a involucrarse con el activismo ambiental después de percibir las consecuencias del extractivismo minero en su territorio. Poco después, decidió meterse de lleno en la defensa del agua, luego de que su pueblo sufriera un desplazamiento forzado. La activista -especializada en la recuperación de la lengua y la memoria territorial- es una de las Defensoras de la Tierra que fueron a Glasgow este año. Para ella, Glasgow es el escenario perfecto para trazar redes con otros referentes ambientales, y conocer las problemáticas presentes en su territorio: “buscamos generar alianzas que permitan fortalecer cada lucha y así conformar una fuerza mayor capaz de contrarrestar las imposiciones de la COP26 ”, afirmó.
En 1982, el activista afroamericano Benjamín Chavir, definió el racismo ambiental como la manifestación de la discriminación racial en la elaboración de políticas medioambientales y la aplicación de reglamentos y leyes. Para él, la selección deliberada de comunidades racializadas para la instalación de residuos tóxicos, la sanción oficial de la presencia de venenos u otros contaminantes que ponen en peligro la vida de una población y la exclusión sistemática de las personas negras en el liderazgo de los movimientos ecologistas, son manifestaciones claras de esta dimensión. En la actualidad, el término está más vigente que nunca, y es fundamental para comprender planteos como el de Defensoras de la Tierra. A propósito de esto, Mendoza comentó: “Los efectos del racismo en torno a la crisis climática son devastadores. Los pueblos originarios cuidan el 80% de la biodiversidad del planeta, y excluirlos de la toma de decisiones sobre las soluciones para mitigar los efectos de la crisis climática va a derivar en una catástrofe. El panorama es crítico”.
Pero no solamente se trata de exclusión o discriminación. Según el informe anual 2019-2020 elaborado por Amnistía Internacional (AI), Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para los defensores de los derechos humanos y, en particular, para quienes protegen los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente. De los 304 asesinatos a nivel mundial, 23 ocurrieron en México. El país se ubica en el tercer puesto entre los más riesgosos de la región, sólo siendo superado por Colombia (106) y Honduras (31). La violencia de género también está presente en los números: el 13% de los defensores asesinados fueron mujeres.
Miryam Vargas es otra de las mujeres que forman parte de Defensoras de la tierra. Tiene 33 años, es de origen nahua (de la región cholulteca), en México, y forma parte del Frente de Pueblos Puebla-Tlaxcala-Morelos. Trabaja como periodista, y suele cubrir temas relacionados al cuidado del territorio y los procesos de resistencia. En relación a los problemas ambientales de su región, explicó: “Las empresas y los gobiernos están organizados y tienen estrategias muy claras de ataque hacia los defensores del territorio. Una práctica común es generar condiciones de violencia dentro de las comunidades para que cuando lleguen los proyectos que pueden resultar dañinos para el medio ambiente, se produzca una crisis social, el tejido comunitario esté roto, y sea más fácil instalar un negocio sin la necesidad de atravesar asambleas.”
Además de la violencia a líderes territoriales, en México hace varias décadas que científicos, comunidades indígenas y miembros de organizaciones no gubernamentales vienen alertando sobre los altos niveles de deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y mares, y la existencia de una gran cantidad de megaproyectos que impactan de manera negativa sobre los territorios.
La semana pasada, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, justificó su ausencia en la COP26. En una rueda de prensa, afirmó que en la cumbre se hacen muchas promesas, pero hay pocas acciones concretas: “Ya basta de hipocresía y de modas, lo que hay que hacer es combatir la desigualdad monstruosa que hay en el mundo”, expresó. Además, agregó que existe un doble discurso entre los jefes de Estado y de Gobierno que decidieron concurrir al acuerdo global. “Al mismo tiempo que se están llevando a cabo estas cumbres para la protección del medio ambiente y enfrentar el cambio climático, los países más poderosos están aumentando la producción y extracción del petróleo”, concluyó.
Existe una cuota de verdad en las palabras de López Obrador. En diciembre de 2015, se firmó el Acuerdo de París donde 189 países se comprometieron a generar acciones y programas para disminuir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y alcanzar la neutralidad climática para el año 2050. Sin embargo, el tratado recién entró en vigencia el 1 de enero de 2021, es decir, cinco años después de su aprobación. Mientras tanto, un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dejó en evidencia que, en 2019, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero volvieron a aumentar por tercer año consecutivo y se situaron en un máximo histórico. La evidencia es clara, para la mayoría de gobiernos, el cambio climático no es un tema prioritario, o que requiera de medidas urgentes.
Pero en todos lados hay contradicciones y las políticas ambientales de AMLO no están exentas de críticas. Como apuntó el Financial Times, el gobierno de López Obrador lleva gastados varios millones de dólares en la construcción de “Dos Bocas”, una refinería gigante de petróleo y el fomento de la producción de hidrocarburos. Además, en octubre de este año, se presentó ante el Congreso una Reforma Eléctrica que propone bloquear la generación de energía a partir de fuentes renovables por parte de empresas privadas. De esta manera, la rectoría del sector quedaría en manos de la Comisión Federal de Electricidad. El problema no es la estatización en sí, sino el consecuente retroceso en materia de transición energética.
A pesar de que López Obrador no estuvo presente en la COP26, sí envió representantes oficiales. México fue uno de los países que se adhirió a la declaratoria para la protección de bosques y uso de la tierra. Por fuera de eso, no se anunciaron mayores avances.
Para Wilma Esquivel, feminista comunistaria territorial de Felipe Carrillo Puerto, y miembro de la delegación de Defensoras de la Tierra uno de los problemas de estas cumbres está en la representación: “El problema es que estas personas llevan un discurso oficialista. No están implicados en procesos de defensa del territorio, sino en la legitimación de la acciones, el estatus y los planes de gobierno. No tienen intención de solucionar nuestros problemas, así como tampoco respetan los pueblos y las comunidades originarias”. Por último, concluyó: “Su participación es peligrosa. Lo que buscan es aprobar megaproyectos a partir de consultas simuladas. Las personas que formamos parte de la resistencia sabemos que sus propuestas son destructivas para el ambiente, y contribuyen a aumentar la violencia en los territorios”.
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático empezó hace casi dos semanas. En la primera semana, el evento principal fue la Cumbre de Líderes Mundiales. Hubo acuerdos relacionados con la problemática de la deforestación, el uso de combustibles fósiles y el carbón. Como se dio a entender en los discursos de las mujeres que integran Defensoras de la Tierra, aún existe mucha distancia entre los planteos del activismo climático -integrados en su mayoría por jóvenes, pueblos originarios y organizaciones de la sociedad civil- y la agenda impuesta por los mandatarios. Dentro del recinto de negociaciones, los políticos y empresarios toman las decisiones que condicionarán el futuro del planeta. En paralelo, millones de personas aprovechan la ocasión para debatir qué estrategia tomarán una vez que no se cumplan los acuerdos, o que estos no se ajusten a las verdaderas necesidades de los territorios. El caso de Defensoras de la Tierra es un perfecto ejemplo de esto, pero no es el único. Parafraseando a uno de los graffitis más famosos del Mayo Francés: “La belleza está en las calles”.
El 27 de noviembre de 2021 se cumplen 12 años del asesinato del defensor del medio ambiente mexicano Mariano Abarca. Como líder comunitario y miembro fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano se manifestó activamente contra los impactos socio-ambientales de un proyecto de minería de barita en su comunidad de Chicomuselo, Chiapas. Los sospechosos de su asesinato eran trabajadores de la empresa canadiense Blackfire Exploration que explotaba la mina.
Este año es especialmente importante. El 8 de noviembre, la familia de Mariano y aliados presentaron su última petición ante la Corte Federal de Apelaciones para que se investigue las acciones de la embajada canadiense en México que pudieron haber puesto en peligro la vida de Mariano. De acuerdo con más de mil páginas de documentos obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, la embajada canadiense abogó ante las autoridades mexicanas para impulsar las operaciones de Blackfire, pese a que sabía que la vida de Mariano corría peligro. Como lo declaró la Corte Federal de Apelaciones en el 2019, Mariano Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”
La Corte Federal de Apelaciones de Canadá aún no ha decidido si recomendará que la investigación regrese al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública para evaluar las acciones de la embajada o si se pondrá del lado de la impunidad estatal y empresarial. Mientras tanto, las/los defensores del medio ambiente en México siguen enfrentando violencia por defender sus territorios y el agua frente al capitalismo extractivista.
El compromiso de Mariano con la vida ha servido de inspiración para el Premio anual a la Defensa Ambiental «Mariano Abarca», que se entrega cada 27 de noviembre y que reconoce a una organización local de Chiapas en nombre de 35 organizaciones de la sociedad civil mexicanas e internacionales.
Este año, en honor a la memoria de Mariano, el Premio Ambiental Mariano Abarca se entregará a la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, una organización indígena que fiel a la visión y vida de Mariano trabaja desde 1992 en la defensa de su territorio y de los derechos humanos.
La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal aboga por la justicia, la paz y la autodeterminación. Defiende los derechos de los pueblos indígenas mayas Tsotsil y Tseltal y apoya las luchas de otros movimientos sociales e indígenas que luchan por la justicia social y ambiental como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y la Escuela de Justicia Energética que aglutina a comunidades y organizaciones de Chiapas y Guatemala contra las represas y en búsqueda de un nuevo modelo energético para los pueblos.
En este sentido, luchan contra la militarización de sus territorios para instalar megaproyectos extractivos como mega-hidroeléctricas y el Tren Maya. Estos proyectos amenazan con despojar y desplazar aún más a las comunidades de sus territorios en beneficio de las empresas transnacionales. Su resistencia pacífica ha detenido hasta ahora un proyecto de exploración petrolera.
En 1997, un grupo paramilitar mató a 45 de sus integrantes quienes se habían refugiado en Acteal en lo que se conoce hoy como la Masacre de Acteal. En un contexto de creciente violencia en México, y particularmente en el estado de Chiapas, Las Abejas se han convertido en un refugio muy necesario para las comunidades que huyen para salvar sus vidas de los grupos armados y de las fuerzas armadas del estado.
El premio Mariano Abarca de este año llega luego de que uno de los ex-presidentes de la Mesa Directiva de Las Abejas, Simón Pedro Pérez López, fue asesinado delante de su hijo el 5 de julio de 2021. Simón se había pronunciado firmemente en apoyo de las comunidades afectadas por las hidroeléctricas y los proyectos mineros. Hoy, las comunidades no sólo buscan justicia por la masacre de Acteal, sino también por Simón Pedro Pérez.
La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal es una fuente de inspiración y un ejemplo de resistencia pacífica para todas y todos los que luchan contra el despojo, el desplazamiento, la militarización y los megaproyectos extractivos en Chiapas. Expresamos nuestra solidaridad con la Las Abejas y hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para que inicien una investigación imparcial y exhaustiva por el asesinato de Simón Pedro y lleven a los responsables ante la justicia.
A doce años del asesinato de Mariano, nos solidarizamos con su familia y nos comprometemos a seguir apoyando sus esfuerzos para lograr justicia.
¿Qué puedes hacer tú? Firma esta petición y exige justicia para Simón:
Súmate firmando esta declaración de solidaridad con la familia de Mariano y la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Compartimos esta carta de apoyo y solidaridad con El Estor – A Noviembre de 2021
Estimad@s compañer@s colegas y amig@s:
Les compartimos una carta de apoyo a la comunidad, autoridades ancestrales y periodistas de El Estor ante la proclamación del Estado de sitio por parte del Gobierno de Guatemala y la persecución y criminalización de los defensores del territorio y periodistas comunitarios. Les pedimos que nos ayuden a DIFUNDIRLAY si están de acuerdo con el contenido y quieren FIRMARLA, por favor enviar su nombre y adscripción (si la hay) al correo ApoyoalEstor@gmail.com
Muchas gracias
Los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos, miembros de pueblos, investigadoras y profesores, activistas de organizaciones, artistas, periodistas, defensoras y defensores de derechos, queremos unir nuestras voces para mostrar nuestra preocupación porque una vez más, un municipio guatemalteco, está vez el territorio Maya Q’eqchi’ de El Estor, colindando el Lago Izabal, está siendo objeto de un Estado de sitio, provocado por los intereses económicos de una empresa que en esta ocasión es extranjera. Como resultado, además de alterar la vida cotidiana de los habitantes de esta comunidad y se están produciendo detenciones arbitrarias e irregulares y situaciones de acoso e intimidación que atentan contra los derechos de las personas, los pueblos afectados y la libertad de expresión.
La actividad minera ya tiene varias décadas en el Estor, y desde su instalación ha estado ligada a la imposición, la violencia, el desprecio por la población y el ambiente, y la corrupción, que han aumentado después de que en 2011 la compañía ruso-suiza Solway Investment Group tomara el control de la mina a través de su subsidiaria CGN –Compañía Guatemalteca de Níquel- y en 2014 el presidente Otto Pérez les aprobara una concesión de 250 km2, muy por encima de los 20 km2 regulados en la Ley de Minería. Las protestas de la comunidad ante la visible contaminación del Lago Izabal en 2017 y 2018, llevaron a la intervención de la Policía Nacional Civil -PNC- provocando la muerte de don Carlos Maaz, pescador artesanal. En este año 2021 se dieron a conocer acciones de corrupción que relacionan al presidente Alejandro Giamattei con los empresarios rusos de las principales mineras de níquel en esa región; CGN y MayaníquelFruto de los esfuerzos de la comunidad por defender su territorio de los efectos perniciosos de la actividad minera, en 2020 la Corte de Constitucionalidad -CC- conminó a la empresa CGN a suspender actividades mientras se llevaba a cabo la consulta que, según el Convenio 169 de la OIT –ratificado por el Estado guatemalteco- debía de haberse realizado previo a la reanudación de actividades. La empresa CGN no sólo no ha suspendido su accionar –tampoco lo hizo durante la vigencia de restricciones durante la pandemia de covid-19- sino que ha puesto en marcha un proceso de pre-consulta en que se ha negado la participación de quienes se oponen a la presencia de la actividad minera, distorsionando y tergiversando el sentido de la consulta -libre, previa e informada-. Pretenden además acelerar el proceso de preconsulta bajo un estado de sitio, que elimina las garantías del pueblo Q’eqchi’.
Ante esta situación, los cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’s que representan a la población afectada, decidieron en asamblea el 3 de octubre organizar un plantón que impidiera el paso de los vehículos de la empresa –las “góndolas” que entran carbón y sacan tierra y ferroníquel- para llamar la atención sobre las irregularidades que les mantenían fuera del proceso que ellos mismos habían puesto en marcha al solicitar la demanda contra el Ministerio de Energía y Minas MEM a través del amparo a la CC.
La respuesta de las autoridades ha sido, una vez más, desoír las demandas de la población, criminalizar sus demandas y tratar sus acciones como un problema de orden público. De esa manera, desde el día siguiente a la instalación del plantón empezaron a llegar a El Estor elementos de la PNC, que el día 22 de octubre procedieron a desalojar el plantón con exceso de fuerza y apoyo del Ejército y de helicópteros militares. La acción policial de manera ilegal acompañó cada uno de los camiones cargados con carbón, a pesar de la suspensión minera y luego escoltó la salida de camiones cargados de ferroníquel al Puerto Santo Tomas de Castilla. Al día siguiente, el gobierno de Alejandro Giamattei consolidó la agresión promulgando el Estado de sitio en el municipio de El Estor. En este contexto, se ha procedido a retomar o poner en marcha procesos de persecución penal contra autoridades locales y periodistas comunitarios y hostigamiento a base de retenciones, amenazas y allanamiento de sus viviendas.
Este Estado de sitio y las actividades realizadas bajo su promulgación muestran una vez más la incapacidad del Estado guatemalteco de dar salida a los conflictos sociales y las demandas de la población que ve su bienestar, derechos y dignidad afectadas por las actividades económicas. La represión como única forma de respuesta muestra la toma de postura de los sucesivos gobiernos a favor de unas empresas que no sólo no dejan apenas beneficios y sí muchos problemas, sino que además desconocen las leyes vigentes. Ésta es una de las facetas más constantes en la degradación de la vida política guatemalteca que vivimos desde hace unas décadas.
Ante esta situación instamos a las instancias gubernamentales a cumplir su papel constitucional haciendo cumplir la legislación vigente a todos los sectores involucrados; y que se obligue a la empresa CGN a cumplir con lo establecido por la Corte de Constitucionalidad sin tergiversar sus obligaciones. Que se levante el estado de sitio, se suspenda la preconsulta minera promovida por el MEM, se respeten los derechos de los pueblos, sus demandas y formas de organización, como está establecido en los Convenios ratificados por el Estado guatemalteco. Que se respeten la vida, la dignidad y los derechos de las personas que en estos momentos están siendo objeto de persecución y hostigamiento; así como el derecho a la libertad de informar, base del derecho a la libertad de expresión y de elección
