Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la resistencia minera en Carrizalillo y los constantes ataques y hostigamientos a las y los campesinos – A 03 de noviembre de 2020
“Los dueños los ignoran, el gobierno de Canadá solapa y el de México calla”
La empresa minera canadiense Equinox Gold, en un alarde de soberbia, ilegalidad e impunidad, ha violado distintas cláusulas del Convenio de Colaboración y Contraprestaciones firmado desde 2019 con los ejidatarios de Carrizalillo, en el estado de Guerrero. Además de los incumplimientos, la empresa ha desatado una campaña que refuerza su ilegalidad, la cual incluye criminalizar a los dueños de las tierras donde se asienta su proyecto de despojo cuando los ejidatarios, haciendo uso de sus derechos escritos en el convenio, cerraron los accesos a la mina al mismo tiempo que la empresa minimiza la participación de los dueños de las tierras, hace señalamientos a personas específicas, obstaculiza el diálogo, así como la negociación, cerrándose a un diálogo en el que se presente sin prepotencia; así mismo mantiene una actitud negligente en donde es evidente el racismo, la discriminación, la intransigencia, la intolerancia y soberbia, propias de una política neocolonial. Todo eso incrementa el riesgo para la población porque es conocido el entorno de violencia en el cual se vive en el Estado.
Hoy se cumplen 60 días en que los ejidatarios de Carrizalillo cerraron el negocio de la empresa que se dedica a la extracción de oro y otros metales a cambio de la destrucción de más de mil hectáreas de territorio del ejido y de otras comunidades vecinas, pero todo indica que el ejido continuará cerrando las operaciones hasta que la empresa canadiense cumpla con un nuevo convenio que garantice nunca más caer en incumplimientos con el ejido en temas tan sensibles, como agua limpia, medicamentos, empleo, equipo y maquinaria, entre otros. Destacamos que, desde el 2007 la empresa minera canadiense Goldcorp asentada en esos tiempos en las tierras del ejido, también incumplió el contrato a tal grado que el cierre de las operaciones duró 83 días.
Equinox Gold se rehúsa a cumplir con un diálogo respetuoso, considerando e incorporando en la discusión las vivencias y problemas que sufre la población, además nos parece que opera en total ilegalidad frente a sus inversionistas a quienes no informa y les tergiversa la realidad del conflicto, incluyendo la omisión por parte del gobierno de Canadá, a través de la Embajada, quien no actúa con el fin de hacer que sus empresas cumplan con las leyes en un país extranjero y respeten los derechos humanos de la población con sus inversiones. Por otra parte, el gobierno mexicano tampoco presiona a la empresa para proteger a la sociedad mexicana contra el despojo, la violación a los derechos humanos y la ilegalidad que las empresas cometen en los territorios nacionales.
Detener las actividades de la mina sólo es posible gracias a la decisión de toda la comunidad que se apoya en el órgano de máxima autoridad que es la Asamblea Ejidal y la Asamblea General, quienes han tomado las decisiones sobre su territorio.
Desde hace muchos años la lucha del Ejido de Carrizalillo ha sido una escuela para muchos pueblos en resistencia contra el Modelo Extractivo Minero, por lo cual estamos agradecidos por los aprendizajes ahí generados y compartidos sobre la realidad que implican los daños ocasionados por la extracción de minerales en México, por lo tanto, nuevamente en estos momentos críticos para la población de Carrizalillo, nos vuelven a mostrar de forma contundente, la codicia de las empresas mineras en donde priorizan sus intereses económicos, pero nunca meten en su fórmula los costos sociales y económicos por la destrucción de las tierras, fuentes de agua y la salud comunitaria, ratificando que, para las empresas, la vida de la gente no importa, ni tienen el más mínimo respeto para sus procesos de toma de decisiones y organización colectiva.
La comunidad de Carrizalillo ha dicho estar mejor en su campamento que en su propio pueblo por estarse reencontrando y festejando desde su autodeterminación, su solidaridad y el cuidado mutuo. La REMA le envía saludos y abrazos fuertes de solidaridad en su lucha digna ante un modelo que roba, quita y destruye todo lo que encuentra en su camino.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
Compartimos esta pedición lanzada desde el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales – WRM – A 2 de noviembre de 2020
¡¡Convocamos a organizaciones a firmar esta Carta Abierta!! Pedimos a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua.
Desde 2015, unos 40 indígenas han sido asesinados, 47 han sido heridos, 44 han sido secuestrados y 4 han sido desaparecidos, en casos relacionados con invasiones de tierras en Nicaragua, mientras que la represión de voces disidentes ha alcanzado niveles alarmantes.
La Secretaría del Fondo Verde para el Clima, en tanto, recomienda que la Junta del Fondo en su 27a reunión -que se realizará del 9 al 13 de noviembre- apruebe una solicitud de financiamiento REDD por más de USD 60 millones que ha sido presentada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua. El conflicto, la criminalización y la represión de las voces críticas se convertirán en una realidad previsible si la Junta sigue la recomendación de la Secretaría.
¡Esto no debe suceder! Firme por favor esta Carta Abierta, pidiendo a los miembros de la Junta que rechacen la solicitud de financiamiento presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua.
La Carta está abierta para firmas de organizaciones hasta el viernes 6 de noviembre de 2020. Esta se enviará a la Junta del Fondo Verde para el Clima antes de su reunión que inicia el 9 de noviembre.
Miembros de la Junta del Fondo Verde para el Clima
Exhortamos a la Junta del Fondo Verde para el Clima a rechazar la solicitud de financiamiento(FP146) “Bio-CLIMA Project. Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres”* (Proyecto Bio-CLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y Biosferas de Río San Juan), presentado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en nombre del gobierno de Nicaragua. Esta solicitud de financiamiento deja de manifiesto por qué el Fondo Verde para el Clima debe dejar de aportar fondos a proyectos REDD de manera urgente: la descripción tendenciosa e incompleta de las causas de la deforestación y las preocupantes actividades que resultan de este análisis inadecuado presentado en la FP146 evidencian una vez más que REDD es un concepto que no ha contribuido a resolver los factores causantes de la deforestación. Peor aún, su aplicación pone en riesgo las formas de sustento e incluso las vidas de las personas y exacerba los conflictos, tanto entre los organismos estatales y quienes proponen el proyecto REDD por un lado, y las comunidades que ejercen sus derechos tradicionales a la tierra por el otro, así como entre y dentro de las comunidades.
La solicitud de financiamiento del BCIE afecta las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz, en las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe de Nicaragua. En estas dos zonas se encuentran los mayores bosques intactos de Latinoamérica después de la Amazonía, que por generaciones han sido protegidos por pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes cuyos territorios se superponen en gran parte con las áreas protegidas Bosawás e Indio Maíz.
La solicitud de financiamiento REDD presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua plantea un riesgo extraordinariamente elevado y predecible de incrementar las tensiones sobre el uso de la tierra en una zona donde la (in)acción histórica de los gobiernos de turno ha provocado una escalada de asentamientos ilegales y extractivismo empresarial dentro de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las dos zonas en donde se centra la solicitud de financiamiento. El resultado ha sido una deforestación masiva, con la destrucción anual de 150.000 hectáreas de bosque en Nicaragua entre 2005 y 2015, gran parte de las cuales fueron en las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz/Río San Juan.
La implementación de esta propuesta de financiamiento está destinada a violar los derechos de los pueblos indígenas. Las actividades descritas en la solicitud de financiamiento no reducirán la deforestación en estas grandes zonas de bosque intacto de la Costa del Caribe de Nicaragua porque el proyecto ignora causas claves de la deforestación, tales como el otorgamiento de permisos de extracción maderera y minera a empresas extranjeras sin el consentimiento de las autoridades competentes en los territorios de pueblos indígenas. Por ejemplo, al mes de una nueva ley que creó la Compañía Minera Nicaragüense en 2017 y que facilitó el acceso a concesiones mineras para empresas extranjeras, el total de tierras con concesiones mineras aumentaron más del doble, de aproximadamente 1,2 millones a 2,6 millones de hectáreas. Esto es más del 20 por ciento del país. Alrededor de 853.800 hectáreas de esas concesiones están en la zona de amortiguamiento del área protegida Bosawás.1
Un informe reciente también expone el vínculo entre las concesiones mineras, la deforestación y la violencia en las zonas en las que se centra el FP146. El informe revela que los directores de tres compañías mineras están detrás de una de las empresas madereras, MLR Florestal, responsable de la destrucción de bosques y situaciones de violencia en estas zonas.2 Muchas de las concesiones industriales dentro de esas zonas han sido entregadas sin el consentimiento legalmente requerido de los pueblos indígenas, cuyos territorios están siendo destruidos por estas actividades madereras y mineras.
Si bien la solicitud de financiamiento menciona a la ganadería como causa de deforestación, no presenta un análisis exhaustivo de las causas subyacentes, tales como un sector cárnico orientado a la exportación, con vínculos entre la industria de exportación y la ganadería a menudo realizada en asentamientos ilegales dentro de territorios de pueblos indígenas. Como resultado, las actividades propuestas para manejar los asentamientos ilegales y la ganadería no lograrán reducir la deforestación y provocarán más violencia y desesperanza.
Otro agente de deforestación al que no se hace alusión en la solicitud de financiamiento es la falta de acción gubernamental a lo largo de los años para completar el paso final del reconocimiento legal de los territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en las dos Regiones Autónomas de la Costa del Caribe. Estos derechos están protegidos por la Constitución nicaragüense, y la Ley Constitucional 28 requiere, entre otras cosas, este paso final llamado Saneamiento, o curación de la tierra. Exige que el Estado suprima a todos los colonos y compañías que operan dentro de los territorios de pueblos indígenas que no tengan títulos legales o acuerdos de arrendamiento con las autoridades comunitarias apropiadas.
Pueblos indígenas tales como la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN) han advertido que “están colonizando todos los territorios indígenas y afrodescendientes de Nicaragua. En la Reserva Biológica Indio-Maíz se están estableciendo mineros en busca de oro y en numerosas ocasiones grupos armados han amenazado a familias de los Pueblos Indígenas Rama y Afrodescendientes Kriol. Mientras tanto, en la Reserva de la Biosfera de Bosawás, grupos de hombres armados con armas de guerra provocaron el desplazamiento forzado de comunidades enteras de los pueblos indígenas Miskitos y Mayangna, y el Estado ha fracasado en proteger a esos pueblos a pesar de múltiples pedidos”3. A pesar de los reiterados llamados por parte de las asociaciones de pueblos indígenas para que el gobierno de Nicaragua implemente plenamente una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que confirma esta obligación legal del estado, el gobierno no ha tomado medidas concretas para eliminar los asentamientos ilegales o las corporaciones que operan sin el consentimiento de las comunidades indígenas.4
En suma, la solicitud de financiamiento REDD presentada por el BCIE no menciona en lo absoluto ni a la minería ni a la extracción maderera industriales, así como tampoco a la falta de acción del gobierno en llevar a cabo el Saneamiento en los territorios indígenas reconocidos en las áreas protegidas de Bosawás e Indio Maíz/Río San Juan. En cambio, la solicitud de financiamiento es una más de la larga lista de propuestas REDD que perpetúan el discurso unilateral de culpar a la agricultura campesina de la deforestación. Si bien los asentamientos ilegales son sin duda una causa de deforestación en esas dos áreas protegidas y en los territorios indígenas, la propuesta de financiamiento no brinda la contextualización y el análisis de este fenómeno, el cual sería crucial para obtener respuestas adecuadas a esta devastación.
El cumplimiento del gobierno de esta obligación legal sería una contribución importante al cese de la deforestación en estos territorios indígenas. Sería especialmente importante a la luz de la escalada de asentamientos ilegales desde el estallido de la pandemia del COVID-19. Esos asentamientos no serían posibles sin la complicidad de las autoridades estatales y de la participación del sector privado (tanto de capitales nacionales como extranjeros). Esta misma situación favorece la construcción de nuevas iglesias dentro y alrededor de los asentamientos ilegales. Un informe de julio de 2020 identifica la construcción ilegal de un total de 23 iglesias dentro del área protegida de Indio Maíz/Río San Juan.5 El informe señala el apoyo explícito de las autoridades gubernamentales para la construcción ilegal, citando como ejemplo la oficina del alcalde de un pueblo de la región que proveyó los materiales de construcción.
La escalada de asentamientos ilegales desde el estallido de la pandemia del COVID-19 también provocó un alarmante aumento de gente asesinada. El número de personas indígenas que han sido asesinadas en conflictos con los invasores prácticamente se ha duplicado, en comparación con años recientes.6 Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades de los Mayangna y los Miskitos, en la Región Autónoma de la Costa Norte del Caribe, fueron asesinadas, elevando a 46 el número total de asesinatos desde 2015.
En febrero de 2020, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) subrayó la falta de protección de los derechos de los pueblos indígenas y la impunidad por los crímenes cometidos contra pueblos indígenas en las regiones donde se llevaría a cabo el Proyecto BIO-CLIMA. ACNUDH urgió al gobierno de Nicaragua a adoptar las medidas necesarias para impedir que continúe la violencia y proteger la tierra, los territorios y los recursos de las comunidades indígenas.7 Pero desde entonces la situación ha cambiado para peor.
Nada de esto se refleja en la solicitud de financiamiento que el BCIE presentó en nombre del gobierno de Nicaragua. Por el contrario, la solicitud de financiamiento incluye actividades que en esencia darán impunidad a los asentamientos ilegales. Incluso la propia evaluación de riesgo ambiental y social del Fondo Verde para el Clima calificó como “importantes” los “riesgos de la intervención del proyecto que pueden agravar los conflictos entre campesinos-colonos y comunidades (de pueblos indígenas)”.
En otras palabras, esta solicitud de financiamiento REDD seguramente no abordará las causas reales de la deforestación en los bosques de Bosawás e Indio Maíz y las 42 acciones propuestas incluyen varias que muy probablemente agravarán los conflictos existentes que tienen su raíz en políticas gubernamentales que empujan a los campesinos a adentrarse en territorios de pueblos indígenas.
Además, la solicitud de financiamiento REDD del BCIE propone un procedimiento de “consentimiento libre, previo e informado” que socava la protección legal otorgada a los territorios indígenas de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe, donde se implementarán la mayoría de las actividades comprendidas en la solicitud de financiamiento FP146.
La ley 28 de la Constitución de Nicaragua garantiza la inalterabilidad de los derechos a la tierra de Indígenas y Afrodescendientes y reconoce el derecho de estas comunidades a ejercer total control sobre sus tierras. Las decisiones sobre el uso de la tierra, por lo tanto, competen a la comunidad.
Más del 80% del presupuesto de la propuesta de financiamiento se gastará en las dos áreas protegidas que incluyen grandes partes de territorios de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, donde las comunidades tienen garantizados estos derechos legales a determinar el uso de esa tierra. La solicitud de financiamiento del BCIE no oculta el hecho de que la propuesta no ha sido discutida aún con las comunidades de estos territorios.
¿Cómo, entonces, puede el BCIE argumentar que cumple con el requisito del Fondo Verde para el Clima para las solicitudes de financiamiento que afectan territorios de pueblos indígenas, de demostrar “consentimiento libre, previo e informado”? El BCIE simplemente propone excluir a las comunidades que no dan su consentimiento a las actividades propuestas. Esto, como mínimo, es una interpretación muy inverosímil del principio de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). De hecho, dada la situación actual de intimidación y represión masiva de las opiniones críticas en Nicaragua, que ha dado lugar a una nota, entre muchos otros, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que la Secretaría del Fondo Verde para el Clima dé andamiento a una propuesta que incumple de tal manera el procedimiento del CLPI, seguramente pondrá en situación de riesgo a los miembros de las comunidades de estos territorios indígenas y afrodescendientes. ¿Es a esto a lo que equivale en la práctica la política CLPI del Fondo Verde para el Clima? Un informe publicado hace algunas semanas identifica numerosas instancias en las que gobiernos paralelos que cuentan con el aval del Estado se apropiaron de derechos indígenas a la tierra para controlar el otorgamiento de títulos y concesiones a la tierra.8
¿Cómo puede una propuesta de financiamiento con un enfoque de Consentimiento Libre, Previo e Informado tan inadecuado ser aprobada por el proceso de evaluación del Fondo Verde para el Clima cuando está profusamente documentado que el derecho constitucional de las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes de los territorios afectados por la solicitud de financiamiento del BCIE ha sido y continúa siendo amenazado?
El fracaso del proceso de selección del Fondo Verde para el Clima para REDD ha sido nuevamente puesto al descubierto por la Secretaría que adelantó el FP146 para su aprobación por la Junta. Esto viene justo después de la 26a reunión de la Junta del Fondo Verde para el Clima en agosto de 2020 (B26), donde algunos miembros de la Junta expresaron sus críticas con respecto a la deficiente calidad de evaluación de las propuestas REDD presentadas para aprobación de la Junta. Las expresiones de preocupación tales como las manifestadas por los miembros de la Junta en el B26 son importantes. Pero si no están seguidas de acciones, resultan ser un ejercicio en vano. Claramente es tiempo de poner fin al experimento del Fondo Verde para el Clima de financiar REDD.
Esta propuesta de financiamiento presentada por el BCIE en nombre del gobierno de Nicaragua demuestra por qué es imperativo que el Fondo Verde para el Clima cese de inmediato el financiamiento de REDD. Que una propuesta de proyecto como FP146, que se basa en una evaluación tan peligrosamente inadecuada de las causas y el contexto de la deforestación, pudiera ser aprobada por el proceso de evaluación del Fondo Verde para el Clima, es muy preocupante. De hecho, la omisión de haber evaluado adecuadamente los riesgos contenidos en esta solicitud de financiamiento REDD y el haber presentado esa propuesta REDD a la aprobación de la Junta corre el riesgo de amenazar la vida de las personas en un contexto de violenta represión estatal de las opiniones críticas en Nicaragua. Permítanos recordarles que para las organizaciones de la sociedad civil siquiera publicar una carta que critica el pedido de financiamiento presentado a la Junta del Fondo Verde para el Clima representa exponerse a un riesgo real de represión y criminalización.
La aprobación del FP146 sin duda pondría en serio riesgo la reputación del Fondo Verde para el Clima: conflictos, criminalización y represión de opiniones críticas son una realidad previsible si esta solicitud de financiamiento es aprobada por la Junta del Fondo. Por todas estas razones exhortamos a la Junta a que rechace la solicitud de financiamiento FP146 del BCIE para el “Bio-CLIMA Project. Integrated climate action to reduce deforestation and strengthen resilience in BOSAWÁS and Rio San Juan Biospheres” (Proyecto Bio-CLIMA. Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en BOSAWÁS y Biosferas de Río San Juan) y suspenda la aprobación de nuevas solicitudes de financiamiento de REDD+.
05/09 de noviembre de 2020
WRM – Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Hoy se cumplen 10 años de la creación del Túmin en Espinal, Veracruz. La moneda comunitaria “Túmin” es un instrumento de papel moneda de 1, 5, 10 y 20 Túmin para facilitar el intercambio y dinamizar la circulación de nuestros productos y servicios entre los barrios, las colonias y los pueblos, entre la zona urbana y rural. Es para completar el gasto familiar con el fin de cubrir las necesidades, para mantener nuestras fuentes de ingresos y empleos, para que la riqueza y los beneficios sean para nosotros y se queden entre nosotros y nosotras; pero también para incrementar los lazos de confianza y solidaridad.
Surgió en 2010 en el municipio de Espinal, Veracruz, y actualmente se extiende en 20 estados de la República mexicana. Es un Mercado Alternativo de Economía Solidaria de carácter autogestivo y comunitario que se basa en la confianza y el respeto.
Les compartimos este vídeo sobre el Túmin en Chiapas y en especial en San Cristóbal de Las Casas, donde la gente se organiza para realizar mensualmente un tianguis en diferentes partes de la ciudad y donde cada vez más productoras, productores, comerciantes y prestadores de servicios se unen al Túmin.
Para celebrar este décimo aniversario se realizará un tianguis este domingo 14 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en la Plazuela de San Ramón.
Si gustan saber más sobre el Túmin en San Cristóbal y los tianguis que se realizan pueden unirse al grupo en facebook «Túmin San Cristóbal«.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el Mercado Alternativo y de autogestión se extendió a partir de septiembre por los barrios contagiando la solidaridad. Pareciera que llegó tarde, ya que durante los meses del confinamiento provocado por el COVID-19 hubiera tenido un gran impacto para el sostenimiento de las economías familiares y los empleos locales. Sin embargo, los barrios ya se preparan para enfrentar otros confinamientos.
Luego de talleres, reuniones y asambleas, se han logrado establecer más de diez puntos de información donde los socios y socias del Túmin fungen como enlaces en sus barrios y colonias encargados de promover, inscribir e impulsar la moneda comunitaria en sus zonas, así como de preparar y organizar los tianguis del túmin donde corren los productos, los servicios, la solidaridad y la amistad entre las y los tumistas. En dos meses se sumaron tumistas que ofrecen pan, café, miel, granola, tacos, donas, alimentos preparados, medicina tradicional, mole, huevo, verduras, frutas, artesanías, cacao, ropa, joyería y abarrotes entre otros muchos productos. También proveedores de servicios como dentista, médico, carpintero, balconero, sastre, electricista, pintor, albañil, taxista, transportista, renta de locales, clases de regularización de materias, de música o de idiomas, papelería, restaurante, cafetería, etcétera. Se organiza ya un tianguis mensual, se elabora un directorio, grupos de chat, página de Facebook “Túmin San Cristóbal” y otras herramientas para difundir la confianza y la solidaridad.
La moneda comunitaria “Túmin” fue creada el 6 de Noviembre de 2010 cuando se inscribió a este sistema solidario la primera persona en la comunidad de El Espinal, Veracruz. Por ello, San Cristóbal se prepara para festejar en Noviembre 2020 el X Aniversario del Túmin.
¿QUÉ ES EL TÚMIN?
El Túmin es un instrumento de papel moneda de 1, 5, 10 y 20 Túmin para facilitar el intercambio y dinamizar la circulación de nuestros productos y servicios entre los barrios, las colonias y los pueblos, entre la zona urbana y rural. Es para completar el gasto familiar con el fin de cubrir las necesidades, para mantener nuestras fuentes de ingresos y empleos, para que la riqueza y los beneficios sean para nosotros y se queden entre nosotros y nosotras; pero también para incrementar los lazos de confianza y solidaridad.
Surgió en 2010 en el municipio de Espinal, Veracruz, y actualmente se extiende en 20 estados de la República mexicana. Es un Mercado Alternativo de Economía Solidaria de carácter autogestivo y comunitario que se basa en la confianza y el respeto.
El Túmin evita que nuestra economía se estanque frente a los grandes supermercados transnacionales. El Túmin no se acapara, no se estanca, no se devalúa, no se especula. El Túmin nos invita a moverlo, a danzarlo de mano en mano entre productores y productoras. El valor de nuestros productos respaldan al papel moneda que se nos entrega gratuitamente. Por ello, el Túmin no es un vale asistencialista que se reparte a un consumidor, y por ello no circularía; sino que representa productos y trabajo al servicio de la comunidad. Entre más lo usamos menos se acaba, a nadie nos conviene guardarlo y a todas y todos nos conviene que circule, por eso decimos que el Túmin es dinero sustentable, es una moneda autónoma que nos hace más independientes.
Al usar el Túmin se invierte en la comunidad y la comunidad lo invierte en mí. La autonomía será mayor cuando en este Mercado Alternativo se sumen más proveedores locales de distintos productos y servicios. Frente a los confinamientos sanitarios y la crisis económica, el Túmin se vuelve la moneda alternativa de sobrevivencia con solidaridad y confianza.
Con el Túmin también se facilita y favorece el trueque y otras formas de intercambio de la Economía Solidaria. El Túmin favorece la autonomía de los territorios rurales y urbanos. Fortalece la riqueza propia en beneficio colectivo porque se queda y circula en la comunidad y no se fuga a los grandes supermercados, o a las grandes trasnacionales.
Con el Túmin, nadie pierde y todos ganan. Con sus tianguis es un espacio también de reencuentro, de alegría, de confianza, de ganas de vernos y de relacionarnos, de cercanía y sobrevivencia colectiva, todo eso que el capitalismo pretende arrebatarnos.
En el Túmin cabemos todas y todos. Y es responsabilidad del tumista lo que vende. En el Túmin no se discrimina a nadie por raza, etnia, religión, opción política, organización, orientación sexual; ni por clase, nacionalidad, producto o servicio que se ofrezca. Porque en el Túmin es más importante la productora y el productor, que el producto. En el capitalismo lo más importante es el producto, su precio, y se hace de la marca o de la mercancía un fetiche, algo muy exclusivo solo para algunos, o que lo puede adquirir quien tenga mucho dinero. En el Túmin, la persona es más importante, y con ello recomponernos en el tejido social, comunitario y barrial ayudándonos de manera solidaria.
Esta pequeña moneda es grande, y hace grande a los pueblos. Nos ayuda a ser conscientes del funcionamiento especulativo del sistema bancario y financiero. Con el Túmin recuperemos la solidaridad y la confianza que el capitalismo nos pretende secuestrar. Con el Túmin combatimos esa frase de “Hoy No Fío, Mañana Tampoco”, a “Hoy Sí Con-fio, ¡Mañana “Tumbién!”
Combatimos también esa frase de “No mezclar la amistad con los negocios”, porque con el Túmin, la sobrevivencia colectiva es amistad, confianza y solidaridad.
¿COMO FUNCIONA EL TÚMIN?
El funcionamiento es muy sencillo. Se entregan de manera gratuita 500 Túmin que equivalen a 500 pesos mexicanos. Un túmin es igual a un dólar, a un euro, a la unidad de cualquier otra moneda extranjera, o a una hora de cualquier tipo de trabajo ya sea manual o intelectual. Porque con el Túmin nos acercamos a la justicia porque nos hace iguales y reivindica con dignidad todo tipo de trabajo.
Quien los recibe debe ser una productora o un productor o un prestador de servicios. Se le inscribe y participa en el Directorio para darse a conocer por medio de las redes sociales u otras formas de difusión. Hay alguna persona Enlace cerca de ti con quien te puedes inscribir y quienes te proporcionará la moneda del Túmin, un pequeño reglamento, y si hay posibilidades también un póster, un tríptico, una calcomanía de “Se aceptan Túmin” o “Pide Túmin de Cambio” para ponerlo visible en tu establecimiento, negocio o vehículo o cualquier medio de transporte.
¿QUIEN PUEDE RECIBIR TÚMIN?
Todas aquellas personas que ofrezcan un bien o un servicio en el barrio, colonia o comunidad para ayudarnos mutuamente. Por ejemplo, quien vende pasteles, elotes, paletas, papitas, ropa, libros, tacos, quesadillas, gorditas, arroz, cacao, frijol, maíz, bebidas preparadas, plantas, miel, queso, café, artesanías, regalos, huevo, chiles, semillas, pan, alimentos orgánicos o preparados, frutas, carne, piñatas, medicina tradicional, etcétera.
También los servicios como taxi, panadería, sastrería, carpintería, alfarería, eléctrico, albañil, costureras, zapaterías, estéticas, ferretería, papelería, pintor, balconería, herrería, jardinería, hotel, restaurantes y fondas, tiendas de abarrotes, renta de sillas y mesas, peluquería, cuidado de enfermos o personas mayores, torno, mecánico, vulcanizadora, agua purificada, imprenta, enfermería, doctoras, servicios religiosos en las Iglesias, clases de yoga o de algún deporte, reparación de bicicletas, trabajo doméstico, lavado de ropa, entre otras muchos. O quien da clases de regulación de materias, quien pasea perros o arregla celulares, lavadoras, planchas, refrigeradores o máquinas
El Túmin permitirá que los negocios y las actividades económicas en los barrios y en las comunidades sobrevivan de manera solidaria con el apoyo de todas y de todos. Con el Túmin disminuimos la necesidad de conseguir más dinero para obtener lo que necesitamos.
En el Túmin no hay ninguna condición, ninguna coerción, ninguna penalización. La persona entra cuando quiere y sale cuando lo desee regresando los tumins que le fueron entregados. Pero sólo hay un compromiso: aceptar como mínimo el 10% en moneda túmin por tu producto o servicio. No significa aumentar un 10% en moneda túmin a tu producto o servicio, sino restarle el 10% para ser cobrado en la moneda solidaria del túmin.
El cobro del 10% en moneda túmin puede aumentar hasta el 100%, depende de la voluntad y necesidad del tumista que vende, y puede bajar cuando lo desee, pero nunca por debajo del 10%. Este es el principio de la confianza en la Economía Solidaria. En el Túmin puede ofrecerse mejores precios en comparación con la venta solo en pesos mexicanos.
Se puede dar Túmin de cambio recomendando que no sea mayor al costo del servicio recibido o producto comprado. El vendedor puede preguntar si el comprador acepta túmin de cambio o el comprador pedir que le den túmin de cambio, aunque no sea socia o socia del Túmin. A nadie obliga dar o recibir túmin de cambio. Es voluntario. El Túmin es válido al portador, aunque no seas productor o productora o vendedor o vendedora de servicios, aunque no seas socia o socio del túmin, porque lo puedes solicitar de cambio para adquirir productos o servicios que aceptan túmin, o porque lo puedes donar a algún familiar o amistad.
Lo más importante en la Economía Solidaria del Túmin es el Productor/a, la persona, la solidaridad, la ayuda mutua, no el producto. Nos importa más la solidaridad, la organización, la toma de consciencia, la ayuda mutua, la sobrevivencia colectiva, la unidad, aprender otra lógica de mercado. Si de esa consciencia nace otra actividad productiva, pues mejor. Si el día de mañana alguien logra salir del sistema y producir algo sustentable, orgánico, que impacte menos al medio ambiente y la salud, será parte de este proceso de tomar consciencia por el que transitamos todos y todas. Por ello, el Túmin es una moneda solidaria, alternativa, viva, sustentable,autogestiva, pero de transición. El Túmin no cambiará todo el capitalismo, pero será una puerta de entrada para construir otros mundos posibles que, sin la solidaridad, no se podrá lograr.
La moneda comunitaria del Túmin no se vende, no se especula, no es mercancía, no genera intereses, no se devalúa, sino un instrumento de solidaridad y de transición. La moneda comunitaria no es para resolver todos los problemas del capitalismo, sino para iniciar a resolverlos.
El Túmin vale en todos los sitios y estados del país donde circula, y de la misma manera se aceptan los túmins de otros estados que tienen otros diseños. No hay voceros en el Túmin, todos y todas las socias podemos hablar y representar el espíritu de la moneda comunitaria en cualquier espacio. Dar charlar, promover, invitar, etc.
Cada Colectivo, Colonia, Barrio o Comunidad puede organizarse como desee para impulsar el Túmin por medio de ferias, tianguis, difusión por cualquier medio, grupos de Whatsapp, etcétera. También se pueden organizar actividades del túmin por sectores, productores o temáticas. El Túmin es libre, es de la gente, es para resolver necesidades básicas.
¿QUÉ SIGNIFICA ‘TÚMIN’?
Alrededor del año 300 antes de Cristo, en la Antigua Grecia, existió una moneda de plata llamada “Dracma”, palabra que proviene del verbo griego “empuñar”, “agarrar”, porque esta moneda equivalía al peso en plata de 6 óbolos que eran 6 barras de metal largas y finas que cabían en el puño de la mano.
Posteriormente, los árabes derivaron la palabra “Dracma” en “Adarme”. Y a un ochavo de “adarme” le llamaron “tumn” o “tumni”, que equivalía al valor más pequeño.
Más tarde, en España le llamaron “tomin” que también significaba el valor más ínfimo y equivalía a la tercera parte del Adarme y a la octava de la moneda “Castellano”. El “tomin” fue una medida de peso equivalente a poco más de medio gramo de oro (0.596 gramos) o a 12 granos.
En el virreinato de Nueva España, la primera moneda autóctona acuñada en 1536 fue el peso de oro de Tepuzque, cuyo nombre sería la versión castellanizada de Teputzli, cobre en lengua náhuatl. Este peso equivalía a 272 maravedíes, a 8 Reales de plata, y cada Real equivalía a un Túmin.
La unidad de peso para metales preciosos fue el equivalente a unos 230 gramos. En el caso de las piezas de oro, sus divisores eran el castellano, el tomín y el grano. En cuanto a la plata aparecían la onza, equivalente a 1/8 de marco o 28,75 gramos; y el tomín de plata, de 1/384 o 0,559 gramos. Alrededor del año 1600 el Rey Felipe III acuñó una moneda de cobre llamada un ochavo que equivalía a un octavo de onza y que dejó se usarse alrededor de 1850. En aquel tiempo una onza castellana equivalía a 28.75 gramos o a 576 granos.
Así, durante la colonia se hace referencia a diversas monedas: pesos de oro, maravedíes, tomín, ducados, doblones, reales, dineros, sueldos, escudos (conocidos también como patacas), doses y tostones (monedas de 4 reales) muy comunes en Chiapas.
El “Tomin” que tiene origen en los griegos y que pasó a los árabes, luego a los españoles y por ahí a nuestro continente, llegó a ser parte de las culturas americanas y del vocabulario náhuatl. Por eso “Túmin” significa dinero en náhuatl, en totonaco y en purépecha. Y en tzeltal significa algodón, porque los tributos que se pagaban durante la colonia al gobernante o tlatoani antes de la colonia, fueron adoptados por los españoles introduciendo las equivalencias de sus monedas, combinadas con los pagos en especie que ya se hacían. Por ejemplo, según el Códice Otlazpan, cada 80 días una persona que contaba con un terreno para sembrar de 800 por 20 brazas, debía pagar 4 tomines más dos cargas de leña, además de un guajolote al año.
Mientras la cantidad de guajolotes y de leña era fija para todos, la del Tomin y el cacao aumentaban con el tamaño de la parcela. En parte, esto explica por qué nuestros antepasados comenzaron a pelear por el oro y la plata acuñados en monedas: para poder pagar sus tributos. Pero también explica, quizá, de dónde vienen las costumbres que hoy subsisten para efectuar pagos mediante la leña, como hoy en Santiago Tinguistenco, Estado de México; sólo que aquí es al modo mexicano y no al modo colonial: no para someter unos a otros, sino para intercambiar productos y generar vida comunitaria.
Otras fuentes refieren que el túmin era el impuesto que pagaban los indígenas en el Perú con destino al sostenimiento de hospitales. Para los pueblos originarios Incas, túmin o tumis eran las navajas ceremoniales que se usaban en los siglos XV y XVI durante los festivales para el sacrificio de las llamas con el fin de agradecer al sol por las cosechas. Actualmente existe el poblado Tumina en la provincia de Estado Miranda, Venezuela, y el pueblo Los Tumines (Poblado de los Ates) en el Municipio Ario, Michoacán, México.
Hoy, muchas formas de colonización han cambiado, pero el mundo entero sigue peleándose por el dinero para pagar los tributos que ahora se llaman intereses e impuestos. En el corazón del mundo financiero, Wall Street, los propios norteamericanos protestan por la nueva esclavitud a las tarjetas bancarias, pues también en los Estados Unidos –y allá mucho más que aquí– viven peleándose por el dinero.
Por ello, más de 5 mil monedas comunitarias circulan en el mundo para salirse de estos esquemas de dominio. Y con el TÚMIN, con esta humilde moneda, la de menor valor, que equivalía a la cantidad o porción mínima de algo, los indígenas comerciaban entre sí. Hoy, el TÚMIN es una pequeña moneda en papel que hace maravillas, milagros, que mantiene viva la vida económica de la comunidad basada en la solidaridad y la confianza que el capitaliso nos pretende arrebatar.
Con mucha alegría les compartimos el último capítulo de esta serie de videos sobre defensoras y defensores del territorio y la vida.
NOSOTRAS
Defensores y defensoras de la Tierra y el Territorio
Durante el año 2019 desde la organización Otros Mundos A.C caminamos un Proceso de Acompañamiento Psicosocial con defensoras y defensores de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y Oaxaca.
Estos videos pretenden compartir algunas de las realidades de las defensoras y defensores de la vida y del Territorio y afirmar que otras formas de vida son posibles.
Esperamos que sirva para fortalecer y dar visibilidad a las defensoras y defensores, tanto en las defensas que ejercen, las amenazas que enfrentan, así como el poder colectivo que aportan para la creación de un mundo más justo y construir mayor solidaridad.
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de Asociación Solidaritat Periféries del Món
Compartimos el pronunciamiento de Front Line Defenders sobre la situación de las y los defensores en Chilón Chiapas – A 22 de octubre de 2020
El 15 de octubre de 2020, los defensores indígenas José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron detenidos arbitrariamente durante un violento operativo policial para desalojar una movilización pacífica en el crucero de Temó, en el municipio de Chilón, Chiapas.
José Luis Gutiérrez y César Hernández originarios del ejido San Sebastián Bachajón, en Chilón, Chiapas, son defensores los pueblos indígenas de identidad Maya Tseltal, y agricultores, que han dedicado su vida entera a defender el territorio y el uso colectivo de las tierras en oposición a la implementación de mega proyectos.
El 15 de octubre de 2020, los defensores indígenas José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron detenidos arbitrariamente durante un violento operativo policial conformado por alrededor de 300 elementos de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional, para desalojar la movilización pacífica en contra de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN). La manifestación se desarrolló en punto conocido como crucero de Temó, en la carretera Ocosingo-Palenque ubicada en el municipio de Chilón, Chiapas, México. Durante los mismos hechos, el defensor Juan Hernández, fue perseguido por la policía y se vio forzado a huir y resguardarse por cuatro días en un lugar seguro. Antes de la detención, los tres defensores indígenas marcharon junto a decenas de campesinos de diversas comunidades en la carretera Ocosingo-Palenque, cargando una lona con la leyenda “No a la Guardia Nacional”.
En un video publicado por un medio independiente se observa el uso excesivo e injustificado de la fuerza así como tratos crueles, inhumanos y degradantes durante el momento de la detención arbitraria de José Luis Gutiérrez y César Hernández. Horas después del arresto, la Secretaría de Seguridad Pública de manera arbitraria decomisó el vehículo y el celular de José Luis Gutiérrez. Más tarde el 15 de octubre de 2020, José Luis Gutiérrez y César Hernández fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Justicia Indígena del Ministerio Público en el municipio de Ocosingo, donde fueron acusados del delito de “motín”.
El 16 de octubre de 2020, previo a vencerse el plazo legal de 48 horas establecido por el nuevo sistema de justicia penal mexicano, por el cual un Juez de Control debía decidir si los detenidos José Luis Gutiérrez y César Hernández quedaban en libertad o eran vinculados a un proceso judicial, ambos detenidos fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados en Ocosingo, Estado de Chiapas. Allí el Secretario de Acuerdos del Juzgado negó a los abogados de los defensores -integrantes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba)-, acceso a las carpetas de investigación y también se negó a recibir documentación sobre las violaciones a los derechos humanos de los defensores. Los abogados fueron forzados a retirarse bajo la presencia intimidatoria de policías que monitorearon sus movimientos en el edificio del juzgado durante su visita. Finalmente, el Secretario de Acuerdos decidió cancelar la audiencia y solicitó el traslado de los acusados al Juzgado de Control de Cintapala, adjunto al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, “El Amate”.
El 17 de octubre de 2020 a las 11:00 am, familiares de los detenidos, comuneros de San Sebastián y San Jerónimo y abogados de Frayba se manifestaron pacificamente frente a los edificios de la Fiscalía de Justicia Indígena en Ocosingo, Chiapas, en oposición al traslado de los defensores y la violación del debido proceso. El mismo día las 13:50, se llevó a cabo una audiencia donde el Juez de Control decretó como legal la detención y mantuvo en prisión preventiva a los defensores José Luis Gutiérrez y César Hernández en “El Amate”, donde se encuentran actualmente. El 22 de octubre de 2020 a las 11:00 horas, está convocada nueva audiencia donde se decidirá si se vincula a los imputados a un proceso o se les deja en libertad.
Desde el centro de Reinserción “El Amate” José Luis Gutiérrez y César Hernández han denunciado temor de ser obligados a pagar una multa para que no los golpeen. El Frayba ha reportado con anterioridad la exposición a tratos crueles e inhumanos de las personas defensoras privadas de la libertad por parte de los custodios y otras personas presas que con anuencia de los directores, extorsionan y humillan con trabajos obligatorios.
Front Line Defenders expresa seria preocupación por la desaparición del defensor Juan Hernández y las detenciones arbitrarias realizadas bajo un delito fabricado en contra los defensores José Luis Gutiérrez y César Hernández. La integridad física y psicológica de los defensores es de especial preocupación a causa de las fuertes agresiones físicas de las que fueron objeto por parte de las autoridades. De igual manera, Front Line Defenders expresa su profunda preocupación por la violación del debido proceso durante y después de la detención de los defensores, razón por la cual a los defensores de derechos humanos no se les permitió defenderse adecuadamente ante el delito que se les imputa.
Front Line Defenders cree que estos ataques y detenciones son parte de una amplia estrategia de intimidación y violencia contra las y los defensores del territorio y de los derechos humanos de comunidades indígenas y que el uso de delitos fabricados se ha convertido en una estrategia efectiva para intimidar a quienes trabajan por y para los derechos humanos en México.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
El Estado de Guerrero es uno de las 32 entidades del país con una superficie de alrededor de 64,000 km² y representa el 3.2% del territorio nacional. Cuenta con 81 municipios y una población de más de 3.5 millones de habitantes representando la 12ª entidad más poblada de México. Guerrero es uno de los Estados con más caudales hidrológicos y ocupa el 12º sitio en cuanto a disponibilidad acuífera. Sin embargo, es una de las entidades más pobres y violentas del país, y al mismo tiempo aporta con sus represas la energía que requiere el sector turístico de élite ubicado en sus costas.
Los contrastes de la pobreza y opulencia marcan la injusticia en el estado de Guerrero, la tierra de quienes abonaron a la Independencia del país como José María Izazaga, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Juan N. Álvarez, así como la lucha de Canto A. Neri y las revueltas de Mochitlán y Quechultenango contra la dictadura porfirista. Es la tierra de Genaro Vázquez y de Lucio Cabañas quienes lucharon por un país nuevo. Pero es también el territorio donde en la región de la Costa Grande fueron asesinados 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas en 1995, y en 2014 los 43 Normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Es el territorio donde las mineras canadienses explotan con consecuencias sociales y ambientales irreversibles y en total impunidad violan acuerdos y contratos con los propietarios de las tierras, un estado que le proporciona gigantes cantidades de oro, agua y energía que extraen de una entidad empobrecida y violentada.
Guerrero es el territorio donde operó la época del milagro mexicano impulsando el desarrollo turístico internacional promovido por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés (1946-1952). Es entonces cuando las grandes represas se construyen desalojando pueblos para alimentar el turismo que destacara el llamado Triángulo del Sol considerado como el primer destino turístico con el que México se dio a conocer en el mundo para atraer el turismo extranjero al puerto de Acapulco, Ixtapa y Zihuatanejo así como al “pueblo mágico” de Taxco.
En medio de este turismo de élite se libra una lucha de las comunidades campesinas e indígenas a quienes se les disputan los territorios, el agua y la vida, por parte de las grandes empresas mineras con las actividades más voraces y destructivas que se hayan visto. Es la tierra donde los feminicidios y el crimen organizado han creado territorios libres de justicia y llenos de impunidad. Es el Estado donde por más de quince años, los ejidatarios resisten contra la construcción de la Presa La Parota que ha generado saldos de muertos, desplazados, violencia y presos políticos. Por ello, es el territorio que grita la consigna de “¡basta de represión, represas y presos políticos!”.
Analicemos ahora las intervenciones que se han realizado en las Cuencas de Guerrero con proyectos de represas, diques, bordos y derivadoras. Desde el año 1550 hasta el 2020 la CONAGUA ha logrado documentar1 la construcción en México de un total de 6,489 represas, derivadoras, diques y bordos en todo el país a lo largo de estos 470 años, independientemente de su tamaño, constructor y objetivo (ya sea para el riego, generación de electricidad, agua potable, abrevadero, acuacultura y pesca, recreativo, navegación, infiltración, entre otros). A estas se sumarán otras 112 “pequeñas” represas que el gobierno actual pretende construir entre 2018 y 2024 y repotencializar 64 grandes represas de las ya existentes.2 Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI), en México existen actualmente 4 mil 463 presas, de las cuales 668 son grandes represas principalmente para la generación de energía eléctrica.3
De estas 6,489 obras en el país, en el estado de Guerrero solo se han construido 105 en estos 470 años. Esto representa el 1.6% del total. Guerrero ocupa el lugar numero 23 de las 31 entidades con estas obras. De las 105 obras, CONAGUA tiene registro de su fecha de construcción de 94 de ellas. Es importante hacer notar que la primera obra registrada data de apenas 1937 y hasta 1964 que inicia la operación de la Presa El Infiernillo para detonar el desarrollo del turismo más que apuntalar a solucionar las causas de la pobreza y la violencia en el estado.
Al menos 10 Constructores distintos han realizado estas intervenciones, entre las que se encuentran la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Gobiernos municipales, Hacendados, Particulares, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) que funcionó entre los años 1946 a 1976; la Secretaría de Recursos Hidráulicos (SRH) que existió entre 1946 y 1976; y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) entre 1976 y 1994.
LOS SISMOS
Pese a que el estado de Guerrero se mantiene como la tercera entidad del país con mayor actividad sísmica después de Oaxaca y Chiapas, todas las represas, los diques, los bordos y las derivadoras se han construido en Zonas Sísmicas: 49 en Alta Sismicidad y 56 en Media Sismicidad. Es necesario tomar en cuenta que tan solo durante el mes de julio de 2020 se registraron 269 sismos en Guerrero de variada intensidad.
La Brecha de Guerrero es una región sísmica que no ha registrado ninguna actividad sísmica mayor a 7,0 desde el año de 1911. Por ello se calcula que podría ocurrir un sismo de gran magnitud en cualquier momento cuando la placa de Cocos se continúe introduciendo por debajo de la placa Norteamericana. Esta Brecha se ubica en el océano Pacífico frente a la Costa Grande de Guerrero, y se prolonga a lo largo de 230 km desde el sur de la ciudad turística de Acapulco hasta Papanoa.
LAS CUENCAS
Guerrero es uno de los Estados con más caudales hidrológicos y ocupa el 12º sitio en cuanto a disponibilidad acuífera. Su aprovechamiento es de 602,626 millones de m³. Las lagunas más importantes son la Laguna Negra, Laguna de Coyuca y Laguna de Tres Palos. Las aguas superficiales de Guerrero se distribuyen en 3 Regiones Hidrológicas: RH18 “Balsas”, RH19 “Costa Grande” y RH20 “Costa Chica-Rio Verde”.
La Región Hidrológica RH18 “Balsas” abarca la zona centro y norte del estado que equivale al 53,31% del territorio estatal. Los afluentes escurren al río Balsas que nace en el estado de Puebla y toma tres nombres diferentes antes de llegar al mar: Río de Mezcala, Río Balsas y Río Zacatula. En total son 771 Km de los cuales 522 corren sobre Guerrero, 107 sobre Puebla y 142 sobre Oaxaca. La Región incluye las Cuencas del Río Balsas-Mezcala (22,07% del territorio estatal), Rio BalsasZirándaro (14,72%), Rio Balsas-Infiernillo (5,46), Rio Tlapaneco (5,61%), Rio Grande de Amacuzac (3,24%) y Rio Cutzamala (2,21%).
El Río Balsas es uno de los más importantes de Guerrero y también con un alto índice de contaminación por la agricultura industrial, la industria textil, toneladas de residuos orgánicos, sólidos y metales pesados, como cianuro, zinc, aluminio, cadmnio y manganeso, aguas residuales sin tratamiento provenientes del consumo humano, industrial, agrícola, pecuario o minero.
La Región Hidrológica RH19 “Costa Grande” desembocan sus aguas en el Océano Pacífico, abarcando el suroeste con el 19,5% del estado. Las cuencas de esta región incluyen al Río Atoyac y Otros (8,06% del territorio estatal), Río Coyuquilla y Otros (5,80%) y Río Ixtapa y otros (5,64%).
La Región Hidrológica RH20 “Costa Chica-Rio Verde” desembocan sus aguas en el Océano Pacífico, se ubica en el sureste del estado abarcando el 27,19% de su superficie. Incluyen las cuencas Río La Arena y otros (0,31% del territorio estatal), Río Ometepec o Grande (7,81%), Río Nexpa y otros (7,22%) y Río Papagayo (11,85%).
En cuanto a las Regiones identificadas por CONAGUA, las represas, diques, bordos y derivadoras, 79 se ubican en la Región Balsas y 26 en la Región Pacífico Sur. Desde el punto de vista de las Regiones Hídricas se ubican 73 en Balsas, 20 en la Costa Chica y 12 en la Costa Grande de Guerrero. CONAGUA ubica las represas, diques, bordos y derivadoras en 19 Cuencas diferentes:
Más de 80 Corrientes superficiales se han intervenido con represas, bordos, diques y derivadoras entre los que se encuentran alrededor de 60 Arroyos y 25 Ríos.
Entre los Arroyos encontramos Agua De Correa, Agua Zarca, Ahiles, Ahuelican, Amatitlán, Amatitlan El Gde., Anillo, Apa, Arenal, Atlixtac, Copalillo, Cuachatlajco, Cuauhtenango, Cuavillas, El Columpio, El Cuajilote, El Limon, El Molino, El Platanar, El Tiro, El Tomatal, Escuchapa, Huacapa, Jaltipan, La Basilia, La Muñeca, La Pala, Las Anonas, Las Cuatas, Las Flores, Las Mojarras, Limpio, Los Ahiles, Los Capulines, Los Guajes, Nombre De Dios, Ojo De Agua, Pala, Pantitlan, Piedra Salada, Platanillo, Potrero De Rosas, Poza Blanca, Rancho Viejo, Redondeado, San Antonio, San Marcos, Santa Cruz, Tecorral Alto, Terremote, Tomatal, Totoloapan, Villegas y Xihuatoxtac, además de la Barranca de Xoxoquitla, Boca de Alcantarilla, Boca Potrerillo, Escurrimientos y la Laguna de las Flores.
Entre los Ríos encontramos Ajuchitlán, Amuco, Atopula, Atoyac, Azul, Balsas, Chiquito o El Oro, Cocula, Cortijo, Coyuquilla, Cutzamala, El Zopilote, Huacapa, Las Truchas, Nexpa, Papagayo, Poliutlao Sultepec, San Jeronimito, Tepecuacuilco, Tuxpan y Viramontes.
LOS MUNICIPIOS
Las represas, los diques, los bordos y las derivadoras se han construido en 37 municipios de la entidad que representan el 45.67% de un total de 81 municipios en el estado de Guerrero. Los Municipios con más obras lo encabeza Huitzuco (23) seguido de Buenavista de Cuéllar (8), Iguala (7), Atenango (5), La Unión (5), Chilapa, Taxco, Tixtla y Zihuatanejo (4 cada uno).
Compartimos este artículo de Tlachinollan publicado en Sin Embargo – A 14 de octubre de 2020
Pasan los días y las noches sin que las y los indígenas desaparecidos vuelvan a sus casas, al contrario, la violencia delincuencial continúa. Las desapariciones y asesinatos siguen marcando la historia de México. Muchas personas desaparecidas fueron truncadas de sus sueños, unas forman parte de las estadísticas de cuerpos que yacen en las barrancas, en los cerros y fosas clandestinas.
A propósito, el pasado miércoles 7 de octubre del año en curso Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), presentó un informe histórico de 2006 a septiembre de 2020 del Registro Nacional de Fosas Clandestinas donde existen 4 mil fosas y 6 mil 900 cuerpos exhumados en el país. Destacar que Guerrero ocupa uno de los primeros lugares con 383 fosas clandestinas y 563 cuerpos exhumados. Mientras que, con el gobierno actual, durante las labores de búsquedas, han encontrado “mil 257 fosas clandestinas y se han exhumado mil 957 cuerpos en territorio mexicano. En el caso de Guerrero, Acapulco cuenta con 61 fosas y 33 cuerpos exhumados, detalló.
Estas estadísticas muestran una minúscula parte de la radiografía de la violencia que, sin las historias, memorias de las personas ausentes, sólo serían un cúmulo de números en el tiempo.
La región de la Montaña no sólo es permeada por la violencia macrodelincuencial sino, además, la pobreza extrema que sufren las comunidades indígenas por falta de viviendas, salud, educación; el aumento con un registro de siete muertes maternas, seis feminicidios y muertes infantiles en esta región. Una violencia que es invisible, pero que provoca muerte de personas y afecta la vida.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan cuenta con un registro de 32 personas desaparecidas tan solo de 2018 a 2020. Del 2019 a la fecha, la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas (CNB), la Fiscalía General del estado de Guerrero, la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas, el Colectivo Luciérnaga (integrado por familias de las citadas 32 personas desaparecidas) y Tlachinollan, han realizado aproximadamente cinco búsquedas con resultados alentadores y crueles a la vez para las familias que buscan a sus seres queridos. Fueron 79 hallazgos de restos óseos de personas. Barranca Honda, Colonia Contlaco, Barranca 7 Cueros y Colonia el Ahuaje, Los Tres Postes son lugares donde cayeron las sombras del crimen para enterrar esas 79 historias, en una ocasión se encontró a una familia de cuatro integrantes en una fosa clandestina.
Para comprender la radiografía de la violencia en esta región inhóspita de Guerrero es importante dar el contexto en el que se inscriben las funestas desapariciones y los asesinatos. En un primer momento podríamos citar la violencia endógena en las comunidades, que se expresa por los ajustes de cuentas internas o rencillas personales. El olvido por parte de las autoridades y órganos de procuración justicia para prevenir los delitos, en el marco de múltiples agravios, la gente no le queda más que hacer justicia por propia mano. Este fenómeno de la violencia se da en varias comunidades de la región de la Montaña sean Na Savi, Me’phaa o nahuas. Por ejemplo, el municipio de Copanatoyac, Tlapa, Tlacoapa, Ayutla de los Libres, entre otros, son ilustrativos de la violencia endógena. Las consecuencias se percibían en la desolación de los pueblos, familias desplazadas, con el hambre y sin educación. Digamos que anteriormente esta violencia existía en la región de la Montaña, comenta Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan.
Sin embargo, en una nueva ola de violencia el 11 de diciembre de 2006 (Pereyra: “México: violencia criminal y «guerra contra el narcotráfico», 7 de mayo de 2012: https://bit.ly/34Ge9cX), “una vez que los pactos que tenían con el gobierno priista se disolvieron con el gobierno de transición del PAN, los cárteles de la droga iniciaron una guerra. En los cárteles se dan las escisiones, se generan y se van esparciendo grupos delincuenciales en todo el territorio mexicano. El descontrol es imparable”, en opinión de Vidulfo Rosales. El ex presidente, Felipe Calderón, declara la guerra al narcotráfico, lo que pasaría -sin alguna estrategia militar y sin conocer la capacidad de fuego del enemigo- sería un río de sangre y de lo que Juan Villoro llamaría la realidad esquizofrénica (Paullier: 10 años de la guerra contra el narcotráfico en México: Juan Villoro habla sobre la esquizofrenia del país y por qué “toda bala es una bala perdida”, 11 de diciembre de 2016: https://bbc.in/3dcsjq6). Así empezó todo.
En este marco referencial de la violencia, Guerrero no será la excepción. La guerra entre los grupos de la delincuencia es sin cuartel. Poco a poco empiezan a ingresar a grandes centros de poblaciones de la Montaña. Uno de los primeros municipios azotado por la violencia sería Chilapa, varias de sus comunidades ya sembraban y cultivaban la amapola y la mariguana; una actividad que los campesinos hacían desde hace tiempo, pero aún no había un involucramiento entre los productores y la maquinaria delincuencial.
Para Vidulfo Rosales “los años 2006, 2008 y 2009 empezará a entrar la delincuencia a Chilapa, que colinda con comunidades del municipio de Atlixtac y de Acatepec de la región de la Montaña alta. En estos espacios, por ejemplo, la delincuencia organizada controla la venta y la compra de la amapola. Fue, entonces, que sin querer el campesino se enganchó en esa ola delincuencial, obviamente para estos momentos se va centrando la violencia en estos lugares”.
Rosales Sierra, continúa, parecía que Tlapa por la tradición de lucha, siendo que fue donde nació el magisterio democrático de Guerrero en los años 70 y 80, y movimientos importantes como el de Othón Salazar Ramírez, la lucha de Genaro Vázquez Rojas que se concentró en muchas comunidades de la región. Todas esas ideas de luchas sociales, la lucha por los derechos de los pueblos indígenas como la policía comunitaria que pugna por un cambio social, de mejoras de vida en las familias, esto, por tanto, fue en cierta medida la contención de la violencia, por eso Tlapa y sus comunidades, tarda un poco más en llegar.
Pero los enfrentamientos entre grupos delincuenciales fueron arreciendo en Chilapa. La presencia policial y militar aumentó, así la violencia se dispersó hacía Tlapa. La ruta de trasiego de la droga era Chilapa, Chilpancingo, Iguala, hacia norte del país hasta llegar a Estados Unidos, complicado por las confrontaciones entre grupos delictivos con los asesinato y desapariciones de personas a la luz del día desde 2015 al 2018, en su máximo apogeo. Ante una ruta de trasiego bastante minada y no costeable para la empresa delincuencial, se bifurca una nueva ruta que va a ser Tlapa, Huamuxtitlán, Puebla, Veracruz y de ahí hacía Estados Unidos. Tlapa adquiere importancia como una “plaza” para los grupos delictivos y como consecuencia natural, se agudiza la violencia.
En el año 2010 y 2011 estuvo un jefe de la “plaza” en Tlapa sumamente violento, sanguinario, donde se registraron los primeros asesinatos. Más tarde fue detenido y todo el grupo que operaba fue aniquilado, las cosas se tranquilizaron por un espacio de unos meses.
Después volvió a cobrar vigencia la violencia por otro jefe de “plaza” que no era muy visible, pero mucho más violento porque se empezó a darse un fenómeno que no se había presentado: la desaparición forzada. En el 2017 se registraron muchos asesinatos, secuestros, levantones -como se conocen en argot delictivo- y desapariciones forzadas, se escucha entre dientes de la vox populi en Tlapa.
En Tlachinollan, sobre todo en 2018, empezamos a registrar un repunte de desapariciones forzadas y de secuestro a la orden del día. En 2019 fue el pico, se llegaron a contabilizar más de 70 asesinatos y más de 24 desapariciones. Abundaban los secuestros, de 4 o 5 personas por semana, uno al día.
Recordaremos, dice Vidulfo Rosales, que una vecina, frente a las instalaciones de Tlachinollan, fue privada de su libertad, desaparecida por un grupo armado. Estamos a una cuadra del Ayuntamiento Municipal, donde está la policía preventiva, a otra cuadra la policía ministerial, sin embargo, resulta increíble que un grupo delictivo viniera eso de las 14:00 horas enfrente de la oficina, a plena luz del día. Nadie dijo nada. Eso nos habla de la impunidad que este grupo gozaba y de su connivencia con las autoridades en Tlapa.
La radiografía completa de la violencia se va a tener en el 2019 cuando desaparecen Arnulfo Cerón Soriano. Es cuando la delincuencia se mete con la lucha social, toca a los luchadores sociales y agrede a los defensores de derechos humanos. La desaparición de Arnulfo fue vista como una amenaza a los defensores en la región y en el país. Las organizaciones de derechos humanos siguen condenando este hecho exigiendo justicia y castigo a los culpables.
Nos dimos cuenta cómo operaba la maquinaria de la delincuencia con el Ayuntamiento, con las policías municipales, otros cuerpos de seguridad: un modus operandi para privar de la libertad a las personas, asesinarlas, utilizar máquinas pesadas para cavar fosas clandestinas y enterrar cuerpos a gran profundidad. Muy difícil es la búsqueda de personas. En el caso de Arnulfo Cerón fueron los perpetradores quienes dijeron cuál era el paradero y así se encontró.
Esa es la radiografía de la violencia que se vive en la Montaña, con el caso de Arnulfo se vino a frenar de manera temporal, pero aún continua porque son grupos económicos, grupos de comerciantes, de políticos, policiacos y militares involucrados. Entendemos que es como una empresa criminal, que a muchos actores les reditúa y se ven beneficiados por este tipo de negocio que tiene que ver con el secuestro, la extorsión, el cobro de piso, lavado de dinero, venta de droga, robo de carros. La red criminal sigue intacta y por lo mismo el negocio de la macrocriminalidad continúa. El caso Ayotzinapa, con la desaparición de 43 estudiantes, está ilustrando claramente la red de la macrocriminalidad.
Lo preocupante de todo es que al parecer el gobierno del estado de Guerrero no está interesado en desmantelar las redes criminales, formados por políticos, diputados, regidores, presidentes municipales, etcétera.
Es menester mencionar la coyuntura del caso de Arnulfo Cerón para que las autoridades en Tlapa implementen una serie de medidas de prevención para evitar que de nueva cuenta se reposicione el crimen organizado, no obstante, es complicado si las mismas autoridades locales cuestionan que se defienda a un defensor de derechos humanos, desaparecido y asesinado, pero ese cuestionamiento justifica la continuidad de la violencia por crimen organizado.
El gobierno de la cuarta transformación, además de los programas sociales que está implementando para mejorar la condición económica de las personas, tiene que enfrentar a clases políticas, encarcelar a empresarios, diputados, comerciantes de mucho poder económico. Romper la red criminal y los pactos de silencio, debería ser la apuesta. En otras palabras, se tiene que tocar este modelo económico, hay que llegar al banquero que lava el dinero y al empresario que está metido en actividades ilícitas. De lo contrario, puede existir la voluntad de cambiar el estado de cosas, pero será difícil sin desmantelar a los grupos de la delincuencia. Pensando que la apuesta es que la gente tenga acceso a los satisfactores alimentarios, de vivienda, educación para resolver el tema de la violencia podría ser un desatino, sobre todo, considerando que la violencia es visto como un negocio lucrativo del cual no se puede prescindir tan fácil. Por tanto, el sentido común presupone romper con un modelo económico capitalista porque el lastre de la violencia fluye en sus rutas y así sobrevive. Este gobierno le falta mucho. Si sólo revisamos cuando entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había aproximadamente 35 mil desaparecidos y a la fecha aumentó a 70 mil desaparecidos. Es alarmante la situación tanto que se cataloga como una crisis de derechos humanos o una crisis humanitaria en México.
El México de las fosas clandestinas
El día miércoles 7 de octubre de 2020, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), en la presentación del informe histórico de 2006 al 30 de septiembre del 2020 sobre el Registro Nacional de Fosas Clandestinas, señaló que existe un “total 4 mil 092 fosas en todo el país, con un total de 6 mil 900 cuerpos exhumados. Las entidades con mayor número de fosas clandestinas son: Veracruz, con 504 (12.32% del total nacional); Tamaulipas, con 455 (11.12 por ciento); Guerrero, con 383 fosas (9.36%); Sinaloa, con 354 (8.65%); Zacatecas, con 331 (8.09%). En cuanto a los estados con mayor número de cuerpos exhumados de fosas clandestinas, Jalisco ocupa el primer lugar, con 897; y Sinaloa, en tercer sitio, con 613; seguido de Chihuahua, con 595; y, Guerrero, con 563.” (Transmisión en vivo en la mañanera presidencial:https://youtu.be/a904uDYTLbc)
En el gobierno de la cuarta transformación “se han intensificado las labores de búsqueda”, con un registro de “mil 257 fosas clandestinas (30.7 por ciento del total histórico) y se han exhumado mil 957 cuerpos (28.3 por ciento del 2006 a la fecha); de los exhumados en el periodo del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020 hay 806 cuerpos han sido identificados (41.18 por ciento) y 449 fueron cuerpos entregados a familiares (22.94% del total). Así, los municipios con mayor número de fosas clandestinas, localizadas del 1 de diciembre del 2018 al 30 de septiembre del 2020, se encuentran: Tecomán, Colima, con 96 fosas y 164 cuerpos exhumados; seguido por Úrsulo Galván, en Veracruz, con 75 fosas y 17 cuerpos exhumados. Mientras que en tercer lugar se encuentra Ahome, Sinaloa, con 63 fosas y 100 cuerpos exhumados (5.41% del total nacional); Acapulco, Guerrero, con 61 fosas y 33 cuerpos exhumados; en quinto sitio está Mazatlán, Sinaloa, con 48 fosas y 101 cuerpos exhumados (5.46 por ciento del total del país).” (Ibid: https://youtu.be/a904uDYTLbc)
Además, Encinas Rodríguez informó “que el registro histórico señala que del 2006 a la fecha se han reportado un total de 77 mil 171 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 18 se han acreditado durante los últimos dos años”.
Con mucha alegría les compartimos esta serie de videos sobre defensoras y defensores del territorio y la vida.
NOSOTRAS
Defensores y defensoras de la Tierra y el Territorio
Durante el año 2019 desde la organización Otros Mundos A.C caminamos un Proceso de Acompañamiento Psicosocial con defensoras y defensores de organizaciones indígenas y campesinas de Chiapas y Oaxaca.
Estos videos pretenden compartir algunas de las realidades de las defensoras y defensores de la vida y del Territorio y afirmar que otras formas de vida son posibles.
Esperamos que sirva para fortalecer y dar visibilidad a las defensoras y defensores, tanto en las defensas que ejercen, las amenazas que enfrentan, así como el poder colectivo que aportan para la creación de un mundo más justo y construir mayor solidaridad.
Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo de Asociación Solidaritat Periféries del Món
La Escuela Popular Ejidal y Comunal, reunida en el Centro Ecológico Alter Natos los días 20 al 23 de octubre de 2020, los ejidatarios y ejidatarias, comuneros y comuneras de diversas regiones de Chiapas, analizamos la situación de nuestros núcleos agrarios que pretenden ser disputados por muchos megaproyectos que amenazan nuestros Ejidos y Bienes Comunales. Los proyectos mineros, las represas, las súper carreteras, los pozos petroleros, el fracking, los gasoductos, las plantaciones de palma de aceite, los aeropuertos, los puertos marítimos, el Tren Maya, en Canal Interoceánico, las refinerías, entre otros, se abalanzan como buitres tras nuestros territorios de vida.
Ya que el 65% del territorio chiapaneco es propiedad colectiva, ejidal y comunal, seguimos siendo un estorbo para los intereses y megaproyectos neoliberales que durante la pandemia pretendieron avanzar aprovechando el confinamiento de la resistencia. Sin embargo, estamos aquí de nuevo, resistiendo y construyendo futuro para nuestros pueblos. La unidad y la fuerza de los núcleos agrarios serán un ingrediente fundamental para la defensa de nuestros territorios.
Por ello, frente a la amenazas que vivimos los ejidatarios, ejidatarias, comuneros y comuneras, manifestamos que
Nos solidarizamos con los ejidatarios y ejidatarias del Ejido Carrizalillo, Guerrero, por su resistencia en la defensa de su territorio ante los abusos e incumplimientos de la empresa minera canadiense que contamina sus aguas, viola el contrato firmado y que de no cumplirlos, nos sumamos a las demandas del Ejido de que abandonen sus tierras y exigimos todavía más, que abandonen el país.
A las autoridades agrarias exigimos que en el Municipio de Oxchuc, Chiapas, aceleren el proceso de cambio de nuestras autoridades de los bienes comunales a través de la “mano alzada” de las 132 Comunidades respetando nuestros usos y costumbres, y no por medio de urnas violentando nuestros derechos como comuneros. Denunciamos que hemos agotado todas las instancias como la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional sin respuesta.
Exigimos la liberación de los compañeros ejidatarios César Hernández Feliciano y José luis Gutiérrez Hernández detenidos arbitrariamente durante una manifestación pacífica en el Crucero Temó, Chilón.
Exigimos al Presidente Municipal de Chilón que respete los derechos y la autonomía de la Asamblea General de los ejidatarios.
Exigimos la cancelación inmediata de la construcción del Cuartel de la Guardia Nacional en el Ejido San Sebastián, Bachajón, Chilón.
Exigimos a las autoridades competentes el reconocimiento del comisariado Vicente Silvano Gutiérrez del Ejido San Jerónimo, Bachajón.
La Voz del Pueblo de la Región Costa, Llanura y Sierra de Chiapas rechazamos la construcción de presas y minas en la región. Y exigimos el respeto a los territorios de los núcleos agrarios de la región.
Exigimos la anulación de la supercarretera que atravesará territorios de los núcleos agrarios del municipio San Juan Cancuc, entre otros.
¡BASTA DEL DESPOJO A LOS TERRITORIOS EJIDALES Y COMUNALES! ¡POR EL RESPETO A LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS! ¡POR TERRITORIOS LIBRES DE MEGAPROYECTOS NEOLIBERALES!
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de octubre de 2020
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) felicita con enorme alegría a la Comunidad Indígena de Canoas en la municipalidad de Manzanillo, Colima por su fortaleza y firme decisión para rechazar de forma rotunda la consulta que pretende legitimar el despojo que ocasionaría el proyecto minero Rufus 5 de la empresa minera canadiense Hematite S.A de C.V, la cual se está fraguando desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria (PA).
La comunidad indígena de Canoas lleva varios años luchando por evitar que la minería destruya su territorio. Sin embargo, apenas este 8 de octubre del año en curso fue informada de ese plan, y después de haber hecho una marcha y un mitín ante la SEMARNAT, para solicitar que no se apruebe el proyecto minero que desde hace meses está siendo evaluado en la Delegación de esa dependencia en Colima, diversas instituciones que forman parte del Consejo Estatal Forestal como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIFAP), así como instituciones estatales, como el Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES), la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR), la Secretaría de Fomento Económico, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVECOL), la Universidad de Colima y la Secretaría de Desarrollo Rural; habían dado ya su voto a favor del proyecto minero sin que la Comunidad indígena de Canoas tuviera noticias.
El Gobierno del Estado de Colima está muy interesado en que este proyecto se lleve a cabo, por lo evidente de su apoyo y el impulso que los diferentes gobernantes de Colima han dado a los proyectos extractivos mineros desde hace décadas, permitiendo la destrucción del territorio, las violaciones a los derechos de los pueblos, la violencia, las desapariciones forzadas y los asesinatos cometidos a defensores del territorio por causa de esta actividad.
Por su parte, la SEMARNAT hace del conocimiento a la Comunidad Indigena que “están planeando una consulta en coordinación con la SEGOB, el INPI y PA”. En esas circunstancias nos preguntamos ¿cuál es el tan cacareado proyecto de cambio para los pueblos? cuando sólo intentan simular que les importa, simular que hacen acciones encaminadas a garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas con los “más altos estándares internacionales”; cuando la verdadera intención es, con esta acción, legitimar estos proyectos que de ninguna forma pueden esconder que son destrucción y muerte.
La Comunidad Indígena de Canoas en dos ocasiones se ha autoconsultado en legales y legítimas Asambleas Agrarias, declarando su “Territorio Libre de Minería”, ejerciendo su derecho a decidir la vida que quieren vivir en su Comunidad.
Desde la REMA abrazamos solidariamente la digna lucha que desde hace muchos años llevan a cabo en la Comunidad Indígena de Canoas, por defender el agua, los bosques, los animales y todo lo que sus ancestras y ancestros les heredaron y, que les queda claro, que es lo único que tienen para heredarle a sus retoños.
Exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales el respeto a la libre determinación de la Comunidad Indígena de Canoas que ya decidió un NO A LA MINERÍA. Así mismo sabemos que la violencia impera en esa zona y algunas personas de Canoas ya han recibido amenazas, por lo que responsabilizamos a los tres niveles de gobierno y a la empresa minera canadiense Hematite S.A de C.V por cualquier acto violento que atente contra la seguridad y la integridad física de las y los defensores.
¡Viva Canoas Territorio Libre de Minería!
¡No a la Consulta!
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Pronunciamiento de Agua para Todos sobre la nueva ley de agua con perspectiva de género – Septiembre 2020
Un conjunto de redes, organizaciones y personas, comprometidas con la promoción de la igualdad de género, la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales estamos promoviendo y demandando que la Ley General de Aguas, próxima a promulgarse, se sustente en un conjunto de principios que aseguren la igualdad sustantiva de género y el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, en un marco de sustentabilidad y justicia hídrica.
A veintiocho años de vigencia de la Ley de Aguas Nacionales es necesario –acaso urgente–transitar a un nuevo marco normativo que atienda los graves problemas hídricos que enfrenta el país. Esto se sustenta en razonesde diversa índole.En primer lugar, la reforma del Artículo 4º Constitucional que reconoció el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en 2012 y ordenó la redacción de una Ley General de Aguas. Seguir retardando su discusión y aprobación por el poder legislativo es una argucia inaceptable para mantener un orden jurídico de corte neoliberal, que sólobeneficia a una élite de la sociedad.
La conflictividad por las formas en que actualmente se gestiona el agua es creciente y no puede ser ignorada. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales reporta 560 conflictos ambientales en el país, 86directamente relacionados con el agua y otros de manera indirecta: la megaminería, el uso de sustancias tóxicas, el fracking, la extracción convencional de hidrocarburos.
La pandemia de COVID-19 ha mostrado que ladisponibilidad, calidad y accesibilidad al agua están mediados por las asimetrías sociales. Las desigualdades de género se expresan en la dificultad para la participación de las mujeres enlos comités comunitarios ylos consejos de cuenca; en el bajo porcentaje de mujeresregistradas conderechos o como usuarias del agua; y la falta de reconocimiento de su contribución a la conservación de arroyos, ríos y lagos.
Los esquemas de gestión del agua han generado un estrés hídrico para muchas personas.Resulta inaceptable descalificar las demandas y propuestas de grupos sociales amplios, entre ellos las mujeres, por su falta de conocimientos “técnicos”, para dejar intocado un modelo de gestión del agua y un marco jurídico que lo permite.
Una vez que hemos conocido las diversas iniciativas que están en discusión, nos pronunciamospor una ley orientada al ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento que se finque en los principios de igualdad de género y retomelos siguientes lineamientos, muchos presentes en las diversas iniciativas. Estos lineamientos deben tener la suficiente fuerza jurídica para hacerlos operativos y dar pautas claras para su instrumentación a lo largo y ancho de nuestro territorio.
Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.
Es el eje rector de la Ley Generalde Aguasy es precondición para el ejercicio del derecho a la salud, a la alimentación, a un medio ambiente sano, a una vivienda digna, la educación, entre otros. Este principio implica poner en el centro lasnecesidades de las personas, en especial las de mujeres y niñas, particularmente el alivio de la carga desproporcionada que recae en ellaspara la obtención de agua y del saneamiento.
Justicia hídrica.
Este conceptoconsidera el agua como un bien de interés público y corresponde al Estado su manejo y su protección; implica garantizar la impartición de justicia y reparación del daño sin discriminación de género, etnia o clase social. Se requiere de una Defensoría del Agua conautonomía y capacidades suficientes para aplicar el marco normativo internacional,nacional, estatal y municipala fin de poder dirimir conflictos en torno al vital líquido.
Sustentabilidad.
Una ley basada en este principioasegura quela capacidad de regeneración de los ecosistemas y de los ciclos hidrológicos se mantenga, así como las posibilidades de existencia de otros seres vivos. Todo esto implica la protección efectiva contra extracciones abusivas del agua y evitar su degradaciónpor contaminantes, tendencias que han sido una limitante para el desarrollo personal y el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas.
Igualdad sustantiva.
La igualdad entre mujeres y hombres debe expresarse de manera concretaen la vida cotidiana de las personas. La ley deberá mandatar que las políticas públicas instrumentenacciones afirmativas y redistributivas que remuevan los obstáculos para que las mujeres, en condiciones de igualdad con los hombres, accedan, usen, controlen, se beneficien y decidan sobre la gestión de los recursos hídricos y el saneamiento
Interculturalidad y derechos de pueblos indígenas y afromexicanos.
La Ley Generalde Aguas debe respetar:el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, a decidir sobre su territorio, incluida el agua; a la igualdad entre mujeres y hombres indígenas y la participación de estas poblaciones en la toma de decisiones1, preceptos estipulados en la Constitución mexicanay en Tratados Internacionales. Asimismo,debe garantizar el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a la consulta libre, previa e informada y establecermecanismos que garanticen la participación equilibrada de mujeres, jóvenes y personas adultas mayores de ambos sexos de estos pueblos.
Agua como bien común.
Consignar el agua como bien común en la Ley General de Aguas significa la adopción de un principio que reconoce el derecho de cualquier persona a este elemento de la naturaleza por el solo hecho de ser parte de la familia humana2; y pone un alto alos intentos de privatización de facto o por la vía de concesionespor varias décadas.Corresponde al Estado impedir que esto ocurra, así como también queempresas y otros actores contaminen las fuentes naturales, los pozos y los sistemas de distribución de agua, o realicen extracciones inmoderadas que limitarán el acceso, uso y control del agua de las generaciones presentes y futuras.
Control comunitario del territorio y el agua.
Las comunidades indígenas, rurales y de zonas marginadashan suplidola falta de acceso al agua para uso humano y para la reproducción de la vidamediante sistemas comunitarios. El reconocimiento legal de estossistemas contribuirá a su democratización, ampliará la participación y toma de decisiones de mujeres y jóvenes y pondrá un alto a abusos de cacicazgos locales. A la vez, les dotará decapacidadesa las comunidades para hacer frente al despojo de las grandes empresas extractivasy los megaproyectos.
Participación ciudadana incluyente.
La Ley General de Aguas debe mandatar que las instituciones públicas establezcan mecanismos y canales queaseguren la participación dela ciudadanía y las comunidades, con acceso efectivo a los procesos de toma de decisión.El principio de participación estáasociado con el de inclusión, para ello se deberán fortalecer las capacidades de grupos tradicionalmente excluidos como las mujeres, poblaciones indígenas, afromexicanas y otros colectivos en situación de desventaja sociocultural y económica.
Las organizaciones firmantes, comprometidas con la promoción de la igualdad degénero, la defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales nos pronunciamos porque los principios orientadores de la Ley General de Aguas,próxima a promulgarse,aseguren la igualdad sustantiva y el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, en un marco de sustentabilidad y justicia hídrica.
Red de Género y Medio AmbienteGrupo Territorio, Género y ExtractivismoCoalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al AguaCoordinación Interregional Feminista Rural –ComaletzinAsociadas por lo Justo –JASSRed Género, Sociedad y Medio AmbienteRed Nacional de Promotoras y Asesoras RuralesAlianza Mexicana contra el FrackingGrupo Regional Género y Extractivas
