La REMA festeja a las y los Periodistas de A Pie

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 28 de mayo de 2020

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria saluda con enorme alegría el 13° aniversario de la Red de Periodistas de A Pie pues en sus notas, artículos e investigaciones, las resistencia contra la minería en México han encontrado un espacio propio de visibilizarse.

Recordamos que fue en la Red de Periodistas de A Pie con quienes iniciamos nuestros talleres sobre el Modelo Extractivo Minero con el objetivo de que cada vez más periodistas contaran con las herramientas de investigación necesarias para entender como opera la minería y las múltiples formas en que las empresas mineras violentan los derechos de los pueblos y comunidades. Taller que poco a poco replicamos en muchos estados de la República con gran éxito.

Pese al complicado contexto para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión que, en México, pone en riesgo su seguridad personal, las y los periodista de A Pie contiuan ejerciendo una labor fundamental para millones de personas que en sus pueblos y comunidades alzan la voz contra la depredación del Modelo Extractivo Minero.

En los últimos 13 años, la Red de Periodistas de A Pie se han convertido en un referente informativo y un garante del derecho a la información en México.

!!LARGA VIDA A LA RED DE PERIODISTAS DE A PIE!!

¡¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN!!

Firma

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Mineria

La violencia contra las mujeres crece en abril: 335 son asesinadas y suben 44% las llamadas al 911

Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre el preocupante incremento dela violencia hacia las mujeres en México durante la pandemia por Covid-19 – A 25 de mayo de 2020

En el primer mes de la cuarentena se perpetraron 335 asesinatos de mujeres, de los cuales, sólo 68 fueron clasificados por las autoridades como feminicidios. Las llamadas al 911 relacionadas a violencia contra la mujer registraron en abril un descenso mensual, pero aún así, las cifras se mantienen muy por encima en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ciudad de México, 25 de mayo (SinEmbargo).- Al menos 335 mujeres fueron asesinadas en México durante el mes de abril –267 homicidios dolosos y 68 feminicidios–, lo que representa un alza de 1.57 por ciento con respecto a marzo pasado que tuvo 330 asesinatos en total, de acuerdo a las cifras que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Mientras que en el periodo de enero a abril se contabilizaron 1 mil 295 asesinatos de mujeres: 987 homicidios dolosos y 308 feminicidios. El número de asesinatos es 8.91 por ciento superior al del mismo periodo de 2019, que reporta en total 1 mil 189 asesinatos, de los cuales solo 305 fueron clasificados como feminicidios y 884 homicidios dolosos.

Los estados con el mayor número de asesinatos perpetrados en abril son: Guanajuato con 180 (172 homicidios dolosos y 8 feminicidios); Estado de México, 133 (95 homicidios dolosos y 35 feminicidios); Chihuahua, 91 (84 homicidios dolosos y 7 feminicidios); Michoacán, 88 (82 homicidios dolosos y 6 feminicidios), y Baja California, 81 (70 homicidios dolosos y 11 feminicidios).

Con un total de 11 casos, el secuestro de mujeres disminuyó en abril; uno menos que en marzo pasado (13)  y 23 secuestros menos que abril de 2019 (35).

De enero a abril se contabilizaron 1 mil 295 asesinatos de mujeres, el número es 8.91% superior al del mismo periodo de 2019.  Mujeres se han manifestado, constantemente por el alza de feminicidios. Foto: Sugeyry Romina Gándara, SinEmbargo.

Las denuncias interpuestas por violencia familiar –incluye tanto mujeres y hombres– registraron una caída mensual de 27.9 por ciento, pues de 20 mil 232 denuncias presentadas en marzo, en abril se registraron 14 mil 591.

En relación al delito de violación, en abril se registraron 304 llamadas al 911, lo que representa un descenso de 23 por ciento contra marzo, que registró 395 reportes telefónicos.

En los primeros cuatro meses de 2020 se realizaron al menos 1 mil 291 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violación, cifra superior en 8.39 por ciento con respecto al mismo periodo de 2019.

VIOLENCIA GÉNERO

Las llamadas de emergencia al 911 relacionadas con violencia contra la mujer presentaron una reducción mensual en abril, al registrarse 21 mil 722 avisos telefónicos contra las 26 mil 171 de marzo; sin embargo, la cifra de abril aún es superior (44 por ciento) en comparación con el mismo periodo del año pasado que registró 15 mil 84 llamadas de auxilio.

Este tipo de reportes telefónicos – aunque no son denuncias penales, también dan cuenta de la violencia contra las mujeres en el país– se dispararon desde inicios de año y se han mantenido por encima.

En enero las denuncias al 911 crecieron 52.50 por ciento, si se comparan con el mismo mes del año anterior, pues pasaron de 12 mil 579 en 2019, a 19 mil 183 en el primer mes de 2020, de acuerdo a cifras oficiales.

Y por cuatrimestre (enero-abril) se contabilizan al menos 88 mil 803 llamadas de violencia contra la mujer, es decir, 53.16 por ciento más que en el mismo periodo de 2019, que registra 57 mil 980 alertas.

Los estados con la mayor tasa de número de avisos telefónicos sobre violencia contra la mujer: Chihuahua, 735.3 llamadas por cada cien mil mujeres; Ciudad de México, 282; Coahuila, 215; Hidalgo, 201.4 y Querétaro con 197.2.

Activistas y expertas en el tema han señalado previamente que el incremento registrado desde inicios de año, en comparación con las llamadas realizadas en 2019, puede ser por diversos factores, desde el mayor conocimiento de las líneas de emergencia, así como las protestas y manifestaciones que se gestaron desde el año anterior.

Elena Azaola Garrido, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), consideró en una entrevista previa con SinEmbargo que hay que tomar en cuenta que los reportes al 911 pueden haber aumentado, sí por violencia, pero también porque el 911 es un número relativamente reciente, “puede ser que apenas se difunde y por eso se incrementa los reportes”.

La experta comentó que si bien, para analizar el aumento de denuncias hay varios aspectos a cotejar, sí coincidió en que podría haber una relación con las protestas: “yo creo que sí, que indudablemente todo este hablar del tema y todas estas protestas ciertamente han colocado este tema en un primer orden y debate público y hay más conciencia. Sí creo que las protestas han contribuido a que haya más atención sobre el tema, y a que se denuncie más”.

El pasado 15 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “el 90 por ciento” de las llamadas sobre maltrato eran falsas. “La mayor parte son falsas”, dijo en conferencia matutina. Las declaraciones del mandatario estatal generaron críticas y reproche por parte de colectivas feminista y organizaciones especializadas en la violencia de género.

Protestas contra la violencia hacia las mujeres. Foto: Sugeyry Gándara, SinEmbargo.

PETICIONES DE REFUGIO CRECEN

El número de solicitudes para refugio temporal de mujeres violentadas se disparó 50 por ciento durante el confinamiento por la COVID-19; en tanto que las llamadas para pedir asesoría, atención y los acompañamientos personales por casos de violencia crecieron 77 por ciento, reportó la Red Nacional de Refugio A.C (RNR)

Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, explicó que tan sólo del 17 de marzo al 17 de mayo, la organización ha atendido a 11 mil 131 mujeres, niñas y niños (desde la vía telefónica, redes sociales, y de forma personal en los 69 espacios de atención, protección y prevención a nivel nacional). Esta cifra representa un incremento del 70 por ciento, en comparación al mismo periodo del año 2019.

Del total, 6 mil 978 víctimas –el 65.16 por ciento mujeres y 34.88 por ciento niñas y niños– recibieron acompañamiento personal en los Refugios y sus Centros de Atención Externa, Casas de Emergencia y de Transición integrantes de la Red Nacional de Refugios.

Imagen: Galo Cañas, Cuartoscuro.

Más información:

[Vídeo] Nosotras Defensoras

Compartimos la serie de vídeos #NosotrasDefensoras producido por PBI México

Capítulo 6: El enfoque feminista en la protección

El enfoque feminista es una herramienta clave para entender, identificar y atender los riesgos y violencias específicas que enfrentan las mujeres defensoras. Además, incorpora al análisis crítico de estas realidades el ámbito de los derechos que defienden y los actores con quienes interactúan con el objetivo de definir medidas de protección integral para las mujeres defensoras. El feminismo posiciona la creación de redes, el autocuidado y el empoderamiento como la base del proceso de protección, aportando a la construcción de espacios seguros y de confianza para afrontar el aislamiento; para aprovechar recursos, herramientas y saberes colectivos; y fortalecer hacer más sostenibles los movimientos y organizaciones desde la sororidad.

Capítulo 5: Diferentes aspectos de la protección

Ya no podemos hablar de la protección de manera individual ni fragmentada. Es necesario avanzar hacia una visión colectiva de la protección con estrategias que vayan más allá de la seguridad hacia un enfoque integral, que ponga el autocuidado, el cuidado colectivo, la sanación en el centro, que recupere la memoria histórica, que posicione a las defensoras como sujetas activas en materia de seguridad, incorporando las prácticas para el manejo de los riesgos en la cotidianidad y a lo interno de las organizaciones, movimientos y comunidades.

Capítulo 4: Los impactos de la violencia (tercera parte)

Las defensoras de derechos humanos corren mayor riesgo que los defensores de sufrir violencia sexual y otras formas de violencia basadas en el género. También es más frecuente que sus hijos e hijas reciban amenazas y agresiones en represalia por el trabajo que ellas realizan. Los ataques específicos de género incluyen acoso y amenazas con insultos sexistas, violencia sexual en el contexto de actos represivos, estereotipos de género en los procesos judiciales y campañas de difamación y ataques contra quienes defienden los derechos de las mujeres.

Capítulo 3: Los impactos de la violencia (segunda parte) 

El impacto psicosocial y afectaciones de la violencia diferenciada sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres defensoras es un tema que no se aborda fácilmente: la culpa o los miedos no se viven de igual manera que los defensores, la intimidación y amenazas no solo recaen sobre sus cuerpos y vidas, sino en el de sus familias, dependientes y redes afectivas cercanas. Ello se une a otros factores como la falta de reconocimiento al interior de las organizaciones o la normalización de la violencia contra las mujeres, entre otra formas de discriminación cuya combinación pone en riesgo la vida y la salud de las activistas. 

Capítulo 2: Los impactos de la violencia (primera parte)

Las mujeres defensoras enfrentan modalidades de violencia específicas respecto a sus homólogos hombres. Entre las agresiones más frecuentes de que son objeto las Defensoras de DH en Mesoamérica encontramos el hostigamiento psicológico, calumnias, señalamientos, campañas de desprestigio, amenazas; criminalización, violencia sexual o asesinato. Todas estas formas de violencia contra las defensoras tienen un componente de género muy fuerte al utilizar el cuerpo y la identidad de las mujeres como fuente para sembrar el miedo, la intimidación y la explotación. Esta violencia específica impacta de una manera diferente sobre las vidas de las defensoras y su entorno cercano.

Capítulo 1: Nosotras, defensoras ¿Qué significa ser defensora?

Ser defensora es un compromiso de vida. Implica romper los estereotipos marcados por la sociedad patriarcal en un contexto de desigualdades estructurales, impunidad, corrupción, crimen organizado, misoginia, lgbtffobia, discurso de odio, extractivismo, políticas neoliberales y cierre de espacios democráticos. Ser defensora es enfrentar una doble violencia desde lo cotidiano, hasta nuestra acción pública, por el hecho de ser defensoras de derechos humanos y por el hecho de ser mujeres.

Más información:

Ya son 25 mil firmas diciendo fuera Femsa Coca Cola de San Cristóbal

San Cristóbal de Las Casas, Chi. 22/05/2020|Les compartimos con mucha alegría que hemos llegado a las 25 mil firmas en la petición a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) de revocación de la concesión de aprovechamiento del agua para Femsa Coca Cola en San Cristóbal de Las Casas.

Gracias a ti son 25 mil firmas para decir fuera Femsa Coca Cola de mi cuerpo y territorio

>>Firma le petición aquí<<

El pasado lunes 4 de mayo se lanzo en la petición a través de la plataforma change.org a partir de la petición a CONAGUA para revocar la concesión a la refresquera que hiciera el sindico municipal del ayuntamiento Miguel Ángel de Los Santos. Diferentes organizaciones y movimientos nos pronunciamos a favor de esta petición y argumentamos el daño que ha causado a lo largo de 20 años de funcionamiento en el Valle de Jovel.

Desde 1995 la planta de la refrescadura en San Cristóbal de Las Casas empezó sus operaciones, trabajando con dos concesiones días al año y extrayendo 1.3 millones de litros diarios de aguas profundas del Valle de Jovel. Se sabe que el lapso de 1995 al 2015 se extrajeron diez mil millones de litros, lo que equivale a diez veces el cupo del estadio azteca.

>>Ve la infografía al respecto aquí<<

Esto ha traído diversos daño a la población, cada vez los pozos son más profundos, dejando sin acceso al agua a la población aledaña a la fábrica, además provocando sequía y escasez de agua en el Valle de Jovel. Sin embargo se renovaron sus concesiones por otros 20 años, sin consultar a la población de San Cristóbal.

Aunado a esto dicha bebida provoca graves daños a la salud, como diabetes, descalcificación en huesos y dientes entre otros. Cabe mencionar que Chiapas es uno de los estados con mayor desnutrición y diabetes. A la vez de los mayores consumidores de esta bebida.

Facebook: Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas

La población de San Cristóbal a expresado su apoyo a esta iniciativa, les compartimos algunas de las razones en voz del Valle de Jovel. #YoProtejoElAgua

Imágenes: Ilustración Fuera CocaCola Crédito: Colectivo Alter-Nativas. Infografía La otra pandemia Plataforma por el Derecho Humano al Agua en Chiapas. Imágnes #YoProtejoElAgua Área de comunicación de Otros Mundos Chiapas

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En Prensa:

Sembrando Vida sirve al despojo igual que el Tren Maya y Corredor Transístmico, señala investigación

Compartimos esta nota publicada en La Cooperacha sobre algunos de los proyectos más grandes de esta administración – A 7 de mayo de 2020

“Triada diseñada para el despojo y la subordinación del territorio”: CECCAM.

El programa Sembrando Vida, junto con el Corredor Transístmico y el Tren Maya, “pueden ser considerados una triada diseñada para el despojo y la subordinación del territorio”, señala una investigación sobre los impactos de dicho programa y megaproyectos.

El documento de 40 cuartillas, elaborado por Daniel Sandoval Vázquez y presentado por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), señala que estos proyectos están estrechamente ligados entre sí.

Sobre el Tren Maya y el Corredor Transístmico destaca que posibilitarán las inversiones y ganancias en corto plazo pero que significan “arrebatar la posesión efectiva de la tierra a las poblaciones originarias” y “privarlas de la capacidad de decidir sobre cualquier uso futuro de los recursos en general”.

Además, prosigue, mediante el desarrollo urbano e industrial a gran escala y la explotación de la población se le separará de su labor creativa ligada a la tierra.

En tanto, el programa Sembrando Vida incide en la decisión de las personas para aceptar las disposiciones oficiales, señala. Con testimonios de distintas localidades se ha comprobado que el programa enajena a los pueblos su capacidad de ejercer el libre consentimiento.

Al relacionar cartográficamente los sitios donde se implementa Sembrando Vida y los nuevos trazos del Tren Maya, se ha documentado el “uso faccioso” del programa para que la población ceda sus tierras, expone.

“Visto de manera conjunta, con el diseño de estos proyectos se trata sí de un reordenamiento del territorio, pero que tiene la misión principal de refuncionalizar y someter las formas y contenidos de la vida social tradicional pertenecientes a los pueblos originarios”, plantea.

El documento concluye al destacar las exigencias hechas por las comunidades al Estado y sus instituciones para que sea desde los pueblos quienes diseñen y hagan valer otro tipo de proyectos.

“Se ha propuesto al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) que el gobierno no llegue con sus soluciones previamente elaboradas, sino que apoye para que los colectivos fundamenten y determinen lo que es necesario hacer en sus regiones”, apunta.

Imagen: La Cooperacha

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El fracking sigue avanzando en México

Comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking – A 19 de mayo de 2020

Pese a compromiso presidencial, el gobierno sigue dando permisos y destinando presupuesto público a fracking en formaciones no convencionales.

– En Pantepec, donde se perforó y fracturó un pozo, no se informó a la población, la cual sufrió daños a la salud y al medio ambiente inherentes a esta práctica.

– Los compromisos deben traducirse en hechos, se urge al gobierno y al legislativo a detener el fracking y prohibirlo legalmente para proteger los derechos humanos, el ambiente y el clima.

A través de una investigación realizada por la Alianza Mexicana contra el Fracking, en la cual se accedió a información oficial, se constató que, pese a los compromisos del actual gobierno expresados por el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, la explotación de gas y petróleo en formaciones no convencionales a través de fracking sigue vigente y avanzando en territorio mexicano. Este compromiso quedó establecido en el Punto 75 del Plan de Gobierno de la 4T, el cual señala “no se usarán métodos de extracción de materias primas que afecten la naturaleza y agoten las vertientes de agua, como el fracking”. Desde entonces, en varias sesiones de “Las Mañaneras”, el presidente ha reiterado su compromiso para detener esta práctica.

Desde que comenzó el gobierno de la 4T, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) ha aprobado seis Planes de Exploración en yacimientos no convencionales, los cuales permiten la perforación y fracturación de pozos para extraer gas y petróleo. Cinco de estos planes le fueron aprobados a Pemex Exploración y Producción (PEP) y uno más a Operadora de Campos DWF entre febrero y noviembre de 2019. Además, se le autorizó a PEP un séptimo Plan de Exploración, esta vez en yacimientos convencionales, que permite actividad no convencional. Cabe señalar que, pese a que el presidente anunció el 26 de junio de 2019 que el Plan correspondiente a la Asignación de PEP “AE-0387-2M Humapa” quedaría cancelado como una muestra del compromiso de su gobierno de no avanzar con esta práctica, a noviembre de 2019 este Plan seguía vigente, lo que supone que Pemex cuenta con los requisitos pertinentes para seguir avanzando con las actividades contempladas en él.

En total, en estos planes se contempla la perforación y fracturación de entre seis y diez pozos (en el escenario base y el escenario incremental, respectivamente) entre 2019 y 2021. Estos pozos se suman a los tres pozos que, si bien fueron autorizados durante el sexenio anterior, han sido operados durante el gobierno actual. En concreto, uno de ellos fue perforado y terminado en 2019 y dos más fueron terminados ese mismo año −Chaxán-EXP1, Pankiwi-EXP1 y Semillal EXP1−, lo que indica que la actividad de fracturación hidráulica ha sido realizada durante la 4T, a través de PEP, empresa productiva del Estado. Asimismo, al menos había tres pozos −Maxochitl-EXP1, Kaneni-EXP1 y Pankiwi-EXP1− que se encontraban produciendo gas y petróleo no convencional en 2019.

Ese mismo año, en el la comunidad del Tablón del municipio de Pantepec en Puebla, donde se sitúa el pozo Pankiwi-EXP-1, hubo diversos daños a la salud de la población derivados de la actividad del mismo, como constantes dolores de cabeza y náuseas debidos a los fuertes olores y vapores que emanaban del pozo. Además, en la zona  también ha habido daños a parcelas donde, repentinamente y sin explicación alguna, ocurrieron fisuras en la tierra y vertidos de petróleo. La población nunca fue informada sobre el uso de fracking en dicho pozo y solo lo pudieron corroborar que así fue una vez que se obtuvo la información vía transparencia en el marco de la investigación señalada.

Por otro lado, el gobierno ha seguido asignando y ejerciendo presupuesto público en proyectos de inversión de Pemex Exploración y Producción que requieren el uso de fracking para explotar hidrocarburos en formaciones no convencionales. Aunque estos proyectos −”Aceite y Gas en Lutitas” y “Aceite Terciario del Golfo” − fueron creados en sexenios anteriores, ha habido una continuidad en los mismos durante la presente administración. De esta manera, en 2019 se asignó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) un total de 6,603,959,696 pesos a los mismos, mientras que en 2020 este presupuesto se aumentó a 10,837,382,324 pesos, lo que, en términos reales, significó un incremento de 58.4%. En cuanto al presupuesto efectivamente gastado en 2019, asciende a 5,318,771,761 pesos según la Cuenta Pública de ese año, mientras que a primer trimestre de 2020 ya se han erogado 1,196,761,113 pesos, lo cual es una muestra irrefutable de que esta actividad sigue siendo impulsada por el gobierno actual.

Por último, cabe señalar que toda la normatividad para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales creada en el marco de la Reforma Energética del sexenio anterior sigue vigente y operativa en la actualidad. Esto incluye los “Lineamientos que regulan los Planes de Exploración y de Desarrollo para la Extracción de hidrocarburos” y los “Lineamientos de perforación de pozos”, ambos de la CNH, los cuales incluyen disposiciones para no convencionales y fracking. Asimismo, los “Lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales en tierra” de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA). Finalmente, los “Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales” de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Lo cual implica que las empresas y las entidades públicas implicadas en esta actividad siguen contando con un marco normativo que les permite realizarla.

Todo lo señalado muestra que es necesario que el gobierno y el Poder Legislativo tomen medidas inmediatas para concretar los compromisos de la 4T en hechos que eviten que el fracking siga siendo utilizado y, consecuentemente, proteger a la población, el ambiente y el clima de esta dañina técnica cuyos daños no pueden ser evitados al ser inherentes a la misma, como se ha demostrado por su uso en otros lugares. Por ello, urgimos a que se tomen medidas administrativas y legislativas que prohíban el fracking en México, como lo demandan ya 88 mil personas a través de su firma, y como lo han hecho responsablemente otros países y territorios del mundo, entre ellos: Francia, Bulgaria, Luxemburgo, Italia, Alemania, Irlanda, Uruguay, la provincia de Entre Ríos en Argentina, el estado de Victoria en Australia, la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en España, el Estado de Paraná en Brasil, y varios estados y localidades dentro de Estados Unidos (Vermont, Nueva York, Maryland, ciudad de Pittsburgh, condado de Monterey y territorios Chippewa y Cherokee).

Contacto de prensa: Alejandra Jiménez, nofrackingmx@gmail.com, Cel. 784 117 6209

La investigación está disponible aquí.

Imagen: Protesta en contra de la práctica del ‘fracking’, en imagen de archivo de La Jornada. Foto Alfredo Valadez

Más información:

[Infografía] ¿Sabes cuanta agua gasta Femsa Coca Cola en San Cristóbal?

A casi 20 días de lanzar una petición por la plataforma Change, donde se le pide a CONAGUA revocar la concesión de aprovechamiento de agua a Femsa Coca-Cola en Chiapas, se han logrando recaudar veinticuatro mil cuatrocientas cincuenta y cinco firmas.

>>Firma le petición aquí<<

Les compartimos esta infografía sobre el consumo y extracción de agua que hace la refresquera en San Cristóbal de Las Casas desde hace 20 años.

>>Descarga la infografía aquí<<

En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la embotelladora FEMSA-Coca Cola extrae 1.3 millón de litros de agua al día de dos pozos ubicados en las faldas del cerro Huitepec, donde las comunidades carecen del vital líquido. Diferentes colectivos y organizaciones nos hemos pronunciado en contra de esta planta que aparte de extraer grandes cantidades de agua, sus productos dañan mucho la salud de sus consumidores; contienen grandes cantidades de azúcar, causando obesidad, diabetes, malnutrición, descalificación de huesos y dientes, entre otros daños y enfermedades. Ve esta infografía al respecto.

Información sobre producción: Coca Cola reducirá la cantidad de agua que utiliza en su producción, Coca Cola promete restituir los 200 litros de agua que usa por cada uno de la gaseosa

>>Descarga la infografía aquí<<

Más información:

En Prensa:

El Tren Maya privatizará los ejidos

Compartimos esta nota publicada en Pie de Página sobre el tren maya- A 10 de mayo de 2020

Los ejidos donde Fonatur creará infraestructura relativa al Tren Maya deberán cambiar su régimen de propiedad social a privada. La investigadora Violeta Núñez Rodríguez alerta que esto podría tratarse de un «despojo elegante». Fonatur, en cambio, asegura que es innovación

Texto: Ricardo Hernández

Los ejidos donde se crearán polos de desarrollo relativos al Tren Maya cambiarán su régimen de propiedad social a privada. Así lo advirtió Violeta Núñez Rodríguez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Si los ejidatarios ceden sus tierras a un Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces (Fibra), deberán privatizarlas, pues la Ley de la Reforma Agraria no permite colocar certificados bursátiles de ejidos en el mercado de capitales, como el gobierno mexicano propone.

Ello podría conducir al despojo y venta de ejidos, y va en contrasentido a lo prometido por la actual administración federal: impedir la comercialización de propiedad social, afirma Núñez.

La «letra chiquita» del proyecto

El planteamiento del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) es que ejidatarios y empresarios formen una sociedad, donde los primeros aportarán la tierra y los segundos, la infraestructura.

Los bienes ingresarán a un fideicomiso y se colocarán certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores. Una vez ahí, dichos certificados podrán ser adquiridos por inversionistas. Finalmente, los socios recibirán recursos provenientes, tanto de la venta de certificados, como de parte del propio Fideicomiso. Pero estos recursos no serán en la misma proporción. Dependerá de las acciones que cada uno tenga en la sociedad.

“Una vez que las tierras han sido ingresadas al Fideicomiso no hay vuelta atrás”, dijo en entrevista telefónica la docente adscrita al Departamento de Producción Económica.

Y es que, de acuerdo con la Ley del Mercados de Valores, las Fibras son irrevocables.

Solo pasados cuatro años de finalizarse la construcción de los inmuebles en los polos de desarrollo, los ejidatarios podrán enajenarlos. O bien, tendrían que comprar las acciones de sus socios los empresarios para recuperar la propiedad.

En cualquier caso, lo que fue propiedad comunal quedará como propiedad privada, y la puerta quedará abierta al desarrollo urbano. La vocación agrícola se perderá. Así lo comenta la profesora de tiempo completo.

La inequidad entre socios será manifiesta. Los empresarios estarán en mejores condiciones para contar con más acciones en la sociedad y, consecuentemente, con mayores retribuciones.

Además, la Fibra es de renta variable. Es decir, depende de la confianza de los inversionistas en México y en la oferta y la demanda. Esto no les garantiza a los comuneros una ganancia, comenta la docente.

“Las Fibras podrían significar un proceso de ‘despojo elegante’. [Esto] debido a que, además de que los ejidatarios nunca podrán recuperar su tierra si lo quisieran, porque sobre ella estarán los proyectos inmobiliarios, tampoco, tienen garantizada la rentabilidad. Quizá en un futuro no les quedaría más opción que vender las acciones que reciban por sus tierras”, remató.

La versión de Fonatur

Consultado al respecto, Rogelio Jiménez Pons, titular del Fonatur, confirmó que es necesario privatizar los ejidos, a fin de bursatilizarlos. La Ley de la Reforma Agraria no contempla el modelo de fideicomiso.

El objetivo es, defendió Jiménez Pons, empoderar a los ejidatarios mediante un beneficio económico que luego podrán reinvertir en su comunidad.

“Los beneficios podrán invertirlos en el resto de su territorio; que se conviertan –ya dentro de sus normas, sus culturas y sus formas de organización que ellos determinen– en recursos para seguir invirtiendo.

«A nosotros no nos interesa que [los ejidatarios] sólo sean parte del esquema del turismo; sino que tengan recursos para reinvertir la plusvalía en el resto de los ejidos. Este empoderamiento es la base fundamental de justicia del proyecto”, dijo por teléfono.

La gran ventaja, añadió, es que los terrenos que ofrezcan aumentarán su valor; obtendrán una mayor plusvalía.

Además, detalló el funcionario, hay candados para resguardar las tierras comunales. Los ejidatarios no podrán vender más del 50 por ciento de su propiedad; y en los polos de desarrollo sólo se permitirá desarrollar el 30 por ciento. En el resto se conservará la vegetación.

Avanzar en el proyecto del Tren Maya y financiar los polos de desarrollo mediante la Fibra es para Jiménez Pons una necesidad. Su propósito es desarrollar el sureste con orden y bajo reglas claras. Según el funcionario, la falta de reglas alentó un desarrollo desordenado en otros lugares.

“Te voy a poner un ejemplo del desastre que ha significado el desarrollo en la Península. En el ejido de Tulum, que son 23 mil hectáreas, ya vendieron el 70 por ciento. Sin ningún plan de desarrollo, sin ninguna lógica ni nada. Es un caos terrible”, afirmó.

Urbanizar con límites, reglas, esquemas y con la participación de ejidatarios, sostiene, beneficiará a la región.

Finalmente, anunció que están por firmar los compromisos para avanzar en las Fibras con ejidatarios de Cobá, Puerto Morelos, Tulum, Bacalar, Palenque e Izamal.

«Innovación» financiera

Humberto Calzada, analista financiero de Rankia México y Latinoamérica, asegura que México estaría innovando en materia financiera. En todo el planeta, dice, no hay precedentes de bursatilización de tierras comunales.

«Si se da este proceso, estaríamos frente a un evento de innovación financiero y único a nivel mundial. Yo no he conocido otro modelo en el que se privatice la propiedad comunal. Sería un precedente», dijo.

Humberto Calzada, analista financiero.

Imagen: Archivo / Lucía Vergara

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Acuerdan delimitar humedales La Kisst y María Eugenia en Chiapas

Compartimos esta nota publicada en La Jornada sobre los humedales de Montaña en San Cristóbal de Las Casas- A 12 de mayo de 2020

Por Elio Enríquez

San Cristóbal de Las Casas, Chis. Autoridades del sector ambiental de los tres niveles de gobierno y representantes del poder legislativo federal acordaron delimitar los humedales de La Kisst y María Eugenia y ubicar señalización en sitios clave, en los que se indique su importancia y las consecuencias legales que implican su invasión y relleno, para evitar que continúe su destrucción.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que lo anterior fue acordado en una reunión virtual con defensores de la sociedad civil de San Cristóbal, con el fin de “dar seguimiento a la problemática que enfrentan en la ciudad debido a la invasión y relleno de humedales de alta montaña de La Kisst y María Eugenia, ecosistemas que juegan un papel fundamental por los servicios ambientales que prestan”.

Destacó que éstos humedales “son áreas naturales protegidas por decretos estatales de 2008 y 2011, considerados en la Lista Internacional de Sitios Ramsar (zonas de reserva por su importancia internacional) desde 2012. Su superficie original era de 232 hectáreas y se ha visto reducida a 156”.

En un comunicado, la Semarnat agregó que también se convino realizar “en el menor tiempo posible una reunión con el Fiscal General del Estado y con el delegado en Chiapas de la Fiscalía General de la República”, para analizar los relacionado con varias órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar.

Señaló que de igual forma se acordó establecer “una ruta crítica que buscará sumar a autoridades que no estuvieron presentes e integrarlas al trabajo coordinado de los tres niveles de gobierno con la sociedad civil”.

Recordó que “desde septiembre de 2019, autoridades municipales de San Cristóbal han sostenido reuniones con la Semarnat y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), para sumar esfuerzos y tratar de resolver esta situación que se presenta desde hace más de 12 años”.

En ese contexto, abundó la dependencia, “se conformó la Mesa de Atención Interinstitucional de los Humedales de Montaña de San Cristóbal de las Casas, mediante la cual se han levantado denuncias, órdenes de demolición y clausura de accesos, acciones que lamentablemente han sido violentadas”.

Precisó que en el encuentro virtual participaron representantes de la Semarnat, de la Conanp, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Secretaría del Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas y, por parte del Legislativo, la diputada federal Martha Dekker, del partido Morena.

Por parte de la sociedad civil estuvieron representantes de las colonias del norte y sur de la ciudad, del Consejo Ciudadano por el Agua y el Territorio en la Cuenca Jovel, del Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C., de La Plataforma por el Derecho al Agua en Chiapas, de la Red Ciudadana por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra en el Valle de Jovel, Educreando A.C. y Cecropia.

Imagen: Humadal de La Kisst

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[Infografía] ¿Cómo impactan Tren Maya, Corredor Transístmico y Sembrado Vida en los territorios?

Les compartimos esta infográfia publicada en Educa Oaxaca hecha por el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) sobre el impacto de algunos de lo más grandes proyectos extractivistas en México – A 7 de mayo de 2020

En esta nueva investigación, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM) se propuso describir y analizar de forma integral la relación entre los proyectos del Tren Maya y el Corredor Transísmico, además del programa Sembrando Vida y sus impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas.

El objetivo principal de la investigación, realizada por Daniel Sandoval Vázquez, es hacer un aporte a la visibilización de los impactos que tendrían, específicamente al interior de los territorios, recursos y formas de subsistencia de las comunidades indígenas y campesinas de la región Sur-Sureste de México: “En el presente trabajo abordamos tres casos particulares en nuestro país, donde se ejerce el intento de subordinar los usos comunitarios del territorio y las relaciones sociales que en ellos se fundan. (…) El objetivo que guarda esta revisión es precisar que en medio de la discusión sobre la aplicación de estos tres megaproyectos, aun con las buenas intenciones con las que dice manejarse el gobierno actual, persisten los conflictos asociados a la influencia del capital para transformar la vida de los pueblos, pasando por encima de los usos comunitarios del territorio y los recursos”.

Descargar la investigación TREN MAYA, SEMBRANDO VIDA Y CORREDOR TRANSÍSTMICO: impactos en el valor de uso territorial de las comunidades indígenas y campesinas (pdf, 43 pág.) y cartel. Contexto: Ganan licitación de Tren Maya los corruptos de siempre y 150 organizaciones y comunidades exigen cancelación del Corredor Interoceánico

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El feminicidio y la violencia contra las mujeres; ambas pandemias ignoradas por la 4T

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 14 de mayo de 2020

Hace unos días el Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya un aumento de la violencia hacia las mujeres debido al confinamiento forzado por el Covid-19, agregando además que “la familia mexicana es una unidad fraterna”, dejando de manifiesto que tenemos un Presidente que desdeña e ignora las investigaciones y estadísticas y, en consecuencia, gobierna con un sentido común ralo y falso que lo lleva a una toma decisiones equivocadas o hace declaraciones sin sustento alguno, peor aún, usa su ya célebre frase “yo tengo otros datos” enviando un claro mensaje para deslegitimar las luchas y resistencias que desde hace décadas se han consolidado en el acompañamiento de mujeres que sufren de violencia de género.

En uno de los tantos estudios que existen sobre la temática, destacamos que el Estudio Mundial sobre el Homicidio, Asesinatos de Mujeres y Niñas por motivos de Género; realizado por la oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes, determinó que alrededor de 87,000 mujeres habían sido asesinadas en solamente un año en todo el mundo, de las cuales 50,000 habían sido a manos de compañeros íntimos o familiares. Por lo que esa institución internacional alertó que el lugar más peligroso para una mujer es su hogar. https://www.unodc.org/documents/data-andanalysis/GSH2018/GSH18_Gender-related_killing_of_women_and_girls.pdf

En México, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el primer trimestre de este año ha sido el más violento desde 2015. De enero a marzo del presente año han sido asesinadas 964 mujeres. Asimismo, se han registrado 26,695 casos de violencia contra las mujeres, datos por demás contundentes, pero que el Presidente de la República desdeña, porque evidencian su equivocada y atropellada política de atención al tema.

Por su parte el Observatorio de Feminicidios “Adriana Marisel Zambrano” informa que desde el 20 de marzo al 7 de mayo hubo 21 feminicidios, de los cuales en 12 de los casos existía vínculo de pareja con el asesino, es decir, un feminicidio cometido por un esposo o enamorado actual o anterior, a lo que se le conoce como feminicidio íntimo o asesinato por la pareja.

Tal parece que el presidente también ignora las 115,614 denuncias que las mujeres han hecho al #911 tan solo en el mes de marzo de este año, para reportar incidentes de violencia intrafamiliar, de pareja, violación, acoso sexual y abuso, lo cual es un reflejo del contexto violento que viven mujeres y niñas en casa. Esto es 155 mujeres violentadas cada hora https://www.semmexico.mx/?p=20411 .

Si bien el llamado a “quedarse en casa” y el cierre de actividades económicas son medidas necesarias para evitar los contagios de COVID-19, es también un hecho que dicha estrategia se aplica de forma homogénea y desdibuja o no reconoce o desconoce las particularidades para que ese encierro trascienda de forma segura para todas las personas en situación de violencia familiar. Mientras el estado mexicano no brinde las condiciones materiales necesarias para “quedarse en casa” y/o se queden en sus hogares con precariedades, seguramente seguirá presentándose violencia doméstica, sexual, psicológica, económica y laboral e institucional en contra de las mujeres.

Como REMA-Mujeres nos unimos a la exigencia para que se tomen las medidas necesarias para proteger la vida de las mujeres, niñas y niños al interior de sus hogares y para quienes tienen que seguir saliendo a trabajar, muchas veces en condiciones de precariedad. Es urgente que el gobierno reconozca las condiciones de desigualdad de las mujeres en el país, así como la violación a los derechos humanos y laborales. Reivindicamos que, en momentos de crisis, son preponderantes la voz, el pensamiento y las actividades de las mujeres para afrontar y reconstruir la vida tanto en el campo como en la ciudad. Así mismo reconocemos que la economía no está parada en gran medida porque las mujeres seguimos trabajando en casa en actividades reproductivas como los cuidados de la familia, lo que hoy más que nunca debería ser reconocido en el universo de la economía y también seguimos en las calles con actividades productivas.

Cuando decimos que el machismo mata y que el patriarcado mata no es sólo una consigna de denuncia, sino una práctica que nos lastima y/o acaba con la vida de nosotras. Las cifras de denuncias oficiales y datos periodísticos, como los mencionados, nos muestran la desigualdad más atroz a las que nos estamos enfrentando las mujeres y las niñas durante la pandemia. En tiempos de COVID-19, la guerra contra las mujeres y las niñas se manifiesta en los hogares y en los espacios laborales, por lo tanto, es urgente que se reconozca para poder frenarla con la atención necesaria, tanto del estado mexicano como de las y los ciudadanos para no permitir más violencia contra las mujeres y niñas, lo cual también debe reconocerse y actuar en consecuencia como un problema grave de salud pública.

Por otra parte, el cierre de actividades económicas ha visibilizado las desigualdades laborales en las que vivimos las mujeres, empeorando las condiciones con trabajos pesados y poco salario, sin medidas de seguridad, como por ejemplo; los casos de las trabajadoras domésticas que están siendo forzadas a cuidar de otras familias sin medidas de protección, las jornaleras o trabajadoras en las maquilas que han sido despedidas sin liquidación o son amenazadas de perder el trabajo y tienen que seguir laborando a riesgo de enfermarse y hasta morir.

Además, las mujeres que se encuentran en el sector informal: pequeñas comerciantes y vendedoras de comida, cuyo ingreso es parte medular de la economía familiar, se han visto radicalmente afectadas a partir de imponer medidas de aislamiento y de alternativas de acciones y trabajo inexistentes para ese como el trabajo en línea o desde casa, además de que no cuentan con las condiciones mínimas como un espacio adecuado para realizarlo, también se ha incrementado la carga laboral, incluyendo el tema educativo de hijas e hijos y quienes al margen del cuidado y atención que de forma preferente realizan las mujeres, la mayoría de las familias carecen de internet, computadora o Tablet que sólo viene a acrecentar las desigualdades en un país que nos dicta reglas homogéneas para una población heterogénea, lo que ratifica que este gobierno no atiende ni la desigualdad ni la pobreza, por lo tanto, se hace más notorio observar otras desigualdades; de clase, género y etnia y, por si todo lo anterior fuera poco, las mujeres somos también las que contenemos las crisis emocionales, conductuales y cognoscitivas de sus familiares.

No podemos dejar de señalar a todas las mujeres que han sido o están siendo afectadas por proyectos extractivos, porque además de los anteriores problemas de violencia, nos encontramos en mayor riesgo al vivir en lugares contaminados, con violencia generada por fuerzas armadas legales e ilegales, y atendiendo los daños a la salud de la familia en general. ¿Cómo lavarse las manos, en estos tiempos de pandemia si el agua está contaminada con metales pesados o las empresas han desecado las fuentes de agua? ¿Cómo seguir manteniendo la sana distancia en nuestros hogares y comunidades ahora que se da luz verde para la reapertura de la minería y se reintegran miles de trabajadores de diferentes partes del país sin tener claridad del potencial contagio que se puede generar? ¿De verdad creen que el gel y la sana distancia serán suficiente para este tipo de retornos masivos y sin control alguno?

Reprobamos enérgicamente que AMLO argumente como ejemplares “los valores familiares de México” en este país que ha negado y sigue negando la violencia machista, patriarcal y estructural que vivimos, empezando por el desdeño a tratar de forma integral “las violencias” de género por parte del propio Presidente de la República.

Resaltamos nuestra importante aportación al sostenimiento de la vida durante esta crisis sociosanitaria, política y económica que se entrelaza a la ambiental que el despiadado modelo de consumo ya venía generando. Resaltamos nuestro relevante papel en la reconstrucción de nuestro pensamiento y acción, la sororidad y el saber hacer comunidad que sin duda alguna nos apoya a rescatar nuestra sociedad.

Agradecemos a todas las mujeres defensoras quienes se atreven a denunciar las violencias de género y alzan la voz para posicionar políticamente otras formas de vida. Nos unimos al compromiso de denunciar y actuar frente a las violencias de género que vivimos en los hogares. Agradecemos a las enfermeras, doctoras, recolectoras de basura, entre muchas otras mujeres que están haciendo que este caos sea menor.

Desde la REMA Mujeres exigimos una estrategia en la que se busque la forma de terminar con este horror de pandemia de feminicidios y violencia de género, misma que podría empezar por realizar un mapeo, al igual que sucede con el COVID-19, que nos vaya informando minuto a minuto la cantidad y tipo de agresiones que sufrimos a lo largo de nuestro país, y no solo aparezcamos en notas periodísticas, sino dentro de una estrategia y solución nacional.

Fimra

REMA MUJERES

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Una manifestante sostiene un globo en una marcha contra los feminicidios en Monterrey, México, 17 de septiembre de 2017.Daniel Becerril / Reuters

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Juez federal otorga suspensión de obras del Tren Maya en municipios de Chiapas

Compartimos esta nota publicada en Desinformémonos sobre el proyecto del Tren Maya – A 8 de mayo de 2020

Ciudad de México | Desinformémonos. Organizaciones y defensores del territorio anunciaron que una juez federal otorogó la suspensión de las obras del megaproyecto del Tren Maya en los municipios en Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas, luego de que comunidades del publo maya ch’ol se ampararan contra las decisiones administrativas del gobierno federal para continuar con la construcción del megaproyecto a pesar de la pandemia de coronavirus.

La organización Indignación y los habitantes de los municipios beneficiados explicaron que, con la suspensión, la juez no sólo priorizó el derecho al a salud de los habitantes, sino que también reconoció que en caso de continuar los trabajos del Tren Maya bajo el contexto de la pandemia «podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como al agua, el medioambiente, recursos naturales, etc».

Los defensores indicaron que, a pesar de que la suspensión es provisional y que la definitiva se resolverá el próximo 14 de mayo, la decisión de la juez «permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado Tren Maya tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo», por lo que llamaron a la juez a considerar las afectaciones por el megaproyecto y ratificar su resolución.

A continuación el comunicado completo:

Abstenerse de realizar actos tendentes a la ejecución del proyecto denominado “Tren Maya”, en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo, Chiapas determinó el  Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas, al conceder la suspensión a un grupo de personas pertenecientes al pueblp Maya Ch’ol de esas comunidades que se ampararon frente a diversos actos administrativos del ejecutivo federal, que determinaban la continuación de las actividades correspondientes al tren maya a pesar de la pandemia derivada del virus Covid-19 que se vive en el país.

El día 07 de mayo, diversas personas pertenecientes al Pueblo Maya Ch´ol asentadas en los municipios de Palenque, Ocosingo y Salto del Agua, presentaron una demanda de amparo en contra del Presidente de la República, del Secretario de Salud Federal y del Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) por la emisión tanto del acuerdo del día 06 de abril, emitido por el Secretario de Salud, como del Decreto del 23 de abril, firmado por el Presidente de la República, mediante los cuales se determinaba la continuación del proyecto denominado “tren maya” entre otros proyectos sexenales, a pesar de la pandemia derivada del Covid-19.

Entre otras cosas, los quejosos señalaban que la continuación del proyecto del tren maya en este contexto de la pandemia, violaba su derecho a la salud por el riesgo de contagio por el Covid-19, poniendo en riesgo también el derecho humano principal a la vida. Además los habitantes de esas comunidades argumentaron que mantener los trabajos del tren maya en época de pandemia les impedía participar en las manifestaciones de impacto ambiental y social a las que como comunidades tienen derecho frente a cualquier tipo de megaproyecto.

Al resolver sobre la admisión del amparo y la suspensión, la Juez Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales del estado de Chiapas determinó que era procedente otorgar la suspensión pues en estos momentos debe darle valor preponderante al derecho a la salud de los aquí quejosos como integrantes de la comunidad indígena Maya Ch’ol y habitantes de localidades, pues los trabajos que conlleva tal infraestructura requieren despliegue de diversas actividades que debe realizar un grupo numeroso de personas y en consecuencia las mismas requerirán diversos servicios esenciales y no esenciales en la comunidad, lo cual conllevará un aumento de actividades en sus zonas públicas.

La misma juez señaló que:

Esta situación de manera indudable potenciarían el riesgo de los habitantes de la comunidad Maya Ch’ol de contraer el virus Covid-19, y en esa misma proporción disminuiría la posibilidad de ser atendidos y recuperarse al evadir las reglas dadas por las autoridades sanitarias para la contención del multicitado virus, esto es, cumplir resguardo domiciliario corresponsable y sana distancia, al permitir a los pobladores y no pobladores la realización de actividades distintas a las esenciales de alimentación, atención médica, seguridad, movilidad interna, servicios funerarios, servicios públicos indispensables (agua, alcantarillado, luz).

Máxime que de continuar con el proyecto denominado “Tren Maya”, se traduciría en una alteración en la tierra, bosques, flora, fauna, los recursos naturales, el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, la salud, entre otros, en los que tienen su asiento los pobladores Maya Ch’ol, alteraciones que sin duda alguna ocasionarían un daño irreparable a dicha comunidad.

En ese sentido, la Juez no sólo priorizó el derecho al a salud de los habitantes de las comunidades Ch´oles de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua, sino que también reconoció que en caso de continuar los trabajos del tren maya bajo este contexto podría afectar otros derechos fundamentales de ese pueblo originario, como el agua, el medioambiente, recursos naturales etc.

Si bien la suspensión decretada por la Juez es provisional, puesto que la definitiva se resolverá en audiencia del día 14 de mayo, consideramos que la misma permite visibilizar los potenciales daños que el proyecto denominado tren maya tiene para las comunidades indígenas afectadas por el mismo. En esa tesitura, resulta fundamental que el día 14 de mayo dicha Juez ratifique esa suspensión para no dejar en estado de indefensión a las comunidades indígenas frente a los graves riesgos que entraña la continuidad del proyecto del tren maya. Además es importante considerar que al momento de resolver la suspensión definitiva aún nos encontraremos en la tercera fase de la pandemia con lo cual aumenta el riesgo a la salud, por tanto es también necesario decretar la suspensión definitiva como medida de mitigación ante el COVID-19. En ese mismo sentido, esta nueva suspensión es un llamado más al ejecutivo federal sobre lo arbitrario de un proyecto que es impulsado a toda costa sin brindar información, ni mucho menos garantizar la participación de las comunidades indígenas afectadas.

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.

Habitantes Ch´ol de los municipios de Ocosingo, Palenque y Salto de Agua

Imagen: Desinformémonos

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